La estructura originaria de la ciudad latinoamericana: grupos sociales y funciones. 1972

La gran mayoría de las ciudades hispanoamericanas se ajustan a uno de los modelos de la ciudad europea medieval: el que corresponde a la ciudad fundada. Con escasas excepciones fueron todas ellas el resultado de un designio consciente, elaborado en su conjunto y en sus detalles y, finalmente, realizado. Esta circunstancia no sólo caracteriza las estructuras urbanas y la estructura socioeconómica y sociocultural de toda el área, sino que, además, configura los rasgos del proceso de desarrollo de las ciudades.

Desde el punto de vista de las estructuras urbanas, la “invención” de la ciudad, su formación jurídica y su implantación física suponían la determinación precisa de quiénes eran los miembros del grupo civil y del grupo político que, desde ese momento, la constituían. También significaba la determinación exacta de las propiedades urbanas y suburbanas —solares, chacras y estancias— que aquellos poseían. Tales actos presuponían una vigorosa institucionalización de la situación socioeconómica, anterior, por cierto, a todo proceso espontáneo. La ubicación originaria estaba, pues, preestablecida y fijada teóricamente. Fue, en consecuencia, a partir de una estructura socioeconómica y de una condición dada, desde donde comenzó a desarrollarse un proceso espontáneo que, naturalmente, consistió en la lenta modificación de tales estructuras y situaciones.

Signo claro de esta particular dinámica fue el cambio de sitio de muchas ciudades. En realidad, la fundación fue casi siempre improvisada, hecha sobre la base de una rápida apreciación de ciertas ventajas inmediatas del lugar, pero sin que existiera la experiencia suficiente como para prever inconvenientes diversos que luego se presentarían. Quizá estuvo siempre en la mente de los fundadores la idea de que el asentamiento no tenía por qué ser definitivo. Lo evidente es que, en muchas ciudades, el primer síntoma de adecuación y corrección de los establecimientos fue el cambio de sitio. Algunas ciudades, como Veracruz, fueron mudadas dos veces. Pero en otros casos la incertidumbre fue más prolongada. El caso más extraordinario es el poblamiento en el valle de Catamarca (Argentina), y los sucesivos traslados de la ciudad que recibió el nombre de Londres, fundada por primera vez en 1558, cuatro años después del matrimonio de Felipe II con María Tudor. La ciudad cambió tantas veces de sitio que el cronista Pedro Lozano la caracterizó, a principios del siglo XVIII, como “la casi portátil ciudad de Londres, que no acaba de arraigarse en lugar alguno”. La misma frase había usado el padre Lozano para referirse a Concepción del Bermejo, erigida por Alonso de Vera en 1585, y con respecto a la cual, el fundador escribía tres meses después que había recibido poder de las mismas autoridades que él acababa de instaurar “para que pudiera mudar esta ciudad en la parte más cómoda”.

Muchas otras ciudades cambiaron de sitio. Algunas veces, como en el caso de Santo Domingo o de Santiago de Guatemala, porque la primera ciudad había sido destruida y, al reconstruirla, pareció preferible elegir un sitio diferente. Otras, porque con el tiempo se comprobó que el sitio elegido originalmente era malsano y se buscó uno mejor. Así ocurrió con San Juan de Puerto Rico y con Quito. Pero intervinieron muchas causas, a veces combinadas. La Victoria, Mariquita, Huamanga, Arequipa, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires volvieron a establecerse, en lugar distinto del que primero había parecido aceptable. Algunas veces fue opinión de muchos que había que mudarla, sin que se lograra consentimiento suficiente. Así pasó con Nuestra Señora de la Paz (Bolivia), según Cieza de León. Y el mismo cronista refiriéndose a Panamá opina, por su cuenta, que hubiera debido cambiarse, y que solamente la indiferencia de sus pobladores —que se consideraban de paso en la ciudad— la mantenía en el mismo sitio.

