Las ideas políticas en Argentina. 1946


A la memoria de
Pedro Henríquez Ureña,
maestro y amigo,
con cuyo consejo
se escribieron muchas páginas
de este libro


ÍNDICE GENERAL

Advertencia para la primera edición

Advertencia para la quinta edición

Parte Primera. La Era Colonial

I. La época de los Austria: La conformación del espíritu autoritario

El ambiente espiritual del mundo hispánico
El surgimiento de las colonias rioplatenses
Las formas de la vida política y social rioplatense

II. La época de los Borbones: La conformación del espíritu liberal

El ambiente espiritual del mundo hispánico
El desarrollo de las colonias rioplatenses
Las formas de la vida social y política rioplatense

Parte Segunda. La Era Criolla

III. La línea de la democracia doctrinaria: Irrupción y crisis del pensamiento liberal y centralista

La emancipación y los problemas político-sociales
Las tendencias del grupo porteño ilustrado
Los principios institucionales
Nacionalismo y centralismo
Buenos Aires y la imposición de sus principios
El llamado al pueblo
La reacción antipopular en las minorías cultas y liberales
La disgregación nacional y la “feliz experiencia de Buenos Aires”
La reconstrucción del Estado nacional: el Estado rivadaviano

IV. La línea de la democracia inorgánica: Irrupción y triunfo del sentimiento autoritario y federalista

Las raíces de la democracia inorgánica
El delineamiento del federalismo
Liquidación del orden colonial
Los caudillos
Federalismo doctrinario y autonomismo autocrático
El Estado rosista.

V. El pensamiento conciliador y la organización nacional

El llamado a la realidad
La nueva interpretación de la realidad
La postulación de una política realista y conciliatoria
El triunfo de la política realista y conciliatoria
La realización de la política realista y conciliatoria

Parte Tercera, La Era Aluvial

VI. La conformación de la Argentina aluvial

La transformación económica
La conformación espiritual de la nueva realidad social
Los nuevos cuadros sociales y políticos

VII. La línea del liberalismo conservador

Los principios
La política conservadora
La defensa de los intereses oligárquicos
La legislación laica
Las vicisitudes del liberalismo conservador

VIII. La línea de la democracia popular

La polarización del movimiento popular
La canalización del movimiento popular
El gobierno radical

XIX. La línea del fascismo

Dos puntos de vista en el seno de la revolución antipopular: fascismo y democracia fraudulenta
La etapa de la democracia fraudulenta
El ascenso del fascismo
La revolución de 1943
La línea del peronismo
El Nuevo Orden
Las fuerzas de reserva

X. La busca de una fórmula supletoria

Las nuevas situaciones y las respuestas aleatorias
La crisis de los partidos políticos
El poder militar y el poder sindical
El fracaso de la paz militar
Los movimientos populares
La polarización alrededor de Perón

Epílogo. Sobre los interrogantes del ciclo inconcluso

Bibliografía

Índice de Nombres


Advertencia para la primera edición  [1946]

Este libro se ha escrito para la colección Tierra Firme, editada por el Fondo de Cultura Económica, de México, y el autor ha procurado ajustarse a las exigencias de ella, ofreciendo un texto ordenado, preciso y sintético, que dé una visión panorámica de las ideas políticas argentinas a los lectores de América. Esta circunstancia explica la estructura del libro, la ausencia de notas y referencias eruditas, la abundancia de textos transcriptos y, además, la tendencia a lograr la mayor claridad posible en la explicación de ciertos fenómenos oscuros en sí mismos, tendencia que el autor defiende, convencido de la necesidad de difundir ciertos esquemas que ayuden a la comprensión del presente histórico.

El autor considera imprescindible hacer algunas aclaraciones sobre el punto de vista que ha adoptado. Si se concibiera la historia de las ideas políticas exclusivamente como exposición del pensamiento doctrinario, acaso no hubiera valido la pena escribir este libro. Ni en la Argentina ni en el resto de los países hispanoamericanos ha florecido un pensamiento teórico original y vigoroso en materia política, ni era verosímil que floreciera. Pero el punto de vista adoptado al concebir este libro ha sido otro. Aparte que sea o no original en el plano doctrinario, el pensamiento político de una colectividad posee siempre un altísimo interés histórico; pero no solamente en cuanto es idea pura, sino también —y acaso más— en cuanto es conciencia de una actitud y motor de una conducta. No es extraño que, si se piensa en algunos de los hombres de mayor significación intelectual en el país, se advierta en seguida la estrecha dependencia de su pensamiento con respecto a sus fuentes extranjeras; pero si se examina la significación nacional de ciertas ideas —adquiridas o no— y su vibración en la colectividad argentina, se descubrirá rápidamente que están marcadas por un acento peculiar, ornadas por un nimbo de tonos inconfundibles que corresponden a los que iluminan nuestra existencia.

Las ideas políticas que el autor ha tratado de precisar y seguir en el hilo del tiempo no son sólo aquellas puras y originales en que ha florecido el genio especulativo; son también los remedos de ideas, cuyas deformaciones constituyen ya un hecho de cultura de profunda significación; y son ciertos impulsos que entrañan y presuponen una determinada predisposición, con los que se nutrirán luego las ideas claras y distintas, apenas entrevistas en el momento primero de su irrupción, pero latentes en su indecisa forma y en su orientación aproximativa. Acaso se pueda objetar que el autor se exceda en el uso de la palabra idea; pero está convencido de que en el campo de la historia de la cultura no es posible aislar en ese concepto las formas pulcras y perfectas de las formas elementales y bastardas. La vida social es resultado de la convivencia de quienes poseen muy variados patrimonios intelectuales, y seria un peligroso criterio histórico no apreciar la significación de ciertos aportes de opinión, porque nunca fueron expuestos con claridad y con plena conciencia. Firme en esta opinión, el autor ha procurado siempre descender desde el plano de las ideas claras y distintas hasta el fondo oscuro de los impulsos elementales y las ideas bastardas, seguro de llegar, de este modo, a la fuente viva de donde surge la savia nutricia que presta a las convicciones esa fiereza tan peculiar de nuestra historia política.

El autor ha tenido muy en cuenta, para dar sólido apoyo a su análisis, las características y la evolución de la estructura económica y social en que hunde sus raíces el mero fenómeno político. Basándose en la observación del proceso de transformación de la realidad social, ha rechazado la periodización habitual de la historia argentina y ha adoptado otra que, a su juicio, corresponde más fielmente al curso que ha seguido la formación del país. De acuerdo con ella, se señalan tres etapas en el desarrollo histórico argentino: la era colonial, la era criolla y la era aluvial en la que aún estamos. Cada uno de esos tres períodos ha merecido un examen tan cuidadoso como lo permitían los límites de este libro. En la era colonial se estudia el proceso de elaboración de dos principios políticos destinados a tener larga vida: el principio autoritario y el principio liberal, y, al mismo tiempo, se señala el comienzo del proceso de superposición de cierta estructura institucional sobre una realidad que apenas la soporta. Ese duelo entre dos principios y este otro entre la realidad y la estructura institucional se perpetúa y constituye el nudo del drama político argentino; la cambiante fisonomía de ese drama aparece descrita a lo largo de los períodos siguientes, y el autor ha procurado mostrar los múltiples matices con que se ofrece en cada etapa.

Para realizar esté examen el autor ha debido acudir a numerosas fuentes y, además, a la copiosa bibliografía que se ha acumulado con el incesante trabajo monográfico de los historiadores argentinos. A causa de esta constante frecuentación, el autor no sabe ya qué es lo que puede haber de original en su obra y prefiere suponer que no se trata sino de una síntesis del esfuerzo ajeno y dejar constancia, en la bibliografía que va al fin del volumen, de los autores cuyos datos y opiniones ha consultado. Acaso sólo sea original cierto enfoque de la totalidad del problema —pocas veces intentado antes— y cierta acerada visión del curso de la historia argentina, cuya proyección hacia el futuro ha querido vislumbrar el autor muchas veces, unas con angustia, otras con orgullo, siempre con la ansiedad de quien se juega la vida confundido en una multitud cuyos pasos no sabe quién dirige. Algunos compartirán sus opiniones, y otros —los más— lograrán descubrir los múltiples defectos que, sin duda, enturbian la claridad de este examen: éstos tendrán razón, aunque a aquéllos no les falte del todo. Pero la posesión de la absoluta verdad no puede ser condición inexcusable para el ejercicio intelectual, y el autor se atreve a ofrecer el resultado de sus meditaciones, acuñado con su verdad y con su error.

Buenos Aires, junio de 1946.


Advertencia para la quinta edición [1975]

La primera edición de este libro, publicada en la Colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica y aparecida en 1946, llegaba hasta el capítulo viii de la tercera parte. En ese punto adquiere sentido el epílogo que cerraba el libro y que hoy se conserva como un testimonio. En la segunda edición de 1956, se agregó el capítulo ix y hoy, al incorporarse la obra a la Colección Popular de la misma editorial, se prolonga su texto con un nuevo capítulo, el x que llega hasta 1973.

José Luis Romero


PARTE PRIMERA
LA ERA COLONIAL

En el proceso de formación de la nacionalidad argentina —y muy particularmente en el de la formación de su sensibilidad política— la época de la colonia no es sólo la etapa primera, sino también la decisiva. Por diversas circunstancias, el pasado aborigen carece de significación perdurable en esta región del ámbito hispanoamericano, y José Manuel Estrada pudo decir sin exageración que “el pueblo argentino comienza donde nuestra raza choca con la indígena”. La colonia es, pues, nuestro pasado más remoto; pero es ya nuestro legítimo pasado, y las múltiples contingencias del desarrollo histórico no han podido borrar las huellas de sus pasos. Más aún, cabría afirmar que los esquemas que por entonces se dibujan, perduran y constriñen el proceso de nuestro desenvolvimiento.

En efecto, no sólo se conforma entonces la realidad social de la futura Argentina, sino que se estructura también su actitud espiritual frente a los más graves problemas de la existencia colectiva. Esa realidad sufrió, en la segunda mitad del siglo xix, transformaciones radicales; pero hasta entonces mantuvo los caracteres que se acuñaron en la era colonial, y aun después sobrevivieron bajo formas diversas y vigorosas. No sería posible, pues, alcanzar a comprender el sentido de la evolución de las ideas políticas durante el período independiente sin remontar su cauce a lo largo de la etapa que transcurre desde la Conquista hasta la Emancipación.

En la estructura económico-social, en las formas de la vida cotidiana, en los contenidos espirituales que trasuntan y en los ideales que entrañan, se descubre inequívocamente que la era colonial es ya la Argentina. Abarca esta época más de dos siglos de vida histórica, y en tan largo plazo han podido plasmar con vigorosa cohesión muchos caracteres de todo género. Y de casi todos puede decirse que mantienen su valor representativo, aun cuando se adivine que ceden terreno en la lucha con los ideales renovadores.

Un atento examen revela que —como en otras regiones hispanoamericanas— la era colonial transcurre en el Río de la Plata en dos etapas. Las colonias rioplatenses surgen y se desarrollan lentamente durante los últimos tiempos del siglo xvi y a lo largo del xvii Es la época de los Austria. En ella cuajan y se afirman ciertas modalidades del espíritu colonial que perdurarán pese a los embates de nuevas concepciones. Porque estas modalidades, en efecto, no configuraron totalidad del espíritu colonial, y el Río de la Plata no fue ajeno a las inquietudes que trajo consigo el siglo xviii. Entonces, en la época de los Borbones, España procuraba renovar su existencia bajo la inspiración del pensamiento ilustrado, y estas colonias, antaño menospreciadas, comenzaron a merecer la atención de los espíritus progresistas. Nuevos ideales se acuñaron e imprimieron su signo en los hombres de la tierra, y sobre la antigua tradición germinó un nuevo brote. Así quedaron frente a frente dos concepciones de la vida que se decantaron en otras tantas actitudes políticas: el autoritarismo y el liberalismo.

La aparición de estas dos concepciones fue decisiva para nuestra historia política. Si bajo ciertas formas lucharon entre sí durante la era colonial, su duelo continuó sin interrumpirse durante la época independiente, aun cuando revistieran distintas apariencias, “Se concluirá por descubrir —decía agudamente Juan Agustín García hace medio siglo— que en el mundo los mismos personajes aparecen siempre con las mismas pasiones y la misma suerte; los motivos y los acontecimientos difieren, es verdad, en las distintas piezas, pero el Espíritu de los sucesos es el mismo” Aun hoy vivimos ese drama, y sólo remontando el curso de nuestras aguas hasta sus fuentes será posible alcanzar los secretos de la evolución de las ideas políticas argentinas.

I
La época de los Austria 
La conformación del espíritu autoritario

La conquista de la tierra americana, la exploración de las vastas extensiones que se ofrecían, llenas de enigmas y promesas, desde las costas donde el conquistador llegaba, la fundación de ciudades y los primeros intentos de colonización, todo ello se hizo bajo el signo renacentista de la aventura. Una recia tesitura espiritual caracterizaba a los conquistadores, y los respaldaba la grandeza y el orgullo de la España imperial. Pero esta España de los Austria no es siempre la misma a lo largo de los dos primeros siglos de la Conquista. Perduran las ideas directrices que constituyen su esqueleto espiritual, pero su sangre y su carne, trabajadas por la fatiga de un esfuerzo sin medida, comenzaron a flaquear hasta que el cuerpo, antaño vigoroso, se tornó sombra de sí mismo.

El ambiente espiritual del mundo hispánico

Empero, la debilidad creciente no mitigó el ímpetu de las convicciones, sino que, por el contrario, pareció acentuarlo. Encerrada en sí misma, maduró su pensamiento y estilizó el sistema de ideas que la regía hasta convertir a éste en una fuerza rígida y dogmática. La Contrarreforma y la neoescolástica nutrieron su espíritu, y muy pronto, en medio de un derrumbe cuyo alcance parecía no advertir, España fue decantando sus convicciones en un sistema político cuyas fórmulas trajeron a América los conquistadores, para arraigarlas en la tierra con el prestigio y la fuerza de la Conquista. Así afincó en América el espíritu autoritario. El hondo pesimismo sobre la suerte de Castilla que a mediados del siglo xv revela un noble espíritu como el de Fernán Pérez de Guzmán, comenzó a desvanecerse poco a poco cuando Isabel y Fernando lograron sus primeros triunfos políticos. Una nueva energía pareció vitalizar los reinos hispánicos, cuya nobleza abandonó su díscola conducta para sumarse a las empresas que la Corona proyectaba. El triunfo fue pleno en 1492. El reino musulmán de Granada desapareció, y con él cierto sentimiento de humillación que minaba el ánimo español.

…pues Granada

non digo que se defiende

de España, mas que la ofende

e la tiene trabajada

como decía Pérez de Guzmán. Al finalizar ese mismo año, la corona castellana ganó las inmensas y desconocidas tierras de América y un vago anhelo de grandeza y de gloria invadió los espíritus.

Ese sentimiento, sin embargo, hubo de sufrir las alternativas de la situación general. La muerte del infante don Juan había trastornado el destino de España y abrió el camino para intrincadas complicaciones políticas. Castilla y Aragón detuvieron el impulso que los conducía a una más estrecha unión y, luego, debieron acatar la autoridad de un rey que, pese a sus legítimos derechos, era, en el fondo, un extranjero. La época fue dura para los orgullosos españoles; se resistió con heroísmo y se aconsejó con dignidad para que el príncipe reconociera el valor de lo nacional hispánico; poco a poco se fue logrando ese propósito, al tiempo mismo que el orgullo español comenzó a ufanarse con la posesión del imperio que Carlos V dominaba. Así se creó una conciencia vigorosa de la gloria hispánica, inserta en la gloria imperial, pero reconcentrada dentro de ella para afirmar su singular significado. Esta gloria —imperial y española— animaba a los conquistadores que descubrieron por primera vez en México la inmensa trascendencia de su conquista.

Adueñado de Tenochtitlán, Hernán Cortés escribía al “Muy alto y poderoso y muy católico príncipe, invictísimo emperador y Señor nuestro”, estas palabras reveladoras: “Porque he deseado que vuestra alteza supiese las cosas de esta tierra; que son tantas y tales, que, como ya en la otra relación escribí, se puede intitular de nuevo emperador della, y con título y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra Sacra Majestad posee.” España agregaba al imperio universal, por el esfuerzo de sus hijos, tierras y riquezas que en nada desmerecían de las que el emperador ya poseía; y el orgullo de esta proeza consolidaba el orgullo del imperio mismo, disminuido antes por la extranjería del monarca flamenco. Esta certeza de la misión de España se afirmó con los nuevos descubrimientos de tierras y riquezas en el Perú, y el reinado de Carlos V, que se cerraba en Europa con la amarga derrota de Metz, iniciaba en la España conquistadora una nueva era de entrevista grandeza. Perdido para ella el imperio europeo de vieja tradición medieval, surgía ante sus ojos un nuevo imperio de Indias, exótico y prometedor, en cuya conquista total tendrían ocasiones bastantes el fuerte brazo del hidalgo y la tesonera voluntad del labriego, hecho hidalgo muy pronto por su esfuerzo.

En la segunda mitad del siglo xvi, la política hispánica se circunscribe recogiéndose en sí misma. Felipe II quiere ser un monarca español y católico y su acción se dirige a lograr esa aspiración. Había que destruir lo que contradijera esos principios, aunque se borrara del vasto repertorio de posibilidades algunas que ya habían comenzado a cuajar con visible madurez. Sólo hispanidad y catolicismo satisfacían el ideal espiritual del monarca y sólo estas tendencias se toleraron en la vasta zona de influencia de la acción real. Flandes, castigado por su amenazante heterodoxia, constituye el más alto ejemplo de esta política, que estaba también de manifiesto en otros muchos aspectos de la conducta del misantrópico señor del Escorial. Sólo para una guerra implacable contra los enemigos tradicionales de España —para la Francia culpable de tibieza católica, para el Turco, declarado enemigo de la fe— parecía servir la riqueza que llegaba de América, en tanto que se menospreciaba el impulso del renacido esplendor económico de Europa, sin que se hiciera esfuerzo alguno para incorporar a España a la carrera mercantilista que comenzaba entre las potencias del continente. La picaresca se iniciaba porque proliferaban los pícaros, reverso de aquella grandeza de los ideales, acuñado por la miseria cotidiana; y mientras llegaba el brillante metal de las Indias para huir prestamente hacia los centros de producción, Fernando de Herrera, al unísono con los ideales de su rey y de la nobleza, cantaba la derrota del infiel y fundía en su verso el heroísmo y la santidad de una España aún medieval:

El Señor, que mostró su fuerte mano

por la fe de su príncipe cristiano

y por el nombre santo de su gloria,

a su España concede esta victoria.

Duro y sombrío, Felipe II acrisolaba los principios del más rígido absolutismo y comprometía el bravo esfuerzo de sus hijos y la riqueza española en una guerra sin medida en favor de su hegemonía política, en favor de los ideales católicos amenazados. Todo hubiera revelado a un político más realista que su esfuerzo estaba destinado a sucumbir. El aluvión de los metales de las Indias debía cesar muy pronto, y nada se había hecho para fijarlo en tierras españolas, estimulando la producción de todo aquello que, transitoriamente, parecía superfluo producir porque podía comprarse fuera Entre tanto, de las arcas reales escapaba también a torrentes el dinero que pagaba las guerras incesantes, sin que los frutos de las victorias mitigaran la gravedad de los desastres, rematados por la catástrofe de la Invencible Armada. Sólo la inmutable grandeza de sus ideales conmovía al rey, duro y sombrío, cuyos errores se aureolaban con la serena firmeza con que sostenía su esfuerzo nobilísimo pero estéril.

Después, los ideales se empobrecieron y se tornaron pálidos reflejos de sí mismos, y la miseria quedó, amenazante y agobiadora. Los últimos Austria procuraron perpetuar los designios políticos de Felipe II; pero sólo pusieron a su servicio un ánimo apocado, una voluntad débil, una razón esclava de aduladores y truhanes. El desastre comenzaba a entreverse; pero nadie quiso modificar el rumbo, por incapacidad o por interés. Desde lejos, el antiguo privado de Felipe II, Antonio Pérez, llamaba la atención del favorito del nuevo rey con palabras clarividentes, destinadas, sin embargo, a no ser escuchadas: “No consienta V. E. que se intenten nuevas empresas y tomas, que éstas son para príncipes sobrados de gente y de dineros: digamos verdad que por los grandes gastos pasados desde el año quinientos sesenta y siete, uno y otro falta; el nuestro sosiéguese, recójase en sí mismo para reconcentrar el calor natural que tiene, y con el tiempo volverá en sí fácilmente, cobrará fuerzas y juntará dinero, y entonces podrá acometer y salir con lo que quisiere; y en el estado presente atrévome a decir a V. E. que no se puede esperar suceso bueno: nadie quiere probar a asirse del áncora de la guerra, ¡oh, y lo que ésta desvanece, haciéndose en ella posible todo! que en el caso presente, si se sale con lo que se pretende, sacaranse de ello obligación a nuevos gastos, a que no bastan las rentas ni pueden bastar los servicios, sacaranse nuevos enemigos y aún bastan y sobran los que tenemos para no poder vivir y alentar, y si no salimos con ello, quedaremos con el dinero perdido y la reputación menoscabada. Mire V. E., le suplico, que se va consumiendo la cabeza de la monarquía de Austria y de Castilla, de donde los demás han de tener ser y recibir el sustento…” Y más adelante seguía diciendo en su Norte de Príncipes: “Ojo, Señor, a las Indias, que es la parte de donde viene el dinero y con él también la sustancia de esta monarquía, y considérese que aquellas riquezas de oro y plata que se sacan es negocio temporal, y que se va acabando, y que nos ha de venir a faltar aquéllas, y no por eso los vicios, cuyo instrumento son para que estemos acostumbrados, que si la falta de las riquezas introdujera la de esotros, pudiera por cierto desearse y pedirse: en su conservación, digo, que se piense, y en la del fruto que nos viene de allá, para que nos dure y no nos falte, ni se vea que se pasa a otras naciones, y no nos deja más que el polvo y el dolor y el daño de los vicios y gastos introducidos con su mucha abundancia.”

Estas palabras fueron proféticas. Menoscabase la antigua gloria hispana y creció la miseria sin que los brazos hubieran aprendida a producir riquezas, en tanto que el absolutismo político, afirmado por la tesonera actitud de los Austria, quedaba en pie, ejercido por privados a quienes no bastaba la merced real y que no vacilaron en esquilmar al pobre pueblo para mantener el ostentoso brillo de la corte y enriquecerse ellos mismos:

   Es lícito a un rey holgarse y gastar,

pero es de justicia medirse, y pagar.

   Piedras excusadas con tantas labores,

os preparan templos de eternos honores.

   Nunca tales gastos son migajas pocas

porque se las quitan muchos de sus bocas.

   Ni es bien que en mil piezas la púrpura sobre

si todo se tiñe con sangre del pobre.

   Ni en provecho os entran, ni son agradables

grandezas que lloran tantos miserables.

Así se atrevió a decir Francisco de Quevedo a Felipe IV, y pagó su audacia con la cárcel. Era, sin embargo, la voz unánime ante el espectáculo de tanta miseria y tanta derrota; veinte años después de escrito este Memorial, Felipe IV caía definitivamente vencido en la guerra contra Francia y firmaba el tratado de los Pirineos, que consagraba la pérdida de la hegemonía europea por parte de España. Poco después, el reino mismo parecía botín de los vencedores y las cancillerías extranjeras discutían a su guisa sobre el destino de la herencia del rey Carlos el Hechizado.

Una modalidad espiritual, definida y rígida, había cuajado en estos dos siglos que transcurren entre los dos Carlos. Tras la era de predominio europeo del gran emperador, España había comenzado, con su hijo Felipe, a reconcentrarse en sí misma para acentuar lo hispánico y vivir según el cartabón de sus propios ideales. Europa, entre tanto, sacudida por la Reforma y por el desarrollo del pensamiento moderno, comenzaba a elaborar otras formas de vida, frente a las cuales España quiso permanecer indiferente. Hubo quienes quisieron incorporarse a esa nueva tendencia, pero tuvieron que ocultar sus designios o escapar a otras tierras, propósito este último que Felipe combatió también impidiendo que los españoles acudieran a estudiar a las universidades extranjeras, tocadas todas, en mayor o menor medida, por el erasmismo o la Reforma. Así comenzó a cristalizar bajo su forma típica el catolicismo español, aferrado a la defensa de los principios que consideraba fundamentales; cerrado dentro de sus propios límites, sin buscar ni admitir el cotejo con otras doctrinas, que condenaba con exaltada intolerancia, el catolicismo español constituyó el primero y más sólido de los pilares de la Contrarreforma. Una severa vigilancia de cuanto se escribía y se leía, de lo que se pensaba y lo que se hacía, aseguró al estado español la pureza de su ortodoxia y, con ella, la paralización de ciertas formas de pensamiento y de acción que existían como potencia en el espíritu hispánico. Salió de España la Compañía de Jesús, el más eficaz instrumento de la catequesis contrarreformista, y de la Compañía de Jesús salió el más alto ingenio que reelaboró la doctrina metafísica de la escolástica y la doctrina del poder absoluto. Fue, en efecto, Francisco Suárez quien dio nueva vida y renovada fuerza al pensamiento medieval, minado por los primeros embates de la modernidad, reconstruyendo una doctrina firme y vigorosa en la que la tradición tomista se mantenía pura y, al mismo tiempo, se tonificaba con el aporte de nuevas experiencias.

