La reforma constitucional y la ley Sáenz Peña. 1956

¿Debe o no modificarse la Constitución de 1853?

No puedo opinar sobre este tema como un técnico en materia constitucional, sino simplemente como historiador, o como universitario, o como político, o como ciudadano. Mi opinión es categórica al respecto: la Constitución debe ser reformada y las causas por las cuales creo que esta operación no debe postergarse son varias y diversas. En realidad la Constitución del ’53 —que ha sido restablecida por un decreto del Gobierno de la Revolución— no tiene ni puede tener vigencia absoluta. No me refiero solamente a dificultades prácticas y concretas que en este momento hacen que esta Constitución se esté violando necesariamente en situaciones como, por ejemplo, la creación de nuevas provincias, que hay que tener presente para la elección del nuevo Senado.

Estas situaciones, como la que me he referido y algunas otras más, hacen que se trate de una cuestión imprescindible e inevitable. Pero la verdad es que esta circunstancia no es la más importante. Creo que el país ha asistido a una crisis profunda y grave que obliga a reflexionar sobre todas las formas de convivencia del país y, entre todas estas, la Constitución es, naturalmente, uno de los instrumentos de más trascendencia. Yo considero que la Constitución de 1853 es, como hemos aprendido hace mucho tiempo, un instrumento jurídico de rara perfección. Creo que tiene una magnífica base doctrinaria; creo que está sabiamente organizada en cuanto a sus dispositivos políticos. Pero no puedo olvidarme de que la Constitución es el reflejo de una situación económica, social y política y que vale solamente en la medida en que se ajusta a esa situación. Creo que basta pensar en la situación económica, social y política de nuestro país en la época en que Alberdi redactó las Bases, en que se reunió la Constituyente de Santa Fe, para advertir que muy difícilmente puede contemplar la Constitución del ’53 las situaciones creadas en este siglo que ha transcurrido desde su sanción. El país ha cambiado profundamente pero, además de haber cambiado en el curso de este siglo, ha entrado en este último cuarto de siglo en un viraje trascendental, que nos permite avizorar ya el nuevo camino. Ese camino es difícil y las situaciones que desde él se divisan, indudablemente confusas; la Constitución tiene no sólo que atender a la nueva situación creada, sino prever las nuevas situaciones a crearse. Nada sería tan perjudicial como la idea de que la Constitución es intocable, si bien es cierto que no debemos acostumbrarnos a la idea de que hay que modificarla a cada instante; pero la crisis a que hemos asistido es profunda como para que esta vez se justifique.

¿Cuándo debe modificarse; antes o después de las elecciones o, usando la tesis intermedia sustentada por el Dr. Palacios, durante las mismas?

Yo he oído los argumentos en favor de una y otra tesis y todas ellas atienden de alguna manera a circunstancias dignas de ser tenidas en cuenta. Pero la opinión que me he formado y según mis propias convicciones, es que la reforma de la Constitución no debe postergarse hasta después de constituirse los poderes en una próxima elección. No sólo sospecho que la reforma no se haría entonces, sino que me temo que la reforma que se haga después esté excesivamente influida por las circunstancias políticas que se organicen después de las elecciones presidenciales. Creo que el país ha entrado en algo que podría ser llamado “estado de asamblea”. Tenemos que atender a los problemas fundamentales del país desde sus más profundas raíces y si analizamos la situación de esta semana o de estos meses, advertimos que todo cuanto constituye el fundamento de nuestra convivencia está en discusión y sobre el tapete. Esta idea no debe atemorizamos. Las sociedades humanas se ponen al día y nosotros estamos haciendo la profunda experiencia de ponernos al día.