Si el cambio de sitio fue una respuesta a una situación antes desconocida, también lo fue la despoblación y desaparición de la ciudad. Casos muy típicos son los de Esteco y de Concepción del Bermejo. Pero el número de casos semejantes es tan grande que López de Velasco, en su Geografía y Descripción universal de 1574, suele agregar en alguno de sus capítulos un parágrafo especial que titula precisamente “Pueblos despoblados”. Si se analizan las explicaciones de López de Velasco, se advierte que fueron muy diversas y encontradas las causas que motivaron el despoblamiento. Unas veces fue el descubrimiento de que eran intolerables las condiciones de clima y de salubridad, como fue el caso de muchos de los primeros asentamientos en el trópico, cuyos caracteres ignoraban los españoles; otras fue la imposibilidad de defenderse de los ataques de los indios, como en Guayaquil o en las ciudades del Arauco; otras por la acción de corsarios, como Burburata, en la gobernación de Venezuela; otras, en fin, por conflictos jurisdiccionales, como hubo de suceder en muchas ciudades, como Buenaventura en la gobernación de Popayán, y sucedió en algunas, como en Los Ángeles en la gobernación de Tunja. Pero quizá en todos los casos la despoblación encerraba siempre, además de las motivaciones inmediatas, otras menos claras y en el fondo de mayor peso. La ciudad que no se quiso repoblar o defender estaba, sin duda, en una situación insostenible. Caso típico fue el de Buenos Aires en 1541, cuando Domingo Martínez de Irala, gobernador de Asunción, ordenó su despoblación. El sitio de Buenos Aires era excelente y, como dice López de Velasco, “la tierra y comarca de la buena y mejor de aquellas regiones, donde todo se da tan bien como en España”. Pero la fundación de 1536, realizada por Pedro de Mendoza, fracasó porque los españoles no encontraron lo que iban a buscar, ni estaban dispuestos a hacer lo que hubiera sido necesario para sostener la ciudad y prosperar. La llegada de un grupo de pobladores genoveses en 1538, encabezados por León Pancardo, no sólo no mejoró la situación sino que la agravó, puesto que acrecentó las necesidades sin que nadie —ni los conquistadores españoles ni los mercaderes genoveses— supieran qué hacer para satisfacerlas. El relato de Ruy Díaz de Guzmán es transparente:

[…] Irala [en Asunción] consultó luego con ellos [sus capitanes] lo que se debía hacer para la conservación de los españoles que habían quedado en el puerto de Buenos Aires, y en acuerdo fue decretado deliberadamente que, atento a la imposibilidad de poderse sustentar aquel puerto, entonces se desamparase y se recogiese la gente de un cuerpo, donde juntos pudiesen hacer efectos convenientes al bien común de la Provincia y Real Servicio.

Buenos Aires fue, pues, despoblada para intentar reforzar la ciudad de Asunción, porque, considerando la actitud de los habitantes españoles en relación con las posibilidades ofrecidas por la región, las perspectivas eran negativas. Este caso es significativo. Propuesto el asentamiento según un plano ajeno a toda experiencia, las actitudes de los pobladores y las posibilidades de la región, tanto desde el punto de vista de los recursos naturales como del de las relaciones con las poblaciones aborígenes, comenzaron a producir ciertas variaciones en el proyecto propuesto. Si las situaciones resultantes de esas variaciones conservaban un mínimo incentivo, la ciudad perduraría; pero si no podían ofrecer nada, la despoblación fue la respuesta al proyecto inicial, condenado por utópico.

El proceso de lenta modificación de la estructura originaria de la ciudad se advierte también a través de los cambios que se operan en sus funciones; y no sólo en el cambio de unas funciones a otras o en el agregado de unas funciones a otras, sino también en la manera de cumplirlas, y en la renovación que se suscita en las relaciones entre los grupos sociales adscritos a ellos.

La magnitud de la aventura y, sobre todo, la desproporción entre los recursos humanos con que contaban los españoles y la magnitud de lo que se ofrecía ante sus ojos para dominar y poseer, obligó a los conquistadores a una táctica elástica en la que se sucedían los momentos de audaz expansión territorial y los momentos de retracción y reordenación de las fuerzas. Estos últimos momentos requerían un ámbito urbano, y por eso la ciudad hispanoamericana tuvo siempre una función militar en su origen. Pero los conquistadores no podían saber cuál era el alcance exacto del peligro ni los caracteres de la respuesta militar que podían esperar. La ciudad tuvo, en consecuencia, un tipo de fortificación primaria —según los recursos materiales que ofrecía la tierra—, y un modelo de organización militar que condicionó en cierta medida la estructura urbana. Los “vecinos” no sólo fueron en su origen miembros de la comunidad civil y de la comunidad política, sino también de la comunidad militar. No hubo un ejército al lado de la población civil, sino un solo cuerpo, lo cual significaba, inversamente, que se entremezclaban los poderes civiles y militares, pese a la organización de la ciudad bajo el gobierno de un cabildo. Mientras más peligro había, más militarizada era la sociedad.