Vitalizaba esta elaboración doctrinaria de la neoescolástica un auténtico sentimiento religioso, que se revela en la inspiración mística de fray Luis o en la exaltación teológica de Calderón. Pero era la vigorosa imposición estatal la que le aseguraba su indiscutida primacía. El Estado, en efecto, hallaba en la doctrina de la Contrarreforma el fundamento necesario para fortalecer de jure su autocracia, y la confluencia de la doctrina con la voluntad de absolutismo dio al poder real una potencia incontrastable: ya en el siglo xvi, por sobre los resabios feudales y por sobre las aspiraciones de la naciente burguesía, el ambiente espiritual español había cristalizado en un actitud política caracterizada por el primado del espíritu autoritario.

Ya Carlos V había echado las bases de un orden político absolutista; contra las cortes y contra los fueros que desde adentro pretendían limitar su autoridad; contra el papado, que desde fuera aspiraba a contenerla. La victoria de Villalar y la enérgica actitud frente a Clemente VII, a quien el emperador se atrevió a amenazar con la convocatoria de un concilio general, revelan su decisión de afirmar su poder de rey y emperador sin restricción alguna. Reconocía Carlos que el fundamento de su poder residía en la propia dignidad imperial y en su derecho dinástico, lo cual le otorgaba cierta independencia frente al papado: “Y si vuestras paternidades —escribía a los cardenales en 1526— se negasen a conceder nuestras peticiones, Nos, según nuestra dignidad imperial, acudiremos a los remedios convenientes, de suerte que no parezca que faltamos a la gloria de Cristo, ni a nuestra justicia, ni a la salud, paz y tranquilidad de la república.”

Su sucesor debilitó esta postura con su militancia en defensa de la fe, que lo llevó a una dependencia más estrecha del pontificado. Su poder se convirtió cada vez más en una teocracia, en la que la Iglesia adquirió una mayor preponderancia apenas contenida por el prestigio y la tenacidad de Felipe II. Sus sucesores vieron acrecentarse aún más esa influencia, que sintieron como una amenaza los que contemplaban el panorama político con cierta perspectiva: “Muchos dirán —decía Antonio Pérez desde el destierro— y habrán dicho esto mismo que yo quiero decir a V. E. porque es cosa tan necesaria que ninguno puede ignorarla, y es que se ponga mucho cuidado en la materia de las jurisdicciones con su Santidad, que se va entrando Roma mucho en la España, y siendo tan grande parte de ella lo eclesiástico y lo religioso que ocupa más de la mitad de ella, cuando menos pensemos los habremos de hallar dueños de todo.” Esto, dicho hacia 1602, ocurría ya por entonces y ocurrió en mayor grado todavía en el curso del siglo xvii, en la metrópoli y en las colonias. Respaldado por la Iglesia, el absolutismo teocrático adquirió sólida consistencia y fuerza incontrastable; pero condicionó su acción prestándole su objetivo fundamental: la defensa de la fe y de los principios católicos. Esta circunstancia fue decisiva en la ordenación de su política.

En efecto, la política de principios rigurosos arraigó tan fuertemente que descartó, como anticatólica y antiespañola, la política de la realidad. Si ésta, llevada hasta sus últimas consecuencias, podía parecer inmoral, la primera, igualmente extremada, resultaba estrecha en su concepción y nefasta en sus resultados. La ola de antimaquiavelismo que se suscita en España a fines del siglo xvi con Rivadeneyra y Márquez arraigó en una doctrina política que pretendía ignorar las circunstancias de la realidad para someterla incondicionalmente a la rigidez de las normas morales y a las leyes que de ellas parecían desprenderse inequívocamente. Acaso en España la fuerza del derecho consuetudinario evitaba que esta política se tradujera en innovaciones perjudiciales, excepto la de coartar el desarrollo de nuevas fuerzas económicas y sociales; pero en las colonias americanas, donde la realidad era no sólo nueva sino apenas conocida y sorprendente por su exótica novedad, condujo a la comisión de innumerables errores que malograron muchos esfuerzos y frustraron muchos propósitos. Un creciente desprecio por la vida económica, concebida como forma inferior de la existencia, dio ocasión, sobre todo, a un curioso contraste, porque se subestimaba y se contenía, precisamente, aquello que, sin duda alguna, constituía la preocupación fundamental de la Conquista en el ánimo de la mayoría de sus ejecutores. La consecuencia fue que el Estado, tan fuerte y activo en tantos otros aspectos de la vida, fingió menospreciar una actividad que era incontenible y que, en realidad, se desarrolló sin que el Estado la encauzara de modo eficaz: así se desenvolvió una economía frustrada, cuyos bajos fondos se llenaban de vicios que la ley condenaba, pero que no podían evitarse en la práctica porque no se quiso descender al plano de la realidad.

De este ambiente espiritual, nutridos por esta actitud política, llegaron a América los conquistadores. Reconocían la autocrática voluntad de su señor y respetaban con religioso temor las leyes que emanaban de él; pero frente a los pueblos indígenas, dóciles unas veces y hostiles otras, frente a los desiertos y a las selvas, el conquistador tonificó su espíritu y comprendió que nada valía de verdad si no era la voluntad férrea y el brazo decidido. Una independencia altanera movida por un sentimiento católico e individualista se encuadró entonces dentro del teórico respeto a la autoridad autocrática de la Corona: tal fue la primera actitud política que conocieron estas tierras.

El surgimiento de las colonias rioplatenses

México primero, y el Perú luego, constituyeron los ideales y los paradigmas de la colonización. Por su organización y su riqueza, los países de aztecas y quichuas parecieron las dos presas de mayor importancia y en ellas se ensayaron sistemas de organización política, de ordenación social de la población indígena y de explotación económica; pero cuando se comenzó a colonizar el Río de la Plata, advirtióse que el aspecto que el país y su gente ofrecían era harto distinto de lo que se contaba de aquellas otras regiones y sus posibilidades muy diferentes, y por cierto, muy inferiores desde el punto de vista del rápido enriquecimiento del conquistador. Así ocurrió que la vasta llanura decepcionara a los que primero la recorrieron, y que el Río de la Plata no pareciera sino puerta de entrada y de salida de las ricas regiones metalíferas que quedaban al norte.

Tal fue, pese a los preparativos y a las capitulaciones, la opinión de Pedro de Mendoza y sus capitanes en 1536. Fundada Buenos Aires, partieron de ella los exploradores que querían hallar la ruta del Perú y se internaron por el Paraná y el Paraguay, torciendo luego hacia el noroeste en dirección a la meseta. Mientras Juan de Ayolas luchaba con la naturaleza tropical y con los indígenas, sus compañeros levantaron la ciudad de Asunción en la confluencia del Paraguay y el Pilcomayo. Para la función de punto de apoyo que se asignaba a esas ciudades, esta última posición pareció más útil que la de Buenos Aires. Así, mientras se conservó la esperanza de establecer una ruta entre el Río de la Plata y el Perú a través de los ríos, Asunción creció en importancia, y el gobernador Irala no vaciló en despoblar a Buenos Aires en 1541. Pero aquella empresa era casi imposible. Fracasó Ayolas primero y el adelantado Alvar Núñez después. El propio Irala la intentó más tarde, y aunque consiguió, en efecto, llegar hasta la meseta, su exploración de 1547 demostró que era una ruta demasiado peligrosa por la naturaleza y las poblaciones aborígenes.

Ya para ese entonces se había realizado la entrada en las llanuras desde el Perú hacia el sur. En sentido inverso al que llevaban los colonos de la Asunción, y a través de rutas más accesibles, Diego de Rojas y sus compañeros penetraron en el noroeste argentino. Por la quebrada de Humahuaca y por los valles calchaquíes exploraron las tierras del norte y buscaron las llanuras siguiendo el río Salado. El camino quedó abierto y otros volvieron a explorarlo, seguros ya de que esa era la ruta más llevadera para alcanzar las costas atlánticas. Muy pronto comenzaron a surgir las ciudades: Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba fueron jalones de la vía que buscaba el mar. Cuando se fundó esta última ciudad, Juan de Garay levantaba sobre el río Paraná la de Santa Fe, completando, acaso sin saberlo, la línea de poblados, y más tarde se dirigía hacia el sur para fundar por segunda vez Buenos Aires en las orillas del Río de la Plata. Fue en 1580; la esperanza de los asunceños de llegar al Perú quedaba malograda por esta nueva ruta que venía a concluir sobre el ancho río, y la nueva ciudad fue, como decía su fundador, “la puerta de la tierra”. Buenos Aires comenzó a crecer y Asunción a declinar, aun cuando todavía conservara, como ciudad ya constituida, su primacía por medio siglo.

Asunción había comenzado a ser un centro productor. A su alrededor habían surgido algunos pueblos de indios formados por los encomenderos y se obtenía de su trabajo algún provecho en productos de agricultura, ganadería y manufacturas. Pero Buenos Aires se prestaba más para la vida de los colonos españoles; su clima era menos riguroso para hombres y ganados y había llegado a tener en sus vecindades una riqueza considerable en yeguarizos cimarrones, fruto de los que habían quedado en libertad cuando fue despoblada la ciudad primitiva. Además, sus vastas llanuras se prestaban para la fácil cría de los ganados, y Garay comenzó a traerlos echando así las bases de una riqueza que permitió, ya en los últimos años del siglo xvi, exportar lana, sebo y cueros. Mas lo que constituía la principal ventaja de Buenos Aires era su mayor proximidad de España; muy pronto su puerto comenzó a recibir la visita de las naves de la metrópoli, hasta que los comerciantes de Portobelo lograron, en 1618, que se prohibiera el tráfico marítimo porque atentaba contra sus intereses. Pero de todos modos, como cabeza de llanura y como puerta para el Perú por el Atlántico, Buenos Aires tenía importancia suficiente para atraer la atención de España, que muy pronto reconoció las posibilidades del humilde establecimiento porteño.

Un gobernador criollo, Hernando Arias de Saavedra, luchó con tesón por el progreso del Río de la Plata y trabajó porque se lograran los frutos que Garay esperaba de Buenos Aires. Él fue quien propuso a la Corona dividir su jurisdicción en dos gobernaciones, propuesta que fue aceptada, estableciéndose en 1617 la separación entre la de Asunción y la de Buenos Aires. Desde entonces, el Río de la Plata comenzó a adquirir mayor importancia, y en 1621 Buenos Aires llegó a ser cabeza de un obispado. Poco después, se decía que la zona cultivada cubría una extensión de treinta leguas alrededor de la ciudad.

Así crecieron Buenos Aires y su provincia durante el siglo xvii. El puerto fue acosado constantemente por los corsarios enemigos de España y sus tierras vieron llegar muchas veces las invasiones de indígenas amenazantes. La población creció en vigilante acecho; el contrabando proveyó de mercancías a sus habitantes y la riqueza agropecuaria comenzó a parecer estimable, pese a la sombra que proyectaba sobre ella el metal peruano. De pronto, a partir de 1640, la ciudad adquirió una insospechada importancia política. Los portugueses, recobrada su independencia de España, comenzaron a manifestar sus pretensiones sobre las tierras en litigio desde los primeros tiempos del descubrimiento, y cuarenta años más tarde fundaron, frente a Buenos Aires, la Colonia del Sacramento, en acto de soberanía sobre la margen oriental del Plata. La capital de la gobernación se aprestó para la lucha, defendió sus derechos y se apoderó del establecimiento portugués, que, sin embargo, volvió a manos de sus fundadores por un convenio suscrito en la metrópoli. La situación no se modificó hasta que se produjo la guerra por la sucesión del trono español a principios del siglo xviii; pero la Colonia del Sacramento, signo de las aspiraciones portuguesas y base de un activísimo contrabando, estaba allí, frente a Buenos Aires, y la metrópoli comenzó a pensar en la ciudad y en sus problemas con mayor atención de la que lo hiciera hasta entonces. Tenía a la sazón Buenos Aires poco más de cuatro mil habitantes, y un viajero francés —Azcárate du Biscay— que la visitó en 1658, la describió así:

“El pueblo está situado en un terreno elevado a orillas del Río de la Plata; contiene cuatrocientas casas, y no tiene cerco, ni muro, ni foso, ni nada que lo defienda sino un pequeño fuerte de tierra que domina el río, circundado por un foso y que monta diez cañones de hierro. Allí reside el gobernador y la guarnición se compone de sólo 150 hombres.

“Las casas del pueblo están construidas de barro, porque hay poca piedra en estos países hasta llegar al Perú; están techadas con cañas y paja y no tienen altos; todas las piezas son de un solo piso y muy espaciosas: tienen grandes patios, y detrás de las casas grandes huertas llenas de naranjos, limoneros, higueras, manzanos, peros y otros árboles frutales, con legumbres en abundancia.

“Las casas de los habitantes de primera clase están adornadas con colgaduras, cuadros y otros ornamentos y muebles decentes, y todos los que se encuentran en situación regular son servidos en vajilla de plata y tienen muchos sirvientes —negros, mulatos, mestizos, indios, cafres o zambos—, siendo todos éstos, esclavos.

“Estos esclavos son empleados en las casas de sus amos ó en cultivar sus terrenos, pues tienen grandes chacras abundantemente sembradas de granos. Toda la riqueza de estos habitantes consiste en ganados que se multiplican tan prodigiosamente en estas provincias que las llanuras están cubiertas de ellos.”

Las formas de la vida política y social rioplatense

A diferencia de México y Perú, el Río de la Plata no sorprendió a los conquistadores con el espectáculo de su exuberancia sino con el de su poquedad. La llanura inmensa y las poblaciones primitivas se ofrecieron a su vista como una promesa de un futuro mediocre y trabajoso, en el que no habría que descartar el hambre y la fatiga física de aquellos hidalgos que habían resuelto emprender la aventura conquistadora para arrancar el oro a manotazos de las entrañas de la tierra. Al desembarcar los hombres de Pedro de Mendoza en las costas rioplatenses, el soldado Schmidel anota hablando de los indios: “no tienen otra cosa que comer que pescado y carne”. Hasta eso faltó alguna vez a los conquistadores en unas tierras que, sin embargo, guardaban tesoros reservados al tesón y al esfuerzo.

Frente a esta poquedad de la naturaleza y de la cultura, los colonizadores no tuvieron dificultades para la ocupación de la tierra. Comenzaron a organizar su rudimentaria existencia según sus principios y dieron por descontado que los indígenas deberían entrar en el nuevo complejo social al servicio de los conquistadores y ajustándose a los marcos que ellos establecieran. Pero, naturalmente, la resistencia activa o pasiva de los indígenas dio lugar a que se reflexionara sobre el método que, frente a ellos, debía seguirse, y de esa reflexión resultó una política. En primera instancia esa política fue colonizadora; había que explorar las posibilidades que ofrecía la tierra, y los colonos recibieron en encomienda cierto número de indígenas, con los que se cumplía esa faena; ellos en cambio debían adoctrinarlos —o dicho en términos modernos, civilizarlos— y procurar que se fueran incorporando a las formas de vida propias de los españoles. A veces predominó el sistema brutal de la explotación sobre el plan colonizador; en el siglo xvi sobre todo, cuando apenas estaba asentada la Conquista y todavía era necesario echar las bases de la elemental organización de la Colonia, fue frecuente que el colonizador tuviera un desmedido desprecio por toda sujeción. Pero ya a fines de ese siglo y a principios del siguiente se produjo en el Río de la Plata un movimiento destinado a poner en orden la situación de los indígenas, problema del cual dependía su extinción o su incorporación al complejo social; una promoción de hombres dotados de cierta visión política y, al mismo tiempo, de cierto sentido humanitario, comenzó a actuar entonces: el gobernador Hernandarias, el obispo Fernando de Trejo y Sanabria, el visitador Francisco de Alfaro, el capitán general don Luis Quiñones de Osorio, el provincial Diego de Torres y algunos más, procuraron someter a reglas el trabajo de los indígenas, señalando a los encomenderos que su misión no era explotar sino asimilar esa población.

Las dificultades —y puede decirse que el fracaso— de esta política colonizadora originó, en segunda instancia, una política de catequesis, preconizada por los religiosos. Representantes eminentes de una concepción política que desdeñaba la riqueza como fin en sí misma, fundaron reducciones en las que los indígenas trabajaban en provecho de la comunidad, sin duda dentro de un régimen menos inhumano que el que solían imponer los encomenderos; el sistema suponía someterlos a un plan de enseñanza religiosa y moral que permitiera su auténtica incorporación al nuevo complejo social; pero suponía también una educación política basada en el más férreo autoritarismo y, sobre todo, en el apartamiento del indígena de todo contacto con los colonizadores españoles. Así, el sistema benefició a los indios, que no sufrieron las fatigas de la encomienda, pero fracasó como plan de adaptación por el contraste entre las formas de vida ejercitada en las reducciones y las que encontraron luego fuera de ellas.

Mediante esta doble política —colonizadora y catequizadora— los españoles trataron de estructurar en la Colonia un sistema de vida en el que coexistieran las dos poblaciones. No hubo problema en cuanto a la coexistencia de culturas, porque la debilidad de la estructura espiritual de los indígenas de estas regiones apenas permitió que se manifestara en otra cosa que en una resistencia pasiva, o en la supervivencia de algunas supersticiones que resistían a los argumentos de la predicación, de modo que la cultura hispánica se impuso como la única forma de existencia posible. Pero la cultura colonizadora y catequizados debió afrontar algunas graves cuestiones. Ante todo, el problema étnico con todas las repercusiones sociales que traía la aparición del mestizo y el criollo; luego el económico, que surgía de las nuevas condiciones en que se ofrecía la posibilidad de la riqueza y de su explotación, y que entrañaba, a su vez, graves problemas sociales; finalmente, el político, producto de la imposición de un régimen sólidamente estructurado en la metrópoli sobre una realidad que se modificaba día a día y que creaba situaciones disímiles y ajenas a la experiencia de la metrópoli. Estos problemas adquirieron, durante la época de los Austria, una fisonomía peculiar en el Río de la Plata, y cuajaron con ella. Toda acción que más tarde se emprendiera debía contar con esta situación.

Única fuente de riqueza en esta tierra sin metales, el suelo fue tomado por los conquistadores en virtud del título jurídico que proporcionaba a la Corona la cesión papal, y adjudicado a los conquistadores. “Yo, en nombre de S. M. —dice Juan de Garay en el acta de repartimiento de solares de Buenos Aires— he empezado a repartir y los reparto a los dichos pobladores y conquistadores, tierras y caballería y solares y cuadras en que puedan tener sus labores y crianzas de todos ganados, las cuales dichas tierras y estancias y huertas y cuadras, las doy y hago merced en nombre de Su Majestad y del dicho gobernador, para que como cosa suya propia puedan en ella edificar, así casas como corrales y poner cualquier ganado y hacer cualesquiera labranzas que quisieren y por bien tuvieren… como si lo hubiesen heredado de su propio patrimonio.” Esta circunstancia, unida a la situación jurídica de españoles, daba a éstos una posición de absoluto privilegio sobre los indígenas, que no debían poseer otro derecho que el que se derivaba de las ordenanzas que mandaban tener para ellos un trato misericordioso según los principios del cristianismo y del derecho natural. Era una situación de hecho fortalecida con abundancia de argumentos políticos, pero que radicaba sobre todo en el hecho de la Conquista. La situación de inferioridad del indígena era clara e indiscutible; pero las necesidades de la colonización y la política de principios de la Corona obligaban a los conquistadores a no contentarse con establecer esta situación, sino que incitaba, por el contrario, a buscar una incorporación de los indígenas que, sin peligros para sus privilegios ni su seguridad, contribuyera al desarrollo de la colonia. Las reales cédulas y ordenanzas no faltaron; pero la realidad tuvo más fuerza que ella y fue creando un status peculiar.

Contribuyó en gran manera a establecerlo la índole característica de los indígenas rioplatenses. Su sumisión por la fuerza los retrajo y los aniquiló espiritualmente, en tanto que, poco a poco, se sintieron despojados de todo e incapacitados para ninguna acción orgánica frente al conquistador. Respondieron a la Conquista con una sumisión pasiva, llena de reservas mentales, que no excluía, sin embargo, el levantamiento accidental movido por el odio o la desesperación; pero una marcada indolencia y una apatía muy peculiar los incitó a aceptar la nueva situación con la voluntad decidida de no prestar otro apoyo que el exigido de ellos.

Muy pronto, sin embargo, se agregó a estos dos núcleos étnicos otro que habría de influir muy notablemente en la evolución económica, social y política de las colonias rioplatenses: el mestizo. Éste había heredado como rasgos predominantes la indolencia indígena, la incapacidad para lo económico, el desinterés por el trabajo ordenado, que respondía a una estructura económica que le era ajena; y se agregó a su carácter un marcado resentimiento contra el blanco europeo, insolente, soberbio y avasallador, cuyo temperamento empezaba a conocer en la situación de su madre india frente a su accidental compañero español. Así quedó en el mestizo un sedimento de rebeldía que se tonificó con los resabios de sus viejas creencias, apenas borradas por una catequesis cuyo contenido doctrinario no podía entender, y que lo llevó a considerarse como miembro de un estrato inferior del nuevo complejo social. En esta situación, aunque en menor grado, se halló también el criollo blanco, disminuido por la creencia general de que el español degeneraba en América, y disminuido también por la afluencia continua de españoles peninsulares que renovaban la casta privilegiada con pleno derecho. Diversas circunstancias tendieron a unir al criollo con el mestizo, sobre todo porque por razones sociales era más posible que casara con india o mestiza que no con española, con lo cual entraba él también en la vía de la mestización. Así se creó, entre los españoles y los indígenas, un núcleo intermedio —mestizo-criollo— al que se otorgó cierto derecho, pero que no alcanzó socialmente una situación equivalente a la de los peninsulares.

De esos núcleos sociales, el español conservó el monopolio de las fuentes de producción y de riqueza: suya era la tierra apta para ganados y suyo era el control de la actividad comercial que podía convertir sus productos en buenas onzas de oro. Estas formas de actividad económica —ganadería y comercio— merecían la más alta estimación social, en tanto que los trabajos de la agricultura parecían reservados —como, en efecto, lo eran— a los infelices que no habían podido lograr mercedes de tierras abundantes, aptas para el pastoreo y cercanas a la ciudad. La agricultura, efectivamente, no proporcionaba sino la posibilidad de vivir; pero sus productos carecían de valor comercial, y como no producía enriquecimiento, la labor agrícola parecía negativa confrontada con el ideal de riqueza que constituía el norte del colono.

Aquella actividad ganadera y comercial proveía de significado diferente al campo y la ciudad y a la población de uno y otra. Los campos estaban repartidos en grandes suertes entre los españoles avecindados en la ciudad, y los trabajaban, generalmente, criollos y mestizos, aunque no faltaban peninsulares que optaran por vigilar directamente sus propiedades. La llanura creó en los que la poblaron una peculiar psicología. En constante peligro por las acechanzas de las tribus indígenas no incorporadas, lejos de la ciudad y de toda vigilancia estatal, forzados, en consecuencia, a bastarse a sí mismos, tanto el colonizador que residía en ella como la peonada criollo-mestiza y aun el indígena aquerenciado, adquirieron un aire bárbaro, como de quien vive en estado de naturaleza. Sólo la fuerza individual aseguraba el uso del legítimo derecho y aun la conservación de la vida. El propietario se hacía despótico y cobraba un auténtico ascendiente, que sus hombres respetaban si les parecía que era adquirido en buena ley. Nada se oponía a su prepotencia, porque la acción del Estado apenas llegaba hasta él, y porque nadie tenía una decidida voluntad civilizadora: el amo, porque esperaba enriquecerse para volver, y sus subordinados, porque nada esperaban de la suerte. Así nació un tipo de vida rural que sufrió pocos cambios con el andar del tiempo, facilitado por la distancia, por la escasa densidad de población y por la impotencia de una legislación que desconocía la realidad.

La legislación española, en efecto, miraba la Colonia como un conjunto de ciudades y sólo reglaba eficazmente la vida urbana. Se había constituido en aquéllas un grupo español que vivía unas veces de la burocracia y del comercio, y otras de la explotación de unas tierras que apenas conocía. Dentro de esos marcos transcurría una existencia anodina, que conformaba estrechamente cierto espíritu rapaz propio del que sólo esperaba la oportunidad de vender un número crecido de fardos de cueros o de aprovechar un suculento contrabando para embolsar los doblones y buscar la ocasión de retomar a la patria. Pero se conformaba allí también una tendencia política al acrisolarse el tipo de autoridad que la Corona imponía a sus colonias. Allí se mantenía el culto de la autoridad real omnipotente y allí funcionaba —mientras no se lo violaba sin negarlo— el estrecho mecanismo de la legislación autocrática. De ese modo, en dos esferas harto diferentes y desde dos puntos de vista radicalmente opuestos, el espíritu autoritario se afirmaba en la vida colonial y cristalizaba como actitud política.

Este espíritu estaba nutrido por una singular estructura moral. El grupo campesino había elaborado una concepción de la vida, caracterizada por la aventura frecuente que eran sus afanes en la campaña, en la que se ponía constantemente a prueba el ánimo del varón fuerte, el pundonor del que sabe que su suerte depende de su acción, la soberbia del que ha logrado prevalecer con su esfuerzo, la habilidad del que finca en ella su prestigio y su salvación. De esta concepción de la vida surgió un conjunto de normas morales que, por responder a las formas de la existencia cotidiana, poseían una fuerza de que carecían las leyes. Allí no valían reglas para catequizar o para colonizar. El amo lo era de pleno derecho y adquiría, por sobre sus atribuciones de dueño de la tierra, una inevitable jurisdicción de derecho público que ejercía sin limitaciones. La vida misma era prenda de la obediencia y la fidelidad. Pero la obediencia y la fidelidad se acuñaban legítimamente en un ambiente de participación en los mismos ideales, porque el subordinado trataba de demostrar, en su esfera, la misma soberbia, la misma habilidad, el mismo pundonor y la misma bravura que el amo indiscutido. Las innumerables leyes escritas se violaban a cada instante; pero la ley de la llanura indómita no se violaba jamás. Sin embargo, nadie hubiera osado dar a esta omnipotencia un valor absoluto. Por sobre la omnipotencia del “español campestre” se reconocía y se reverenciaba la autoridad todopoderosa de la Corona, sin que se la obedeciera nunca si se oponía a las costumbres rurales. Moral cristiana en el fondo, pero primitivísima en la superficie, se apoyaba en una violenta e intergiversable voluntad de dominio que nacía de las circunstancias y que nadie podía abandonar sin riesgo de la vida.

