Presentación a “Historia de Belgrano y de la independencia argentina” de Bartolomé Mitre. 1967

Como Sarmiento y como Rosas, Mitre es un personaje controvertido de la historia argentina. Con razón, sin duda, porque, como ellos, imprimió firmemente la huella de su pensamiento y de su acción en la vida del país, en una época en que la sustancia era muy plástica, y aún se advierte su impronta, no siempre tenuemente. Poseía una vigorosa inteligencia y una desusada capacidad para organizar sus ideas, erigiendo con ellas un sistema capaz de trasmutarse de pura teoría en práctica eficaz. Por eso se impuso muchas veces como vocero de un grupo que necesitaba quién expresara sus vagas tendencias, o como ejecutor de un plan que muchos no veían articularse en todos sus pasos para llegar seguramente al fin propuesto. Refiriéndose a San Martín, dijo que no era “ni un mesías ni un profeta”, sino “simplemente un hombre de acción deliberada que obró como una fuerza activa en el orden de los hechos fatales con la visión clara de un objetivo real”. Esta definición conviene al propio Mitre. Equivocado o no, su acción política no fue nunca improvisada o superficial: analizó sin prisa los procesos sociales que tenía ante sus ojos, procuró cobrar distancia y juzgar objetivamente, eligió un objetivo claro entre los posibles, descartando los puramente utópicos, y se lanzó a la acción decididamente para alcanzarlo, con cierta imperturbabilidad en los modos de obrar que le confiere una fisonomía singular.

Creyó que el deber de su generación era dar una forma a la nación, y procuró bosquejarla primero e imponerla después. Pero no fue una creación arbitraria. Su obra de político y de estadista brotó de un pensamiento claro, nutrido en el examen de la historia del país, cuyo desarrollo creyó que era necesario orientar y conducir de cierta manera. Su acción cotidiana se insertó dentro de un plan a largo plazo, que hundía sus raíces en el examen de la realidad contemporánea y en un análisis de los procesos que la habían conformado. Por eso fue al mismo tiempo, e indisolublemente, un político y un historiador. Estas dos vertientes de su personalidad son inseparables.

Así como el rosismo estimuló el análisis sociológico de la realidad argentina, tal como lo entendieron y realizaron Alberdi, Sarmiento y Echeverría, las circunstancias posteriores a la batalla de Caseros estimularon las reflexiones acerca de la peculiaridad de su desarrollo político e institucional. La caída de Rosas, y mucho más el enfrentamiento de Buenos Aires con el resto del país, fiel a Urquiza, agudizó el sentimiento de responsabilidad de quienes sentían en sus manos el poder de decisión. Era necesario saber si las disidencias eran fundamentales o si, por el contrario, constituían solamente accidentes propios de la conducción de un proceso tan drámatico, en el que coincidían hacia un mismo fin hombres cargados de tradiciones muy diversas. Mitre creyó que la secesión de Buenos Aires, a pesar de su gravedad, no constituía un hecho irreversible, que no estaba perdida la esperanza de constituir la nación como él la pensaba, jurídica e institucionalmente ordenada dentro de un sistema que resolviera los viejos antagonismos que habían ensagrentado al país. Por eso sostuvo en 1854 la tesis de la “preexistencia de la nación“, y luchó por integrarla políticamente primero, y por enmarcarla luego dentro del cuadro de la Constitución de 1853.

La nación cuya preexistencia proclamaba Mitre tenía, medio siglo después de la Revolución de Mayo, una fisonomía confusa. En 1858, en el prefacio de la segunda edición de la Historia de Belgrano, Mitre señala la imprecisión que denotaba la imagen del proceso político en virtud del cual podía afirmarse la existencia de la Argentina como nación independiente. “La revolución del 25 de mayo de 1810, el hecho más prominente de la historia argentina —decía—, no ha sido narrada hasta el presente, a excepción de la media página que le ha consagrado la pluma superficial del deán Funes, y de una Crónica en forma dramática, escrita por el doctor Juan B. Alberdi, la cual tiene en el fondo más verdad histórica de la que su forma caprichosa haría suponer.” Mitre considera criminal este vacío, y recuerda la angustia de Florencio Varela por no encontrar “en los documentos públicos” prueba categórica de que los hombres de Mayo aspiraran a “emancipar al país”. Y agregaba: “Después que se lea lo que decimos sobre el desarrollo de la idea revolucionaria, del estado de madurez a que había llegado antes de estallar la revolución, y de los propósitos deliberados que presidieron a ella, así como de los planes de independencia que precedieron a la Revolución de Mayo, creemos que nadie pondrá en duda ya si nuestros padres pensaron o no en constituir una patria libre e independiente en 1810.”

Quizá resulte difícil descubrir hoy el grado de dramatismo que encerraba este planteo. Los que luchaban por constituir la nación y afirmaban su existencia anterior a cada una de las entidades regionales que se habían enfrentado durante más de cuarenta años, se sentían urgidos por la necesidad de probar la validez de su punto de partida. Mitre obró, ciertamente, con ajustado método histórico y ordenó su imagen de la realidad nacional según ciertas ideas predominantes, que había adquirido a través de sus extensas lecturas. Pero el móvil fundamental fue esta dramática conjetura acerca de si era legítimo el objetivo por el que luchaba, acerca de cuál era el sentido del proceso histórico que conducía hasta la situación en que se hallaba, acerca de cuáles eran las posibilidades de desarrollo y de cambio que esa situación encerraba. La Historia de Belgrano fue, pues, una obra entrañable y cumplió un papel decisivo en la vida argentina, en cuanto alimentó una actitud política que, finalmente, habría de triunfar.

El núcleo originario de la obra es una biografía de Belgrano, cuya primera edición apareció en 1857 y al año siguiente la segunda. Pero las exigencias de claridad con respecto a las actitudes políticas y al verdadero valor que, en su opinión, debía asignársele a cada una de las fuerzas que habían obrado en la vida argentina antes de Caseros, convirtieron aquella biografía en un estudio más ambicioso. El título de la cuarta edición —de 1887, considerada definitiva — reveló ese contenido: Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Mitre mismo explica — en las Comprobaciones históricas— cómo había abordado su tema: “Sus panegiristas —dice refiriéndose a Belgrano — lo habían desfigurado, y el instinto popular, poseído de cierta supersticiosa admiración, veía en él un héroe sobrenatural, un ideal adornado con falsos oropeles. Nosotros lo pusimos en intimidad con su pueblo; hicimos conocer al hombre con sus virtudes, sus debilidades, sus errores, sus grandes cualidades, sus inmortales servicios y sus desfallecimientos morales, asimilándolo a la masa de la especie a que pertenece, perdiendo tal vez en admiración, pero ganando en estimación y simpatía, al hacerlo hablar y obrar, como cuando el soplo de la vida mortal lo animaba.” Pero, en realidad, Mitre hizo más. Al abandonar la concepción heroica, se propuso penetrar en la totalidad del cuadro en el que Belgrano había tenido papel de protagonista, y analizarlo cuidadosamente desde diversos puntos de vista. Son significativas las palabras del proemio: “Este libro es al mismo tiempo la vida de un hombre y la historia de una época. Su argumento es el desarrollo gradual de la idea de la independencia del pueblo argentino, desde sus orígenes a fines del siglo XVIII y durante su revolución, hasta la descomposición del régimen colonial en 1820, en que se inaugura una democracia genial, embrionaria y anárquica, que tiende a normalizarse dentro de sus propios elementos orgánicos.” De este modo Mitre expresaba una idea nueva —cuya novedad es difícil apreciar hoy a causa de la profundidad con que ha arraigado — acerca de los orígenes sociales e ideológicos de un proceso que condujo a la independencia, pero que al mismo tiempo desencadenó un agitado proceso interno de ajuste de las fuerzas que desde ese momento comenzaron a obrar según sus propias tendencias.

La enunciación de problemas que se proponían tratar revela el designio de abarcar la totalidad de los factores que descubría en el proceso: “Los antecedentes coloniales de la sociabilidad argentina, la transición de dos épocas, las causas eficientes de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las acciones y reacciones de los elementos ingénitos de la nueva sociedad política, el movimiento colectivo, el encadenamiento lógico y cronológico de los sucesos, los hombres, las tendencias, los instintos, las ideas, la fisonomía varia de esa revolución, que lucha, busca su equilibrio y se transforma obedeciendo a su genialidad…” Mitre cumplió más allá de lo esperable este ambicioso plan. Si se repasa lo que constituye el material que pudo usar y el sistema de ideas con el que se había examinado la historia del país y la situación en el momento en que escribió, se advierte que su esfuerzo fue inmenso, y que se debe a él la primera sistematización inteligible del proceso histórico argentino.

Quizá nada tan ilustrativo como analizar el primer capítulo, titulado “La sociabilidad argentina”, para medir la severa preocupación de Mitre por descubrir las causas profundas de los fenómenos políticos que se ofrecen en la superficie de la historia argentina. Pero no es solamente allí donde esa preocupación se advierte. Todo a lo largo de la obra, el historiador procura escapar de las explicaciones accidentales. Y sería igualmente ilustrativo hacer un estudio objetivo y desapasionado de la visión que Mitre ofrece de las masas populares campesinas y de los caudillos, donde a despecho de algunos objetivos y de la gravitación que ejercen en su ánimo algunas experiencias, se advierte el designio de comprender su significación y reconocer sus valores. Pero, sin duda, su obra era polémica, y sus opiniones frente a la situación contemporánea correspondían al juicio que le merecían los antepasados de sus adversarios.

Desde este punto de vista, y pese al rigor documental de Mitre, es innegable que su obra es, desde el punto de vista de las interpretaciones, una obra militante. Así quedó demostrado en su comentario a la obra de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, cuyo criterio enjuició enérgicamente. Pero es coherente y resiste a las objeciones, al menos como expresión de un punto de vista que debe ser juzgado a la luz de las situaciones propias de su tiempo.

Para el lector de nuestros días, la obra de Mitre constituye un testimonio de un valor trascendental. Corresponde a una corriente de pensamiento y de acción que ha sido decisiva en la configuración del país actual. Signo de su valor y de su vigencia es que merezca la controversia apasionada.

La independencia de Hispanoamérica y el modelo político norteamericano. 1976

Un proceso tan agitado y confuso como el de la independencia de las colonias españolas del Nuevo Mundo debía desembocar, en primera instancia, en una elección entre los diversos modelos políticos que tenían a la vista los grupos responsables del movimiento emancipador. Férreamente ordenada hasta entonces, la sociedad del mundo hispanoamericano estalló en movimientos anárquicos en los que no fue fácil discernir las tendencias predominantes. Grupos antes marginados e inoperantes ingresaron repentinamente en la vida pública expresando sus intereses particulares, sus puntos de vista espontáneos acerca de las soluciones que esperaban de la nueva situación y, sobre todo, su ignorancia de las fórmulas políticas a las que pudiera recurrirse para satisfacer y canalizar sus aspiraciones. Más aún, naturalmente, de las fórmulas en las que pudieran coincidir las aspiraciones de todos los grupos que se fueron aglutinando en las nuevas sociedades políticas, por lo demás también indefinidas inclusive en cuanto a su ámbito geográfico.

Hubo opiniones de grupos claramente identificados acerca de lo que debía hacerse con las nuevas entidades políticas surgidas de la revolución emancipadora. Pero considerando el universo social que las constituía, parece justificado hablar de un desconcierto total acerca del camino a seguir. En rigor, la lucha por lograr un ordenamiento político y social en cada uno de los países hispanoamericanos resultó del variable consentimiento que ese universo social prestó a los modelos políticos que fueron proponiendo aquellos grupos caracterizados por una ideología adquirida en la experiencia ajena y en los textos extranjeros. En principio, fueron modelos orgánicos, a veces dependientes de una sola fuente; otras veces la experiencia práctica, así como la polémica teórica, indujo a ofrecer modelos complejos, resultantes de combinaciones y transacciones en las que, sólo poco a poco, comenzó a entrar como ingrediente la peculiaridad local. No era extraño, puesto que la tradicional peculiaridad local se conocía poco, y menos aún la nueva peculiaridad que iba creando la irrupción de las fuerzas sociales después de la emancipación. Por eso los modelos políticos teóricos conservaron, de una u otra forma, su significación, y cundió el sentimiento de que había que elegir una fórmula ya establecida para aplicarla a la nueva realidad.

Los modelos disponibles para los grupos dirigentes del movimiento emancipador no eran muchos. Previo a cualquier otra consideración, estaba el sentimiento de que había que aprovechar de un gobierno propio para darle a la nueva sociedad un régimen más libre que el que había tenido como colonia. Quedaban, pues, descartados los regímenes absolutistas, cuyo modelo representarían acabadamente el restaurado Fernando VII y los gobiernos inspirados por la Santa Alianza. La opción quedaba limitada, en consecuencia, a cuatro modelos: el hispanocriollo de tradición igualitaria española; el inglés de la monarquía constitucional según los principios de la Declaración de Derechos de 1688, la teoría política de John Locke y la experiencia parlamentaria elaborada en el juego político de tories y whigs; el francés, originalmente claro a la luz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 e incorporada primero como preámbulo a la Constitución de 1791 y luego a la de 1793, pero oscurecida después a lo largo del proceso político e institucional que condujo al establecimiento del imperio; y, finalmente, el modelo norteamericano, fundado en claros documentos constitucionales y puesto en funcionamiento a lo largo de las presidencias de Washington, Adams, Jefferson y Madison, al momento de producirse el estallido revolucionario hispanoamericano.

Ciertamente, no faltan estudios acerca de la influencia de cada uno de esos modelos en los distintos países de Hispanoamérica. Pero falta un estudio de conjunto que analice, a la luz de las nuevas situaciones sociales y económicas creadas por la emancipación, cómo utilizaron los diversos grupos cada uno de esos modelos. Se advierte fácilmente que las preferencias se manifestaron por zonas de influencia económica y por zonas de influencia cultural. Pero es más difícil establecer los fundamentos de las preferencias de ciertos grupos sociales. No cabe duda de que los modelos políticos disponibles obraron como ideologías proyectivas —o utopías, si se prefiere—, aceptadas originariamente en bloque y descompuestas después en sus diferentes elementos para adecuarlas a las situaciones reales. Son significativas dos distinciones contemporáneas hechas en el modelo preferido. Al editar en Buenos Aires una traducción del Contrato social en 1810, el argentino Mariano Moreno escribía en el prólogo: “Cómo el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes [sic] donde ha tratado de ellas”.[1] Y por los mismos días escribía en Cartagena el colombiano Antonio Nariño, primer traductor y divulgador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:

“En el estado repentino de revolución, se dice que el pueblo asume la soberanía; pero en el hecho, ¿cómo es que la ejerce? Se responde también que por sus representantes. ¿Y quién nombra estos representantes? El pueblo mismo. ¿Y quién convoca este pueblo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Esto es lo que rigurosa y estrictamente arreglado a principios, nadie me sabrá responder. Un movimiento simultáneo de todos los individuos de una provincia en un mismo tiempo, hacia un mismo punto, y con el mismo objeto es una cosa puramente abstracta y en el fondo imposible. ¿Qué remedio en tales casos? El que hemos visto practicar ahora entre nosotros por la verdadera ley de la necesidad: apropiarse de cierto número de hombres, de luces y de crédito, una parte de la soberanía para dar los primeros pasos, y después restituirla al pueblo.”

Distinciones como estas, introducidas en los modelos preferidos en bloque, resultaron de las primeras experiencias sociales y políticas sufridas después de la revolución. Pero el modelo preferido contenía siempre algo que no se quería perder, y el problema fue entresacarlo de su contexto. Caso singular, el modelo político norteamericano contenía algunos elementos que aparecían allí más desenvueltos que en otros, y a él se aferraron ciertos grupos en la primera etapa revolucionaria. Tan importantes eran esos elementos que, abandonado el modelo al cabo de poco tiempo, en algunos países se volvió a él una y otra vez hasta que se encontró la fórmula para trasvasarlo adecuadamente a la cambiante e inestable realidad nacional, precisamente cuando pareció que comenzaba a estabilizarse.

Cómo se formó el modelo político norteamericano

Para los países de la América hispánica, el modelo político nor-teamericano adoptó la forma acabada y sistemática que le prestaban los textos constitucionales y, en menor medida, las glosas de El Federalista. También contribuyó a caracterizarlo el balance de su funcionamiento práctico a través de las presidencias de Washington, Adams, Jefferson y Madison, porque hubiera sido distinta su influencia si hubieran estado a la vista los fenómenos sociales y políticos que se desarrollaron a partir de la época de Andrew Jackson. Pero, en cambio, poco se reparó —fuera de algunas excepciones, como el caso del mexicano fray Servando Teresa de Mier— en el proceso a través del cual ese modelo se había constituido. Ese proceso, sin embargo, ocultaba la significación y el sentido de ciertas fórmulas, así como la posibilidad de su aplicación a situaciones que emanaban de una evolución muy diferente.

Quienes se comprometieron a una “perpetua unión” en 1778, a través de los Artículos de Confederación, fueron trece colonias de muy diverso origen y con pocos vínculos entre sí: New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island and Providence Plantation, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. Esa diversidad de sus orígenes es bien conocida, como es bien conocido el distinto proceso social y económico que cada una de ellas desarrolló desde su instalación hasta que comenzó el enfrentamiento con Ingla-terra. Pero algo hubo que las sometió a todas a análogas tribulaciones: el haber surgido en el seno de una crisis —no la primera, pero sí la más intensa en Inglaterra— en la que debía ajustarse el viejo orden feudal y el nuevo sistema capitalista. Todas estaban, por lo demás, sacudidas por los problemas religiosos, inclusive la católica Maryland. Todas, en fin, acusaban la misma preocupación por la defensa de un nebuloso individualismo que parecía condición indispensable para el éxito de la aventura personal de cada colono.

Dos sectores sociales y económicos se alinearon desde un comienzo en una lucha virtual: agricultores que pensaban, como Franklin dijo, que la agricultura era “el único medio honrado” para adquirir riquezas, y comerciantes que se instalaban apresuradamente en los cauces abiertos del capitalismo comercial. Fue, sobre todo, en Nueva Inglaterra donde quedó claro el enfrentamiento; y fue en Nueva Inglaterra donde se definieron oposiciones ideológicas y políticas que tendrían importancia decisiva en la elaboración del modelo político al que se ajustaría el país constituido.

De hecho, tan férrea como la posición de los señores de las planta-ciones sureñas fue la de los comerciantes de Nueva Inglaterra que constituyeron una rígida oligarquía, entre mercantil y teocrática. Nutrido de tradición calvinista, el presbiteranismo puritano estimulaba el sentimiento minoritario de los que se sentían elegidos. Aun reprimidos por otras tendencias, dejó ese sentimiento una escuela que se sentiría latir debajo de muchas opiniones posteriores. Pero entretanto, el independentismo robustecía sus posiciones. Se afianzó en Connecticut y en Rhode Island y promovió no sólo la formación de iglesias más democráticas, sino también la de una sociedad más democrática: fue en Hartford donde se dictaron en 1639 las Fundamental Orders, que establecían un gobierno popular, antítesis del sistema político predominante en Massachusetts. De ese modo se agitaba en el seno de las colonias de Nueva Inglaterra el conflicto en-tre presbiteranismo e independentismo, que traducía a términos de fundamentación religiosa el conflicto entre una concepción aristocrática y una concepción democrática del gobierno.

En cuanto a la fundamentación política, la apelación al derecho divino de las oligarquías arraigadamente calvinistas y los actos políticos restrictivos no llegaron a desvanecer el principio del pacto social, que en Nueva Inglaterra conservaba la huella indeleble del que se había establecido a bordo del Mayflower para constituir como cuerpo político a los peregrinos que se instalarían en Plymouth. El principio se aplicaría repetidamente, y recibiría vigoroso respaldo doctrinario con la obra de John Locke. Pero, entretanto, se afianzó poco a poco una fundamentación económica del orden político. El derecho de propiedad, referido principalmente a la tierra, creció en significación; y si descartaba a los no poseedores y, naturalmente, a los no libres, restringiendo, de otra manera, el principio igualitario, al menos socavaba la concepción aristocrática de la oligarquía de Massachusetts.

Finalmente cedió esa oligarquía a la presión de las circunstancias. No sólo creció el número de los agricultores poseedores de tierras —que se le oponían—, sino que el gobierno inglés revocó en 1684 la cédula real que se había declarado ley fundamental y que legitimaba el poder del restringido grupo mercantil. Se nombró un gobernador, y el proceso de declinación de la oligarquía se acentuó.

Pero las líneas del proceso social e ideológico estaban trazadas y se hicieron más nítidas a medida que se desarrollaban las otras colonias, especialmente la que William Penn organizó de acuerdo con sus ideas cuáqueras. Otro factor incidió decisivamente en la definición de ciertas líneas políticas: desde principios del siglo XVII comenzaron a acentuarse las corrientes inmigratorias, y a partir de 1718 nutridos contingentes de irlando-escoceses, ingleses y alemanes se instalaron en los bordes de las zonas colonizadas, incorporando a la vida de las trece colonias una zona de frontera que alcanzaría un carácter peculiar y una fuerte influencia en el diseño de la fisonomía social y política del país organizado. Para la época de la independen-cia los emigrantes habían llegado a 200.000, y la frontera constituía una compleja reserva social y política, ajena a los cánones establecidos hasta entonces por la sociedad establecida.

La renovación social que significó el establecimiento de las poblaciones de la frontera y la alteración que provocó en el equilibrio tradicional de las distintas fuerzas sociales e ideológicas trajeron consigo un afianzamiento del individualismo democrático. El viejo principio protestante del “sacerdocio de todos los creyentes”, que implicaba una radical actitud igualitaria, se vio robustecido por este nuevo estrato de agricultores pobres y libres cuyos sentimientos coincidían con los que ya se habían visto enfrentados con las oligarquías. Así se fue constituyendo y fortificando lo que luego se llamaría la “democracia jacksoniana”, pero que por ahora, en vísperas de la independencia, era, por lo menos, un activo fermento republicano y liberal, cuya expresión política debía ser una democracia parlamentaria nutrida por la vibrante exaltación de los indeclinables derechos naturales.

La experiencia empezó a aconsejar el establecimiento de un pacto de alianza entre las trece colonias, que Benjamín Franklin enunció precozmente en 1754 bajo el rótulo de “Plan de Unión”. Si de momento el proyecto pareció poco oportuno, porque implicaba revisar en alguna medida el vigoroso sentimiento autonómico de las colonias, de tan diversa tradición, el desarrollo y las consecuencias de la guerra de los Siete Años favorecieron la viabilidad de la idea. Tras el Tratado de París de 1763, Inglaterra se propuso reordenar el sistema colonial bajo la inspiración de los ministros Grenville primero y Townshend después, ambos conservadores y dóciles a la inspiración autoritaria del nuevo rey Jorge III. La piedra angular del plan era una nueva política impositiva para las colonias, tan agresiva y tan discutible en términos jurídicos y políticos que unificó la reacción de las tres regiones, tan diversas, en que se dividía, por sus tendencias, el mundo colonial: el aristocrático sur de las plantaciones, la zona costera central, preferentemente conservadora y mercantil, y la nueva región fronteriza agraria. John Dickinson expresó la generalizada reacción contra los impuestos precisamente en términos jurídicos y políticos:

“He estudiado todas las disposiciones legales y estatutarias referentes a estas colonias desde su primer día hasta la fecha —escribió— y aunque muchas de ellas fijaban contribuciones sobre el comercio, siempre esos impuestos estaban destinados a compensar algunos intereses por alguna otra actividad y así favorecer al bienestar general. De modo que nunca se tuvo en cuenta un fin fiscal sino de protección comercial. Si Gran Bretaña puede ordenarnos que debemos comprarle a ella los bienes que necesitamos y además está facultada para imponernos las contribuciones que le plazcan sobre esas mercaderías —a pagar en el puerto de salida o de entrada— entonces somos esclavos tan abyectos como los miserables que en Francia y Polonia se ven desgreñados y calzando zuecos.”[2]

Pero Inglaterra persistió, las tensiones crecieron y los acontecimientos se precipitaron. Después del Boston Tea Party hubo nuevas “leyes coercitivas”, dirigidas principalmente contra Massachusetts, cuyo objetivo final parecía transformar las colonias en provincias reales. La consecuencia fue la reunión del Congreso de Filadelfia en septiembre de 1774, cuyos debates concluyeron con la redacción de una Declaración de Derechos, en la que se solicitaba la derogación de las disposiciones legales, apelando a “las leyes inmutables de la Naturaleza, los principios de la Constitución inglesa y las diversas cartas o contratos”. Y aunque hubo opiniones encontradas y se delineó un grupo decidido a impedir que se precipitara la crisis, otro —los whigs— se preparó para la guerra, que se desencadenó con el combate de Lexington en 1775. Luego vino la guerra que culminó con la victoria americana en Saratoga y, finalmente, con la de Yorktown en 1781.

Pero, entretanto, el modelo político había empezado a constituirse. El 4 de julio de 1776 se había declarado la Independencia, enunciándose en la declaración los principios básicos en que debía asentarse el gobierno de la Nación:

“Nosotros creemos que es evidente por sí mismo: Que todos los hombres nacen iguales: que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que siempre que cualquiera forma de gobierno se haga destructiva de estos fines, toca al derecho del pueblo alterarla, o abolirla, y establecer otra nueva, echando sus fundamentos sobre aquellos principios, y organizando sus poderes en aquella manera que juzgue más conducente para el efecto de su seguridad y felicidad.”

Preparado por Jefferson, el texto recogía las ideas fundamentales de John Locke y sentaba tanto el principio de los derechos naturales como el del pacto social. Esas ideas quedaban explícitas también en las constituciones locales que se dieron las diversas colonias, entre las cuales la de Massachusetts declaraba:

“El cuerpo político es formado por una voluntaria asociación de los individuos. Es un compacto social por el cual todo el Pueblo estipula con cada ciudadano, y cada ciudadano con todo el Pueblo, que todos serán gobernados por ciertas leyes para el bien común. Por tanto es el deber del Pueblo, al formar una Constitución con el gobierno, proveer un modo equitativo de hacer las leyes, como también de que sean interpretadas con imparcialidad y ejecutadas fielmente para que todos los hombres puedan hallar en todo tiempo su seguridad en ellas.”

Pero esa misma Constitución introducía un elemento que calificaba a los miembros del cuerpo político. Decía, al establecer el método de elección de la Sala de Representantes:

” III. Cada miembro de la Sala de Representantes será elegido por votos escritos; y por un año a lo menos, inmediatamente antes de su elección habrá sido habitante, y habrá poseído legítimamente propiedad del valor de cien libras dentro de la ciudad donde fuere elegido para representar, o algunos bienes, que deban ser gravados hasta el valor de doscientas libras: y cesará de representar la dicha ciudad inmediatamente que deje de estar calificado como se ha dicho arriba.

IV. Todo hombre (de edad de veintiún años, y residente en alguna ciudad particular de esta República, por el espacio de un año inmediatamente antes de ahora) que tenga una propiedad de bienes raíces dentro de la misma ciudad, cuya renta anual será de tres libras, o algunos otros bienes de valor de sesenta libras, tendrá derecho para votar en la elección de un Representante o Representantes para la dicha ciudad.

Con diversas variantes, todas las constituciones locales establecieron análogos requisitos a la condición económica del ciudadano, con lo que quedaban descartados del cuerpo electoral importantes sectores sociales, a los que se agregaban los sectores no libres.

Entretanto, la conducción de la guerra y las necesidades de la política habían planteado el problema de las relaciones entre las colonias. Absolutamente independientes unas de otras hasta el momento, los problemas generales de la guerra y la política quedaron confinados al Congreso Continental. Pero a medida que avanzaba el proceso revolucionario, se advirtió la necesidad de prescribir expresamente la parte de soberanía que cada estado relegaba en el Congreso y en qué términos. Así se convino en un sistema de relaciones entre los estados gobernados que quedó formulado en los Artículos de Confederación aprobados por el Congreso de julio de 1778. El artículo 1 establecía la existencia de una Confederación, que el III definía como una “liga de amistad”. Pero el II declaraba taxativamente: “Cada Estado retiene su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por esta Confederación a los Estados Unidos juntos en Congreso”. Y afirmando la igualdad entre los estados, cualquiera fuese su importancia o el monto de su participación financiera en la causa común, el inciso 4 del artículo IV asignaba un voto a cada estado, pese a la oposición de Franklin durante la discusión del proyecto.

Pero el documento no creaba un poder ejecutivo de la Confederación, de modo que el único órgano confederal era el propio Congreso. Así, la Confederación reconocía la preexistencia de los estados soberanos y no reconocía, en cambio, la preexistencia de la nación entera como unidad; eran, precisamente, esos Artículos de Confederación los que iban creando, poco a poco, la conciencia de que la nación comenzaba a existir.

Ciertos problemas —el de las nuevas tierras incorporadas, sobre todo— dificultaron la ratificación del documento por los estados, postergando su entrada en vigencia hasta 1781. Pero después del Tratado de Versalles creció el movimiento para afirmar una unión más estrecha. Washington, Hamilton y Madison, que representaban a los sectores conservadores, apoyaron esa tesis, que triunfó finalmente al convocarse la Convención de Filadelfia. De un largo proceso deliberativo en el que los distintos estados, los distintos estratos sociales y las distintas ideologías trataron de imponer sus principios y, finalmente, de hallar fórmulas conciliatorias, resultó al fin la Constitución de 1787.

Era, prácticamente, el primer texto constitucional ajustado a las ideas del mundo moderno. Allí se estableció cuál debía de ser la arquitectura de una constitución, los temas que debía abordar, las soluciones entre las que se podían elegir. Consagró la división de poderes y prescribió la naturaleza de cada poder. Definió la condición del ciudadano frente al Estado y a las leyes. Resolvió los problemas organizativos de la unión constituida sobre la base de las antiguas colonias. Pero, sobre todo, inauguró el principio de la existencia social tutelada por una constitución escrita, fija aunque fuera perfectible por las vías que ella misma establecía.

La Constitución entró en vigor en 1788, y al año siguiente se eligió el primer presidente constitucional, Jorge Washington. Durante su mandato y el de sus primeros sucesores —Adams, Jefferson, Madison— el régimen constitucional se puso en marcha, y entre el gobierno federal, el de los estados y la Corte Suprema no sólo se fueron solucionando los problemas que surgían, sino que se fue estableciendo una minuciosa jurisprudencia que aclaraba y perfeccionaba los alcances de la Constitución.

Cuando en 1810 se produjeron los movimientos emancipadores en América hispánica, el modelo político norteamericano estaba prácticamente definido y perfeccionado. A esa altura, tras treinta y cinco años de experiencia de gobierno propio y veinte de gobierno constitucional, ese modelo se presentó a los ojos de los inexpertos revolucionarios de las colonias españolas como una obra madura, nacida de una experiencia inédita, en la que parecían resueltos muchos problemas teóricos y prácticos que seguramente se les presentarían. El modelo norteamericano pareció, en consecuencia, apto para ser considerado al lado de los otros modelos que se ofrecían a su consideración como fórmulas probadas.

En última instancia, el modelo norteamericano interesaría a determinados sectores y en relación con determinados problemas. Era evidente que escondía una trabajada elaboración de la tradición liberal inglesa, combinada con elementos del radicalismo de los filósofos políticos franceses, Rousseau y Montesquieu sobre todo. De esa combinación habría resultado una afirmación resuelta de los derechos naturales, que, en el orden civil, implicaban el resguardo de los derechos individuales y, en el orden político, una concepción republicana basada en la igualdad. Pero el principio de la igualdad política había sido limitado en función de ciertas circunstancias sociales. Si se afirmaba el derecho de todos a la propiedad, en el plano político se convino en que la condición de poseedor o propietario era, implícita o explícitamente, imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos. Y se convino, obviamente, en que sólo los poseían los que eran libres. Así quedaba definido el cuerpo político. Y para darle estructura, el modelo norteamericano instauraba un gobierno de fundamento popular y representativo pero con un ejecutivo fuerte y una equilibrada división de poderes. El principio de la Unión se basaba en la preexistencia de los estados confederados, cuyas facultades no expresamente delegadas en el gobierno federal conservaban todo su vigor. Equilibrado y sabio, el modelo político norteamericano había nacido de la experiencia de una sociedad; restaba saber si se adaptaba en bloque a otras sociedades.

La sociedad y el Estado hispanoamericano

Sin duda, impresionaron a los pocos que las conocieron en Hispa-noamérica tanto la revolución norteamericana de 1776 como la francesa de 1789. Pero la revolución hispanoamericana parecía —y era— utópica en ese momento. Sólo en 1793 publicó el colombiano Antonio Nariño su traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: y fue en 1797 cuando estalló en Venezuela la revolución de Gual y España, en relación con la cual preparó Juan Bautista Picornell el texto titulado Derechos del hombre y del ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos. Y aún entonces, y pese a los vagos proyectos de Miranda, la revolución emancipadora parecía utópica a la inmensa mayoría.

Si la idea de la emancipación iba a arraigar progresivamente en las burguesías urbanas, fue porque no mucho antes estas habían empezado a adquirir significación social y cierta claridad en los objetivos de su propia acción relacionados con sus nuevos intereses. Fue un fenómeno inédito, que no puede observarse antes del establecimiento del comercio libre en 1778. Cabe preguntarse dentro de qué cuadro general se planteó esa situación nueva.

La vieja organización social y política que siguió a la conquista y que fue consolidada por los Austria había dejado una huella imborrable. Substituía en Hispanoamérica esa sociedad barroca creada por la conquista, con su abismática separación entre colonizadores y colonizados, entre blancos hispánicos e indígenas americanos. En nada sustancial había cambiado la condición de estos al llegar los Borbones al trono español, y nada cambiaría con las reformas que instauró el despotismo ilustrado. Era una sociedad escindida, en la que los españoles y los criollos blancos constituían una minoría, frente al conjunto de los sectores sometidos. Empero, la escisión cobraba aspectos singulares a raíz de los fenómenos de mestizaje. Entre los dos polos sociales —conquistadores y conquistados— se había constituido poco a poco un creciente sector mestizo que en el siglo XVIII llegó a tener ciertos caracteres de clase media, tanto desde el punto de vista económico como del social. Muy móvil, la clase mestiza ofrecía diversos grados de alejamiento de los grupos indígenas y de aproximación a los grupos españoles y criollos. Había mestizos intermediarios cuya función económica crecía y gracias a la cual lograban cierto ascenso social. Pero el prejuicio alimentado por la obsesión de la hidalguía que caracterizaba a españoles y criollos dejaba siempre una última línea de separación que parecía infranqueable.

La situación era inequívoca en las ciudades, reductos tradicionales de la colonización y del exclusivismo hispánico, pero en las cuales, entretanto, había crecido la actividad comercial; y poco a poco cayó en manos de mestizos, si no la dirección y el ejercicio de los grandes negocios, al menos la práctica de las operaciones menores, también muy retributivas.

Pero el prejuicio social siguió vigente y no hizo sino complicar el esquema de la sociedad escindida, en la que muy pocos podían hacer valer su condición de miembros de pleno derecho, en tanto que muchos constituían un vasto anillo de marginalidad social quebrado apenas por situaciones reales no convalidadas socialmente. Pesó el perjuicio social, abierta e inequívocamente, sobre los indígenas, y pesó casi con la misma firmeza sobre los mestizos, cuyo número crecía constantemente no sólo a través de uniones de una y otra raza, sino a través de combinaciones variadas que creaban un complejo espectro racial y social. Lo importante era, sin embargo, que los mestizos se separaban de los grupos indígenas y establecían un cierto grado de proximidad y colaboración con la población blanca que rompía en alguna medida el esquema tradicional.

Más lo rompió, sin embargo, el crecimiento del número de los blancos nacidos en América, los criollos, cuya condición era inequívocamente privilegiada en derecho, pero sobre los cuales pesaba como un estigma su lugar de nacimiento, según lo imponía un prejuicio social mantenido por los españoles, tanto de América como de España, y utilizado sistemáticamente por estos últimos en defensa de sus intereses de grupo. Empero, la presión del número se hacía notar, puesto que crecía permanentemente el de criollos y no crecía de la misma manera el de españoles. En un pasaje muy significativo escribía Alejandro de Humboldt: “Fue en México, y no en Madrid, donde oí vituperar al virrey conde de Revillagigedo por haber enseñado a la Nueva España entera que la capital de un país que tiene cerca de seis millones de habitantes no contenía, en 1790, sino 2.300 europeos, mientras que se contaban ahí más de 50.000 españoles-americanos”. [3] La cuenta resultaba tremenda desde el punto de vista social si, después de sumar el número de europeos y el de criollos, se tomaba conciencia del volumen de la población in-dígena y mestiza. Pero desde un punto de vista social y político conjuntamente, resultaba alarmante la significación de los grupos criollos, subestimados de hecho pero conscientes de su legítima condición jurídica. Herederos de españoles, los criollos solían ser propietarios afincados. Pero lo solían ser también muchos mestizos que habían amasado una mediana o acaso una considerable fortuna. Todo impediría más adelante ver claro acerca de la constitución del futuro cuerpo político de las naciones independientes, dadas las relaciones de clases sociales, grupos económicos y estratos raciales.

Situaciones heredadas de la conquista y afianzadas gracias a los criterios sociales vigentes en época de los Austria poco cambiaron, sin embargo, con las reformas borbónicas. En rigor, el reformismo del siglo XVIII se ocupó principalmente de los problemas políticos, administrativos y financieros de las colonias; sólo, luego, de los problemas económicos y muy poco de los problemas sociales. La creación de nuevos virreinatos o el sistema de las intendencias respondieron a necesidades de la administración metropolitana. La burocracia se perfeccionó en la medida en que las colonias crecían y se hacían más complejos y variados los problemas; y los funcionarios, generalmente españoles, parecieron empeñados más en contener el desarrollo que en estimularlo. Pero algo resultó de importancia creciente para el futuro: el absorbente papel que la burocracia asignó a las capitales y a las ciudades más importantes, que acentuó la diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas y, especialmente, entre las capitales principales o secundarias y las diversas regiones de su jurisdicción.

Fueron, sobre todo, las capitales las que se beneficiaron con el régimen económico del monopolio; pero fueron también las que más se beneficiaron con el ejercicio del contrabando. Asentadas en fortunas originarias en una o en otra actividad —y frecuentemente en las dos al mismo tiempo— comenzaron a constituirse embrionarias burguesías que fueron tomando los hilos no sólo del limitado comercio legal que se desenvolvía dentro del ámbito español, sino también del comercio ilegal, inserto de hecho en el sistema mercantilista mundial en el que prevalecía el comercio inglés.

Así caracterizadas, eran esas burguesías grupos económicos de cierta coherencia, cuyos miembros coincidían en que buscaban el lucro mercantil. Pero socialmente eran heterogéneas. Estaban ligados en el trámite de los negocios funcionarios de diverso rango, viejos hidalgos terratenientes o mineros, criollos empujados por la necesidad de labrarse una posición, mestizos emprendedores que se abrían camino por entre una sociedad hostil. Cuando cambiaron las circunstancias, no todos esos sectores continuaron unidos: y el cambio se produjo cuando la política económica de los Borbones abandonó su orientación monopólica para intentar una apertura a través del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias, establecidos en 1778. A partir de entonces se suprimieron numerosas trabas al comercio, se habilitaron trece puertos españoles para el tráfico con las colonias y, sobre todo, se autorizó la actividad comercial de veinticuatro puertos hispanoamericanos que, desde ese momento, se transformaron en focos de un creciente desarrollo económico.

Con la corrección de la política económica adquirió cada vez mayor importancia la burguesía mercantil. Pero como el nuevo sistema comercial asestaba un rudo golpe a los sectores monopolistas, comenzó a manifestarse un enfrentamiento entre ellos y los sectores que se adscribieron al nuevo género de actividad. Eran, en general, grupos distintos, con mentalidades distintas y con distintos intereses. Mucho jugó el criollismo de los sectores más abiertos, pero más jugaron las posibilidades de apertura que se le ofrecieron a los grupos criollos.

Ajenos a la tradición monopolista y a la singular actitud que entrañaban, aceptaron estos las nuevas condiciones establecidas para la actividad económica y se adecuaron a ellas con gran rapidez: en poco tiempo, se perfiló, como un grupo de definida personalidad, la burguesía mercantil criolla.

Frente a ella estaban los viejos poseedores —de tradición o de pretensiones hidalgas—, dueños de haciendas o de minas y poco predispuestos a cambiar su manera de producir, de comercializar su producción y aun de vivir. Estaban también los viejos comerciantes monopolistas, que algunas veces eran los mismos poseedores. Y estaban los funcionarios y los hombres de iglesia. Lo que casi no había, a diferencia de las colonias inglesas, era una robusta clase de pequeños propietarios libres, con mentalidad de adelantados y capacidad para adecuarse a las reglas del mercado; no habría, pues, en Hispanoamérica, conflicto entre agrarismo y mercantilismo en los términos en que se dio en aquellas. Cuando se dio, fue entre el mercantilismo urbano y unas masas desposeídas, encabezadas generalmente por viejos poseedores que expresaban, a su modo, el sentir popular: un vago sentimiento democrático e igualitario dentro de un esquema vigorosamente paternalista y apegado a la tradición. También ese enfrentamiento contribuyó a que no se pudiera ver claro acerca de la constitución del futuro cuerpo político de las naciones independientes.

El paternalismo autoritario resultó de una transmutación del viejo autoritarismo. autoritaria era la concepción política de los Austria, y no lo fue menos la de los Borbones, aunque estuviera canalizada a través del despotismo ilustrado. Pero había una raíz democrática escondida en la tradición popular castellana, insinuada en episodios como el de Irala en Asunción desde 1541, y abiertamente manifiesta en los movimientos comuneros del Paraguay, entre 1717 y 1735, y de Nueva Granada, en 1780. El paternalismo fue la respuesta del autoritarismo a la evidencia de ese sentimiento. Por lo demás, impotente para vencer la férrea concepción del Estado español, esa raíz democrática nutrió tan sólo una actitud social que, sin duda, respaldó las tendencias emancipadoras e igualitarias que aparecieron unidas desde 1810. Pero no era fácil trasvasar aquella actitud, en realidad un sentimiento de raíz medieval, difuso y debilitado por muchas frustraciones, a un sistema político e institucional moderno.

Gravitó fuertemente sobre la vida colonial no sólo el autoritarismo español, sino, sobre todo, su concepción centralista. El poder, originado en la corte española, se transmitía por sus órganos naturales a las capitales primarias y secundarias, y allí parecía resolverse cuanto importaba a la vida colonial. Pero a lo largo de varios siglos se había constituido una sociedad diferente de la urbana en las áreas rurales. Un poco al margen de la ley, o acaso indiferentes a ella, esas sociedades rurales habían adquirido cierta autonomía y, sobre todo, una vaga concepción autonómica de la vida, un poco bárbara y soberbia, acaso como réplica a su marginalidad política. Un vigoroso sentimiento regional se insertaba, pues, dentro del marco de una estructura política y administrativa centralizada, que legó al desarrollo futuro de las nuevas nacionalidades graves y difíciles problemas: esas nacionalidades, tan imprecisos como fueran sus términos geográficos, pesaron como estructuras preexistentes en cuanto heredaban los marcos políticos coloniales, y tenían un centro indiscutible en las capitales, sedes tradicionales del poder y centros económicos fundamentales; pero las regiones irrumpieron, con la independencia, como realidades sociales, económicas y culturales de irreductible significación y exigieron que las nacionalidades se constituyeran no según el esquema centralista de la colonia, sino contando con ellas. La nación preexistente debía ser ahora un conjunto de regiones de definida fisonomía. Fue larga la lucha para imponer ese principio.

El contacto entre los dos procesos

Al producirse los movimientos emancipadores de 1810, Hispanoamérica miró hacia sí misma y recuperó el modelo político hispano- criollo, de raíz medieval e igualitaria. Miró a Inglaterra y a Francia, cuyos regímenes políticos derivaban de sendas revoluciones, una en el siglo XVII y la otra, más próxima, en el XVIII, desenvuelta a través de un proceso tormentoso en los últimos veinte años. Y miró a Estados Unidos, el único caso en el que el movimiento democrático y republicano se había dado junto con un movimiento emancipador. Había muchas razones para poner los ojos en ese país del Nuevo Mundo que se había independizado y había logrado instaurar un sistema político moderno, democrático y eficaz. Pero sin duda hubo también quienes creyeron desde un principio que el modelo político norteamericano era inadecuado para los países hispanoamericanos, y el precursor Francisco de Miranda, el primero.

Con todo, la existencia de un estado independiente en el Nuevo Mundo debía contar como un dato político inexcusable para los revolucionarios hispanoamericanos. Podía esperarse de los Estados Unidos acaso apoyo militar y financiero o, al menos, respaldo político en la tensa situación mundial dentro de cuyo cuadro se producían esas revoluciones. Pero diversas circunstancias revelaron inmediatamente que el problema planteaba ciertas dificultades. Sin duda, ciertos sectores norteamericanos veían en Hispanoamérica —de la que tenían, por cierto, una idea muy vaga— un área para su posible expansión comercial y para la difusión de los principios republicanos. Pero Estados Unidos estaba ya enfrentado con Inglaterra, con la que entraría en guerra en 1812, y era evidente que Inglaterra ejercía una influencia decisiva sobre el mundo hispanoamericano. Era en el ámbito del comercio inglés donde querían entrar los nuevos países; era con Inglaterra con quien más estrechas relaciones tenían Miranda y los grupos revolucionarios locales de diversas áreas, entre ellos los de Buenos Aires; y era Inglaterra la más segura garantía contra la posible acción represiva de España primero y de la Santa Alianza después.