Este peligro fue muy heterogéneo, y por eso fueron diversas también las consecuencias de la organización sobre la estructura social urbana. En principio, el riesgo fundamental fue el de los indios. Pero no todos los grupos indígenas tuvieron el mismo grado de peligrosidad. Al cabo de unos pocos años, los españoles pudieron establecer con claridad el grado de belicosidad de las tribus circundantes, el número de sus miembros y las posibilidades de ataques. Las ciudades que se habían situado en zonas de escasa población indígena o entre indios pacíficos que se tornaron amigos, perdieron rápidamente su carácter militar. Tal fue el caso de Asunción. En México o en Perú la situación fue prácticamente la misma una vez sobrepasada la etapa militar, pues la población indígena había sido muy bien conocida durante la guerra, sometida y controlada. De ese modo tanto Lima como México —e igualmente muchas ciudades de ambas regiones— pudieron declinar su organización militar y constituirse civilmente sin interferencia de otro tipo de relaciones. El caso opuesto fue el de las ciudades chilenas al sur del Bío Bío —Concepción, Villa Rica, Valdivia, Osorno— que debieron organizarse permanentemente en pie de guerra, porque los araucanos no habían sido sometidos sino obligados a replegarse y eran tribus particularmente belicosas. Pero en otras ciudades hubo otros conflictos: los piratas y corsarios, que amenazaron los puertos donde podía conservarse la riqueza. En estas ciudades amenazadas por europeos la situación fue distinta. Era necesaria una defensa a la europea. Las fortificaciones debieron ser más sólidas, y la guarnición militar —constituida por soldados profesionales— fue un grupo disciplinado que se agregó a la población urbana como un sector bien definido y no muy integrado.

Los singulares caracteres de la conquista durante su primera etapa, a lo largo del siglo XVI, permitieron a los españoles acariciar la ilusión de construir una sociedad estratificada en la que ellos —muchas veces gente de origen muy modesto— constituyeron una aristocracia militar y política, superpuesta a las clases laboriosas; los miembros de estas clases trabajadoras serían los indios y los negros, y luego los mestizos y los zambos, y ocasionalmente algún español o criollo venido a menos por un azar individual. Esa ilusión no era, en última instancia, sino el resultado de trasladar idealmente a América la ciudad española, situándose en ella los conquistadores españoles como estaban en España los hidalgos, aunque ellos no lo fueran. Signo de esta decisión fue el desprecio total por el trabajo manual, la preferencia por el ejercicio de las armas, la certidumbre de que la riqueza les era debida, y otros rasgos que caracterizaron a los conquistadores y que se proyectaban sobre la ciudad hispanoamericana dándole un carácter —o acaso una apariencia— de ciudad hidalga.

Refiriéndose a la actitud de los españoles, dice fray Jerónimo de Mendieta en su Historia eclesiástica Indiana: “Como los españoles de aquel tiempo se veían señores de una tan extendida tierra, poblada de gente innumerable, y toda ella sujeta y obediente a lo que les quisiesen mandar, vivían a rienda suelta, cada uno como quería y se le antojaba, ejercitándose en todo género de vicios”. La Descripción del virreinato del Perú, de 1625 aproximadamente, detalla más cuidadosamente aún la actitud de los españoles que se sentían miembros de una clase superior y procuraban legitimar la situación:

“La propiedad desta gente de Lima y Reino del Perú es preciarse mucho de no dar su brazo a torcer a nadie, aunque sea más rico y poderoso que ellos. Son soberbios, jactanciosos y précianse de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido.

Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra. Y por esta razón y locura que en sí conciben dan muchos en perdidos, sin quererse sujetar al trabajo.

Otros que les dice mejor la suerte vienen a alcanzar casamientos con que se hacen ricos. Y en viéndose con bienes de fortuna les crecen mayores pensamientos y se toman títulos de caballeros. Que yo bien conocí algunos que están en esta opinión, y por émulos enemigos que tuvieron y por las ocasiones que dieron, los hicieron caer de su estado y se les descubrió ser en gente humilde y de poco valor. Y causa de estas cosas es que no quieren conocer, y así no faltan otros envidiosos de sus bienes y honras que los hacen caer por la menor ocasión que les dan.”