También se constituyó en los núcleos urbanos una moral sui generis. La fuerza del Estado actuaba allí más directamente y presentaba más de cerca el fantasma de la autoridad real; pero también allí las circunstancias hicieron que la autocracia del monarca se transfigurara en una autocracia de los ejecutores de su voluntad, en secreto acuerdo muchas veces con la oligarquía peninsular. Un clero armado con las armas de la Contrarreforma daba a aquella autoridad un sólido respaldo teológico, pero aun contra ellos se movía la realidad. Ni la voluntad real ni las leyes y ordenanzas en que se concretaba recibían otro testimonio que el de la más rendida sumisión; pero ni la autoridad real ni las leyes podían contra la miseria y el hambre, contra el apetito de riquezas, contra la irritación que causaba la medianía en quien había acudido a América para triunfar y salir de pobre. Autoritario en su concepción política y autoritario en su concepción familiar, el español violaba las leyes que coaccionaban sus apetitos, con audacia aunque con la máscara de la sumisión. Nada más característico de esta psicología que el ejercicio continuado del contrabando, que ejercieron gobernadores, obispos y fidelísimos vasallos sin más cortapisas que las que aconsejaba la prudencia. Así, la realidad incitaba a liberarse de tantas menudas prescripciones y la prudencia aconsejaba pregonar con alta voz la sumisión; de ese modo cuajó una concepción autoritaria del poder público que, conteniendo la libre iniciativa, forzaba a ésta a desenvolverse al margen de la ley. Tal fue la moral que, en los campos y en las ciudades, creó poco a poco el autoritarismo real y la política de los principios. Sin duda, los rasgos peculiares del Estado colonial eran el ser esencialmente urbano y el ser autoritario, de acuerdo con la concepción vigente en la metrópoli; todas sus instituciones y todas sus disposiciones reflejan esos caracteres constitutivos; pero no sería posible comprender su evolución y la influencia que ejerció en la sociedad argentina si no se señala insistentemente el conflicto entre esos dos caracteres con la realidad. En efecto, pensado como un conjunto de instituciones destinadas a un orden esencialmente urbano, su vida económica se apoyaba en gran parte en la vida rural, que de ese modo escapaba a la más firme estructura estatal; y pensado como un orden autoritario, su más crecida masa social se veía obligada a un tipo de vida que creaba, dentro del autoritarismo estatal, un autoritarismo individual, obra de las circunstancias. Estas contradicciones intrínsecas ocultan el secreto de la conformación del espíritu político argentino.

Puede decirse que el Estado municipal fue impostado sobre la realidad argentina antes de que ésta se hubiera constituido, con olvido de las modalidades que pudiera adquirir. Organizado para defender la homogeneidad y la cohesión del grupo colonizador, el municipio recibió una estructura jurídica que contradecía en cierto modo el régimen autoritario que sustentaba la Corona, pues en la Colonia se creaban organismos que en la península se limitaban hasta anularlos. Pero se consideró imprescindible predeterminar esta forma de colonización dadas las circunstancias del poblamiento, sin advertir que las posibilidades de la explotación de la tierra debían tender a disgregar en alguna medida esa población. Así, el régimen municipal debió forcejear con el autoritarismo de la Corona que, en efecto, ejercido por los conquistadores y los funcionarios, invalidó su ordenación jurídica —en Buenos Aires sobre todo— restándole atribuciones regulares y confiriéndole eventualmente otras que, en rigor, escapaban a su verdadera jurisdicción. Pero más debió luchar todavía con la realidad rural, que no se encuadraba dentro de los marcos del gobierno municipal y, en consecuencia, quedaba prácticamente fuera de la ley si no era por obra de acciones circunstanciales y esporádicas. Así pudo crecer aquel autoritarismo individual en las poblaciones rurales. La voluntad estatal se manifestaba por medio de leyes cuyo minucioso detalle solía tornarlas impracticables; y si esto ocurría en los centros urbanos, con mayor razón ocurría en las campiñas casi desiertas, donde la misma presencia de la autoridad era ocasional e inoperante.

Esta característica de la legislación española en general y la de Indias en particular es significativa. Ya Antonio Pérez señalaba cómo había crecido el número de leyes y pragmáticas durante el siglo xvi, fenómeno que, sin duda, se acentuó en el xvii. Las autoridades mismas de la metrópoli llegaron a comprender que era imprescindible someter a un ajuste las leyes de Indias y ordenaron que se recopilaran en un cuerpo que sólo fue sancionado en 1680. Pero entre tanto —y aun después—, su multiplicidad, la circunstancia de no ser aplicables a toda América las mismas disposiciones, y lo casuístico de su texto restó eficacia a las leyes, que quedaron, con harta frecuencia, sólo como esquemas ideales, pese a los esfuerzos de juristas que, como Solórzano y León Pinelo, propugnaron la adecuación de la legislación a la realidad.

En la práctica, el poder político fue ejercido con bastante amplitud —y, a veces, con absoluta arbitrariedad— por los funcionarios reales. Las perspectivas que se ofrecían al conquistador de estas tierras sin riquezas metalíferas eran escasas; Ruy Díaz de Guzmán resumía así, a principios del siglo xvii, la suerte de los conquistadores del Río de la Plata: “…en diversas armadas pasaron más de cuatro mil españoles, y entre ellos muchos nobles y personas de calidad, todos los cuales acabaron sus vidas en aquella tierra, con las mayores miserias, hambres y guerras de cuantas se han padecido en las Indias.”

No puede extrañar, pues, que poco a poco fuera cristalizando la idea de que la aventura colonial debía ser breve y productiva. El conquistador primero y el funcionario después no consideraron una dicha el venir a esta colonia, humilde y estancada por el temor del virreinato peruano de perder sus privilegios y ganancias, y, cuando venían, aspiraban a estar breve tiempo y a aprovecharlo en beneficio propio. Debido a ello su acción de gobierno se caracterizó por cierto sistemático olvido de la abundante legislación que, de ser cumplida, no sólo impedía su propio provecho sino que coartaba su tendencia a la discrecionalidad, tendencia acentuada, ciertamente, por las exigencias de la realidad. A despecho de las leyes y ordenanzas reales, los funcionarios de la Colonia se plegaron a las formas espontáneas de vida que prevalecían en el país; así, amparando las oligarquías ganadera y mercantil constituidas por peninsulares, medraron personalmente a costa de tolerar —con honrosas y escasas excepciones— el medro ilegítimo de aquéllos. El cohecho y el contrabando no fueron actividades ajenas a los funcionarios reales que, al ejercitarlas, reconocían la relativa licitud de ciertas formas de vida al margen de las solemnes prescripciones de la ley.

No obstante, esta discrecionalidad del poder y este abuso de los privilegios se enmascaraba con un solemne acatamiento de la autoridad absoluta del monarca, autoridad que, cuando podía hacerse sentir, obraba, en efecto, con esos caracteres. El funcionario era, como el conquistador, súbdito fidelísimo del rey y no creía negar su autoridad al violar sus leyes. Tenía por la Corona el más absoluto respeto y la más rendida devoción, porque no poseía otra doctrina del poder que la que primaba en España. Pero sobre todo, carecía de los principios con que pudiera negar ese tipo de autoridad, porque los principios de la fe parecían apoyar esa concepción política. En efecto, la fe había sido el fundamento teórico que autorizaba la Conquista y el justo título de la Corona residía en una delegación de derecho realizada por el papa. En el curso de la Conquista, España había otorgado a la Iglesia una situación preponderante y esa situación se había proyectado en las Indias, donde aparecía como una institución tan poderosa como los propios organismos estatales, hasta el punto de que se suscitaron con frecuencia conflictos jurisdiccionales. Respaldo doctrinario de la autoridad real, la Iglesia fue en la Colonia la depositaria de los principios jurídicos y morales que la Corona sustentaba.

En esta calidad, la Iglesia, bajo la influencia de la concepción de la Contrarreforma, recibió del Estado español la dictadura espiritual. Puede decirse que, durante los dos primeros siglos de la Colonia, no hubo otra forma de pensamiento que la que inspiraba la Iglesia de acuerdo con la más severa de las ortodoxias. Cierto es que, por las circunstancias de la conquista y la colonización, la población vivía en un estado de ignorancia general en que sólo constituía una relativa excepción el clero; de aquí que no hubiera otra forma de educación pública que la que impartía la Iglesia, excepto contadísimos casos. Se basaba su autoridad, además, en el ascendiente que ejercía en medio de las ininterrumpidas calamidades que azotaban a los colonos, y, sobre todo, en el fanatismo que caracterizaba al español y en el que supo infundir en los indígenas que catequizaba, suplantando sus tradiciones y creencias con las de la doctrina cristiana, sin lograr, empero, borrar el fondo supersticioso que caracterizaba a aquéllas. De este modo, la dictadura espiritual comenzó a derivar hacia una hegemonía social reconocida unánimemente, y que puso a la Iglesia en una situación de excepción dentro de la sociedad colonial.

Este prestigio de la Iglesia acudía en auxilio de la autoridad política en cuanto proclamaba el fundamento divino del poder real; pero minaba, en cambio, la autoridad de sus funcionarios en cuanto procuraba proyectarlo en beneficio de la institución y de sus miembros con mengua de las autoridades civiles. En principio, la Iglesia reconocía el patronato real, pero de hecho aspiraba a sobreponerse a la autoridad política cada vez que podía, y solía valerse para ello no sólo del prestigio de que gozaba entre la población, sino también de las influencias que poseía en la corte y de las amenazas de la Inquisición. Debido a esta actitud, la tirantez de relaciones solía ser frecuente entre ambos poderes, con mengua evidente de la autoridad de los funcionarios, aunque no, en cambio, de la autoridad teórica del rey, que la Iglesia defendía como artículo de fe, pese a que solía negarla en los hechos. Era, pues, este conflicto un síntoma más de la disociación entre los principios y la realidad.

Todo contribuía, pues, a fomentar la afirmación del espíritu autoritario durante los primeros tiempos de la Colonia; nada, en cambio, estimulaba la creencia de que pudieran existir otras formas políticas. Empero, la realidad social de la Colonia trabajaba en la penumbra creando algunos gérmenes de disidencia destinados a aflorar más tarde. La Corona reconoció —en tiempos de Carlos V— el derecho de los pobladores a elegir su gobernador cuando hubiere acefalía y hasta tanto llegaran las provisiones reales. Pero esta concesión, que se basaba en el principio de que el poder provenía del pueblo y volvía a él cuando no lo ejercía aquel en quien se había delegado la soberanía, funcionó escasamente, a causa de que se establecieron poco a poco los principios de reemplazo eventual entre las autoridades constituidas. Luego, a partir de Felipe II, el principio cada vez más acentuado de la autocracia real esfumó aquel derecho y el ejercicio de esa potestad pareció subversivo. Así pues, en el plano jurídico no hubo asomo de alzamiento contra la autoridad absoluta de la Corona ni asomo de doctrina alguna que insinuara la conveniencia de otra forma de vida política. En cambio, en el plano de la realidad, las formas de vida fueron creando una situación de hecho que otorgaba al colono una casi absoluta independencia del poder. El colono tenía la sensación de su orfandad, pese a la maraña de las prescripciones legales, y no vacilaba en vivir a su guisa allí donde no alcanzaba el imperio de la ley, lo cual creaba, por debajo del sistema político de jure, un sistema político de facto que comprendía extensas regiones en las cuales el colono ejercía su propia autoridad con la misma autocrática voluntad que el funcionario lo hacía en nombre del rey. Nada lo autorizaba en derecho; pero nadie podía evitarlo en la extensión inmensa de la llanura y, en rigor, apenas se notaba el hecho, excepto si se considera su resonancia y trascendencia en la formación de una peculiar psicología. Además, muy pronto comenzó a justificarse; fue el jurista León Pinelo quien comenzó a hablar en el siglo xvii del derecho a la vida, en virtud del cual parecían lícitos actos que, si constituían violación de la ley, no entrañaban la voluntad de desconocer la autoridad real. Hecho sintomático, esta actitud se manifestó, sobre todo, entre la población rural donde se acrecentaba y cobraba conciencia de su situación el grupo criollo. Oscuramente, una manera de vivir y de obrar distinta de la que prevalecía en los centros urbanos más poblados, se manifestaba entre ese elemento subestimado del complejo social y elaboraba una actitud que el tiempo maduraría hasta transformarla en una tendencia política definida.

La era del colonizador es, así, la era de la formación del espíritu autoritario en todas las esferas de la vida social: autocracia real sostenida por el Estado de los Austria; autocracia de los conquistadores y de los funcionarios; autocracia del poblador rural librado a la entereza de su ánimo y a su capacidad para sobreponerse a los mil elementos hostiles. La conciencia política se manifiesta unánimemente bajo el signo de la autoridad indiscutida y enérgica, ejercitada dentro de un orden inamovible y como resultado de una situación de facto. Para esta actitud política, todo intento de innovación es contrario al orden establecido y constituye un hecho revolucionario. La transformación de la situación existente parece atentatoria contra la seguridad general y violatoria del orden jurídico, máscara que esconde, en verdad, una situación de hecho. Por eso la colonia se torna violentamente reaccionaria frente a toda idea que suponga renovación en las circunstancias económicas, sociales y políticas: porque sólo lo que existe parece tener derecho a existir. Simplismo político, este pensamiento se modificará en alguna de sus modalidades, pero permanecerá en otras y aflorará cuando se lo quiera reemplazar por sistemas más finos y complejos, destinados a hacer valer la voluntad general frente a la indómita voluntad autocrática de quien ejerce alguna especie de mando.

II
La época de los Borbones
La conformación del espíritu liberal

El tránsito del siglo xvii al xviii está señalado en toda Europa occidental por cierta profunda modificación en la actitud política. Una cabeza coronada había caído en Inglaterra, y a la monarquía había reemplazado una efímera república que, muy pronto, desapareció dejando como huella de su paso el principio de la limitación del poder real. En 1688 la Declaración de Derechos fue admitida como base de la nueva estructura monárquica de Inglaterra, y poco después, en 1690, Locke diría categóricamente en su Tratado del gobierno civil: “Parece evidente, por todo lo que acabamos de decir, que la monarquía absoluta, considerada por algunos como la única clase de gobierno que deba existir en el mundo, es incompatible con la sociedad civil.”

Reinaban por entonces Luis XIV en Francia, el emperador Leopoldo I en Austria, Pedro el Grande en Rusia y Carlos II en España. El rumor de la catástrofe inglesa corrió por las cortes absolutistas con aire de amenaza y las ideas de Locke comenzaron a germinar en los espíritus inquietos: Rousseau y Montesquieu lanzarían muy pronto al mundo los principios sistematizados de un nuevo régimen, acompañados de vibrantes clamores contra los sistemas imperantes en Europa.

Entre tanto, España arrastraba la cruz de un rey imbécil tras cuya herencia estaban lanzadas las cancillerías de las más importantes potencias. Al terminar el siglo, Carlos II moría en Madrid y legaba sus estados al duque de Anjou, nieto de Luis XIV, mediante un testamento cuyas cláusulas herían las ambiciones del Santo Imperio y ocasionaban la guerra por la sucesión. Francia volcó en el conflicto todo su poderío y logró —con la ayuda inglesa— resolver la guerra en su favor: así comenzó la era de los Borbones en España.

Ilustrados y progresistas, los Borbones habían procurado asimilar algunos de los buenos principios económicos, administrativos y políticos que por entonces comenzaban a elaborarse. Los reyes españoles de esa casa trataron de introducirlos en sus estados y las consecuencias fueron favorables en España y sus colonias. El espíritu liberal, aunque lleno de reticencias y limitaciones, comenzó a difundirse, no sin la violenta oposición —en España y en las colonias— de los grupos que representaban y sostenían la vieja concepción teocrática. Pero la semilla dio mejor fruto de lo que esperaban — y deseaban— quienes la plantaron, porque prendió con fuerza en algunos espíritus que quisieron llevar sus principios hasta sus últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias eran el liberalismo económico y el liberalismo político, realizado este último bajo la forma republicana. Así se gestó una radical transformación en el mundo hispánico, de la que salió conformada una nueva actitud política; el espíritu liberal.

El ambiente espiritual del mundo hispánico

Al promediar el siglo xviii, cuando reinaba en España Fernando VI, el tercero de la casa de Borbón, Voltaire escribía en El siglo de Luis XIV: “La España, gobernada por la rama primogénita de la casa de Austria, había suscitado, después de la muerte de Carlos V, más terror que la nación germánica. Los reyes de España eran incomparablemente más absolutos y más ricos. Las minas de México y de Potosí parecían suministrarle con qué comprar la libertad de Europa. Habéis visto ese proyecto de la monarquía, o más bien de la superioridad universal sobre nuestro continente cristiano, comenzado por Carlos V y sostenido por Felipe II.

“La grandeza española no fue, bajo Felipe III, más que un cuerpo sin sustancia, que tenía más reputación que fuerza.

“Felipe IV, heredero de la debilidad de su padre, perdió Portugal por su negligencia, el Rosellón por la debilidad de sus ejércitos, y Cataluña por el abuso del despotismo. Tales reyes no podían ser largo tiempo afortunados en sus guerras contra Francia. Si obtenían algunas ventajas por las divisiones y las faltas de sus enemigos, perdían el fruto por su incapacidad. Además, mandaban ellos sobre pueblos a los cuales sus privilegios daban el derecho de servirlos mal; los castellanos tenían el privilegio de no combatir fuera de su patria; los aragoneses disputaban sin cesar su libertad contra el consejo real; y los catalanes, que miraban a los reyes como sus enemigos, no les permitían reclutar milicias en sus provincias.

“La España, sin embargo, reunida con el imperio, ponía un peso temible en la balanza de la Europa.”

Voltaire podía medir ya la trascendencia de la decadencia española. En contraste con la magnitud de sus aspiraciones internacionales y de sus propósitos políticos, el régimen económico y administrativo de España durante la época de los Austria había sido nefasto y la había conducido a la pérdida de su posición en Europa y a su marcada atonía interior. Además, como si la persiguiera una dura fatalidad, España debió soportar durante cuarenta años el reinado de Carlos II, cuya incapacidad física y mental había puesto el trono a merced de cortesanos y consejeros, más aún de lo que lo estuviera en época de Felipe III y Felipe IV. Debilidad política, inestabilidad en la conducta, poquedad en los propósitos caracterizaron su reinado, que dio a Europa la impresión de que la antigua dominadora estaba ahora a merced de quien quisiera apoderarse de ella.

Un testamento y la fuerza de las armas dieron el trono español a un príncipe francés, que reinó bajó el nombre de Felipe V. Con él se inicia la dinastía de los Borbones españoles —reconocida por los tratados de Utrecht y Ratstadt primero y el de Viena más tarde—, bajo cuyo gobierno pretendió España recuperar la posición que había perdido en Europa. El progreso, ese ideal de la Ilustración que por entonces atraía a los espíritus cultos y fervorosos, fue la preocupación de los reyes Borbones y de sus ministros; y en la vida económica, administrativa y política, su acción fue múltiple y sostenida para tratar de que el país saliera del letargo en que vivía sumido. La circunstancia de tratarse de un rey extranjero, y la más fortuita todavía de que su esposa italiana —Isabel de Farnesio— ejerciera sobre él notable ascendiente, abrió el reino a toda suerte de influencias europeas, contenidas hasta entonces en la muralla pirenaica por obra de la política de los Austria, a quienes carcomía el santo temor de las influencias reformistas. Esta tendencia se mantuvo luego hasta el reinado de Carlos IV, y por eso el siglo xviii se caracteriza en España por una vigorosa renovación de las ideas.

Quizá lo que sorprenda más sea el entusiasmo por el pensamiento científico, proscrito hasta entonces. En los institutos educativos comenzaron a enseñarse las doctrinas más modernas sobre las ciencias naturales, y un entusiasmo por el saber de la naturaleza se apoderó rápidamente de todos los espíritus ilustrados. “Las ciencias —decía Gaspar Melchor de Jovellanos a sus discípulos— serán siempre a mis ojos lo primero, el más digno objeto de vuestra educación; ellas solas pueden ilustrar vuestro espíritu, ellas solas enriquecerlo, ellas solas comunicaros el precioso tesoro de verdades que nos ha trasmitido la antigüedad, y disponer vuestro ánimo a adquirir otras nuevas y aumentar más éste rico depósito; ellas solas pueden poner término a tantas inútiles disputas y a tantas absurdas opiniones; y ellas, en fin, disipando la tenebrosa atmósfera de errores que gira sobre la tierra, pueden difundir algún día aquella plenitud de luces y conocimientos que realza la nobleza de la humana especie.” No era ésta, sin embargo, la doctrina predominante en las masas, que siguieron atadas a los prejuicios y a la tutela espiritual del clero, aunque sí la de los grupos selectos que, hasta el reinado de Carlos IV, predominaban en la corte e imponían, con el beneplácito real, muchas de sus inspiraciones.

En materia de gobierno, estas nuevas ideas influyeron de cierta restringida manera, porque aun siendo aceptadas en cuanto entrañaban una actitud progresista, era evidente que, llevadas hasta sus últimas consecuencias, conducían hacia una posición política que la monarquía consideraba harto peligrosa. El progresismo se manifestó, fundamentalmente, referido a la educación —como ya se ha visto— y al desenvolvimiento económico. Era este último aspecto de la vida nacional el que conmovía e irritaba más profundamente a los buenos españoles, que veían el empobrecimiento y el atraso general carcomer a la nación. El padre Feijoó, uno de los espíritus más esclarecidos del siglo, señalaba con estas doloridas palabras la situación general: “Eminentísimo Señor: gotosa está España. Los pobres pies de este reino padecen grandes dolores, y de míseros, debilitados y afligidos, ni pueden sustentarse a sí mismos ni sustentar al cuerpo.” Yo no sé si este mal viene de una causa que más arriba deja apuntada el mismo autor, el cual dice “que cuando el estómago e intestino de este cuerpo político [los administradores] tragan o engullen mucho, se siguen incurables e innumerables enfermedades, que ponen en riesgo de su última ruina todo el cuerpo”. Y en otro lugar: “Mas, ¿qué necesidad hay de ponderar la utilidad de la agricultura? ¿Quién hay que no la conozca? Según el descuido que en esta materia se padece, se puede decir que casi todos la ignoran. El descuido de España lloro, porque el destino de España me duele. Aquel métrico gemido con que Lucano se quejó de estar incultos los campos de la Hesperia que habitaba, esto es Italia, literalísimamente se puede aplicar hoy a la Hesperia donde Lucano había nacido; quiero decir a España.”

Este clamor de los espíritus previsores halló eco en los hombres de gobierno que rodearon a los primeros Borbones españoles, movidos por los mismos ideales. Alberoni, Patiño, Carvajal y Lancaster, el marqués de la Ensenada, el marqués de Esquilache, el conde de Floridablanca, Cabarrús, Gálvez, el marqués de Campomanes, el conde de Aranda, todos ellos, con diversidad de medios, procuraron levantar el nivel económico de España. Era necesario movilizar todas las fuerzas productoras y comprometer a todos los hombres progresistas en esa labor de engrandecimiento nacional; así surgieron las “Sociedades de Amigos del País”, las escuelas técnicas, los organismos especializados del Estado. Pero era necesario, también, que esa ola de progresismo no socavara los cimientos políticos de la monarquía y, por eso, se mantuvo una actitud vigilante para que las premisas de la Ilustración no desembocaran en el problema del origen del. poder y en el de sus formas históricas. Esta actitud, naturalmente, se manifestó de modo más enérgico después de 1789.

Los Borbones, sin embargo, habían modificado en cierta medida el tono de la concepción política. El absolutismo mantenía su vigor, pero los principios que lo sustentaban sufrieron una transformación con respecto al régimen de los Austria. Del absolutismo medievalizante de estos últimos al absolutismo ilustrado de los Borbones había un abismo considerable que residía, sobre todo, en la suplantación de las fuerzas espirituales que servían de respaldo doctrinario a uno y otro. Así, el fundamento teológico del poder temporal, que tanta fuerza tenía durante la época de los Austria, comenzó a debilitarse y dejó el paso a una concepción cada vez más laica del poder civil. Poco a poco, la teocracia hispánica quedó semidesvanecida bajo la influencia del pensamiento ilustrado, y la consecuencia fue una disminución sensible de la significación de la Iglesia en el plano del poder político. Sin atacar de frente a la Iglesia misma —porque no fue mucho menor el sentimiento religioso de esa época— el poder real se hizo fuerte en la política llamada “regalismo”, de acuerdo con la cual el Estado rechazaba toda ingerencia de la Iglesia, a la que no se reconocía, como institución, derecho alguno para interferir en la voluntad real. Las consecuencias de esta actitud fueron considerables, porque, además de la significación que tuvo en el plano político y administrativo, contribuyó en alguna medida a sacudir la rígida dictadura espiritual que ejercía la Iglesia, dando así ocasión a una más libre difusión del pensamiento renovador.