Pero, en rigor, el mayor obstáculo para establecer una relación útil con los Estados Unidos era la opinión que predominaba allí acerca de la América española. Antes del movimiento que conduciría finalmente a la política de Monroe, no sólo reinaba en Estados Unidos una marcada indiferencia y una generalizada ignorancia sobre los países hispánicos del continente americano, sino que prevalecía un sentimiento rayano en el desprecio y una arraigada convicción acerca de la disparidad de objetivos y perspectivas de los mundos en que, en realidad, se dividía el Nuevo Mundo. Expresión de esos antiguos sentimientos y convicciones fue el artículo que Edward Everett escribió en 1812 titulado “South America”:

“No tenemos nada que hacer con América del Sur. No tenemos simpatía por ellos, no es posible que tengamos ninguna simpatía política fundada. Hemos salido de distintos troncos, hablando distintos idiomas, hemos sido criados en diferentes escuelas sociales y morales, hemos sido gobernados con diferentes códigos legales, profesamos códigos religiosos radicalmente distintos. Si abrazamos la causa de ellos, nos pedirían prestado nuestro dinero y concederían comisiones a nuestros corsarios, y posiblemente algunos privilegios a nuestro comercio, si el temor a los ingleses no lo impide. Pero no actuarían en nuestro espíritu, no seguirían nuestro consejo, no podrían imitar nuestro ejemplo: ni todos los tratados que pudiésemos hacer, ni todos los comisionados que enviáramos, ni el dinero que pudiésemos prestarles, transformarían a sus Pueyrredones y a sus Artigas en un Adams o en un Franklin, o a sus Bolívares en un Washington.”[4]

Cierto es que tal actitud no era sino una prolongación del viejo an-tagonismo entre España e Inglaterra, que ahora se revertía sobre sus colonias, y de la mutua incomprensión que derivó tanto del enfrentamiento político y económico como de las distinciones religiosas. Pero es evidente que era un sentimiento predominante, apenas combatido por algunos espíritus abiertos y luego por otros más ceñidos al análisis de los verdaderos intereses continentales de Estados Unidos. En rigor, las expresiones de simpatía solían no ser sino la confirmación de aquel sentimiento. Henry M. Brackenridge, que estuvo en Montevideo y Buenos Aires en 1817 como secretario de la misión Rodney, escribía poco después:

“El hecho de que prestemos demasiada poca atención a América del Sur, se repetirá muchas veces hasta que salgamos de nuestro estado de apatía. Por parte de Estados Unidos, lo mismo que de Gran Bretaña, sería inexcusable no prestar atención a lo que pasa en aquella región del mundo. Son capaces de defenderse, de gobernarse y de ser libres, a despecho de todo lo que digan las gentes de mente estrecha y presuntuosa. Esperan de nosotros amistad y buena voluntad y tienen de-recho a esperarla. Si no podemos hablar favorablemente de ellos, por lo menos no debiéramos proclamar deliberadamente lo que creemos que son sus debilidades.”[5]

Luego recordaba Brackenridge los agravios que los hispanoamericanos tenían contra sus vecinos del norte y afirmaban que las palabras despectivas de algunos norteamericanos no eran las de su gobierno. Pero era evidente que era él y quienes pensaban como él —como Clay, John Quincy Adams, Monroe— quienes constituían la excepción.

Pese a eso, los revolucionarios hispanoamericanos —o mejor, ciertos grupos entre ellos— siguieron pensando en los Estados Unidos. Pero no fue tanto en la ayuda o el apoyo que como país pudieran prestarle. Fue sobre todo, en el modelo político que los Estados Unidos habían elaborado y puesto en funcionamiento en lo que más pensaron, seguramente aun antes de que pareciera verosímil esperar un abierto respaldo del gobierno norteamericano. En rigor, el influjo que tuvo el modelo político no parece haber estado en relación con el deseo de un contacto directo con el país donde el modelo se ha-bía elaborado, parecería como si el modelo se hubiera emancipado de su fuente originaria y se hubiera constituido en una típica ideología. Cabe indagar quiénes la propiciaron.

Dos puntos fundamentales obtuvieron respuesta suficiente a través del modelo político norteamericano, que no lo tenían conjunta y apropiadamente en otros modelos. Uno fue el principio republicano y otro el principio federal. Si el primero estaba implícito en la teoría política francesa, no había hallado una apropiada expresión institucional a lo largo de la revolución y, por lo contrario, se había visto desvirtuado con la instauración del imperio; y ni el modelo hispanocriollo ni el inglés se referían a él. En cuanto al segundo, sólo el modelo norteamericano ofrecía una respuesta institucional satisfactoria. Fueron, pues, quienes sostuvieron desde el primer momento el sistema republicano y federal quienes se apoyaron en el modelo norteamericano.

Es claro, inversamente, que debían rechazar ese modelo los partidarios de un régimen monárquico o, al menos, de un poder ejecutivo tan fuerte que equivalía a una monarquía. Por una monarquía de estilo inglés se había decidido Miranda —aunque hablara de “incas”— y se opuso al modelo norteamericano, como lo haría Bolívar que se expresó terminantemente contra él en el discurso de Angostura. En rigor, buena parte de las nuevas burguesías urbanas pensaban en sustituir el “despotismo ilustrado” de los Borbones por una “democracia ilustrada” que mantuviera cerrado el cuerpo político. Pero el proceso revolucionario hispanoamericano trajo consigo, precisamente, una vigorosa tendencia a abrir el cuerpo político. Se plegaron al modelo norteamericano quienes se adhirieron a esa tendencia, ideólogos de tradición intelectual en muchos casos, pero también grupos sociales que querían romper el monopolio político de las burguesías urbanas, especialmente de sus grupos altos influyentes, sobre todo, en las capitales.

De allí también otro equívoco curioso. Tanto Miranda como Bolívar pensaron en vastas confederaciones, cada uno de cuyos miembros debían ser las grandes unidades administrativas y políticas coloniales. Para ellos, ese era el significado de la palabra confederación. Pero el proceso revolucionario siguió otros cauces. Afirmó la unidad y la autonomía de las nuevas nacionalidades constituidas sobre aquellas unidades coloniales, entendiendo como utópicas las vastas confederaciones; y en cambio, puso de manifiesto la personalidad de cada una de las regiones que de hecho componían esas unidades, y expresó con la palabra federación el sistema que debía agruparlas, otorgándoles personería política. El distingo era decisivo. En el segundo sistema, se reconocía implícitamente la necesidad de una apertura del cuerpo político para dar lugar a vastos sectores populares, antes marginales, que expresarían su vocación regional sin renegar del sentimiento nacional. Quienes optaron por ese sistema se adhirieron al modelo norteamericano, en tanto que lo rechazaron por inadecuado quienes temían las peligrosas consecuencias sociales, económicas y políticas de esa apertura. De ese modo, el republicanismo mismo pareció peligroso, y más peligroso aún si se lo combinaba con el sistema federal entendido como reunión de las regiones que empezaba a despertar.

Para Hispanoamérica, pues, el modelo político norteamericano fue una ideología radical. Y como tal fue defendido o combatido. No, por cierto, objetando su calidad jurídica y política, sino por creer que sólo se justificaba en una sociedad como la que constituía los Estados Unidos, óptimamente predispuesta para una democracia republicana y federal. Lo diría claramente en 1819 Simón Bolívar en el Congreso de Angostura:

“Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela —se refería a la de 1811—, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y según mi modo de ver es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne el aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la Libertad ha sido su cuna, se ha criado en la Libertad, y se alimenta de pura Libertad: lo diré todo aunque bajo de muchos respectos, este Pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el Federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuere, de este Gobierno con respecto a la Nación Americana, debo decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados tan distintos como el Inglés Americano y al Americano Español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues aún es muy difícil adaptar en Venezuela las Leyes del Norte de América. ¿No dice el Espíritu de las Leyes que estas deben ser propias para el Pueblo que se hacen ? ¿que es una gran casualidad que las de una Nación puedan convenir a otra? ¿que las Leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los Pueblos? ¿Referirse al grado de Libertad que la Constitución puede sufrir, a la Reli-gión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!”[6]

Más detalladamente, pero siguiendo la misma línea de pensamiento, lo expresaría en 1823, el mexicano fray Servando Teresa de Mier en el Congreso Constituyente:

“La prosperidad de esta República vecina ha sido, y está siendo, el disparador de nuestra América porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. Ellos eran ya Estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra; federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con sólo suprimir el nombre del rey es la de una República: nosotros encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños a quienes poco ha se han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar cadenas inveteradas.

Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres, y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz; nosotros somos una nación de veletas, si se permite esta expresión; tan vivos como el azogue y tan movibles como él. Aquellos Estados forman a la orilla del mar una franja litoral, y cada uno tiene los puertos necesarios a su comercio; entre nosotros sólo en algunas provincias hay algunos puertos o fondeaderos, y la naturaleza misma, por decirlo así, nos ha centralizado.”[7]

Los moderados hispanoamericanos coincidían, pues, con el enfoque realista de Edward Everett.

El uso del modelo político norteamericano

Las alusiones al modelo político norteamericano —o las ideas que lo presidían— aparecieron muy pronto al desencadenarse los movimientos revolucionarios hispanoamericanos. El argentino Mariano Moreno evocaba en 1810 las palabras de Jefferson, pero no ocultaba sus reticencias. En Paraguay, el Triunvirato que acababa de hacerse cargo del poder redactó, el 17 de mayo de 1811, un manifiesto en el que aparece la idea de una confederación en la que se unirían todas las provincias del antiguo virreinato; y en la nota enviada a Buenos Aires el 20 de julio reaparece la idea, presumiblemente por inspiración del doctor Francia. En Chile, Camilo Henríquez difunde, a través de las páginas de La Aurora de Chile, en 1811, el “Ejem-plo memorable” —así se llamaba el artículo— de la Constitución norteamericana.

Pero la primera aplicación práctica del modelo político norteamericano fue la Constitución venezolana de 1811. Un enemigo encarnizado de la revolución, José Domingo Díaz, escribiría en los recuerdos que publicó en 1829 que “era, por mejor decir, una pueril imitación de la de los Estados Unidos”.[8] La fuente de la que surgió esa imitación fue la obra que en 1811 publicó el venezolano Manuel García de Sena, que contenía las traducciones de varios fragmentos de Thomas Paine y de un conjunto de documentos nor-teamericanos: la Declaración de Independencia, los Artículos de Confederación y Perpetua Unión, la Constitución de los Estados Unidos y las constituciones de Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania y Virginia. La obra fue titulada La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha,[9] y ejerció notable influencia, no sólo en Venezuela sino también en otras regiones.

La presencia del ejemplo dado por los Estados Unidos se advierte en el discurso que el 4 de julio de 1811 pronunció en el Congreso el doctor Miguel Peña.[10] Los procesos de los dos países le parecían comparables, aun cuando acota: “La poca o ninguna ilustración de los pueblos de Venezuela sobre el conocimiento de una materia tan importante, no es un obstáculo, como se supone, para la declaración de su independencia”. Era un apoyo para la causa no sólo el ejemplo de un pueblo que había luchado y vencido, sino también el legado de ese corpus político que García de Sena ponía al alcance de todos. Estos textos sirvieron de modelo para la carta constitucional de 1811 que, a veces, fue su transcripción literal. Tal es el caso de los artículos referentes a atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

El capítulo octavo —y en cierto modo el noveno— tiene un carácter marcadamente doctrinario y declarativo. Se refiere aquel a los “Derechos del hombre que se reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado” y, si bien denota la influencia del modelo francés, no aparece allí esa influencia con más vigor que la del conjunto de los textos políticos norteamericanos que ya la habían absorbido. Los artículos 141 y 142 definen los principios del pacto social; los artículos 144 y 145, el principio de la soberanía popular. El artículo 147 establecía el principio de la igualdad en los siguientes términos: “Todos los ciudadanos tienen derecho indistintamente a los empleos públicos del modo, en las formas y con las condiciones prescritas por la ley, no siendo aquellos la propiedad exclusiva de alguna clase de hombres en particular, y ningún hombre tendrá otro título para obtener ventajas y consideraciones particulares, distintas de las de los otros en la opción a los empleos que forman una carrera pública, sino el que proviene de los servicios hechos al Estado”.

Luego de establecerse los derechos y los deberes del hombre en la sociedad, el artículo 197 garantizaba los derechos naturales: “La Sociedad afianza a los individuos que la componen el goce de su vida, de su libertad, de sus propiedades y demás derechos naturales; en esto consiste la garantía social que resulta de la acción reunida de los miembros del Cuerpo y depositada en la soberanía nacional”.

Pero el punto fundamental de la Constitución de 1811 —y el que más repercusiones tendría— era el establecimiento del régimen federativo. La Constitución lo definió expresamente en el “Preliminar” que seguía al habitual preámbulo; y así como este trasuntaba el texto del preámbulo de la Constitución norteamericana de 1787, el “Preliminar” evocaba el de los Artículos de Confederación de 1778. Decía el “Preliminar”, bajo el título de “Bases del pacto federativo que ha de constituir la autoridad general de la Confederación”:

“En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente delegado a la Autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las Provincias que la componen, su Soberanía, Libertad e Independencia; en uso de ellas, tendrán del derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y Administración territorial, bajo las leyes que crean convenientes, con tal que no sean de las comprendidas en esta Constitución, ni se opongan o perjudiquen a los Pactos Federativos que por ella se establecen. Del mismo derecho gozarán todos aquellos territorios que por división del actual, o por agregación a él, vengan a ser parte de esta Confederación cuando el Congreso General reunido les declare la representación de tales, o la obtengan por aquella vía, y forma que él establezca para las ocurrencias de esta clase cuando no se halle reunido.

Hacer efectiva la mutua garantía y seguridad que se prestan entre sí los Estados, para conservar su libertad civil, su independencia política y su culto religioso, es la primera, y la más sagrada de las facultades de la Confederación, en quien reside exclusivamente la Representación Nacional. Por ella está encargada de las relaciones extranjeras, —de la defensa común y general de los Estados Confede-rados, —de conservar la paz pública contra las conmociones internas, o los ataques exteriores, —de arreglar el comercio exterior y el de los Estados entre sí, —de levantar y mantener ejércitos, cuando sean necesarios para mantener la libertad, integridad e independencia de la Nación, —de construir y equipar bajeles de guerra, —de celebrar y concluir tratados y alianzas con las demás naciones, —declararles la guerra y hacer la paz, — de imponer las contribuciones indispensables para estos fines, u otros convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad común, con plena y absoluta autoridad para establecer las leyes generales de la Unión y juzgar y hacer ejecutar cuanto por ellas quede resuelto y determinado.

El ejercicio de esta autoridad confiada a la Confederación no podrá jamás hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder Supremo debe estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a distintos Cuerpos independientes entre sí, y en sus respectivas facultades. Los individuos que fueren nombrados para ejercerlas se sujetarán inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitución se les prescriben para el cumplimiento y desempeño de sus destinos.”[11]

Tal era el texto y el espíritu de la Constitución federal. Miranda, hostilizado por los grupos radicalizados, se limitó a puntualizar sus disidencias en un texto sintético que decía:

“Considerando de que en la presente constitución los Poderes no se hallan en un justo equilibrio, ni la estructura u organización general suficientemente sencilla y clara, para que pueda ser permanente; que por otra parte no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, de que puede resultar que en lugar de reunimos en una masa general o Cuerpo social, nos divida y separe, en perjuicio de la seguridad común y de nuestra independencia; pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber.” [12]

Sin duda, Bolívar y los mantuanos —la alta burguesía caraqueña— pensaban como él. Pero predominaba el sentimiento de que el sistema federal emanaba de la voluntad mayoritaria, acaso indefinida y quizá ingenua, así como de la tradición colonial. En todo caso, parece evidente que respondía a la tendencia de los grupos que observaban la emergencia política de las sociedades regionales, aun cuando eventualmente equivocaran el diagnóstico acerca de las posibilidades prácticas de poner en funcionamiento un sistema institucional muy perfeccionado, como el que establecería el modelo norteamericano, en el seno de una sociedad en la que el sentimiento regional era todavía difuso. Parecía admitirse que la estructura regional tenía raíces coloniales y que, en consecuencia, era preexistente con respecto a la nación, como en los Estados Unidos. Pero eran muchos los que sostenían lo contrario y veían en la nación, heredera del sistema colonial, la estructura política preexistente. De todas maneras, las provincias de Caracas, Barcelona, Mérida y Trujillo se fueron dando sus constituciones provinciales, inspiradas en el mismo espíritu de la obra de Thomas Paine y de los artículos de William Burke que bajo el título de “Derechos de la América del Sur y México”, publicaba sobre diversos temas la Gazeta de Caracas desde el 23 de noviembre de 1810.[13]

Precisamente en la Gazeta de Caracas del 21 de enero de 1812 empezaba a publicarse, como un signo de coincidencia, el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, firmada en Bogotá el 27 de noviembre de 1811.[14] El movimiento de independencia había empezado en Cartagena el 22 de mayo de 1810, y con él tuvo principio “la patria boba”, expresión que sintetizaba la ingenuidad que, luego de la intervención militar española, se reconoció en los hombres que procuraron encauzar el país independiente. En efecto, a poco de declararse —clara o veladamente— la independencia en diversas ciudades, comenzó en Nueva Granada un conflicto entre ellas que derivó hacia una guerra civil generalizada. El regionalismo se manifestaba espontáneamente, como se manifestaba la resistencia a tolerar que la antigua capital colonial mantuviera sus viejos privilegios, pero revelando, además, sus tendencias reprimidas y los intereses encontrados. Y mientras se disputaba por la hegemonía, las distintas provincias comenzaron a dictarse sus constituciones: Santa Fe, Cundinamarca, Tunja, Cartagena y más tarde lo harían Antioquia y Mariquita.

Se afirmaba en ellas la soberanía del estado provincial, prácticamente transformado en República, y se afirmaba el principio del pacto social, el de la soberanía popular y el de la igualdad entre los libres, agregándose algunas indicaciones que restringían el cuerpo político a los poseedores de bienes. Pero a medida que crecía el peligro de la reacción española y se hacía indispensable la unión, el problema se afincó en las características que asumiría el Estado nacional. Prácticamente, existían ya dos partidos bien definidos, centralista el uno y encabezado por Antonio Nariño, y federalista el otro e inspirado por Camilo Torres. Acaso en aquellos primeros aspectos fuera importante la influencia del modelo francés, aunque pudiera sostenerse que su formulación pasó por el filtro del modelo norteamericano. Lo que es indudable es que fue este último el que proporcionó el esquema de la organización federativa, cuya primera expresión formal fue el texto del “Acta de Confederación” del 27 de noviembre de 1811, a la que concurrían las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Tunja y Pamplona, esta última representada precisamente por Camilo Torres.

Era inequívoco el contenido y el lenguaje del Preámbulo:

“Nos, los Representantes de las Provincias de la Nueva Granada que abajo se expresarán, convenidos en virtud de los plenos poderes con que al efecto hemos sido autorizados por nuestras respectivas provincias, y que previa y mutuamente hemos reconocido y calificado, considerando la larga serie de sucesos ocurridos en la península de España, nuestra antigua metrópoli, desde su ocupación por las armas del emperador de los franceses Napoleón Bonaparte; las nuevas y varias formas de gobierno que entretanto y rápidamente se han sucedido unas a otras, sin que ninguna de ellas haya sido capaz de salvar la nación; el aniquilamiento de sus recursos cada día más exhaustos, en términos que la prudencia humana no puede esperar un buen fin; y últimamente los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de estas provincias, como todos los demás del universo, para mirar por su propia conservación, y darse para ella la forma de gobierno que más le acomode, siguiendo el espíritu, las instituciones y la expresa y terminante voluntad de todas nuestras dichas provincias, que general, formal y solemnemente han proclamado sus deseos de unirse a una asociación federativa, que remitiendo a la totalidad del gobierno general las facultades propias y privativas de un solo cuerpo de nación reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia, en lo que no sea del interés común, garantizándose a cada una de ellas estas preciosas prerrogativas y la in-tegridad de sus territorios, cumpliendo con este religioso deber y reservando para mejor ocasión o tiempos más tranquilos la Constitución que arreglará definitivamente los intereses de este gran pueblo.”

Un intento de ajuste a la situación real se advierte en el texto de los artículos 2 y 3:

“2. Son admitidas y parte por ahora de esta confederación todas las provincias que al tiempo de la revolución de la capital de Santafé en veinte de julio del mil ochocientos diez, eran reputadas y consideradas como tales, y que en continuación y en uso de este derecho reasumieron desde aquella época su gobierno y administración interior, sin perjuicio no obstante de los pactos o convenios que hayan hecho o quiera hacer algunas de ellas y que no se improbarán en lo que no perjudique a la Unión.

3. Lo serán asimismo aquellas provincias o pueblos que no habiendo pertenecido en dicha época a la Nueva Granada, pero que estando en cierto modo ligados con ella por su posición geográfica, por sus relaciones de comercio u otras razones semejantes, quieran asociarse ahora a esta federación, o a algunas de sus provincias confinantes, precediendo al efecto los pactos y negociaciones que convengan con los Estados o cuerpos políticos a quienes pertenezcan, sin cuyo consentimiento y aprobación no puede darse un paso de esta naturaleza.”

Y todavía se perfeccionaba la concepción federalista en los artículos 6 y 7:

“Las provincias unidas de la Nueva Granada se reconocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano. Se prometen recíprocamente la más firme amistad y alianza, se juran una fe inviolable y se ligan con un pacto eterno, cuanto permite la miserable condición humana.

Se reservan, pues, las provincias en fuerza de sus derechos incomunicables: 1º. La facultad de darse un gobierno como más convenga a sus circunstancias, aunque siempre popular, representativo y análogo al general de la Unión, para que así resulte entre todas la mejor armonía, y la más fácil administración, dividiendo sus poderes, y prescribiéndoles las reglas bajo las cuales se deben conducir; 2°. La policía, el gobierno interior y económico de sus pueblos, y nombramiento de toda clase de empleados; 3º. La formación de sus códigos civiles y criminales; 4°. El establecimiento de juzgados y tribunales superiores e inferiores en donde se fenezcan los asuntos judiciales en todas sus instancias; 5º. La creación y arreglo de milicias provinciales, su armamento y disciplina para su propia defensa, y la de las provincias unidas cuando lo requiera el caso; 6º. La formación de un tesoro particular para sus respectivas necesidades por medio de las contribuciones y arbitrios que tengan por convenientes, sin perjuicio de la Unión ni de los derechos que después se dirán; 7º. La protección y fomento de la agricultura, artes, ciencias, comercio y cuanto pueda conducir a su felicidad y prosperidad; 8º. Últimamente todo aquello que no siendo del interés general, ni expresamente delegado en los pactos siguientes de federación, se entiende siempre reservado y retenido. Pero ceden a favor de la Unión todas aquellas facultades nacionales y las grandes relaciones y poderes de un Estado, que no podrían desempeñarse sin una representación general, sin la concentración de los recursos comunes, y sin la cooperación y los esfuerzos de todas las provincias.”

Duró esta experiencia política hasta 1816, en que todo el territorio de la Nueva Granada cayó en manos de los españoles; pero el experimento quedó hecho y seguiría alimentando la tendencia federalista, que triunfaría y volvería a ser dominada a través de un largo proceso, para volver a triunfar.

Mientras se esbozaban y se formalizaban las diversas constituciones federales de Venezuela y Nueva Granada según el modelo político norteamericano, al que adherían fervorosamente las regiones que aspiraban a ocupar el lugar que el régimen centralista español les había negado, así como los grupos ideológicos radicalizados, en la Banda Oriental del Uruguay, parte del Virreinato del Río de la Plata, lanzaba José Gervasio de Artigas el mismo proyecto político en oposición a las tendencias centralistas del gobierno de Buenos Aires.

Conoció Artigas la obra de Manuel García de Sena, que contenía los fragmentos de Paine y los principales textos políticos norteamericanos; y conoció además la Historia concisa de los Estados Unidos del mismo autor. Y en virtud de sus lecturas, prestó decidida adhesión al modelo político norteamericano. Él mismo se lo declaró al general argentino José María Paz en términos inequívocos: “Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las Provincias, dándole a cada Estado un Gobierno propio, su Constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi Provincia y para la que me habían proclamado su Protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo”.[15]

Los federales orientales —uruguayos, se diría hoy— expresaron esa adhesión, en las “Instrucciones orientales” que Artigas dio a sus delegados a la Asamblea constituyente que se reuniría en Buenos Aires en 1813, y luego, en el mismo año, en el “Plan de una constitución liberal federativa para las provincias de América del Sur” y en el proyecto de “Constitución oriental”, esta última inequívocamente inspirada en la Constitución de Massachusetts.

Las “Instrucciones” contenían, en lo fundamental, prescripciones categóricas con respecto al sistema federativo, sin perjuicio de otros aspectos, por los demás concurrentes.[16] El artículo 2 prescribía a los diputados que no debían admitir “otro sistema que el de la Confederación para el pacto recíproco con las Provincias que forman nuestro Estado”. El artículo 4 decía: “Como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y los pueblos, cada Provincia formará su gobierno bajo esas bases a más del Gobierno Supremo de la Nación”. Y el artículo 10 definía el carácter del pacto: “Que esta Provincia por la presente entrará separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad, y para la mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataques hechos sobre ellas, o sobre alguna de ellas, por motivo de religión, soberanía o tráfico o algún otro pretexto cualquiera que sea”.

Las “Instrucciones” revelaban los fundamentos de la preocupación regionalista de los orientales que buscaban una expresión política en el sistema federativo. En el texto elaborado el 5 de abril de 1811 se explicaban claramente los objetivos económicos, esto es, las aspiraciones que se querían alcanzar bajo un régimen federal. El artículo 16 decía: “Que ninguna traba o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una Provincia sobre la otra, ni a los barcos destinados de esta Provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio, o renta, a los puertos de una Provincia a otra serán obligados a entrar, a anclar o pagar derechos en otra”; y lo completaba el 17: “Que todos los dichos derechos, impuestos y sisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias Unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria en nuestro territorio”. De estos artículos, el 17 no aparece en el texto elaborado el 13 de abril, pero subsiste el 16 —bajo el número 14—, y se agregan dos muy significativos: el 12: “Que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, po-niéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo; pidiendo al efecto se oficie al comandante de las fuerzas de S.M.B. sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación, o comercio, de su nación”; y el 13: “Que el puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo anterior”.

Si en las “Instrucciones” de Artigas quedan al descubierto las mo-tivaciones económicas de la tendencia federalista, no sería demasiado difícil descubrirlas por debajo de los textos constitucionales de otros países. Propiciaron el federalismo —cuando se lo sostuvo seriamente, y no como simple pretexto para justificar las luchas entre grupos de poder— quienes advirtieron o protagonizaron el movimiento expansivo que produjo la revolución emancipadora, tanto en el orden económico como en el social. Como los orientales que aspiraban a quebrar la supremacía económica del puerto de Buenos Aires, en todas partes se vio un denodado propósito de sustraerse a la tutela de las capitales y puertos a los que el centralismo español les había asignado un papel hegemónico. Despertaban las regiones a una nueva vida, y aspiraban a que la organización del nuevo Estado reconociera su significación y asegurara el desarrollo de sus posibilidades. Eran los poseedores, sin duda, los que más claramente propiciaban el cambio, acaso oligarquías provinciales no demasiado celosas de los principios democráticos e igualitarios si ellos consti-tuían un obstáculo para el poder a que aspiraban. Pero eran también las clases desposeídas las que entreveían, quizá confusamente, las perspectivas sociales de tal apertura. Y eran, a su lado, los ideólogos radicalizados quienes respaldaban tales tendencias haciéndose fuertes en el modelo político norteamericano que, traducido a las circunstancias reales de cada país, ofrecía las fórmulas jurídicas y políticas apropiadas y utilizables.

El problema era, precisamente, establecer esas circunstancias reales y luego hallar las fórmulas. La concepción republicana e igualitaria chocaba con la sociedad tradicional de Hispanoamérica, compleja y escindida. Hubiera sido difícil, y excesivamente ingenuo, negar esa realidad. Pero la adopción del modelo político norteamericano —entonces, como luego en la Constitución argentina de 1853— reveló una concepción pedagógica del instrumento constitucional. Se obviaron las fórmulas muy precisas, y seguramente se dejó al tiempo la labor de reducir las diferencias sociales, contando con que el instrumento político contribuiría a hacer una revolución desde arriba, como, por lo demás, lo aconsejaba la concepción del despotismo ilustrado. Se luchó por suprimir la esclavitud y por la reivindicación de las poblaciones indígenas y mestizas, a las que, por lo demás, se convocó a la lucha emancipadora. Pero el esfuerzo chocó con el vigor de la estructura tradicional, que impidió que se encontrara de inmediato una solución a los problemas de la desigualdad. No fue, empero, ingenuidad la de los que impusieron las cláusulas igualitarias, sino la certeza de que, enunciado el principio, el juego de la nueva sociedad ayudaría a imponerlo.

Distinto fue el caso de la concepción federativa. Si en Hispanoamérica no era institucionalmente cierto que las regiones o provincias fueran preexistentes a la nación, pudo argumentarse, por una parte, que tampoco preexistía la nación —que era una creación revolucionaria— ni que era forzoso que la nueva nación heredara la estructura colonial. Pero podía argumentarse, además, que si las regiones o provincias no eran institucionalmente preexistentes, sí lo eran desde un punto de vista social, económico y cultural con respecto a la nación creada por la emancipación. Y el argumento se re-mataba buscando apoyo en la tradición popular hispánica e hispanocriolla —la de los comuneros, por ejemplo— y atribuyendo un valor constituyente a la irrupción de regiones y provincias que se desencadenó en el momento mismo de la revolución. Nada obstaba, pues, a que se adoptara el modelo político norteamericano si, en realidad, se quería quebrar el viejo orden colonial, puesto que anticipaba las fórmulas a las que, finalmente, habría que llegar.

La repentina explosión social y económica que suscitó en todas partes la emancipación produjo en todas una suerte de “patria boba”, precisamente porque se creyó que era posible imponer un texto constitucional y, con ello, someter a la vieja estructura socioeconómica que en nada había cambiado, sino tan sólo, acaso, en esta vehemente tendencia regionalista de las oligarquías provinciales. Pero la realidad socioeconómica de raíz colonial era muy fuerte, y si alguna vez cedió —en las patrias bobas— se recompuso y sus sostenedores y usufructuarios retornaron a la lucha en defensa de sus intereses. Las patrias dejaron de ser bobas, y no sólo tuvieron que enfrentar la reacción militar española, sino que se vieron sumidas en el abismo de largas y tremendas guerras civiles, en las que se debatiría acaso el destino de una fórmula política pero cuyos protagonistas vivían intensamente las implicaciones que cada sistema de gobierno entrañaba.

Se verían largas luchas en México, girando alrededor de los términos institucionales que fraguarían en la constitución federal de 1824 y de los problemas, tanto reales como ideológicos, que quedaron planteados. Se verían en Argentina, tras el fracaso de las constituciones unitarias de 1819 y 1826, rechazadas por las provincias que disolvieron la unidad de las Provincias Unidas. Se verían en Chile, en la crisis que transcurrió entre 1823 y 1830, a lo largo de la cual se dictó la constitución unitaria de 1823 y luego la constitución federal de 1826, que no llegó a tener vigencia. Y se verían en la Gran Colombia y en los países que nacieron de su disgregación en 1830, como se verían, por cierto, en Brasil a partir de 1831, tras la abdicación del emperador Pedro I.

No trajo consigo la emancipación hispanoamericana una revolución profunda que modificara el sistema de producción. Pero no puede desdeñarse —si se quiere entender ese proceso y sus consecuencias, que llegan hasta hoy— una revolución social, en sentido estricto, que se produjo y alimentó la lucha entre los grupos económicos y políticos proveyéndola de ciertos componentes que, a la larga, influirían decisivamente. Fue una crisis de expansión y los distintos grupos sociales vieron en ella una apertura que los movió a buscar la brecha en la que podían obtener más beneficios, siquiera inmediatos. Así se modificaron las estructuras de poder, no sólo políticas sino también económicas. Para los que aspiraban a hallar una fórmula para el ajuste de la nueva sociedad, igualitaria, democrática y federativa, el modelo político norteamericano fue desde el primer momento un instrumento de lucha. Una y otra vez se volvería a él tras las alternativas de las guerras civiles del siglo XIX.

Notas:

1 Mariano Moreno, Prólogo de la reedición de la obra Del contrato social, o principios del derecho político, por Juan Jacobo Rousseau, 1810, en Mariano Moreno, Escritos, edición crítica de Ricardo Levene, Buenos Aires, Estrada, 1943, tomo II, p. 305. Antonio Nariño, cf. Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX . Bogotá, Editorial Temis, 1964, p. 125.

2 John Dickinson, Letters from a Pennsylvania Farmer.Boston, 1768.

3 Alejandro de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1956, tomo II, p. 242.

4 Edward Everett, North American Review, cf. Arthur Whitaker, Estados Unidos y la independencia de América (1800-1830). Buenos aires, Eudeba, 1964, p.249.

5 E. M. Brackenridge, A voyage to South America (Londres, 1820). Cito según la traducción española de Carlos A. Aldao, Buenos Aires, 1927.

6 Simón Bolívar, “Discurso de Angostura”, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Caracas, Biblioteca de la Academia de la Historia, 1961, tomo V, p. 157.

7 Fray Servando Teresa de Mier, Discurso llamado “Las profecías”, en Antología del pensamiento político americano. México, D.F., Universidad Autónoma de México, 1945, p. 127.

8 José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 95.

9 Véase la edición publicada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, con prólogo del profesor Pedro Grases, Caracas, 1949.

10 En José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1960, tomo 1, pp. 152 y ss.

11 El texto de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1961, tomo V, pp.45 y ss. Un análisis del texto constitucional en C. Parra-Pérez, Historia de la primera República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1959, tomo II, pp. 161 y ss.: en el capítulo anterior, pp. 149 y ss., se ocupa de las constituciones provinciales.

12 El pensamiento constitucional… tomo V, p. 112.>

13 /hi> Gazeta de Caracas, edición de la Academia Nacional de la Historia (Caracas, 1960), a partir del número del 23 de enero de 1810.

14 El texto del Acta, en El pensamiento constitucional…, tomo III, p. 457. Véase Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, pp. 130 y ss.; L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia. Bogotá. Ediciones Librería Siglo XX, pp. 51 y ss.

15 Cf. Alberto Demicheli, Origen federal argentino Buenos Aires, Depalma, 1962, p. 252. Véase, además de la obra citada, Eugenio Petit Muñoz, Artigas y su ideario a través de seis series documentales. Montevideo, Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1956.

16 El texto de las “Instrucciones” en las dos obras citadas. El texto del “Proyecto de constitución para la Provincia Oriental”, en El pensamiento constitucional…, tomo IV, pp. 331 y ss.

El pensamiento político de la Emancipación. 1975

La preparación de una antología del pensamiento político de la Emancipación no sólo obliga a seleccionar según cierto criterio —siempre discutible— los textos que se juzguen más significativos, sino que propone inexcusablemente ciertos problemas de interpretación sobre los que caben diversas respuestas. Parecería oportuno indicarlos aquí, como una invitación para reflexionar no sólo sobre textos y sus contenidos sino también sobre los caracteres del proceso histórico que se abre en Latinoamérica a principios del siglo XIX y del que surgen nuevas nacionalidades.

¿Hasta dónde es válido pensar e interpretar el proceso de la Emancipación sólo como un aspecto de la crisis de transformación que sufre Europa desde el siglo XVIII y en la que se articula la caída del imperio colonial español? Sin duda esa crisis de transformación constituye un encuadre insoslayable para la comprensión del fenómeno americano, y lo es más, ciertamente, si se trata de analizar las corrientes de ideas que puso en movimiento. Pero, precisamente porque será siempre imprescindible conducir el examen dentro de ese encuadre, resulta también necesario puntualizar —para que quede dicho y sirva de constante referencia— que el proceso de la Emancipación se desata en tierra americana a partir de situaciones locales, y desencadena una dinámica propia que no se puede reducir a la que es propia de los procesos europeos contemporáneos. Más aún: desencadena también unas corrientes de ideas estrictamente arraigadas en aquellas situaciones que, aunque vagamente y carentes de precisión conceptual, orientan el comportamiento social y político de las minorías dirigentes y de los nuevos sectores populares, indicando los objetivos de la acción, el sentido de las decisiones y los caracteres de las respuestas ofrecidas a las antiguas y a las nuevas situaciones locales. Esas corrientes de ideas no forman parte del habitual repertorio de concepciones políticas a que apelaron los dirigentes del movimiento emancipador, sobre todo cuando fijaron por escrito sus opiniones políticas o enunciaron formalmente sus proyectos concretos, constitucionales o legislativos. En esos casos, recurrieron a un conjunto de modelos ideológicos ya constituidos en Europa o en Estados Unidos. Y si se trata de exponer ese pensamiento es forzoso referirlo a esos modelos, tanto más que, efectivamente, se basaron en ellos las creaciones institucionales que tuvieron vigencia legal.

Pero es bien sabido que no siempre —o casi nunca— tuvieron auténtica y profunda vigencia real. Esa contradicción proviene, precisamente, de la inadecuación de los modelos extranjeros a las situaciones locales latinoamericanas y, sobre todo, de la existencia de otras ideas, imprecisas pero arraigadas, acerca de esas situaciones y de las respuestas que debían dárseles. Eran ideas espontáneas, elaboradas en la experiencia ya secular del mundo colonial en el que el mestizaje y la aculturación habían creado una nueva sociedad y una nueva y peculiar concepción de la vida. Lo más singular —y lo que más dificulta el análisis— es que esas ideas no eran absolutamente originales, sino transmutaciones diversas y reiteradas de las recibidas de Europa desde los comienzos de la colonización, de modo que pueden parecer las mismas y reducirse conceptualmente a ellas. Pero la carga de experiencia vivida —irracional, generalmente— con que se las transmutó introdujo en ellas unas variantes apenas perceptibles, y las mismas palabras empezaron en muchos casos a significar otras cosas. Fueron ideas vividas, y por lo tanto entremezcladas con sentimientos y matizadas con sutiles acepciones hasta el punto de tornarlas, en ocasiones, irreductibles a las ideas recibidas que fueron sus modelos y puntos de partida. Por eso la historia latinoamericana de los tiempos que siguieron a la Emancipación parece un juego difícilmente inteligible, una constante contradicción en el seno de una realidad institucionalizada según modelos difícilmente adaptables, en la que irrumpían cada cierto tiempo y de imprevisibles maneras unas tendencias genuinas que reivindicaban su peculiaridad y que la tornaban más anárquica y confusa.

El pensamiento escrito de los hombres de la Emancipación, el pensamiento formal, podría decirse, que inspiró a los precursores y a quienes dirigieron tanto el desarrollo de la primera etapa del movimiento —el tiempo de las “patrias bobas”— como el de la segunda, más dramática, iniciado con la “guerra a muerte”, fijó la forma de la nueva realidad americana. Pero nada más que la forma. El contenido lo fijó la realidad misma, la nueva realidad que se empezó a constituir al día siguiente del colapso de la autoridad colonial. Entonces empezó la contradicción, cuya expresión fueron las guerras civiles, los vagos movimientos sociales, las controversias constitucionales, las luchas de poder, siempre movidas por el juego indisoluble entre las ambiciones de grupos o personas y las encontradas concepciones sobre las finalidades de la acción y las formas de alcanzarlas.

Con esta salvedad debe entenderse el contenido de la casi totalidad del pensamiento escrito de los hombres de la Emancipación. Expresó un conjunto de modelos preconcebidos para una realidad que se supuso inalterable, pero que empezó a transformarse en el mismo instante en que ese pensamiento fue formulado. Eran modelos que tenían un pasado claro y conocido, pero que tuvieron un futuro incierto y confuso. Su génesis hay que buscarla fuera de Latinoamérica, pero el singular proceso de su funcionamiento y adecuación es lo que explica la historia de las cinco o seis décadas que siguieron a la independencia.

El caudal de pensamiento político en que abrevaron los hombres de la Emancipación se constituyó a lo largo de toda la Edad Moderna, pero adquirió consistencia y sistematización en la segunda mitad del siglo XVIII. Por entonces se precipitaron también los procesos que transformarían el sistema económico y político del occidente europeo, del que formaban parte las potencias coloniales instaladas en Latinoamérica. Pero no estaban incluidas de la misma manera Portugal y España. El primero había aceptado participar en el sistema del mundo mercantil a la zaga de Inglaterra, en tanto que la segunda se resistía y actuaba en creciente desventaja dentro de ese mundo que controlaban Inglaterra, en primer término, y Holanda y Francia en segundo. Esa situación signó el destino internacional de España. Poseedora de un vasto imperio colonial, había perdido progresivamente el control de las rutas marítimas y, con él, la capacidad de defensa de sus posesiones.

Ciertamente, la defendía el pacto de familia que unía a las dos ramas de los Borbones, y después de la Revolución el pacto con Francia, la primera potencia militar de Europa. Pero la preponderancia marítima de Inglaterra neutralizaba ese apoyo y, en cambio, España compartía todos los riesgos de la alianza francesa. A causa de ella fue aniquilada por Nelson la flota española en Trafalgar, en 1805, y el destino del imperio colonial español quedó sellado. La invasión francesa de la península en 1808 completó el proceso, y en las colonias españolas quedaron dadas las condiciones para que se desprendieran de la metrópoli.

No es fácil establecer cuál era el grado de decisión que poseían los diversos sectores de las colonias hispanoamericanas para adoptar una política independentista. Desde el estallido de la Revolución francesa aparecieron signos de que se empezó a pensar en ella, y cuando Miranda inició sus arduas gestiones ante el gobierno inglés se aseguraba de que vastos grupos criollos estaban dispuestos a la acción. Pero era un sentimiento tenue, que sin duda arraigaba en los grupos criollos de las burguesías urbanas sin que pueda saberse, en cambio, el grado de resonancia que tenían en otros sectores. El sentimiento prohispánico estaba unido al sentimiento católico, y los avances que había logrado la influencia inglesa, promovidos por grupos mercantiles interesados en un franco ingreso al mercado mundial, estaban contenidos por la oposición de los grupos tradicionalistas que veían en los ingleses no sólo a los seculares enemigos de España sino también a los herejes reformistas. Fue esa mezcla de sentimientos la que galvanizó la resistencia de Buenos Aires cuando dos veces hizo fracasar otros tantos intentos ingleses de invasión, en 1806 y 1807. De pronto un vacío de poder, creado por la crisis española de 1808, obligó a decidir entre la sujeción a una autoridad inexistente y una independencia riesgosa, acerca de cuyos alcances se propusieron diversas variantes. Ese fue el momento en que adquirieron importancia los modelos políticos que se habían elaborado en Europa y en los Estados Unidos en las últimas décadas, y de acuerdo con los cuales debería encararse el arduo problema de orientar el curso del proceso emancipador.

Para identificar todos los caracteres del caudal de pensamiento que fraguó en los modelos políticos vigentes a principios del siglo XIX sería necesario traer a colación toda la apasionada discusión doctrinaria que acompañó a las luchas por el poder a lo largo de la Edad Moderna. No podrían obviarse las opiniones del padre Juan de Mariana, del rey Jacobo I de Inglaterra, de Jean Bodin, de Hugo Grocio. Pero los modelos mismos, los que operaron eficazmente frente a las situaciones creadas en Latinoamérica, quedaron formulados sólo a partir de fines del siglo XVIII, cuando en Inglaterra, tras la revolución de 1688, se instauró la monarquía parlamentaria. La Declaración de derechos, dictada por el Parlamento y aceptada por el estatúder de Holanda a quien se le había ofrecido el trono, definió un estatuto político en el que se resumía una larga y dramática experiencia y se fijaban los términos institucionales que resolvían en un cierto sentido los conflictos entre las tendencias absolutistas de la monarquía y las tendencias representativas de las poderosas burguesías que, de hecho, controlaban la vida económica de la nación. Y sin embargo, la polémica no había quedado cerrada. Mientras John Locke construía la doctrina del nuevo régimen en sus Two Treatises of Goverment, de 1690, circulaban las ideas que Thomas Hobbes había expuesto rigurosamente en 1651 en The Leviathan. La tesis del contrato social nutría el pensamiento de ambos tratadistas, pero en tanto que Locke ponía límites a sus alcances y sostenía el derecho de las mayorías a ejercer el gobierno, Hobbes había radicalizado aquella tesis y derivaba del contrato originario un poder absoluto. Whigs y tories recogerían esas dos doctrinas y las traducirían, en el ejercicio del poder, en sendas políticas prácticas a lo largo del siglo XVIII.

De hecho, predominó la concepción de Locke que, al fin, coincidía con el irreversible texto de la Declaración de derechos, sin que lograran hacer mella en el sistema parlamentario los ocasionales arrebatos absolutistas de Jorge III. Inglaterra se convirtió desde entonces en el modelo político de quienes combatían en otros países de Europa el absolutismo monárquico. Montesquieu, que ya en 1721 había satirizado al régimen francés en las Lettres Persanes, recogió una rica experiencia política en su viaje a Inglaterra, y lo mismo sucedió con Voltaire que, tras su estancia en la isla, escribió en 1728 sus Lettres sur les Anglais para difundir los principios políticos vigentes allí después de la revolución de 1688. Más historicista y pragmático que los pensadores ingleses, Montesquieu procuró hallar respuesta a los problemas suscitados por la relación entre el poder y las libertades individuales, imaginando soluciones institucionales que expuso metódicamente en De l‘Esprit des lois que dio a luz en 1748. Poco después comenzaba a aparecer la Encyclopédie, dirigida por Diderot y D’Alembert, cuyos artículos políticos revelaban una predominante influencia del pensamiento político inglés postrevolucionario. Voltaire escribía, entre tanto, numerosos opúsculos y panfletos sobre ocasionales problemas de la vida francesa, en los que defendía la tolerancia religiosa, los derechos individuales y la libertad intelectual. Pero hasta entonces el problema político reconocía ciertos límites en sus proyecciones: fue Rousseau quien extremó esas tesis y abrió un nuevo camino en la concepción de la sociedad y la política.

La audacia de las afirmaciones contenidas en el Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, escrito en 1753, sobrepasaba los límites de la crítica política. Rousseau trasladaba al desarrollo mismo de las sociedades los problemas que sólo solían verse como expresión del sistema institucional. Y al concretar las tradicionales digresiones sobre el estado de naturaleza en una teoría de la desigualdad como resultado de la vida social y de las leyes, abría una perspectiva revolucionaria de inesperada trascendencia. Más elaboradas y profundizadas, esas aspiraciones aparecerán más tarde, en 1764, en Du contrat social, incluidas en una teoría general de la sociedad y del gobierno cuya vigorosa coherencia atrajo la atención de muchos espíritus inquietos.