Esta situación fue, finalmente, aceptada como un hecho, y la corona buscó una manera de satisfacer la inquietud de los enemigos de España y conquistadores de América. Una ordenanza de Felipe II incorporada a la Recopilación de Leyes de Indias (IV, 6,6) resolvía el problema de modo categórico e inesperado:

“Por honrar las personas, hijos y descendientes legítimos de los que se obligaron a hacer población y le hubieren acordado y cumplido su asiento, les hacemos hijosdalgos de solar conocido, para que en aquella población, y otras cualquiera partes de las Indias, sean hijosdalgos y personas nobles de linaje y solar conocido, y por tales habidos y tenidos, y les concedemos todas las honras y preeminencias que deben haber y gozar todos los hijosdalgos y caballeros de estos reinos de Castilla, según fueros, leyes y costumbres de España.”

No obstante, la sociedad misma, así constituida, impulsaba a los grupos que no lograban la riqueza a buscarla de un modo semejante a aquel por el cual antes la habían alcanzado otros grupos. La Descripción citada es muy explícita en esto:

“A otra suerte de gente de menor cuantía y que no puede usar tan bien ni con tanta libertad el arte de la adulación ni tienen caudal para andar en vagabundos de unas tierras a otras, y también porque se inclinan más al trabajo y al ejercicio de las armas y a comer a cuenta del rey, estos tales se meten soldados, porque todos los años se hace en Lima gente para el Reino de Chile. Y los llevan debajo de sus banderas a pelear con los araucanos. Y les dan en Lima doscientos pesos, con que se visten. Con esto limpian la tierra y envían gente contra los indomables araucanos. Y pocos de estos soldados vuelven al Perú.”

Era, pues, una actitud semejante a la que movió al tesorero Montalvo a aconsejar la fundación de pueblos con los “mancebos” o “hijos de la tierra de Asunción”.

Sin embargo, en un corto plazo la función militar de la ciudad debió declinar. Fuera de las regiones donde los indios vecinos se mantuvieron hostiles durante largo tiempo y de los puertos amenazados por los contrabandistas, corsarios y piratas, la actividad militar dejó de ser fundamental. En cambio la actividad económica de la ciudad, y en especial la actividad cultural, comenzó a acrecentarse. Bien administrada, la encomienda permitía el rápido enriquecimiento de ciertos grupos. Acaso más rápidamente lo alcanzaban también los que obtenían la concesión de una rica veta minera. Pero fue el comercio la actividad que creó el núcleo más sólido y duradero de ricos. Refiriéndose a los comerciantes de Potosí, dice la Descripción de 1625 ya citada: “Es grande el trato que (Potosí) tiene de mercaderes y grandes y ricas tiendas con toda suerte de mercaderías: tiene grandes correspondencia en Lima, en México y en Sevilla, y echa muchos hombres muy riquísimos a vivir en España”.

Este proceso de enriquecimiento creaba una gran movilidad social. En algunos casos la acentuaba esta emigración de América a España, que dejaba abierta la vía para sucesores y competidores. Pero mucho más la acentuaban otros fenómenos de competencia. Uno era la llegada ininterrumpida de nuevos españoles y otro la aparición de proles numerosas que, organizadas dentro del sistema de mayorazgo, arrojaba a la lucha económica a buena cantidad de segundones.

Los segundones, y en general los hijos de españoles, fueron una preocupación social para quienes vigilaban el agitado proceso socioeconómico que se manifestaba en el ámbito colonial. La real cédula de Felipe II de 1545, recogida en la Recopilación de Leyes de Indias (IV, 7, 18), disponía que se prefiriera a los descendientes de conquistadores “que no tengan solares ni tierras de pasto” para otorgarles tierras en las nuevas colonias. El solo hecho de que existieran esas situaciones y la corona considerara necesario remediarlas da idea de la magnitud del problema. Al fundar la ciudad, en efecto, se había creído resolver el dilema al fijar propiedades a los fundadores. Pero una generación después la situación se había complicado tanto, que se produjeron crisis de terrible tensión. La Descripción de 1625 caracteriza a ese grupo social muy bien:

“Y también hay pobres soberbios que ya no se pueden morder, ladrar, y siempre andan con la cabeza baja mirando donde pueden hacer presa, ni se quieren sujetar ni hay razón con ellos. A esta gente tal llaman soldados no porque lo sean, sino porque son bien andantes de unos lugares para otros, siempre con los naipes en las manos, por no perder ocasión de jugar con cuantos topan, y por si acaso topan con algún novicio o chapetón que no está diestro y bien disciplinado en su malicia, o que no alcance su malicia, con naipes falsos le dan mates y les quitan el dinero y la hacienda, y tal vez los dejan a pie, porque les ganan hasta las cabalgaduras. Son grandísimos fulleros, que su cuidado no es otro más que entender en el arte de engañar. Esta gente es mucha la que anda por el Perú.”