Sin embargo, es necesario señalar que el predominio del pensamiento teológico se mantuvo con bastante fuerza; se opuso a la renovación inspirada por el Estado, y es conocida la importancia del motín que provocó la caída del marqués de Esquilache; con no menor celo procuró contener la difusión de las obras modernas, especialmente de origen francés, y esa acción dio más tarde sus frutos cuando, producida la revolución de 1789, cundió el temor de que se generalizaran los peligrosos principios que la habían animado. En efecto, ya el reinado de Carlos IV —en el trono desde 1788— puede ser considerado como un retroceso y como un retomo de las fuerzas más reaccionarias. La suerte de Cabarrús, de Jovellanos y de tantos otros espíritus renovadores constituye un signo de esa actitud, que corroboran los actos de gobierno inspirados por la reina María Luisa y el ministro Godoy, cuya preocupación por mantener su posición de predominio exigía la eliminación de esos espíritus esclarecidos. Manuel José Quintana recordaba entonces la gloria impar de Juan de Padilla y exclamaba en versos inflamados:

    Tú el único ya fuiste

que osó arrostrar con generoso pecho

al huracán deshecho

del despotismo en nuestra playa triste.

    ¿De qué, pues, nos valieron

siete siglos de afán y nuestra sangre

a torrentes verter? Lanzado en vano

fui de Castilla el árabe inclemente

si otro opresor más pérfido y tirano

prepara el yugo a su infelice frente.

Pero Godoy no estaba solo; si por propia ambición trataba de alejar a los espíritus más ilustrados, apoyábanlo en su propósito todas las fuerzas reaccionarias que, tras la proscripción de las ideas francesas, luchaban por el retorno de los principios teocráticos que habían prevalecido antaño en el reino. El antijacobinismo español se definió como una actitud nacional, apegada a las más elementales tradiciones, apoyada en los más primitivos instintos de las masas. Y ante la amenaza napoleónica, mientras cedía la monarquía, incapaz y cobarde, la masa popular seguía a aquellos conductores que la aglutinaban alrededor de las creencias vernáculas, conteniendo el proceso de esclarecimiento que la monarquía liberal había iniciado. Una nueva era empezaba en España, un nuevo duelo contra el espíritu renovador —el de las cortes gaditanas— y el de las masas enceguecidas por una pretendida tradición que incitaba a aclamar a Fernando VII con el grito de ¡Vivan las cadenas!

Entre tanto, en las colonias rioplatenses habían fructificado las mismas influencias liberales y habían logrado crear una atmósfera de rebeldía en pequeños pero resueltos sectores de la sociedad criolla; también ellos debieron sufrir la reacción del viejo espíritu autoritario; mas las circunstancias fueron propicias para que llevaran a sus últimas consecuencias sus ideales, porque la crisis por la que atravesaba España debilitaba sus posibilidades de reacción; así cuajó la prédica liberal de los Borbones en un movimiento político destinado a volcarse contra la propia metrópoli.

El desarrollo de las colonias rioplatenses

A partir del siglo xviii, las colonias rioplatenses entran en un período de rápido desenvolvimiento demográfico y económico. Nuevos aportes de población española, sumados al natural crecimiento vegetativo, tonifican la vida de las ciudades y las campañas, acrecentando sus posibilidades económicas y congregando en alguna medida la sociedad rioplatense. A fines del siglo, Buenos Aires, que en 1744 tenía poco más de diez mil habitantes, llega a tener cuarenta mil. Según Azara, Montevideo alcanza por entonces quince mil, y hay una decena de poblaciones que oscilan entre los cuatro y los cinco mil habitantes. Diversas circunstancias contribuían a ese florecimiento de las colonias rioplatenses. Desde el punto de vista económico, el Río de la Plata había visto crecer con notable pujanza su riqueza agropecuaria. Dentro de este sector, predominaba sin duda la ganadería, actividad fundamental de las campañas, cuyos frutos constituían el rubro principal del comercio. Transformarse en poseedor de alguna extensión de tierra apta para los ganados era la aspiración de los españoles y criollos de estas regiones; sólo los que no podían lograrlo se dedicaban a las faenas, menos productivas, de la agricultura.

“Los españoles campesinos —dice Azara— se dividen en agricultores y pastores o estancieros. Éstos dicen a aquéllos que son mentecatos, pues si se hiciesen pastores, vivirían sin trabajar y sin necesidad de comer pasto como los caballos, porque así llaman a la ensalada, legumbres y hortalizas. En efecto, sólo cultivan la tierra los que no pueden proporcionarse tierras y ganados para ser estancieros o no encuentran otro modo de vivir. En este caso de ser agricultores, está más de la mitad de los españoles del Paraguay, y los que habitan las cercanías del Río de la Plata y de las ciudades. Éstos se distinguen de los pastores en que sus casas están mucho más cerca unas de otras, son más aseadas y con más muebles, y en que sus vestidos son algo mejores. Saben también hacer sus guisados de carne y de sus vegetales, y comen también pan, que son cosas poco conocidas en los pastores. En el capítulo 6 dije lo que es aquella agricultura, y en mi obra de cuadrúpedos, expliqué lo que son allí las ocupaciones pastoriles cuidando de diez y ocho millones de cabezas de ganado vacuno, y tres millones de caballar con bastantes ovejas. A esto ascienden mis cómputos de aquellos ganados: la sexta parte en el gobierno del Paraguay, y el resto en el de Buenos Aires. Aunque en éstos comprendo los ganados de los pueblos de los indios cuidados por éstos, no incluyo en dicho número otros dos millones de ganado vacuno silvestre, ni las innumerables yeguadas alzadas o sin dueño.” Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la agricultura comienza a encontrar mejor acogida, sobre todo porque algunos de sus productos comienzan a comercializarse mejor y porque el Estado —nutrido por el pensamiento fisiocrático— comenzó a estimular a aquélla. Así lo reconocía Mariano Moreno en 1809, cuando, al defender los derechos de los labradores y hacendados a quienes amenazaba la política monopolista de los comerciantes, decía: “Nuestra corte ha dado repetidas pruebas de hallarse convencida de que no podemos ser felices sino por medio de la agricultura, y frecuentemente ha incitado el celo de nuestros magistrados para que protejan y fomenten un bien tan importante.”

En efecto, por su influencia cabal sobre los poderes públicos y por su carácter de españoles peninsulares, los comerciantes españoles de Buenos Aires, agentes de los comerciantes de Cádiz o en relación con ellos, constituían la fuerza más importante en el campo económico. Su poderío se había hecho a la sombra de la protección que proporcionaba el régimen monopólico, régimen gracias al cual recibía un poderoso estímulo la ganadería y no lo recibía, en cambio, la agricultura. El comercio de cueros, sebo y otros productos ganaderos significaba a los comerciantes españoles pingües ganancias, que se acrecentaban cuando ellos invertían su dinero en artículos manufacturados destinados luego a ser vendidos a alto precio en Buenos Aires y en las otras ciudades del Río de la Plata. Por lo demás, el monopolio era una ficción. Los productos que llegaban de España por las vías indicadas de acuerdo con el régimen del monopolio no satisfacían las necesidades del consumo y desde el siglo xvii era frecuente el ejercicio de un contrabando bastante descubierto que dejaba, a su vez, notables ganancias a quienes lo explotaban. Con todo ello, el comercio reveló en el Río de la Plata una pujanza que atrajo la atención de la Corona, la cual no pudo sustraerse a las demandas que exigían una mejor condición jurídica para esas regiones.

Para facilitar el comercio se dictaron poco a poco algunas medidas destinadas a suprimir las trabas que pesaban sobre él. En 1778, Carlos III dictó el Reglamento de Comercio Libre, al que siguieron luego otras medidas parciales, gracias a las cuales el tráfico con los puertos españoles y coloniales pudo desarrollarse con mayor intensidad. En estos mismos años, circunstancias de otra especie contribuyeron a dar mayor importancia al Río de la Plata. Las dificultades con Portugal, empeñado en obtener puntos de apoyo en la costa oriental del Río de la Plata, incitaron al gobierno español a hacer de Buenos Aires la cabeza de un nuevo virreinato, que quedó establecido en 1776. El Paraguay, el Tucumán y Cuyo quedaron incluidos en la nueva jurisdicción, y con ello se organizó un área económica y política que tendía a desplazarse hacia Buenos Aires. Todas estas circunstancias contribuyeron notablemente a transformar el Río de la Plata en una colonia de cierta importancia, como hasta entonces no lo había sido.

Las formas de la vida social y política rioplatense

Esta transformación económica trajo consigo una progresiva modificación del panorama social y político de la Colonia. Quienes empezaban a vivir de cierta manera y a sufrir o a gozar de ciertas situaciones nuevas, comenzaron a pensar en los problemas de la convivencia en función de esas nuevas condiciones qué los determinaban. La relación entre los problemas económicos y las aspiraciones sociales y políticas se estableció prontamente y de acuerdo a una polarizada afinidad; para los beneficiarios del antiguo régimen del monopolio, el intento de modificar tal situación económica significaba —o simulaban creer que significaba— el trastrocamiento del orden tradicional en cuanto tenía de contenido político, moral y social; querían la sumisión incondicional de todos a una ordenación que sólo los beneficiaba a ellos y consideraban que esa sumisión —que entrañaba un estancamiento total— era la única actitud que correspondía a los colonos; por su parte, quienes aspiraban a lograr un régimen de libertad económica dentro del cual pudieran mejorar su situación, descubrían, a poco que reflexionaran, que ese género de libertad no le sería otorgado a la Colonia sino en la medida en que conviniera a la metrópoli: de aquí a comenzar a entrever las posibilidades y las ventajas de la independencia política había sólo un paso, que las circunstancias acortaron cada día a partir del momento de la Revolución francesa.

Así se fue acentuando una progresiva diferenciación entre distintos. grupos sociales. Por encima de la capa constituida por indígenas y negros africanos, en la que reposaba la economía, se elevaban los dos grupos que, pese a sus diferencias, poseían alguna influencia en la vida social rioplatense: el de los españoles y el de los criollos.

Estos grupos no eran compactos. El grupo español peninsular se escindía notoriamente entre los que estaban de paso y ocupaban en general ciertas funciones públicas con la sola esperanza de escalar más favorables posiciones, y los que habían resuelto afincarse en definitiva en este suelo. De estos últimos señalaba el viajero inglés Alejandro Gillespie que estaban predispuestos a ’’sostener objetivos revolucionarios”, precisamente porque “habiendo dado un adiós eterno a Europa, habían así identificado sus bienes y su felicidad con los de América del Sur”; con ello destacaba que, mientras aquéllos se mantenían indiferentes a la suerte de la Colonia, éstos estaban preocupados por su destino y meditaban acerca de las condiciones en que su existencia pudiera desenvolverse más favorablemente. En general, los españoles preferían la vida urbana y no eran muchos los que se radicaban en los campos; los que escogían este último tipo de vida solían abandonarse muy pronto a una indolencia que los degradaba, lo cual, unido a su alejamiento de los centros urbanos, los colocaba en una situación de ineficacia dentro de la vida social. Una característica singular anota Azara a fines del siglo xviii acerca de los españoles peninsulares de estas tierras, que todo parece confirmar: “Todos convienen considerarse iguales, sin conocer aquello de nobles y plebeyos, vínculos y mayorazgos, ni otra distinción que la personal de los empleos, y la que lleva consigo el tener más o menos caudales o reputación de probidad o talento.” Así fue como no llegó a cuajar en el Río de la Plata otra aristocracia que esta nueva que se constituyó sobre la significación individual del colonizador.

A medida que se acentuaba esta diferenciación entre el español en tránsito y el afincado, se constituía con raíces más hondas el grupo criollo. Una tradición muy arraigada divulgó en España la idea de que el español degeneraba en América. El padre Feijoó creyó necesario desvirtuar, a la luz de sesudos razonamientos, esta absurda creencia; pero su mera existencia prueba cuál era la situación del hijo del español en las colonias a los ojos de los peninsulares. El criollo retribuyó este sentimiento con creces y vio en el español peninsular —ya en el siglo xviii— un enemigo de sus legítimos derechos y de sus más caras aspiraciones, odiando aún en el seno de la familia a quienes ostentaban aquella calidad, así fuera su pariente. Alejado de las funciones públicas, relegado a los oficios menos estimados socialmente, el criollo, ambicioso y capaz —fuera blanco, o, lo que era más frecuente, mestizo—, prefirió la vida rural, en la cual no tenía que soportar el constante testimonio de su inferioridad; en los campos llevaba una existencia primitiva, sin contacto con los centros urbanos y menos aún con la corriente de la civilización que, por reflejo, llegaba a él, y así fue modelándose un espíritu indómito e irrefrenable, al que estimulaban la actividad pastoril y el espectáculo de la pampa desierta. Ese sentimiento de inferioridad social —heredado en la inmensa mayoría mestiza de la situación de la madre india— creó con el tiempo un estado de ánimo peculiar que aglutinó al grupo criollo y le proporcionó el sentido de clase con el que, muy pronto, obraría en las luchas políticas de la independencia y de la guerra civil. El gran aliado fue su número; los criollos crecieron rápidamente en cantidad y constituyeron el compacto núcleo de la masa colonial y aun de la clase acomodada; los que, en las ciudades, pertenecían a este número, trataron de superar las condiciones sociales que los constreñían y procuraron seguir estudios en Córdoba, en Chuquisaca o en la metrópoli para ejercer luego las profesiones liberales y abrirse paso, de ese modo, a través de los prejuicios que los detenían. Así se formó un núcleo criollo, urbano por su tipo de vida y liberal por su formación, que sumó sus esfuerzos al de los otros sectores criollos en el afán común de alcanzar cierto predominio dentro de la sociedad colonial. Su aliado fue su número, pero también la fuerza de sus convicciones y la correspondencia entre sus aspiraciones y los intereses colectivos más importantes en el seno de la Colonia. Al final triunfaron, y la primera etapa de la historia argentina propiamente dicha, es la era criolla.

La fuerza del grupo criollo, en efecto, estaba en la honda raíz y en la precisa fisonomía de sus ideales. Había llegado a perfilarlos por contraste con los que predominaban en los grupos españoles peninsulares, especialmente aquellos que renovaban cada día la aventura colonizadora con su efímero paso por la Colonia. En general, predominaba en éstos el espíritu autoritario; eran los que venían a ejercer las funciones públicas, forma eminente de la dominación sobre la tierra; los que venían a ejercer el comercio en estrecha relación con los mercaderes de España, forma eminente de la explotación de la tierra; además, coincidía con sus ideales el clero español, que poseía en la Colonia cierta tradición de cultura y gozaba de una situación de privilegio por su ascendiente moral y religioso proyectado sobre el plano político. En este grupo hizo poca mella la presencia de algunos funcionarios de nuevo estilo que la España borbónica mandó al Río de la Plata. En efecto, los hombres liberales —criollos algunos de ellos— que llegaron en el curso del siglo xviii para imponer en la Colonia el espíritu renovador que animaba a los Borbones, lucharon por neutralizar la influencia de las capas más reaccionarias del clero y de los grupos mercantiles apegados con mayor fuerza a sus privilegios; pero no siempre pudieron conseguir su objeto y con frecuencia fueron combatidos acerbamente por aquellos a quienes hería su política. Su actitud, en cambio, incidió sobre los grupos criollos y muy pronto contribuyó a dar forma a sus ideales y aspiraciones. Si bien esa influencia no alcanzó a los grupos criollos rurales, autoritarios e indómitos ellos también a su modo, se sintió de manera decisiva en los grupos criollos urbanos, en los que infundió una actitud clara y decidida frente a los problemas más importantes de la vida social rioplatense.

En efecto, la burguesía criolla se hizo liberal con fervor, porque el liberalismo —aun con las restricciones con que la doctrina llegaba impuesta por España— ofrecía solución a los problemas más inmediatos y un cuerpo de doctrina para aquellas remotas aspiraciones que se insinuaban en los espíritus más audaces. Así, la burguesía urbana comenzó a esbozar un programa de regeneración para la vida rural, elaborado a la luz de las doctrinas fisiocráticas y el pensamiento liberal; aspiraba al desarrollo de la agricultura según los métodos en boga, porque, como decía Mariano Moreno, “el que sepa discernir los verdaderos principios que influyen en la prosperidad respectiva de cada provincia, no podrá desconocer que la riqueza de la nuestra depende principalmente de los frutos de sus fértiles campos”; aspiraba asimismo a una libertad de comercio que neutralizando la influencia nefasta de los monopolistas, asegurara a los labradores una fácil comercialización de sus productos; y aun aspiraba al desarrollo de las pequeñas industrias campesinas, todo lo cual suponía una modificación a fondo del tipo de vida que los grupos criollos rurales llevaban por entonces. Era la vida urbana, sin embargo, la que esta burguesía consideraba como forma ideal de existencia civilizada; en ese ambiente podía lograrse el grado de ilustración que permitía a las sociedades, según su opinión, ascender desde los estadios primarios en que se hallaban hasta aquellas formas ideales; y, sobre todo, era en las ciudades donde mejor podía lograrse —en el Río de la Plata— la formación de una conciencia política capaz de encarar el problema de fondo que, en forma más o menos expresa, sentía todo criollo: el de la propia dirección de su destino.

En rigor, el reformismo liberal, de los Borbones contribuyo más que ningún otro factor a formar una conciencia emancipadora y revolucionaria entre los criollos. La creación del virreinato, resuelta en 1776 con motivo de la expedición de don Pedro de Cevallos contra los portugueses, dio unidad política a una extensa región hasta entonces no aglutinada. En efecto, a las gobernaciones de Buenos Aires y el Paraguay se agregó toda la extensión que caía bajo la jurisdicción de la audiencia de Charcas, con el Tucumán, Potosí y Santa Cruz de la Sierra, y se hizo cabeza del virreinato a la ciudad de Buenos Aires. Se creaba con ello un nuevo ámbito político, extenso y rico, parte del cual se orientaba hasta entonces hacia el Perú y estaría de ahora en adelante polarizado por el Río de la Plata. Esta vasta región donde perduraría mucho tiempo una estructura bipolar en la que Charcas y Lima constituían un polo opuesto a la capital, comenzó poco a poco a cobrar significación política. Fue precisamente su heterogeneidad lo que la caracterizó: las distintas regiones aglutinadas no sin cierta arbitrariedad adquirieron conciencia de su personalidad ante el hecho de su subordinación a Buenos Aires y su incipiente conciencia política se manifestó en cierta pasiva resistencia ante la ciudad que de pronto se elevaba a un alto destino.

Contribuyó a acentuar esta actitud la organización del virreinato en gobernaciones-intendencias, cada una de las cuales constituyó muy pronto una unidad de precisa fisonomía. De acuerdo con los principios del centralismo jerarquizado que caracterizó la política de los Borbones, la Corona resolvió en 1782 repartir el territorio del Virreinato del Río de la Plata en siete intendencias y una superintendencia general. Buenos Aires, Asunción del Paraguay, Salta, Córdoba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, La Plata y Potosí fueron otras tantas unidades administrativas y políticas en las que se acuñó con presteza cierto espíritu localista. A la antigua y primitiva organización municipal de la Colonia sucedía una organización territorial y regional, con la que se debilitaba en forma notable la preponderancia de los cabildos, hasta entonces los cuerpos más importantes en la trasmisión y ejecución de la voluntad real y los únicos en los que, en alguna medida, trasuntábase la opinión pública. Desde entonces, el gobernador-intendente fue, como funcionario ejecutivo que atendía a los ramos de hacienda, guerra, justicia y policía, la suprema autoridad regional; subordinados a ella, los cabildos se limitaban a sus labores estrictamente urbanas, y su política contribuía a definir y precisar las aspiraciones y deseos de la población de la región.

Esta reordenación administrativa, hija de la concepción política de los Borbones, echó las simientes de graves problemas políticos para el futuro al crear ciertas situaciones de hecho. Mientras los grupos criollos de la capital se afirmaban en la idea de que constituían el nervio del virreinato por su calidad de hombres cultos y orientados en el sentido de las ideas modernas —situación reconocida indirectamente por la política liberal de la Corona—, la población de las distintas intendencias comenzó a abrir los ojos a la situación de hecho que les creaba el acelerado proceso de centralización que se operaba desde Buenos Aires. Las formas de vida, las influencias tradicionales que llegaban desde Lima o desde Charcas y las que perduraban en Asunción no coincidían con las que Buenos Aires acuñaba desde mediados del siglo xviii, y una vaga disidencia se insinúa ya en los últimos tiempos de la Colonia: luego, cuando los grupos criollos del interior coincidan con el grupo criollo de Buenos Aires en el afán de emancipación, el frente unido se resquebrajará muy pronto ante la aparición de esa madurada divergencia de ideales.

El hecho más trascendental en la existencia política del Río de la Plata durante el siglo xviii es, precisamente, la imposición de una política liberal restringida por parte de la Corona y su recepción por los grupos criollos ilustrados —en particular de Buenos Aires y Charcas— que pretendieron llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Sin duda, las líneas generales de la política de los Borbones españoles fue la del despotismo ilustrado; empero, diversas circunstancias ponían un freno a su realización, sobre todo en el ámbito colonial. Se trataba de una política progresista, animada por el afán de estimular el desenvolvimiento de las colonias y favorecer a los súbditos americanos; pero, tanto en la política colonial como en la metropolitana, este afán se encontraba sujeto a la necesidad de no favorecer la difusión de cierta línea doctrinaria que podía llegar a debilitar los cimientos del poder absoluto y de la doctrina católica; así, el progresismo se manifestó, sobre todo, en el campo económico, aunque también allí con ciertas limitaciones, y en el campo de la acción social y educativa.

La defensa del poder absoluto, que llevaba implícita la desconfiada reserva frente a los filósofos librepensadores, trajo consigo también la política enérgica contra los jesuitas, cuya concepción teocrática del poder chocaba con la concepción oficial y cuyo creciente poderío económico y político parecía una amenaza para el Estado. Los jesuitas fueron eliminados, y con ellos cayó, en la Colonia, el más fuerte puntal de la concepción autoritaria. Quizá esta circunstancia favoreció más que ninguna otra el florecimiento del espíritu liberal; visible primero en algunos funcionarios —que como Bucarelli, Basavilbaso o Vértiz, respondían a la tendencia predominante en la corte borbónica y habían venido para imponerla en la Colonia— comenzó luego a manifestarse muy pronto en algunos criollos de despierta inteligencia y profundas inquietudes. Fueron, por ejemplo, Juan Baltasar Maciel o Manuel Belgrano, quienes, en las postrimerías del siglo xviii, comenzaron a frecuentar las obras de los autores modernos más significativos, muchos de los cuales sólo podían ser leídos a escondidas, por la celosa vigilancia del clero reaccionario que mantenía la concepción jesuítica.

Hombre de estudio y de reflexión, Maciel se siente atraído por los pensadores que, como Descartes, Gasendi o Newton, le permitían renovar el planteo de los últimos problemas, sobre los cuales la universidad cordobesa —en la que había estudiado— no le había ofrecido otra enseñanza que la de la tradición aristotélica y escolástica. Seguramente formaban también parte de su biblioteca algunas obras de los escritores del Enciclopedismo; pero estas lecturas no comenzaron a hacer mella en los espíritus sino un poco más tarde y, sobre todo, después del estallido revolucionario de 1789 en Francia. En efecto, sobre la generación de Belgrano los economistas y los filósofos políticos del siglo xviii ejercieron una influencia inmensa. En España tomó contacto con la economía política el futuro secretario del consulado de Buenos Aires, y si aceptó el cargo fue, como él dice, porque “supe que tales cuerpos en sus juntas, no tenían otro objeto que suplir a las sociedades económicas, tratando de agricultura. industria y comercio”, con lo cual prueba su entusiasmo por el género de estudios que había descubierto no hacía mucho; pero también se apoderaron de él por entonces “las ideas de libertad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aun las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente. Con tal preparación, que no vacilaban en sostener en público los principios económicos del liberalismo y de la doctrina fisiocrática.

Fruto de estas inquietudes fueron los periódicos de la Colonia, de los cuales, el primero —El telégrafo mercantil, dirigido por Francisco Antonio Cabello— prolongaba su enunciado definiéndose como “rural, político, económico e historiográfico”. Allí escribieron Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el ingeniero Pedro A. Cervino, el naturalista Tadeo Haenke, el poeta Manuel de Lavardén y el canónigo Luis Chorroarín; como en el Semanario de agricultura que publicó Hipólito Vieytes en 1802 y en el Correo de comercio que dirigió Belgrano en 1810, lo característico de este periodismo colonial rioplatense es el intento de aplicar las doctrinas aprendidas en los tratadistas europeos a las necesidades y problemas locales, gran parte de los cuales comenzaban por entonces a descubrirse y plantearse justamente a la luz de esas nuevas doctrinas. Si bien es cierto que estos problemas eran, en efecto, casi exclusivamente económicos, hay que interpretar este hecho recordando que la característica del movimiento liberal inspirado por los Borbones fue la de limitar el movimiento renovador dentro de un campo que no hiriera los fundamentos del poder real; pero no hay que engañarse, porque el pensamiento liberal constituía una doctrina compacta, y quien era tocado por su influencia, con dificultad podía dejar de prolongar el examen hacia los fenómenos políticos, encarándolos con el mismo punto de vista que tenía frente a los económicos. Hubo, así, en la burguesía urbana de Buenos Aires y de Charcas, constituida sobre todo por criollos que habían seguido estudios o se habían cultivado como autodidactos, un ideal expreso e inmediato, representado por el mejoramiento social y económico y el progreso material; pero hubo también un ideal implícito y remoto, que era el logro de un régimen político, liberal, para el cual era requisito previo la emancipación. Así trabajó en el ánimo de esa burguesía esta idea que se elaboraba lentamente.