En la dedicatoria “a la República de Ginebra” que encabeza el primero de los escritos citados se descubre la relación que Rousseau establecía entre una sociedad igualitaria y el gobierno republicano. Así quedó formulado, frente al modelo inglés de la monarquía parlamentaria, que tanta aceptación había tenido entre los pensadores políticos franceses, otro modelo, igualitario y republicano, que se ofreció como alternativa en los agitados procesos que sobrevinieron más tarde.

Combinados sus términos, esos dos modelos obraron en la mente de los insurrectos colonos ingleses de América en 1776, al establecerse el texto de la Declaración de independencia, y luego al redactarse los Artículos de Confederación en 1778 y la Constitución de los Estados Unidos en 1787. En ese lapso, los problemas concretos suscitados por los diversos estados confederados en relación con sus regímenes internos y con las relaciones recíprocas originaron una variante peculiar que hizo del gobierno de los Estados Unidos, a su vez, un modelo original y distinto de los que lo habían inspirado. Y aun después, en el ejercicio de las instituciones durante los gobiernos de los cuatro primeros presidentes —Washington, Adams, Jefferson y Madison— el modelo norteamericano adquirió una peculiaridad más acentuada.

Entretanto, el modelo igualitario republicano había presidido la acción política de sectores decisivos en las primeras etapas de la Revolución francesa de 1789. Inspiró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aun cuando el texto de la Constitución de 1791 —a la que la Declaración servía de preámbulo— fuera más moderado. Más influyó en la concepción de la Constitución de 1793, que establecía el sufragio universal. Pero en lo que más se hizo sentir su influencia fue en la creación del espíritu igualitario que predominó en la época de la Convención, que fue, al mismo tiempo, la época de la leva en masa para enfrentar a los enemigos de la Revolución. Así, el modelo igualitario republicano cobraba intensa vibración y sumaba a esos caracteres un radicalizado autoritarismo.

El golpe de Termidor puso fin al predominio de las tendencias jacobinas, y desde entonces comenzó a elaborarse un contramodelo republicano y moderado. La constitución de 1795 restableció el sufragio restringido; y cuando los moderados fracasaron en su intento de controlar la agitación social y política, el modelo republicano y moderado dejó paso a otro, autoritario y conservador, establecido por Napoleón con la fuerza de las armas y el apoyo de los sectores sociales que consideraban haber alcanzado ya los objetivos prístinos de la Revolución.

Densas y elaboradas, las doctrinas que inspiraban todos esos modelos eran, al mismo tiempo, fruto de la reflexión de pensadores individuales —más originales unos que otros— y de la experiencia histórica acumulada, fuera sobre largos procesos ya sobrepasados, fuera la candente actualidad. Llegaron a Latinoamérica no sólo constituidas como un cuerpo teórico sino como un conjunto de verdades comprendidas y casi de prescripciones prácticas. Pero todas esas doctrinas se habían constituido sobre situaciones ajenas al mundo hispanolusitano, y más ajenas aún al mundo colonial que dependía de las dos naciones ibéricas. Fue una verdadera recepción de experiencia ajena y el contraste se advirtió pronto, no sólo entre las doctrinas recibidas y la realidad sino también entre aquellas y las doctrinas que circulaban corrientemente en el mundo colonial, casi cercado e impenetrable.

Las ideas de la Ilustración habían penetrado, ciertamente, en ese mundo colonial, pero por vías diversas y en distintos contextos. Para muchos hispanoamericanos, las ideas de los pensadores franceses llegaron a través de sus divulgadores españoles, para los cuales ciertos aspectos de ese pensamiento estaban vedados o fueron cuidadosamente omitidos. Ni los temas que tenían implicancia religiosa ni los que se relacionaban con el sistema político vigente en España pudieron ser tratados en un ambiente cultural en el que el americano Pablo de Olavide —entre tantos— había sido condenado por la Inquisición por poseer libros prohibidos, como la Encyclopédie y las obras de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, con el agravante de que mantenía correspondencia con estos dos últimos autores. Pudo el padre Feijóo discurrir sobre las supersticiones o criticar costumbres anacrónicas; pero tanto en materia religiosa como política, los iluministas españoles introdujeron una clara corrección a los alcances del pensamiento francés. Acaso el testimonio más significativo de quien lo otorgó como por las circunstancias en que fue otorgado, sea el juicio que Gaspar Melchor de Jovellanos expresó en 1809 cuando la Junta Central de Sevilla lo consultó sobre sistemas de gobierno: “Haciendo… mi profesión de fe política, diré que, según el derecho público de España, la plenitud de la soberanía reside en el monarca, y que ninguna parte ni porción de ella existe ni puede existir en otra persona o cuerpo fuera de ella; que, por consiguiente, es una herejía política decir que una nación cuya constitución es completamente anárquica, es soberana, o atribuirle las funciones de la soberanía; y, como esta sea por su naturaleza indivisible, se sigue también que el soberano mismo no puede despojarse ni puede ser privado de ninguna parte de ella a favor de otro ni de la nación misma”.

Jovellanos fue, justamente, la figura más representativa de la Ilustración española. Pero su pensamiento, como el de Campomanes, Cabarrús y tantos otros, se orientó hacia los problemas de la economía, de la sociedad y de la educación. Las ideas de la escuela liberal y especialmente de la fisiocracia inspiraron las medidas económicas de los gobiernos ilustrados y fueron difundidas por la Sociedad Económica de Madrid y por las diversas asociaciones de “Amigos del País”. En esos ambientes las recogieron algunos americanos que viajaron por España, y acaso en algunas pocas universidades, la de Salamanca especialmente, donde funcionaba una Academia de Economía Política. Lo mismo ocurrió con los de habla portuguesa en la Universidad de Coimbra, reorganizada por medio de los Estatutos de 1772 bajo la inspiración del ilustrado marqués de Pombal, donde se estudiaban las ideas de Adam Smith y de la fisiocracia.

Pero no faltaron los hispanoamericanos que frecuentaron directamente las obras de los filósofos franceses, corriendo el riesgo de ser perseguidos o encarcelados. Abundaban en muchas bibliotecas particulares unas veces subrepticiamente y otras por expresa autorización pontificia, que se otorga a personas de reconocida responsabilidad para “leer todo género de libros condenados aunque fuesen heréticos”, y eran numerosos los clérigos que las poseían. Circulaban también en algunos ambientes universitarios, y no sólo las obras de los más importantes autores sino también las de autores secundarios que se proponían divulgar las nuevas ideas. Por esa vía llegaron directamente a los grupos más inquietos y lectores de las colonias las nuevas corrientes del pensamiento francés en su forma original y en la totalidad de sus aspectos. Para muchos fue una revelación deslumbrante, propia de quienes habían vivido mucho tiempo incomunicados con el mundo mercantil, ámbito de las nuevas ideas, pero sobre todo porque, si vivían enclaustrados, era dentro de un mundo coherente, un verdadero universo de ideas plasmado en España y Portugal y condensado luego con diversos niveles en el mundo clauso de las colonias.

Prestaba rígido marco a ese sistema de ideas la concepción católica de la Contrarreforma y la concepción política de la monarquía absoluta tal como la entendían los Austria. Estrictas ambas e intolerantes, contribuían a conformar una imagen autoritaria tanto de la vida social y política como de la vida del pensamiento. Y si la rebeldía de hecho apenas podía imaginarse —aunque la hubo, dejando a salvo la obediencia real— la heterodoxia ideológica pareció una peligrosa amenaza y se encomendó a la Inquisición que vigilara su aparición y castigara a los culpables.

Pudo ser rebelión de hecho la que desencadenaron los comuneros, tanto en Paraguay como en Nueva Granada. Se los sometió y castigó, sin duda. Pero no produjo mayor alarma porque estaba movida por una ideología propia del sistema. La rebelión era contra los malos funcionarios, contra el incumplimiento de las leyes, contra la voluntad sagrada del rey que, sin duda, quería el bien de sus súbditos. Era una actitud derivada de esa veta política de tradición medieval que afloraba por entre la trama del orden absolutista de los Austria, que contenía a los elementos de la democracia villana que reivindicarían Lope de Vega y Calderón. “Se acata pero no se cumple” fue norma castiza que fijaba los límites de la desobediencia dentro del sistema. Y aunque pudiera costarle la cabeza al desobediente, podía morir como leal vasallo y buen cristiano.

Unos márgenes un poco más amplios de independencia se advirtieron en la actitud de los jesuitas, denodados sostenedores del sistema pero celosos de su propia autonomía, como orden y como corporación pensante, precisamente porque sentían el sistema como obra propia y reivindicaban el derecho de vigilarlo, conducirlo y perfeccionarlo.

En la tradición política europea, la aparición del absolutismo había sido pareja a la formulación de la doctrina del tiranicidio. Sólo se es rey para el bien de todos, y es tirano el que usa el poder solamente en su provecho. La conciencia pública, no institucionalizada, tenía el derecho de rebelarse y segar la vida del tirano. La teoría había sido defendida en la Edad Media por Jean Petit, con motivo del asesinato del duque de Orleans en 1407 atribuido a inspiración de Juan sin Miedo, duque de Borgoña. Desarrollada luego al calor de los conflictos religiosos, era un correlato necesario de la doctrina del poder absoluto que no reconocía frenos institucionales al poder real. Suponía que era la voluntad de Dios la que armaba el brazo regicida y se valía de él para sancionar a quien usaba mal el poder que Dios mismo le había conferido. Era, pues, una doctrina coherente con el sistema trascendentalista. Fueron los jesuitas, por la pluma del padre Juan de Mariana, los que se hicieron portavoces de esa doctrina que, cualquiera fuere su validez y sus limitaciones, revelaba el sentimiento profundo que abrigaba la Compañía de Jesús de su responsabilidad en la custodia del sistema postridentino. Ese sentimiento fue el que inspiró su obra en Latinoamérica y explica su gravitación.

Pudo decir Capistrano de Abreu —en sus Capítulos de Historial colonial—: “sin antes escribir una historia de los jesuitas, será pretencioso querer escribir la del Brasil”; y aunque algo haya de exageración en ello, es indudable que, tanto en el Brasil como en el área hispanoamericana, tuvo la Compañía una gravitación decisiva —y a veces un monopolio en la vida intelectual y en la formación de elites. Fue ella, entre todas las órdenes, la que más trabajó para mantener la coherencia del sistema y la que tuvo una política más tenaz para extremarla.

Contó a su favor con la originaria consustanciación del pensamiento ignaciano con el del Concilio de Trento. La Compañía de Jesús no arrastraba tradición medieval sino que se constituyó como expresión católica del espíritu moderno, arrostrando todos los problemas creados por el conflictivo mundo de las luchas religiosas. Así quedó en evidencia en las Constituciones ignacianas. Pero también contó con el sustento teórico que le proporcionaron sus estudios de la política y de la teología, entre los cuales alcanzaron significación singular Mariana, el cardenal Bellarmino y sobre todo el padre Francisco Suárez. Todos interesados simultáneamente en la política y en la religión.

La consustanciación de los jesuitas con el sistema no se manifestó solamente en la preocupación por orientar intelectual e ideológicamente a las elites, sino también a través de una singular concepción de la catequesis, tan eficazmente conducida que se ha podido hablar de un “imperio jesuítico” en el Río de la Plata, donde establecieron importantes misiones. Pero tanto la consustanciación con el sistema como el efectivo poder que la Compañía alcanzó en las colonias latinoamericanas la tornaron sospechosa cuando las metrópolis viraron el rumbo por obra de los monarcas ilustrados que emprendieron un plan de reformas. Los jesuitas fueron expulsados del ámbito hispano-portugués, y a partir de ese momento establecieron una red de comunicaciones con las colonias de la que se sirvieron para agitar a los espíritus inquietos. Mucho se ha discutido acerca de la influencia que el suarismo pudo tener en el despertar del sentimiento emancipador; sin duda ejerció alguna influencia, porque el celo de la defensa de los intereses de la Compañía sobrepasó los límites de la argumentación jusnaturalista y desembocó alguna vez —como con el padre Viscardo— en una incitación explícita a la Emancipación.

No tuvo, sin embargo, en conjunto, la pujanza de las ideas inglesas y francesas, ya consagradas por los movimientos revolucionarios triunfantes.

Hubo, sí, un cierto sentimiento criollo generalizado que no pudo ser superado por las influencias ideológicas. Estas últimas operaron sobre pequeños grupos. Aquel sentimiento, en cambio, siguió vivo en vastos sectores populares y en las clases altas conservadoras. Cuando se estudia el pensamiento de la Emancipación es imprescindible no perder de vista ese sentimiento que obrará como fuente de resistencia pasiva frente a las ideologías y a los modelos políticos extraídos de la experiencia extranjera.

II

Ausente de Venezuela desde 1771, Francisco de Miranda se incorporó a la vida europea cuando ya se agitaba la polémica ideológica que, en Francia, desembocó en la Revolución. Temperamento curioso y aventurero, acumuló muchas y muy atentas lecturas pero dedicó sus mayores energías a la acción. Viajó mucho, sirvió bajo diversas banderas, conoció de cerca a muchos hombres públicos, se mezcló en diversas aventuras políticas y se fue haciendo una clara composición de lugar acerca de las opiniones políticas que ofrecía la crisis suscitada en Europa por la Revolución francesa de 1789. Buen conocedor de Inglaterra y de los Estados Unidos, familiarizado con los problemas españoles, su experiencia francesa y el conocimiento de los autores que inspiraba la ola revolucionaria completó el cuadro de lo que necesitaba saber para orientarse en el complejo y vertiginoso panorama europeo. Cuando comenzó a pensar en su patria venezolana ya soñaba en América como su verdadera patria.

La idea —casi la hipótesis— de que Hispanoamérica pudiera independizarse de su metrópoli surgió en su espíritu indisolublemente unida a su imagen de la situación general del mundo. Visto desde Europa, el imperio colonial español parecía ya un mundo anacrónico y en su concepción de la independencia estaba implícita la de su renovación para que se modernizara y ocupara un lugar provechoso en el mundo mercantil. Era, precisamente, el mundo que había llegado a dominar Inglaterra, y a ella se dirigió Miranda en busca de apoyo para su plan.

Las gestiones diplomáticas y conspirativas de Miranda fueron largas y, a veces, tortuosas. Pero lo que trasuntaron los documentos más representativos de su pensamiento, esto es, los planes constitucionales, fue la inequívoca opción de Miranda por el modelo político inglés, acaso modificado en un sentido más autoritario. Algo de utópico había en toda su concepción, y no parecía que hubiera aplicado a fondo la experiencia inglesa para coordinar los mecanismos constitucionales de ese vasto Estado americano en que pensaba. No eran los suyos, en rigor, planos prácticos, nacidos de la convicción o la seguridad de que le sería dado ponerlos en acción, sino más bien bosquejos provisionales que, por cierto, parecían ignorar la realidad latinoamericana. Sin embargo, Miranda acompañaba sus memorias al gobierno inglés con detalladas descripciones del mundo colonial, sus recursos y sus sociedades, y afirmaba que eran muchos los americanos que aspiraban a la independencia y que entrarían en movimiento si se sentían protegidos por Inglaterra. La experiencia demostraría su desconocimiento de la verdadera situación social y política de su propia tierra natal.

Una cosa quedaba clara a sus ojos: la urgente necesidad de impedir que penetraran en Latinoamérica las ideas francesas, y no sólo las que había puesto en práctica la convención sino aun los principios teóricos desenvueltos en las obras fundamentales de los filósofos.

Una y otra vez expresó que era imprescindible que la política de los girondinos o de los jacobinos no llegara a “contaminar el continente americano, ni bajo el pretexto de llevarle la libertad”, porque temía más “la anarquía y la confusión” que la dependencia misma. Cuando participó en el Congreso redactor de la Constitución venezolana de 1811, asistió con desagrado a la adopción de un conjunto de principios e instituciones que, en su opinión, comprometían el futuro del país. El régimen político, pero sobre todo, el principio federalista, contradecían sus convicciones, en el fondo autoritarias, y Miranda las expresó veladamente en la protesta que acompañó a su firma en el texto constitucional: “Considerando que en la presente Constitución los poderes no se hallan en un justo equilibrio; ni la estructura u organización general suficientemente sencilla y clara para que pueda ser permanente; que por otra parte no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, que puede resultar que en lugar de reuniones en una masa general, o cuerpo social, nos divida y separe en perjuicio de la seguridad común y de nuestra independencia, pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber”.

En esa misma época el sacerdote mexicano fray Servando Teresa de Mier expresó un pensamiento político semejante. También él fustigó el principio de la igualdad, del que —decía— “los franceses han deducido que era necesario ahorcarse entre ellos para estar en situación de igualdad en el sepulcro, único lugar donde todos somos iguales” . Las páginas de su Historia de la revolución de la Nueva España, publicada en 1813, refleja la reacción de su ánimo contra los principios de la Revolución francesa, especialmente después de los episodios del Terror. Como muchos de los que, como él, pertenecieron a los círculos hispanoamericanos de Londres, manifestó fray Servando cierta predilección por el modelo inglés de la monarquía limitada. Pero temía, en el fondo, el triunfo de cualquier sistema ajeno a la tradición hispánica, no sólo porque había adoptado una concepción consuetudinaria de los procesos históricos, análoga a la que Edmund Burke —el autor de las Reflections on the French Revolution— sino porque temía los efectos de una disminución del sentimiento religioso entre los criollos emancipados. Aristocratizante, defendía la posición de la “nobleza” criolla, en peligro, a sus ojos, si prosperaban las tesis igualitarias. En cambio, la perduración de la tradición hispánica —las leyes y costumbres, la religión— aseguraría una continuidad en esta España de América. La independencia —explicaba en las Cartas de un americano, publicadas en 1811-1812 en relación con las Cortes de Cádiz— era inevitable, pero debía conducirse de tal modo que no se comprometieran aquellas tradiciones que habían conformado las sociedades americanas.

Estas ideas de fray Servando recuerdan las que poco antes había expresado el argentino Mariano Moreno en el prólogo a la traducción que la Junta Revolucionaria había mandado publicar del Contrato social: “Como el autor tuvo la desgracia de delirar en materia religiosa, suprimo el capítulo y principales pasajes donde ha tratado de ellas”. Era una típica expresión de la actitud de la Ilustración española, manifestada también categóricamente en el título con que se publicó en Buenos Aires, en 1822, la tesis de Victorián de Villava originalmente escrita en 1797: “Apunte para una reforma de España sin trastorno del gobierno monárquico ni la religión”.

Educado en la universidad altoperuana de Charcas, Moreno había sido discípulo de Villava y era, naturalmente, un afrancesado, lector de los filósofos políticos cuyas obras circulaban clandestinamente en el ambiente intelectual de aquella universidad. En ella se formaron entre otros, Monteagudo, Rodríguez de Quiroga, Zudáñez, todos los cuales participarían directamente en los movimientos revolucionarios del Alto Perú y del Río de la Plata y expresarían una y otra vez una versión más o menos radical de aquellas ideas. Análogo fervor por las ideas francesas se había manifestado en otras partes de América. Naturalmente llegaron a Haití, y encontraron favorable acogida entre los esclavos. La rebelión contra los ricos plantadores franceses empezó en 1793, fue apoyada por la metrópoli revolucionaria y dio origen a un nuevo orden institucional que organizó el jefe de los insurrectos, Toussaint Louverture, a través de la Constitución de 1801, promulgada por medio de un documento revelador de la ideología que lo animaba. Era el primer gran triunfo en Latinoamérica del principio de la igualdad, aplicado, precisamente, a una sociedad fundada ostensiblemente en la desigualdad.

El ejemplo haitiano se hizo sentir. En Venezuela hubo un movimiento de los negros de Coro, en 1795, y otro luego en Cariaco, en 1798. El jefe del primero, José Leonardo Chirino, hablaba de instaurar “la ley de los franceses”, y ponía en práctica sus convicciones igualitarias asesinando blancos. Por otra vía, las ideas francesas llegaban al Río de la Plata y encontraban buena acogida en diversos círculos, tanto que el virrey Arredondo ordenó en 1794 una cuidadosa pesquisa en Buenos Aires, que reveló la existencia de franceses que se reunían para conspirar contando con la posibilidad de mover a la rebelión a los negros esclavos.

Pero ya por entonces había criollos ilustrados entusiastas de las ideas francesas. Uno de ellos, funcionario del virreinato de Nueva Granada, Antonio Nariño, había publicado en Bogotá, en 1794, el texto de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, impreso en su imprenta privada. Contravenía con ello innumerables y reiteradas disposiciones del gobierno español prohibiendo la difusión de todo lo que tuviera que ver con la Revolución francesa, y en consecuencia, el virrey Ezpeleta dispuso que fuera encarcelado en una prisión de África. Pero poco después, en 1796, algunos de los complicados en la conspiración de San Blas, organizada en España para instaurar allí un gobierno republicano de inspiración francesa, fueron enviados a las prisiones americanas. Juan Bautista Picornell y otros varios fueron recluidos en la cárcel de La Guaira, y desde allí reiniciaron la propaganda ideológica y la acción conspirativa que antes desarrollaron en España. Fugaron con la complicidad de algunos funcionarios que participaban de sus ideas, y la consecuencia fue la organización del proyecto revolucionario de 1797 encabezado por el corregidor de Macuto, José María España, capitán retirado del ejército español, y por Manuel Gual. Ese mismo año apareció publicada en Venezuela la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, con un significativo Discurso introductorio de autor discutido pero verosímilmente atribuido a Juan Bautista Picornell. Una textual repetición de los principios de la Revolución francesa acredita el origen de las influencias recibidas por sus autores así como la orientación que, de triunfar, hubiera tenido el movimiento revolucionario.

A medida que se precipitaba la crisis española fue creciendo el número de los que se preocuparon por la suerte de las colonias. Si la misma corte de Madrid había sido suficientemente sensible al clamor como para enviar al visitador José de Gálvez para interiorizarse de los problemas que inquietaban a los pobladores de las colonias, estos, y especialmente los criollos, pudieron acariciar cada vez más la esperanza de que sus voces fueran escuchadas. Se advertía en esas voces una gran lucidez; pero poco a poco se advirtió también un creciente resentimiento que a veces parecía rencor. Miranda publicó papeles del jesuita Juan Pablo Viscardo que ya en 1792 reclamaba por los derechos de los pobladores de las colonias. Pero hubo, en 1809, casi en los extremos del mundo colonial, dos documentos valiosísimos que revelaron en qué peligrosa medida crecían tanto la lucidez como el resentimiento. Fueron el Memorial de agravios del neogranadino Camilo Torres, y la Representación de los hacendados, del rioplatense Mariano Moreno. Agudos y precisos, ambos documentos puntualizaban en el momento en que se derrumbaba la autoridad peninsular los derechos que los criollos creían tener y las soluciones que les parecían imperiosas. Sólo veladamente se insinuaba en ellos ese rencor que explotaría en las primeras jornadas revolucionarias, tanto en las ciudades altoperuanas como en las inflamadas imprecaciones contra los “gachupines” de Miguel Hidalgo y de José María Morelos en México.

III

Cuando empezó la ola revolucionaria de 1809, los hechos empezaron a confrontarse con las ideas preconcebidas. Según ellas se interpretaron los hechos que se sucedían vertiginosamente, pero surgieron situaciones nuevas, imprevistas e imprevisibles, que plantearon problemas inéditos ajenos a los cartabones interpretativos de que disponían hasta ese momento quienes se vieron envueltos en la dirección de los movimientos revolucionarios.

Eran problemas sociales y políticos, suscitados en la entraña misma de la realidad, llenos de matices locales y de peligrosas incógnitas. Fue necesario inaugurar nuevos criterios para interpretarlos y entenderlos, acaso apoyados en aquellas ideas recibidas de fuera pero modificadas reiteradamente a la luz de la experiencia de cada día.

De pronto se vio que crecía en muchas mentes el designio emancipador. Lo que pocos años antes parecía impensable, fue pensado de pronto por muchos con un apasionado fervor. Pero, ¿cómo realizar ese designio? Las respuestas variaron entre el temor y la audacia, entre la prudencia y la ingenuidad. Unos creyeron que era necesario marchar con tiento sin precipitar las decisiones. A la etapa de las ideologías siguió la preocupación por las estrategias.

Fueron aquellos últimos los que decidieron usar la “máscara de Femando VII”, encubriendo el designio emancipador tras una política cautelosa que diera tiempo no sólo para convencer y decidir a los más apocados, sino también para comprobar si, efectivamente, había llegado la ocasión definitiva. La tesis de que se debían establecer gobiernos locales de origen popular, no para separarse de España sino para preservar los estados y los derechos del cautivo monarca legítimo, fue expuesta por muchos con diverso grado de sinceridad. De acuerdo con ella, algunas de las Juntas que reemplazaron a los gobiernos coloniales fundaron jurídica y políticamente su actitud, no en el designio emancipador, sino en la necesidad de reasumir la soberanía para devolverla en momento oportuno al rey, su legítimo depositario. La vieja tradición hispánica de raíz medieval parecía ofrecer fundamento suficiente para esa postura, que no desafiaba a los tradicionalistas y permitía, en cambio, seguir prudentemente el curso de los hechos sin demasiado riesgo. Textos legales consagraron la doctrina, que por lo demás, parecía compatible con nuevas ideas sociales y políticas tan avanzadas como las que contenía el Contrato social de Rousseau.

Los más audaces creyeron que había llegado la ocasión definitiva y pusieron al descubierto el designio emancipador. Lo que ya parecía insinuarse en la Proclama de José Artigas en abril de 1811, quedó consagrado en julio en el Acta de independencia de Venezuela. Dos años después declaró su efímera independencia México en el Congreso de Anáhuac y quedó inscrita en el acta de Chilpancingo bajo la inspiración de José María Morelos. Pero aun allí donde los gobiernos se mostraban tímidos sonaba la voz de los más radicales: la de Camilo Henríquez en Chile, la de Bernardo Monteagudo en Buenos Aires, la de José Artigas ya inequívoca en Montevideo, en son de desafío contra Buenos Aires. La discusión se tornó delicada a partir del momento en que las Cortes de Cádiz completaban el texto de la constitución liberal, que robaba argumentos a quienes protestaban contra la opresión del absolutismo español, y que fue aprobada en 1812.

Fue precisamente en el caldeado ambiente gaditano de la época de las deliberaciones de las Cortes donde el peruano Manuel Lorenzo Vidaurre redactó el Plan del Perú, fiel exponente de las aspiraciones de los criollos que todavía tenían la esperanza de seguir perteneciendo al ámbito hispánico, confiados en su transformación. Y en el seno mismo de las Cortes fue presentado en agosto de 1811, por la “diputación americana a las Cortes de España“, un notable documento interpretativo de la situación americana después de los primeros episodios revolucionarios. No sin dramatismo, la diputación americana explicaba las causas remotas y cercanas de los pronunciamientos ocurridos en muchas ciudades. El mal gobierno, los abusos, los privilegios, la ineficacia o la indiferencia del régimen colonial para estimular la prosperidad de las colonias, sobre todo la injusta situación de los criollos, eran males capaces de justificar la rebeldía. Pero la diputación americana todavía tenía esperanzas y confiaba en que España tomara el camino de las reformas para que los españoles de América siguieran unidos a los de la península. “Únicamente esto —terminaba diciendo— extinguirá el deseo de independencia, que es violento en ellos, y lucha allá en sus pechos con su amor y adhesión a la península. Se sustraerá el pábulo que les ministra aquel funesto atizador de la disensión. Se les caerán las armas de las manos. No habrá influjo capaz de seducirlos para empuñarlas contra sus hermanos, alucinándose en creer las toman para su defensa. Despreciarán cuantos auxilios les franqueen a este fin la Europa entera y el mundo todo. No habrá pretextos ni ocasiones que los conmuevan; y lejos de ver como coyuntura favorable para sustraerse a la actual lucha de España, volverán a coadyuvar a ella con mayor fervor que el primitivo, porque imperará Vuestra Majestad en sus corazones”. Esas palabras, con las que terminaba el documento, reflejaban sin duda la actitud de muchos criollos. Pero el movimiento emancipador tenía su propia dinámica y ya era tarde para contenerlo. España volvía en 1813 al régimen absolutista del restaurado Femando VII, y el espíritu de la Santa Alianza predominaba en Europa. América optó por la guerra a muerte.

Allí donde se produjeron los estallidos revolucionarios desde 1809, y en el período que llega hasta las crisis de 1814 y 1815 —las derrotas de los patriotas en Chile, en México, en el Alto Perú y la invasión de Morillo a Venezuela—, el movimiento emancipador no sólo afirmó su decisión de separarse de España sino que reveló con sus primeros pasos que tenía ya un contenido social y político. Era, acaso, difuso y contradictorio. Revelaba la presencia de influencias diversas. Manifestaba las contradicciones entre la realidad y los modelos políticos que parecían inspirarlos. Pero sus líneas generales eran perceptibles y se volvía a ellas aunque fuera a través de muchos laberintos. Hubo un pensamiento político de la Emancipación.

No fue un azar que Moreno dispusiera la publicación del Contrato social en Buenos Aires poco tiempo después de haberse instalado la Junta de Gobierno que él inspiró con tremenda firmeza. Las ideas fundamentales de Rousseau, resumidas a veces en términos tajantes, aparecieron una y otra vez en los escritos de los patriotas ilustrados —y propensos a la radicalización— que creyeron en la necesidad de buscar un nuevo fundamento para las nuevas sociedades. Y acaso por la influencia que tuvieron sobre muchos de ellos los textos constitucionales de los Estados Unidos, apareció explícitamente la tesis del contrato social en la Constitución venezolana de 1811 y en el proyecto de Constitución para la Provincia Oriental que inspiró Artigas en 1813. Del mismo modo, no fue azar que Nariño publicara en Bogotá en 1794 la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y que los inspiradores de la conspiración de Gual y España hicieran lo mismo en Venezuela en 1797. Como las del Contrato social, esas ideas nutrieron las convicciones de quienes buscaban constituir los nuevos Estados sobre bases jurídicas y políticas modernas y avanzadas; y si algunas veces aparecieron explícita y extensamente en escritos teóricos y en documentos políticos, casi siempre están presentes de manera más o menos expresa y con alcance variable. Prácticamente y cualquiera hayan sido los modelos políticos preferidos, una nueva imagen de la sociedad política acompañó todos los procesos emancipadores.

Su rasgo distintivo fue un sentimiento republicano. Quizá en los hechos las nuevas sociedades políticas conservaron sus viejos prejuicios y sin duda la “gente decente” seguía despreciando al indio, al esclavo o, simplemente, al indigente. Pero el espíritu con que se concibieron las nuevas sociedades por parte de los que se sentían responsables de su nuevo ordenamiento jurídico y social fue esencialmente republicano y, explícita o implícitamente, igualitario y democrático. No se puso en práctica, ciertamente, la letra de las declaraciones que así lo establecían. Pero el principio quedó establecido, y debió apoyarse en un consenso creciente y en una convicción muy arraigada puesto que, desde entonces, no se debilitó sino que, por el contrario, se fue traduciendo progresivamente en una mayor vigencia. Fueron expresiones ejemplares de aquel espíritu el “Decreto de honores” que, a pedido de Mariano Moreno, suscribió la Junta de Gobierno de Buenos Aires de 1810, y el singular título que adoptó en México José María Morelos en 1813, cuando decidió autodesignarse “siervo de la Nación”, él, que tenía hasta donde alcanzaba su jurisdicción todo el poder revolucionario. Pero, más acá de las expresiones simbólicas o retóricas, la supresión formal de los privilegios fue un hecho, que se concretó con mayor o menor celeridad según los países y circunstancias, pero del que no se volvió atrás en ningún caso. Hubo nuevas elites, nuevos grupos privilegiados, pero los postulados igualitarios y democráticos quedaron en pie, y palmo a palmo, consiguieron ir transformándose en principios vigentes.

Signo de la extensión y la profundidad de ese sentimiento fue que se los extendiera a los sectores más desheredados. Los revolucionarios mexicanos —Hidalgo y Morelos— asumieron el papel de defensores de indios y proyectaron restituirles la condición humana que los conquistadores les habían arrebatado. Y la Asamblea argentina de 1813 proclamó la “libertad de vientres” en un intento de resolver progresivamente el problema de los esclavos. Indios sometidos a tributo y negros reducidos a esclavitud constituían el más bajo nivel de la escala social: hacia ellos, justamente, se dirigió la atención de quienes aspiraban a fundar una sociedad más justa hasta donde era posible, dado el juego fáctico de los intereses; y si hubo marchas y contramarchas en la concesión efectiva de la libertad y de la equiparación de derechos, también en esto la persistencia de las primeras actitudes probó el vigor y la firmeza de los contenidos sociales y políticos del movimiento emancipador.

Vulnerar el principio de la servidumbre indígena o de la esclavitud negra significaba introducir una nueva actitud con respecto a la mano de obra barata sobre la que se basaba la economía americana. Y, en efecto, el movimiento emancipador tuvo también contenidos económicos. Junto a los problemas de la mano de obra enfrentó otros. Tanto Hidalgo y Morelos en México como Artigas en Uruguay tomaron el toro por las astas y pusieron sobre el tapete la cuestión fundamental de la tierra, de manera empírica y sin que necesitaran apelar a las doctrinas fisiocráticas. Ciertamente Boves había descubierto en Venezuela que la redistribución de la riqueza ganadera movía a las poblaciones rurales a favor de quien la intentara, y con ello sustrajo mucho apoyo a los patriotas. De modo análogo, aunque con inversa intención, Hidalgo, Morelos y Artigas sumaron muchas voluntades al movimiento emancipador al echar nuevas bases sociales y económicas en la vida de los campos. Pero el movimiento emancipador tuvo sus principales apoyos, en los primeros momentos, en las burguesías urbanas, y en relación con ellas exhibió también una clara actitud económica. Inequívocamente mercantilista, inspirado por principios de la Ilustración española o por las ideas de Adam Smith, proclamó el principio de la libertad de comercio, tal como la habían solicitado reiteradamente quienes se sentían directamente perjudicados por el sistema monopólico, y quienes, desde el punto de vista de los intereses generales, advertían las posibilidades de expansión y progreso que prometía el comercio libre. Pero, instantáneamente, el movimiento emancipador debió hacer frente a los conflictos de intereses. Entre quienes propiciaban la libertad de comercio, algunos —especialmente en los centros clave del comercio colonial— procuraban subrepticiamente conservar para sí, dentro del nuevo régimen, algún tipo de monopolio o de ventaja. Contra esa tendencia se levantaron Artigas en la Banda Oriental y el doctor Francia en Paraguay, ambos dispuestos a quebrar la absorbente preponderancia comercial de Buenos Aires. Y buena parte de las razones que en otras regiones de América estimularon los movimientos federalistas obedecieron a las mismas razones.

Si la experiencia de las revoluciones de Francia y de los Estados Unidos sirvió para filtrar las ideas políticas de origen francés que penetraron el movimiento emancipador hispanoamericano, la cautelosa elaboración de las nuevas ideas de diverso origen que hicieron los pensadores españoles de la Ilustración proporcionó otros contenidos al movimiento. Sin duda, los económicos, que se trasvasaron intactos de la metrópoli a las colonias poco antes de la Emancipación y después de ella. Pero también otros. Fue la influencia de la Ilustración española la que sostuvo, mientras fue posible, la esperanza de mantener a las colonias en el marco de una monarquía que se esperaba ver liberalizada después de la reunión de las Cortes de Cádiz. Pero abandonada esa línea de pensamiento político por la fuerza de las circunstancias, la Ilustración española siguió influyendo en otros aspectos: en lo religioso y en lo cultural.

Salvo rara excepción, todos los hombres que promovieron el movimiento emancipador y todos los documentos que produjeron se esforzaron en declarar enfáticamente su adhesión a la religión católica, inclusive los más jacobinos. Más aún, se la estableció generalmente como religión del Estado y, aún más, se proscribieron todas las otras de manera expresa. Sólo Artigas exigió que se declarara la libertad de conciencia y propuso, en su proyecto constitucional de 1813, que se estableciera la libertad de cultos, autorizando a cada uno a “adorar a Dios en la manera y ocasiones que más le agrade… con tal que no turbe la paz pública ni embarque a los otros en su culto religioso de la Santa Iglesia Católica”.

No hubo, en cambio, excepciones en cuanto al valor atribuido a la educación y a la cultura general. Muchos habían pronunciado, en los últimos tiempos de la colonia, palabras semejantes a las de Santa Cruz y Espejo cuando propuso la fundación en Quito de una Sociedad Patriótica que denominó “Escuela de la Concordia”. La Ilustración general era la garantía de la dignificación de los ciudadanos, pero, sobre todo, de su progreso material. Las sociedades de “Amigos del País” estaban destinadas a difundirla. Cuando se produjo el movimiento emancipador, los gobiernos patriotas procuraron estimular la cultura general. Convirtieron los periódicos oficiales en tribunas de enseñanza; pero además fundaron escuelas y bibliotecas públicas. Moreno en Buenos Aires y Larrañaga en Montevideo escribieron densos pensamientos sobre la significación de estos centros para el robustecimiento de las instituciones republicanas y democráticas. Y Monteagudo discurrió sobre el tema cuando inauguró en Buenos Aires la Sociedad Patriótica en 1812.

Volcar los contenidos doctrinarios del movimiento emancipador dentro de un marco jurídico que asegurara la independencia, constituyó la preocupación fundamental de quienes recibieron el poder al triunfar el movimiento. Grave problema era crear un Estado nuevo, fundado en nuevos principios, sobre la base de situaciones sociales y políticas confusas e inestables. Muchas veces no se sabía siquiera hasta dónde llegaría la jurisdicción territorial del nuevo gobierno, puesto que no en todas partes era acatado del mismo modo. ¿Subsistiría el viejo orden colonial? Cosa difícil era suplantarlo por otro sin que existiera experiencia alguna. Había, eso sí, experiencia extranjera. Y a ella se acudió, con la esperanza de que un modelo político ya experimentado, que se ofrecía orgánicamente constituido, sirviera como un molde en el que se pudiera introducir una realidad social confusa que amenazaba con hacerse caótica en muy poco tiempo. Así apareció una decidida vocación constitucionalista, inspirada en los ejemplos de la Francia revolucionaria y de los Estados Unidos.

El constitucionalismo fue casi una obsesión desde el primer momento. Sin que se pudieran establecer principios válidos de representatividad, se convocaron por todas partes congresos que debían asumir la soberanía de la nueva nación y sancionar la carta constitucional que, de arriba hacia abajo, moldearía la nueva sociedad. Los principios parecían sólidos, indiscutibles, universales. Pocas opiniones —ninguna— los objetaban. Sólo los contradecía la realidad social y económica, que desbordaba los marcos doctrinarios con sus exigencias concretas, originales y conflictivas.

Actas, estatutos, constituciones, fueron redactados, discutidos y sancionados en número considerable. Teóricos, como Egaña en Chile o Peñalver en Venezuela, discutieron minuciosamente la letra de las normas. Todos parecieron creer que una sabia constitución era el recurso supremo para encauzar la nueva vida de las sociedades, y sólo discrepaban los que pensaban que debía ser meticulosa y casuística con los que creían que debía ser sencilla y limitada a las grandes líneas de organización del Estado. Quizá Nariño fue el más escéptico acerca de la representatividad de los cuerpos colegiados que las aprobaban y acaso también de la verdadera eficacia que podía tener un conjunto de enunciaciones principistas frente a una realidad caótica que, más que desbordar los principios, parecía manifestarse a través de problemas cotidianos y contingentes que no se encuadraban en ellos y que, sin embargo, era menester resolver en cada ocasión. Así, frente al constitucionalismo, se fue constituyendo poco a poco una mentalidad política pragmática que debía terminar justificando la dictadura de quien tuviera fuerza y autoridad para asegurar el orden y la paz resolviendo autoritariamente los conflictos concretos surgidos de los intereses y las expectativas en pugna.

En el cuadro de esas incertidumbres frente a la conducción del proceso de la Emancipación surgió el designio de romper el círculo vicioso mediante la acción revolucionaria y radicalizada. Muchos querían pactar con el pasado, pero otros quisieron declararlo inexistente y construir a sangre y fuego un nuevo orden político, social y económico. Tal era el sentido del Plan atribuido a Moreno, de las decisiones adoptadas por Bolívar en el Manifiesto de Cartagena y, sobre todo, en la convocatoria a la “guerra a muerte” del plan político elaborado por Morelos. Lo importante era destruir el pasado, destruyendo a quienes lo representaban, a sus defensores, y también a los tibios que se resistían a sumarse a la acción revolucionaria o que, por omisión, la obstaculizaban. La destrucción era para ellos el principio de la creación, seguros de que sólo su inflexible seguridad podría erigir un nuevo orden basado en principios preestablecidamente perfectos. Un voluntarismo exacerbado —un jacobinismo— parecía la única esperanza para prevenir la derrota o el caos, y se advertía tendencia semejante aun en proyectos menos extremados, como los de la Logia Lautaro.

Pero cierto caos, o al menos cierta confusión, se insinuaba a través de las respuestas de la realidad a todas las construcciones teóricas: actas, constituciones, planes políticos radicalizados. La realidad era el mundo viejo; las gentes que seguían viviendo, después del sagrado juramento revolucionario, exactamente como la víspera. Estaban los que esperaban que la revolución fuera hecha para resolver sus propios problemas y los que no querían que se hiciera nada para beneficiar a sus adversarios o competidores. Pero ningún principio solemnemente establecido y filosóficamente fundado podía justificar que los privilegiados de ayer siguieran siendo los privilegiados de hoy. Esta convicción elemental fue la que suscitó el más grave problema postrevolucionario: el enfrentamiento entre las viejas capitales coloniales y las regiones interiores de cada virreinato o capitanía general.

El problema quedó a la vista al día siguiente del triunfo de los movimientos capitalinos. Sedes principales de la actividad económica, sedes políticas y eclesiásticas, las capitales eran también los centros más importantes de cultura. En ellas se constituyeron los grupos políticos más activos y con mayor claridad de miras. Sin duda quisieron estos conservar el control sobre la región, pero descubrieron muy pronto que necesitaban su consentimiento y convocaron a las provincias para que concurrieran a constituir congresos representativos. Y en las deliberaciones que siguieron apareció de inmediato, en todos los casos, lo que sería la cuestión candente durante muchas décadas. El dilema fue elegir entre un gobierno centralizado, con lo que se consolidaba la situación anterior, y un régimen federal que diera paso a las regiones interiores, antes sometidas administrativa y políticamente, relegadas como áreas económicas, pero que ahora veían la ocasión de desplegar sus posibilidades.

En términos doctrinarios, centralismo o federalismo fueron dos posiciones políticas antitéticas. El modelo político norteamericano sirvió de apoyo a los federalistas, cuyos argumentos esgrimieron sus partidarios en el congreso venezolano de 1811. Circuló en Venezuela la obra de Manuel García de Sena titulada La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha, publicada en Filadelfia en 1811, en la que el autor ofrecía la traducción de fragmentos de Paine y, además, la de los textos constitucionales norteamericanos: la Declaración de la independencia, los Artículos de Confederación y perpetua unión, la Constitución de los Estados Unidos y las constituciones de varios estados de la Unión. La obra ejerció una enorme influencia y estuvo presente en las mentes de los congresistas que dictaron la constitución de 1811. En Chile, ese mismo año, difundía los mismos principios Camilo Henríquez, en un célebre artículo, “Ejemplo memorable”, publicado en La Aurora de Chile. En Paraguay los hacía valer el doctor Francia contra Buenos Aires. En Uruguay, el más decidido defensor de los principios federalistas, Artigas, se valía también de la obra de García de Sena para sostener su posición también contra Buenos Aires. En Nueva Granada los sostuvo Camilo Torres, siempre apoyado en el ejemplo norteamericano. Todos hacían alarde de abundante doctrina histórica, jurídica y política. Pero su fuerza radicaba, sobre todo, en las tendencias regionalistas que presionaban fuertemente para neutralizar la influencia de las antiguas capitales coloniales, deseosas de mantener su antigua hegemonía.

Se opusieron al federalismo muchos que querían, precisamente, conservar esa hegemonía. Pero muchos también que veían con preocupación el debilitamiento que el federalismo significaba para el gobierno revolucionario, que sólo podía concebir como un instrumento vigoroso y eficaz para consumar el proceso emancipador. Moreno lo señalaba al escribir sobre la misión que esperaba al congreso que la Junta de Buenos Aires había convocado. Bolívar se inclinaba por el centralismo en el Manifiesto de Cartagena, sacando conclusiones de la dura experiencia venezolana de 1812, y optaron por el mismo sistema Nariño en Nueva Granada y Monteagudo en el Río de la Plata, también tras un análisis de los resultados prácticos de la dispersión del poder. Fue una polémica que comenzó al día siguiente del triunfo —en algunos casos efímero— del movimiento emancipador, y que duraría durante largas décadas en medio de cruentas guerras civiles en las que se disputaba la hegemonía política y el control de la economía de las nuevas nacionalidades.

En muchas mentes lúcidas comenzó a flotar muy pronto, poco después de alcanzar el poder revolucionario, el fantasma de la guerra civil. Asomó en la convocatoria de la Junta de Santa Fe de Bogotá, en las palabras de Nariño en 1813, en las de Artigas. La guerra civil —a veces conflicto entre facciones, a veces enfrentamiento de voluntades colectivas— no sería sino el mecanismo inevitable para decidir cuestiones estructurales de cada nacionalidad, puestas de manifiesto inequívocamente al cesar la administración colonial. Pero, entre tanto, los enfrentamientos doctrinarios y las guerras civiles carcomían la fuerza del movimiento emancipador. Otro fantasma, más amenazador aún, apareció en el horizonte.

La Emancipación había constituido hasta entonces un conjunto de actos políticos, declarativos; pero las fuerzas de la metrópoli no estaban derrotadas militarmente y aprovecharon la inexperiencia y la división de los gobiernos revolucionarios para recuperar sus posiciones. La capitulación de San Mateo, firmada por Miranda, devolvió Venezuela a los españoles en 1812; y aunque Bolívar logró recuperar Caracas, volvió a perderla en 1814, hostigadas sus fuerzas en los llanos. Ese mismo año eran vencidos los patriotas chilenos en Rancagua. Y al año siguiente, mientras se perdía el Alto Perú y caía derrotado Morelos en México, el temido ejército de Morillo desembarcaba en las costas venezolanas, robusteciendo allí la dominación española y extendiéndola a Nueva Granada, donde sitió Cartagena y entró en Bogotá en 1816. De esa manera terminaba la “Patria boba”, la experiencia de los primeros patriotas formados políticamente en la ventajosa situación creada por la crisis española. Todo parecía perdido y todo tenía que recomenzar.