Esta situación, producida en el seno de los grupos hispánicos, se explica a partir de la transformación de las funciones urbanas. El gobierno español creía resolver el problema del primer grupo fundador con la asignación de tierras y, sobre todo, de mano de obra indígena gratuita a los españoles para que la usaran en su provecho y en la labor que quisieren. Pero la ciudad, fuera de las actividades militares y administrativas, originaba por sí una nueva tarea: la comercial; y esta, desarrollada según las posibilidades y características locales, se integraba dentro del ámbito de la vigorosa economía mercantil —y mercantilista— de la Europa metropolitana. A causa de esta integración, dentro de los esquemas y límites del sistema monopolístico, se fomentó una actividad comercial muy vigorosa que trató de sortear esas limitaciones y estimuló una fuerte competencia. Muy pronto, al margen de la riqueza en tierras y en mano de obra indígena, se extendió una riqueza en dinero que operó sobre la estructura económica preestablecida por los actos jurídicos y económicos de los fundadores. Si, según el sistema originario, no debía haber españoles pobres, los hubo al cabo de muy poco tiempo; y las diferencias económicas se complicaron con distintas situaciones sociales surgidas en el seno del grupo español, a las que se agregaron más tarde las que propició la aparición y el rápido incremento del grupo mestizo.

Las medidas de gobierno modificaron el ordenamiento económico de algunas ciudades. Así, la autorización concedida en 1526 a los comerciantes del vasto territorio de los Habsburgo para operar en América creó un determinado sistema, que se reformó sustancialmente en época de Felipe II y alteró las posibilidades de algunas ciudades. El régimen de flotas y galeones, vigente desde 1564, modificó el cuadro de las posibilidades comerciales. Las autorizaciones especiales para comerciar en cierto sentido, como la que se dio a Buenos Aires en 1602, renovada en 1608 y 1614, promovían un específico desarrollo; pero otra disposición, como la creación de la aduana seca de Córdoba en 1623, podía modificarla. Pero al lado de todo ese aparato y por entre sus rendijas, las necesidades buscaban su satisfacción por vías ilegales, a través del contrabando. Es sabido que Buenos Aires fue un centro de contrabando desde no mucho después de su fundación. También lo fueron La Habana, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Cartagena, Portobelo, ciudades hacia las cuales se orientaba el contrabando que operaba desde Barbados, San Cristóbal, Martinica, Tobago, Jamaica o Curasao.

Tanto el tráfico dirigido mediante medidas oficiales como el tráfico ilegal suscitaban la creación de grupos limitados, con intereses comunes muy concretos y que alcanzaban una gran riqueza, desproporcionada sin duda con respecto a las posibilidades de quienes no ejercían ninguna de esas dos actividades. También tenían posibilidades diferentes los grupos mercantiles de las ciudades no autorizadas normalmente para el comercio con España o el extranjero y los de los puertos dedicados a ese tráfico, especialmente los grandes, como Veracruz, Portobelo, Cartagena y La Habana, pero aun también los menores como El Callao, Panamá o Buenaventura. En principio, la explotación de las grandes posibilidades que abría el tráfico monopolista fue aprovechada directa o indirectamente por quienes tenían capital o influencia. El rico encomendero podía reinvertir parte de sus ganancias en esta clase de operaciones, y por eso el ignorado cronista de la Descripción ya citada dice, luego de haber descrito cómo se hacía el comercio en Lima: “Con esto se puede entender lo que son los mercaderes de Lima, y venden del virrey al arzobispo. Todos tratan y son mercaderes, aunque por mano ajena y disimuladamente”.

Independientemente del grado de desarrollo que la ciudad alcanzara, tanto desde el punto de vista militar como del económico, su inexcusable papel de centro administrativo y, a veces, político determinó la aparición de concretas formas de vida y el desarrollo de ciertos grupos sociales. Como centro administrativo y político, las grandes ciudades fueron al mismo tiempo sede del poder civil y del poder eclesiástico; este último fue muy vigoroso y, en ocasiones, más que el primero, sobre todo cuando el funcionario civil —virrey, gobernador o capitán general— estaba personalmente bajo la influencia de algunas de las órdenes religiosas más influyentes, como ocurrió con el conde de Lemos en Lima o Pedro de Cevallos en Buenos Aires.