Lo único que no es útil para que una sociedad se ponga al día con su propia realidad, para que encuentre sus propias formas de existencia, es la mentira y lo que es absolutamente imprescindible es que nos pongamos a decir con plena y absoluta seguridad lo que pensamos, lo que creemos del país, de las fuerzas que operan en él, las intenciones que las mueven, los designios que deben guiarlos, todo y absolutamente todo lo que pensamos acerca de nuestros pro-blemas y de nuestro futuro. Es imprescindible que para ello gocemos de la más absoluta libertad de expresión y es imprescindible que sepamos usar de esa libertad de expresión para no engañarnos y menos para engañar. Y esta imprescindible necesidad por que atraviesa el país constituye uno de los imperativos más urgentes y justifica la apertura del debate. Estoy seguro de que el país podrá realizar el experimento de un vasto debate público, un debate profundo y sincero, un debate trascendental en la historia de la convivencia argentina. Creo, por eso, que la reforma de la Constitución debe hacerse antes de la constitución de los poderes en una elección presidencial y parlamentaria o, acaso todo lo más, simultáneamente con esa elección.

Mi impresión es que una campaña política que fuera al mismo tiempo una campaña para la Constituyente, crearía en el país un nivel político de extraordinaria elevación y permitiría que nos confesáramos públicamente acerca de los problemas que nos agobian con la sinceridad y sobre todo con la militancia y el sentido de la responsabilidad que la ocasión está requiriendo.

¿Cuáles serán, a su juicio, las medidas o procedimientos más adecuados?

Los procedimientos tendrían que ser los normales en lo puramente institucional, pero tienen que ser “sui generis” en cuanto a los antecedentes de la convocatoria de la Constituyente. Es absolutamente imprescindible una amplia y vasta consulta a la opinión pública. El país necesita saber lo que opinan todos sus sectores. Es imprescindible que sepamos con claridad qué grado de responsabilidad tienen determinados grupos políticos, sociales, intelectuales, que deben manifestarse de manera expresa y categórica sobre problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo y sobre los cuales el país tiene que obrar si quiere ponerse al día consigo mismo. El método de la encuesta, de la consulta, del reportaje es útil, pero no debe olvidarse que no refleja suficientemente la responsabilidad que es necesaria en este instante. Hay que oír opiniones, pero hay que obligar a pensar y hay que obligar a que las opiniones definitivas se formulen de manera expresa y categórica con los fundamentos necesarios y previo un análisis fundamental del problema.

Por lo demás, en este aspecto como en todos los demás que se refieren a la convivencia social, yo considero que la última palabra tienen que darla los partidos políticos y cuando digo partidos políticos no pienso sólo en los partidos políticos que ahora existen sino en los que puedan constituirse; más aún, en los que deben constituirse, porque es absolutamente imprescindible que en este problema la sociedad argentina encuentre cuanto antes su cauce; los cauces de un movimiento social no pueden predeterminarse, deben surgir de una manera fuerte y espontánea, y una vez que hayan surgido, una vez que estemos con el panorama de la opinión pública completa, en ese momento serán los partidos políticos los que deben expedirse sobre el problema con la responsabilidad que corresponde a los órganos de la opinión. Yo espero que de esta crisis por la que atravesamos, los partidos políticos salgan rejuvenecidos en la medida en que signifique un rejuvenecimiento su toma de posición definitiva frente a los problemas fundamentales. Esto es el deber fundamental de los partidos en este instante. Los partidos políticos deben ajustar su fisonomía a los grupos sociales que representan eminentemente y deben tener el valor de expresar de manera categórica y sin ambages y a cada instante cuáles son los ideales de ese grupo. En la Argentina no sabemos hoy cuál es el volumen que respalda la opinión de ciertos grupos que se nos aparecen un día como mayoritarios o minoritarios, por los cuales nos estamos jugando a cada instante sin que podamos saber si la mayor fuerza que presumen tener proviene de la mayor presión que sus sostenedores son capaces de ejercer o si corresponde a grupos numéricos mayores. Este problema es una especie de incógnita en la vida política argentina. Los partidos políticos tendrán que ajustar el sistema de su pensamiento de una manera clara y resuelta. En la exposición de un sistema de doctrina no debe predominar el cálculo electoral —inevitable, por lo demás—; deben respetarse ciertos umbrales en la toma de posición frente a los problemas fundamentales del país. Hay que ser claro y categórico. Si los partidos políticos representan a sectores de opinión, deberán expresar en forma categórica cuál es la formulación que esos ideales y esos principios deben tener en el texto constitucional. Finalmente, no nos olvidemos que esta opinión será la válida, puesto que serán los partidos políticos los que demanden el voto, los que representen en la Constituyente la opinión pública y los que impongan sus programas una vez que comience el trabajo de discusión y de elaboración del texto constitucional, de modo tal que es imprescindible que esa formulación por los partidos políticos sea la más responsable, lo más denso que se pueda y lo más fiel en relación con los grupos sociales que cada partido político representa.