Tres textos singulares reflejan una clara conciencia de la situación y la maduración de una experiencia. El primero es el Manifiesto de Cartagena, dado por Bolívar en 1812 tras la derrota de Miranda, en el que analiza las causas del fracaso de la revolución. “Pero lo que más debilitó al gobierno de Venezuela —escribía—, fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales, y constituye a las naciones en anarquía”. Pero antes había expresado un juicio más general: “Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados”. Diestro escritor, Bolívar apuntaba ya como un político realista para quien la patria nueva no podía ser “boba”. El segundo es la Carta de Jamaica escrita en 1815. Bolívar se muestra en ella aún más categórico. Convencido de la indiferencia de Europa y de Estados Unidos frente a los altibajos de la lucha por la independencia, trataba de puntualizar los errores cometidos, gracias a los cuales parecía perderse la lucha emprendida. Los criollos, decía, habían demostrado una total inexperiencia política. Pero lo más grave eran los caminos que habían seguido tras la conquista del poder, los más inadecuados para consolidarlo y para resistir los nuevos embates del poder español. Ni los gobiernos acentuadamente democráticos ni la organización federal del país podían permitir una acción firme, sostenida, precisamente porque las decisiones eran imprecisas y controvertidas y porque los recursos se dispersaban. Las soluciones opuestas eran las necesarias para triunfar. Y en un rapto visionario, esbozaba cuál sería el porvenir de cada región americana cuando se sobrepasase la crisis de debilidad que acusaba entonces el proceso emancipador. Finalmente, el tercero es el Ensayo que escribió Camilo Henríquez en 1815, ya en Buenos Aires, en el que revisaba sus convicciones radicales y aconsejaba dejar de lado los principios democráticos. “Por ahora, decía, no hagáis más que elegir a un hombre de moralidad y genio revestido con la plenitud del poder…”. Agudo observador, también él se deslizaba hacia el realismo político, convencido de la importancia revolucionaria de los gobiernos nutridos con los principios que habían merecido su adhesión en la primera hora. Porque también, para él, la patria nueva no podía ser “boba”.

En 1815 todo parecía perdido. Y al recomenzar, una nueva mentalidad política comenzó a predominar, en el marco de las grandes batallas.

IV

El realismo político fue la consecuencia natural de las duras experiencias sufridas por los revolucionarios en América, pero también de la percepción del cambio que se había operado en la situación internacional. La era del entusiasmo democrático parecía haber concluido, y el general argentino Manuel Belgrano pudo decir en 1816, al informar al Congreso sobre la política europea, “que así como el espíritu general de las naciones en años anteriores era republicano todo, en el día se trataba de monarquizarlo todo”. La Europa de la Santa Alianza era hostil a la América rebelde contra su soberano y era previsible que apoyara un intento formal y vigoroso de España para recuperar sus colonias. La dirección del movimiento emancipador pasó, pues, de los ideológicos a los soldados metódicos y tenaces dispuestos a afrontar los nuevos riesgos hasta las últimas consecuencias y con los medios más eficaces. Ya lo advertía Bolívar en la Carta de Jamaica y San Martín lo afirmó al asumir su tremenda responsabilidad militar.

Pero si el cuadro internacional se oscurecía, el estado de ánimo de los americanos se aclaraba y crecía en fortaleza. La experiencia de los fracasos robusteció un fuerte sentimiento antiespañol que fue expresado con vehemencia. Se lo advierte en el Manifiesto al Mundo que lanzó en Tucumán el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas en 1817, y en casi todos los documentos que produjeron San Martín y Bolívar. Y un vigoroso sentimiento antiportugués se trasluciría en los textos relacionados con la independencia del Brasil entre 1821 y 1822. España no representaba ya solamente la antigua opresión sino, más aún, la frustrada esperanza de regeneración tras el regreso de Fernando VII en 1813 y la derogación de la constitución liberal. El sentimiento antiespañol se entrecruzaba en las regiones que querían resistir con el sentimiento antiabsolutista, en tanto que en México y en Guatemala predominaba en las clases acomodadas urbanas una manifiesta simpatía por el gobierno de la Restauración.

Donde seguía comprometida la lucha, la adversidad estimuló los ánimos para la lucha. Bolívar preparaba sus fuerzas desde el exilio y retemplaba el coraje de los patriotas con palabras tan fervorosas y categóricas, semejantes, sin duda, a las que escribió desde Jamaica. En el sur, San Martín escribía desde su cuartel general de Mendoza a los diputados de la región incitándolos a que el Congreso declarara la independencia. Y en esas circunstancias, cuando las Provincias Unidas constituían el único rincón americano libre de la dominación española, decidieron en 1816 pronunciarse explícitamente por la independencia en un documento que expresaba tácitamente la voluntad de todas las colonias.

Nada quedaba ya de aquella sutil estrategia que aconsejara en un primer momento utilizar la “máscara de Fernando VII”. Ahora predominaba un inequívoco designio independentista que debía ser alcanzado a cualquier precio. Si antes el rey cautivo pudo ser el símbolo de la opresión de todo el mundo hispánico por una potencia extranjera, ahora el rey restaurado era el símbolo de amenazadoras represalias, y no sólo por parte de España sino también de toda la Europa autocrática, de la que sólo se mantenía separada Inglaterra, fiel a su tradición liberal. Por eso fue la esperanza para muchos. Pero fue evidente para todos que la lucha se libraría en tierra americana y con sus solas fuerzas, con el fin de alcanzar el objetivo primordial e inexcusable de que cada nación llegara a ser —como decía el documento argentino de 1816— “libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. A esa fórmula se agregó poco después una frase reveladora: “y de toda dominación extranjera”. Tal era el pensamiento fundamental, cualesquiera pudieran ser las soluciones institucionales que los diversos grupos políticos de cada país creyeran preferibles.

En pocos años, el sentimiento de la nacionalidad había despertado, había madurado en la lucha y se convirtió en una fuerza irreprimible. Fue un estado de conciencia colectivo, acaso difuso en cuanto a sus contenidos concretos, pero de una tremenda vehemencia. La idea de nación, un poco abstracta, se nutrió de la idea de patria, tanto más vivida cuanto que era, más que una idea, un sentimiento. Cada nuevo país —países apenas virtuales todavía muchos de ellos— se concentró en su propia personalidad colectiva, en sus hombres y en su paisaje, y se sintió seguro no sólo de ella sino también de cuanto la diferenciaba de los demás. Jugaban los intereses, sin duda, pero jugaban también las idiosincrasias inveteradas, las costumbres cotidianas y las formas del habla popular. Quizá por ser un sentimiento recién despertado, se mostró a veces desbordante y agresivo. Pero sobre todo se mostró susceptible a toda forma de agravio o de desdén. Y fue singular la energía que se puso en responder a quien lo agraviaba o desdeñaba.

Pero acaso fue más singular el extremado tino que se mostró en muchos casos para no ofenderlo. El director de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón, se detenía cuidadosamente, en las Instrucciones que comunicaba a San Martín para su expedición a Chile, en la necesidad de que se viera en esa empresa un auxilio a un pueblo hermano y no una aventura conquistadora. Todos los documentos de San Martín revelaban que esa era su convicción profunda y su política. Los que destinó a los peruanos insistían reiteradamente en el tema del respeto que merecía el libertador del pueblo que había coadyuvado a liberar, repitiendo una y otra vez que sólo aceptaba las funciones que le eran otorgadas y mostrándose siempre dispuesto a abandonarlas en manos de los naturales del país. Era la expresión de una política, pero también el reconocimiento de una situación. Artigas y Francia habían defendido —airadamente— desde un principio la inequívoca individualidad de la Banda Oriental y del Paraguay. Argentina y Chile habían mostrado su arraigado nacionalismo. La idea de patria movía los espíritus, pero movía también las voluntades y los corazones.

Otra política, en otra situación, puso en práctica Bolívar. La vieja idea de la nación americana lo obsesionaba, y al servicio de ella, con la misma tenacidad y los mismos escrúpulos, desarrollaba su acción militar y política tratando de mantener, a un tiempo mismo, la autonomía de las nacionalidades estrictas y la unidad operativa de todas ellas para consolidar la independencia y precaver todos los riesgos. Se observa esa política tanto en el discurso inaugural de Bolívar en el Congreso de Angostura como en el que Francisco Antonio Zea pronunció para clausurarlo. La identidad de la situación y la comunidad del peligro parecía justificar esa concepción de la “patria grande”, la soñada Colombia, en la que se unían voluntariamente las nacionalidades que invocaba Zea: “Pueblos de Venezuela… Pueblos de Cundinamarca… Pueblos de Quito… “, todos ellos unidos antes por un mismo terror y todos liberados por la tenaz voluntad de Bolívar. “Es gloria —decía Zea— pertenecer a un grande y poderoso pueblo, cuyo solo nombre inspira altas ideas y un sentimiento de consideración. ‘¡Yo soy inglés!’, se puede decir con orgullo sobre toda la tierra, y con orgullo podrá decirse un día: ‘Yo soy colombiano’, si vosotros todos adherís firmemente a los principios de unidad y de integridad proclamados por esta ley y consagrados por la experiencia y la razón”.

El mismo pensamiento se escondía en muchos hombres de Buenos Aires, que no desesperaban de reconstituir el viejo ámbito del Virreinato del Río de la Plata atrayendo de nuevo bajo su bandera a la Banda Oriental y al Paraguay. Pero en ambos casos —en el sur y en el norte sudamericano— las nacionalidades estrictas, que aún para algunos no eran sino un conjunto de regiones distintas, lograron imponer su voluntad de independencia y su designio de correr su propia aventura. Ensayos, proclamas y manifiestos confundían el proceso emancipador con la identificación de las nacionalidades, coincidentes a veces en sus límites con las jurisdicciones coloniales y recortadas otras según intereses económicos o modalidades sociales. Coincidiendo con la sensibilidad política del Romanticismo —Burke, Fichte—, la existencia de caracteres o idiosincrasias nacionales se transformó en la América que se emancipaba en una convicción profunda, anterior y ajena a cualquier influencia ideológica o doctrinaria. Ser mexicano, venezolano o argentino era un estado de ánimo, casi una creencia. Y ese estado de ánimo trascendió en las proclamas —como las de O’Higgins o Pedro I, las de Artigas o Iturbide—, envuelto a veces en una fraseología convencional, pero emergiendo de ella como una fuerza incontenible.

Tanto la voluntad de independencia como el sentimiento de la nacionalidad crecieron y se tonificaron tras la crisis que sufrió el proceso emancipador hacia 1815. Pero no pasó lo mismo con los principios políticos y sociales emanados de la experiencia y las doctrinas francesas y norteamericanas, que habían nutrido los primeros impulsos revolucionarios. A su radicalismo atribuyeron muchos los entorpecimientos y los fracasos que había sufrido el movimiento emancipador; y como la suerte de Europa pareció confirmar esta opinión, prosperó una cautelosa distinción entre el valor intrínseco que aquellos principios tenían como tales y su valor práctico en relación con la situación real por la que América pasaba. Hubo quienes retomaron los viejos tópicos del contrato social y de los derechos del hombre y el ciudadano, de la soberanía popular, del gobierno representativo, de la división de poderes. Eran, unas veces, pensadores de regiones que, como México, América Central y las Antillas estaban retrasadas con respecto a las demás en el proceso emancipador y que seguían elaborando los principios posibles; pero otros hombres comprometidos en la segunda etapa del movimiento ajustaban las doctrinas recibidas para adecuarlas a meditados textos constitucionales o legales a los que aquellas ideas servían de fundamento, generalmente en términos moderados y traducidas en instituciones cuidadosamente reguladas. El viejo espíritu de la Ilustración había cuajado en las conciencias, aun cuando cada una de las ideas que habían brotado de él pudiera ser discutida en sus alcances. Nadie cuestionaba, naturalmente, la importancia de la educación popular, por la que se preocupaban tanto San Martín y Bolívar. Otras ideas, en cambio, relacionadas con la práctica del gobierno, eran constantemente sometidas a examen; pero aun así, se advertía que estaban incorporadas a los espíritus como principios generales, hasta el punto de constituir un punto de partida inexcusable o inextinguible para todo el pensamiento político relacionado con las nuevas nacionalidades. Se manifestó, ciertamente, un viraje hacia posiciones más conservadoras, como si se hubiera desatado un acentuado temor por las formas tumultuosas que podía tomar el pleno ejercicio de la soberanía popular desprovista de ciertos frenos institucionales. La constitución de una aristocracia republicana pareció alguna vez un requisito necesario para asegurar la estabilidad de los nuevos regímenes, constituida acaso por los antiguos grupos predominantes con inequívoca vocación oligárquica, como aquellos que habían desencadenado la primera insurrección quiteña o como los “mantuanos” de Caracas; pero, de hecho, esa nueva aristocracia se fue estableciendo poco a poco y espontáneamente como una nueva elite política y militar que las circunstancias iban creando. Hombres experimentados, con un vigoroso sentido de la responsabilidad adquirido en la acción, podían y debían ser, en opinión de muchos, quienes a través de cuerpos colegiados de alta dignidad —acaso corporativos o hereditarios—, vigilaran la marcha de la República.

Los grandes principios inspiraron grandes constituciones; pero aunque estas se inspiraban en aquellos, asomaba en sus textos la preocupación por reducir los riesgos de una excesiva democracia. Sin embargo, no había manera de contener con prescripciones constitucionales o legales una irrupción social que venía de muy hondo, y fueron más bien los gobiernos fuertes los que sustituyeron a las constituciones, a las que usaron como pudieron o, a veces, como quisieron los nuevos grupos de poder que se constituían.

Lo que sí quedó claro en todos los espíritus responsables —tan claro como la inequívoca vigencia rectora de los principios de la Ilustración— fue la necesidad perentoria de cerrar el ciclo de los movimientos anárquicos. Lo declaró solemnemente el decreto del primero de agosto de 1816, dictado por el Congreso de las Provincias Unidas con palabras enfáticas: “Fin a la revolución, principio del orden”. Fue una consigna generalizada que, sin duda, ningún gobierno estaba en condiciones de transformar en acto, pero que constituiría el hilo conductor de una política. La anarquía era lo que desacreditaba en Europa a los pueblos americanos, lo que impedía el apoyo extranjero, lo que comprometía el éxito de la acción militar. Dos temas suscribían esta preocupación por los peligros de la anarquía, relacionados con la forma de gobierno que debía adoptarse.

El primero era un tema formal y se refería a la posibilidad de instaurar un gobierno monárquico. Sin duda, los movimientos emancipadores habían nacido consustanciados con una concepción republicana. Pero el clima político europeo, bajo la inspiración de la Santa Alianza, invitaba a pensar en una monarquía que debía tener, a los ojos de sus sostenedores americanos, no los caracteres del absolutismo que se restauraba en Europa, sino los que ofrecía el modelo inglés, al que se volvía otra vez como la más avanzada de las posibilidades reales. La monarquía parecería el mejor mecanismo estabilizador de la vida política, y ya Dessalines había recurrido a él en Haití instaurándose emperador. Más tarde, también en México y Brasil se establecieron, con el nombre de imperios, regímenes monárquicos a cuya cabeza estuvieron el general Agustín Iturbide y Pedro I, este último miembro de la casa real portuguesa que decidió encabezar el movimiento separatista del Brasil que culminó con su independencia. Limitado el poder del primero, hubo de serlo también el del segundo según el proyecto que acariciaban los inspiradores de la causa emancipadora, y José Bonifacio entre todos. Pero los desacuerdos entre el Congreso constituyente y el emperador llevaron a este a disolver la asamblea, y Pedro I quedó con todo el poder en sus manos. Muy breve, por su parte, fue la experiencia monárquica de Iturbide en México, y pareció probar la inutilidad de las fórmulas jurídicas y políticas por sí solas para lograr la estabilización de una sociedad por sí constitutivamente inestable. Pero muchos de los que sostuvieron las ventajas de la monarquía veían en ella la máxima expresión de lo que verdaderamente deseaban: un poder ejecutivo fuerte defendido por algún tipo de legitimidad que limitara los vaivenes políticos. Esa legitimidad le fue reconocida a Pedro I en Brasil, aunque no se lograra un cambio importante hacia la democracia en el sistema de gobierno, y a causa de ella subsistió allí el orden mientras los demás países americanos se veían sumidos en la anarquía. La legitimidad era lo que buscaban Miranda primero, Belgrano y San Martín después, cuando pensaban en un inca para que invistiera la dignidad real, porque ella, y no las atribuciones conferidas por una constitución, era la que realmente podía contener el delirio político. No pudiendo resolver el problema de la legitimidad, no quedaba otra opción a quienes querían poner freno al desorden y la anarquía que el segundo recurso. La idea de un presidente vitalicio apareció como otra posibilidad; pero fue pensada sobre todo por aquellos que veían en la fuerza carismática de Bolívar un elemento extrajurídico que podía reforzar a la institución. Todos los recursos fracasaron y sólo hubo poder fuerte allí donde la fuerza —no las instituciones— lo respaldaron.

Pero no todas las voces que se escucharon fueron favorables a la monarquía. La tesis republicana encontró muchos defensores. En el Congreso de las Provincias Unidas la sostuvo fray Justo Santa María de Oro; en Perú se puso a la cabeza de esa tendencia José Faustino Sánchez Carrión, oponiéndose a San Martín y a Monteagudo; en el área de influencia bolivariana acariciaban sentimientos republicanos Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander; y desde los Estados Unidos polemizó contra la anarquía el ecuatoriano Vicente Rocafuerte. El sistema republicano se impuso al fin en todas partes, excepto en Brasil, y fue puesto a prueba a través de innumerables peripecias que, más tarde, incitarían a algunos, en algunos países, a volver a pensar en la necesidad y la ventaja de la monarquía.

El segundo, suscitado por el aciago panorama político de los pueblos que habían hecho su primer experimento revolucionario, fue el del federalismo. No era nuevo, puesto que apareció ya en los primeros días de la Emancipación; pero si antes se le discutió en previsión de sus consecuencias, luego, en plena crisis, polarizó las opiniones en la medida en que su aplicación pareció la causa eminente de todos los males. Fueron, sobre todo, los grandes responsables de la conducción militar los que sobresalieron en la condenación del sistema federal, preocupados obsesivamente por la concentración de los esfuerzos para la guerra, por la fortaleza del poder político que debía respaldar sus campañas, por el prestigio internacional de las nuevas naciones. Federalismo fue para ellos palabra maldita, sinónimo de anarquía y desorden. Sin duda los acompañaba una vigorosa corriente de opinión, sobre todo en las antiguas capitales coloniales; pero el federalismo parecía tener una fuerza sorda en las diversas regiones de cada país; y no porque se ignorara la debilidad que comportaba para la acción eficaz, sino porque temían que el centralismo reconstituyera y consolidara la vieja estructura económica y política de la colonia, en perjuicio de esas sociedades interiores que habían avanzado hacia el poder después de la revolución y que no querían volver a una situación de dependencia. Triunfaron de hecho las ideas centralistas, pero a costa de progresivas transacciones que originarían complejos y contradictorios sistemas políticos en muchos países.

Llevadas hasta sus últimos extremos, las tendencias centralistas podían conducir a un proyecto práctico y a una política real de unificación americana, viejo ideal que circulaba como tal desde la época de Miranda. Pero la unificación de tres países en Colombia, la retirada de San Martín después de la entrevista de Guayaquil, la debilidad de los países del área del Plata sumidos en la guerra civil, y el éxito de los ejércitos bolivarianos en Bolivia y Perú parecieron asignar posibilidades reales a aquel ideal de unidad americana. Empero, el sentimiento nacional y los intereses locales se mostraron suficientemente activos como para descubrir que la idea no era factible. Bolívar se mantuvo, sin embargo, fiel a ella, y poco después de que terminaran las luchas por la independencia convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá. El tiempo había pasado, y la línea predominante de las nacionalidades condenó al fracaso una aspiración tan sublime como utópica.

El tiempo había pasado. Los diez o quince años transcurridos desde los primeros movimientos revolucionarios habían sido de una tremenda intensidad y valían por vidas enteras para los que ya envejecían en los vaivenes de la lucha. Muchos se abismaron en sus recuerdos. Proscripto en Lima, y antes de acogerse a la sombra del poder de Bolívar, Bernardo de Monteagudo escribió en Quito, en 1823, la Memoria en que se defendía de los ataques de sus enemigos. El texto, magnífico documento humano y político, parece ser la voz de la conciencia revolucionaria americana de esos años turbulentos. En la exposición de sus cambiantes ideas se advierte la vehemencia de un temperamento pero, sobre todo, la inquietud de una mente despierta y vivaz. Para seguir el tortuoso juego entre las ideas recibidas en América y las cambiantes formas que adoptó la realidad social y política en los países que luchaban por su independencia, el testimonio de Monteagudo es inestimable. Todas las contradicciones de ese proceso laten en él, todas las esperanzas y las frustraciones, todas las experiencias y las reflexiones de quienes habían consumido su vida en la tormenta revolucionaria.

El pensamiento conservador en el siglo XIX. 1978

I

Más aún que en otras áreas, predominó en Latinoamérica después de la Independencia y todo a lo largo del siglo XIX una concepción de la ciencia histórica —muy difundida y de inequívoca estirpe iluminista— según la cual sólo parecen tener significado los procesos de cambio, y mayor significación mientras más acelerados e intensos sean. De hecho, sólo de ellos se ha ocupado la ciencia histórica habitualmente, limitada como se veía por tradición a los fenómenos de la vida política. La acción de los gobiernos, presumiblemente destinada a dar continuos y sucesivos pasos en busca del progreso, pero también las alternancias en la transferencia pacífica del poder y las revoluciones que interferían violentamente en ese juego parecieron monopolizar la atención de los historiadores, que sin duda supieron ahondar escrupulosamente en la busca de datos para completar las series cronológicas de los acontecimientos que componían esos procesos políticos. Una imagen vertiginosa de cambios, sucesivos y a veces alucinantes, suscita la lectura de la gran mayoría de las obras históricas latinoamericanas del siglo pasado y de buena parte de este.

Empero, es bien sabido que la vida histórica no se compone sólo de lo que cambia aceleradamente, y ni siquiera de lo que cambia en el mediano plazo. También forma parte de ella lo que cambia lentamente y, sobre todo, lo que parece no cambiar a fuerza de ser in¬significantes sus transformaciones a lo largo de extensísimos plazos. En rigor, sólo la justa percepción del juego que se produce entre esos componentes permite una exacta y rigurosa comprensión del conjunto de la vida histórica, y ninguno de ellos puede ser olvidado.

Ciertamente, muchos de los cambios de hecho que registra, a veces con extremada minuciosidad, la ciencia histórica, pueden ser meramente anecdóticos y, sobre todo, superficiales, esto es faltos de significación profunda: pudo pasar el poder de unas manos a otras sin que cambiara el sentido en que se ejercía. Pero otros cambios, y sobre todo los que se engarzaban constituyendo un proceso intencionado, solían manifestarse, precisamente, como un esfuerzo para modificar, en mayor o menor grado, aquellos estratos más estables y profundos de la vida histórica que, precisamente por serlo, son los que prestan un encuadramiento a las sociedades. Esos estratos son los que, con mayor o menor precisión, solemos llamar “estructuras“, y consisten en sistemas de vínculos y normas que, en distintos aspectos, rigen las relaciones recíprocas de los miembros de las sociedades, aplicándose a cada caso particular pero de acuerdo con vigorosos principios generales cuyos fundamentos arraigan en los niveles más profundos de la conciencia colectiva y tienen caracteres análogos a los de las creencias. Como estas, en efecto, poseen o parecen poseer cierta modalidad que los sitúa en un plano absoluto y, en consecuencia, por encima de todo cuestionamiento. Y ciertamente, las estructuras forman parte del pacto —ideal o real— con el que se constituye —y sigue constituyéndose permanentemente— una so¬ciedad, de modo que es inevitable que su cuestionamiento, y más aún su violación, parezca amenazar todo el sistema estructural de la sociedad.

Ahora bien, la amenaza que ciertos cambios entrañan o parecen entrañar para las estructuras y, más aún, para sus fundamentos, es percibida y acusada por los miembros de una sociedad con distinta intensidad, según el grado de arraigo y compromiso que cada uno tenga con ella. Los marginales serán indiferentes y los recién llegados serán tibios. En cambio, percibirán precozmente la amenaza que puedan entrañar ciertos cambios —y a la larga sus fundamentos, si esos cambios llegaran a prosperar— aquellos que están indisolublemente ligados a las estructuras tradicionales y a sus fundamentos. Son aquellos a quienes los ata una consustanciada tradición, importantes intereses económicos, un modo congénito de vida, vigorosos prejuicios y, sobre todo, la convicción profunda de ser herederos históricos y mandatarios de quienes establecieron —de manera tácita o expresa— aquellos fundamentos al instituir las estructuras originarias de la sociedad.

Pueden ser también los que, por un acto de voluntad, han decidido plegarse a ellos sin tener razones históricas para hacerlo. Pero todos estarán en estado de permanente alerta frente a las amenazas que pudieran cernirse sobre las estructuras y sus fundamentos, a través de cambios que, aún incipientes, delataran sus posibles proyecciones radicales.

Estos últimos son —definidos en lo más sustancial— los auténticos y constitutivos conservadores, más allá de las etiquetas partidarias y de los enfrentamientos con otros sectores puramente políticos. Porque los conservadores, aunque se expresan a través de actitudes políticas, son, mucho más que eso, los celadores de la preservación de las estructuras básicas. De allí el enorme interés que, para el análisis histórico, tiene su acción y su pensamiento, muchas veces independientemente de cómo se manifieste y de las palabras con que se exprese. Lo que en realidad están acusando y declarando tanto la acción como las ideas conservadoras es, por una parte, el riesgo que corre el sistema básico sobre el que está constituida la sociedad y, por otra, la necesidad de contrarrestar rápidamente toda amenaza para devolverle al sistema su integridad y su plena vigencia. Inversamente todo proceso de cambio —casi podría decirse, simplemente, todo proceso histórico— es percibido y juzgado como sospechoso de constituir una agresión a la integridad y a la plena vigencia de esa estructura o, mejor dicho, a las formas institucionalizadas que en cada momento adopta esa estructura.

Quizá por esta profundidad y sustantividad de la actitud conservadora sea tan difícil definir o caracterizar el pensamiento político que arranca de ella. Cualquiera sea el flanco por donde se lo aborde, se descubren fisuras en la conceptuación de sus contenidos y en el juego de sus relaciones tanto con la realidad política como con los demás sectores de acción y de opinión. Acaso una emancipación de las dificultades con que el observador minucioso y exigente tropieza para caracterizarlo constituye la maniobra envolvente más adecuada para conseguirlo.

Por lo demás, también la escasez de textos explícitos y la discutible especificidad de sus contenidos entorpece una definición precisa y rigurosa del pensamiento político conservador de Latinoamérica en el siglo XIX. Son muy pocos los estadistas, políticos y pensadores que se declaran explícitamente conservadores, por lo menos en relación con el número de los que, por otras consideraciones, pueden ser considerados como tales. Ese mismo hecho constituye ya un dato significativo. Y aun los que se declaran tales, matizan su pensamiento con ciertas reflexiones que contradicen el cartabón que hasta un momento antes parecía seguro para clasificarlos. Esto es también un dato significativo. Lo cierto es que el pensamiento doctrinario conservador suele aparecérsele al observador como oculto o desvanecido tras la acción inequívocamente conservadora de ciertos grupos, como si no les pareciera necesario a sus miembros declararlo explícitamente. Es fácil advertir que los fundamentos doctrinarios de la acción conservadora parecen a esos grupos de tal solidez y su vigencia tan indiscutible, que abundar en su consideración sería redundante, puesto que la acción conservadora es, para ellos, la acción legítima, la corrección forzosa y necesaria de otros comportamientos políticos que sí merecen y necesitan ser discutidos y fundamentados. Este desvanecimiento y ocultamiento del pensamiento conservador es lo que ha distraído la atención de los historiadores preocupados fundamentalmente por los procesos de cambio, para quienes aquel parecía carecer de relieve, a pesar de que sus efectos aparecían una y otra vez como si provinieran de una línea constante de comporta¬miento político, sobre la cual los impulsos de cambio constituyeran sólo esporádicas apariciones.

En rigor era así, aun cuando esa línea constante hubiera sufrido modificaciones a veces casi imperceptibles. Pero tanto en lo que tenía de constante como en lo que había en ella de lento y casi imperceptible cambio, la línea de comportamiento político conservador se apoyó en una doctrina que apareció como imprecisa a los actores contemporáneos y luego, también, a los observadores. Quizá no en sus últimos fundamentos, pero sí en su expresión ocasional, quizá porque el comportamiento político conservador se caracterizó por su pragmatismo.

Pero lo cierto es que había muy buenas razones para que el pensamiento político conservador se manifestara como impreciso. A diferencia de lo que genéricamente podría llamarse el pensamiento liberal, aquel no pretendió generalmente manifestarse con intención de propaganda o de docencia. Quienes lo sostenían parecían seguros de que expresaba el orden natural de las cosas, del que todos los cambios eran desviaciones ilegítimas y al que se habría de volver inexorablemente también por la fuerza natural de las cosas. Por eso el pensamiento político conservador no se expresó sino esporádicamente y, sobre todo, cuando pareció necesario salir al encuentro del adversario y responder a su desafío. Era inevitable, pues, que en cada caso adoptara las formas adecuadas al tipo de desafío según el bagaje doctrinario que el adversario le oponía, según el grado real de peligro que la agresión tenía, según la resonancia que aquella prédica había alcanzado y según la estrategia pragmática que las circunstancias aconsejaban a sus defensores, que unas veces creían poder jugar al triunfo total y otras solamente a una transacción. De ese modo, el pensamiento conservador presentaba una fisonomía relativizada, condicionada por el estímulo que la desencadenaba. De hecho, nunca —o casi nunca—, dijo todo lo que tenía que decir o lo que creía que tenía derecho a decir, sino sólo la parte que convenía a las circunstancias del momento.

Quizá fuera porque todo lo que creía que tenía derecho a decir no podía decirse. Se necesitaba la visceral convicción conservadora y el inverosímil desparpajo del peruano Felipe Pardo y Aliaga para afirmar el derecho absoluto e inalienable —casi divino, o acaso divino— de cierto grupo a la posesión de todos los bienes y todos los privilegios. Para los demás el sino estaba claro, pues eran tales

que uso de siglos a vivir condena

eslabonados en servil cadena.

A tales extremos no llegó nunca el pensamiento conservador político y doctrinario; pero como en el comportamiento político de algunos de los grupos que lo sostenían quedaba evidenciada esa convicción mediante hechos inocultables, quizá fuera exacto afirmar que esos extremos constituían la última retaguardia del pensamiento conservador, lo que tenía de absoluto, lo que constituía una ‘‘creencia”, en tanto que su expresión política fue siempre condicionada a las circunstancias y mostró su capacidad de maniobra para conservar en cada caso lo más que el juego de las fuerzas sociales y políticas permitía. Por eso esa expresión fue imprecisa, sin perjuicio de que tuviera un vigoroso respaldo tácito cuya precisión era total.

Con esas características, nada tiene de sorprendente que el pensamiento político conservador pueda parecer contradictorio cuando se lo analiza en sus textos. Ya es difícil —y contradictorio a veces— decidir qué textos lo expresan correctamente, sin que sea suficiente garantía, para un juicio histórico, el hecho de que quienes los redactaron se declaren conservadores o de que sean inequívocamente polémicos en relación con otras corrientes adversas al conservadorismo. El lector quizá se sorprenda de encontrar en esta colección algún documento que le llame la atención por parecer salido de la pluma de un liberal. Pero seguramente será alguno de los que han sido incorporados por pertenecer a alguien que, en su país, es económicamente considerado como conservador, y precisamente para destacar el carácter contradictorio del pensamiento político de ese sector, explicable en cada caso por razones circunstanciales.

Quizá la primera sea la equívoca relación que hay en el siglo XIX entre las actitudes políticas latinoamericanas y los rótulos que se adjudicaron —o les adjudicaron— a cada uno de los grupos en pugna. Lo puntualizaba el venezolano Pedro José Rojas en 1863, en una frase que bien pudiera aplicarse a muchos otros países: “Los partidos nunca han sido doctrinarios en tierra de Venezuela. Su fuente fueron los odios personales. El que se apellidó liberal encontró hechas por el contrario cuantas reformas liberales se han consagrado en códigos modernos. El que se llamó oligarca luchaba por la exclusión del otro. Cuando se constituyeron gobernaron con las mismas leyes y con las mismas instituciones. La diferencia consistió en los hombres”. ¿Cómo llegaron, pues, a definirse unos y otros, fundamentalmente, como conservadores o liberales? Eran palabras que habían sido acuñadas en Europa y que se trasladaron a Latinoamérica, y cada grupo las usó a su modo.

Quizá valga la pena detenerse brevemente en una reflexión sobre la antinomia de liberales y conservadores en Europa. Sin duda no se podría aplicar la frase de Pedro José Rojas a los partidos ingleses. Conservadores —o tories— y liberales —o whigs— constituyeron dos partidos profundamente doctrinarios, con dos opiniones antitéticas bien definidas con respecto a los términos del pacto social que se tradujo en la “Declaración de derechos”, sobre la que se asentó la nueva monarquía limitada inglesa a partir de la reina María y de Guillermo III. Y tan vigoroso era el sustento doctrinario, que unos y otros podían referir su pensamiento al de dos figuras tan eminentes como Hobbes y Locke. Los pensadores y políticos latinoamericanos conocían —mejor o peor— el pensamiento de estos grandes estudiosos de la política y también las luchas de los dos grandes partidos ingleses. Pero sin duda conocían más y entendían mejor los avatares de la política española, donde también se oponían dos grandes fuerzas políticas con el nombre de conservadores y liberales. Como secuela de la guerra carlista esos grupos se constituyeron a partir de actitudes y prejuicios y se enfrentaron con encarnizamiento. Pero el juego recíproco de unos y otros quizá pudiera caracterizarse con las palabras que aplicó a los partidos venezolanos Pedro José Rojas. Si la regente María Cristina tomó partido por los liberales fue, sobre todo, porque el pretendiente que aspiraba a desalojar a su hija de la sucesión al trono se declaró conservador; y lo mismo pasó con los generales, con los políticos, con los influyentes de cada región, ciudad o pueblo, y hasta con las familias de vieja rivalidad lugareña. La misma situación se mantuvo durante el reinado de Isabel II, a partir de 1843, y aún después de la revolución de 1868 que la depuso. Sin duda había también en España, detrás de la oposición de liberales y conservadores, ciertas actitudes básicas relacionadas particularmente con la influencia que debía asignársele al clero en la conducción de la vida política y aun de la vida social y cotidiana, sin entrar a discutir por eso problemas de religión o de creencias. Hubo “herejotes y “liberalotes”. Pero más pesaban las luchas por el poder y los intereses de las facciones, porque a nadie se le ocultaba en España hasta qué punto podía ser conservador un titulado liberal y viceversa. Contradictorio el pensamiento político conservador en España, también lo fue en Latinoamérica por razones muy parecidas.

Por lo demás, también fue contradictorio porque no era homogéneo. Se era conservador de varias diversas maneras, según el estrato social del cual se provenía o al cual se había prestado adhesión. Pero sobre todo —conviene repetirlo— según el adversario y el tipo de agresión o amenaza a la situación constituida: porque en esto consistía, en última instancia, ser conservador, y en relación con esa preocupación última se elaboró un pensamiento político que argumentaba de distintas maneras sobre la misma cosa.

En el fondo, el pensamiento político conservador era esencialmente pragmático. Consideraba que la realidad —en todos sus aspectos: socioeconómico, político, ideológico, religioso— era algo dado y constituido en un pasado remoto, por obra divina o, acaso, por un pacto social, que debía mantenerse inmutable o con el menor cambio posible. Y no se consideraba necesario argumentar sobre un hecho de tan inequívoca evidencia. Empero, hubo una línea de pensamiento conservador que fue principista y, en consecuencia, polé¬mico e inclinado a deslizarse hacia la polémica y la argumentación. El caso extraño fue el del conservadorismo ultramontano, especialmente a partir del momento en que la Iglesia decidió dar la batalla frontal contra el liberalismo, iniciada en 1864 con los documentos fundamentales del papa Pío IX: la encíclica Quanta Cura y el Syllabus. Apoyándose en ellos, el conservadorismo ultramontano salió a la palestra y propuso un sistema político y social que, si bien es cierto que pretendía robustecer de manera férrea la estructura tradicional, parecía ignorar las modificaciones irreversibles que ese sistema había sufrido ya desde la época de la Independencia, en la que habían circulado libremente y cuajado en actos e instituciones las ideas del liberalismo. Su principismo fue, en consecuencia, no sólo polémico sino utópico, puesto que, en rigor, no pretendía conservar las estructuras reales en ese momento sino restaurar la que había sido ya modificada en alguna medida y gozaba de un extenso consenso. De esa peculiaridad de su enfoque derivó su impracticabilidad. Pero hubo en el otro extremo de la gama otra línea de conservadorismo principista, caracterizada por la aceptación de ciertos principios del liberalismo, condicionada por una tendencia a moderar lo que consideraba sus excesos y, sobre todo, por la convicción de que sólo podían ser traducidos en hechos políticos o institucionales de una manera lenta y progresiva. De esta manera la línea que podría llamarse del conservadorismo liberal entró en colisión con el pensamiento constitutivamente conservador, con el ultramontano y también con el liberal, lo cual lo obligó a defender su posición en varios frentes.

En ambos casos el pensamiento conservador se mostró contradictorio. En el primero porque pretendía ser restaurador y no defensor de la situación real en el estado en que se hallaba, y en el segundo porque admitió el principio de cambio; y esta vez se aproximó al ala conservadora del liberalismo, que realizó un proceso inverso. Este segundo caso pudo observarse nítidamente en Latinoamérica, y se manifestó a través de una marcada ambigüedad de opiniones. El conservadorismo liberal fue definidamente conservador frente a ciertas cuestiones, especialmente relacionadas con los fundamentos del sistema social y económico, pero aceptó algunas propuestas del liberalismo referidas especialmente al plano político, sin duda porque descubría que no afectaban al sistema. Y era explicable. Conser¬vadores y liberales solían coincidir en la defensa de los fundamentos socioeconómicos del sistema, excepto algunos grupos radicalizados de estos últimos. Con los liberales conservadores, en cambio, podían los conservadores también moderados encontrar puntos de coincidencia que revelaban que unos y otros eran, en el fondo, nada más que grupos políticos que buscaban el poder. Y la alternancia en su ejercicio —más o menos convenida— parecía a unos y otros preferible al enfrentamiento, siempre peligroso, precisamente porque polarizaba las opiniones y favorecía a las tendencias extremas de cada sector. Esta intercomunicación de los sectores moderados de ambos partidos o movimientos de opinión nutrió un pensamiento constructivo que, a veces, fue capaz de hallar soluciones estabilizadores para sus respectivos países. Y no fue extraño ver conversiones políticas —manifestadas más en la adopción de rótulos que en un cambio de ideas— tan sorprendentes a primera vista como la de Mosquera en Colombia o la de Monagas en Venezuela. A veces hubo también un cambio gradual en ciertas ideas que habían sido banderas importantes de cada grupo. La historia de la progresiva aceptación del federalismo por los unitarios argentinos o la de la aceptación de los principios librecambistas en otros países son suficiente ejemplo.

Pero, más allá de toda transacción, el pensamiento conservador mantuvo su núcleo original y sus proposiciones básicas. Exponía la posición de los grupos más arraigados en la sociedad, más comprometidos con su organización originaria. En el fondo perpetuaba una concepción señorial de la vida acuñada durante la época colonial, inseparable de la tradicional posesión de la tierra por ciertos grupos. Pero tampoco ese rasgo resultó definitorio de manera absoluta. Cuando prosperaron las actividades mercantiles, también expresó el pensamiento conservador la actitud de quienes, con la posesión de la tierra o sin ella, habían logrado el monopolio o el control de los mecanismos de la intermediación y sólidas fortunas financieras. Entonces se vio que estos últimos trataban de entroncarse con los primeros y, como lo fueron logrando, adquirieron el mismo aire señorial, tímido e inseguro al principio, más arrogante luego; con él, una creciente certidumbre de que a todos por igual les correspondían los viejos privilegios.

Pero, en rigor, la posesión de viejos privilegios y, sobre todo, la certidumbre total e incuestionable de que les correspondían por un decreto casi divino, eran patrimonio de los sectores de más viejo arraigo, y también quedó expresado en ese pensamiento conservador que mantenía su núcleo original y sus proposiciones básicas. Aunque otros grupos sociales y políticos se fueron plegando a esa postura y se comportaron, pública y privadamente, de acuerdo con ella, sólo los grupos de más viejo arraigo podían atreverse a proclamar la doctrina de que ellos eran privilegiados, de que lo eran con pleno derecho y de que estaban obligados a defender esos privilegios por un mandato supremo. La impertinente arrogancia del peruano Pardo y Aliaga no constituía una excepción; y si expresiones como las suyas no aparecen muchas veces en el pensamiento escrito de los conservadores a muerte, correspondían a sus ideas vivas y cotidianas, expresadas oralmente y, sobre todo, vividas y puestas de manifiesto en su comportamiento público y privado. Y era explicable. El núcleo original del pensamiento conservador perpetuaba las ideas de la antigua sociedad colonial, una sociedad barroca constituida por dos grupos netamente diferenciados: los que gozaban de privilegios y los que no los tenían. Luego, a partir de la Independencia, ocurrieron muchas cosas que modificaron esa sociedad; pero los conservadores fueron precisamente los que se resistieron a ese cambio y, más aún, a consentir en la cancelación de sus fundamentos. Ellos seguían siendo, simplemente, los mejores. Sus antepasados habían sido los únicos vasallos que gozaban de privilegios reales, y sus descendientes se consideraron los únicos ciudadanos de pleno derecho, más allá, de las declaraciones igualitarias y democráticas, más allá de los nuevos principios institucionales, más allá inclusive, de las nuevas situaciones sociales que se iban consolidando poco a poco.

Por eso formaba parte de ese núcleo original del pensamiento conservador una concepción autoritaria de la vida social y política, heredada de la estructura virreinal, sostenida por el pensamiento político de la monarquía española y de la Iglesia católica. La república convirtió a los antiguos poseedores de tierra y minas, acostumbrados al ejercicio ilimitado de su autoridad social, en una oligarquía política cuyas tendencias autoritarias canalizaron hacia el apoyo de un poder fuerte, aunque fuera centralizado y unipersonal, con la condición de que representara una garantía de la conservación del orden socioeconómico tradicional. Tal fue el fruto de su actitud pragmática, indisolublemente asociada al anhelo radical de no innovar ni permitir, siquiera, que se prepararan los fundamentos de un nuevo orden igualitario preñado de amenazas para el futuro.

Pero no todo el pensamiento conservador tuvo estos caracteres, propios del que se aferró a su núcleo original. A partir de él se abrió un abanico de nuevas tendencias, en las que otras actitudes igualmente pragmáticas aconsejaron el aprovechamiento y la canalización de las nuevas experiencias vividas después de la Independencia. Más aún, el pensamiento conservador básico se fue replegando y adquirió poco a poco los caracteres de una ideología nostálgica e ineficaz. Fueron, en cambio, esas otras tendencias las que pudieron afrontar el embate de las nuevas ideas y las exigencias de las nuevas situaciones. Y aunque mantuvieron siempre vivas aquellas proposiciones básicas, en parte porque constituían su fuente de inspiración y en parte porque no se descartaba la posibilidad de poder actuali¬zarlas algún día, esas otras tendencias desplegaron entretanto un espectro de ideas en las que se advirtieron, precisamente, esos caracteres imprecisos y contradictorios a que ya se ha hecho referencia. Todas provenían de un fondo común, pero, elaboradas como respuestas a situaciones concretas y reales, se manifestaron en relación con los diversos aspectos de la política inmediata sin que sus sostenedores se preocuparan mucho de su incoherencia interna, por lo demás más aparente que real. Eso sí, reflejaron la posición de los diversos y variados grupos que adoptaban un pensamiento conservador; y como no todos los grupos afrontaban las mismas situaciones, sus respuestas fueron diversas: sólo en términos relativos se las puede reunir en un haz y definirlas como expresiones de ese pensamiento.

Hubo una línea del pensamiento conservador que hizo hincapié en los problemas económicos; pero otras de ellas se preocuparon más —o casi exclusivamente— por los problemas sociales, políticos, ideológicos o religiosos, en el fondo derivados de aquellos. En todos los casos ocurrió según las exigencias del debate suscitado por sus adversarios o por el desafío desencadenado por las nuevas situaciones reales. Y en cada caso aparecieron como proyecciones de aquel núcleo original, adecuadas al caso concreto, versátiles y transaccionales si pareció necesario, encubiertas muchas veces para concitar el apoyo de ciertos sectores que no debían, en teoría, compartir sus posiciones. Por eso constituye el pensamiento conservador una vasta y compleja maraña en la que resulta difícil introducir un cierto orden.

El pensamiento económico conservador mostró su ambivalencia a medida que crecieron las actividades mercantiles. Mientras una de sus ramas seguía adherida a la estructura tradicional de la Colonia, otra se mostró progresista y no vaciló en enfrentarla en nombre de un nuevo tipo de desarrollo económico. Pero cuando la dinámica del proceso pareció exceder sus previsiones y comprometer la posición de sus sostenedores, esa segunda rama acentuó su carácter conservador. Hubo, pues, en el pensamiento económico conservador, dos napas que correspondían a diferentes situaciones y grupos sociales que podrían caracterizarse, una como expresión del conservadorismo originario y otra como expresión del liberalismo conservador, en proceso de hacerse más conservador cada vez. Un juego semejante parece advertirse en el pensamiento social conservador, íntimamente unido al pensamiento económico. En tanto que una napa de ese pensamiento se mantenía hermética frente a todo cambio social, apareció otra, antes progresista, que se tornó conservadora al comprobar las derivaciones que su propia dinámica había suscitado. Y en tanto que quienes sostenían la primera se cerraban como vieja aristocracia, los que defendían la segunda empezaban a estrechar filas como nueva oligarquía frente al crecimiento de las clases medias y populares.