Los grupos sociales vinculados a la administración no aparecieron en el primer momento, puesto que por entonces las tareas públicas correspondieron a los fundadores como una pequeña carga inherente a los privilegios que se les concedían. El acta de fundación de la ciudad señala la necesidad de asignar actividades públicas a los nuevos pobladores, y de esa asignación resulta una identificación entre la función de poblador propiamente dicha y la de soldado por una parte, y la de funcionario o magistrado por otra. Así lo dice expresamente la de Buenos Aires:

“digo que, en cumplimiento de lo capitulado y asentado con su Magestad [s/c] por el dicho señor Adelantado Juan Ortiz de Zárate, y en lugar de dicho señor, licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón, Adelantado, su sucesor y en nombre de la Magestad Real del Rey Don Felipe nuestro señor, hoy sábado día de nuestro señor San Bernabé once días del mes de junio del año del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo, de mil y quinientos y ochenta años, estando en este puerto de Santa María de Buenos Aires, que es en la provincia del Río de la Plata, intitulado nuevamente la Nueva Vizcaya, hago y fundo en el dicho asiento y puerto una ciudad, la cual pueblo con los soldados y gente que al presente tengo y he traído para ello, la iglesia de la cual pongo su advocación de la Santísima Trinidad, de la cual sea y ha de ser iglesia mayor parroquial contenida y señalada en la plaza que tengo hecha de la dicha ciudad; y la dicha ciudad mando que se intitule la ciudad de la Trinidad, y porque conforme a derecho, en las tales ciudades a allende de los gobernadores y justicias mayores, ha de haber alcaldes ordinarios para que hagan y administren justicia, y regidores para el gobierno y otros oficiales y en nueva población a mí como justicia mayor me compete el derecho de elegirlos, de establecer y nombrar y señalar y dar principio de su año, y señalar el remate y día en que han de vacar y de ser otros elegidos; por tanto, acatando las calidades, habilidad y cristiandad de vos, Rodrigo Ortiz de Zárate y don Gonzalo Martel de Guzmán conquistadores y pobladores de esta ciudad de puerto y provincia, vos señalo y nombro por tales alcaldes ordinarios; y así mismo, a vos Pedro de Quirós, y Diego de Lavarrieta y Antonio Bermúdez y Luis Gaitán y Rodrigo de Ibarrola y Alonso Escobar, por regidores de esta dicha ciudad a los cuales, y a cada uno de ellos, doy entero poder cumplido en lugar del dicho señor Adelantado. En nombre de su Real Magestad para que usen sus oficios conforme a las leyes y pragmáticas de Su Magestad y los dichos alcaldes hagan justicia así de oficio como de pedimento de partes, según y como y tan copiosamente lo hacen y usan y ejercen los dichos oficios en las otras ciudades, villas y lugares de los Reinos y Señoríos de Su Magestad, y le sean a los unos y los otros guardadas las gracias, y honras, o franquicias, y libertades y excepciones, que a los tales oficios tienen les suelen ser guardadas.

Y les sean acudido con sus salarios y derechos conforme a las leyes y pragmáticas y aranceles de Su Magestad y nuevas tasaciones hechas de estas provincias por los gobernadores, de las que para todo lo susodicho e a ello anexo y dependiente y concerniente, les doy entero poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias y con libre y general administración. Y mando a los caballeros, escuderos y soldados, y hombres buenos de este Real, los hayan y tengan y obedezcan por tales, so las penas en derecho establecidas. Y porque según costumbres en muchas ciudades se tiene por estilo vacar los dichos oficios el día de San Juan de cada un año, por la presente establezco y mando que los dichos oficios vaquen el día de San Juan de junio del año próximo venidero de ochenta y uno, y por la mañana el tal día, antes de misas mayores, se junten a cabildo los dichos alcaldes y regidores, todos los que hubieren y pudieren ser habidos en esta ciudad y voten y elijan nuevos alcaldes y regidores para el año siguiente que los sucedan en los dichos oficios; y los que, conforme a derecho por la dicha elección fueren electos, sirvan los dichos oficios por el año siguiente, en fin del cual, se guarde la orden dicha, y así vaya cada un año guardándose la dicha orden para siempre, en tal manera que Su Magestad sea servido, y esta ciudad y vecinos y conquistadores estantes y habitantes sean tenidos en justicia, con tanto que los dichos alcaldes y regidores ante todas cosas hagan aceptación de los dichos oficios y la solemnidad del juramento, que en tal caso se requiere, en fe de lo cual hice e hago la presente escritura de ciudad y señalamiento de justicia y regimiento ante el presente escribano y testigos que es hecho en el dicho día mes y año, susodichos testigos: Antonio Tomás y Antón Higueras y Pedro Hernández, y otras muchas personas.”