Diversas circunstancias contribuyeron, a partir de los últimos años del siglo xviii, a tonificar, esta postura doctrinaria de la minoría criolla urbana. Ante todo, el estallido de la Revolución francesa en 1789, que en los primeros momentos despertó un extraordinario entusiasmo entre quienes conocían los fundamentos teóricos que habían movido a los revolucionarios. Sin duda este entusiasmo fue evidente, pues el virrey Arredondo primero y el virrey Avilés después, creyeron imprescindible tomar severas disposiciones para impedir la difusión de noticias relacionadas con los acontecimientos de Francia y con los principios que los movían. De manera explícita, decía el marqués de Avilés en un bando publicado en agosto de 1799:

“Por cuanto estoy informado haberse introducido en esta capital y otras ciudades y parajes del distrito de mi mando, distintos papeles extranjeros de varias partes de Europa y aun de los establecimientos enemigos en América, que además de contener relaciones odiosas de insurrección, revoluciones y trastornos de los gobiernos, establecidos y admitidos generalmente, exponen hechos falsos e injuriosos a la Nación Española y a su sabio y justo gobierno; y a que este exceso además de ser contrario a las leyes fundamentales de estos reinos exige en el día una especial vigilancia para excusar todo motivo y ocasión del engaño y seducción en estos fieles y remotos vasallos, y que no sean sorprendidos con semejantes abominables ejemplos. Por tanto ordeno y mando que cualesquiera habitante de esta capital y demás ciudades y parajes de este virreinato a quienes se dirijan tales papeles bajo el nombre de gacetas o con cualquiera otro, los pasen inmediatamente a mis manos sin comunicarlos a persona alguna, bajo de la multa de quinientos pesos por la primera vez, y de ser tratados por segunda, como inquietadores y perturbaciones públicas.”

Ya por esta época, sin embargo, el curso de los acontecimientos revolucionarios —y sobre todo la decapitación de Luis XVI— habían enfriado en alguna medida el entusiasmo de muchos; pero la Declaración de los derechos del hombre quedaba como un programa político que seducía a quienes hasta entonces no habían entrevisto la posibilidad de dar forma práctica a las doctrinas enseñadas por los filósofos políticos.

En efecto, como en España, la minoría criolla urbana se mostró antijacobina, salvo en casos muy contados. Prevalecían en el ánimo de los liberales criollos los principios sentados por el liberalismo oficial borbónico, con su vernáculo respeto a la monarquía, con su no menos vigoroso respeto a la religión. Así se había manifestado el liberalismo en Jovellanos, por ejemplo, figura monitora de los liberales criollos, y así perduró en la concepción general. Este carácter se definió más todavía cuando, en 1806, se produjo la invasión inglesa, que, si precipitó las fuerzas partidarias de la emancipación, contribuyó con eficacia a definir los caracteres del movimiento liberal criollo.

En efecto, pese a la simpatía que algunas de sus ideas —en particular las económicas— despertaron en el seno de la sociedad criolla, los ingleses aparecieron a sus ojos como reos de una heterodoxia religiosa que cavaba un abismo insuperable para el entendimiento directo y definitivo. Gillespie no se cansa de hablar de “esta tierra de fanatismo y preponderancia eclesiástica” y es sabido cómo solía reaccionar la masa popular ante los protestantes aun en la época independiente. Así fue cómo, debido a esa circunstancia y al orgullo que despertó la agresión y la venganza, las invasiones inglesas contribuyeron a precisar los límites de la doctrina liberal dentro de la concepción criolla: amplia en lo económico, restringida en lo religioso y lo político, aunque en este último campo se discriminara la realidad y la virtualidad de una aspiración.

Cabe destacar, sin embargo, que las invasiones inglesas de 1806 y 1807 tuvieron otras consecuencias de no menor significación. Por causa de ellas se produjo un fenómeno social de avance hacia un primer plano del grupo criollo, cuya participación en la Reconquista y la Defensa fue decisiva; y no sólo de la minoría burguesa, que asumió en parte un papel conductor, sino también de la masa popular, que por ello se entroncó con aquella minoría en la que comenzó a reconocer su auténtica clase directora. De este modo se insinuó con caracteres cada vez más netos una noción de nacionalidad asentada en el principio del nacimiento en la tierra y de adhesión a sus formas de vida: eso era el criollismo; eso era la patria.

Con todo, tan firme como pueda parecer este movimiento por el que se constituía el espíritu liberal en la Colonia, es innegable que el espíritu autoritario no había cedido todas sus posiciones. La vieja concepción autoritaria de los Austria había cuajado en diversos elementos sociales, que se aferraban a ella porque comprendían el peligro de la vía abierta por la política liberal borbónica. Los funcionarios de viejo cuño que no concebían para la Colonia otro tipo de existencia que el procedente de su condición de tal frente a la metrópoli; los comerciantes monopolistas que participaban de las ganancias que ese régimen deparaba; el clero jesuítico y los que heredaron y mantuvieron su espíritu teocrático, todos ellos coincidían en la opinión de que, en cuanto se abriera la compuerta de las ideas liberales, se precipitarían en torrente las aspiraciones de los españoles americanos, sedientos de justicia y de posibilidades individuales y colectivas.

No se equivocaban, sin duda, porque tales aspiraciones existían y estaban latentes y escondidas en cierto resentimiento, ya antiguo por entonces, de los criollos contra los peninsulares nativos; y no se equivocaban, sobre todo, porque, sin duda alguna, el desenvolvimiento del pensamiento liberal conducía inequívocamente a la idea de la autodeterminación y la independencia. Pero además subsistía —y con singular vigor— la concepción autoritaria que se había desarrollado bajo formas indígenas, en el ámbito rural y en el seno de los grupos criollos de los campos. Allí no podían penetrar las doctrinas políticas de tipo liberal, porque no había otra experiencia política que la primitiva del hombre entregado a la naturaleza y a los recursos de su fuerza, sin que se hubieran planteado nunca, en la pampa desierta, los problemas de la convivencia. Entendía bien, en cambio, el criollo campesino, tan autoritario como fuera en la cotidiana aventura de la existencia, los postulados de la política económica liberal, porque esos se relacionaban con problemas cuya gravedad había experimentado en carne propia, y en ese campo, como en el remoto anhelo de la autodeterminación, coincidía con los otros grupos criollos.

 Esta coincidencia determina un frente de lucha entre criollos y peninsulares que adquirió su más visible expresión en el campo económico. Allí luchaban comerciantes y hacendados —de preferencia peninsulares los primeros, en general criollos los segundos— porque sus intereses eran opuestos y apenas conciliables sin desmedro de uno de ellos; lo que beneficiaba a los primeros, representados por el consulado, perjudicaba a los segundos representados por la Junta de Hacendados. En esta lucha sorda, los hacendados criollos apenas pudieron tomar la iniciativa, víctimas de su subordinación social y política; pero la Corona, movida por las doctrinas liberales y por el afán de estimular el desarrollo de estas colonias, tomó la iniciativa por ellos y dio vuelo a sus aspiraciones, no sin que sus rivales se quejaran con amargura y con violencia y procuraran dificultar cuantas medidas propuso la Corona.

Un día pretendieron los hacendados llevar hasta sus últimas consecuencias sus aspiraciones en el plano económico y solicitaron con franqueza, por la pluma de Mariano Moreno, el libre comercio de sus productos con Inglaterra. “Debieran cubrirse de ignominia los que creen que abrir el comercio a los ingleses en estas provincias es un mal para la Nación y para la Provincia; pero aun cuando concediéramos esta calidad al indicado arbitrio, debe reconocérsele como un mal necesario, que siendo posible evitar, se dirige, por lo menos al bien general, procurando sacar provecho de él, haciéndolo servir a la seguridad del Estado.” Así decía Moreno, en 1809, en su histórica Representación de los hacendados. Pero no se cubrían de ignominia los comerciantes monopolistas, sino que persistían en su actitud y señalaban dos clases de males en la nueva política económica que se trataba de imponer: una, porque se lesionaban intereses españoles nativos, orgullosos de su calidad y celosos de sus privilegios, otra porque se veían los peligros a que esta política conducía. Martín Álzaga, a la cabeza de los comerciantes monopolistas, había expresado este punto de vista con innegable claridad: “El comercio que hasta ahora se ha hecho —decía en el Consulado— es el que han permitido las leyes como útil y proficuo, para mantener y estrechar los vínculos de los vasallos de estas remotas regiones con los de la metrópoli por medio de la recíproca dependencia de sus giros comerciales; pues ésta es una verdad tan innegable, como evidente el riesgo de que, tolerándose las exportaciones de frutos y dineros en derechura, desde los puertos de América hasta las potencias del Norte y en igual modo la importaciones de efectos comprados en aquellas fábricas, como insinúa el autor del papel [Cerviño], se aflojarían y extenuarían hasta el extremo en breve tiempo los mencionados vínculos, con perjuicio irreparable de la monarquía.” Así las cosas, la polémica trascendía del plano puramente económico y se trasladaba al plano político, en el que los frentes no estaban todavía tan definidos.

En efecto, respecto al problema político, el frente criollo no estaba constituido. Ante todo porque el grupo hispánico poseía la enorme fuerza de la legalidad; luego, porque lo subversivo de toda idea renovadora al respecto impedía que se expresara con libertad el pensamiento de muchos; en fin, porque sólo el sentimiento de la patria era común a todos los grupos criollos, en tanto que las formas del pensamiento liberal sólo habían alcanzado a arraigar en la minoría culta de algunas ciudades y eran, puede afirmarse, inasimilables para los grupos rurales. Todo ello hacía que el sistema de ideas políticas se estructurara con reticencias en el seno de la reflexión individual o en pequeñísimos cenáculos. De aquí la inexperiencia que ha sido señalada como, característica de los primeros actos del gobierno independiente, y de aquí también la prepotente agresión de los españoles peninsulares, seguros de su fuerza. Pero en cada conciencia criolla trabajaba en silencio un ideal más o menos oscuro que se proyectaba en lo futuro bajo su más amplia faz y diseñaba una meta en la cual se dibujaba la edad de oro de los filósofos racionalistas: un mundo libre y feliz, en el que el individuo gozaba del progreso indefinido y de la libertad más amplia. El espíritu liberal había cuajado definitivamente en esta tierra.


PARTE SEGUNDA
LA ERA CRIOLLA

Con el movimiento revolucionario de 1810 se inicia una nueva era en la historia argentina; desde entonces, la preocupación fundamental de los grupos ilustrados será estructurar el país, organizar su régimen político, renovar su fisonomía social y económica. La empresa tenía, sin duda, inmensas dificultades, algunas casi insalvables sin la ayuda del tiempo. En la mente de los hombres de la revolución ni siquiera estaban definidos cuáles debían ser los límites geográficos del estado naciente, y la duda se advirtió en las cavilaciones que provocó la adopción del nombre; si se descontaba la inclusión —luego malograda— de la Banda Oriental y del Paraguay, los limites en el norte eran notoriamente inciertos por la presencia del espíritu altoperuano en muchas provincias y por la variable fortuna de las armas patriotas; pero el problema geográfico era insignificante al lado de los problemas sociales que la emancipación provocaba.

La revolución emancipadora era, en cierto sentido, una revolución social, destinada a provocar el ascenso de los grupos criollos al primer plano de la vida del país. Criollos habían sido los núcleos ilustrados que la hicieron; pero por la fuerza de las convicciones y por la necesidad de dar solidez al movimiento, fue necesario llamar a ella a los grupos criollos de las provincias, constituidos en su mayor parte por la masa rural. Estos grupos respondieron al llamado y acudieron a incorporarse al movimiento; mas ya para entonces el núcleo porteño había sentado los principios fundamentales del régimen político-social, y las masas que acudieron al llamado no se sintieron fielmente interpretadas por ese sistema que, como era natural, otorgaba la hegemonía a los grupos cultos de formación europea Así comenzó el duelo entre el sistema institucional propugnado por los núcleos ilustrados, de un lado, y los ideales imprecisos de las masas populares, por otro.

La pugna entre estas dos concepciones político-sociales condujo a la guerra civil y el triunfo de los ideales federales desembocó por excusada vía en la autocracia; entonces comenzó a insinuarse una tendencia intermedia que trató de conciliar las dos corrientes antagónicas para constituir una doctrina política que permitiera la consolidación de la nación. Esta tesis transaccional se elaboró con lentitud, triunfó en 1853 con la constitución y se impuso definitivamente en 1862. El país, a partir de entonces, puso en juego todas sus reservas y se lanzó a una política constructiva de vasto alcance. Pero su mismo desarrollo —llevado con unidad de miras desde 1862 hasta 1880— provocó la conformación de una nueva realidad social. La inmigración europea y la intensa transformación económica hirieron de muerte a la Argentina criolla y tornaron difícil el normal funcionamiento del sistema institucional creado a costa de tantos esfuerzos y tanta sangre. Así, hacia 1880, concluye la era criolla, en cuyas últimas etapas se había gestado la segunda Argentina.

III
La línea de la democracia doctrinaria.
Irrupción y crisis del pensamiento liberal y centralista

“El día 20 de junio de 1789 fue el más glorioso para la Francia y habría sido el principio de la felicidad de toda Europa, si un hombre ambicioso, agitado de tan vehementes pasiones como dotado de talentos extraordinarios, no hubiese hecho servir al engrandecimiento de sus hermanos la sangre de un millón de hombres derramada por el bien de su patria.” Así escribía Mariano Moreno a fines de 1810, revelando el estado de ánimo que predominaba por entonces entre los grupos liberales. La Revolución francesa había parecido al principio el triunfo de los ideales de fraternidad y de justicia que propugnaban Rousseau y Montesquieu; pero el curso de los sucesos obligaba a meditar serenamente sobre las enseñanzas recibidas, porque ahora parecía como si el genio francés fuera incapaz de preservar la dignidad de los principios. Esta circunstancia incitó a muchos a volver la mirada hacia Inglaterra, en cuya estructura política se habían inspirado los doctrinarios franceses del liberalismo, y que mantenía, pese a los embates de la revolución primero y de la reacción después, cierto equilibrio entre la libertad y la autoridad. En América, el ejemplo inglés fue, en diversas épocas y grados, el que orientó la reflexión política de los espíritus más prudentes: así se explica la desviación hacia la monarquía que se observó en ciertas graves circunstancias —tendencia en nada discordante con el sentimiento liberal y democrático— y la simpatía general que se advirtió por esa nación, que era, al mismo tiempo, una protección y una esperanza para los nacientes países de Hispanoamérica.

La conducta de Napoleón, en cambio, movió a la reflexión sobre el peligro del jacobinismo —en el que se veía la causa última de la reacción— y aconsejó la adopción de una política moderada, de la que fueron testimonios las cortes españolas de Cádiz, en 1812, y los actos de los gobiernos argentinos entre 1810 y 1814. A partir de ese momento, una ola de reacción absolutista y conservadora se alzó sobre Europa y América. La restauración de Fernando VII en 1814 pareció el signo premonitorio de la política de la Santa Alianza y del Congreso de Viena; en un esfuerzo vigoroso se quiso borrar el pasado inmediato, y una guerra sin cuartel se suscitó entre el liberalismo y el absolutismo. “Creo haber dicho lo bastante —escribía Rivadavia en 1817— para dar a conocer el nuevo género de guerra que agitaba a Europa, en que una cuarta o tercera parte de ella luchaba por los intereses y pretensiones del poder arbitrario y absoluto contra todo el resto, que, armado de los adelantamientos que en todos los ramos ha adquirido la especie del hombre, batía con actividad y constancia al fanatismo, a las preocupaciones y los resabios de todas las viejas instituciones.” También esta guerra contribuyó a fortalecer la posición de Inglaterra a los ojos de los países americanos, porque demostró inequívocamente su poco entusiasmo por la causa del absolutismo, contraria a su propia tradición política. Y cuando España recibió el apoyo de los “Cien mil hijos de San Luis” para restaurar el absolutismo —tras la breve vigencia de la constitución de 1812, impuesta después de la sublevación de Riego—, Inglaterra se preparó para alejarse de la coalición absolutista, en tanto que comprometía su posición reconociendo la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1824. Dos años después, la Santa Alianza se desvanecía, huérfana del apoyo inglés, y la causa de la emancipación americana, sellada con la victoria de Ayacucho, entraba en una nueva etapa, en la cual fueron menos intensas las repercusiones de la política europea.

La emancipación y los problemas político-sociales

Dentro de este cuadro político e ideológico se produjo el movimiento revolucionario que llevó a independencia argentina. Un brevísimo periodo de elaboración —desde las invasiones inglesas de 1806-1807 hasta los comienzos de 1810— clarificó las ideas, dio vigor a la conciencia colectiva y precisó los objetivos políticos y sociales de los grupos criollos; y una brevísima serie de acontecimientos impuso una solución revolucionaria en Buenos Aires que modificó de cuajo la realidad. Así quedó sellada la suerte de la colectividad con el movimiento del 25 de mayo de 1810.

Pero este rápido proceso se operó por obra de un grupo circunscrito: la minoría ilustrada y liberal de Buenos Aires. La situación creada después de mayo de 1810, en cambio, abrió una era de convulsión que conmovió a toda la colectividad. A esa circunstancia se debió, en gran parte, el agitado desarrollo de los acontecimientos posteriores, con los cuales se operó la acomodación del vasto complejo social a la nueva situación creada. Porque, en efecto, si la emancipación era producto de un cierto estado de conciencia que se gestaba subrepticiamente durante la era colonial y maduró en los primeros años del siglo xix, fue luego, a su vez, causa de un proceso que renovó radicalmente la estructura social y política del país.

Puede decirse que, en cierto sentido, la revolución emancipadora fue tanto una revolución social como una revolución política, y acaso por ser antes que nada una revolución social originó un complejo y difícil problema político, cuya solución se dilató a lo largo de medio siglo. Españoles peninsulares y criollos no eran —durante los últimos tiempos de la Colonia— dos grupos separados solamente por el origen; estaban separados, sobre todo, por las condiciones sociales; y si es significativo que el obispo Lué se atreviera a decir en el momento critico de la revolución que el gobierno de las colonias americanas “sólo podía ir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese quedado un solo español en él”, no es menos revelador el juicio de Cornelio Saavedra que, tres años antes, había resumido de este modo la situación espiritual creada con motivo de la defensa de Buenos Aires contra los ingleses: “Me atrevo a felicitar a los americanos, pues a las pruebas que siempre han dado de valor y lealtad, se ha añadido esta última, que realzando el mérito de los que nacimos en Indias, convence a la evidencia que sus espíritus no tienen hermandad con el abatimiento, que no son inferiores a los europeos españoles, que en valor y lealtad a nadie ceden.” Criollos y peninsulares son, pues, dos clases sociales que se sienten enemigas por la situación en que se hallan: los privilegios de la una determinan la inferioridad de la otra.

La revolución es, desde los primeros instantes —cuando, por los límites que se fija, no es todavía un movimiento de trascendencia política— una convulsión social que desaloja del poder a los peninsulares para otorgarlo a los criollos. De acuerdo con esta idea interpreta Mariano Moreno la reacción española: “El gran escollo que no ha podido vencer la resignación de nuestros émulos —dice aludiendo a los realistas— es que los hijos del país entren al gobierno superior de estas provincias; sorprendidos de una novedad tan extraña, creen trastornada la naturaleza misma, y empeñándose en sostener nuestro abatimiento antiguo como un deber de nuestra condición, provocan la guerra y el exterminio contra unos hombres que han querido aspirar al mando contra las leyes naturales, que lo condenaban a una perpetua obediencia. He aquí el principio que arrancó al virrey Abascal la exclamación contra nosotros, graduándonos hombres destinados por la naturaleza para vegetar en la obscuridad y abatimiento”.

Esta sensación de constituir una clase hasta ayer oprimida y desde entonces triunfante condiciona la actitud de los criollos después de mayo de 1810. Ahora pueden dar rienda suelta al viejo resentimiento y al sordo rencor acumulado durante tanto tiempo; y este rencor se traducirá muy pronto en una abierta hostilidad contra los españoles, que se proyectará más tarde en una acentuada xenofobia. Las leyes españolas serán llamadas “monumentos de nuestra degradación”, y rechazadas; y muy pronto se excluirá a los extranjeros de la función pública. Sólo ellos, “los hijos de la patria”, poseen ahora indiscutidos derechos en esta tierra que acaban de reconquistar: “Como la naturaleza nos había criado para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas”, dirá Moreno con irritado orgullo. Una nueva conciencia, pletórica de sobrestimación de sí misma, moverá de aquí en adelante a las minorías y a las masas criollas.

Pero si es ese uniforme sentimiento el que explica la actitud de las clases liberadas en el momento inicial de la emancipación, el proceso posterior se explica, en cambio, por la diversidad que es fácil establecer en la masa criolla, cada uno de cuyos grupos poseía caracteres psicológicos, sociales y económicos harto diferentes, en función de los cuales reaccionó ante el hecho consumado de la revolución. En principio, la masa criolla se escindía en dos grandes núcleos: el grupo urbano porteño —cuyo pensamiento hallaba repercusión en algunos otros centros ilustrados— y los grupos de las campañas, urbanos y rurales, en los que apuntaban, a su vez, profundas diferencias regionales.

Europeizante e ilustrado, el grupo criollo de Buenos Aires constituía una minoría de considerable influencia; en el comercio en las profesiones liberales, sobre todo, habían logrado sus miembros cierto bienestar económico que les permitía fundamentar con solidez su prestigio, y algunos de ellos habían llegado a tener funciones de importancia en la administración colonial. Desde un punto de vista ideológico, este grupo descendía de manera directa de los liberales españoles de la época borbónica; ciertamente, algunos de los espíritus más inquietos habían tomado contacto directo con el pensamiento francés o inglés, estudiándolo en sus propias fuentes; pero si es fácil probar que Mariano Moreno agregó a su atenta lectura de Jovellanos la de Juan Jacobo, no sería tampoco difícil advertir que leyó a este último con los mismos preconceptos con que lo hicieron los propios liberales españoles. Así cuajó en el grupo ilustrado porteño una doctrina liberal de caracteres sui generis, pero tan profundamente arraigada que se manifestó desde el primer momento como un sistema político e institucional irreductible, que traía consigo, por obra de las circunstancias, la convicción de la necesaria hegemonía de Buenos Aires, hogar propicio de ese pensamiento regenerador; de aquí su posterior choque con los grupos criollos del interior, con los que coincidió la minoría porteña en cuanto al ideal emancipador y a los impulsos de transformación social, pero de los que se separó en el campo de las realizaciones políticas.

En efecto, la población del interior, en su conjunto, carecía de preparación doctrinaria y de experiencia política para asimilar los fundamentos del sistema institucional que el grupo porteño quiso imponer en el nuevo estado. Esta masa, preferentemente rural, se escindía en dos grupos que, geográficamente y en términos generales, correspondía el uno al litoral, y al interior mediterráneo el otro. Si el primero estaba más cerca de Buenos Aires por la comunidad de los problemas y aun por la actitud política, lo separaba de ella la vieja cuestión de la aduana y del régimen económico de los ríos, problema que muy pronto provocó un profundo antagonismo entre Buenos Aires y e1 litoral. El segundo, que, en principio, tenía motivos directos de hostilidad hacia la antigua capital del virreinato, estaba, en cambio, más separado de ella por su ideología; zona de influencia del Perú, la región noroeste y central del país repudiaba la modernidad que se había hecho carne en las regiones abiertas a las influencias europeas. Así, pues, tanto un grupo provinciano como otro participaban de la misma actitud potencial frente al núcleo ilustrado de Buenos Aires.

Ni las minorías dirigentes ni las masas de estos grupos predominantemente rurales poseían experiencia política ni preparación doctrinaria; una existencia sencilla —que lindaba con el primitivismo— caracterizaba a las campañas argentinas, y sólo modificaba levemente esta situación uno que otro centro poblado que apenas extendía su influencia a su alrededor. Ese primitivismo se manifestaba de modo singular en las formas de la vida política, porque tanto la tradición colonial como la espontánea organización de la vida rural habían favorecido el desarrollo de un régimen autoritario, manifestado en el discrecionalismo del funcionario y en el del amo de los campos y los ganados. Pero el primitivismo se acentuaba aún más en las formas de vida espiritual: el autoritarismo constituía el nervio de la educación suministrada por el clero, el único agente educador que conoció la Colonia; y esa secular dominación espiritual, dogmática y rigurosa, conformó una mentalidad reacia a toda clase de necesidades, que muy pronto se precipitó hacia el fanatismo y la superstición. Ante la irrupción de las ideas liberales, esta mentalidad reaccionó con toda la fuerza y el vigor de las convicciones ciegas, negándose al examen y repudiando cuanto supusiera libertad de conciencia y libertad de determinación política; y la disidencia con el grupo ilustrado de Buenos Aires no tardó en estallar a propósito de las más variadas cuestiones.

No contribuyó poco a precipitar este antagonismo entre los dos sectores de la masa criolla la aparición del sentimiento localista. La Revolución de Mayo exaltó el sentimiento patriótico; pero mientras Buenos Aires preconizaba una concepción nacional de 1a patria, los grupos del interior manifestaron una marcada indiferencia por esa abstracción que constituía, a sus ojos, la nación todavía indeterminada, y sobrestimaron, en cambio, su pequeña patria, que penetraba por sus sentidos y a la que estaban unidos por la existencia cotidiana. El sentimiento localista se manifestó muy pronto no sólo en la defensa de los intereses locales, sino también en la defensa de la mentalidad local y las formas de vida consuetudinaria; y esta amalgama de pasiones lanzó a los grupos rurales contra Buenos Aires, símbolo y baluarte de intereses antagónicos, de opiniones renovadoras y de una tendencia firme a la hegemonía económica y política. Así germinó una hostilidad, sorda al principio, abierta luego, entre la ciudad que había desatado el movimiento revolucionarlo y el resto del país que debía decidir su adhesión al régimen amparado por aquélla. Buenos Aires no quiso reconocer el arraigo y la fortaleza de esa mentalidad; creyó que bastaba anunciar la buena nueva para que las masas rurales se entregaran sumisas a quienes dirigían el llamado; pero la respuesta que obtuvo probó que el pueblo imaginado por los ideólogos de la revolución era harto diferente del pueblo de la realidad nacional. Buenos Aires quiso dominar y educar; pero el pueblo se cerró a sus clamores y respondió con una concepción peculiar del movimiento revolucionario.