Según las circunstancias, pudo haber aproximaciones entre lo que ahora podemos denominar directamente conservadores puros, por una parte, y liberales conservadores por otra. Sorpresivamente, hasta el conservadorismo ultramontano pudo mostrarse alguna vez —es el caso del ecuatoriano García Moreno— partidario del progreso tecnológico, y coincidir en eso con el liberalismo conservador. Sin perjuicio de que hubiera conservadores más atrabiliarios aún que los ultramontanos, capaces de oponerse a la construcción de ferrocarriles, de puentes y caminos y de obras públicas en general, la ola del progreso, impulsada desde los grandes centros económicos mundiales y prometedora de beneficios para los grandes propietarios, unió a liberales conservadores y a muchos conservadores puros. Y al compás de las transformaciones de la infraestructura, pudieran unirse aquellas dos corrientes en el afán por desarrollar la educación pública y aun la educación técnica.

Pero las diferencias se hicieron más profundas cuando se plantearon problemas ideológicos. En ese campo difícilmente coincidían conservadores puros y liberales conservadores, pues los primeros se resistían a todo proceso de secularización y a toda intensificación del proceso democrático. Pero hubo excepciones, y frente a los conser¬vadores puros ultramontanos empezaron a aparecer conservadores liberales —tocados por el escepticismo novecentista y acaso por el cientificismo— cuyas opiniones, orales y escritas, se parecían mucho a las de los liberales conservadores. Más aún, la alianza se estrechó cuando en el seno de los liberales empezaron a aparecer los liberales radicalizados, algunos de los cuales se deslizaron insensiblemente hacia opiniones socialistas. No está demás puntualizar que para los precursores del socialismo, hasta los liberales radicalizados aparecieron como conservadores y que, para los ultramontanos, hasta los conservadores liberales parecieron herejes. Estas polarizaciones de los extremos dejaban en el medio una ancha banda de coincidencias oscilantes y de oposiciones pactables.

Donde estas posiciones se vieron más claras fue en el campo de la política. Sería difícil hallar un texto del pensamiento político conservador que pueda ser considerado como un arquetipo, tan brillante como sea la enunciación de ideas que hace el colombiano Miguel Antonio Caro o tan explícita como puede ser la declaración del partido conservador mexicano. Siempre quedan matices por descubrir y contradicciones que expurgar con respecto a otras expresiones posibles de un pensamiento que pueda reivindicar la misma orientación. Y es que la práctica política del conservadorismo fue particularmente fluida, y fue pragmática hasta cuando se revistió de principismo. Muchas variantes ofrecían las situaciones reales en cada país y en cada momento, que no podían ser enfrentadas con actitudes intransigentes. Pero luego fue cuestión de hombres, de temperamentos, de inteligencias y de intereses. Ciertamente no eran lo mismo el conservador que trataba de imitar a Disraeli y el que era incondicional admirador del general Narváez. Esa versatilidad de la práctica política se tradujo inclusive en los textos que aspiraban a tener proyecciones doctrinarias, por lo demás mucho menos abundantes que los que eran solamente documentos de circunstancias.

Como habrá podido advertirse, la variedad de la gama que encierra el pensamiento conservador latinoamericano requiere una considerable ductilidad para establecer una conceptuación rigurosa. Impreciso fue el pensamiento político conservador latinoamericano: arraigado en un nivel preintelectual, contradictorio y diverso según los aspectos de la realidad que en cada circunstancia de tiempo y país se suscitaba y llamaba a la polémica. Fue, en el fondo, el más doctrinario que pueda concebirse puesto que, en última instancia, apelaba al orden divino. Pero fue, al mismo tiempo, el más pragmático que pueda imaginarse. Otras corrientes de pensamiento político languidecieron o vieron conmovidos sus fundamentos. En cambio hay en Latinoamérica un conservadorismo básico que perdura hasta hoy y que posee una extraordinaria fuerza: es el reflejo de la fuerza que tienen las estructuras que no han cambiado.

II

Si son grandes las dificultades para introducir un orden conceptual en el pensamiento político conservador, apenas son menores las que aparecen cuando se trata de caracterizar algunas etapas históricas en su desarrollo, que sin duda existen, pero que son difusas y a veces confusas.

Se puede decir que aparece un pensamiento político conservador en el momento mismo de la Independencia, casi como una inevitable contrafigura de la ideología del movimiento emancipador, que acusó desde el primer momento un aire jacobino más o menos acentuado. Y como no ha habido nunca en el curso de la vida histórica un proceso de cambio acelerado cuyo desencadenamiento no originara una reacción equivalente con sentido inverso, no puede extrañar que existiera en Latinoamérica, aun en una situación de rasgos tan definidos. Sin duda, la reacción conservadora ha sido subestimada, como lo fue durante tanto tiempo el movimiento de la Vendée en Francia. Pero algo significan la oposición contrarrevolucionaria de Liniers en Argentina, el apoyo popular prestado a Boves en Venezuela o la frustración de los movimientos patriotas en las grandes cabezas del mundo colonial, México y Perú. No solo hubo claros y profundos enfrentamientos entre patriotas y realistas, sino conflictos menores, aunque preñados de amenazas, entre patriotas que disentían acerca de los objetivos finales del movimiento emancipador y sobre el grado de aceleración y la intensidad del proceso.

El proceso quedó claro después de la caída de Napoleón y el advenimiento en Europa del sistema político que se conoció como Restauración. Desde entonces —y a veces desde antes, a partir de la experiencia napoleónica— un pensamiento político que podría definirse como antijacobino cundió en toda Latinoamérica. Muchos juzgaron destructivo ese jacobinismo que habían admirado poco antes y creyeron que, tras el triunfo del movimiento patriota en muchos lugares, convenía contener sus excesos, poner un dique a los movi-mientos sociales que se insinuaban y restaurar un orden, aun cuando se pareciera un poco al que prevalecía antes de la Revolución.

En las luchas por el poder que siguieron a las revoluciones de 1810 se delinearon grupos conservadores con un pensamiento bien definido. El punto central fue los límites del cambio, que algunos veían solamente como una transferencia del poder a manos criollas y otros como una profunda transformación social igualitaria. Pero hubo, además, disidencias entre los partidarios de un cambio profundo en cuanto a la aceleración del cambio. Conservadores no solamente fueron considerados los que se negaban a profundizar la revolución sino también los que aspiraban a que el proceso se condujera despaciosamente.

Al cabo de poco tiempo ya habían adoptado ambos grupos los rótulos vigentes en Europa: liberales y conservadores. Pero era muy difícil reducir la caótica situación latinoamericana a los principios que esos partidos tenían en Inglaterra o Francia. Si algún parangón cabía era con la situación española, sacudida primero por la oposición entre “afrancesados” y “castizos” y luego por la que estableció la guerra civil entre “cristinos” y “carlistas”. No hubo transferencia total ni identidades exactas: sólo reminiscencias. Sí hubo una convicción generalizada que algo tenía que ver con la experiencia española: sólo un régimen militar podía restaurar el orden, una palabra que se transformó en sacrosanta y que muy pronto fue palabra clave del pensamiento conservador. Al “orden” se oponía la “licencia”, el “libertinaje”, o dicho de otro modo, el libre juego del proceso de cambio que había inaugurado la revolución emancipadora.

En general, triunfó el orden militar, sin perjuicio de que el orden militar trajera aparejado un cambio social con transferencia de poblaciones rurales al ámbito urbano y, sobre todo, con ascenso de clase al compás de los ascensos castrenses. Pero el orden era, sobre todo, el orden político, la estabilidad, la perduración de una misma persona en el poder, el respaldo de la fuerza para una autoridad al que ostentaba cierta legitimidad institucional. El tema del orden frente a la anarquía fue el más importante entre los que desarrolló el pensamiento político conservador durante las tres o cuatro décadas que siguieron a los movimientos emancipadores y revolucionarios de 1810.

Al promediar el siglo la temática predominante se hizo más compleja. Europa había vivido las revoluciones de 1848 y sus ecos llegaron a Latinoamérica. Sin duda no hubo excesiva receptividad para el mensaje del movimiento parisiense de junio, porque en pocas ciudades se había constituido una clase social como la que fue protagonista de esas jornadas, pero aun así, las nuevas ideas sociales sostenidas por el proletariado en los países donde por entonces se operaba la Revolución Industrial repercutieron en algunos países, Chile y Colombia especialmente, acogidas por grupos artesanales. La difusión de esas ideas fue obra, generalmente, de los sectores liberales radicalizados, entre los cuales podía encontrarse alguna figura militar expectable. Si esas corrientes ideológicas no progresaron, en cambio se sumaron y prestaron su apoyo directo o indirecto, voluntario o involuntario, al movimiento liberal que habían triunfado en las jornadas de febrero en París y alcanzado fuerte gravitación en toda Europa a pesar de la reacción absolutista.

El liberalismo pareció la ideología victoriosa, o, en todo caso, ineluctablemente destinada a la victoria. Sólo al calor de sus principios pareció posible no sólo emprender la organización definitiva del Estado en cada país sino también lanzarlo por la vía del progreso y ponerlo en el camino de un desarrollo parecido al de las grandes naciones europeas. Fue el liberalismo el que propuso la “modernización”, esto es, un modelo de transformación inspirado en el cambio que se operaba en los países que se industrializaban en Europa; suponía el desarrollo urbano, la intensificación de las relaciones con todo el mundo mercantil y, para Latinoamérica, la aceptación de un papel de abastecedor de materias primas para esos grandes mercados que, especialmente en las ciudades, incrementaban cada vez más el consumo. Fue el liberalismo el que impulsó los movimientos constitucionales destinados a proveer a cada país de los cuadros ins¬titucionales en los que debía desenvolverse su vida económica y social, solucionando las largas querellas que habían sacudido las primeras décadas de su vida independiente. Y fue el liberalismo el que levantó la bandera del progreso material, que prometía trabajo, bienestar y riqueza a todas las clases sociales.

La influencia de la revolución liberal de 1848 encontró respuesta en los grupos conservadores, que pasaron de la preocupación al temor. Como en Europa, cerraron filas también en los países latinoamericanos contra el peligro cierto que se cernía sobre la con¬cepción de la sociedad y la política, tratando de defender sus posiciones palmo a palmo, pactando a veces, con reservas mentales, cuando su posición era muy débil, y sin abandonar nunca la lucha, lograron con eso aglutinar a su alrededor a los sectores moderados del liberalismo, tan preocupados como ellos por la radicalización que observaban en algunos de sus antiguos conmilitones. Y dejando libre juego a los más flexibles de entre los suyos, reunieron las fuerzas que defenderían los fundamentos del sistema.

Triunfaba el pensamiento liberal después de promediar el siglo, pero a costa de transigir con el pensamiento conservador y de admitir los límites que este le imponía.

La antinomia se fue definiendo y acentuando rápidamente, y mucho tuvo que ver con ello la evolución de la política italiana. El reino de Cerdeña, bajo la casa de Saboya, resistió después de 1848 la presión de las potencias autocráticas y se orientó hacia el liberalismo bajo la inspiración de Cavour, primer ministro desde 1852. Los triunfos militares de Víctor Manuel II y de José Garibaldi permitieron que el rey de Cerdeña se proclamara rey de Italia en 1861, con lo que la unidad italiana quedaba asegurada. Fue entonces cuando apareció en toda su trascendencia el problema de la ciudad de Roma, sede del papado, reivindicada por el nuevo reino como su capital. Desde ese momento la tensión entre la Iglesia y los movimientos liberales se extremó de manera dramática. Fue después cuando Pío IX fijó la posición antiliberal de la Iglesia en la encíclica Quanta Cura y en el Syllabus. Las opiniones se polarizaron y la polémica alcanzó un tono subido en muchos países, y los latinoamericanos entre ellos.

En relación con esa candente cuestión, el pensamiento conservador giró resueltamente hacia el problema básico de los fundamentos de la sociedad y del orden político, reivindicando sus tesis más arraigadas y entrañables. Negó de plano la validez del proceso moderno de secularización de la sociedad y afirmó la eternidad y, en consecuencia, la vigencia contemporánea del orden divino. Los ultramontanos salieron ardientemente a la palestra y desplegaron una abundante argumentación a favor de su causa, que recogía una vieja tradición de la Iglesia pero que hacía tiempo que no aparecía con tan marcada intolerancia. Los liberales respondieron como debían, valiéndose a su vez de argumentos cuya eficacia polémica ya había sido experimentada en Europa. Salvo unas pocas excepciones, el pensamiento conservador ultramontano debió batirse en retirada, pero el saldo de la querella, coetánea de importantes cambios socioeconómicos, fue una progresiva alianza de los conservadores liberales con los liberales conservadores. Esa alianza ejerció una influencia decisiva a fines del siglo XIX y principios del XX, y produjo un pensamiento político inequívocamente progresista en los aspectos materiales de la vida, pero cauto y reticente en cuanto al desarrollo social. Sólo las nuevas condiciones que se crearon en el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial inhabilitaron esta línea de pensamiento político bifronte, que era el que había nutrido la belle époque. Desde entonces hubo que pensar la vida histórica latinoamericana en términos menos asépticos y más tumultuosos.

III

Un análisis atento de la temática del pensamiento conservador latinoamericano del siglo XIX ofrece, naturalmente, mucha más variedad que la que parece desprenderse de los enfoques con que hasta ahora se ha abordado el tema: una caracterización conceptual de conjunto y una esquemática periodización. Se advierte esa variedad, sobre todo, detrás del problema del orden que, entendido literalmente, parecía un simple problema formal. No lo es, sin embargo, porque fue tanta la cantidad, la complejidad y la diversidad de las cuestiones que se suscitaron después del movimiento emancipador, que detrás de la palabra “orden” —palabra clave convertida en bandera— se escondió toda una interpretación del proceso histórico vivido hasta entonces, que contenía respuestas directas o indirectas para todas aquellas cuestiones.

Pero lo que más sutilmente se ocultaba tras la preocupación por el orden era algo que tenía un singular significado: la percepción de que la Independencia había provocado la formación de una nueva sociedad, distinta de la tradicional, de curso imprevisible y, a los ojos de los conservadores, preñada de peligros. Lo señalaba ya el peruano Benito Laso, agudo observador de las peculiaridades vernáculas de su país, preocupado por lo que él consideraba flagrantes incompatibilidades entre los intentos de introducir reformas mo¬dernas y europeizantes y los caracteres de un país de castas. La misma convicción latía en el pensamiento visceral de su compatriota Pardo y Aliaga, y aparecía con otros matices en el centroamericano Antonio José de Irisarri, crítico despiadado de la política adoptada por los movimientos emancipadores y defensor en cambio de las oligarquías tradicionales. Y todavía a fines de siglo se notaba la persistencia, apenas diluida, de ese contraste entre la nueva y la vieja sociedad en el Manifiesto del Partido Nacional Uruguayo de 1897, o en el recuerdo del joven Luis Alberto de Herrera, todavía nostálgico del orden vernáculo.

El mismo sentimiento —porque no es seguro que haya llegado a ser una idea claramente percibida— se advierte entre los conservadores mexicanos; y no es sin duda casualidad su coincidencia con los peruanos. En México se documenta la percepción de que ha aparecido una nueva sociedad a través, especialmente, de la vehemente indignación contra Hidalgo y contra el movimiento que él encabezó y luego continuaron otros, quizá porque parecía en cierto modo incontenible una vez que había sido desencadenado. Expresó esa indignación Lucas Alamán con la penetrante inteligencia que caracteriza toda su obra, pero también con excesiva incomprensión. El cura Hidalgo era para él no sólo un símbolo de la revolución. Más que eso, era la persona concreta y real que había violado el pacto que —según parecían creer muchos como Alamán, y contra lo que había sido el pensamiento de Montesinos y Las Casas— tenían los españoles blancos y católicos entre sí para mantener una estructura social basada en la sujeción de los indígenas. Parecía inconcebible que un cura hubiera incitado a los indígenas a rebelarse contra sus amos, que hubiera encabezado y atizado la hostilidad popular criolla contra los “gachupines”, y acaso más, que hubiera movilizado y lanzado a la acción a los indígenas y mestizos dándoles por insignia a la Vir¬gen de Guadalupe. A partir de ese momento, cabía luchar para reconstruir el orden tradicional, someter y castigar a los rebeldes —como se venía haciendo desde la época de Hidalgo—, condenar las proposiciones sediciosas, pero el mal estaba hecho, sus conse¬cuencias eran tan inevitables como imprevisibles, y el autor de ese mal había sido ese cura de Dolores, de infausta memoria para quienes presentían que, pese a todo, se constituía en México una nueva sociedad, execrable a sus ojos. Todavía el Dictamen de la Asamblea de Notables que en 1863 propuso a la nación el régimen imperial repetía la argumentación con la misma ira, suscitada por el recuerdo del cura revolucionario que había violado el pacto secular.

Este sentimiento de que había surgido una nueva sociedad —y que esa sociedad era peligrosa— reapareció de muchas maneras. Algunos —como el venezolano Páez, caso ejemplar de ascenso de clase— admitían que se había formado en sus países una nueva so¬ciedad, pero que ya estaba suficientemente bien constituida y que era hora de consolidarla, negando que hubiera en ella esas diferencias de clases de que tanto hablaban “los demagogos”. Su compatriota Juan Vicente González rechazó también la acusación de “oligarca a todo el que tenía”, y enrostraba a Guzmán que hubiera hablado de una reforma agraria. La sociedad había cambiado, admitían estos conservadores, pero ya estaba bien y, aunque no las integraran las mismas personas que antes, había unas clases acomodadas que habían recogido la responsabilidad social. A esas “clases acomodadas” creía el mexicano Paredes Arrillaga que correspondía el gobierno, dejando de lado a las clases medias y populares que, por no ser poseedoras, carecían de responsabilidad y capacidad.

Quizá muchos pensaron que lo mejor hubiera sido gobernar como el paraguayo José Gaspar Francia, que prefirió el enclaustramiento de su país y el inmovilismo social y político antes de desencadenar un proceso de cambio social y político que tendría que pasar, inevitablemente, por un período caótico. Pero, excepto el caso del Paraguay, en ninguna parte se había previsto esa contingencia ni se había logrado evitarla. Ahora, a medida que pasaba el tiempo, el pensamiento conservador no podía sino proponer una política para corregir la situación creada por la formación, casi espontánea y apenas perceptible, de una nueva sociedad. Lo primero fue contener lo que se dio en llamar los “excesos de libertad”.

Se trataba, en verdad, de suprimir todos los factores que podían estimular, favorecer o acelerar el cambio social y político. Ahora bien, las libertades —no la libertad— proclamadas por la Ilustración y defendidas entusiastamente por el liberalismo no hacían sino eso, especialmente la libertad de pensamiento y la libertad de prensa. Contra ellas embistió polémica y doctrinariamente el pensamiento conservador; y con razón, porque gracias a esas libertades se había ido creando en todas partes un modelo de país que no era el existente y ni siquiera el que podía llegar a cuajar a través de una evolución gradual y en un plazo más o menos breve. Era un modelo de país un poco utópico, en el que, por ciertos mecanismos no establecidos y ni siquiera entrevistos, se hubiera llegado a un régimen igualitario como el que había proclamado la Revolución francesa y en el que los pobres serían políticamente tan significativos como los ricos, o acaso en el que no habría pobres y ricos. Era un modelo de país en el que los que detentaban el poder no podrían abusar de él, porque estarían siempre vigilados por los sostenedores de los principios republicanos, igualitarios y democráticos, que los denunciarían en los parlamentos y, sobre todo, a través de la prensa, cuya fuerza crecía en el siglo XIX en todos los países civilizados. Ese modelo de país, esbozado por el libre juego de las ideas y difundido por los medios que permitían su libre expresión, constituía un incentivo para el cambio y obraba como una fuerza poderosa que tiraba de la realidad contrastándola con un régimen ideal. Si se quería contener el proceso de cambio, era necesario poner un freno a la elaboración y a la di¬vulgación de ese modelo, que no era sino el modelo liberal.

Ya lo habían señalado, entre otros, el emperador de Brasil Pedro I, el argentino Juan Manuel de Rosas y el venezolano Juan Vicente González. Pero fue a partir de la década del sesenta cuando el pensamiento conservador percibió la magnitud de los riesgos que implicaba el uso de la libertad, o como se decía para no atacar de frente principios que se habían arraigado mucho en las conciencias, los “excesos de la libertad”.

Contra esos excesos predicaba vehementemente el venezolano Pedro José Rojas, se expedía sin ambages el Dictamen de la Asamblea Mexicana de Notables de 1863, razonaba concienzudamente el vigoroso pensador colombiano Miguel Antonio Caro. Razón tenía la Iglesia, afirmaba este último, para prohibir la difusión del pensamiento de Jeremías Bentham —muy leído entonces en Colombia— porque sostenía que “el interés es el único móvil de las acciones humanas y la utilidad la única razón de la moralidad de las leyes, así divinas como humanas. Las consecuencias de este principio son espantosas”. Y agregaba en otro lugar: “Y si esta negación de las bases de nuestra religión sirve de base a un texto de ciencias morales y políticas, séanos lícito preguntar aun a los escépticos: ¿Habrá tenido razón la Iglesia para prohibir especialmente ese texto?”. Caro razonaba con una fuerza extraordinaria y, sobre todo, con esa coherencia que provee el pensamiento dogmático. Daba por cancelada la influencia de las ideas de Voltaire y de Rousseau, de Comte y de Renan. También daba por cancelada la del propio Bentham, pero como descubría que aún tenía lectores en Colombia, arremetía contra él sin piedad, que por lo demás no merecía a sus ojos. Su lectura debía ser prohibida, como la de todos los autores que proponían un sistema naturalista, o racionalista, o liberal, y paralelamente debía ser limitada y controlada la emisión de esas ideas por la prensa.

La ofensiva conservadora estaba dirigida contra el principismo derivado del Contrato Social y la Revolución francesa, como puntualizaba el sacerdote peruano Bartolomé Herrera en 1846. El principismo, en general, era el responsable de haber dado vida teórica —ideológica si se prefiere— a esos modelos sociales y políticos que oponían su perfección y su bondad a la realidad vigente e incontrovertible de cada sociedad. Pero no sólo era peligroso por eso. El principismo liberal en particular resumía la doctrina que había nutrido la sociedad moderna, y eran esta sociedad y esa doctrina las que el pensamiento conservador consideraba degradaciones despreciables del orden divino. Así lo puntualizaba Lucas Alamán en una invectiva rica en argumentos, que preanunciaba las que más tarde —polarizada la cuestión en el problema religioso— lanzarían los argentinos José Manuel Estrada y Pedro Goyena o el chileno Carlos Walker Martínez; incompatible con la tradición católica, la civilización moderna no merecía sino la execración de los espíritus religiosos y conservadores.

Si el pensamiento conservador rechazaba el principismo tanto por su contenido secular o materialista como por su capacidad para promover e intensificar las tendencias al cambio social y político, también rechazaba por consideraciones puramente pragmáticas la posibilidad de que se instaurara, en cualquiera de los países latinoamericanos, una democracia verdadera. Quedaba claro en los fundamentos de la Constitución argentina de 1819 que no todos podían ser elegidos para cargos representativos o ejecutivos. Las clases populares —y para algunos aun las clases medias— no estaban capacitadas para opinar sobre quiénes eran los mejores ciudadanos que podían y debían ser elegidos, no sólo por falta de instrucción sino también porque, dada su situación social, estaban ajenas a los intereses fundamentales del país, a sus problemas fundamentales y a los del mundo entero en el que los países estaban insertos. Así lo declararon en México Agustín Iturbide primero y Lucas Alamán después, y en Chile el tratadista Juan Egaña en 1824 y el partido conservador chileno luego en su manifiesto de 1851. Sólo un delirio principista podía imaginar que valía lo mismo el voto de un rico propietario, acaso envejecido en el ejercicio de la función pública, y el de un pobre campesino o un andrajoso jornalero urbano.

Cierta relación con esta actitud tuvo el pensamiento de quienes se resistieron a la tendencia muy generalizada a organizar institucionalmente sus países mediante el establecimiento de una constitución escrita y consagrada como pacto fundamental de la nación. Solían, por cierto, coincidir en esta tendencia constitucionalista tanto conservadores como liberales, aunque cada uno de esos sectores tenía su propio modelo. Pero hubo conservadores profundos que rechazaron el principio mismo del constitucionalismo. El chileno Diego Portales era tan categórico y extremado en su pragmatismo que no sólo des-deñaba las constituciones sino que parecía despreciar la existencia misma de un orden jurídico de cuyo establecimiento en Chile había sido, sin embargo, el principal artífice. “Con los hombres de ley —escribía en 1834— no puede uno entenderse; y así, ¿para qué diablos sirven las constituciones y papeles, si son incapaces de poner remedio a un mal que se sabe existe, que se va a producir, y que no puede conjurarse de antemano, tomando las medidas que pueden cortarlo? Pues es preciso esperar que el delito sea in fraganti. En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanción, el libertinaje, el pleito interno, el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. ¡Maldita ley entonces si no deja al brazo del gobierno proceder libremente en el momento oportuno!”. El argentino Rosas no se expidió tan categóricamente, pero se opuso fundadamente a la sanción de una constitución nacional sosteniendo que, si se aspiraba a un régimen federal —como él decía aspirar— era previo que cada provincia se diera antes su propia constitución; y puntualizaba que no había duda de que las provincias no estaban en condiciones de hacerlo por la anarquía y el desquicio que reinaba en muchas de ellas.

En el fondo, el pensamiento político conservador latinoamericano era coherente con sus orígenes. Entroncaba con la concepción de la vida social y política que había elaborado el conservadorismo europeo desde la época de la Revolución francesa, como una respuesta a la doctrina iluminista que había inspirado esta última. Establecía aquella concepción que las sociedades creaban espontáneamente su modo de vida y, con él, el sistema de normas consuetudinarias más aptas para regirlas, de modo que con frecuencia las constituciones resultaban artificiales y, en consecuencia, contraproducentes. El pensamiento político conservador, cuando se apartó del inmovilismo que preferían algunos dentro de su seno, se inclinó a una política de cambio muy lento, progresivo y gradual. Así lo preconizaba —al menos teóricamente— el argentino Rosas y lo establecía el Partido Conservador chileno en su manifiesto de 1851, en este caso con el resuelto propósito de poner en práctica su teoría política. Pero de su teoría se desprendía, sobre todo, la certeza total de que, para el ejercicio de la política, lo importante era la realidad y lo secundario los principios. cambios, aun lentos, progresivos y graduales, sólo debían introducirse cuando las situaciones reales los exigían de manera indudable, y parecía ingenuo y peligroso proponerle prematuramente al mundo real, por la vía de las ideologías, cambios que él no reclamaba. De aquí la actitud marcadamente pragmatista de la mayoría de los pensadores conservadores: del mexicano Lucas Alamán, del centroamericano Antonio José de Irisarri, del venezolano Fermín Toro. Y cuando la ocasión pareció favorable porque las pasiones se encalmaban, se veía desprenderse también de aquella una tendencia a la conciliación, que generalmente terminaba en el acuerdo —a veces “histórico” — entre los conservadores liberales y los liberales conservadores.

Tales eran algunas de las diversas cuestiones que se ocultaban detrás del obsesivo problema del orden, a primera vista una palabra con valor de consigna y un propósito simple que parecía reducirse a la disponibilidad de una fuerza eficaz para lograr que la autoridad fuera obedecida. Tantas y tan diversas eran esas cuestiones previas, que el tipo de orden que se quería alcanzar y los mecanismos para imponerlo se transformaron en temas muy polémicos que determinaron la aparición de diversas líneas dentro del pensamiento político conservador.

Ante todo, ¿quiénes eran los enemigos del orden y contra quién debían luchar quienes querían imponerlo o restaurarlo? A medida que iban transcurriendo las primeras décadas del período independiente cristalizó en muchos espíritus la idea de que habían sido los regímenes revolucionarios los que habían suscitado el germen del desorden. Eran los principios igualitarios los que habían conmovido las bases de las sociedades, estimulando primero y tolerando después la tempestuosa irrupción en la vida política de capas sociales antes marginales. Y esa irrupción era la que había creado la “anarquía”, que no era, en los hechos, sino la crisis de los nuevos poderes políticos que, surgiendo de una nueva sociedad, pretendían sin embargo conservar los caracteres y el sustento social de la sociedad vieja. Pero esta última reflexión no fue acogida por el pensamiento conservador. Por el contrario, atribuyó simplemente a razones ideológicas y a ambiciones turbias de grupos o personas las luchas por el poder. El argentino Gregorio Funes llamaba “sacrílega” a la anarquía, en la que muchos parecían ver una hidra de cien cabezas que obraba según designio ciego. Pero sólo los que relacionaron los males del desorden con las secuelas de los movimientos emancipadores ofrecieron alguna explicación fundada en la experiencia, y aun esos no pensaron en otros resortes que no fueran los puramente políticos para paliarlos o suprimirlos. El presidente chileno Joaquín Prieto atribuía la responsabilidad a los “grupos disociadores”, en los que veía sobre todo a los liberales principistas, y el argentino Rosas pensaba en la impotencia de los poderes socialmente ilegítimos como causantes de la inestabilidad y el desorden.

Pero, de todos modos, el desorden y la anarquía parecían hechos incuestionables, entendiendo por ellos la importancia del poder constituido, las constantes rebeliones y motines que impedían su ejercicio o causaban su caída y, sobre todo, la inexistencia de un consenso suficiente para cualquier fórmula política, lo que producía una trágica alternancia entre anarquía y dictadura.

El argentino Rosas pensaba, coherentemente, que no habría orden hasta que el poder no estuviera en manos de quien tuviera un legítimo poder social, esto es, de quien fuera socialmente representativo de la nueva sociedad, restándole importancia al ropaje institucional del poder, puesto que tal institucionalización no podía provenir sino de los representantes de la sociedad tradicional. Creía, pues, en el hombre fuerte, pero no sólo por el valor de la fuerza armada de que pudiera disponer sino también por el valor del consenso en que se pudiera apoyar. El peruano Benito Laso creía también en el hombre fuerte, pero sobre todo porque lo veía representado en Bolívar, en quien se daban todos los caracteres de la legitimidad: el carisma personal, el prestigio, la autoridad indiscutible y el sustento institucional que nadie se atrevía a negarle aunque fuera con reticencias. Pero el mismo Bolívar se encargó de condenar la imagen del hombre fuerte por sí mismo y puntualizó que aspiraba a que el poder fuera institucionalmente fuerte.

En verdad esta tesis predominó a pesar de sus reiterados fracasos. Las constituciones conservadoras y los planes conservadores de gobierno se caracterizaron fundamentalmente por la consagración del principio del poder ejecutivo fuerte, complementado por parlamen¬tarios aristocráticos elegidos mediante el voto calificado. Tal era la orientación de la Constitución argentina de 1819 y lo fue luego de la brasilera de 1824 y de la chilena de 1833; y extremado en algunos aspectos, era el de la Constitución que Bolívar dio en 1826 a Bolivia, tan admirada por algunos peruanos —como Benito Laso— que quisieron tomarla como modelo para su país.

En México y Brasil muchos creyeron que la única manera de asegurarse un gobierno fuerte y estable era instaurar un régimen monárquico. Agustín Iturbide lo intentó en México, desafiando el recelo que esa institución despertaba. Bolívar la condenó en el discurso introductorio a la Constitución de Bolivia, haciendo gala de una aguda capacidad de análisis:

“La libertad de hoy más, será indestructible en América. Véase la naturaleza salvaje de este continente, que expele por sí sola el orden monárquico; los desiertos convidan a la Independencia. Aquí no hay grandes nobles, grandes eclesiásticos. Muchas riquezas eran casi nulas y en el día lo son todavía más. Aunque la Iglesia goza de influencia, está lejos de aspirar al dominio, satisfecha con su conservación. Sin estos apoyos los tiranos no son permanentes; y si algunos ambiciosos se empeñan en levantar imperios, Dessalines, Cristóbal, Iturbide, les dicen lo que deben esperar. No hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo. Bonaparte, vencedor de todos los ejércitos, no logró triunfar de esta regla más fuerte que los imperios. Y si el gran Napoleón no consiguió mantenerse contra la liga de los republicanos y de los aristócratas, ¿quién alcanzará, en América, fundar monarquías en un suelo encendido con las brillantes llamas de la libertad y que devora las tablas que se le ponen para elevar esos cadalsos regios?”

Por eso prefería Bolívar las instituciones republicanas a las que podía robustecerse con los mecanismos que él ideó en su proyecto constitucional. Caso distinto fue el de Brasil, donde la monarquía era el régimen tradicional. Declarada la Independencia, se acordó que sub¬sistiera aunque sujeta a una constitución. Y cuando esta se discutió, la presión de los grupos que aspiraban a hacerla extremadamente liberal desencadenó la reacción de los sectores conservadores que, tras la disolución de la Asamblea, inspiraron una constitución conservadora cuya mayor originalidad fue la definición del “poder moderador” que el emperador se reservaba.

En las condiciones, generalmente caóticas, en que se desenvolvía la vida política de las repúblicas, el pensamiento conservador desarrolló la tesis de un poder institucional, fundado en las clases poseedoras y ejercido por un parlamento aristocrático y por un poder ejecutivo fuerte. Así lo sostuvo Lucas Alamán cuando estableció en términos concretos las aspiraciones conservadoras. Propuso entonces un gobierno centralizado cuyo jefe tuviera amplias atribuciones ejecutivas, para lo cual debía apoyarse en las dos grandes instituciones tradicionales, la Iglesia y el Ejército, a las que debería tonificarse para que fueran los baluartes de la estabilidad.

En cambio, debía reducirse la significación del poder legislativo. Alamán negaba sin ambages el sistema representativo y proponía un régimen electoral calificado que asegurara un congreso aristocrático, al que, por lo demás, se le limitaban cuidadosamente las funcio¬nes. Más moderado, el chileno Joaquín Prieto elogiaba en 1841 la Constitución conservadora de 1833, en el discurso que pronunció al terminar su gobierno, cuya redacción atribuyen algunos a Andrés Bello. No sólo consideraba que había encarrilado al país en la senda del progreso y el orden sino que le atribuía al partido conservador el mérito de haberla hecho funcionar con corrección y eficacia.

Un partido conservador eficaz, capaz de asegurar el orden y la paz, fue lo que propuso el venezolano Páez en 1846: el partido del orden contra la anarquía. Pero no estaba claro el alcance de su concepción del orden, o por lo menos tan claro como en otros documentos contemporáneos. El ecuatoriano —aunque venezolano de origen— Juan José Flores proyectó una Constitución conservadora con los rasgos que prevalecían en otras de las mismas tendencias. Y se expidió en defensa de la Constitución conservadora de 1833 el partido conservador chileno, en manifiesto de 1851. Pero esta vez apareció una novedad: los conservadores chilenos dejaron de pensar en que el orden era necesariamente un orden castrense, y sostuvieron ardorosamente una candidatura civil: la de Manuel Montt, que debía enfrentar las aspiraciones presidenciales del general Cruz, candidato de los liberales.

“El general Cruz —admitía el documento conservador— ciñe en verdad una gloriosa espada. —Y agregaba más adelante—: Pero veinte años de educación constitucional han generalizado la idea de que la fuerza moral de la ley es por sí sola suficiente para que el país no se detenga ni retroceda en la senda de prosperidad por donde se encamina. Sería desesperar del porvenir de nuestras instituciones demo¬cráticas el suponer por un momento que tal creencia sea infundada. Nosotros afir¬mamos por el contrario que Chile se halla en el caso de probar que el Presidente que lo gobierne en el próximo período, cualquiera que sea, sólo necesita recibir el man¬dato popular para ejercer en toda su latitud la autoridad que la Constitución confiere al Magistrado Supremo. De los dos candidatos que hoy solicitan el sufragio de sus conciudadanos, el señor Montt es el llamado a sacarnos de tan importante prueba. Por consiguiente, nadie sino él debe salir electo de la urna.”

Así el pensamiento conservador se deslizaba hacia el principismo civilista, una postura que aparecería con signo diverso en otros países. Pero no todos tenían la estabilidad social y la madurez política de Chile. Para tratar de restablecer el orden, México recaería en la teoría monárquica, que sostuvo, entre otros, el propio Alamán y que fue traducida en proyectos políticos por la Asamblea de Notables de 1863. Otros países, en cambio, recurrirían una y otra vez al poder militar con diverso éxito. Es significativo que, en el Uruguay, el coronel Latorre renunciara a la presidencia declarando que su país era “ingobernable”.

En general, la preocupación por el orden coincidió con una teoría centralista del poder. Allí donde se había ensayado el sistema federal los grupos conservadores no apreciaron más que inconvenientes, defectos y amenazas. Si el tema había preocupado poco después de la Independencia, volvió a aparecer reiteradamente a lo largo del siglo XIX como un tópico del pensamiento político conservador. Lucas Alamán se expedía en México contra el federalismo, y la Asamblea de Notables de 1863 repetía sus argumentos. Y tanto el venezolano Juan Vicente González como el colombiano Rafael Núñez achacaban a esa concepción política los mayores males de la vida política de sus respectivos países. Sólo en la Argentina el sistema federal fue reivindicado después de haber sido combatido, y al organizarse la república mediante la Constitución de 1853 se lo adoptó con el consentimiento de todos los sectores de opinión.

De otro estilo, más doctrinario y profundo, fue el problema de los fundamentos del orden social y político, planteado con motivo de la gran polémica religiosa que estalló en muchos países del mundo en la década del sesenta. Ya antes, la oposición entre liberales y conservadores se había manifestado en relación con el papel de la Iglesia en la vida política y social. Acusados de “herejes”, los liberales pretendían, sin embargo, nada más que la secularización de la vida social y política según los principios que ganaban terreno desde el siglo XVIII, pero tal posición de principios se proyectaba hacia cuestiones prácticas relacionadas con las extensas propiedades de la Iglesia y con la intervención del clero en la vida política. Un capítulo fundamental era el relacionado con la educación.

Sostenía el pensamiento conservador que el Estado no sólo se debía apoyar en la Iglesia —en la que veía una garantía de orden— sino que, para robustecer su acción, debía prestarle a su vez su apoyo y protegerla: así lo sostuvieron el argentino Rosas, el mexicano Alamán, el peruano Herrera, el chileno Prieto, el centroamericano Carrera. Pero todavía, antes de promediar el siglo, la polémica no llegó a ser candente.

Fue más adelante cuando adquirió gravedad. En Chile encabezó la lucha contra el laicismo el presbítero Joaquín Larraín Gandarrillas, cuyo discurso de incorporación a la Facultad de Teología, pronunciado en 1859, tuvo considerable trascendencia. La oposición a la política laica del gobierno liberal quedó planteada en todos los terrenos. “Vengo, señores —decía—, a dilucidar en vuestra presencia no una cuestión científica, sino una cuestión práctica; pero una cuestión práctica que interesa menos a la religión y al orden social que una teoría especulativa y abstracta. ¿Cuál debe ser en la sociedad moderna la actitud de la Iglesia y de sus ministros en las cuestiones políticas?”. Con esa introducción quedaba abierta una larga polémica de imprevisible alcance, puesto que nada escapaba a la querella entre el poder civil y el poder eclesiástico si este último reclamaba para sí la custodia del orden divino. Y esto es lo que planteó el catolicismo ultramontano en su crítica de la sociedad moderna. Una vigorosa corriente de pensamiento se organizó en defensa del fundamento sobrenatural de la sociedad, de la intolerancia religiosa, del monopolio eclesiástico de la educación, y de muchos otros problemas como el del registro de las personas y la administración de los cementerios. Pero todas estas eran secuelas del problema de fondo. Lo importante era admitir o rechazar que la sociedad civil tenía un fundamento sagrado, y según la actitud que se adoptara la política sería una u otra.

Quien planteó más radicalmente el problema en Latinoamérica fue el ecuatoriano Gabriel García Moreno, porque no sólo lo hizo en los términos teóricos que utilizó en su defensa de los jesuitas cuando fueron expulsados de Ecuador, sino también en términos políticos y constitucionales cuando le tocó ejercer el poder. En 1869 envió a la Convención Nacional su proyecto de Constitución, y en el mensaje que lo acompañaba definió sus puntos de vista ultramontanos. Decía:

“El proyecto de Constitución que os será presentado, contiene las reformas que en mi concepto demanda más imperiosamente el orden, el progreso y la felicidad de la república. Dos objetos principales son los que he tenido en miras; el primero, poner en armonía nuestras instituciones políticas con nuestra creencia religiosa; y el segundo, investir a la autoridad pública de la fuerza suficiente para resistir a los embates de la anarquía. La civilización moderna, creada por el catolicismo, degenera y bastardea a medida que se aparta de los principios católicos; y a esta causa se debe la progresiva y común debilidad de los caracteres, que puede llamarse la enfermedad endémica del siglo. Nuestras instituciones hasta ahora han reconocido nuestra feliz unidad de creencia, único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los intereses y pasiones de partidos, de localidades y de razas; pero limitándose a ese reconocimiento estéril, han dejado abierto el camino a todos los ataques de que la Iglesia ha sido blanco con tanta frecuencia. Entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero, y los enemigos de la religión que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa; y esto es lo que me he propuesto y lo que creo esencial en las reformas que contienen el proyecto de Constitución.”

La expresión más adecuada de este designio fue el artículo de la Constitución que establecía la necesidad de ser católico para ser ciudadano ecuatoriano. Pero García Moreno no se detuvo en la formulación de los principios sino que extrajo de ellos todas las consecuencias necesarias. Defendió con apasionamiento el Syllabus y concedió a la Iglesia el monopolio de la educación, fuera del apoyo incondicional que le prestó para el cumplimiento de su labor catequística y para su sostén como institución sostenedora de la Nación.

La libertad de que gozó la Iglesia en Ecuador durante la época de García Moreno, la autoridad indiscutible que tuvo en materia de enseñanza y difusión de ideas, causó la admiración del colombiano Miguel Antonio Caro, apesadumbrado por la atención que se prestaba en su país al impío Jeremías Bentham, utilitarista empedernido y sostenedor del fundamento humano del orden social. Una política educacional semejante a la del Ecuador propició para su país. Reprochó a los liberales que osaran afirmar que formaba parte de su credo político la educación gratuita y universal, porque adivinaba en este postulado una intención anticatólica, y sostuvo, en cambio, la necesidad de la educación religiosa.

“La educación popular es, para nosotros —escribía— científica en su materia, pero religiosa en su forma, y no podemos admitir la separación que se intenta hacer de forma y materia en negocio tan importante. Quitarle su forma a la educación, aunque subsista la materia, es adulterar, destruir la educación. La educación popular, así mutilada y viciada, es una educación falsa y corruptora que ni el nombre de educación merece. La educación del hombre, como el hombre mismo, tiene alma y cuerpo. Educación sin religión es hombre sin alma: cadáver y putrefacción.”

Y agregaba, acudiendo a sus fuentes:

“Así concebimos la educación, y esta doctrina no es nuestra es doctrina de la Iglesia, que terminantemente ha condenado la siguiente proposición (XLVIII del Syllabus): ¡Los católicos pueden aprobar aquel modo de educar a la juventud que está separada de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y mira solamente a la ciencia de las cosas naturales, y de un modo exclusivo o siquiera primario, a los fines de la vida civil y terrenal! Llámennos nuestros adversarios fanáticos, ultramontanos y como gusten; pero convengan en que, católicos, no podemos aprobar un sistema de educación condenado por la Iglesia.”

En última instancia, Caro afirmaba, como García Moreno, la plena vigencia del Estado católico, y admitía como necesarias y forzosas todas las consecuencias de su afirmación.

En la Argentina, defendieron el mismo punto de vista Pedro Goyena y, con más profundidad y brillo, José Manuel Estrada. Quizá sus argumentos no fueron originales porque la polémica entre católicos y liberales utilizaba —por ambos bandos— muchos tópicos ya probados como eficaces. Pero vale la pena destacar algunos de ellos. En 1884, año en que se sancionaron las leyes de Registro Civil y la ley de Educación común, laica y obligatoria, se reunió en Buenos Aires un Congreso Católico en cuya clausura pronunció Estrada un discurso sin concesiones. No sólo acusó al protestantismo de haber adoptado una concepción legalista que demostraba su “repugnancia al reino exterior de Jesucristo”, sino que implicó en la misma culpa —con razón por cierto— a Bossuet, “el más ilustre representante del anglicanismo”. Pero sus afirmaciones fueron más categóricas y se definió como ultramontano.

“Y guarda, señores —decía—, con los eufemismos pietistas y las paradojas de una teoría demasiado buena para conciliarse con las verdades sobrenaturales. La sublimidad de la Iglesia replegada dentro del mundo, la confiesa también el protes¬tante y casi casi, el liberal, satisfecho como los Césares con quedar dueño exclusivo de este mundo; y la excelencia de la filosofía cristiana, confiésanla también los ra¬cionalistas menos insensatos y los revolucionarios menos radicales. Pongo la tesis como la ponía Santo Tomás; la tesis de la tradición católica, de los Urbano y los Gregorio, del Concilio de Trento, de Pío IX y de León XIII: La Iglesia tiene de dere¬cho divino cierta potestad sobre las cosas temporales de los Estados. Basta, señores, de pactos afeminados con la rebelión. Confesemos con viril intrepidez a Cristo Rey, y él salvará nuestro pueblo, y nos confesará ante su Padre que está en los Cielos. State fortes in fido, viriliter agite, aconsejaba San Pablo a los cristianos de Corinto. Ocultan a veces su bandera los soldados que salen a morir: jamás los que salen a vencer. Despleguemos nuestra santa enseña, y que flote a todos los vientos de la contradicción y de la tempestad.”

En su argumentación, puntualizaba Estrada que, aunque “admiraba la robusta generación que fundó la república“, la consideraba culpable de haber considerado las instituciones eclesiásticas “como meros establecimientos sociales”; y daba a entender que había “en las alturas del gobierno una conspiración conscientemente dada a desarrollar el programa masónico de la revolución anticristiana”. En otra conferencia habló de “la ignominia del concubinato legal, llamado en el vocabulario del liberalismo, matrimonio civil”, y execró la enseñanza sin Dios. Con argumentos semejantes polemizó ardientemente contra la política liberal de los presidentes Santa María y Balmaceda, el chileno Carlos Walker Martínez, que ejercía por entonces la jefatura del Partido Conservador; y los utilizó en su ferviente propaganda el fundador del Partido Conservador de Bolivia, Mariano Baptista, que alcanzó luego la presidencia de la república.

