Gestión de paz en China. 1955

La tensa expectativa que había producido el llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al gobierno de la República Popular China para que enviara un representante a su seno con el fin de discutir las posibilidades de llegar a un armisticio en el Pacífico, se ha visto defraudada por la cortante respuesta que el Sr. Chou En-lai ha hecho llegar el jueves último al Secretario General del organismo internacional. Como se sabe, el jefe de gobierno de Pekín se ha negado a participar en las deliberaciones del Consejo de Seguridad en las condiciones actuales y ha manifestado que únicamente podría hacerlo si se excluyera la representación de China nacionalista y al solo fin de discutir la proposición soviética de sancionar a los Estados Unidos como país agresor.

La contrapropuesta del Sr. Chou En-lai es tan notoriamente inadmisible para las potencias occidentales, que solo puede explicarse como una jugada diplomática. Pero no es menos claro que podía preverse el rechazo de la invitación formulada por el Consejo de Seguridad. Cualquiera sea la actitud que se tenga frente a China comunista, hay que convenir en que está muy lejos de sentirse vencida o impotente y en que tiene en su poder recursos suficientes como para no precipitar su situación admitiendo las condiciones de inferioridad que se le brindaban. El ofrecimiento era, pues, también, una jugada diplomática -como lo fue la declaración del gobierno norteamericano de que descendería a Formosa y las islas Pescadores-, y solo queda considerar cuál es la posibilidad de conciliar los intereses de las partes en conflicto en un plano al que todas puedan tener acceso sin desmedro para su prestigio y para su actual situación estratégica. Todo parece prever que, como se viene insinuando hace algún tiempo, será una “conferencia paralela” la que resuelva la crisis del Pacífico.

Es innegable que, cualquiera sea la situación jurídica de las islas en litigio, la posición de los Estados Unidos está necesariamente impuesta por las comisiones militares vigentes en el Pacífico después de la segunda guerra mundial. El presidente Eisenhower lo ha manifestado con claridad al señalar que la quiebra del actual sistema defensivo llevaría las líneas de los Estados Unidos a las Hawaii, solución que implica una crecida disminución de su índice de seguridad. En esas condiciones, es inverosímil suponer que los Estados Unidos puedan pensar en la posibilidad de retroceder por propia iniciativa, y lo lógico es, por el contrario, admitir que procuren fortalecer esas líneas en las que radica su seguridad. Ha sido, pues, un gesto claro y sincero del gobierno de Washington establecer con absoluta precisión lo que inevitablemente tendrá que defender, a fin de prevenir medidas que, dictadas por el afán de tomar posiciones o por las necesidades de la propaganda, desencadenarían reacciones terminantes y de consecuencias imprevisibles.

El Sr. Eden acaba de señalar, por otra parte, que la situación de jure de Formosa y las islas Pescadores “es incierta e indeterminada”. La posición norteamericana admite así no solo la justificación suprema de la necesidad militar, sino también una justificación legal, pues el estatuto de las regiones en litigio no está establecido y mantienen su vigencia las situaciones de hecho. Pero esta circunstancia, precisamente, es la que obliga a proceder con máxima cautela, pues no es lícito desconocer las situaciones de hecho que debe considerar el adversario. Y si el propósito es, como parece evidente, evitar la generalización del conflicto, la conciliación debe buscarse en un plano donde esas situaciones de hecho se neutralicen.

Desde el punto de vista de Pekín, las necesidades militares de los Estados Unidos no pueden valer sino lo que valen las necesidades militares de un adversario que mantiene su estrecha alianza con un régimen enemigo. No puede esperarse que ceda sus derechos ni que abandone territorios que, históricamente, corresponden al país cuya inmensa mayoría controla, ni es posible suponer que pueda llegar a ver con buenos ojos el apoyo internacional prestado a un gobierno que, innegablemente, solo representa una pequeña parte de la nacionalidad china. En consecuencia, cualquier gestión que se inicie en favor de una cesación del fuego debe procurar esquivar los problemas fundamentales y limitarse por el momento a los hechos concretos que pueden provocar el conflicto.

Esa limitación tiene que alcanzar tanto a los problemas de fondo como los de forma. En cuanto al fondo, es visible que se los evita. Pero los de forma parecen no haber sido tomados eficientemente en cuenta. En efecto, la invitación a concurrir al seno del Consejo de Seguridad no podía ser recibida con buenos ojos en Pekín, puesto que pretende ignorar la reclamación del gobierno comunista acerca de la legitimidad de la representación China en las Naciones Unidas. Aceptarla habría significado el reconocimiento por parte del gobierno de Pekín de una situación de inferioridad a la que las circunstancias no lo obligan en modo alguno, de manera que hubiera sido inexplicable que acudiera a la convocatoria. Pero esta actitud, determinada por el aspecto formal del asunto, no supone necesariamente que China comunista esté decidida a negarse a soluciones parciales, y menos que proyecte acudir a actos de violencia.

Parece evidente que China aspira, por el momento, a ocupar las islas costeras y a lograr su ingreso en las Naciones Unidas, sin perjuicio de seguir afirmando su derecho eminente a la posesión de Formosa y las islas Pescadores. La decisión norteamericana excluye toda posibilidad de intentar la conquista de estas últimas, operación, por lo demás, para la que China comunista no está preparada ni parece contar con el imprescindible visto bueno del gobierno de Moscú. Ahora bien, aquellas aspiraciones no parecen exageradas y han merecido ya el apoyo tácito o expreso de algunas potencias, especialmente Gran Bretaña y las naciones asiáticas del grupo de Colombo. Las fintas realizadas por el gobierno de Pekín no pueden juzgarse dirigidas a otros objetivos que a esos, y aquellas con que ha contestado Washington no pueden mirarse sino como destinadas a asegurarse de que no serán sobrepasados. En pie esos sobreentendidos, corresponde buscar la manera de resolver la situación sin poner nuevas dificultades que la enturbien aún más.

Se recordará el desagrado con que el primer ministro de la India, Sr. Nehru, contempló la gestión que le fuera encomendada al secretario general de las Naciones Unidas, señor Hammarskjold, y que llevó a este a conferenciar detenidamente con el primer ministro chino, Sr. Chou En-lai. Seguramente, no se ocultaba al estadista indio que la defensa de su propio prestigio impedía al gobierno de Pekín avanzar más allá de cierto límite en sus relaciones con un organismo que no solo le negaba la personería, sino que, además, se la concedía al gobierno vencido. Ahora, transitoriamente en Londres y en contacto con los ministros del Commonwealth británico, el señor Nehru parece insistir en la necesidad de que se traslade la solución del problema del pacífico a una conferencia que, como la de Ginebra el año pasado, permita al gobierno de China comunista ir a las discusiones en una situación de igualdad. La solución -la más adecuada, sin duda- parece haber sido acogida con benevolencia por el gobierno británico, y se anuncia que el Sr. Eden se encuentra ya dedicado a la solución de los innumerables problemas previos que implica.

No han faltado ya opiniones adversas a la convocatoria de una reunión al margen de las Naciones Unidas. Pero parece imprescindible que se recapacite sobre ello, pues las Naciones Unidas representan la estabilización de ciertas situaciones de hecho, y es inexplicable que no constituya el instrumento más apropiado para afrontar problemas que, precisamente, provienen del rechazo de aquellas situaciones. El ejemplo de las conquistas logradas en Ginebra el año pasado debe servir de estímulo, sin que graviten sobre los espíritus consideraciones ajenas a la realidad concreta que es necesario afrontar.