Poco a poco, el panorama se clarificó y mostró toda su dramaticidad y todas las dificultades que entrañaba. La masa criolla coincidía con el grupo ilustrado en el sentimiento emancipador y en el afán de lograr su exaltación a la dirección del país; pero disentía radicalmente en cuanto a la organización política del nuevo estado. Así se unía y se disgregaba la masa de los hijos de la patria.

Pese a la cautelosa prudencia de los hombres de Mayo, empeñados en disfrazar sus sentimientos emancipadores con una fingida lealtad a la persona del soberano prisionero, la idea de la independencia emergía de sus palabras y sus actos. Belgrano afirma en sus memorias que se insinuaba ya en 1808, y si pocos días después de la instalación de la Junta de Gobierno pudo decir Moreno que sus miembros “nada pretenden sino sostener con dignidad los derechos del rey y de la patria”, una justa indignación por las reacciones de los realistas precipitó poco a poco los sentimientos unánimes; los americanos poseían los mismos derechos que los españoles a decidir sobre su destino una vez que el soberano había desaparecido, y los hombres de Mayo defendieron la justicia de sus pretensiones a constituir un régimen político sólo con los “hijos del país”, con los que “miran con interés las glorias de su patria”; muy pronto este sentimiento rasga el velo que lo oculta, y al finalizar el año 1810, Moreno increpará lleno de ira a los enemigos: “¿Creen que los hijos del país pueden volver a las cadenas que acaban de romper?” Profunda revolución social, el movimiento era emancipador por su propia índole, porque sólo la emancipación podía traer consigo la exaltación de la masa criolla, menospreciada y oprimida hasta entonces.

Pero la emancipación planteaba con urgencia el problema de la organización del nuevo Estado. Toda la tradición institucional de la Colonia estaba impregnada de injusticia con respecto a la clase insubordinada y triunfante, y era menester decidir de qué manera se estructuraría la nueva nación para acomodarla a la nueva realidad social. Aquí sobrevinieron las dificultades, nacidas del conflicto entre los distintos sectores de la masa criolla, divergentes y aun enemigos en cuanto a su experiencia política, su formación doctrinaria, su concepción de la vida. “Un pueblo que repentinamente pasa de la servidumbre a la libertad —escribía Bernardo Monteagudo a principios de 1812— está en un próximo peligro de precipitarse en la anarquía y retrogradar a la esclavitud.” La predicción del tribuno jacobino se fundaba en los fenómenos que ya asomaban y en las tendencias encontradas entre los grupos actuantes, y muy pronto debía cumplirse. El problema era gravísimo y de harto difícil solución pese a que a nadie escapaban las consecuencias que el fracaso debía tener. El problema era “dar forma nueva a un estado que la tenía inveterada, arrancar de raíz un orden establecido e introducir otro, en todo o en la mayor parte diverso, extinguir con un golpe de mano las antiguas habitudes, y aun destruir ciertos principios irreconciliables con los que deben sentarse para una innovación semejante, y esto cuando las ideas de los que han de componer el edificio que se desea levantar chocan infelizmente entre sí”; así lo escribía fray Cayetano Rodríguez en El redactor del congreso de 1816, y con tales características se mantuvo durante medio siglo; pero las dificultades —que se ambicionaba resolver de una sola vez— se fueron eliminando poco a poco, y al cabo de tan largo plazo aparecieron las doctrinas y las fórmulas de conciliación, capaces de aunar a la masa criolla, sus intereses, sus aspiraciones, sus formas de vivir y de pensar.

Las tendencias del grupo porteño ilustrado

Tan vigorosas como pudieran ser sus resonancias en el interior, la Revolución de Mayo fue un movimiento porteño, debido a la iniciativa y a la decisión de una minoría ilustrada, entendido este termino en el sentido de que su formación intelectual se enraizaba en los principios de la Ilustración.

Era este grupo el que había recibido el legado de la política liberal de los Borbones, enriquecido en muchos casos con lecturas directas de los principales doctrinarios de esa tendencia. Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Mariano Moreno y algunos otros lo componían al estallar el movimiento revolucionario. Pero si el fondo de su doctrina era netamente liberal, sus convicciones firmes arraigaban sobre todo —y a veces únicamente— en aquellos aspectos de la doctrina que el pensamiento y las tendencias espontáneas de la vida político-social habían afianzado en España. Así fue como se manifestaron las aspiraciones liberales, fundamentalmente, en el aspecto económico; Belgrano y Moreno fueron los defensores de la política económica liberal durante los últimos tiempos de la Colonia, el primero como secretario del consulado de Buenos Aires y el segundo como abogado defensor de los hacendados y labradores contra los monopolios. Llegado al gobierno, el grupo ilustrado favoreció el desarrollo del libre comercio y el estímulo de toda la producción. En otros aspectos, los principios del liberalismo fueron sometidos a ciertas limitaciones, las mismas, en verdad, que en España impusieron el arraigo de las creencias tradicionales y el respeto al poder monárquico, de donde precisamente partían las innovaciones. Así fue considerada como un exceso inaceptable la opinión de Rousseau en materia religiosa, y Moreno, en el prólogo a la edición que mandó hacer del Contrato social, declaraba: “Como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes donde ha tratado de ellas”; del mismo modo pareció perpetuarse en el espíritu de estos liberales la tradición española del respeto a la autoridad, porque ambos temas fueron considerados como excepciones por Moreno cuando, en su artículo Sobre la libertad de escribir, afirmaba: “Desengañémonos al fin, que los pueblos yacerán en el embrutecimiento más vergonzoso si no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto.” Así, si bien es cierto que la Asamblea de 1813 suprimió la Inquisición, subsistió en alguna medida la inhibición frente a los problemas del dogma religioso y de la autoridad política.

Podría afirmarse, sobre esta base, que los liberales porteños adoptaron una actitud moderada. La moderación, en efecto, parecía ser una de las preocupaciones de Moreno, nervio de la junta de Mayo, cuyas opiniones en tal sentido eran categóricas y repetidas. Pero, de seguro, no era ésta la tendencia de su espíritu, sino mas bien el fruto de una razonada orientación política. En su esencia fue Moreno un jacobino como lo fueron otros hombres de su grupo —como Chiclana y Castelli— y luego los herederos de su política, como Monteagudo y Alvear. Si Moreno favoreció la moderación y se enorgulleció, en las primeras jornadas, de la serenidad y mesura de los revolucionarios, muy pronto, ante los primeros signos de la reacción realista, cedió a sus impulsos y aconsejó la imposición por la violencia de los principios revolucionarios. “Sólo el terror del suplicio puede servir de escarmiento a sus cómplices”, decía refiriéndose a los conjurados de Córdoba. Y en otro pasaje: “Están fuera de los términos de la piedad y de las facultades de la justicia los que en la inmensa trascendencia de las medidas y conciertos con que han conspirado y conmovido la tierra serían el último peligro al Estado y a la salud pública si no se remediaran eficazmente y de un modo capaz de atajar el influjo o debilitar sus efectos.”

Acaso aconsejara la moderación la experiencia de los revolucionarios franceses, en quienes solían mirarse sus émulos porteños; acaso temían la reacción de los tibios, que podrían apoyar una reacción despótica, pero más temían la contrarrevolución y la anarquía, de modo que prefirieron los arrestos jacobinos a la moderación ideal, impropia de las circunstancias. Esta política extremista fue seguida con más ardor por Castelli como delegado de la Junta en el Alto Perú, y fue retomada luego por Bernardo Monteagudo, que llamaba a la lenidad crimen, y aconsejaba, en las páginas de abril de 1812 de Mártir o libre, establecer una dictadura para afirmar la revolución.

El tiempo malogró la tendencia jacobina y, en cambio, forzó a una política moderada que, muy pronto, se hizo reaccionaria. La restauración de Fernando VII, la caída de Napoleón y la formalización de la Santa Alianza contribuyeron, por reflejo, a desplazar a los jacobinos, y concedieron el primer lugar a los moderados y aun a los reaccionarios. Los principios y tendencias del grupo ilustrado, sin embargo, quedaron vivos en lo fundamental, y aun cuando no fueron seguidos con fidelidad, bastaron para contener y mitigar los impulsos de la reacción.

Arrancaban esos principios de la convicción arraigada con fuerza en el grupo porteño ilustrado de que el caso americano ofrecía las condiciones óptimas para asegurar un orden político republicano. En efecto, la disolución de la monarquía española había retrotraído la situación de la comunidad al estado anterior a la delegación de la soberanía, y podía, en consecuencia, establecerse sobre nuevas bases un pacto social como el que idealmente imaginaba Juan Jacobo en los cimientos de toda sociedad.

“Pocas veces ha presentado el mundo —decía Moreno— un teatro igual al nuestro para formar una constitución que haga felices a los pueblos”; porque creía que nada quedaba, por la sola acción del movimiento revolucionario, de la tradición colonial y de la mentalidad que había creado en los pueblos. Sobre esta base, el grupo ilustrado afirmaba categóricamente y con asenso unánime que la soberanía había vuelto al pueblo y que tan sólo por una nueva delegación de la soberanía podía volver a constituirse el poder político. Así, sólo la reunión de un congreso que representase la voluntad popular podía fijar el destino de la comunidad, y por convocarlo luchó el grupo ilustrado, seguro —aun cuando sin fundamento— de que la totalidad del pueblo compartía sus puntos de vista teóricos y poseía suficiente experiencia política y preparación doctrinaria para asegurar una organización republicana, asentada sobre instituciones representativas modernas y eficaces.

La concepción republicana arraigó con rapidez en el pueblo, pero los principios de organización y la técnica institucional suponían una experiencia y una preparación de que el pueblo carecía. Cargados de doctrinas, los porteños del grupo ilustrado y algunos adherentes del interior a sus puntos de vista emprendieron la difusión de sus ideas y la preparación del reordenamiento institucional. Proclamaron el dogma de la igualdad, la libertad y la seguridad, ideas de que Belgrano se había impregnado en España —en el seno de los grupos liberales—, y que defendieron con ardor Moreno y Monteagudo con sólidos argumentos, hasta lograr que cristalizaran en leyes y decretos, sobre todo en las memorables disposiciones de la Asamblea de 1813; hasta los indios, los negros y los esclavos recuperaron, en la teoría del Estado revolucionario, la plenitud de sus derechos, concedidos en la práctica, sin embargo, con la parsimonia a que obligaban los intereses creados. Y cuando se querían asegurar estos bienes y se sentaban los fundamentos de los actos del poder político, se afirmaba que “la verdadera soberanía de un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad general del mismo” y, correlativamente, que “el bien general será siempre el único objeto de nuestros desvelos”. Sólo en cuanto mandatario de la voluntad general poseía el funcionario, a los ojos de los severos patriotas, significación y autoridad, y sólo para servir el bien general podía ejercer sus atribuciones. “Todos los que han sido fieles a sus altos deberes —decía El redactor de la asamblea de 1813— van a entrar al templo de la fama y a recibir homenajes públicos de admiración y gratitud; pero si hay alguno que, confundiendo el objeto de la voluntad general con el término de su propio corazón, ha envilecido las primeras magistraturas del orden civil, él será entregado a los remordimientos de su conciencia, y las tinieblas en que habita el crimen serán en lo sucesivo su permanente morada.” A esta altísima concepción republicana de la función pública obedeció la renuncia de Mariano Moreno a la secretaría de la Junta, renuncia cuyos términos revelan la viva realidad del sentimiento republicano y democrático.

Pero para estos hombres del grupo ilustrado de Buenos Aires —a diferencia de los del interior— el sentimiento democrático se manifestaba indisolublemente unido a ciertos principios institucionales y a cierta concepción del país. Formados en la frecuentación del pensamiento político doctrinario, creían con firmeza que sólo una democracia orgánica y realizada según aquellas normas respondía al genuino sentimiento democrático. Y confundidas las formas con la esencia, se opusieron como enemigos a los que, coincidiendo en lo profundo, diferían de ellos en lo accidental.

Los principios institucionales

Un sentimiento de clara filiación iluminista orientaba el pensamiento político del grupo ilustrado de Buenos Aires: el horror a la anarquía, a la democracia turbulenta y sin freno. El orden parecía el mejor atributo de una sociedad racionalmente fundada, y esta convicción aparecía abonaba en la práctica por la experiencia política de Francia, donde la exuberancia del sentimiento popular había conducido a la dictadura absolutista. Sólo la ley y la recta ordenación institucional parecían solución apropiada para impedir que la convulsión social y política operada en el Río de la Plata degenerara en un caos, y los más avisados pensadores políticos se esforzaban por señalar a la reflexión los dos peligros que entrañaba la falta de principios de gobierno: la anarquía y el despotismo.

Pero la solución no estaba al alcance de la mano. ¿Podría ser el nuevo régimen una mera supervivencia del antiguo? Si razones de táctica obligaban a Moreno a declarar en cierto momento que “la forma interior de nuestro gobierno es la misma que las leyes del reino nos prescriben”, muy pronto, al estudiar el problema de la futura organización de la nación, debía afirmar abiertamente que era necesario revisar los fundamentos del orden social y político. Esta tarea, urgente e imprescindible a sus ojos, debía cristalizar en un sistema ordenado de principios y disposiciones, porque no bastaban las leyes para estructurar una nueva sociedad; era necesario echar las bases y construir hasta el coronamiento del edificio; era necesaria, pues, una constitución.

Ya en 1810 se plantea este problema decisivo. El grupo porteño ilustrado sostiene que la constitución es el objetivo político fundamental de la revolución, y para ella tiene pensadas ya las líneas generales. “Toda constitución que no lleve el sello de la voluntad general —escribe Monteagudo en 1812— es arbitraria: no hay razón, no hay pretexto, no hay circunstancia que la autorice. Los pueblos son libres y jamás errarán si no se les corrompe o violenta.” Pero este pensamiento, coincidente con el de Moreno, llevaba implícita la certeza de que el pueblo no sólo compartía los sentimientos emancipadores y democráticos de la minoría ilustrada, sino también sus opiniones sobre los esquemas institucionales. Cuando Moreno afirma que sin una constitución “es quimérica la felicidad que se nos prometa”, piensa que es necesario elaborarla sobre la base de la experiencia histórica y de la ciencia política, para llegar a saber con seguridad “por qué instituciones adquirieron algunos pueblos un grado de prosperidad que el transcurso de muchos siglos no ha podido borrar de la memoria de los hombres”. Esas instituciones —producto de una elaboración teórica— deben ser las que imponga una constitución que “establezca la honestidad de las costumbres, la seguridad de las personas, la conservación de sus derechos, los deberes del magistrado, las obligaciones del súbdito y los límites de la obediencia”. Y, en principio, el tribuno señala dos ideas fundamentales que deben ser la base de la ordenación institucional: la división de poderes y el sistema representativo.

Arraigados en el pensamiento liberal, estos dos principios parecían indiscutibles y, en efecto, no fueron negados jamás en doctrina; pero la realidad opuso a su vigencia obstáculos por largo tiempo insuperables. La división de poderes, en efecto, chocaba violentamente con los vestigios autoritarios que sobrevivían en el espíritu de las masas, de origen colonial unos y nacidos otros en las formas espontáneas de la vida rural; el sistema representativo, a su vez, se tornaba impracticable por la dispersión de las poblaciones, por la ignorancia general, por la finura técnica que exigía su recto uso, y de este modo, los principios constitucionales sostenidos por los grupo ilustrados parecieron fantasías de visionarios o manías de doctores.

Acaso en alguna medida lo fueran; pero desde la Revolución de Mayo hasta la Asamblea de 1813 perseveró el grupo ilustrado en su labor legislativa y educadora, y logró afirmar una política que, aunque en conflicto a veces con la realidad, constituyó un polo inamovible contra el cual se estrellaron las fuerzas de la democracia anárquica. Se vilipendiaron las leyes, se violaron sus disposiciones, se criticaron sus principios, pero alrededor del pensamiento político que entrañaban se aglutinó un sector de la conciencia argentina que, muy luego, debía retomar por sus fueros para imponerlo una vez que las masas populares y democráticas evolucionaran en la concepción del poder político, desde las formas turbulentas hacia las orgánicas.

Nacionalismo y centralismo

Sin duda contribuyó mucho a suscitar la resistencia contra estos principios el hecho de que provinieran del grupo ilustrado de Buenos Aires. Diversas razones movían contra la antigua capital del virreinato cierto recelo, en parte por los intereses encontrados de diversos grupos económicos que disentían con respecto a la aduana y puerto de Buenos Aires, y en parte por la diferente mentalidad que conformaba, en el interior mediterráneo, la influencia del Alto Perú. Heredaba el gobierno de Mayo la resistencia que habían levantado los hombres del régimen borbónico en los últimos tiempos de la Colonia, y se ordenaban contra él las filas de los conservadores y de los que juzgaban peligrosa toda novedad; pero, poco a poco, comenzó a formarse una nueva fuerza contra Buenos Aires con aquellos sectores de la masa criolla que, coincidiendo en lo fundamental, disentían en las formas de realización. Estos sectores reaccionaban contra el orgullo de Buenos Aires, contra su afirmativa seguridad en sí misma, contra la prepotencia, real o imaginaria, que descubrían en su actitud.

Si los poetas cantaban el heroísmo de la resistencia contra los invasores ingleses o elevaban retóricamente la gloria de la ciudad cuna de la emancipación, respondían a un sentimiento auténtico de la colectividad porteña:

    Calle Esparta su virtud;

su grandeza calle Roma;

¡Silencio, que al mundo asoma

la gran capital del sur!

Así escribía Vicente López y Planes, el mismo que decía en la Canción nacional:

Buenos Aires se pone a la frente

de los pueblos de la ínclita unión,

y no hacía sino reflejar un estado de ánimo que, no por justificado, irritaba menos a los pueblos del interior, que veían en él la afirmación de un derecho a la hegemonía. No se equivocaban. Cuando Juan José Paso sostenía en el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 que Buenos Aires asumía el papel de hermana mayor de las provincias del virreinato, insinuaba ya una doctrina de la tutoría política que los hombres de Mayo consideraron justificada. No discutieron su validez, sino que la derivaron de los hechos consumados y de las circunstancias de la realidad, pero su proyección sobre el interior asumía caracteres de arrogancia que muy pronto comenzó a parecer agraviante.

El gobierno de la revolución quiso desde el primer instante incorporar al movimiento a los pueblos del interior, pero, pese a sus palabras medidas y a su estudiada generosidad, todo hacía transparentar que Buenos Aires estaba muy segura de sus derechos a la hegemonía política. “Estaba reservado a la gran capital de Buenos Aires —escribía Moreno— dar una lección de justicia que no alcanzó la Península en los momentos de sus mayores glorias, y este ejemplo de moderación, al paso que confunde a nuestros enemigos, debe inspirar a los pueblos hermanos la más profunda confianza en esta ciudad, que miró siempre con horror la conducta de estas capitales hipócritas que declararon guerra a los tiranos para ocupar la tiranía que debía quedar vacante con su exterminio.” Así, garantizaba la mansedumbre y la justicia de su conducta, recababa inequívocamente para sí el papel de capital y el derecho a ejercer la dirección en el nuevo Estado a formarse.

Aparentemente, no había en el fondo de esta actitud otro móvil que el de asegurar un régimen centralizado que perpetuara en las manos de los hombres de Buenos Aires el gobierno del Estado. La realidad era otra, aunque susceptible de originar esta opinión. Buenos Aires había concebido la revolución y la había realizado, de modo que, en principio, forzábanla las circunstancias a exigir la dirección de la etapa revolucionaria partiendo de que sólo de esa manera no se desnaturalizaría el movimiento. Pero cabía a Buenos Aires el honor de haber concebido la revolución, desde el primer instante, como un movimiento nacional, que debía integrarse con la totalidad de los pueblos, y ese principio la movía a conservar su tradicional situación de cabeza del Estado para impedir su disgregación. La idea de que todo el virreinato debiera conservarse unido para constituir una nación aparecía ya categóricamente expuesta en Moreno, cuando fustigaba la conducta de Montevideo, rebelada contra la capital: “La distribución de provincias y la recíproca dependencia de los pueblos que las forman —decía en la Orden del día de la Junta del 13 de agosto de 1810— es una ley constitucional del Estado, y el que trate de atacarla es un refractario al pacto solemne con que juró la guarda de la constitución. ¿Qué sería del orden público si los pueblos subalternos pudiesen resolver por sí mismos la división de aquellas capitales que el Soberano ha establecido como centro de todas sus relaciones?” Pero ya se veía que la idea de la continuidad de la nación estaba inseparablemente unida a la idea del poder político centralizado, y este principio se arraigó cada vez más ante el espectáculo de la amenazante disgregación del antiguo virreinato. En 1813, la Asamblea recogió el principio de Moreno y decía El redactor con enérgica indignación: “¿Han podido ignorar que no pueden salvarse si no son fuertes, que no hay fuerza sin subordinación y unidad, y que éstas no existen en pueblos desunidos entre sí o desorganizados interiormente?”; y señalaba que el congreso se había reunido, precisamente, “para dar un centro de unidad a las opiniones y a los recursos dispersos de las provincias, que es en lo que consiste nuestra fuerza verdadera; y para echar los sólidos cimientos en que deben apoyarse la tranquilidad y felicidad futuras de la Nación”.

Esta concepción de la nación y del régimen centralizado como única forma segura de garantizar su existencia constituye —con los principios liberales— la plataforma política del grupo ilustrado de Buenos Aires. Si estos otros principios suscitaron resistencia, aquella concepción provocó una más enérgica hostilidad, porque en los sectores rurales del litoral y del interior comenzó a manifestarse el sentimiento patriótico bajo la forma de un localismo exacerbado. Así se robusteció el regionalismo determinado en cierto modo por las condiciones geográficas y económicas, y la nación, si había de lograrse a costa del centralismo, pareció un ideal repudiable. Frente a él se levantó muy pronto la bandera de la federación, que el grupo ilustrado de Buenos Aires rechazó con fundadas razones. Moreno primero y Monteagudo luego, estudiaron a fondo las razones que, desde su punto de vista, impedían su aplicación; pero más allá de la doctrina, el principio federal resumía una actitud ante la vida y ante los problemas políticos y sociales, y creció y se difundió sin que valieran los argumentos que en su contra esgrimían los más profundos conocedores de la ciencia política. Sin embargo, como en el caso de los principios políticos de la democracia orgánica, también el principio de la nación centralizada quedó como una bandera irrenunciable, y, como aquéllos, fue retomado a su hora.

Buenos Aires y la imposición de sus principios

Segura de su capacidad orientadora, orgullosa de su conducta y convencida de la validez universal de su doctrina política, Buenos Aires convocó al pueblo de la futura nación con que soñaba para que colaborara en la tarea de defenderla y constituirla; pero señaló desde el principio el sistema institucional y las grandes líneas políticas que debían regirla. Cuando el pueblo comenzó a despertar de su modorra y acudió al llamado de Buenos Aires, descubrió que estaban trazadas ya las líneas principales de la estructura política; pero descubrió al mismo tiempo que no se acomodaban a su situación espiritual y material. Buenos Aires abundaba en estadistas y en doctrinarios; le faltó, en cambio, el político sagaz y realista, y su orientación ideológica se manifestó inflexible, sin concesiones y sin elasticidad.

En efecto, los principios que difundió el grupo ilustrado tenían a sus ojos tal universalidad que no pensó nadie que pudieran erguirse contra ellos la realidad social y económica, por una parte, y los resabios de la mentalidad colonial, por otra. “Dedicad vuestras meditaciones al conocimiento de nuestras necesidades”, aconsejaba Moreno a los futuros congresales; pero a sus ojos no había otra necesidad que educar al pueblo para que se convenciera de que en su hermético sistema de principios se encontraba la más sana doctrina y la más justa organización institucional. Creían los hombres ilustrados de Buenos Aires en el pueblo como creía Juan Jacobo; mas no sospechaban la influencia que sobre sus espíritus ejercían las situaciones creadas y no destruidas por el mero colapso político, y las ideas inveteradas fundidas en su espíritu con el vigor del autoritarismo dogmático. Así creyeron en la eficacia de las palabras, de su buena fe, de su desprendimiento personal; pero nada pudieron sino consolidar la oposición irreductible de dos líneas políticas en el seno de la masa criolla que había ascendido al primer plano de la vida pública: la democracia orgánica y doctrinaria, por una parte, la democracia turbulenta e inorgánica, por otra.

Un error nefasto condujo a Buenos Aires a la violencia y al menosprecio frente a los que no se mostraban capaces de comprender su pensamiento. Convencidos del carácter social de la revolución, los hombres de Buenos Aires creyeron que bastaba con “elevar el criollaje y hacerla tomar interés en esta obra” —como aconsejaba Moreno a Chiclana— y con apoyar a esa clase por medio de las armas, allí donde podía ser presionada por los antiguos señores. La experiencia demostró muy pronto, empero, la ineficacia de estos medios. La Junta de Gobierno resolvió apelar a la más severa violencia para impedir la contrarrevolución española, y Castelli se mostró inflexible en el cumplimiento de las rígidas instrucciones tanto en Cabeza de Tigre —contra Liniers— como en Potosí —contra Córdoba, Nieto y Sanz—; pero muy pronto se convencieron los hombres de Buenos Aires de que también había un movimiento de resistencia contra sus orientaciones políticas, y decidieron obrar con una energía semejante, que no podía sino enconar los odios. El golpe de estado contra la Junta Conservadora en noviembre de 1811 y el del 8 de octubre de 1812 contra los elementos reaccionarios del Triunvirato; la categórica oposición de Moreno a la incorporación de los diputados del interior a la Junta; la política radical de la Asamblea del año xiii; la campaña contra el Paraguay y, en fin, el rechazo de los diputados de Artigas a la Asamblea, todo ello debía preparar un clima de violencia que se manifestó a partir de 1814. En ese momento apareció, no obstante, el otro fantasma tan temido desde los primeros días de la revolución, y desencadenado, precisamente, por quienes habían señalado su peligro: la dictadura militar intentada por Alvear y abortada por la enérgica reacción de las fuerzas de la democracia anárquica.