Conservadores ultramontanos y conservadores liberales encontraron compatible la defensa de su concepción básica de la sociedad con la promoción de un desarrollo económico y técnico que no podía sino apoyarse en esa “civilización moderna” que con frecuencia condenaban. Ciertamente, la construcción de grandes obras públicas, especialmente ferrocarriles, puertos, obras sanitarias, puentes y caminos, telégrafos y teléfonos importaba mucho a quienes se beneficiaban grandemente con la producción agropecuaria y estaban interesados en la comercialización de la riqueza nacional. Los con¬servadores eran, generalmente, los propietarios de la tierra. Y si el pensamiento conservador no insistió sino episódicamente en la defensa de la propiedad, fue porque casi nadie la atacaba. Ocasionalmente se ocupó el venezolano Páez de vituperar a “los apóstoles de la anarquía” que inculcaban en las crédulas masas la ilusión de que podían un día “poseer lo que jamás les había pertenecido ni podía pertenecerles sino bajo la más absurda o injusta usurpación”. Y agregaba: “La propiedad adquirida por justos títulos, la abundancia que sólo nace con el trabajo y con la probidad; todas estas ideas conservadoras y eminentemente sociales se han pretendido desvanecer y aun arrancar de la cabeza de los proletarios, reemplazándolas con el cebo de una universal usurpación de la propiedad, proclamada en vano algunas veces por insignes revolucionarios de otros tiempos y de pueblos”. Y, al pasar, el argentino Estrada se expidió acerca de la interpretación socialista, de la que afirmó que era “quimérica en el orden de la realidad y absurda en el orden especulativo”. “Su programa de nivelación —agregaba—, a ser realizable, desmenuzaría los capitales al punto de hacerlos improductivos, y destruiría por lo tanto, los factores del mismo progreso material a que se aspira con vivas ansias”.

Quedaba claro, pues, que el progreso material constituía un elemento importante de la vida social para el pensamiento conservador. Hasta tal punto era así, que el más ultramontano de los conservadores, el ecuatoriano García Moreno, a quien le tocó ejercer el poder, sostuvo vehementemente la necesidad de realizar obras públicas fundamentales para aumentar la riqueza de su país y encaminarlo por la vía del progreso. La misma preocupación mostraron los conservadores chilenos, inequívocamente progresistas, como lo prueba el Manifiesto de su partido de 1851. Y al compás del desarrollo material, jamás dejó aparecer en los textos que expresan el pensamiento conservador una preocupación firme por el desarrollo de la educación, que en muchos casos llegaba hasta insistir obstinada¬mente en la importancia de la enseñanza científica y técnica, como en el caso particular de García Moreno.

Quizá convenga, como conclusión, leer el texto del chileno Manuel José Irarrazábal; publicado en 1881 con el título de Lo que no se dijo en el Senado. Un análisis agudo puntualiza las diferencias entre conservadores y liberales. Pero hay, sobre todo, algunas curiosas observaciones sobre las coincidencias. Parecería como si, para ciertos observadores, constituyera una convicción el que también ellos han trabajado en el sentido propuesto por los principios del liberalismo. Sobre este punto vale la pena reflexionar. En Latinoamérica hay una línea inequívoca de pensamiento conservador, que cada cierto tiempo apela a sus raíces profundas y a sus fundamentos esenciales. Pero ese pensamiento conservador ha sido tocado por el pensamiento liberal. En el mundo de los principios, las divergencias eran profundas, y a veces se presentaron como irreconciliables; pero en el mundo de las realidades sociales y económicas, las coincidencias se manifestaron poco a poco, y muchos principios adquirieron vigencia con manifiesto olvido de su rótulo originario. En rigor, nada parece más difícil, cuando se analiza el pensamiento político latinoamericano del siglo XIX, que distinguir a un conservador liberal de un liberal conservador.

Guía histórica para el Río de la Plata. 1951

Un breve examen del desarrollo histórico de los países del Plata es tarea que puede parecer tentadora en estos tiempos. Mientras más compleja y enigmática es la realidad, más parece fructífero el análisis genético para entenderla. Y aun a riesgo de tener que sacrificar muchos matices, vale la pena esforzarse por adquirir una perspectiva de ese confuso y diverso desarrollo que ha conducido a estas inusitadas situaciones históricas que sería imperdonable error considerar como puramente episódicas. No un prolijo relato sino más bien un sucinto elenco de ideas fundamentales constituye la mejor guía para una comprensión histórica de la situación contemporánea del Río de la Plata. Y si consiguiera ofrecerlo en este ensayo, creería haber cumplido una labor útil.

I

No bien concluida la anexión del reino moro de Granada al finalizar el siglo XV, la corona de Castilla —unida ya su suerte a la de Aragón— se encontró, un poco por obra del azar, en posesión de vastos territorios ultramarinos que parecían ofrecer incalculables posibilidades. Algunas sospechas más o menos fundadas y múltiples leyendas de vario origen aplicadas al caso en virtud de cierta explicable alucinación hicieron esperar de las comarcas localizadas por el almirante Cristóbal Colón un alud de riquezas acerca de cuya especie sólo podía decirse que acaso fuera la más preciada el oro. En toda Europa ascendía rápidamente por entonces la burguesía; y toda Europa miró con envidia a España, en la que inesperadamente se descubría la feliz poseedora de un misterioso tesoro virtual. Ateniéndose a los principios de la concepción mercantilista, toda la burguesía europea tuvo por seguro que España llegaría a ser en poco tiempo una de las potencias más temibles y vigorosas, pese a no haber desarrollado hasta esa época una actividad manufacturera y comercial como la que caracterizaba ya en ese momento a otras regiones. La aparición de la “leyenda negra” no haría sino revelar la intensidad de ese sentimiento en el transcurso del siglo XVI.

España abrigó también aquella esperanza. El espíritu de aventura caracterizaba a los hidalgos que, generación tras generación, luchaban contra el moro en tierra firme o en las aguas mediterráneas, pero caracterizaba también a otros sectores sociales de más baja extracción cuyos miembros no desdeñarían seguir las huellas de aquellos que habían luchado por los casi irreales dominios que se ofrecían en el mar Egeo. El llamado espíritu renacentista —un medievalismo hibridado— difundíase por la Europa occidental y alcanzaba a aragoneses y castellanos, inspirándoles irreflexiva e ilimitada confianza en la capacidad del esfuerzo individual. No por héroe, sino simplemente por hombre, podría uno cualquiera alcanzar el vellocino de oro. Y fueron numerosos los que teniéndose por tales se aprestaron a conquistarlo.

A bordo de las naves nadie perdió tiempo en consultar cartas geográficas, oscuras memorias o viejos manuscritos que pudieran revelar los secretos del mundo recién descubierto, porque nada de todo eso poseía suficiente valor. Lo mejor que el conquistador llevaba consigo era su decisión inquebrantable de llegar a alguna parte desconocida donde quizás encontrara algo que escapaba a su imaginación. Eso era todo. Y unos encontraron las viejas ciudades de Anahuac, otros las antiguas poblaciones mayas, otros el Imperio quichua, y todos ellos oro y plata, como si su irrazonado designio hu-biera tenido fundamento cierto. Nada menos maravilloso que aquella maravilla; tanto que la maravilla pareció formar parte del orden natural de las cosas, en el que casi todos opinaron que estaba ínsita la legitimidad de la conquista, el avasallamiento de los indígenas y la despreocupada apropiación de las riquezas: gruesos lingotes o enseres domésticos acerca de cuya propiedad pareció superflua y digresiva cualquier argumentación basada en los principios del derecho. Aquello era la realización de un sino, la victoria de la voluntad del hombre.

Pero esta euforia no duró mucho tiempo. La voluntad del hombre fue empleada en otras muchas empresas similares a la conquista de Tenochtitlán o del Cuzco, y sólo dio por resultado el hallazgo de miserables aldeas donde el oro estaba ausente y en las que, en cambio, solían aparecer pobladores enérgicos y valientes que resistían a aquella voluntad con voluntad no menos resuelta. Muchos cayeron. Pero el orgullo y la esperanza empujaron a otros tras de ellos, y la conquista de la tierra se consumó inexorablemente en virtud de la superioridad técnica de los conquistadores. La aventura, peligrosa y todo, seguía pareciendo tentadora. El oro y la plata podían aparecer en cualquier parte. Pero entretanto, las tierras de las que se había tomado posesión —y virtualmente aun las demás— eran ya dominios del rey. Había aspirantes a la concesión de nuevos señoríos —aunque fuera a seis mil millas de Sevilla—, indios para catequizar y un patrimonio que defender frente a la codicia, harto justificada por cierto, de los demás países de Europa. Carlos V agregó las Indias a su corona y a su imperio y estableció dentro de ellas distintas zonas jurisdiccionales como si efectivamente alguien las conociera a fondo. La conquista estaba en marcha y fue la gran aventura —económica y espiritual— del viejo mundo.

En busca del metal precioso llegaron también los conquistadores a las costas meridionales de América del Sur, y llamaron Río de la Plata al ancho estuario que descubrió Juan Díaz de Solís. El nombre era expresivo; y aunque sus orillas no atrajeron de momento la atención de quienes surcaban por primera vez sus aguas, el vasto caudal anunciaba el misterio oculto en las entrañas del territorio, cuencas lejanas donde se reunían tantas aguas y en las que acaso se escondiera tanto oro como encontraron Cortés o Pizarro. El sino de quienes remontaron el Paraná y el Paraguay sería no alcanzar nunca la riqueza. Pero Asunción y Buenos Aires quedaron levantadas en las orillas de los grandes ríos, y en ellas, y en las otras poblaciones que fueron surgiendo, se desarrolló poco a poco un proceso de radicación de colonizadores españoles, en cuyas mentes la aventura comenzó a adquirir una fisonomía distinta de la que tenía para los que llegaron a otras partes de América.

El primer problema fue el sustento, y a través de él comenzaron a establecerse relaciones precisas entre los aborígenes y los recién llegados. Hubo unas veces entendimiento y otras diferencias y conflictos; y no tardaron en aparecer los primeros mestizos, hijos de la tierra para quienes muy pronto la vida americana tendría un tono peculiar. Para sus padres la india fue la mujer ocasional en la que tardarían mucho tiempo en acostumbrarse a ver una compañera; para los hijos la india fue la madre y el símbolo de su dependencia social, condición esta última que caracterizaría al nuevo mundo, su naciente patria. Dos concepciones entrarían muy pronto en conflicto, agudizado por la renovación de sus términos con cada ola de nuevos españoles que llegaba de la metrópoli; frente a este conjunto se oponía, pese a su humilde condición, el conjunto de los criollos.

En misiones y reducciones organizaron los colonizadores a fuertes núcleos de indígenas en zonas en las que el trabajo organizado pudo parecer —y fue, en efecto— provechoso para la corona o para las órdenes religiosas que habían adquirido algún predominio. Pero esas áreas sociales y económicas quedaron enquistadas, en tanto que, aunque lentamente, el intercambio removía el ambiente en otras regiones. El mestizaje es el fenómeno fundamental de la conquista, y su resultado fue la lenta pero progresiva transformación de la población, en la que se diferenciaban indios, criollos y españoles. Esta diferenciación escondía el germen de las peculiaridades del proceso histórico rioplatense en su primera faz.

En su transcurso, el autoritarismo fue la tónica general de la convivencia. Se derivaba del tipo de autoridad que ejercía —a millares de leguas de la metrópoli— el funcionario colonial; de la misión que se había asignado al clero y, finalmente, de las condiciones que prevalecían en la vida económico-social. Surgió la gran propiedad territorial, y en ella el amo fue todopoderoso porque nadie había capaz de vigilarlo cuando se apartaba de los centros poblados. El cuidado de la hacienda, de la que se sacaban los cueros que constituían la principal riqueza, se confió a un tipo de pastor que era casi un nómada y vivía sujeto a la ley del desierto. El amo no tenía sobre él más autoridad que la que le proporcionaban su fuerza y su prestigio, y si los mantenía era porque podía demostrar en los hechos que su autoridad era eficaz. Hubo autoritarismo porque en el desierto estaba la fuente de riqueza, y el autoritarismo del desierto, acentuado por las reminiscencias de los principios políticos y sociales que obraban en el ambiente, constituyó la primera ley de la colonia.

Sólo comenzó a parecer objetable el autoritarismo cuando empezaron a cambiar las condiciones de la vida rioplatense en el curso del siglo XVIII. La riqueza agropecuaria habíase acrecentado poco a poco y los núcleos urbanos, sobre los que repercutía la riqueza, habían aumentado en número y en magnitud. En la costa oriental se fundaron la Colonia del Sacramento y Montevideo, plazas establecidas como consecuencia de la contienda que sostenían España y Portugal por los territorios al este del Río de la Plata. En él tenía España uno de sus límites, y a través de él llegan los sacudones que conmovían el régimen fiscal español, pues en beneficio de la metrópoli —y según las ideas predominantes por entonces en todas partes— se había establecido un riguroso monopolio para el comercio de la colonia. Pero las necesidades obligaban, y el contrabando se convirtió en la principal actividad económica de la época y la industria más productiva. Lo hacían imprescindible las exigencias de los crecientes centros poblados y lo facilitaban las condiciones de la vida rioplatense, en la que las distancias constituían el principal enemigo del fisco. Por esa vía comenzaron a hacerse nuevas fortunas, a modificarse las estructuras sociales y económicas, y, prontamente, a debilitarse las convicciones que estaban adheridas al orden tradicional, transformado en un orden violable. Portugal —y tras él toda la Europa antiespañola— trató de ensanchar las brechas que se abrían en la organización económica de la colonia. Y ante el jaqueo portugués —que coincidía con el progreso de la región rioplatense y el desarrollo de las ideas fisiocráticas— España creó el virreinato, señalado desde el principio como un intento de adecuar el orden legal a la realidad económica de la comarca.

Mientras se llevaba la guerra a Portugal, comenzaba a esbozarse una política más liberal, aunque limitadísima por diversas situaciones concretas: intereses de comerciantes españoles, intereses fiscales, e intereses de Buenos Aires contrapuestos a los de las ciudades de la ruta altoperuana o los de Montevideo. De aquella acción quedó, sin embargo, algún saldo favorable, pues sirvió de estímulo para que germinasen en algunas cabezas las simientes que comenzaban a llegar en las postrimerías del siglo XVIII desde Europa, desprendidas de la Enciclopedia o de las obras de filósofos y economistas. Algunas de esas ideas cundieron hasta entre los representantes del orden tradicional, hombres de iglesia que no desdeñaban a Rousseau, a Diderot o a Montesquieu. Pero una predisposición aun más favorable hallaron entre los jóvenes de familias acomodadas de las ciudades, criollos que deseaban ascender por la vía de las profesiones liberales o la actividad comercial. El pensamiento liberal fue acogido —abiertamente o a escondidas— en Chuquisaca y Buenos Aires y se difundió por otras ciudades a través de pequeños grupos. Las tendencias que entrañaba se fundían, aunque de manera imprecisa, con el vago impulso de libertad que se advertía en las zonas rurales, entre la plebe criolla. Si más tarde esas dos concepciones se tornarían hostiles, por el momento se manifestaron solidarias en un mismo afán de quebrar las rígidas restricciones que el orden fiscal y político de la colonia imponía a la actividad económica y al ascenso social de la población nativa.

II

El antagonismo entre la libertad civil sometida a fórmulas políticas ya experimentadas en otros países y la libertad de tendencia anárquica propia de quienes soñaban con ella para sacudir el autoritarismo de la vida rural habría de ponerse de manifiesto cuando las poblaciones de las colonias se enfrentaran con el problema de darse un régimen propio. Esta condición se cumplió al triunfar el movimiento emancipador de 1810.

Por esta fecha llegó a su más alto grado la crisis del imperio español. Insinuada desde fines del siglo XVI, manifestada en el curso del XVII y contenida en parte en el XVIII, la crisis adoptó formas catastróficas para España al producirse la conmoción que sacudió a Francia al finalizar esa centuria. La solidaridad monárquica y borbónica alineó a España entre los enemigos de la revolución, pero nada grave ocurrió por entonces; las dificultades surgieron cuando su vecina se transformó en brevísimo tiempo en la mayor potencia militar del continente y adoptó, con Napoleón Bonaparte, un programa inter-nacional frente al que no cabía la neutralidad.

A partir de 1808 —cuando Napoleón se corona emperador— el problema se tornó para España gravísimo. En rigor, disputaban la hegemonía europea dos imperios, territorial el uno y marítimo el otro. En esa disputa entraba en juego el vasto imperio ultramarino de España, que ésta no podía ya asegurar ni defender, y al que Francia, sin duda, aspiraba. Pero las aspiraciones de Inglaterra no eran menos vehementes desde hacía mucho tiempo, aun cuando pudiera entreverse que el tipo de peligro era distinto en uno y otro caso. España debió elegir, y su debilidad la obligó a unirse al más efímero de los dos imperios porque era el más próximo y el más amenazador de sus vecinos. Inglaterra derrotó en Trafalgar a las flotas unidas de Francia y España (1805) y desde entonces el destino del imperio hispánico quedó sellado. No mucho después comenzó a resquebrajarse la inestable creación política de Bonaparte y se diseñó poco a poco una nueva situación dentro del área atlántica, en la que el predominio inglés resultó indiscutible.

En esta coyuntura, el imperio ultramarino de España no podía mantenerse unido. La disgregación era inevitable y el potencial de cada una de sus diversas partes no era suficiente para asegurar su soberanía; pero las colonias españolas tenían manifiesta vocación emancipadora y Gran Bretaña, por su parte, no se inclinaba hacia la conquista territorial. Lo inesperado pudo realizarse en aquella sorprendente mutación del sistema político-económico del mundo occidental y el Virreinato del Río de la Plata —como las otras regiones del imperio español— alcanzó su independencia en 1810.

La decisión emancipadora fue tomada por Buenos Aires y se proyectó luego hacia el interior, obteniendo repercusión diversa. Hubo apoyo incondicional unas veces, reticencias otras, y en algunas regiones prevalecieron los sentimientos de lealtad monárquica; pero fue un esfuerzo inorgánico y sin trascendencia, aunque reveló la virtualidad de una resistencia enérgica a medida que la revolución se insinuaba dentro de la zona de influencia de Lima. Fuera de eso, otras resistencias obedecieron a otras razones. El nuevo estado dio por resuelto que sus fronteras eran las del antiguo virreinato y Buenos Ai-res no admitió que se discutiera su autoridad de capital. Por eso reaccionó violentamente contra los movimientos secesionistas que se manifestaron en el Paraguay primero y en diversas regiones del litoral después, pero carecía de fuerza para superar esas reacciones precisamente cuando debía atender más celosamente el afianzamiento de la emancipación y la organización de un nuevo estado. Buenos Aires vio reducirse poco a poco su zona de influencia, y del antiguo perfil del virreinato no quedó sino una sombra que, en 1820, llegó a desvanecerse del todo.

En rigor, el Virreinato del Río de la Plata —como casi todos los territorios españoles de América— carecía de las condiciones mínimas requeridas para poder asegurar su existencia independiente. La emancipación fue el resultado de un esfuerzo titánico de sus hijos y de algunas circunstancias externas que resultaron favorables. Carecía el virreinato de suficiente riqueza y, sobre todo, de suficiente población como para constituir un país autónomo. Sus centros poblados eran escasos y reducido su número de habitantes, con amplias perspectivas, sin duda, pero que no podrían tornarse realidad si no se salvaban los difíciles obstáculos que se oponían a su desarrollo. Las inmensas distancias, las malas comunicaciones, los desiertos inmensos, la producción insignificante y una desconexión de todo otro mercado que no fuera el español, eran las condiciones dentro de las cuales se había desarrollado la existencia colonial y debía desarrollarse la existencia independiente. En las primeras horas, esa situación, apenas remediada por los resultados del activo contrabando y por las vinculaciones comerciales rápidamente establecidas a través de algunas naves inglesas, entrañaba insuperables dificultades frente a la responsabilidad que imponía la soberanía. Sólo la tenacidad de los grupos criollos y el ambiente favorable que proporcionaba la dislocación del orden internacional pudieron permitir el desvanecimiento de esas dificultades que, empero, dejarían sus huellas en el desarrollo ulterior.

Gran Bretaña vigiló y garantizó la independencia del Río de la Plata en virtud de sus propios intereses económicos y estratégicos, que la vinculaban a los dos puertos que se levantaban sobre sus orillas, Buenos Aires y Montevideo, y más aún con el primero. Buenos Aires se creyó en posesión de la clave de la independencia rioplatense, y consideró que sólo bajo su autoridad era viable la emancipación; en consecuencia exigió el reconocimiento de su hegemonía y se dispuso a organizar la nueva nación dentro de una estructura política que se apoyara en los principios liberales que sus minorías cultas preferían. Algunas regiones del interior y la Banda Oriental opusieron a esos principios otras reivindicaciones: autonomía regional, federalismo, y, en la práctica, el respeto a su propia actitud vital, que no era sino la de las masas rurales frente a las minorías urbanas. Estas últimas calificaron a esa tendencia de “democracia inorgánica” y de “caudillismo”. Artigas representó de manera eminente esta actitud política y social, con su fidelidad a los impulsos e intereses de las masas rurales, su anhelo de independencia sin claudicaciones ni compromisos y su firme voluntad republicana, todo lo cual se unía a una concepción del poder que suponía, en efecto, la autoridad de hecho e incontrovertible que caracterizaba al auténtico caudillo popular. Esa combinación de factores explica el conflicto que se suscitó entre Buenos Aires y el interior y que culminó en 1820, con la disolución del vínculo nacional preexistente entre las diversas regiones del antiguo virreinato.

Entretanto, el nuevo Estado hacía ingentes sacrificios para asegurar la emancipación. Una y otra vez había armado ejércitos y flotillas para defender las fronteras, y había organizado, finalmente, la vasta campaña de San Martín para aniquilar en su propio reducto la reacción española. Otros enemigos tuvo que afrontar al mismo tiempo, pues Portugal había aprovechado la coyuntura para satisfacer su vieja aspiración de alcanzar las orillas del Plata y anexar su costa oriental. Y el Brasil, independiente desde 1822, mantuvo anexada la que se llamó Provincia Cisplatina hasta que estalló en ella una insurrección movida por el afán de retomar al seno de las Provincias Unidas.

Inminente la guerra con el Brasil y crecido el prestigio de Buenos Aires, una constitución unitaria restauró el antiguo estado nacional, a cuyo frente se puso Bernardino Rivadavia. Su obra ciclópea sobrepasó las posibilidades del país de asimilar sus iniciativas renovadoras, y la amenaza de desintegración volvió a aparecer precisamente cuando más se necesitaba el esfuerzo mancomunado para afrontar la guerra con el Brasil. La paz arrebató a las Provincias Unidas ventajas que habían conquistado legítimamente en el campo de batalla, y la Banda Oriental estuvo amenazada por un momento de volver a formar parte del Imperio del Brasil. Se opuso a esa solución Gran Bretaña, que exigió su independencia. Así surgió la nueva República Oriental del Uruguay, como prenda del equilibrio internacional en la cuenca del Plata.

Hasta ese entonces Uruguay y Argentina habían tenido una misma historia y podían confundirse en uno solo sus respectivos procesos de desarrollo social y político. Montevideo había representado, frente a la campaña oriental, un centro de reacción europeizante, como Buenos Aires frente a las comarcas del litoral; y ambas ciudades defendieron principios políticos que en verdad sólo podían realizarse a través de una técnica y un sistema institucional ajenos a las condiciones de vida de sus respectivas áreas de influencia.

Pese a la independencia, consagrada en 1830, Uruguay siguió teniendo por mucho tiempo un destino común con Argentina. No en balde había sido un oriental quien levantó la bandera del federalismo en el Plata, dejando planteado el problema que dividió a los pueblos durante varias décadas. Federalismo y unitarismo no eran por entonces meras nociones académicas. Eran soluciones fecundas que se ofrecían para los problemas capitales, aunque se desconocieran el alcance y, sobre todo, las posibilidades prácticas de su realización. Pero fueron además, muy pronto, dos rótulos que agruparon a otros tantos sectores que, poco a poco, dejaron de corresponder a definidas clases para configurar banderías políticas y facciones lugareñas que arrastraban legados de odio y de desquite de generación en generación.

La antigua rivalidad entre los porteños —los “doctores”— y las gentes de las campañas —y no faltaban unitarios en las ciudades del interior— alcanzó su mayor dramaticidad en 1828, cuando el general Lavalle, al regresar del Brasil, se sublevó contra el gobierno de Buenos Aires y ordenó el fusilamiento del gobernador Dorrego. Ya por entonces asomaban en las campañas Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Poco tiempo después los esfuerzos de Lavalle y Paz fueron frustrados por sus rivales, y el último cayó prisionero a fines de 1831. Rosas, gobernador de Buenos Aires, llegó a ser el más poderoso de los caudillos y constituyó con los demás una suerte de alianza que, asegurando su hegemonía, le permitía cumplir los planes que acariciaba respecto al puerto de Buenos Aires, cuyos beneficios quería acreditar solamente a su provincia.

También se introdujo Rosas en el entredicho suscitado en Uruguay entre Oribe y Rivera, prometiendo ayuda al primero, de quien esperaba que consintiera en la anexión de la Banda Oriental a la Confederación. Y como Rivera se unió a su vez a los proscriptos argentinos e hizo causa común con los unitarios, los dos caudillos orientales se vieron muy pronto frente a frente como jefes de sendos cuerpos que defendían simultáneamente en una y otra banda del Plata idénticos intereses e ideales. Asilo de los emigrados argentinos, Montevideo se constituyó en el bastión de los enemigos de Rosas y de Oribe, y el largo sitio entablado en 1843 constituyó la acción más importante que se libró entre una y otra fuerza. La acción del Ejército Grande, mandado por Urquiza, puso fin a la dictadura de Rosas y abrió a cada uno de los dos países del Plata nuevas y diferentes perspectivas.

III

Al caer Rosas en la batalla de Caseros, habían transcurrido poco más de cuarenta años desde la independencia. La experiencia política acumulada era abundante, porque se había trabajado sin descanso en busca de fórmulas diversas que pudieran conciliar los distintos y opuestos intereses de las diversas clases y zonas del país. Esa experiencia constituía, en el momento de la crisis, su mejor riqueza.

Entre 1810 y 1820, Buenos Aires había sostenido con vehemencia el principio de que subsistía una unidad política correspondiente al viejo virreinato, en la que le correspondía la autoridad hegemónica. Sus hombres eran, en general, de formación europea, lectores de los filósofos políticos del siglo XVIII, de los utilitaristas y radicales ingleses y admiradores de los Estados Unidos, cuyas grandes figuras veneraban. Diez años de gobierno bajo la autoridad de Buenos Aires no significaron otra cosa que la estéril persecución de soluciones políticas para evitar una guerra civil que, sin embargo, no tardó en llegar.

Cuando sobrevino la crisis del 1820 el país se disgregó y dejó de existir como unidad política. Cada provincia siguió su propio rumbo y Buenos Aires —conviene recordarlo— aprovechó la ocasión para realizar, libre de ataduras, un verdadero experimento de gobierno progresista bajo la inspiración de Martín Rodríguez, de Rivadavia y de Las Heras. El Estado adquirió una sólida organización, sus órganos administrativos alcanzaron inusitada eficacia y se intensificaron la vida económica y las obras públicas; la vida intelectual entró en una etapa de decidido avance gracias a la llegada de algunos hombres de ciencia extranjeros y a la creación de algunas instituciones de enseñanza, entre ellas la Universidad de Buenos Aires; las doctrinas lancasterianas y las de Bentham y Destutt de Tracy orientaron el pensamiento y la acción de quienes, a su vez, orientaron al estado de Buenos Aires durante aquellos años ejemplares.

Tan altos fueron los resultados obtenidos en breve tiempo que Buenos Aires recuperó la simpatía y el respeto que había perdido poco antes. Y frente a la inminencia de una guerra con el Brasil, los partidarios de la centralización se sintieron suficientemente fuertes como para imponer en 1826 la creación de un gobierno nacional, que se confió a Rivadavia. Pero la sanción de una carta constitucional que restauraba los principios unitarios, modificándolos sólo en los detalles, suscitó de nuevo la discordia, y el gobierno de Rivadavia, brillante pero efímero, halló su fin poco después en medio de las complicaciones que trajo la guerra con el Brasil. Una vez más quedaba desintegrado el país y las provincias recuperaban su autonomía.

El ámbito rioplatense tuvo, desde 1830 aproximadamente hasta 1852, una historia singular. Cada antigua provincia quedó bajo la autoridad más o menos firme de un jefe popular —un “caudillo” que si mostraba alguna debilidad solía ser reemplazado prontamente por quien supiera estar a la altura de las circunstancias. Tal situación política —de casi total autonomía— significó, naturalmente, un notable retroceso económico, pues diversas cir-cunstancias contribuyeron a estancar las corrientes de intercambio que habían comenzado a establecerse desde los primeros tiempos de la independencia. A ese letargo económico acompañó un marcado ascenso de las clases menos ilustradas en tanto que, en las más cultas, comenzaron a abundar los claros debidos a las persecuciones políticas. Todo ello contribuyó a provocar una acentuada declinación del nivel social y cultural del Río de la Plata, que acusó aun más su retardo con respecto al grado de desarrollo técnico y civilizatorio que por entonces se alcanzaba en Europa y en los Estados Unidos. Un estado de permanente guerra civil caracterizó también a esos veinte años, en los que predominaron los ideales criollos, aunque bastardeados a veces y utilizados para servir a empresas de mero servicio personal de los caudillos.

Desde muchos puntos de vista, la incomunicación efectiva con Europa constituye el hecho fundamental de este período. En guerra con las potencias europeas, el Río de la Plata conoció el asedio de las flotas enemigas, entendidas por cierto con los emigrados políticos que buscaban toda suerte de apoyo para librarse de la opresiva autoridad de Rosas. Y esa incomunicación, en países que no habían comenzado a desarrollar su transformación técnica, y en un período de tan notables mutaciones en ese terreno, significó para el Río de la Plata un retardo que influiría notablemente en su desenvolvimiento.

La disgregación política es, sin duda, el hecho que sigue en im-portancia a aquél entre los que caracterizan ese período de la vida rioplatense. Rivadavia había realizado el último intento de unificación con un criterio que revelaba ya cierta plasticidad y la posibilidad de hallar un camino para conciliar los intereses encontrados de las provincias y Buenos Aires. Pero para entonces las provincias no eran ya solamente unidades políticas celosas de su autonomía y de sus tradiciones, sino más bien los feudos de ciertos caudillos que tenían en ellas el centro de su poder y que se resistían a cualquier li-mitación de su autoridad. Esta situación, sumada a la creciente acumulación de los odios facciosos, hizo inevitable la prueba que soportó el país durante veinte años.

Rosas declaró categóricamente que nunca tuvo la intención de realizar la unificación del país. En famoso documento, conocido bajo el nombre de “carta de la hacienda de Figueroa”, había explicado sagazmente su opinión sobre los problemas políticos argentinos, y explicado también el fracaso de los intentos de organización constitucional por medio de muy convincentes argumentos de realidad. Hacia la misma época Alberdi y Sarmiento aportarían ricas y fructíferas observaciones acerca de la situación social del país, que en última instancia coincidían con los puntos de vista del sagaz caudillo bonaerense, pues tanto éste como aquéllos trataron de explicar los fenómenos políticos partiendo de las peculiaridades de la realidad económica y social. Pero a pesar de no proponerse ningún plan formal ni tener, seguramente, ideas claras acerca de cómo realizarlo, Rosas trabajó indirectamente por la unidad en la medida en que trabajó por la supremacía de su autoridad, y preparó el camino para la eliminación de ese localismo feroz que caracterizó a algunos caudillos. Así, al producirse la batalla de Caseros y la caída de Rosas, se había dado un paso importante hacia la futura ordenación de los dos países que sufrieron su dictadura. Aún subsistirían por algún tiempo retoños del viejo caudillaje que en ocasiones pretendería, oculta o desembozadamente, imponer su autoridad. Pero las largas luchas civiles desarrollaron los gérmenes de una conciencia nacional, despertando el sentido de la responsabilidad en las minorías ilustradas que habían comenzado a imponer sus puntos de vista en los consejos áulicos. A ellas les tocaría ahora echar las bases del orden institucional apropiado para encauzar la vida de un pueblo que había sufrido una larga y profunda experiencia en el campo de la vida política.

IV

Si los problemas pudieron plantearse fácilmente, las soluciones fueron más difíciles de alcanzar. ¿Quién había ganado la guerra contra Rosas, en ambas márgenes del Plata? El Ejército Grande era, sin duda, una fuerza internacional cuyos contingentes correspondían, en última instancia, a los países y regiones interesados en la libre navegación de los ríos de la cuenca del Plata. Su jefe era un antiguo oficial de Rosas, convertido en su enemigo por la doble acción de los intereses de la región mesopotámica y de los principios políticos, sociales y económicos que difundieron los unitarios y que él recibió con beneficio de inventario para sazonarlos con su sentido directo y realista de las cosas. Y los grupos que alcanzaron el poder tras las jornadas libertadoras fueron los que poseían la fuerza, en el seno de todos los cuales quedaban elementos que de una u otra manera habían estado en relación con el orden derrotado. En fin, ganó la guerra no el adversario tradicional e irreductible de Rosas y el rosismo, sino un movimiento en el que se mezclaban con esa oposición convertidos y disidentes; estos aportaban a la interpretación de la realidad ciertos criterios realistas, que sirvieron en su momento para hacer viable la operación militar y política que suplantó un régimen por otro.

Ese movimiento logró el apoyo de las poblaciones de la campaña y de algunos caudillejos locales y, una vez triunfantes, se suscitó otra vez en su seno la divergencia entre transigentes e intemperantes; eran estos últimos preferentemente los miembros de las minorías ilustradas, “doctores”, “principistas”, “unitarios”, nombres todos estos con que los transigentes designaron a aquellos que temieron que Urquiza asumiera a su vez la dictadura y que querían ignorar los veinte años transcurridos y restaurar el poder de Buenos Aires y lo que Buenos Aires significaba, como en época de Rivadavia.

La consecuencia de aquella divergencia fue que, durante diez años, Buenos Aires estuvo separada de las demás provincias de la Confederación por obra de un movimiento secesionista en el que se repitió una situación análoga a la de 1820. El Estado de Buenos Aires pudo realizar una obra constructiva y progresista. Pero, contra las previsiones de los porteños, Urquiza y luego Derqui se esforzaron honestamente por hacer también de la Confederación un Estado moderno y progresista, al que proporcionaron la carta constitucional de 1853, y en el que procuraron sortear las dificultades provenientes de la orfandad económica en que lo dejó la pérdida del puerto de Buenos Aires. Uruguay, por su parte, oscilaba entre los partidos rivales, pero más aún entre las facciones urbanas y rurales, pues la oposición entre éstas llegó a ser tan profunda que se unieron los grupos urbanos blancos y colorados para tratar de impedir el acceso al poder de los caudillos de la campaña. Aquéllos se sentían estimulados por la eficacia de la resistencia durante el asedio y el prestigio alcanzado por Montevideo; pero estos últimos poseían por el momento la fuerza.

Cuando en 1862 se constituyó por fin la República Argentina mediante la anexión de Buenos Aires a la Confederación, Mitre y Sarmiento procuraron neutralizar los resabios del caudillaje que aún subsistían en el interior del país. En cambio, un típico caudillo, el general Flores, lograba apoderarse del poder en Uruguay mediante una “cruzada” que había organizado en la vecina orilla y cuyo resultado fue instalar al partido colorado en el gobierno. Era un esfuerzo radical que suscitó enconada resistencia y terminó con el asesinato de Flores, de modo que pareció oportuno intentar una conciliación entre los intereses de una y otra parte del país. Tal fue el programa de Lorenzo Batlle.

Pero aquí ya empezaron a diferenciarse los destinos de Uruguay y la Argentina. Mientras en el primero se iniciaba un período de profundas convulsiones, en la segunda las minorías ilustradas gobernaron desde 1862 en un clima político que tiende a la pacificación. No faltará el levantamiento provocado por un bando contra el oficialismo acusado de parcialidad, pero el orden institucional tiende a consolidarse y cualquiera sea el grupo que alcance el poder, el programa de acción frente a los grandes problemas nacionales es aproximadamente el mismo.

Reposa ese programa sobre dos o tres principios elementales acerca de los cuales el consenso es unánime. Parece fuera de discusión que lo más urgente es modificar la fisonomía social y económica del país, del que se tiene, en general, una opinión que no difiere en lo fundamental de la que Sarmiento había expuesto en Facundo. Y esa modificación constituye la meta de toda la acción estatal.

Para las minorías ilustradas resultaba evidente que el país requería una población mucho más numerosa que la que contaba por entonces, en la que se deseaba que entrara en mayor proporción el elemento blanco y, de ser posible, una cierta proporción de elementos anglosajones. Esta renovación demográfica no era utópica y podía alcanzarse mediante la inmigración, fenómeno que por entonces era muy fácil estimular pues diversas circunstancias favorecían el éxodo de los países europeos; y la renovación demográfica operaría —así se esperaba— una rápida transformación en los caracteres generales del conglomerado social argentino, en sus hábitos de vida y, consecuentemente, en sus tendencias políticas. Para llegar a esta última etapa parecía necesario emprender además una vasta obra educativa. Sus postulados eran simples: se trataba de arraigar al hijo del inmigrante familiarizándolo con el idioma y con la tradición vernácula al tiempo que se lo proveía de la instrucción fundamental para la vida práctica.

Tal era, en lo fundamental, el programa de las minorías ilustradas. Su éxito residía, sobre todo, en que el nuevo conglomerado social lograra, efectivamente, transformar en breve plazo la vida económica del país e indirectamente la fisonomía social de las poblaciones rurales y sus tendencias políticas. Era necesario yuxtaponer a la predominante actividad ganadera una equivalente actividad agrícola, porque se esperaba neutralizar las tendencias del pastor nómade con las del labrador sedentario. Y era necesario también acrecentar la riqueza nacional mediante una adecuación de los productos exportables a las exigencias del mercado europeo, pues formaba parte de este programa un vasto esfuerzo civilizador que dotara al país de todos los progresos técnicos que se habían alcanzado en Europa en los últimos tiempos. Un nuevo factor iba a incorporarse así a la vida rioplatense, destinado por cierto a influir en ella de modo decisivo: el capital extranjero.

Comenzaron a poner en práctica este plan hombres como Mitre, Sarmiento y Avellaneda en la Argentina, y como Latorre en Uruguay, figura ésta muy contradictoria, llegada al poder mediante una revolución que desalojó a las minorías montevideanas en nombre de los caudillos de campaña, pero que encauzó la acción de gobierno guiado por los principios progresistas que por entonces representaban, generalmente, aquellas minorías. Al mismo tiempo se esforzaban todos en ambas márgenes del Plata por acelerar el proceso de unificación de la nación y en especial de la organización del Estado, sobre el principio federal en Argentina, sobre principios unitarios en Uruguay.

V

Las dos últimas décadas del siglo XIX constituyen el período en que se intensifica en ambas márgenes del Plata la política social y económica basada en la inmigración. Simultáneamente con ella, y respondiendo a los mismos supuestos, comenzó a desarrollarse otra de vastas consecuencias también, consistente en la atracción del capital internacional para intensificar la explotación de los recursos naturales y para dotar al país de los nuevos elementos técnicos con que se trabajaba ya en Europa y Estados Unidos. Sumados, la inmigración y el capital extranjero debían provocar una mutación profunda en los países rioplatenses. En 1889 —durante la presidencia de Juá-rez Celman— entraron en la República Argentina 261.000 inmigrantes, y el censo de ese mismo año reveló en el Uruguay —durante la presidencia de Tajes— que la ciudad capital tenía 100.000 extranjeros sobre un total de 214.000 habitantes. Este aflujo de población extraña modificó, efectivamente, las fisonomías nacionales y dio lugar en ambos países a lo que, refiriéndome a Argentina, he llamado en otra ocasión la “era aluvial“.

En su transcurso las condiciones tradicionales de vida y las pers-pectivas económicas, sociales y políticas se alteraron aceleradamente, y esas alteraciones provinieron fundamentalmente de las consecuencias entrecruzadas de la renovación demográfica y de la incorporación del capital extranjero a la economía rioplatense. Ya se ha señalado cómo el largo período de las guerras civiles trajo consigo una efectiva incomunicación con Europa, precisamente en la época en que se cumplían allí las etapas decisivas de la revolución industrial. La diferencia del nivel técnico entre Europa y el Río de la Plata se acentuó por entonces marcadamente y, al comenzar la era de la organización, resultó imprescindible atraer los medios económicos para emprender rápidamente la modernización que en el campo de la técnica exigían los nuevos programas que se formulaban para la vida nacional y las nuevas condiciones en que la producción debía desarrollarse para cumplir con ellos. Las obras portuarias, los ferrocarriles, los puentes y caminos, las construcciones, las obras de salubridad y el aprovisionamiento de maquinarias para la producción agropecuaria, exigieron en poco tiempo crecidas inversiones para las que no estaban preparadas las minorías terratenientes que constituían las clases acaudaladas. Se requirieron, pues, empréstitos o se otorgaron concesiones a grupos financieros extranjeros en condiciones variables, gracias a los cuales pudo realizarse una gigantesca labor constructiva y una modificación fundamental en las condiciones de la producción y del transporte, y la consecuencia fue una rápida elevación de los niveles de la producción y la riqueza.

Como era inevitable, estas transformaciones económicas, combinadas con la renovación demográfica, tuvieron una rápida y profunda trascendencia en la vida social. Las minorías dirigentes eran, en general, las poseedoras de los grandes latifundios, forma que adoptaba preferentemente la propiedad raíz; de aquí que su política de atracción tanto de inmigrantes como de capitales extranjeros se orientara hacia la satisfacción de las necesidades que suponía la gran propiedad. Se postergó la posibilidad de estimular una sistemática radicación de la masa inmigratoria sobre cuya base se hubiera podido crear rápidamente una nueva clase de pequeños propietarios rurales, con lo cual se hubiera satisfecho uno de los principios básicos del programa político-social de quienes habían inspirado la política de renovación demográfica; y por el contrario, se trató por todos los medios de que la masa inmigrante sirviera a los intereses de los terratenientes, para quienes el incremento de la actividad pecuaria, desarrollada en alto grado, significaba la ampliación de las expor-taciones de los productos derivados de la ganadería a los países importadores, aquellos precisamente que introducían los capitales y explotaban los métodos industriales de conservación de la carne. La consecuencia de esa política fue la constitución de un proletariado rural socialmente híbrido, cuyas perspectivas radicaban fundamentalmente en el abandono de los campos y en las tentativas que pudiera hacer en los grandes centros urbanos. Sólo en menor medida se desarrolló la agricultura, con preferencia explotada por los grandes propietarios mediante el sistema de arrendamientos en las zonas de tierras fértiles, y en escala incluso mucho menos desarrollada bajo la forma de colonias o pequeñas explotaciones individuales. De este modo, aunque se consiguió acrecentar la producción y el volumen de las exportaciones, con el consiguiente equilibrio progresivo de la balanza comercial, se echaron las bases de un disconformismo social que crearía un principio de inestabilidad entre los propietarios, los arrendatarios y los asalariados rurales, cuya consecuencia sería el continuo éxodo hacia los centros poblados.

Buenos Aires, Montevideo y Rosario fueron las que atrajeron mayor número de personas deseosas de probar fortuna al calor de la vigorosa actividad portuaria y comercial, pero otros muchos centros urbanos recogieron en menor medida numerosos núcleos de población, como Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza; y constituye un curioso fenómeno económico-social la fundación en la Argentina de la ciudad de La Plata, en 1882, en la que se operó una artificial concentración de población y riqueza, efímera por la imposibilidad de competir con el puerto de Buenos Aires. En todas ellas se constituyó rápidamente un proletariado urbano adscripto a actividades económicas no productivas y caracterizado por un alto nivel de consumo; y como aprovechaba el necesario tránsito de la riqueza hacia los puertos, insertándose en la actividad comercial derivada, obtuvo múltiples ocasiones que pudieron utilizar individualmente muchos de sus miembros para operar su ascenso hacia las clases medias. La inestabilidad social fue, pues, en las ciudades, un fenómeno tan típico como el de los campos.

Esos grupos sociales —urbanos y rurales— caracterizados por su dependencia y su inestabilidad, constituyeron durante algún tiempo la clientela política de las minorías dominantes, pero buscaron poco a poco su propio nivel a través de otras organizaciones políticas que supieron ofrecerles satisfacción para sus anhelos: el partido Colorado en Uruguay y la Unión Cívica Radical en Argentina.

Partido de larga tradición, el Colorado había representado en el Uruguay la fuerza renovadora y liberal frente al nacionalismo blanco. La mayoría de la inmigración, especialmente la de origen italiano, se incorporó a sus filas y engrosó su número al mismo tiempo que tonificaba su actitud popular, actitud que robusteció José Batlle y Ordóñez desde el momento en que comenzó a dirigir el partido y el país. Las circunstancias fueron dramáticas. Batlle Ordóñez alcanzó la primera magistratura dentro de un régimen de compromiso con el partido Blanco, y se evadió de él tras una guerra civil en la que consiguió derrotarlo y eliminar a su caudillo, Aparicio Saravia, en 1904. A partir de entonces, inicia Batlle una política que, de liberal, pasa a ser socialista. Si en lo político alcanza su más alto punto con la reforma constitucional de 1917 que consagra —aunque muy limitada— la tesis del Poder Ejecutivo colegiado, en lo social logra imponer una legislación avanzada en lo referente a la previsión y las relaciones entre el capital y el trabajo, que acaso exceda a las demandas y a las necesidades de su época pero que, sin duda, ha prevenido los conflictos que, inevitablemente, debían suscitarse con el correr del tiempo.

La política de Batlle llevó al poder a una clase media de orientación democrática y popular que, al mismo tiempo, manifestó cierta tendencia al estatismo, preconizado por el jefe colorado. Era un signo más de la evolución de su pensamiento hacia la izquierda, y de la flexibilidad y previsión de su política, que aspiraba a ajustarse a la realidad adivinando el sentido de su transformación. Algo muy distinto debía ocurrir en Argentina con el movimiento que encabezó Hipólito Yrigoyen.