Esta organización política, administrativa y judicial se ajustaba, en general, a las normas universales que para todos los casos de fundaciones establecía la ordenanza 43 de Felipe II (Recopilación de Leyes de Indias, IV, 7, 2,):

“Elegida la tierra, provincia y lugar en que se ha de hacer nueva población, y averiguada la comodidad y aprovechamientos que puede haber, el gobernador en cuyo distrito estuviere o confinare, declare el pueblo que se ha de poblar; si ha de ser ciudad, villa o lugar, y conforme a lo que declarase, se forme el concejo, república y oficiales de ello, de forma que si hubiere de ser ciudad metropolitana, tenga un juez con título de adelantado, o alcalde mayor o corregidor, que ejerza la jurisdicción insolidum y justamente con el regimiento tenga la administración de la república: Los tres oficiales de la hacienda real, doce regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador general, un mayordomo, un escribano de concejo y dos escribanos públicos, uno de minas y registros, un pregonero mayor, un corredor de lonja, dos porteros; y si diocesana o sufragana, ocho regidores y los demás oficiales perpetuos; para las villas y lugares, alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano de concejo y público, un mayordomo.”

Cuando comenzó a producirse la diferenciación económica y social entre los pobladores —y en muchas ciudades comenzó muy pronto—, quedó establecido que la función pública correspondía sólo a los miembros de ciertos estratos superiores. La Descripción del virreinato del Perú de principios del siglo XVII establece muy claramente para la población de Lima la relación que hay entre la población social, las cargas militares y las cargas políticas. Dice:

“Tiene toda la ciudad ocho capitanes de infantería. Cada compañía de estas tiene ciento cincuenta hombres. De gente de a caballo tiene seiscientos hombres; y estos se entiende que, así los de infantería como los de a caballo, no son soldados de paga, porque la ciudad no tiene presidio ni gente de guarnición ni paga. La gente de a pie, son mercaderes, zapateros, sastres y de otros oficios. Los de a caballo son arrieros y chacareros, que estos son labradores en nombre español, y son mayordomos de chácaras y estancias y de otros oficios, y no es gente tan buena como la de a pie. Tiene la ciudad a lo más cien caballeros, que a estos los llaman vecinos, porque tienen los más de ellos rentas que les pagan indios.

Y tiene la ciudad veinte y cuatro regidores que entran en la cuenta de los cien caballeros, porque todos los regidores lo son y son los más principales, porque ellos son el gobierno de la ciudad.”

En rigor, se repetía en América el mismo proceso que se había producido en España. La tendencia general fue restringir el acceso a los cargos públicos, de modo que sólo les correspondieran a quienes, en el proceso de creciente diferenciación económica, habían logrado mantener o alcanzar cierto grado de fortuna. En 1554 una disposición de Carlos V (Recopilación de Leyes de Indias, IV, 10, 6) establecía: “Declaramos y mandamos que en la elección en los cabildos de pueblos donde no estuvieren vendidos los oficios de regidores, y otros concejiles, no pueden ser elegidas ningunas personas que no sean vecinos, y el que tuviese casa poblada, aunque no sea encomendero de indios, se entienda ser vecino”.

Desde 1518, además, la corona designó en las ciudades “regidores perpetuos”. Pero un cambio importante se produjo cuando la corona comenzó a vender los cargos públicos, a partir de 1559. Primero fue el de escribano, luego los de alférez real, de receptor de penas, de alguacil mayor, de fiel ejecutor y, finalmente, el de regidor. Los cargos se hicieron propiedad privada y hereditaria, y al cabo de poco tiempo se había constituido una oligarquía administrativa y política que constituyó en casi todas las ciudades un círculo estrecho y cerrado.