A partir de entonces, el grupo ilustrado de Buenos Aires perdió su clara estructura. Había llamado al pueblo a la revolución y el pueblo había acudido, pero insinuaba una concepción de la vida política que chocaba con la de quienes, llenos de optimismo rousseauniano, lo habían llamado. Cada núcleo reaccionó a su modo ante este fenómeno, porque, en efecto, la aparición del pueblo destruyó el primer esquema de la revolución y comenzó a dibujar otro, harto complejo y particularmente incomprensible para estos hombres de Buenos Aires que estaban aferrados a su primitivo programa y a su sistema de realizaciones políticas.

El llamado del pueblo        

En las vísperas de la revolución, un emisario de los jefes militares invito a Belgrano cierto día a concurrir a una reunión, “porque era preciso —refiere Belgrano en su Autobiografía— no contar sólo con la fuerza sino con los pueblos, y allí se arbitrarían los medios. Cuando oí hablar así y tratar de contar con los pueblos —continúa diciendo—, mi corazón se ensanchó y risueñas ideas de un proyecto favorable vinieron a mi imaginación.” Esta ingenua frase de uno de los hombres representativos del grupo ilustrado revela el estado de ánimo de los revolucionarios de Mayo. El pueblo constituía a sus ojos no sólo la fuente de la soberanía, sino también una realidad a la que se adjudicaban caracteres ideales, y en la que se veía la carne del movimiento redentor. Era una concepción rousseauniana del pueblo, arraigada con firmeza en el espíritu de los revolucionarios e impenetrable para la observación directa.

Sin embargo, no faltaban los datos para modificar esta opinión. Moreno sabía —y temía— las consecuencias de la ignorancia de las masas en materia política; pero las convicciones doctrinarias eran en él más fuertes que las que provenían de la experiencia, y el optimismo se manifestaba en una instantánea corrección de la observación inmediata. “Felizmente —escribía en octubre de 1810— se observa en nuestra gente que, sacudido el antiguo adormecimiento, manifiesta un espíritu noble dispuesto para grandes cosas, y capaz de cualesquier sacrificios que conduzcan a la consolidación del bien general.” Firmes en esta convicción, los hombres del grupo ilustrado de Buenos Aires esperaban que el pueblo acudiría al llamado, no sólo pletórico de entusiasmo por la causa emancipadora y por los principios democráticos, sino también dispuesto a comprender la nobleza de los ideales de la Ilustración y la altísima jerarquía de los ideales de la libertad de pensamiento y autodeterminación política.

Pero se equivocaba profundamente el grupo ilustrado de Buenos Aires. El pueblo del interior acudió a su llamado porque, en efecto, compartía los ideales emancipadores y democráticos y, sobre todo, porque se sentía triunfante en una revolución que había abatido a la antigua clase dominante y lo exaltaba a una situación de predominio. Mas muchas cosas se oponían a que compartiera también el pensamiento doctrinario y los principios institucionales del grupo ilustrado. Se oponía la arraigada mentalidad colonial que lo caracterizaba y se oponía el sentimiento localista en que se manifestó el patriotismo naciente. La primera se irguió ante el espectáculo del jacobinismo religioso de Castelli y de los hombres de la Asamblea de 1813 y, en lo político, ante la finura de los mecanismos institucionales que, inevitablemente, debía poner el ejercicio de la autoridad en los hombres de mayor ilustración; el segundo se hizo cada vez más notorio a medida que se tornó visible la política de Buenos Aires, para la cual la revolución suponía, inequívocamente, el mantenimiento de la nación bajo un régimen centralizado. Frente a estas incompatibilidades, el pueblo prefirió obedecer la voz de los caudillos de su clase y su misma formación espiritual que surgieron por doquier, y se prestó a la elevación de un nuevo autoritarismo que no dejaba de participar de ciertos caracteres vagamente democráticos, porque, en efecto, el caudillo exaltaba los ideales de su pueblo y llevaba al poder la consigna de imponerlos y defenderlos. Así se satisfacían los anhelos fundamentales del pueblo, y no vaciló éste en negar su apoyo a aquellas otras formas políticas con que el grupo ilustrado quería revestir el movimiento.

Frente a este pueblo, que muy pronto puso de manifiesto estas tendencias coincidentes y discordantes a un tiempo con el movimiento de Buenos Aires, el grupo ilustrado propugnó una política indecisa. Acertó cabalmente en el llamado al criollaje y en el estímulo del rencor antiespañol, actitud que aseguró la franca adhesión del pueblo al movimiento revolucionario en cuanto movimiento emancipador; mas erró al manifestar su decidida adhesión a los núcleos más ilustrados de los criollos, porque éstos recordaban a las masas rurales su antigua condición y las inclinaban a aglutinarse alrededor de los mandones de su propia estirpe; así fue frecuente que los diputados enviados a Buenos Aires no merecieran la estimación de sus pueblos, porque si solían elegirlos entre los más cultos, la voluntad de los caudillos y del pueblo no se solidarizaba con frecuencia con las transacciones a que aquéllos llegaban por la vía del razonamiento. Política instintiva, la de este pueblo se mostraba intransigente y reacia a todo entendimiento.

No procedían de otro modo, ciertamente, los hombres del grupo ilustrado; tampoco ellos quisieron indagar cuáles eran las ambiciones de los pueblos ni pretendieron encontrar las vías de transacción, y la falta resultaba en ellos más grave por su mayor capacidad; pero los términos suponían tal antinomia, que no se facilitaba un acuerdo. Sólo por la educación política, por la difusión del pensamiento doctrinario de la Ilustración creyeron los hombres de Buenos Aires que podían atraer a esa masa rural ignorante pero firme en sus imprecisos ideales. Dentro de su grandeza, no deja de ser ingenua la iniciativa de Moreno de difundir el Contrato social entre un pueblo que apenas tenía otra formación espiritual que la escasísima que le proporcionaba el clero rural, si lo había; pero Moreno tenía una ingenua fe en las enseñanzas de las doctrinas del derecho público —que no quería que “continuasen misteriosamente reservadas a diez o doce literatos”— y enseñaba en la Gaceta los rudimentos de la doctrina política liberal para que, desde los púlpitos, la leyeran y la comentaran los sacerdotes.

Por esta vía se llegó a una total incomprensión, o, mejor aún, a la comprobación de que había entre las masas del interior y el grupo ilustrado de Buenos Aires un abismo que nadie se sentía dispuesto a franquear. Los grupos urbanos rurales del interior se agruparon alrededor de sus caudillos y se encerraron en sí mismos, en tanto que en el seno del grupo ilustrado de Buenos Aires comenzó a manifestarse una enérgica reacción antipopular a partir de 1814.

La reacción antipopular en las minorías cultas y liberales

Frente a las graves dificultades planteaban los problemas internos y frente a la certidumbre de que no sería posible encajar la masa popular dentro de los esquemas pre establecidos, el grupo ilustrado de Buenos Aires comenzó a encerrarse en una actitud cada vez más hostil al movimiento popular. Si las circunstancias locales lo impulsaban a ello, no pesaba menos en su espíritu el torrente de la política reaccionaria que corría por Europa, con la restauración de Fernando VII en el trono de España y, luego, con la derrota de Napoleón y la hegemonía de la Santa Alianza. Estos hechos provocaron un doble movimiento en el Río de la Plata. Por una parte, incitó a los moderados a adoptar una política reaccionaria, coincidente, acaso, con sus tendencias espontáneas y reprimidas antes por la tónica predominante; por otra, incitó a todos a buscar una manera de acomodarse a las circunstancias, ocultando sus sentimientos republicanos para no excitar las iras de los absolutismos coligados. Así nació una corriente reaccionaria que postuló la monarquía, sin renegar —no debe olvidarse— de sus sentimientos democráticos, porque no se concibió nunca sino bajo el aspecto de una monarquía limitada y constitucional.

En el área local, fue el predominio creciente de Artigas sobre el litoral y Córdoba lo que conmovió más a fondo el ánimo del grupo porteño ilustrado. Era el triunfo de la democracia inorgánica y espontánea, cuya secuela era, a los ojos de aquél, la dictadura de los mandones locales. Esta posibilidad llenaba de espanto a los hombres que habían soñado con mantener la integridad del virreinato como nación independiente y asegurar, mediante la ilustrada dirección de la capital, un régimen institucional fundado en el sistema republicano y democrático; sólo la anarquía podía esperarse de esa situación, y el grupo ilustrado se cuadró ante esa posibilidad: “todo es mejor que la anarquía”, como dirá el enviado de Alvear al ministro inglés en Río de Janeiro; aun la enajenación de la independencia.

Recogiendo la inspiración que llegaba de Europa, un sector del grupo ilustrado se hizo monárquico. El director Alvear creyó asegurar las conquistas liberales poniendo al país bajo el protectorado de Inglaterra, en la que veía —con razón— el único baluarte de esos principios frente a la ola reaccionaria que se cernía sobre los demás países europeos; pero su intento no progresó, porque lo derribó un golpe de estado poco tiempo después de asumir el poder e iniciar las gestiones necesarias. La misma tendencia se manifestó en otros grupos, que buscaron otras soluciones con la ayuda de emisarios enviados a las distintas cortes europeas, y muy pronto la opinión monárquica pareció unánime, a juzgar por la táctica predominante en el congreso constituyente que se reunió en Tucumán a principios de 1816.

Sin embargo, no había que engañarse. Faltaban en el congreso los representantes de todas las provincias sometidas a la influencia del caudillo oriental José Gervasio Artigas, que pese a todo mantenía su fe republicana. Sólo estaban presentes los delegados de aquellas provincias interiores que manifestaban su más cálida adhesión a la mentalidad colonial —y que fueron marcadamente antiliberales— y los de Buenos Aires, ahora también desviados de su credo por reacción contra el movimiento de la democracia inorgánica. El congreso, en efecto, se manifestó monárquico, unitario y antiliberal. El general San Martín, que preparaba en Cuyo la expedición libertadora a Chile, afirmaba que las necesidades de la guerra exigían un poder ejecutivo fuerte y que optaba por la monarquía, aun a riesgo de malograr las conquistas liberales, que podrían plantearse de nuevo en horas menos difíciles; y, ante sus exigencias, el congreso declaró la independencia el 9 de julio de 1816, por que San Martín no quería ser un mercenario, sino el jefe del ejército de una nación libre; pero fuera de esto, no acometió el congreso ningún acto que empalmara su política con la tradición del grupo ilustrado porteño.

En efecto, predominaban allí los elementos reaccionarios del interior. Odiaban la anarquía, pero odiaban más a Buenos Aires, y su política se guió por estas dos aversiones, de modo que se propusieron establecer una monarquía, y pensaron en un miembro de la antigua familia de los Incas y en que era necesario fijar la capital del Estado en el Cuzco. Pero las circunstancias eran demasiado difíciles para dar un paso tan grave, y la indecisión de muchos impidió que se llegara a consumar un hecho que, además de ser ineficaz, hubiera agudizado una situación que todavía parecía tener solución. Se mantuvo, pues, el régimen directorial, y se convino en el nombramiento de Juan Martín de Pueyrredón, un conservador tibio que parecía conciliar los intereses de todos; mas quedó como saldo de las deliberaciones de Tucumán la evidencia de cuáles eran las aspiraciones del interior y cuáles los temores del antiguo grupo ilustrado de Buenos Aires. Un decreto del congreso de agosto de 1816 reflejaba fielmente la situación: “Fin a la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el congreso y a sus determinaciones. Los que promovieren la insurrección o atentaren contra esta autoridad y las demás constituidas o que se constituyeren en los pueblos, los que de igual modo promovieren u obraren la discordia de unos pueblos a otros, los que auxiliaren o dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos del estado y perturbadores del orden y tranquilidad pública, y castigados con todo el rigor de las penas, hasta la de muerte y expatriación conforme a la gravedad de su crimen, y parte de acción o influjo que tomare.” Era recomendar al futuro director supremo la salvación de la unidad nacional, porque “todo era mejor que la anarquía”.

A los ojos de unos y otros reaccionarios —los que lo eran constitutivamente y los que empezaban a serlo por horror a la irrupción de la democracia inorgánica—, la anarquía estaba representada por el pueblo y, en especial, por las masas del interior que se presentaban como republicanas hasta la ferocidad y democráticas hasta la ceguera. Pueyrredón acometió contra los federales y expatrió a Manuel Dorrego, representante y cabeza dirigente del único grupo liberal que se mantenía republicano y defendía el federalismo de Buenos Aires esperando hallar una fórmula de conciliación con el pueblo. Con los federales del litoral fue más enérgico y dio a la guerra civil una violencia que acentuaba día a día la hostilidad entre ambos bandos. La consecuencia fue la polarización de los elementos antagónicos. Los federales y los unitarios constituyeron dos grupos irreconciliables y sus aspiraciones e ideologías comenzaron a perfilarse cada vez con mayor precisión.

Para hallar una solución definitiva, los porteños, casi todos transitoriamente inclinados hacia la reacción, sólo veían el recurso de la fuerza y la implantación de la monarquía. Así lo aconsejaba Rivadavia desde Europa, y así lo sostenía Pueyrredón, que apresuró las gestiones en favor del príncipe de Luca, mientras instaba al congreso, trasladado de Tucumán a Buenos Aires, a que dictara una constitución unitaria.

La tarea de preparar una constitución no era fácil. Si el principio director debía ser la creación de un orden legal que asegurara la autoridad de un gobierno central residente en Buenos Aires, la situación de hecho evidenciaba que tal constitución tenía que ser utópica y podía considerarse rechazada de antemano. El congreso lo comprendía así, y no faltaron espíritus sensatos que demostraran que no era esa la circunstancia propicia para dictar una constitución; pero el movimiento antipopular era cada vez más vigoroso en Buenos Aires y encontraba acogida favorable entre muchos hombres del interior a quienes aterraba la creciente autoridad de los caudillos. Así, triunfó la tesis constitucional, y se sancionó al fin de 1819 una carta que daba por inexistente el grave problema político suscitado desde el día siguiente a la Revolución de Mayo. Un sistema institucional técnicamente inobjetable ocultaba una total ineficacia frente a las fuerzas sociales desencadenadas por el movimiento emancipador, cuyos ideales, tan imprecisos como se quiera, rechazaban las formas políticas impuestas por la capital. Todo hacía suponer, por otra parte, que la constitución de 1819 estaba preparada para acomodarse a un régimen monárquico si las gestiones encaminadas a su fin tenían éxito. Pero la constitución fracasó de plano, y los caudillos del litoral se opusieron con energía a la política que ella suponía. La monarquía irritaba con sólo nombrarla a los hombres que habían despertado al sentimiento público con los principios republicanos. Como los hombres de Buenos Aires daban por no existentes las demandas de la masa popular, la masa popular dio por no existente la constitución de 1819, y sus jefes —fieles intérpretes de su pensamiento— se lanzaron al galope contra Buenos Aires. Así terminó el primer ciclo del grupo ilustrado de Buenos Aires, desviado de sus principios por su inexplicable sorpresa ante un pueblo que había llamado a la acción y al que, como el aprendiz de brujo, no podía dominar.

La disgregación nacional y la “feliz experiencia de Buenos Aires”

La sanción de la constitución de 1819 trajo consigo un agravamiento del conflicto, y las armas de los caudillos del litoral llegaron a las fronteras de Buenos Aires para derrotar al ejército directorial en la batalla de Cepeda el 1o de febrero de 1820. Ese día concluyó el primer acto del drama argentino, con la disgregación del antiguo virreinato y la iniciación de una era de autonomía en cada una de las provincias. Pero el proceso no estaba terminado ni mucho menos; los hermanos enemigos no podían vivir separadamente, y una vez rotos los vínculos, comenzó de nuevo la lucha para reconstruirlos sobre nuevas bases. De ese modo, la lucha civil seguía amenazante y el panorama del país prometía tornarse más y más sombrío. Desde Chile, y en vísperas de la partida para el Perú, decía San Martín, que contemplaba con dolor la lucha fratricida: “El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación: esta palabra está llena de muerte y no significa sino ruina y devastación”; y en otro lugar: “temo que cansados de la anarquía suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo del primer aventurero feliz”. Palabras proféticas que no tardarían en cumplirse.

Librada a sus impulsos naturales, cada una de las provincias ajustó su existencia política a los designios de los caudillos que, con mayor o menor fidelidad, interpretaban la voluntad de sus pueblos. Muchas de ellas se dieron constituciones que, disimulando las situaciones de hecho, testimoniaban la radical solidez de los sentimientos republicanos y democráticos; otras, en cambio, mantuvieron su organización casi feudal sin escrúpulo alguno o dictaron constituciones que no tuvieron siquiera un principio de vigencia. Por su parte, Buenos Aires, desligada de los problemas nacidos de su situación con respecto a las provincias, vio surgir de nuevo el antiguo grupo director, renovado en cuanto a hombres y liberado de las preocupaciones que lo inclinaban hacia el conservadorismo. Se inició entonces, poco después de Cepeda, lo que el gobernador Las Heras llamaría cuatro años más tarde “una feliz experiencia”, una época constructiva que, en contraste con los tiempos anteriores, hacía decir a Juan Cruz Varela:

¡Buenos Aires! ¡Mi patria! En algún día

    la maldición del cielo

tu recinto inundó, y oscuro velo

tus inmortales glorias encubría.

    En su carro de espanto

rodando por tus calles la Anarquía,

tus calles anegaba en sangre y llanto,

y en fratricida mano, se agitaba

    de la Discordia impía

el tizón infernal. Entonces era

cuando ni el hijo al padre respetaba,

    ni el hermano al hermano

debida parte en su cariño diera.

De las leyes al solio soberano

    subió el crimen triunfante,

y el altar de la ley cayó al instante,

    en trozos dividido,

por entre el polvo en vilipendio hundido.

Los dioses tutelares nos miraron

con ojos sin piedad, y a su desgracia

la ciudad infelice abandonaron.

Ese tiempo voló, y en nuestra historia

no borrará el honor de tu memoria

inmortal Buenos Aires: tu grandeza,

    cual alza su cabeza

a la nube el ciprés, entre las plantas 

    y arbustos pequeñuelos,

que apenas se levantan de los suelos.

En efecto, el gobierno de Martín Rodríguez, que comenzó poco después de Cepeda, contó con la inspiración de sus ministros Bernardino Rivadavia y Manuel José García, quienes emprendieron entonces una labor de renovación profunda. Rivadavia fue el cerebro de ese gobierno; siguiendo las inspiraciones de los pensadores liberales —de Bentham, de Benjamín Constant, de Destutt de Tracy—, inauguró la era de las reformas, que alcanzaron todos los aspectos de la vida pública; el problema de la adjudicación de los terrenos nacionales mediante el sistema de la enfiteusis; el desarrollo y estímulo de la riqueza agropecuaria y minera; el de la organización de la beneficencia; el de la reforma del clero y del ejército; todo mereció la atención cuidadosa y serena del infatigable ministro, cuya obra de progreso quedó indeleble y justificó que Bartolomé Mitre lo llamara “el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos”.

Afanado por dignificar la existencia de sus compatriotas, Rivadavia esbozó y comenzó a desarrollar un vasto plan de educación pública en todos sus grados, al tiempo que prestaba su apoyo a cuanto esfuerzo se hiciera para desarrollar los estudios científicos; pero le interesaba sobre todo el problema político, y no vaciló en establecer el voto universal en la provincia, innovando contra la tendencia restrictiva que perpetuaba una tradición colonial. Era un espíritu abierto y comprensivo y poseía las dotes del estadista previsor, a cuya penetración no escapaba el planteo de los grandes problemas futuros del país; y antes que Sarmiento y Alberdi —en cierta medida sus herederos— proclamaban que el mal argentino era el desierto, Rivadavia procuró orientar hacia el Río de la Plata la corriente inmigratoria, señalando certeramente las vías por las cuales podrían recogerse de esa política amplios beneficios sin peligro para la economía o la estructura espiritual del país.

La experiencia de Rivadavia, continuada por el gobierno de Las Heras, dio en breve plazo frutos tan maduros que muy pronto volvió a acariciarse la ilusión de que el país todo estaba en condiciones de volver a unificarse bajo las consignas del pensamiento liberal. Otra vez se olvidaban las diferencias entre las condiciones sociales y económicas de Buenos Aires y las del interior, y muy pronto recogería Rivadavia los tristes frutos de su error. Pero el problema de la nación angustiaba a todos los espíritus esclarecidos, y nadie que abrigara tales sentimientos podía renunciar a intentar una solución.

La reconstrucción del Estado nacional: el Estado rivadaviano

Una circunstancia estimulaba vivamente los afanes por reconstruir el Estado nacional: el conflicto con el Brasil, derivado de la anexión de la Banda Oriental, que sancionó en 1821 un congreso reunido bajo la presión de las armas brasileñas. Si el problema exigía, en verdad, la unificación de los esfuerzos y de la acción diplomática y militar, no es menos cierto que Rivadavia y su grupo consideraron que podría aprovecharse esa circunstancia para forzar la voluntad de los caudillos y gobernadores provinciales. Julián Segundo de Agüero, Manuel José García y el poeta Juan Cruz Varela eran, acaso, los hombres más significativos del grupo rivadaviano, al cual se incorporó el general Alvear, eclipsado por tanto tiempo de la escena argentina. A la influencia del grupo ilustrado se debió la gestión para reunir un congreso en Buenos Aires cuya misión sería crear de nuevo el Estado nacional y sancionar una constitución que tratara de conciliar los intereses y aspiraciones del interior y de Buenos Aires. Y en 1826, el congreso creó un poder ejecutivo nacional y eligió presidente a Bernardino Rivadavia.

Acaso sea el congreso que deliberó desde 1824 hasta 1827 el primer intento de fijar esa línea de conciliación; pero la ocasión propicia no había llegado aún, y las sugestiones de los rivadavianos no lograron borrar las sospechas que contra Buenos Aires abrigaban los hombres del interior. Rivadavia sabía muy bien que no era posible forzar las situaciones y que debía rehuir el planteo de una cuestión política e institucional que suscitara otra vez la polarización de los intereses encontrados: “…sólo la sanción que regle lo que existe, o para cortar el deterioro o para que produzca todo lo que da su vigor natural, tiene efecto, y por consiguiente obtendrá la autoridad que da el acierto, y la duración que sólo puede garantir el bien. De ello debe apareceros en evidencia —decía a los legisladores al asumir la función presidencial— cuán fatal es la ilusión en que cae un legislador cuando pretende que sus talentos y voluntad pueden mudar la naturaleza de las cosas o suplir a ellas sancionando y decretando creaciones; y si queréis satisfaceros de pruebas, recurrid a la historia, y particularmente a la de los últimos treinta años”. Esta doctrina fue sostenida por sus amigos en el congreso y, cuando comenzó a discutirse la necesidad y urgencia de dar una constitución al Estado, se rehuyó todo intento de repetir el infausto ensayo de 1819. “La constitución que es generalmente recibida por una aceptación general —decía Valentín Gómez— es la mejor del Estado.” Así abocados a resolver el problema de la forma de gobierno que establecería la carta constitucional, se llegó a la conclusión de que era imprescindible obtener un pronunciamiento categórico de los pueblos del interior antes de emprender la redacción del proyecto, y así se hizo, aunque con escaso provecho.

Una decidida voluntad de transacción animaba a los hombres de los grupos ilustrados; ya la misma coexistencia del congreso primero y de la presidencia de la república luego con unas provincias absolutamente autónomas, revelaba este nuevo punto de vista, inconcebible antes de 1820. Había quedado establecido en la llamada ley fundamental, sancionada en 1825, que se reconocía la vigencia de las instituciones provinciales, y que el congreso solamente se reservaría “cuanto concierne a los objetos de la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional”. Había, pues, un principio de conciliación en esta coexistencia, mutuamente admitida, de dos órdenes gubernativos, y en esta actitud se mantuvieron los hombres de Buenos Aires, como lo prueba el apoyo que prestaron al principio de la consulta a los pueblos, por boca de Julián Segundo de Agüero.

Sin embargo, esta tendencia conciliatoria tenía un límite en la concepción del problema fundamental de la existencia de la nación. Los hombres de Buenos Aires sostuvieron que la nación preexistía con respecto a las provincias y defendieron la tesis de que sus instituciones fundamentales eran previas a las autonomías provinciales. Este principio, que enraizaba en la tradición centralista del grupo ilustrado de Buenos Aires desde la Revolución de Mayo, se oponía, en última instancia, a la constitución del país mediante un pacto que significara la mera agregación de partes heterogéneas tal como lo suponían, en general, los pactos federativos a que parecían aspirar muchos de los caudillos. En efecto, esta actitud de Buenos Aires señalaba la zona de rozamiento que se manifestaría al discutirse el proyecto de constitución.

Consecuente con esa doctrina, harto difícil de rebatir en el plano de los fundamentos, la comisión redactora preparó un proyecto constitucional en el cual, si bien se atenuaban considerablemente sus caracteres, se volvía al régimen centralizado de 1819. La voz de Manuel Dorrego se alzó enérgica y fundada para oponerse a la sanción de tal régimen. No era él tampoco un federal intransigente, sino que, por el contrario, pertenecía al grupo de hombres que, partiendo del principio opuesto, creía en la necesidad de hallar una fórmula de conciliación. Pero sus tendencias chocaron en este último punto irreductible con los rivadavianos y la solución no apareció. “¿Qué reproche no podría resultar contra el congreso —había dicho Dorrego al comenzar el debate— si se diese una constitución que dijese: ‘ésta ha de ser la forma de gobierno’, cuando ésta no estuviese en consonancia con la opinión de los pueblos? Ellos dirían: ‘Señores, muy bueno está lo que Ud. demuestra, pero mis habitudes, mis tendencias y mis deseos han sido por esta otra forma de gobierno, y Ud. no los ha llenado; ha hecho Ud. una constitución contra la voluntad general de los pueblos todos’.” Y al tratarse el artículo séptimo del proyecto, sobre la forma de gobierno, analizó una a una las objeciones levantadas contra el sistema federal hasta declarar que “está en consonancia con una mayoría tal que no sólo se ha pronunciado por él de un modo formal y enérgico, sino que será dificultoso hacerla contramarchar, para que reciba otra forma de gobierno”.