Los primeros signos de la inadecuación entre el régimen de las minorías dirigentes y la nueva sociedad plasmada, en gran parte, como resultado de su política, comenzaron a advertirse a lo largo de la presidencia de Juárez Celman e hicieron crisis en la revolución de 1890. Encabezaron el movimiento hombres de tendencia democrática de diversas capas sociales y distintas orientaciones políticas, concordes todos ellos en repudiar el fraude electoral, el “unicato” o prepotencia presidencial y la administración dispendiosa y sin escrúpulos. Pero si el movimiento tuvo eco y pudo finalmente canalizarse en un partido político fue porque aglutinó la masa descontenta de los que se sentían manejados políticamente como mera clientela electoral e ignorados en sus derechos fundamentales. El movimiento —que encarnó pronto la Unión Cívica Radical— fue eminentemente político y exigió sobre todo el libre ejercicio del derecho del sufragio. La cuestión social apenas había aparecido y nadie sospechó que pudiera llegar a ser grave en un país en el que las condiciones de la vida económica eran excepcionalmente favorables para las clases trabajadoras dada la abundancia de los géneros alimentarios. Esta circunstancia hizo que el naciente movimiento soslayara desde el primer momento los problemas económicos y sociales y se transformara pronto en partido mayoritario en virtud de no haber deslindado las posiciones acerca de los puntos fundamentales de la acción de gobierno, con lo cual tuvieron acceso a él todos los que coincidían vagamente en ciertos anhelos primarios de honestidad política.

Encarnó esos ideales Hipólito Yrigoyen, que pretendió forzar a la oligarquía unas veces mediante los movimientos militares y otras con la abstención electoral, que entendía como una sanción moral. Esta última obró en el ánimo del presidente Sáenz Peña, que satisfizo las exigencias de la oposición mediante una ley electoral que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio, bajo cuyo imperio se realizaron las elecciones en que triunfó Yrigoyen en 1916.

Su gobierno renovó los equipos administrativos y políticos, pero no renovó la situación económico-social del país, de modo que nada cambió fundamentalmente. El paternalismo del presidente pudo ser simpático a muchos, pero no constituía una actitud capaz de resolver los nacientes problemas del país en los que no era difícil adivinar —como lo señalaban ya por entonces el socialismo y los movimientos obreros— los conflictos que se preparaban para el futuro. Pero el radicalismo no podía afrontar aquellos problemas porque integraban sus filas hombres de muy distintas orientaciones, oscilando desde la extrema derecha hasta una izquierda ligeramente demagó-gica; y prefirió la inmovilidad, acompañada, por cierto, en el segundo gobierno de Yrigoyen, de inmoralidad administrativa y política.

VI

Dos golpes de Estado interrumpieron la normalidad constitucional en Argentina y en Uruguay; en 1930 un movimiento militar depuso al presidente Yrigoyen en Argentina, y en 1933 dio el presidente Terra un golpe de Estado que suprimió el Consejo de Administración y le entregó la suma del poder. En ambos casos puede advertirse la repercusión de los movimientos autoritarios que por entonces habían aparecido en Europa; pero el desarrollo posterior de la vida política en uno y otro Estado revela la fuerza de las condiciones con que los regímenes anteriores habían moldeado la realidad. En Argentina, en efecto, prosiguió la misma tendencia a ignorar los problemas sociales, agravada ahora con un régimen político en el que la minoría reaccionaria pugnaba por sostenerse en el poder mediante el más descarado fraude electoral. Así se explica el creciente escepticismo político de las masas, que un día irrumpieron violentamente cegadas por las promesas de la demagogia. En Uruguay, en cambio, el episodio dictatorial se diluyó poco a poco, y la presión de la opinión pública forzó a los herederos del “terrismo” a volver al cauce constitucional, para proseguir dentro de un régimen democrático y al mismo tiempo socialmente avanzado.

Ambas crisis —las de salida de los regímenes del golpe de Estado en Argentina y Uruguay— se operaron al promediar o finalizar la Segunda Guerra Mundial. Un clima de revisión predominaba en el mundo con respecto a los saldos políticos de la primera posguerra. Y la diversidad de las situaciones creadas por el radicalismo y el coloradismo en uno y otro país, impusieron finalmente su signo sobre el destino político de cada uno.

El liberalismo latinoamericano. 1977

El liberalismo latinoamericano. 1976

Para América Latina, ningún problema constituye un nudo tan importante en su vida y en su cultura como el del liberalismo. Más que una doctrina política o filosófica fue, en vísperas de los movimientos emancipadores de 1810 y después de ellos, una filosofía de vida, un sistema de ideales que configuraba la imagen que cada país se hizo de sí mismo. No sería exagerado decir que, en todos ellos, todo el juego de las tendencias sociales y de las ideas se organiza alrededor de la controversia del liberalismo.

La penetración del liberalismo

Ciertamente, la crisis del mundo colonial hispanoportugués que conduciría a la emancipación y daría origen a la formación de las nuevas nacionalidades está consustanciada con las ideas de la Ilustración. Se difunden con algunas limitaciones en lo político y en lo religioso desde las mismas metrópolis; pero fueron conocidas en toda su extensión a través de la lectura subrepticia de las obras fundamentales de la segunda mitad del siglo XVIII, prohibidas por las autoridades pero que llegaron a las manos de los grupos renovadores que empezaron a constituirse por entonces en muchas ciudades, dentro y fuera de las universidades. El espíritu inquisitorial predominaba con distinto vigor en las diversas regiones latinoamericanas, y se manifestaba no sólo en el celo de las autoridades sino también en el designio de las clases dirigentes de mantener y perpetuar el espíritu autoritario y dogmático que las metrópolis habían impuesto en sus colonias desde el momento primero de la conquista. Contra ese espíritu tradicional utilizaron los nuevos disidentes como arma de lucha el pensamiento racionalista primero, y el de la Ilustración después. Algunas universidades, como la de Charcas, en el Alto Perú, llegaron a ser centros de intensa actividad intelectual de inocultable heterodoxia.

Fueron estos grupos disidentes los que prepararon el camino de la emancipación de las repúblicas latinoamericanas. Las nuevas generaciones, formadas al calor de la renovación económica que se produjo en las últimas décadas del siglo XVIII, recibieron al mismo tiempo la oleada de las nuevas experiencias políticas que suscitó la Revolución francesa. Así quedaron definidas las posiciones entre los tradicionalistas y los que muy pronto empezaron a llamarse liberales.

Los movimientos emancipadores que se produjeron en 1810 en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, así como otros que no triunfaron inmediatamente, estaban impregnados de las ideas del liberalismo, aunque pudieron advertirse importantes matices entre ellos, unos más y otros menos radicales. Sus inspiradores remotos fueron, obviamente, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros autores menores que divulgaban sus ideas. Se sumaban a ellos los pensadores ingleses, Locke y Paine en particular, y en alguna medida los tratadistas norteamericanos, que ofrecían fundamento teórico al movimiento emancipador de los Estados Unidos y a las instituciones de la nueva república federal. Liberal fue el mensaje revolucionario que llevaron a diversos países los ejércitos libertadores de San Martín y de Bolívar. Y liberales fueron las instituciones con que se constituyeron las nuevas repúblicas latinoamericanas, inspiradas —en teoría al menos— en los principios de la soberanía popular, los derechos individuales, la igualdad, la fraternidad y, sobre todo, la libertad, palabra clave reiteradamente repetida y sobre cuyos alcances se abriría una tensa polémica muy poco después.

Pero el espíritu tradicionalista no se extinguió con la emancipación. Los movimientos rebeldes abortaron en México y América Central, y las clases conservadoras retuvieron el poder. Y aun allí donde esos movimientos triunfaron, se vio muy pronto reagruparse a los tradicionalistas al acecho de una circunstancia favorable para dar la batalla contra los grupos revolucionarios, lo que era, en el fondo, una batalla contra el liberalismo.

Así pues, el liberalismo triunfó con la emancipación, incluso en aquellos países que más tardaron en alcanzarla. Pero las alternativas del proceso postrevolucionario, con sus fracasos y sus desviaciones, planteó muy pronto en toda Latinoamérica el problema de la legitimidad de las ideas que habían movido aquel proceso. El liberalismo fue cuestionado —como praxis política y como doctrina filosófica— a la luz de las consecuencias que su adopción había originado; y en las tres o cuatro décadas que siguieron a los movimientos revolucionarios de 1810 se produjeron en todos los países intensos movimientos de polarización antiliberal.

Liberales y conservadores

El liberalismo extremado, el que sostenía el principio igualitario en una sociedad que conservaba su tradicional estratificación, y que proclamaba la libertad en medio de un orden que mantenía su estructura autoritaria, fue criticado duramente desde un punto de vista ultramontano, nutrido del espíritu de la Restauración. También fue combatido desde un punto de vista conservador —al estilo inglés—, que condenaba la concepción revolucionaria y sólo admitía un proceso de cambio que fuera lento y evolutivo. Pero inclusive fue combatido desde un punto de vista liberal moderado, que sin declinar la defensa de grandes principios consideraba peligroso aplicarlos sin ajustarlos cuidadosamente a las circunstancias reales de cada sociedad. Muy pronto, el liberalismo moderado adoptaría los caracteres de un conservadorismo liberal. Ejercieron fuerte influencia en el desarrollo de esas actitudes críticas muchos factores. Quizás el primero fuera la experiencia europea de la Restauración; pero no menor fue la que tuvieron otras experiencias, la de España en primer lugar, donde el absolutismo de Fernando VII desembocaba en la guerra carlista; la de las revoluciones de 1830, de acento liberal; la de las revoluciones de 1848, con la doble fisonomía que presentó en Francia. En cada caso, los fenómenos políticos europeos producirían encontrados efectos: se tonificaban tanto los liberales como los conservadores en la defensa de sus posiciones y en el ataque de las adversarias, y no contaron menos las influencias ideológicas del Romanticismo bifronte, conservador o liberal. Poco a poco, tanto la política como las ideas se fueron polarizando en todos los nuevos países latinoamericanos alrededor de los principios liberales o de los principios conservadores.

Esa polarización se puso claramente de manifiesto hacia mediados del siglo, cuando las nuevas y tumultuosas sociedades que se habían ido formando en las jóvenes naciones comenzaron a estabilizarse y empezaron a buscar su consolidación a través de un orden institucional. Se manifestó, sobre todo, en la lucha por la orientación que debían tener las constituciones con las que cada Estado quería formalizar su existencia jurídica. Liberales y conservadores disentían en muchas cosas, aunque de diferente cuantía. La relación entre los problemas concretos de cada país y las grandes líneas ideológicas recibidas de Europa o los Estados Unidos no siempre fue clara, pero las actitudes pragmáticas sí lo eran. Problemas económicos y sociales, como el de los monopolios o el mayorazgo, los impuestos o la política con respecto a las clases trabajadoras de origen indio o negro, polarizaban drásticamente las opiniones. Problemas políticos como el del federalismo, por oposición al centralismo; o problemas difusos que abarcan un vasto espectro de preocupaciones, como el papel de la Iglesia o el control de la educación pública dividían a los dos bandos —conservadores y liberales— en el momento de discutir las instituciones que cada república se daría. Y más allá de las cuestiones concretas, los dividía una tendencia general, unos a la conservación de las tradiciones, las costumbres y las ideas vernáculas de raíz colonial, y otros a la apertura del horizonte intelectual para dar libre paso a las nuevas ideas relacionadas con la sociedad, la política y, sobre todo, con la concepción del progreso.

Si la disputa por las constituciones fue intensa y larga, otra disputa más sutil se puso de manifiesto por la misma época, enfrentando las mismas posiciones. Fue la disputa por la interpretación del pasado nacional, de la que surgió la misma puntualización de la trascendencia del enfrentamiento. Y si, en general, triunfó el liberalismo en la primera, también triunfó en la segunda.

Afirmada la soberanía política de cada país, en vías de solución el problema de su organización institucional, apareció en todos la preocupación por la identidad histórica. ¿Qué era ser argentino, venezolano, mexicano? La respuesta dio origen a una nutrida producción historiográfica que significó un balance más o menos cuidadoso de la tradición colonial, del proceso revolucionario y de los comienzos de la organización institucional, en la que cada autor representó un punto de vista que no sólo era retrospectivo sino, además, prospectivo.

El punto de vista predominante fue el liberal. En la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento escribió un vigoroso y profundo estudio, Facundo, cuyo subtítulo —Civilización o barbarie— declaraba explícitamente ese punto de vista. Para analizar y comprender la situación de su país en el momento en que escribía —en 1845, proscrito en Chile— rastreaba el pasado colonial, sopesaba la influencia española en lo que, según él, tenía de negativo, analizaba los caracteres del movimiento revolucionario de 1810 y desembocaba en el examen de la sociedad argentina de su tiempo, en la que veía un juego entre las tendencias de la campaña criolla y bárbara y las ciudades civilizadas y europeizantes. Más tarde Bartolomé Mitre escribió sendos estudios sobre dos grandes figuras de la independencia, San Martín y Belgrano, que constituyeron, en conjunto, la primera historia de la nación, y en la que reivindicaba la tradición liberal de la Revolución de Mayo. En el mismo sentido concibió su Historia de la República Argentina Vicente Fidel López, que confirmaba la posición intelectual declarada ya antes en su Memoria sobre los resultados con que los pueblos han contribuido a la civilización de la Humanidad, un título que evocaba la obra de Condorcet.

La historiografía liberal produjo obras importantes en Chile. Francisco Bilbao escribió un ensayo titulado Sociabilidad chilena, que mostraba su liberalismo radical. Pero los historiadores más radicalizados fueron Diego Barros Arana, autor de una Historia general de Chile, José Victorino Lastarria, que compuso una Historia constitucional de medio siglo, y Benjamín Vicuña Mackenna, entre cuyas obras se destacan una Vida de O’Higgins y una Vida de Portales.

Análogas tendencias, aunque con matices, mostraban en Perú la obra de Daniel F. O’Leary, sobre la emancipación de este país y la de Mariano Felipe Paz Soldán titulada Historia del Perú independiente. En Colombia José Manuel Restrepo compuso una Historia de la Revolución de Colombia y en Venezuela Rafael María Baralt su Resumen de la historia antigua y moderna de Venezuela. En México, Lorenzo de Zavala manifestó en su obra una tendencia decididamente jacobina; José María Luis de Mora se mostró también liberal en México y sus revoluciones; y más tarde hizo gala de sus convicciones progresistas Justo Sierra en su Evolución política del pueblo mexicano, lo mismo que en Brasil Francisco Adolfo de Varnhagen en su Historia do Brasil.

Con ser extenso, el conjunto de obras mencionadas no agota la crecida producción historiográfica latinoamericana al promediar el siglo XIX. Y vale la pena detenerse en ella no sólo porque constituye la más neta expresión de la actitud liberal sino también porque fue el cauce fundamental que adoptó la cultura intelectual, inseparable entonces de cierta militancia social, política e ideológica. No abundaron los ensayos sistemáticos y teóricos, pero en la concepción de la historia nacional se volcaron todas las inquietudes, que participaban de la doctrina y de la praxis.

Sin embargo, la historiografía liberal fue escasamente polémica, precisamente por el vasto consenso que tenía en las clases ilustradas el liberalismo. Su concepción del pasado nacional y su implícita prospectiva parecían indiscutibles, puesto que situaban el desarrollo de cada región, convertida luego en país independiente, en la línea del progreso de la humanidad. Las luchas políticas —tema casi exclusivo de esas obras— se inscribían en las luchas por la civilización contra la barbarie; pero se inscribían sobre todo en la lucha contra el autoritarismo, la ignorancia, el dogmatismo. Podría decirse que las historias nacionales fueron concebidas como “historias de la libertad”, pensada esta con los caracteres que podía tener en Guizot o en Michelet. Aun la lucha por la juridicidad era una lucha por la libertad, en un ámbito social en el que el viejo autoritarismo colonial había sido heredado por caudillos y dictadores surgidos de las guerras civiles que siguieron en casi todos los países a la independencia.

Con todo, quizá la clave de la historiografía liberal fue la preocupación por establecer las identidades nacionales. Podría decirse que la inspiraba el espíritu de las revoluciones europeas de 1830, en las que el nacionalismo de los pueblos sojuzgados se manifestaba como un anhelo de recuperar su personalidad colectiva, de expresarla libremente gracias a las libertades que garantizarían sus instituciones, que se soñaban fundadas en los principios del liberalismo. La historiografía latinoamericana de mediados del siglo XIX expresó semejantes puntos de vista. Supuso que los pueblos, individualizados y definidos, no habían nacido con su independencia política sino que eran preexistentes y habían estado sojuzgados por las metrópolis coloniales. Se trataba entonces de rescatar su personalidad y demostrar que los movimientos emancipadores habían otorgado la libertad política a quienes ya tenían una clara y diferenciada fisonomía social y cultural. Por eso el concepto básico de la historiografía liberal fue la “nación”, con claras connotaciones románticas. Y esa nación preexistente en el momento de la independencia era la protagonista del drama social, político y cultural que siguió a ella, cuando se trató de despojarla del sistema colonial en que estaba inscripta —cada una junto con todas las demás— y proveerla de su propio e irreductible sistema nacional.

Por ese presupuesto, la historiografía liberal fue cuestionada desde un punto de vista conservador, que asumió la defensa del orden colonial, con todo lo que él entrañaba. El ecuatoriano Gabriel García Moreno, ultramontano por cuya inspiración se inscribió en la Constitución de su país que para ser ciudadano del Ecuador se requería ser católico, se había lanzado a la defensa de los jesuitas, analizando la obra ingente que la Compañía había cumplido en América. Era tomar partido contra la ideología de la independencia, inequívocamente liberal. Y el punto clave fue, precisamente, la reivindicación del orden colonial y de la Iglesia católica. También asumió la defensa de los jesuitas y de la Iglesia en general el colombiano José Manuel Groot, autor de una Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Con el mismo espíritu compuso su Historia eclesiástica y civil de la República del Ecuador el obispo Federico González Suárez, autor también de una Historia eclesiástica del Ecuador. Pero acaso la obra más significativa entre las que cuestionaron el pensamiento y la política del liberalismo sea la del mexicano Lucas Alamán, cuyas Disertaciones sobre la Historia de México y la Historia de México no sólo reivindicaban los movimientos revolucionarios encabezados por Hidalgo y Morelos, sino todo el proceso revolucionario posterior a la caída del emperador Agustín Iturbide, signado por la acción de los liberales.

Como era inevitable, la crítica del liberalismo se montó en esta época sobre el análisis de los frutos de la acción política que había inspirado. Pero muchos puntos doctrinarios surgieron al paso. Lo fundamental en la polémica fue el juicio sobre la conquista española y el sistema colonial. Los tradicionalistas defendían la obra de España, la sabiduría de sus instituciones, su obra civilizadora gracias a la cual se habían convertido los indios al cristianismo y se habían adaptado a la civilización europea, el papel de los misioneros y la función de los conventos así como la influencia de la Iglesia sobre todo el sistema. Era, justamente, lo que, en general, cuestionaban los liberales; sobre todo, la injerencia de la Iglesia en la vida civil y especialmente en la educación. Pero de esos temas se desprendía uno capital: la condición de las etnias sometidas y, por derivación, el tema siempre candente de si los principios liberales —especialmente los de la libertad y la igualdad— debían aplicárseles, aun a riesgo de conmover los fundamentos económicos y sociales del orden vigente. Ciertamente, sólo los liberales radicalizados siguieron manteniendo una actitud afirmativa en las tres o cuatro décadas que siguieron a la emancipación, en tanto que los liberales moderados se aproximaron en este aspecto a los conservadores, aun cuando siguieron afirmando el valor de la cultura, combatiendo la injerencia eclesiástica en la vida civil y en la educación y criticando la obra de las metrópolis coloniales.

Pero además quedó planteado otro problema que no se relacionaba con la época colonial sino con el período postrevolucionario. Fue el de los resultados que había tenido la aplicación de los principios del liberalismo. Los tradicionalistas y muchos que se seguían diciendo liberales achacaron a esa doctrina la anarquía, el desorden, el empobrecimiento general, la decadencia de las ciudades. El mismo Bolívar sostuvo esta tesis, no tanto para cuestionar los principios básicos del liberalismo como para afirmar su inadecuación a la realidad de los nuevos países. Pero entre estos dos supuestos extremos se establecieron diversas posiciones intermedias. Una muy singular fue la que podría llamarse “teoría de la dictadura liberal”, cuya contradicción íntima parecía justificada por la necesidad de que la aplicación de los principios liberales fuera regulada por un poder fuerte, dictatorial si fuera necesario, para impedir el deslizamiento hacia situaciones caóticas. Tema importante de la polémica fue el de los “límites” de los principios liberales: los límites de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la soberanía popular, de los derechos políticos. Pero simultáneamente muchos sectores tradicionalistas en estas materias se mostraron inclinados a favorecer el progreso material y el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos. Se criticaba la Vida de Jesús, de Renan, pero se admitía El porvenir de la ciencia.

Liberalismo y positivismo

A partir de 1880, aproximadamente, se advirtió un cambio sensible en algunas posiciones ideológicas y políticas, y en diversos países latinoamericanos el cuestionamiento y la defensa del liberalismo adquirieron otros matices. Si las revoluciones europeas de 1848 tuvieron larga repercusión, no la tuvieron menos otros fenómenos políticos: el proceso español bajo Isabel II y el que siguió a su deposición en 1868, el de la Inglaterra victoriana, con su sostenido equilibrio y su creciente poderío, el del Segundo Imperio francés, el de la unidad italiana. Este último reveló toda la importancia de la cuestión religiosa, y los pronunciamientos pontificios sobre el liberalismo —la encíclica Quanta cura y el Syllabus— repercutieron fuertemente sobre la opinión pública. Al mismo tiempo, la penetración de las obras fundamentales del positivismo y del cientificismo, especialmente las de Comte y Spencer, a las que se agregaron las de sus numerosos divulgadores, crearon en las clases cultas una atmósfera ilustrada que también contribuyó a formar la lectura de la literatura del naturalismo. Un nuevo panorama se abría en la consideración del liberalismo.

Ante todo, la posición del liberalismo se había robustecido considerablemente. No sólo era la doctrina predominante en política y la que, con diversos y singulares matices, inspiraba el sistema institucional de la mayoría de los países, sino que, en su nuevo avatar finisecular en el que se combinaba con el positivismo y el cientificismo, era también la filosofía predominante entre las clases cultas y la fuente más o menos reconocida de las opiniones generalizadas sobre el sentido de la vida, la moral y la convivencia. Sus principios se transformaron en verdades comunes y de sentido común. El progreso, concebido como inseparable de una concepción liberal de la vida, fue la bandera de la época, en la que, por lo demás, parecían incuestionables los principios del liberalismo económico. Los adalides de esas actitudes fueron las poderosas burguesías que se constituyeron por entonces en casi todos los países, al calor de la riqueza que trajo a Latinoamérica su inclusión en la periferia de los países industrializados. Pero las clases populares se sumaron a las élites y participaron de las mismas actitudes, movidas por la certidumbre de que favorecían y permitían el ascenso individual de clase, objetivo obsesivo de esas décadas de esplendor material.

En ese cuadro se manifestaron nuevos cuestionamientos del liberalismo, desde diversos puntos de vista. La política antiliberal del papado tuvo enorme importancia. En el Ecuador la adoptó el presidente García Moreno como su propia bandera y como fuente inspiradora de su política, y más tarde aglutinó a sus adeptos en muchos países latinoamericanos, especialmente en relación con problemas concretos que replanteaban los conflictos entre la Iglesia y el Estado.

Fueron los ultramontanos los que arremetieron con más vigor contra el liberalismo. Tanto el presbítero chileno Joaquín Larraín Gandarillas como el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno retomaron y sostuvieron el principio del fundamento sobrenatural de la sociedad y la existencia de un orden divino que la Iglesia no sólo debía sino que estaba obligada a defender, de lo que resultaba la afirmación del derecho de la Iglesia a intervenir en el orden secular. En Argentina defendieron esta tesis —y sus consecuencias concretas— Pedro Goyena y José Manuel Estrada. Este último, aun considerando “admirable la robusta generación que fundó la República”, criticaba su ortodoxia liberal y, refiriéndose a su época, hablaba de que el gobierno participaba de una conspiración para imponer “el programa masónico de la revolución anticristiana”. La ocasión para esa arremetida antiliberal fue la sanción, en 1884, de las leyes que establecían la educación popular laica y obligatoria y el Registro Civil, institución estatal que sustraía a la Iglesia el control de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, estos últimos válidos de allí en adelante por el solo acto civil. “La ignominia del concubinato legal”, llamaba Estrada al matrimonio civil, atribuyendo esta responsabilidad al liberalismo. Con el mismo vigor anatemizó la enseñanza laica —”la escuela sin Dios” — en la que veía un semillero de esos males que él, como todos los ultramontanos, compendiaba en la fórmula de la “civilización moderna”. Por esa época hubo debates semejantes —con semejantes argumentos— en varios países, distinguiéndose en la defensa del punto de vista ultramontano el chileno Carlos Walker Martínez, el boliviano Mariano Baptista y, sobre todo, el colombiano Miguel Antonio Caro.

Pero el liberalismo fue, por entonces, cuestionado también desde un punto de vista social, y con diversos enfoques. Todos ellos coincidieron en reconocer que era la ideología del progreso; pero coincidieron también en que era una ideología de clase, asumida por las clases altas poseedoras, defendida e impuesta por ellas porque expresaba sus aspiraciones. Se achacó al liberalismo la formación de un tipo de sociedad en la que las clases productoras e ilustradas —y no sólo las clases altas sino también las clases medias— sacrificaban a sus intereses a las clases desheredadas, a las que despreciaban por su elementalidad y por su ignorancia, como si fueran responsables de ella, con lo que se consideraban autorizadas para mantenerlas en estado de sujeción. La educación —tanto en el sentido intelectual como en el social— parecía constituir un signo de clase, y el liberalismo fue acusado, explícita o implícitamente, de justificar esa sociedad que desestimaba y condenaba a los estratos sociales de menor nivel.

El primer enfoque, de raíz romántica, puso el énfasis sobre las razas sometidas y desembocó en lo que llamó el “nativismo” o “indigenismo”. En el Brasil ya había aparecido esa actitud a fines del siglo XVIII, pero sin el contexto político que tendría en las últimas décadas del siglo XIX. Ahora ese sentimiento reivindicatorio de las razas sometidas se canalizó a través de la literatura, concretado en varias obras significativas: Cumandá, del ecuatoriano Juan León Mera, Enriquillo, del dominicano Manuel de Jesús Galván, Tabaré, del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, Aves sin nido, de la peruana Clorinda Matto de Turner, Canaán, del brasileño Graça Aranha, todas ellas de las últimas décadas del siglo. Fue en Brasil precisamente donde el movimiento tuvo más dramaticidad, polarizando a los partidarios y a los adversarios de la esclavitud, que sólo fue abolida en 1888. La prédica en favor de las razas sometidas recaía, indirectamente, sobre todo el sistema social y económico. Algo parecido pasó en Argentina con el problema de los “gauchos”, un sector social rural tradicional que, aunque no perteneciera a una raza sometida, estaba constituido preferentemente por mestizos. Hasta esa época había habido una “literatura gauchesca”, cultivada por escritores cultos de las ciudades que, sin embargo, usaban del caudal de creación popular de los “cantores” gauchos, y que no tenía contenido ideológico. Pero cuando los gobiernos liberales intensificaron su política civilizadora y progresista, redujeron y acorralaron a los gauchos, cuyo tipo de vida no se adecuaba al programa civilizatorio. Entonces la poesía gauchesca tomó la bandera de su reivindicación y produjo un formidable alegato contra la civilización en el Martín Fierro de José Hernández, cuya primera parte su publicó en 1872 y la segunda en 1879. El poema —casi una respuesta al Facundo de Sarmiento— sirvió de contraseña para algunos movimientos antiliberales argentinos.

El segundo enfoque, fruto de algunas experiencias sociales y políticas, puso el énfasis sobre la marginalización de las clases populares, como resultado de la actitud de las clases cultas y poderosas que, controlando la vida económica, controlaban también la vida política. Esas clases eran liberales, y como fueron consideradas por sus nuevos críticos sociopolíticos como verdaderas oligarquías plutocráticas, el liberalismo empezó a ser considerado por ellos como una ideología oligárquica y plutocrática también. El fenómeno se puso de manifiesto en las últimas décadas del siglo XIX, cuando el desarrollo económico de ciertos países permitió el ascenso hacia la clase media de muchos que habían logrado prosperar, sin que por eso dejaran de ser políticamente marginales. Hubo, pues, una masa, preferentemente urbana, que aspiró a la participación política y que vio en el liberalismo la postura de los que le cerraban el paso. Se reprochó al liberalismo una concepción elitista y una total insensibilidad para percibir y aceptar los difusos sentimientos populares de los grupos que ahora se sentían ciudadanos de pleno derecho. Pero la crítica fue difusa, y más importante que los cargos concretos fueron los sentimientos ante la actitud rígida de quienes parecían sacrificar a sus ambiciosos planes los estratos de menor nivel de la sociedad. Tales caracteres tuvo el movimiento que organizó en Perú Manuel González Prada, que unió en su defensa a todas las clases populares, empezando por los indios, y requirió el apoyo del Estado para su educación y su subsistencia, levantando la bandera de la justicia social. En Argentina, pocos años después de iniciado en Perú el levantamiento de González Prada, Leandro Alem aglutinaba un movimiento popular que irrumpió en 1890 en una revolución de gran importancia para el futuro. Era un movimiento inorgánico pero con un gran contenido emocional, cuya bandera fue el sufragio universal como arma para lograr la plena participación de toda la ciudadanía. Rasgos semejantes tuvo en México el movimiento antirreeleccionista que se produjo en 1910 contra el presidente Porfirio Díaz, encabezado por Francisco Madero, y que luego derivaría en un sentido revolucionario de fuerte contenido social. Y algunos signos de antiliberalismo contenía el movimiento que encabezó en Uruguay Batlle y Ordóñez, preocupado por canalizar las inquietudes sociales a través de una legislación que les ofreciera satisfacción.

El tercer enfoque fue el que introdujo la concepción marxista, cuyos doctrinarios aplicaron a la situación latinoamericana los principios del materialismo histórico. Quizá el más brillante de ellos fue el argentino Juan B. Justo, que en los últimos años del siglo enjuició la sociedad y la política de su país y especialmente a sus clases poseedoras, fundando en 1896 el Partido Socialista; como su compatriota Alfredo Palacios y el uruguayo Emilio Frugoni, discriminó ciertos valores del liberalismo que no sólo sustrajo a la crítica sino que exaltó, reprochando a las oligarquías liberales que los hubieran abandonado.

El liberalismo en retirada

Las críticas al liberalismo no comprometieron, por esa época, su predominio como ideología dominante. Revivieron viejas objeciones, actualizaron duras quejas o enjuiciaron sus supuestos en términos universales, pero a nadie se ocultaba que constituía el fundamento del sistema predominante, sostenido por un vigoroso consenso. Las críticas empezaron a ser un poco más profundas a medida que iba entrando el nuevo siglo. Un signo sugestivo fue la aparición del “arielismo”, un movimiento moralizante inspirado en Ariel, del uruguayo José Enrique Rodó, publicado en 1900. Era un alegato contra el modo y los ideales de vida de los Estados Unidos, en los que Rodó veía una insurrección de los valores utilitarios. El liberalismo sentía el golpe, porque el pragmatismo norteamericano parecía la expresión más adecuada de las tendencias progresistas que él cobijaba. Lo contrario parecía ser un idealismo no bien definido, una moral de la persona humana y, en el fondo, una concepción desinteresada o lúdica de la vida, propia de minorías exquisitas. Eran los tiempos del nacimiento del modernismo literario, poco después de la publicación de Prosas profanas, de Rubén Darío. Por primera vez se imputaba a las clases altas su estulticia, su obsesiva preocupación por la riqueza, y la palabra “fenicio” definía a los ricos y poderosos que componían las clases dominantes. El liberalismo, bajo la fisonomía que presentaba en mano de esas oligarquías plutocráticas, pareció, a los ojos de las nuevas minorías intelectuales y neorrománticas, comprometido con una concepción fenicia de la vida.

Era una crítica aristocratizante, y el mismo sentido tuvo la que desde un punto de vista social y político desarrollaron otros grupos. En Brasil, la escuela de Recife, de fuerte inspiración alemana, impulsó un racismo blanco que tuvo su principal inspiración en Oliveira Vianna, cuya Evoluçao do povo brasileiro recoge las ideas de Gobineau y de Chamberlain y las empalma con las del racismo ario que cundía en Alemania. Básicamente antiigualitario, este aristocratismo social atacaba al liberalismo por otro flanco, acusándolo de haber fomentado una sociedad sin jerarquías, fundada en el poder del dinero y abierta a todas las remociones que el ascenso económico de los grupos populares producía. Por ese mismo flanco atacaban al liberalismo otros movimientos semejantes, como los que reivindicaban la supremacía de las viejas clases dominantes de pura cepa hispánica en México o Perú. Con frecuencia fue sólo un movimiento intelectual —como el que representaba el peruano Raúl Porras Barrenechea— pero más de una vez, y en diversos países, tuvo proyecciones políticas. José Vasconcelos sostuvo en México la necesidad de resistir a la seducción del modelo norteamericano de vida y de restaurar la concepción latina, hispánica y católica, cuyo trasfondo no coincidía con el liberalismo. Y los primeros movimientos nacionalistas que aparecieron en Argentina, inspirados en gran parte por el pensamiento de derecha francés representado por Maurràs y Daudet, y por la corriente defensora de la “hispanidad“, como la entendía Ramiro de Maeztu, se mostraron antiliberales desde un punto de vista aristocratizante y minoritario, como se manifiesta en Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio o Ignacio Anzoátegui.

Muy pronto, al hacerse sentir la influencia del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, las críticas al liberalismo adquirieron un tono más vehemente —como en la voz de Mussolini— y lograron, por cierto, una acogida más generalizada. Los movimientos nacionalistas cambiaron de características. Si antes habían sido minoritarios y aristocratizantes, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso tendieron a transformarse en movimientos de masas con consignas más o menos revolucionarias pero, en todo caso, francamente antiliberales. Y no solamente en cuanto a doctrina económica, social y política, sino también en cuanto a los valores culturales que entrañaba.

Acaso el rasgo más significativo haya sido la condenación del “imperialismo”, una palabra que definió en Latinoamérica —con fuertes contenidos emocionales— la política económica que las grandes potencias habían desarrollado desde la independencia. Se sostuvo que, inspirada por el liberalismo, la independencia había sido un simple movimiento político que, al sacudir el yugo de las metrópolis coloniales, había entregado los nuevos países a la dominación —a la explotación, se decía— de los grandes países capitalistas en proceso de industrialización, en especial Inglaterra. Los movimientos nacionalistas, que aspiraban a ser movimientos de masas, levantaron las banderas del antiimperialismo. Condenaron al liberalismo económico como una política que convenía a las metrópolis industriales, pero que distorsionaba las economías locales poniéndolas al servicio de los intereses extranjeros; y cuanto habían hecho las antiguas oligarquías de fines del siglo XIX en nombre del progreso fue repudiado en nombre de los genuinos intereses nacionales. Por esa vía, el liberalismo fue convirtiéndose en palabra despectiva, con la que se designaba la doctrina económica de las oligarquías vinculadas al capital extranjero.

Pero no sólo se condenó el liberalismo económico. Los movimientos nacionalistas que aspiraban a ser movimientos de masas condenaron también acremente, como antinacional, la actitud política y social del liberalismo. La democracia liberal fue considerada un ardid engañoso, pues el sistema representativo que debía alimentarla había mantenido alejadas de la participación política a lo que se llamó las “mayorías nacionales”. Se prefirió otro tipo de representación, de inspiración romántica: la del caudillo capaz de interpretar a las masas, a la manera del héroe de Carlyle. Las masas debían aceptar el liderazgo del caudillo para vencer a las oligarquías. Y este nuevo tipo de política propuesto por el nacionalismo significaba no sólo la negación de todo el sistema formal de la democracia liberal sino también de la concepción liberal de la comunidad política, fundada en el valor primordial del individuo y de sus derechos como persona. Lo importante eran las mayorías populares, concebidas de manera gregaria, en las que se veía a las depositarias de los valores nacionales, profundos y colectivos. Por eso se condenó también al liberalismo en el plano de la cultura. Más importante que las ideas elaboradas y sostenidas por las élites pareció la cultura popular, de raíz telúrica, elaborada en la tradición y manifestada emocionalmente en el folclore. Se consideró que la cultura universal era, necesariamente, una cultura extraña, importada e impuesta coactivamente sobre el tejido de la auténtica y espontánea cultura popular.

No en todas partes los movimientos nacionalistas de masas tuvieron todos estos caracteres combinados de la misma manera. En los países con fuerte población aborigen el nacionalismo de masas se apoyó en el papel que estas debían cumplir, pero con algunos matices. En México, la revolución de 1910 tuvo un fuerte componente indigenista; pero con el tiempo se desvaneció, dando paso a una singular concepción de “lo mexicano” que, inspirada en cierto modo en José Vasconcelos, se desarrolló a través de pensadores, sociólogos, artistas, líderes políticos, que trataron de definir lo peculiar del “ser nacional”, unas veces con el acento puesto en lo indígena y otras admitiendo el valor de los componentes hispánicos. En Perú el “aprismo” —fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre— canalizó políticamente la tendencia a la reivindicación de los indígenas. Pero fue en Bolivia donde esos movimientos tuvieron un carácter más definido. El antiimperialismo se personalizó allí en la lucha contra los “barones del estaño”, pequeña oligarquía estrechamente vinculada a los intereses internacionales, y lo canalizó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tuvo en Víctor Paz Estenssoro a su conductor. Pero alrededor de las consignas económicas y políticas, el movimiento elaboró una doctrina de “lo boliviano” o “la bolivianidad”, nutrida no sólo de fuerte contenido telúrico sino también de una sutil combinación de elementos indígenas e hispánicos.

Todos esos movimientos fueron antiliberales. Si no fueron declaradamente socialistas, enarbolaron unas banderas de “justicia social” que contenían elementos del socialismo, aunque rechazaron los supuestos marxistas. Fincaban sus esperanzas en un “Estado justo”, ajeno a las presiones del capitalismo internacional, que diera satisfacción y recibiera el apoyo de las masas populares, y rechazaban las formas del Estado liberal. En el Brasil, el presidente Getulio Vargas fundó, precisamente, el “Estado Novo”, y en la Argentina el presidente Juan Domingo Perón llamó a su doctrina “justicialismo”. Nunca fue fácil establecer las características del tipo de Estado que ambos políticos quisieron fundar, ni quiénes fijarían su orientación. Pero era evidente —y explícita— la negación del liberalismo en todos sus aspectos, aun cuando fueran inciertas las fórmulas que debían reemplazarlo. Matices similares se encuentran entre los fundadores de la Democracia Cristiana chilena, como Radomiro Tomic, o en el colombiano Rojas Pinilla, que trató de romper el predominio de los dos partidos tradicionales.

En la agitada Latinoamérica de posguerra, el populismo pareció convertirse en la única alternativa viable frente al liberalismo, y la ideología de la justicia social, esgrimida por los teóricos de aquella doctrina, se contrapuso a la del ascenso individual. La primera, en muchos casos, pareció apenas una nueva versión de la tradicional caridad pública, mientras que la segunda, nacida del viejo tronco de la ideología liberal, adquirió un nuevo y sorpresivo significado en tanto sus beneficiarios podían ser sectores sociales mucho más amplios que los que tradicionalmente la predicaron.

Sin embargo, luego del resonante fracaso de las experiencias populistas más importantes, su ideología dejó de ser una real alternativa. Una condena más radical de la tradición liberal provino de los movimientos revolucionarios que se desarrollaron desde la década del sesenta, inspirados en la práctica de la Revolución cubana. De inspiración marxista, abandonaron la vertiente liberal que conservaba aquella ideología revolucionaria —y que era recogida por los partidos socialistas y por los comunistas— y se apropiaron de elementos del populismo y del nacionalismo, mezclados de forma más o menos coherente. Su desarrollo produjo fisuras y realineamientos, tanto dentro de la concepción populista como de la liberal, pero en general predominó una suerte de aglutinación en torno de una ideología que, conservando algunas formas del liberalismo, estaba cada vez más desprovista de sus contenidos originarios y se convertía en una justificación del statu quo. De ese modo, el liberalismo, parece hoy haber culminado un largo periplo histórico para convertirse en el último baluarte de los sectores tradicionales.

La experiencia argentina. 1966

En el vasto territorio de lo que hoy es la Argentina, una comunidad no demasiado numerosa de hombres de origen europeo en su gran mayoría ha forjado y forja cotidianamente un país. En las inmensas tierras americanas no estaban preestablecidas sus fronteras, ni las habían dibujado pueblos antiguos de rica cultura. Lo que hoy es la Argentina era una parte imprecisa de una enorme llanura entre los Andes y el mar, cuyos límites estableció con su dura experiencia la pequeña comunidad humana que se instaló en ella, sobre el Río de la Plata, en la llanura, al pie de las montañas. Algunos pobladores vinieron directamente de España, pero otros llegaron a través del Perú o de Chile y pensaron que las ciudades que fundaban eran prolongaciones de esas comarcas. Sólo la experiencia les enseñó que el único núcleo aglutinante estaba en las bocas del Río de la Plata, por donde toda la llanura salía al mar y al camino de Europa. La Argentina fue el país que se formó alrededor de las bocas del Río de la Plata, y allí se estableció, una y otra vez, Buenos Aires.

En un principio, la Argentina fue un pequeño conjunto de ciudades salpicadas en el desierto: Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Mendoza, Corrientes, Santa Fe. Las unían imprecisos caminos dibujados por las huellas de los conquistadores, a través de una extensa tierra tan desierta como feraz. Pero en la llanura no había minas, ni densas tribus de aborígenes que pudieran utilizarse para plantaciones; sólo hubo vacas y caballos cuando fueron traídos de Europa, y en esas tierras se criaron robustos y salvajes hasta formar enor-mes manadas. Desde las ciudades se penetraba con recelo en el casi ignoto mundo de la llanura, y de allí se traían los animales que se criaban o se sacrificaban; y a principios del siglo XVII se comenzó a exportar desde Buenos Aires cuero y carnes saladas. Así se configuró, en los remotos orígenes, el primer esquema de la economía argentina.

Poblaban las ciudades españoles, descendientes de españoles, mestizos a veces, que se ocupaban de la administración y del comercio preferentemente. Eran aldeas pequeñas, sin muchas perspectivas, aherrojadas por el monopolio comercial instaurado por España, entre las cuales se destacó Buenos Aires no sólo por ser puerto de mar sino también porque la vecindad con las colonias portuguesas permitió el productivo ejercicio de un comercio ilegal. El contrabando reemplazó el tráfico de mercancías que España limitaba hasta el ahogo, y estimuló en la pequeña capital —de la gobernación primero y del virreinato después— la formación de una clase considerablemente rica, cuyos miembros eran quizá los mismos que medraban con el comercio monopolista. El resto de las ciudades cumplían también, en menor escala, funciones administrativas y mercantiles, y sólo en algunas del norte crecía el trabajo rural, se desarrollaba una tímida actividad minera o prosperaban algunas manufacturas.

En los campos, sobre todo en la vasta llanura poblada de ganado salvaje, la población se constituyó espontáneamente con españoles, criollos, mestizos y los que resultaron de las cruzas. Entre ellos estaban esos “gauchos” que observó Félix de Azara. Todos ellos diferían de los hombres de las ciudades, porque en éstas la vida había estado reglada desde un principio con suma precisión por las leyes españolas, en tanto que en las campañas la vida se había desenvuelto libremente y había adoptado los caracteres que la naturaleza le imponía. Era otro mundo, que los ciudadanos ignoraban y menospreciaban. Pero lo más importante para el futuro argentino es que, además, lo consideraron como un mundo marginal, sin derecho a participar en la vida común.

Dos mundos: uno severamente reglamentado a imitación de Europa y otro extremadamente libre en el cuadro de una naturaleza casi virgen, constituían el conjunto originario de lo que sería la Argentina. Quizá los rioplatenses se sintieran distintos de los paraguayos o de los peruanos ya desde antes; pero fue sobre todo en el siglo XVIII cuando comenzaron a adquirir conciencia de que formaban una unidad. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, las guerras contra los portugueses que pretendían apoderarse de la Banda Oriental y, sobre todo, las invasiones inglesas de 1806 y 1807, intensificaron aquel sentimiento nacional. Las tierras y ciudades que se reunían alrededor de Buenos Aires comenzaron a formar un país.

Cuando el imperio español quedó impotente —entre la amenaza de la Francia napoleónica y las victorias navales de Inglaterra— los rioplatenses decidieron que ya constituían un país y que era necesario darle forma. El 25 de mayo de 1810 se dieron un gobierno propio y comenzaron a introducir visibles cambios en su manera de vivir. La iniciativa había sido porteña, obra de los hombres de Buenos Aires, de la burguesía mercantil ilustrada que vivía en la capital del virreinato y estaba atenta a los tormentosos acontecimientos que se sucedían en Europa desde 1789. Las ideas liberales habían ganado muchos adeptos, y parecieron un modelo aplicable al nuevo país para lograr que se pareciese a los Estados Unidos de América. Porteños constituyeron la primera Junta de Gobierno, y porteños fueron los inspiradores de todos los actos de los primeros tiempos, hasta la época de la Asamblea General Constituyente de 1813, que consolidó los anhelos de independencia y asentó los principios liberales. Ejércitos porteños partieron de Buenos Aires para llevar la buena nueva hacia el Paraguay y el Alto Perú. El nuevo país independiente fue, pues, obra y creación de la antigua capital virreinal.

Pero si Buenos Aires tuvo el mérito de la iniciativa, no tuvo el de desenvolverla con clara comprensión de la realidad. Sus audaces dirigentes, impregnados de nuevas ideas y entusiastas de los cambios radicales, subestimaron la fuerza de las otras ciudades, más calmas y tradicionalistas, e ignoraron la existencia de ese mundo rural que crecía al margen de las ciudades sin que se le confiriera el derecho a integrarse con ellas. A poco de empezar su vida independiente, el nuevo país se vio envuelto en una guerra civil.