¿Usted cree que estamos maduros como para una encuesta del pueblo argentino sobre tan importante tema?

Yo estoy seguro de que estamos maduros. Estoy seguro de que los distintos grupos de opinión se han perfilado con bastante nitidez en el panorama social argentino; pero estoy seguro de que los partidos políticos no han interpretado a esos distintos grupos y estoy seguro de que hay grupos que carecen de los partidos que los expresen. Nada ni nadie ni menos el gobierno deben oponerse a que esos partidos se constituyan.

¿Cuál es su opinión sobre la Ley Sáenz Peña? ¿Es partidario de la misma?

En este momento soy decidido partidario de la representación proporcional. Creo que uno de los males políticos argentinos ha sido obligar a optar entre dos cuando hay con mucha frecuencia ciertos matices que deben ser respetados y que sólo pueden respetarse por el régimen de la representación proporcional.

¿Cuáles son a su criterio los problemas de solución más urgente en nuestro país?

La pregunta no es fácil. No se puede contestar apresuradamente ni es absolutamente seguro que lo que diga en este instante sea el reflejo fiel de mi pensamiento, porque sería necesario un estudio largo y atento del problema para poder decir que finalmente se ha expresado una opinión sobre esto que tanta inquietud produce en los argentinos en este momento. Queda siempre la duda de si los problemas más urgentes son aquellos que a uno le interesan más o aquellos que uno percibe con mayor nitidez. He oído hablar muchas veces de la necesidad de corregir los inconvenientes que entorpecen la vida política argentina por un exceso de poder en el Ejecutivo; he oído hablar del federalismo, de defender el régimen municipal, de modificar el régimen impositivo y otros problemas que seguramente son muy importantes.

Pero yo estoy persuadido de que la nueva Constitución no cumplirá su misión como lo esperamos, si no conseguimos que predomine en el ánimo de los Constituyentes la idea de que la reforma sustancial que este país necesita es la que se deriva de su transformación económica y social. La Constitución fue pensada para un país que quería salir del régimen del desierto. La nueva Constitución tiene que ser pensada para un país que ha conocido la evolución del capitalismo, que ha crecido en una etapa de desarrollo que podemos caracterizar como presidida por la burguesía industrial y que ha conocido ya los gravísimos problemas sociales de larga data que no han sido percibidos, en mi opinión, en toda su magnitud y que están, en este instante, en una etapa de su desarrollo que nos prometen nuevos avatares. Es absolutamente imprescindible que se sepa que este problema es trascendental en la historia del país. Si no conseguimos infundir en el ánimo de la Constituyente la idea de que la nueva Constitución tiene que ponerse al día con los gravísimos problemas económicos sociales del país, seguramente fracasaremos. No podría decir en este instante cuáles son los pro-blemas más importantes que se derivan de este planteamiento, pero creo que no se necesita demasiado estudio ni reflexión para reducir esta formula a los términos que exige y plantea hoy la situación argentina.

En segundo lugar, creo que son de trascendental importancia los problemas que se relacionan con la concepción del Estado. Creo que es imprescindible que se declare de manera expresa que el Estado argentino es un Estado laico. Hecha esta afirmación, todos los problemas de orientación en las relaciones entre la Iglesia y el Estado quedan aclarados y no confusos, como entiendo que lo están en la Constitución del ’53. De más está decir que planteado desde este punto de vista, el problema de la educación se encauzará definitivamente como corresponde a un país de nuestra fisonomía social, sin agravios para nadie y sin posibilidad de que suscite conflictos de conciencia que no tienen razón de ser ni en nuestro país ni en nuestra época. Supongo que hay otros muchos problemas trascendentales. Yo me intereso particularmente por éstos y creo que son de ur-gente solución no sólo para una transitoria pacificación sino para condicionar el desarrollo que el país espera, más aún, para continuar el desarrollo en el que el país esta lanzado y del que tenemos obligación de no desviarlo.