Esta afirmación fue profética. Sancionada la constitución, los caudillos la rechazaron y Rivadavia renunció a la presidencia, en junio de 1827, a causa de las dificultades insuperables que presentaba la continuación de la guerra con el Brasil. En la proclama que dirigió a los pueblos al abandonar su cargo, Rivadavia hizo un último y ferviente llamado a la unidad para salvar a la patria: “Ahogad ante sus aras la voz de los intereses locales, de la diferencia de partidos, y sobre todo, la de los afectos y odios personales, tan opuestos al bien de los Estados como a la consolidación de la moral pública. Reuníos para hacer frente al enemigo exterior, cuyo dominio os prepara desastres infinitamente más amargos, más duros, más vergonzosos que esas privaciones transitorias, exageradas por el egoísmo, y aumentadas por la codicia y por el agio; abrazáos como tiernos hermanos, y acudid, como miembros de una misma familia, a la defensa de vuestros hogares, de vuestros derechos, del monumento que habéis alzado a la gloria de la nación.”

Pero su clamor no podía ser escuchado. Entre el pensamiento de los grupos ilustrados y el de la masa rural representada por los caudillos se había abierto un abismo que sólo el tiempo podría llenar. En la lucha entre la democracia doctrinaria y la democracia inorgánica, la segunda había triunfado en 1827, como había triunfado en 1820. Mas esta vez su victoria fue duradera. Los hombres del grupo rivadaviano constituyeron el partido unitario, y el fracaso creó en su espíritu un sentimiento aristocrático, en tanto que el triunfo dio a sus enemigos una soberbia bárbara que les impidió descubrir los gérmenes malignos que encerraba su actitud. Y así, con el triunfo de la democracia inorgánica, se preparó el camino para otra forma de unidad, autocrática y prepotente, representada por Juan Manuel de Rosas.

IV
La línea de la democracia inorgánica
Irrupción y triunfo del sentimiento autoritario y federalista

Mientras se producía el proceso de afirmación y declinación de las tendencias liberales y centralistas —entre 1810 y 1827—, germinaba e irrumpía en la escena social argentina una tendencia antagónica, como aquéllas, de origen colonial y, como aquéllas, madurada al calor de las luchas entre intereses encontrados e ideologías diversas. Era una concepción política nacida con el movimiento emancipador, y que conservaba de él cierto fuego; era democrática como las otras; pero aparecía marcada con el sello de la vida autóctona y surgía estructurada dentro de cierta peculiaridad intransferible. El duelo entre esas dos concepciones políticas se insinuó desde poco después de la Revolución de Mayo y alcanzó su más profunda dramaticidad en 1820; la democracia doctrinaria sucumbió con la caída de Buenos Aires, y el triunfo de los caudillos trajo consigo la disgregación del país. Entre 1820 y 1826, las distintas provincias se dieron el régimen que prefirieron, o mejor, aquel que prefirieron los grupos o los caudillos que las representaban y dominaban; y mientras casi todas afirmaban los ideales de la democracia inorgánica, Buenos Aires consolidaba un régimen liberal y progresista cuyo éxito hizo pensar en la posibilidad de intentar nuevamente la reordenación de la nación unificada. Así surgió el Estado rivadaviano, cuya suerte fue efímera. En 1827 se quebró por segunda vez la unidad nacional, esta vez para largo tiempo, y los ideales autoritarios y federalistas se afirmaron de manera que pareció definitiva; pero en el seno de esa sociedad disgregada fue desarrollándose la autoridad del caudillo de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, llegado al poder por segunda vez en 1835, y poco a poco, bajo la máscara del federalismo, se restauró un régimen autoritario, pero centralizado, gracias a la progresiva sumisión de los caudillos provinciales. Informe, ajeno a todo sistema legal y basado tan sólo en la autoridad de hecho, el Estado rosista constituye la última consecuencia implícita en la concepción autoritaria y federalista. Y como forma extrema de una tendencia que había aplastado pero no destruido, las tendencias antinómicas, sucumbió ante sus propios errores, por obra de quienes, a la luz de la experiencia, supieron y pudieron hallar una vía de conciliación entre los intereses y principios en pugna.

Las raíces de la democracia inorgánica

Sumido de antiguo en una dominación opresiva y humillante, el pueblo —esa masa informe e indiscriminada que, por entonces, constituía el pueblo— recibió el movimiento porteño de mayo de 1810 con sorpresa primero, y con frenético entusiasmo después. El sentimiento espontáneo de adhesión a la libertad se manifestó con energía y precisión en todo lugar al que llegó la palabra de los hombres de Buenos Aires; y aunque muy pronto surgieron rozamientos que provocaron el conflicto entre algunos grupos dominantes del interior y las autoridades de la capital, el principio de la emancipación y de la libertad arraigó con prontitud y comenzó a extenderse y precisarse. Pero este proceso reveló que ese sentimiento que conducía a los hombres de Buenos Aires a la democracia doctrinaria y orgánica, llevaba al pueblo a otras formas políticas más en consonancia con su temperamento.

En efecto, por muy violenta que fuera la sacudida y por muy vigoroso que apareciera el nuevo ideal de libertad, obraban en el pueblo ciertas formas mentales conformadas a través de los siglos y fundidas en su espíritu de modo indisoluble. Si el movimiento de Mayo encontró la adhesión de la mayoría en cuanto significaba una finalidad, recibió muy pronto un duro revés en cuanto era expresión y forma de sus contenidos. Y frente a la democracia orgánica y doctrinaria se irguieron los resabios del espíritu colonial tal como sobrevivía en las masas rurales y, en general, en casi todo el interior, guiadas por un vivo sentimiento antiliberal. Influía en la perduración de esta actitud aquella peculiar forma de convivencia de los medios rurales que ya hemos señalado, y que tendía a la creación espontánea de regímenes autoritarios; en pequeña escala si se quiere, pero con una vigencia que no podía dejar de conformar el temperamento político de las masas. E influía con mayor vigor aún en el sentimiento religioso, robustecido por una genuina tendencia a la superstición, de origen indígena y negro, así como también por la poderosa influencia que el clero ejercía en esos medios.

El liberalismo de los hombres de Mayo se presentaba —pese a sus precauciones— como una tendencia atentatoria contra las creencias vernáculas, y algunos de aquéllos habían exhibido su jacobinismo de modo harto impolítico. “Son muy respetables —escribía Belgrano a San Martín en 1814— las preocupaciones de los pueblos, y mucho aquellas que se apoyaban, por poco que sea, en cosa que huela a religión. Creo muy bien que Ud. tendrá esto presente y que arbitrará el medio de que no cunda esa disposición, y particularmente de que no llegue a noticia de los pueblos del interior. La guerra allí no sólo la ha de hacer Ud. con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas; pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes, y sólo por este medio han atraído las gentes bárbaras a las armas manifestándoles que atacábamos la religión. Acaso se reirá alguno de éste mi pensamiento, pero Ud. no debe dejarse llevar de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan…” La observación era sagaz; lo que había de liberal en el movimiento de Mayo era lo que apartaba a un pueblo que coincidía con él en sus objetivos fundamentales; pero este apartamiento llevaba a una diversificación tan radical de los principios políticos, que muy pronto, pese a la unidad de ideales, se constituyeron dos frentes antagónicos en la masa patriota.

Contrario a la democracia doctrinaria y orgánica encuadrada dentro de los principios liberales, propugnada por los hombres de Buenos Aires, comenzó a esbozarse otro sistema de ideales. Como no provenía de la reflexión sistemática ni se apoyaba en doctrina alguna, sus características fueron su imprecisión y su resistencia a toda formulación estricta; pero tenía en cambio la fuerza de las convicciones seculares y el vigor de las reacciones primigenias. Era, eso sí, un sistema, porque, en sus diversas manifestaciones revelaba una profunda unidad interior, y de esa actitud espiritual provenía su fuerza y su irreductibilidad. El error de los liberales de Buenos Aires consistió en creer que el conflicto que amenazaba provenía de la oposición entre dos doctrinas: era mucho más grave, porque consistía en una lucha entre una doctrina y un sentimiento, y la posibilidad de conciliación sólo podía darla el tiempo.

Imprecisos en su formulación y confusos en algunos de sus contenidos, los ideales de las masas populares se manifestaban de manera inequívoca en tres aspectos fundamentales: la emancipación; la revolución criolla y la democracia. Eran tres objetivos coincidentes con los del movimiento liberal y centralista de Buenos Aires, pero una actitud espiritual recóndita e irreductible les proveía de un contenido harto diferente.

La crisis de 1810 fue desde un comienzo, para la intuición de las masas populares, un paso decisivo hacia la emancipación. El movimiento se manifestó muy pronto como reacción patriótica y antiespañola, pero como la insubordinación contra lo español arrastrara consigo la idea de la unidad que constituía el virreinato, ese sentimiento adoptó la forma de un estrecho patriotismo local, apegado a la comarca, o, todo lo más, a la provincia. Para las masas populares, los intereses comarcanos constituyeron los únicos que adquirieron fuerza y realidad, y la idea de la nación —que pesaba tanto sobre los hombres de Buenos Aires— no surgió en su espíritu pese a los insistentes clamores de la capital. Y pronto, cuando apuntó la oposición entre la comarca y Buenos Aires, la nación pareció una mera superestructura creada por esta última para mantener sus privilegios. Esta estrecha concepción del patriotismo originó una tendencia localista y disgregadora que fue aprovechada con habilidad por los caudillos para asegurar su predominio, agitando la bandera de las autonomías locales contra la prepotencia de Buenos Aires.

En cuanto insurrección antiespañola, el movimiento popular reveló en seguida que aspiraba a consolidar la revolución criolla. Oprimida y menospreciada, la masa criolla veía en el movimiento emancipador la posibilidad de sacudir la antigua dependencia y ascender socialmente desde la sumisión hasta una posición de predominio. Este sentimiento arraigó en el espíritu popular con bárbara energía y se tradujo en una xenofobia violenta que no sólo se manifestaba contra personas —españoles y extranjeros en general— sino también contra las ideas y las costumbres. El logro de esta aspiración de predominio criollo parecía depender de la total exclusión de influencias extranjeras, de modo tal que todo intento de ordenar el movimiento revolucionario según los cauces institucionales elaborados sobre la base de una doctrina parecía necesariamente atentatorio contra los derechos del criollaje.

Pero tan reacia como se manifestara la masa criolla a entrar por la vía de la organización institucional, el fundamento de su actitud política era un sentimiento democrático auténtico. El criollo estaba acostumbrado a gozar de una inmensa libertad individual; la que aseguraba el desierto, aun cuando fuera a costa de su total exclusión de la vida pública, manejada desde las ciudades. Con el triunfo del movimiento revolucionario, el criollaje quiso trasladar a la vida política este sentimiento de libertad indómita para el que parecía coacción la mera sujeción a la ley. Observando los hábitos de los gauchos de la campaña oriental, escribía el enviado del gobierno de los Estados Unidos, Henry Brackenridge, en 1817: “Sus ideas, más allá de lo referente a sus necesidades y ocupaciones inmediatas, son pocas; y éstas son una pasión por la libertad como ellos la entienden, esto es, una licencia ilimitada, con la más absoluta sumisión a sus jefes, y que, aunque parezca contradictorio, depende de la popularidad.” En efecto, para esta concepción de la libertad, acuñada en la vida de los campos y en el ejercicio del pastoreo, la sujeción a las leyes y a las instituciones suponía una coerción que obraba sobre la conciencia del individuo; la acción del jefe, que imponía su voluntad autoritaria sobre él, era una cuestión de hecho y resultaba de la adhesión que le prestaba el individuo en mérito al reconocimiento de su excelencia en las mismas virtudes que él trataba de alcanzar y que admiraba. Del sentimiento de libertad irrestricta nacía, pues, una voluntad democrática de imponer sus propios jefes, pero nacía también, por lo elemental de las técnicas políticas puestas en juego, el constante peligro de la tiránica autoridad de quien pudiera llegar a afirmar su poder de hecho y alegara el respaldo de las masas populares. Así nació una democracia inorgánica, pura en sus fuentes, mas llena de peligros e imperfecciones.

Tales eran las líneas en que se proyectaban los ideales imprecisos de las masas populares; antiliberalismo, emancipación, revolución criolla y democracia elemental constituían las manifestaciones de una conciencia colectiva cuyos principios se hundían en el temperamento vernáculo, sin que se clarificaran y discriminaran las contradicciones ni los riesgos que entrañaban. Odios e intereses, prejuicios y aspiraciones, creencias erróneas y simplismos superficiales, todo se juntaba en este abismo de la conciencia popular, guiada, sin embargo, por algunas tendencias e instintos positivos. Todo el conjunto se fundió poco a poco en una palabra que adquirió un enigmático significado, muy diferente, por el contenido que se le atribuía, de su sentido estricto: federación. Con ella se definió esa multiplicidad de ideales imprecisos, de sentimientos y aspiraciones. Muy bien lo advirtió el general José María Paz, enemigo declarado del federalismo, pero espíritu abierto e inteligencia clara, cuando decía: “No seria inoficioso advertir que esa gran facción de la república que formaba el partido federal no combatía solamente por la mera forma de gobierno, pues otros intereses y otros sentimientos se refundían en uno solo para hacerlo triunfar. Primero, era la lucha de la parte más ilustrada contra la porción más ignorante. En segundo lugar, la gente del campo se oponía a la de las ciudades. En tercer lugar, la plebe se quería sobreponer a la gente principal. En cuarto, las provincias, celosas de la preponderancia de la capital, querían nivelarla. En quinto lugar, las tendencias democráticas se oponían a las miras aristocráticas y aun monárquicas que se dejaron traslucir cuando la desgraciada negociación del príncipe de Luca. Todas estas pasiones, todos estos elementos de disolución y anarquía se agitaban con una terrible violencia y preparaban el incendio que no tardó en estallar.” Todo esto estaba fundido en el ideal de federación, que, en boca de las masas populares, quería significar mucho más que una forma política: era el símbolo de una manera de ser, de un temperamento, de una concepción de la vida histórica.

El delineamiento del federalismo  

Esta actitud plasmó en una tendencia política poco a poco, en una serie de principios que, si a veces fluctuaban según las circunstancias, en general mantenían un tono medio que se apoyaba en aquella firme actitud vital: fue el federalismo, o doctrina de la reunión de los estados libres en un estado nacional laxo.

Sin duda favorecían la difusión de los ideales federalistas algunas circunstancias que ya hemos señalado. El localismo en que se manifestó el sentimiento patriótico después de 1810 correspondía no sólo a una concepción primaria de la vida política, sino también a una realidad: la innegable diferenciación entre las diversas regiones que componían el antiguo virreinato. Mientras el Paraguay conservaba los caracteres que le habían impuesto la naturaleza de su población indígena y la larga dominación jesuítica, y evolucionaba lentamente constreñido por su situación geográfica, el Tucumán mantenía el sello inconfundible de la influencia altoperuana. En ambos casos se advertía una marcada diferenciación con respecto al litoral, y éste, a su vez, acusaba considerables variantes motivadas, sobre todo, por el papel hegemónico que correspondía a Buenos Aires; así, la Banda Oriental, por una parte, sometida a múltiples influencias exógenas, y las provincias de los ríos Paraná y Uruguay, por otra, obstaculizadas por la capital en su desarrollo, constituían subregiones que, como las dos citadas, manifestaban cada vez más una marcada diversidad en los intereses regionales y, en diversa medida, en cuanto a las tendencias políticas y a las formas de vida.

Pero no era sólo esta predisposición lo que favorecía la difusión del federalismo. Contribuyeron también la escasez de los núcleos urbanos, su corta población, su limitada influencia, así como también el primitivismo de la vida rural. Por otra parte, si el régimen impuesto por España impidió que se desenvolviera cierta capacidad política en las masas populares del Río de la Plata, el aislamiento en que vivía la inmensa mayoría del país le vedó el conocimiento de las profundas mutaciones operadas en el ámbito dentro del cual —tan apartadas como se quiera— vivían estas regiones; así se conservó en el espíritu popular ese simplismo político que subyace en el fondo de las concepciones autoritarias, estimulado luego por la inhábil conducta de los grupos ilustrados de Buenos Aires. En efecto, si había simplismo e inexperiencia en los pueblos del interior, hubo exceso de ortodoxia doctrinaria e inexperiencia práctica en los hombres de la capital. Monteagudo señaló ya a principios de 1812 el error de la Junta Revolucionaria, diciendo que “pudo haber sido más feliz en sus designios si la madurez hubiese equilibrado el ardor de uno de sus principales corifeos y si en vez de un plan de conquista se hubiese adoptado un sistema político de conciliación con las provincias”. Pero no fue así; el centralismo y el primado de los principios liberales parecieron condición inexcusable de la emancipación y se llegó poco a poco a una polarización entre dos concepciones de la vida, que pareció irreductible. Y frente a la absorbente autoridad de. Buenos Aires se irguió la autoridad de los caudillos, intérpretes de sus pueblos por la afinidad de sus modalidades, aun cuando fueran discutibles sus títulos al ejercicio del poder.

Pero no todo, sin embargo, favoreció la difusión del sentimiento federalista. Fuera de que la configuración del país obligaba a cierta unidad por la concurrencia de todas las vías económicas hacia el Río de la Plata, esa unidad constituía la única tradición política, y el federalismo, en cambio, carecía de toda tradición; el ejercicio de los poderes locales obligaba a plantear no sólo problemas institucionales —que, al parecer, instaban a la imitación de Buenos Aires—, sino también problemas de alta política económica e internacional que, con frecuencia, excedían las posibilidades de las provincias segregadas y, a veces, la capacidad de los hombres que las acaudillaban. Así, el movimiento federalista se contuvo en su desarrollo y, aun cuando partía de un sentimiento primario que, en el fondo, no reconocía la preexistencia de la nación, se fue amoldando a la realidad y no llegó nunca a afirmar la posibilidad de una sucesión total. Por eso quedó expedita la vía para un entendimiento, cuando las dos concepciones en conflicto comenzaron a clarificar sus tendencias y a ajustarlas a las situaciones reales.

En el libre juego de los factores, favorables y desfavorables a la difusión del sentimiento federalista, predominaban los primeros desde un comienzo. A fines de 1810, las provincias lograron incluir sus diputados en la Junta de Gobierno y, poco después, consiguieron que se establecieran juntas provinciales en las distintas intendencias, que en cierta medida configuraban las regiones geográficas. Pero este primer brote del sentimiento autonomista suscitó la rápida reacción de las ciudades subordinadas que, dentro de cada intendencia, aspiraban a lograr su propia autonomía. Atendiendo a las instrucciones del Cabildo de Jujuy, el diputado Juan Ignacio Gorriti sostuvo el principio de la igualdad entre todos los pueblos y su derecho a gobernarse por sí mismos en el orden local. “No veo —decía dirigiéndose a la Junta Central— un solo inconveniente para que cada ciudad se entienda directamente con el gobierno supremo. Santa Fe, Corrientes, Luján, toda la Banda Oriental se entienden directamente con esta Junta superior, sin que necesiten una mano intermedia, y así sus asuntos circulan con rapidez y experimentan las ventajas del actual sistema. ¿ Por qué no lograrán igual suerte todas las demás ciudades, si todas tienen iguales derechos?”

Las aspiraciones de las ciudades subalternas a lograr su autonomía no significaba desmedro alguno para el poder central; en cambio, algunas regiones como conjunto negaron su adhesión al nuevo gobierno establecido en Buenos Aires y sentaron el principio de la autonomía regional, limitada tan sólo por el pacto de federación. Correspondió al Paraguay, y en especial al doctor José Gaspar de Francia, la prioridad en el planteo del problema político en tales términos.

Hombre de derecho y de penetrante inteligencia, Francia dio a las aspiraciones imprecisas una forma clara que habría de servir de punto de apoyo en el futuro a los que retomaron su bandera. Para provocar el levantamiento del Paraguay y su adhesión al movimiento revolucionario, la Junta de Buenos Aires había enviado una expedición que fracasó militarmente, aunque contribuyó en forma indirecta al cumplimiento de sus fines; en efecto, el Paraguay depuso a las autoridades españolas e instaló un gobierno provisional que, poco después, obedecía sin límites a la inspiración del doctor Francia. El problema de las relaciones con Buenos Aires se planteó muy pronto y, frente a las tendencias centralistas de la Junta porteña, aquél señaló categóricamente sus puntos de vista federales. “No es dudable —decía en comunicación al gobierno de Buenos Aires que, abolida o deshecha la representación del poder supremo, recae éste o queda refundido naturalmente en toda la nación. Cada pueblo se considera entonces en cierto modo participante del atributo de la soberanía, y aun los ministros públicos han menester su consentimiento o libre conformidad para el ejercicio de sus facultades.” Y más adelante: “La confederación de esta provincia con las demás de nuestra América, y principalmente con las que comprendía la demarcación del antiguo virreinato, debía ser de un interés más inmediato, más asequible y por lo mismo más natural, como de pueblos no sólo de un mismo origen, sino que por el enlace de particulares recíprocos intereses parecen destinados por la naturaleza misma a vivir y conservarse unidos. Se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que la intención de la provincia había sido entregarse al arbitrio ajeno, y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En tal caso nada más habría adelantado, ni reportado otro fruto de su sacrificio, que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo.” Firme en estos principios, logró imponer sus puntos de vista y el gobierno de Buenos Aires sancionó implícitamente, poco después, la definitiva segregación del Paraguay.

La doctrina del doctor Francia estaba movida, sobre todo, por la urgencia de independizar la vida económica del Paraguay del dominio que sobre él ejercía el puerto de Buenos Aires. En este sentido tenía que lograr la adhesión del litoral y de la Banda Oriental; y, en efecto, en esta última defendió la misma tesis José Gervasio Artigas, cuyas relaciones con Buenos Aires eran ya difíciles a fines de 1811. Artigas aspiraba a seguir la política del doctor Francia, y así se lo hacía saber en un oficio en el que señalaba la identidad de sus puntos de vista. “Cuando las revoluciones políticas —escribía Artigas a fines de 1811— han reanimado una vez los espíritus abatidos por el poder arbitrario, corrido ya el velo del error, se ha mirado con tanto horror y odio el esclavaje y la humillación que antes les oprimía, que nada parece demasiado para evitar una retrogradación de la hermosa senda de la libertad. Como temerosos los ciudadanos de que la maligna intriga los suma de nuevo bajo la tiranía, aspiran generalmente a concentrar la fuerza y la razón en un gobierno inmediato, que pueda con menos dificultades conservar sus derechos ilesos y conciliar su seguridad con sus progresos. Así comúnmente se ha visto dividirse en menores Estados un cuerpo disforme, a quien un cetro de hierro ha tiranizado. Pero la sabia naturaleza parece que ha señalado para entonces los límites de las sociedades y de sus relaciones, y siendo tan declarados los que en todos respectos ligan a la Banda Oriental del Río de la Plata con esa provincia [el Paraguay], creo que por una consecuencia del pulso y madurez con que ha sabido declarar su libertad y admirar a todos los amadores de ella con su sabio sistema, habrá de reconocer la recíproca conveniencia e interés de estrechar nuestra comunicación y relaciones del modo que exigen las relaciones de Estado.” Artigas defendía, sobre todo, la autonomía regional y seguía las inspiraciones de Francia en el planteo doctrinario del problema.

Sin embargo, muy pronto los contenidos de ambos movimientos comenzaron a diferenciarse. Mientras el Paraguay se encerraba en un intento de enclaustrar su economía y su vida dentro de sus fronteras, Artigas demostró compartir los principios liberales de los hombres de Buenos Aires, acaso por haber sufrido las mismas influencias. Así se puso de manifiesto en las instrucciones que dio a los diputados orientales a la Asamblea de 1813. Este documento era una verdadera definición de un pensamiento político; demostraba coincidir con los hombres de Buenos Aires en los propósitos de emancipación y de instauración de un gobierno republicano, representativo y basado en la división de poderes; pero difería mucho en cuanto a la organización de la nación con respecto a los estados provinciales, exigiendo para éstos total autonomía en el orden local, relaciones de federación con los demás y, sobre todo, libertad de comercio y reajuste del sistema impositivo para la Provincia Oriental. Signo de su punto de vista, el artículo 19 establecía categóricamente “que precisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias unidas”, gobierno al cual atribuía tan sólo la resolución de los asuntos generales.

El federalismo de Artigas, tan diverso en contenido con respecto al del Paraguay, se difundió por el litoral argentino y halló eco en esas provincias. Pero no fueron estas dos las únicas formasen el norte adoptó otras características y disfrazó otros contenidos fuertemente antiliberales como los que escondía el pensamiento del doctor Francia. Así se evidenciaba la compleja estructura del federalismo, cuyos caracteres coincidentes no cubrían totalmente las diversidades nacidas del fondo temperamental de cada uno de los núcleos sociales que integraban la masa popular del interior. De todos modos, antes de cumplirse el primer quinquenio de la revolución, el federalismo se había definido en cuanto actitud política y presentaba batalla al liberalismo centralista de Buenos Aires.

Liquidación del orden colonial

La irrupción del movimiento federalista y su posterior de