Cuando ya amenazaba con desencadenarse —por el recelo de las regiones interiores frente a la orgullosa capital—, un congreso reunido en Tucumán en 1816 pudo, todavía, aunar la mayoría de las voluntades para declarar solemnemente que los rioplatenses coincidían al menos en la decisión de ser libres. Así fue declarado el 9 de julio, y desde entonces adquirieron las Provincias Unidas del Sur los títulos necesarios para ser consideradas como una nación soberana. Pero el Congreso de Tucumán no pudo dar al país un ordenamiento institucional, porque las opiniones chocaron al llegar el momento de las decisiones. El gobierno de Buenos Aires siguió como un régimen de hecho, como una continuación del orden virreinal, como un fruto de la Revolución; pero el resto del país le restó cada vez más su apoyo hasta que lo disolvió por las armas. A principios de 1820, los ejércitos de las provincias litorales derrotaron al de Buenos Aires — que se consideraba nacional— y el nuevo país quedó disuelto. Las Provincias Unidas serían, de aquí en adelante, un conjunto de provincias desunidas.

Sólo el general José de San Martín mantuvo su fe inconmovible en el destino del país unido. Solicitado para que sirviera en la guerra civil, respondió que no intervendría en ella. Pero, al margen de las disputas, se propuso dar realidad al voto del Congreso de Tucumán y asegurar la soberanía de la nueva nación. Pacientemente, organizó un ejército en las provincias cuyanas y con él cruzó la cordillera de los Andes para enfrentar a los ejércitos españoles que se proponían recuperar las colonias para la madre patria. En 1817 los derrotó en la batalla de Chacabuco y al año siguiente en la de Maipú. Con esas victorias quedaba afianzada la independencia de Chile y asegurada la de Argentina. Pero pensando que era necesario aniquilar el último reducto español, llevó su ejército al Perú y se apoderó de Lima en 1821. Libres los países fronterizos, la independencia argentina estaba asegurada.

Desde 1820 hasta principios de 1826 no existió un gobierno nacional, y las provincias ordenaron su vida según sus libres y espontáneas tendencias. Buenos Aires, bajo la inspiración de Rivadavia, procuró llevar a la práctica las aspiraciones de progreso y modernización que alentaban los grupos liberales. Las demás provincias, por su parte, salvo excepciones, perpetuaron sus modos de vida tradicionales. Pero todas volvieron a unirse ante la amenaza de guerra con el Brasil, y coincidieron en la elección de Rivadavia como presidente de la República. La guerra, conducida por el general Alvear y el almirante Brown, proporcionó importantes triunfos al país. Pero, entretanto, la gestión de Rivadavia suscitó nuevos recelos de los grupos del interior. Como la Constitución de 1819 había desencadenado la guerra de 1820 a causa de sus tendencias centralistas, del mismo modo la que se proyectó en 1826 promovió la resistencia. Rivadavia debió renunciar y el gobierno nacional volvió a desaparecer.

En Buenos Aires fue elegido gobernador un partidario del federalismo, Dorrego, visto con buenos ojos por las otras provincias. Pero un golpe militar dirigido por Lavalle —unitario— lo derrocó, y Dorrego fue fusilado. Desde ese momento la guerra civil no tuvo pausa en la Argentina. Rosas apareció como el jefe federal de Buenos Aires, de acuerdo con López y Quiroga en el interior. Lavalle combinó sus acciones con Paz para oponérseles. Se enfrentaron así dos países ideológicos que representaban los ideales de dos países reales: no el campo y la ciudad en abstracto, sino la ciudad de Buenos Aires, con su puerto y su aduana, y el resto del país con su economía casi natural y su sentimiento de dependencia inexorable frente a la metrópoli que estaba en la boca del río abierto hacia Europa. En 1830 se constituyó la Liga del Interior presidida por Paz y en 1831 se firmó el Pacto Federal entre las provincias litorales. Buenos Aires parecía solidaria con sus hermanas ribereñas, pero pronto el gobernador de Buenos Aires, Rosas, demostró que él y los demás saladeristas no estaban dispuestos a compartir los beneficios del puerto y la aduana con nadie. El país quedó dividido en tres cuando, caído Paz, se midieron los tres jefes federales que poseían poderes regionales: Rosas, López y Quiroga.

Poco tiempo necesitó Rosas para sobreponerse a sus dos rivales y para reafirmar la supremacía de Buenos Aires sobre el resto del país. De manera informal, pero muy firme, Rosas restableció la unidad del país bajo su autoridad personal, asumiendo la representación de todos los federales para enfrentar a sus rivales unitarios. Repetidas veces los derrotó en batalla y, además, los persiguió implacablemente, sobre todo después de 1840. Los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires tratando de conseguir y mantener el mercado de Montevideo, en vista de que los ingleses, amigos de Rosas, controlaban el de Buenos Aires; y después de algún tiempo, también los ingleses se unieron al bloqueo. Pero Rosas resistió apoyado en un frente interno muy unido a causa de su vasto prestigio popular. Las clases altas, en cambio, le eran hostiles, excepto los que componían el círculo saladeril y los grandes terratenientes a quienes él había beneficiado. Esta situación hizo crisis cuando los ganaderos del litoral no pudieron soportar más el ahogo producido por las prohibiciones que pesaban sobre la navegación de los ríos, y se decidieron a la acción. El gobernador de Entre Ríos, Urquiza, organizó una coalición que en 1852 dio por tierra con Rosas en la batalla de Caseros.

Desde los primeros tiempos del gobierno de Rosas, muchos estudiosos se preguntaron sobre la explicación del fenómeno político que contemplaban. Todos coincidieron en que el país tenía dos caras: una urbana y otra rural, y que la lucha civil había sido la expre-sión de ese enfrentamiento, que había desembocado en la dictadura de Rosas. Sarmiento definió esta contraposición como “civilización y barbarie”, términos con los que definía un juicio de valor; pero aun confusos, los términos contrapuestos correspondían a una realidad. La respuesta de los expatriados con visión política fue buscar una fórmula que superara ese antagonismo, y la hallaron en el diálogo con los disidentes del rosismo. Urquiza la encarnó y logró que se plasmara en la Constitución de 1853, federal pero representativa, progresista sin olvido de las tradiciones y equidistante de los intereses de Buenos Aires y del interior.

Sin embargo, después de Caseros los grupos liberales de Buenos Aires habían sospechado de Urquiza y se habían alejado de él. La ruptura determinó que desde 1852 hasta 1862 Buenos Aires constituyera un Estado independiente, opuesto a la Confederación Argentina. La guerra económica que estalló entre ambos Estados expresaba lo que había detrás del conflicto: la Confederación creó el puerto de Rosario y otorgó aranceles favorables a los productos que llegaran sin tocar en Buenos Aires. Esta vez, el conflicto no se disimulaba bajo una máscara ideológica o política. Pero la realidad se empeñó en probar que las dos partes del país se necesitaban, y la antigua fórmula transaccional fue ajustada hasta decantarse en un acuerdo. Luego de dos batallas —Cepeda y Pavón— Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina y la Constitución de 1853 tuvo plena vigencia a todo lo largo del país unificado.

Desde 1862 hasta 1880 se sucedieron en la presidencia de la República Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Porteño el primero y provincianos los dos últimos, su origen simbolizó la progresiva conquista de Buenos Aires por el interior. Finalmente, en 1880 la ciudad de Buenos Aires fue federalizada.

Durante ese lapso, el gobierno de la nación se empeñó en ajustar el nuevo mecanismo institucional, que Urquiza, como presidente de la Confederación, había puesto ya en funcionamiento. El régimen administrativo, la justicia, los correos, las relaciones interprovinciales, las de las provincias con la nación, el ejército, la educación, la salud pública, la aduana, todo fue necesario montarlo en función de la totalidad de la nación, venciendo dificultades técnicas y, lo que era aun más grave, sospechas y temores recíprocos. Pero poco a poco la tarea dio sus frutos y pudo decirse que, durante esos años, se había logrado la “organización nacional”. Ciertamente, todos los problemas que habían enfrentado a las distintas regiones y a los distintos sectores del país comenzaban a entenderse sobre la base de soluciones equitativas.

Empero, la labor de los gobiernos de Urquiza, Mitre, Sarmien-to y Avellaneda no se limitó a resolver los problemas del pasado. La minoría que ejercía el poder tenía ideas claras sobre el futuro. Creía que el porvenir argentino consistía en incluir al país en la línea del desarrollo económico y cultural de Europa. Y para alcanzar este objetivo promovió un cambio sustancial en la vida argentina. Tan profundo era su convencimiento acerca de las ventajas de esa política que no vaciló en modificar la estructura de la sociedad, incorporando al país una ingente masa de inmigrantes que acudió al insistente llamado del gobierno argentino. No le ofreció éste tierras ni planes organizados de trabajo, pero puso en sus manos una economía abierta, que se orientó decididamente al aprovechamiento de las tierras fértiles para la producción de carnes, lanas y cereales que tenían gran demanda en el mercado europeo. Los inmigrantes se incorporaron a estas actividades, pero también al comercio y al artesanado, logrando muchos de ellos con notable rapidez una posición económica de tal nivel que quedaron incorporados a una clase media acomodada que se constituía aceleradamente gracias al bienestar y a la prosperidad general. El trabajo de todos enriqueció también a las clases ricas tradicionales, generalmente dueñas de la tierra. Y los grandes comerciantes que acumulaban los “frutos del país” reunieron ingentes fortunas en el comercio exportador.

Pero la política de la minoría que ejercía el poder no se limitaba a promover la inmigración. También promovió la modernización del país. Y así como recurrió a Europa para poblar el país, recurrió a ella para buscar capitales. Los ferrocarriles fueron la empresa más tentadora. En un país tan extenso y desierto, el ferrocarril fue instrumento fundamental de cambio. Extensas zonas se incorporaron a la explotación, y la vida se hizo posible en ellas. En las fronteras, los indios amenazaban a la población blanca. Pero el presidente Avellaneda asumió la responsabilidad de terminar con esa amenaza y cumplió sus planes gracias a la actividad de Adolfo Alsina y del general Julio A. Roca, que dirigió la campaña del desierto en 1879. Nuevas tierras se dedicaron entonces a la cría de ganado. Entretanto, otras obras completaban el reequipamiento moderno del país. Se iniciaron las obras para la construcción de varios puertos, empezando por el de Buenos Aires; se construyeron puentes, se tendieron hilos telegráficos, se hicieron obras de salubridad, todo lo necesario, en fin, para facilitar la producción de la riqueza y ofrecer mejores condiciones de vida a la población que intervenía en ella. Escuelas primarias, colegios secundarios, bibliotecas, hospitales, surgieron de la tesonera acción de esa minoría ilustrada.

Principal actora del proceso, esa minoría se había enriquecido con la valorización de las tierras, con el aumento y diversificación de la producción, con el desarrollo de una intensa actividad financiera. La generación que le siguió se encontró en la abundancia y comprobó que el país que recibía no era ya el de los días de Caseros y de Pavón. Era un país organizado, próspero, con una población heterogénea, con una creciente clase media, con ciudades desarrolladas. La era de los propulsores había terminado, y sus herederos consideraron que eran los herederos legítimos del país que sus padres habían construido.

El tono moral del país cambió sensiblemente después de 1880. La empresa de organizar y modernizar el país unificado perdió el aire misional que había tenido y dejó paso a una vasta aventura tras la riqueza. Fue entonces cuando se comenzó a dibujar la imagen de una Argentina próspera, de porvenir seguro, tierra de promisión para todo el que quisiera hacer fortuna con su esfuerzo. Dada la densidad de población y la demanda europea de las materias primas argentinas, esa imagen no estaba muy alejada de la realidad. Y tanto las clases altas como los distintos sectores de la clase media que se constituía con población de origen inmigrante, se ajustaron a ella y procedieron en consecuencia.

La persecución de la riqueza fue un signo de la época, que Julián Martel pintó diestramente en La Bolsa. Hubo altibajos, como la crisis de 1890, y hubo, naturalmente, muchos que se hundieron en la miseria mientras recorrían el camino hacia la riqueza. La especulación, especialmente en tierras, el uso inmoderado del crédito, el planeamiento desaprensivo de fantásticos negocios, envenenaron la vida financiera y suscitaron una corriente de inmoralidad que alcanzó a los sectores más responsables. Pero, entretanto, se proseguía la obra de población y modernización del país con el mismo o mayor empeño: los inmigrantes entraban en proporciones extraordinarias, los capitales acudían, los ferrocarriles progresaban, aumentaban las cifras de la exportación de carnes, lanas y cereales y crecía el volumen de las importaciones destinadas a aprovisionar a un público consumidor cada vez más considerable. La prosperidad se traslucía en los altos niveles de vida, tanto de la aristocracia tradicional, cada vez más cerrada, como de las clases medias, cada vez más abiertas.

Quizá fuera éste el rasgo más significativo de la época. Sorprendida, y sin duda disgustada, por el aspecto heterogéneo que iba adquiriendo el país, la vieja aristocracia criolla, antes modesta, comenzó a adquirir ínfulas de aristocracia o de plutocracia y a estrechar sus filas para denotar que constituía un sector distinto de la masa que componían las clases populares y las clases medias saturadas de inmigrantes de diversos orígenes. Éstos, por su parte, corrieron las distintas andanzas que permitían las posibilidades económicas del país y escalaron los diversos grados de la fortuna, con lo cual constituyeron una clase media abierta, muy móvil, cuyos miembros, si bien se mantuvieron ajenos a la vida política, procuraron consolidar su posición social y representar un papel generalmente superior al que correspondía a su posición económica.

En el orden económico, tanto las clases altas como las medias se transformaron en fuertes consumidoras de bienes. En el orden político, las clases altas mantuvieron el control del Estado. Pero en este aspecto la situación comenzó a hacerse cada vez más inestable, sobre todo a medida que comenzaron a alcanzar mayoría de edad las promociones de argentinos hijos de inmigrantes, que aspiraron a participar en la vida política del país y encontraron una valla en la cerrada actitud de las clases tradicionales.

Los descendientes de los viejos liberales, en efecto, adquirieron los rasgos de un grupo conservador. Para enfrentarlo, las clases medias comenzaron a aglutinarse alrededor de algunos principios democráticos, relacionados sobre todo con la pureza del sufragio, puesto que los grupos conservadores respondieron a las nuevas demandas políticas falseando cada vez más el régimen electoral. La Unión Cívica Radical, inspirada por Leandro N. Alem, recogió esas inquietudes, y desde 1890, en que se lanzó a la revolución, en adelante, fue el movimiento político que expresó a las clases medias. A partir de entonces el país adquirió una nueva fisonomía: dos partidos que representaban con bastante fidelidad dos sectores sociales del país, aunaban las opiniones de vastos sectores y expresaban sus designios acerca del futuro nacional. Otros partidos aparecieron, como el socialismo; pero conservadorismo y radicalismo fueron los grandes temas que aglutinaron a la opinión pública.

Inequívocamente mayoritario, el radicalismo fue mantenido fuera del poder por los conservadores durante largo tiempo; pero el presidente Roque Sáenz Peña decidió quebrar esa política e hizo sancionar una ley que establecía el sufragio secreto, universal y obligatorio. En virtud de ella, el radicalismo llegó al poder en 1916 imponiendo a Hipólito Yrigoyen como presidente.

Entre 1916 y 1930, el gobierno radical condujo al país por un camino semejante al recorrido por sus antecesores. Sólo la aparición de nombres nuevos, de extracción modesta a veces, en los elencos gubernamentales, puso de manifiesto el cambio operado. Pero tanto desde el punto de vista de la política económica como de la política social, las cosas no cambiaron.

Y sin embargo, los problemas del país cambiaban y se hacía visible que se necesitaban nuevas soluciones. El radicalismo había aglutinado en la oposición no sólo a las clases medias, a las que representaba fielmente, sino también a vastos sectores populares; pero, una vez llegado al poder, el radicalismo dejó de ser una esperanza para estos últimos, como se advirtió a partir de la gran huelga de principios de 1919. El movimiento obrero tenía ya cierto desarrollo, y fue creciendo con el tiempo; y en las zonas rurales aparecieron problemas que requerían soluciones. Más aún, la pequeña clase media manifestaba las angustias que son propias de su condición de grupo-límite, y tampoco divisaron una esperanza en el radicalismo. De ese modo, una vasta red de desilusiones debilitó poco a poco al numeroso movimiento que había llegado al poder seguro de representar al país en pleno. Al producirse las primeras dificultades graves para la economía del país —tras la crisis mundial de 1929—, el gobierno cayó empujado por la revolución de 1930.

Para entonces era ya visible que la modernización del país no sólo se había operado en cuanto a su equipo y a sus instituciones fundamentales, sino también en cuanto a la aparición de los problemas propios de una sociedad evolucionada. Conscientes de sus intereses, los distintos grupos sociales pugnaban por defenderlos y por arrancar al gobierno las decisiones que les interesaban. Así como después de 1852 pareció que la Argentina había superado una era de enfrentamiento de intereses inconciliables, después de 1930 se advirtieron recaídas en una situación conflictual en la que los intereses comunes de la colectividad nacional parecían menos importantes que los de cada uno de los grupos sociales.

Los gobiernos que surgieron de la revolución de 1930 atendieron preferentemente a la suerte del sector agropecuario, amenazado por la crisis de sus tradicionales mercados europeos; pero su política económica trajo una retracción que tuvo graves consecuencias para el país, puesto que disminuyeron las fuentes de trabajo en muchas regiones, creció la desocupación, se acentuaron las diferencias de clase y se inició una era de éxodo de población rural hacia las ciudades, especialmente hacia Buenos Aires.

Un pequeño desarrollo industrial comenzó a producirse por entonces, que requirió mano de obra especializada; pero no podía absorber los gruesos contingentes de desocupados que poblaron los sórdidos caseríos que ya aparecían en los alrededores de Buenos Aires. Esos sectores populares perdieron las esperanzas en la acción de los gobiernos llamados democráticos, y no sólo porque los veían ajenos a sus problemas urgentes y primarios sino porque aprendieron en su ejemplo a desconfiar de la democracia misma.

La Segunda Guerra Mundial abrió las perspectivas de la industria en algunas ciudades, y los altos salarios que empezaron a ofrecer constituyeron nuevos estímulos para la migración de grupos rurales hacia la metrópoli. Al terminar la guerra, el mapa social del país ofrecía rasgos muy distintos de los tradicionales, puesto que había adquirido coherencia un vasto grupo social marginalizado por las condiciones económicas, sociales y políticas del país.

Ese grupo —y otros que, en distintas circunstancias, habían sufrido el mismo proceso de marginalización— fueron los que prestaron su apoyo al vasto movimiento político lanzado por el coronel Juan Perón después de la revolución de 1943, que había puesto fin al gobierno del presidente Castillo. Perón inició una transformación importante en la política económica del país, apoyando a los sectores industriales y nacionalizando algunos servicios fundamentales. Pero además inició una política social que, aunque débilmente sustentada, significó un cambio sustancial para las clases populares, hasta entonces omitidas en todos los planes gubernamentales.

Apoyado en fuertes grupos militares por una parte, y en el movimiento sindical por otra, el gobierno que había comenzado constitucionalmente en 1946 pudo desarrollar una obra de inequívoco sentido popular. La falta de una política profunda que asegurara la perpetuación de sus tendencias no fue advertida por sus partidarios, que mantuvieron incólume su apoyo durante diez años. Pero desde 1950 la situación económica se fue haciendo más difícil, y la política salarial del gobierno encontró más obstáculos. Entretanto, diversas circunstancias le enajenaron el apoyo de los sectores católicos y militares, y el presidente Perón fue derrocado por una revolución en 1955.

La época de Perón reveló la existencia y la polarización de un sector popular muy definido, en el que había un fuerte grupo de obreros industriales, pero que se componía también de gentes humildes y de pequeña clase media que apreciaba la protección que el Estado había comenzado a prestarles por entonces. Ese vasto sector se sintió defraudado en 1955 cuando Perón fue derrocado. Desde entonces constituyó un sector marginalizado políticamente, que idealizó los tiempos en que el Estado —por intermedio del presidente de la nación— parecía consciente de sus responsabilidades de defensor de los intereses de las clases más necesitadas. Los gobiernos surgidos de la revolución de 1955 intentaron reconstruir la economía tradicional, sin descuidar, por cierto, el estímulo del desarrollo industrial. Intentaron también asegurar la vigencia de la democracia, aun cuando conjuraran las amenazas de retorno del peronismo con distintas medidas ocasionales. Pero el país percibió la existencia de un conflicto de difícil solución entre los ideales democráticos y las garantías de libertad, que para muchos aparecían comprometidas por la experiencia del peronismo, cuyo gobierno no fue respetuoso de las minorías. No sin incertidumbres políticas, el país se acercó a la celebración de los ciento cincuenta años de la Declaración de la Independencia.

Inestable por la vivacidad de los cambios sociales y económicos que están lanzados, la Argentina no oculta la pujanza de su economía y la vitalidad de los procesos sociales que se dan en su seno. Una viva cultura aflora cada vez más nítidamente. Sólo necesita hallar una fórmula para que las fuerzas socioeconómicas ocupen el sitio que corresponde a su auténtica significación en la balanza de poder. No es fácil, pero alguno de los intentos tendrá éxito, y entonces podrá disiparse la nube que cubre el destino argentino, superficial pero oscura. Una mirada sobre el país basta para descubrir que todos sus sectores desean vehementemente hallar aquella fórmula para que sea factible la empresa común llena de promesas.

Los problemas de la historia social en América Latina. 1965

Los estudios historiográficos tienen una antigua y sólida tradición en casi todos los países de América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XIX se trabajó incesantemente en muchos de ellos para reunir y organizar materiales de acuerdo con las mejores técnicas eruditas, y aparecieron numerosas obras —parciales unas y de conjunto otras— que intentaron, y lograron a veces, establecer ciertos criterios que se consideraron fundamentales para la comprensión de los procesos históricos nacionales. Esta tarea se prolongó con los mismos caracteres durante las primeras décadas de este siglo. Se continuó, acaso con más intensidad, la publicación de fuentes documentales y no faltaron los ensayos rigurosos y lúcidos que han agotado ciertos temas concretos. Pero la problemática predominante ha sido la misma, y son escasos —y acaso por eso más meritorios— los esfuerzos hechos para ampliar el horizonte de los temas que se ofrecen hoy al historiador.

Entre estos esfuerzos, deben señalarse los que se han intentado para enfrentar algunos de los grandes problemas de la historia social latinoamericana, problemas de pasado oscuro y complejo y que desembocan en el presente bajo la forma de candentes cuestiones inocultables. Acaso esta urgencia de los problemas latinoamericanos contemporáneos haya sido el móvil indirecto de la preocupación creciente por los temas de la historia social; y se explica que así sea, porque es innegable que los problemas sociales son de tal naturaleza que el conocimiento del proceso que los ha engendrado encierra los datos fundamentales para su comprensión actual. Pero a pesar de todo ello, la historia social no ha tenido en las últimas décadas el desarrollo que hubiera podido esperarse, y aún aparece agobiada por la tradicional gravitación de la historia política. Este hecho merece cierto análisis.

En los países latinoamericanos —tan distintos, por cierto, y tan difícilmente comprensibles como una unidad más allá de ciertos límites— los estudios históricos se desarrollaron intensamente en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de causas encontradas y diversas. Sin duda los cultivaron y desarrollaron ciertas minorías cultas, de muy fina formación intelectual e impregnadas de pensamiento europeo. Pero sólo en parte fue una pura actitud científica la que las movió a dedicarse a la investigación histórica, como se advierte si se observa que ninguno de los miembros de esas minorías cultas se sumió exclusivamente en ella. Tanto como la pasión del conocimiento, o acaso más, las movió cierta militancia política, tanto en sentido lato como en sentido estricto. Y de esa confluencia de motivaciones obtuvo el saber histórico cierta inobjetable gravitación.

En Juvenilia, publicada en 1882, cuenta el novelista argentino Miguel Cané que un viejo condiscípulo fracasado justificaba su oscuro destino sosteniendo que, aunque tenía disposición para las matemáticas, su ignorancia de la historia le había impedido progresar. “Desengáñate, el que no sabe historia no hace camino”, decía; y agregaba: “Mi hijo, que tiene seis años, empieza a deletrear un Duruy. No hay como la historia, y si no, mira a todos los compañeros que han hecho carrera”. La observación de Cané —uno de los miembros más representativos de la generación argentina del 80, progresista y liberal— recogía un hecho tan exacto como significativo. Saber historia era, en los países latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XIX, tener opinión acerca del proceso de constitución del país o, mejor aún, participar en alguna medida en el arduo proceso de definición de la nacionalidad. Porque esta era, en el fondo, la motivación sustancial de la pasión que suscitaban los estudios históricos.

El problema no era absolutamente original. También en Europa y en Estados Unidos la historiografía romántica había estado movida por el afán de definir las nacionalidades. La búsqueda del “espíritu nacional”, del Volksgeist, había originado nuevas preocupaciones científicas que tenían, sin embargo, una vertiente política. Pero en los países de América Latina esta vertiente era mucho más acentuada, y con razón. El movimiento emancipador había creado a principios del siglo XIX un conjunto de países de idéntica raíz, constituidos al calor de situaciones muy semejantes y con un futuro que se insinuaba con problemas muy parecidos. Hallar la peculiaridad de cada uno de ellos era empresa difícil, y, sin embargo, fundamental no sólo para afirmar su independencia del poder español, sino también para justificar su segregación de vastas áreas tradicionales, como los antiguos virreinatos, o de nuevas áreas políticas como la Gran Colombia creada por Bolívar y de la que se desgajaron tres países. Fue esa dificultad la que desencadenó el afanoso análisis del pasado, la exploración cuidadosa de los nimios detalles propios de cada desarrollo regional y, además, la sobreestimación de un patrimonio legendario y heroico que se trataba de exaltar envolviéndolo en una atmósfera carismática.

Esta fisonomía particular de la historia concebida como historia comprometida en relación con un problema vivo, pero exclusivamente como historia del desarrollo político, configuró los estudios históricos tradicionales. Frente a ellos, en cierto modo, la historia social nació también al calor de problemas vivos, antes apenas percibidos, pero que hicieron irrupción ya en la última década del siglo XIX en algunos países, y más tarde en otros. Su naturaleza es, pues, semejante. Y así como los problemas vivos que alimentaron la historia tradicional siguen siendo vivos, del mismo modo parece evidente que la historia social no podrá desprenderse de su compañía y deberá hallar un planteo temático y un método que no los separe. Acaso en esto consista la mayor dificultad.

Quizá pueda afirmarse que en todas partes la historia social es inseparable de la historia política. En mi opinión es así. Pero quizá en el campo de la historia de los países de América Latina esta relación sea más estrecha y acaso más inseparable que en otros. El plazo de cuatro siglos y medio que cubre la historia del proceso de mestizaje y aculturación desarrollado en América no ha sido, ni podía ser, suficiente para otorgar estabilidad a las situaciones sociales y culturales, y, en consecuencia, los conflictos no pudieron resolverse de otro modo que acudiendo a actos de poder que aseguraran el predominio de ciertos grupos. Esta circunstancia frecuente en todas partes, pero más característica en la situación latinoamericana, enlaza la historia social y la historia política, y torna peligroso un acentuado desdén por la última, pese a la ya visible insuficiencia de sus planteos.

Quizá, en rigor, corresponda una total reconsideración de la historia política, revisando sus criterios tradicionales y reemplazándolos, acaso, por otros más ricos y complejos. Si así se hiciera, podría obtenerse para la historia social un cuadro adecuado en el que se insertaran sus problemas legítimamente, y sin el cual, por cierto, ninguno de los grandes problemas de la historia latinoamericana podría entenderse cabalmente. Un ligero examen de alguno de esos problemas podría probar la exactitud de esta afirmación.

Un capítulo fundamental es el de la conquista y la colonización durante los primeros siglos de la dominación hispanolusitana. Los problemas que allí se originaron con motivo de la impostación de un núcleo conquistador y colonizador sobre la masa aborigen derrotada recibieron distintas y sucesivas soluciones; pero ninguna de ellas acabó con aquellos. Los problemas subsisten aún hoy, y si constituyen un tema histórico, constituyen también cuestiones de palpitante actualidad. ¿Cómo establecer los límites entre lo que es tema de investigación y de análisis y lo que es candente problema social y político? Con distinta intensidad y diferente aspecto, la cuestión del enfrentamiento entre los grupos blancos y los grupos indígenas, negros, mestizos, etc., ha asumido caracteres de problema decisivo en distintas épocas y en diferentes países. En cada una de esas circunstancias han podido advertirse a un tiempo, por una parte, una política destinada a asegurar el predominio de cierto grupo, y por otra, una renovación de los estudios antropológicos, sociológicos e históricos relacionados con el fenómeno de mestizaje y aculturación. Esta interacción de actitudes ha condicionado el estudio de los problemas de la historia social, puesto que, en la medida en que son problemas vivos que han originado y siguen originando actos de poder, se insertan inevitablemente en el cuadro de la historia política y responden en sus planteos a las incitaciones de la política misma.

Sin embargo, la historia social debe hacer un esfuerzo para trasladar sus temas al campo de la más estricta objetividad. Este esfuerzo, por cierto, no es fácil, y su obstinada dificultad es quizá lo que retarda el desarrollo de esa disciplina. Por lo demás, las casi inevitables implicaciones de tipo ideológico que entrañan esos temas hacen el esfuerzo aún más difícil. El análisis de los fenómenos de aculturación en México o en Perú deja filtrar una teoría acerca de la legitimidad de las influencias extranjeras; y si suscita una determinada actitud con respecto a Cuauhtémoc o a Hernán Cortés, muy pronto se ve envuelto, aunque sea de lejos e indirectamente, en la necesidad de cierta toma de posición con respecto a la influencia española; pero es evidente que, por extensión, roza el fenómeno del imperialismo y se ve cercado por ásperos problemas contemporáneos.

Cosa semejante ocurre con el capítulo de la emancipación política. Durante muchos decenios el tema se ha mantenido dentro de los marcos románticos. El acopio exhaustivo de documentación sobre cada uno de los distintos y minúsculos aspectos del episodio de la emancipación, y la indagación biográfica de sus actores, han servido para definir y afianzar la idea de las nacionalidades que durante algún tiempo ha sido una idea polémica. Pero una vez logrado ese propósito el lema comenzó a adquirir un carácter superabundante y retórico. Entre tanto, otros enfoques del mismo problema comenzaron a surgir desde el campo de la historia social. El problema de las influencias ideológicas se combinó con el de los grupos que promovieron o se opusieron al cambio, y el análisis económico social de esos grupos renovó de raíz el tema de la emancipación. Pero por esa vía, el problema perdió prontamente su carácter retórico y volvió a adquirir un tono polémico. Los grupos que fueron llamados “patriotas”, aun cuando siguieran considerándose como tales, comenzaron también a ser identificados de modo más preciso en términos económico-sociales. Se vio en ellos sectores de la burguesía urbana con intereses definidos y opuestos a los de otros grupos, se identificaron más precisamente los caracteres de su mentalidad y de sus actitudes, y en ellas se percibieron los puntos donde podían arraigar las influencias ideológicas extranjeras y favorables al cambio.

Este planteo renovó, naturalmente, toda la perspectiva del primer período independiente, generalmente caracterizado en muchos países por las guerras civiles. Los sectores regionales y sociales en pugna aparecieron muy pronto enfrentados no sólo por una concepción política y una idea acerca de la forma de organización del naciente país, sino también, y fundamentalmente, por intereses locales o de grupos que se favorecían o perjudicaban con la forma de organización política en discusión. A los grupos burgueses ilustrados se opusieron las masas campesinas insurrectas. A los ideólogos saturados de ideas europeas, los “caudillos” intuitivos que expresaban ciertos imprecisos anhelos colectivos de los sectores populares. Y por esa vía surgieron diversas interpretaciones que tornaron polémico el tema, antes retórico, de la independencia nacional, y enriquecieron un cuadro que comenzaba a hacerse lánguido.

Finalmente, deberían señalarse, entre los capítulos más importantes de la historia social, los que se relacionan con la adecuación del área latinoamericana a las transformaciones que produjo en el mundo la Revolución Industrial. En rigor, buena parte de los cambios operados desde la segunda mitad del siglo XIX tienen que ver con ese proceso en alguna medida. Pero esos cambios adoptaron en cada país formas diversas. La “Reforma” mexicana apeló a ciertas raíces indígenas y criollas frente a la explícita ofensiva del capital europeo personificado en los ejércitos invasores; pero por otra parte aceptó e impuso ciertas tendencias del progresismo europeo que al cabo de cierto tiempo impregnaron el movimiento con su propio contenido. Un examen de lo que ocurrió en México desde Juárez hasta Justo Sierra ofrece, en el campo de la historia de las ideas, alguna pista para entender un proceso que puede trasladarse al terreno de la historia social. En la Argentina, en cambio, la generación que promovió la “organización nacional” después de 1852, y sobre todo la generación de 1880, que llevó hasta sus últimas consecuencias esos puntos de vista, fueron europeizantes desde el primer momento y procuraron adaptar el país rápidamente a las nuevas condiciones creadas en el mercado internacional por la Revolución Industrial. Frente a la demanda de materias primas alimenticias desencadenada por la concentración urbana europea, la Argentina decidió modificar todo su sistema de producción de carnes y cereales, para lo cual decidió al mismo tiempo modificar toda su estructura social atrayendo una inmigración masiva que operó cambios sustanciales en la composición social y demográfica del país. Pero no fue la Argentina: fue un sector de propietarios de tierras para el que esa operación significaba aprovechar una coyuntura excepcionalmente favorable. Esta actitud de ciertos grupos desencadenó, a su vez, una actitud inversa. Cuando José Hernández reivindica al “gaucho malo” en la figura de Martín Fierro, y al viejo caudillo en la de Peñaloza, llamado “el Chacho”, reacciona contra la ola inmigratoria europea, contra la nueva economía intensiva que había comenzado a oponerse a la pura economía de consumo propia del pastor nómada y contra las ideas europeas que presidían la “organización nacional“. El tipo de “pulpero”, del comerciante italiano o español establecido con un negocio de “ramos generales” en las zonas rurales, cobra el valor de símbolo para el poeta que evocaba nostálgico la antigua libertad errabunda de los pobladores de la pampa. La minuciosa actividad del comerciante que compraba y vendía con un estrecho sentido de la ganancia y del ahorro parecía despreciable a quien consideraba que la antigua grandeza del hombre libre de los campos, ajeno a toda preocupación económica y capaz de matar una vaca para comer la lengua, constituía el rasgo predominante de la vida argentina. Pero comprobaba que la “civilización” —como llamó Sarmiento a la nueva forma de vida por oposición a la “barbarie” tradicional— empujaba inexorablemente hacia la marginalidad a esos sectores rurales que, por lo demás, no tenían más apoyo que la actitud paternalista de los propietarios de la tierra.

Estos problemas adquirieron importancia decisiva en los países monoproductores, cuya economía y cuya sociedad estaban fundadas exclusivamente sobre el café, la caña de azúcar, el banano, el guano, el salitre o el estaño. Un pequeño grupo social —a veces un pequeño grupo familiar— controlaba toda la riqueza, y la necesidad de ajustar las exportaciones a las demandas del mercado internacional y, naturalmente, la política interior, en la cual la regulación de los grupos sociales era un punto fundamental. Para esas minorías, el problema fundamental era el mantenimiento de la mano de obra barata, y toda otra consideración cedía frente a esta exigencia de sus planes.

No es difícil imaginar las dificultades que entraña, en el orden científico, plantear rigurosamente tales temas, tan comprometidos. ¿Quién podría abordar el problema de la historia de la “estancia” argentina sin sacar a luz todo el proceso de la ocupación indebida de la tierra, de la utilización del poder político para lograrla y conseguir buenos frutos de ella, de la sumisión a los poderosos grupos financieros que controlaban la colocación de sus productos en el mercado internacional? Y, sin embargo, es visible que una historia de la “estancia” argentina constituye uno de los temas vitales de la historia social de ese país, como la historia de la explotación del salitre y el cobre lo es de la de Chile y Perú, o la de las plantaciones de caña de azúcar y de café lo es de la de Brasil.

El examen de estos y otros capítulos de la historia social de los países del área latinoamericana, tan compleja como sea la investigación de los datos y tan arriesgada como sea la elaboración objetiva de las hipótesis de trabajo, comienza a renovar en sus raíces la comprensión del proceso histórico de esta zona tan diversa en su fisonomía y tan compacta si se considera su situación frente a las áreas de pleno desarrollo económico. Pero con ello, no sólo podrán aclararse los problemas de la historia social sino también los de otros planos de la vida histórica aparentemente mejor conocidos.

Las ideas revolucionarias y la revolución. 1941

Un movimiento revolucionario como el de 1810, que triunfa, que consagra la independencia política de un vasto territorio, que sienta las bases de su organización definitiva sobre principios que resultaron inconmovibles, merece ser estudiado no solo a través de los acontecimientos concretos en que se fue realizando, sino también en el plano profundo de las aspiraciones y los ideales que lo condujeron y de las directivas conscientes —cumplidas o no— en que cristalizaron. Este examen es particularmente fértil, porque demuestra qué nexos vinculan los fenómenos locales de la Historia americana con la densa madeja que teje —a principios del siglo XIX— la Historia de Europa, y permite seguirlos no solo en el plano de los hechos concretos sino también en aquel plano profundo de aspiraciones y de ideas; este examen demuestra, además, las conexiones profundas que puede haber entre las ideas revolucionarias y la acción que resultó de ellas y de su contacto con la realidad; puede indicar, finalmente, qué caracteres peculiares revistieron esas concepciones, originadas en países de cultura muy diversa de la cultura española de ese tiempo como eran Inglaterra y Francia, pero recibidas en América no solo por la vía directa de los publicistas de esos países sino también por la vía indirecta de los publicistas españoles que, al reelaborarlas, les habían impreso un sello característico y más semejante al que tenía la formación política de los americanos.

La Historia ha conocido muchas revoluciones que nacieron como producto del juego de ciertas fuerzas sin que una mente reflexiva intentara sistematizar, exponer y divulgar la interpretación de la realidad a que esa revolución correspondía. Pero las revoluciones que se producen al finalizar la Edad Moderna —la de los Estados Unidos, la francesa de 1789, la de las colonias hispanoamericanas— se vinculan estrechísimamente al sistema de ideas elaborado por esa fecunda época del pensamiento que corre entre el Humanismo y el siglo XVIII; su desarrollo parece dirigido de manera rígida y segura por las nociones que ella había elaborado acerca de la naturaleza de la vida histórica, de la naturaleza del poder político, de la naturaleza de las relaciones económicas y sociales. Donde la relación se muestra más evidente es en el movimiento francés del ‘89; las directivas de la acción política se conforman allí a un esquema predeterminado de la vida histórica, y lo que postulaba la filosofía iluminista del siglo XVIII se proyecta sobre las decisiones de la Asamblea Nacional, de la Convención o del Comité de Salud Pública. Esta relación estrecha entre las doctrinas y la acción habrá de advertirse también en los movimientos hispanoamericanos, pero sus términos no son idénticos a los que se observan en el movimiento francés: este matiz esta dado, precisamente, por la doble vía por que tienen acceso a América las ideas iluministas.

Es sabido el entusiasmo general que, fuera de algunos estrechos círculos reaccionarios, produjo en América el estallido del movimiento francés y la afirmación de los principios de libertad que sostenía. Dos hechos, sin embargo, lo moderaron poco a poco: el régimen del Terror y, en especial, la condena capital de Luis XVI, por una parte, y el advenimiento de la dictadura napoleónica, por otra. Estos dos hechos se interponen entre 1789 y 1810, y su gravitación decide la contienda entre extremistas y moderados a favor de estos últimos: los moderados, en efecto, y no los jacobinos, son los que habrán de dar el tono revolucionario en las colonias del Río de la Plata.

Fueron diversas circunstancias nacidas de la realidad histórico-social las que precipitaron los movimientos de independencia: ante todo la crisis de la monarquía, que acentuaba de manera fácilmente perceptible a principios del siglo XIX el proceso de disgregación que sufría el Imperio desde hacía bastante tiempo; lo precipitaban, además, la terrible depresión económica a que condenaba a las colonias la absurda política fiscal, evidenciada, sobre todo, por las óptimas consecuencias que tenía, en otras partes, la aplicación de una política liberal; y lo evidenciaba a los ojos de los grupos criollos preocupados por el destino de estos territorios, una sabia propaganda en la que coincidían dos potencias, entonces enemigas, pero concordantes en sus orientaciones político-económicas: Inglaterra y Francia. Estas circunstancias precipitaron los movimientos de independencia y sus actores fueron los grupos criollos ilustrados, de cultura moderna, atentos a las cosas europeas y saturados de su pensamiento, pero orientados, gracias a la experiencia francesa ya señalada y a las particularidades de su formación, hacia una política moderada.

En el Río de la Plata, estos grupos revolucionarios apenas encontraron resistencia en el medio social y esta circunstancia contribuyó notablemente para que mantuvieran su tono moderado. Su acción fue, sobre todo, de organización del Estado y en esa actividad debían expresarse sus concepciones políticas intelectualmente elaboradas, sin que las exigencias de la contrarrevolución los desviaran hacia actitudes radicales. Moderados por su formación intelectual y política, pudieron manifestar sus convicciones e imponerlas, tras pequeñas luchas de banderías, en la estructuración del Estado naciente.

El grupo revolucionario rioplatense se había formado en la doble corriente del Iluminismo español y el francés, divulgado el primero con amparo oficial al calor de los primeros Borbones y subrepticiamente el segundo, al calor del prestigio intelectual y revolucionario de la Francia del siglo XVIII. Iluminismo francés e Iluminismo español no son términos sinónimos ni tampoco antitéticos: corresponden a una doctrina radical en su forma prístina, el primero, y a una doctrina reflejada, limitada por ciertas convicciones tradicionales e invencibles, el segundo. Esta limitación, introducida por el pensamiento español en las doctrinas recibidas de Inglaterra y de Francia, no era arbitraria ni superficial; provenía de las capas más profundas del alma española, en la que el recuerdo milenario de la teocracia visigoda de Toledo y de la lucha contra los musulmanes había creado una íntima solidaridad con la fe cristiana, aceptada luego decididamente con la política religiosa de los primeros Habsburgo.

El Iluminismo español no consiguió vencer esos principios vernáculos y recibió las doctrinas filosóficas modernas restringiendo sus proyecciones en la medida en que alcanzaban a sus convicciones o a sus prejuicios religiosos, y solo así se explica el caso ejemplificador y simbólico de que haya podido ser un fraile benedictino, el padre Feijóo, el más eximio representante español de la conciencia iluminista.

El Iluminismo español dejó, pues, de lado, de manera sistemática, los problemas de la fe, abismo en el cual la Razón encontraba, a su juicio, su último freno; pero la fe arrastraba en España el problema político, como se había visto en la doctrina del tiranicidio del padre Mariana y como estaba patente en la doctrina del derecho divino de la monarquía, todavía viva en España muy entrado el siglo XIX. Esta actitud impuso al Iluminismo español dos temas prohibidos: el problema religioso y el problema político, con cuya ausencia adquiría lo que Korn ha llamado con justeza un carácter vergonzante; pero permitiría, en cambio, desarrollar sus últimas consecuencias en el plano económico y en él encontró su puerta de escape la conciencia iluminista española; a esta tendencia corresponden los ingentes trabajos de Jovellanos o de Ulloa, que se apoyaban en la más genuina tradición fisiocrática. Este Iluminismo español, hijo espurio del Iluminismo francés, de corto vuelo y temeroso de las últimas consecuencias que, inevitablemente, implicaba el planteo de sus proposiciones fundamentales, fue el que mayor influencia ejerció sobre el espíritu de los grupos revolucionarios criollos, templando las influencias radicales que podían ejercer las obras directas del pensamiento francés, menos conocidas, y un poco ajenas a su sensibilidad, hispánica en el fondo.

Es esta influencia la que se advierte, a poco que se indague a fondo, en la prédica de La Gaceta o en las ideas de Manuel Belgrano. En los grupos criollos, la valla que limitaba la preocupación por los problemas atingentes al poder político, se salvó, en la primera hora de la Revolución, con la discusión del fondo del asunto —origen del vínculo social, origen del poder político representativo— manteniendo la autoridad monárquica gracias al subterfugio que permitía la antigua tradición medieval española acerca del origen popular del poder monárquico, expresada en la institución de las Juntas de origen popular que recogían la autoridad no ejercida por el Rey. Pero si gracias a este subterfugio pudo ser planteado el problema político en términos que no repugnaban a la sensibilidad hispánica de los grupos criollos, nada autorizó a plantear cuestión alguna de las que aparecían rozadas por la fe cristiana. Esta valla debía influir notablemente en el desarrollo de las ideas revolucionarias y debía restringir notoriamente el alcance de la acción revolucionaria.

Nada tan aleccionador para comprender el sentido y el origen de las ideas de los grupos criollos como recordar el prólogo que Mariano Moreno —a quien alguna vez se ha llamado jacobino— compuso para su reedición del Contrato social de Rousseau; junto al cálido elogio del ciudadano de Ginebra por el servicio prestado a la humanidad iluminándola sobre verdades evidentes acerca de los problemas sociales y políticos, Moreno usa la dura calificación de “desvarío” para sus opiniones en materia de religión y castiga su osadía disponiendo, bajo su sola autoridad filosófica, la supresión, en su edición, de los fragmentos del Contrato social en que las expone.

¿Cómo no advertir la profunda conexión que une esa crítica al resto del planteo iluminista de la cuestión social y política? ¿Cómo conciliar, sobre todo, el juicio y la conducta del editor con el espíritu y la tendencia del vibrante artículo de La Gaceta del 21 de junio sobre la libertad de escribir, en el que vuelve a establecer ese límite dentro de la función crítica? Solo la diversidad de las dos vías de su formación —común a todo el grupo revolucionario criollo—, la vía del Iluminismo francés, fragmentariamente conocido y temido en sus últimas consecuencias, y la vía del Iluminismo español, compartido en su actitud básica, en cuanto coincidía con la mentalidad hispano-criolla, puede explicar lo que no es, sino aparentemente, una contradicción. Muy por el contrario, la actitud de los revolucionarios criollos no es sino una fidelidad a lo que auténticamente eran, retoño americano del tronco español.