Sólo podían competir con él otros grupos —verdaderos grupos de poder— que gravitaban vigorosamente en la ciudad. En primer lugar los grupos eclesiásticos: los que integraban la curia, los que formaban las distintas órdenes, generalmente hostiles entre ellos y con intereses encontrados, y en segundo lugar los grupos mercantiles, que pugnaban con poner la totalidad de la organización urbana al servicio de sus intereses. Pero además participaban otras fuerzas en la conducción política de la ciudad. En aquellas que por ser capitales reunían a las más altas autoridades eclesiásticas y civiles, los conflictos entre el virrey y el gobernador y el obispo o arzobispo fueron no sólo tema de pintoresco escándalo, sino también causa de la formación de dos núcleos políticos que, a veces, representaron distintas tendencias y que, otras veces, significaron dos polos de tensión en el seno de la vida urbana.

Uno de estos grupos de poder —el clero— encarnaba eminentemente la función cultural de la ciudad. Independientemente de la opinión que se tenga sobre el grado de sinceridad de los españoles cuando sostenían que el fin de la conquista era la conversión de los infieles, es innegable que tuvieron una preocupación muy viva por los problemas religiosos, lo cual puede y debe entenderse como preocupación por los conflictos culturales. De hecho los eclesiásticos que acompañaban a los pobladores tuvieron una autoridad considerable, precisamente porque esa preocupación era muy fuerte: tan importante que muchos de ellos creyeron poder polemizar con la autoridad civil, discutir sus órdenes y, finalmente, no acatarlas o dictar otras contradictorias. En el orden institucional la competencia se tradujo en una serie de querellas, de las cuales quizá las más significativas fueron las de México, donde, a principios del siglo XVI, el arzobispo Juan de Zumárraga puso en interdicción a la ciudad de México. Cosa semejante ocurrió a principios del siglo siguiente con el virrey conde de Priego.

Pero más importante que los términos institucionales de la querella es la inequívoca comprobación —en estos como en otros casos— de que el poder eclesiástico gozaba de mayor apoyo popular que el estado civil. Este hecho no era inexplicable. Para los mismos fines que los conquistadores, sin duda, la Iglesia había decidido usar otros medios. El problema quedó claro con el comportamiento de las órdenes religiosas, como puede verse a través de la prédica de fray Bartolomé de las Casas y fray Antonio de Montesinos, de los franciscanos y, en especial, de fray Toribio de Motolinía, y de los jesuitas más tarde. Este comportamiento, experimentado en los primeros tiempos en los centros indígenas, como hizo Vasco de Quiroga en Michoacán, se puso en práctica en las ciudades, desde los conventos urbanos, en los que se concentraba el apoyo de las clases altas piadosas y de las clases populares indígenas y mestizas.

Esta concurrencia de la ayuda de diversos sectores dio fuerza social a los grupos conventuales, que constituyeron focos muy bien definidos dentro de la ciudad. A sus frailes les correspondió tanto sostener la fe de los españoles como adoctrinar a los indios. Por esta vía se convirtieron en instrumentos activísimos de un proceso de aculturación. El ejercicio de la catequesis y de la enseñanza general les permitió alcanzar su objetivo; contribuyó mucho a ello el ejercicio de la caridad pública. Casas de caridad y hospitales diversos configuraron la misión pública y popular de los frailes. La limosna regular, la ocasional intervención protectora y, sobre todo, la acogida de enfermos y lisiados, aproximaron a los frailes a las clases populares y facilitaron su relación con ellas. Pero es evidente que había una actitud, previa a esa acción, favorable a la comprensión y capaz, en consecuencia, de establecer los términos de la comunicación entre ambas culturas.

Podría decirse que esa comunicación fue uno de los más curiosos fenómenos de la vida urbana. Los sermones de los predicadores sentaron, en el pequeño ámbito urbano, opiniones netas y polémicas sobre todos los puntos de la convivencia social. A través del sermón ejercía su poder social la congregación en todos los niveles; y la controversia entre las órdenes, lejos de ser “querellas de frailes” como solía decirse despectivamente, era un cotejo de opiniones sobre los nacientes problemas de la ordenación de la convivencia.

Sin duda contribuía mucho a la influencia social de las congregaciones su considerable poder económico. Sus muchos privilegios los usaron para ejercitar este poder social y político, pero de tal manera que lograron cierta adhesión y simpatía. Gracias a ellas, los privilegios pasaron inadvertidos para las clases populares y adquirió relieve, en cambio, su acción protectora. Ese apoyo —más aún que la autoridad que les confería la corona o les aseguraban el poder espiritual y la Inquisición— transformó a las órdenes religiosas en vigorosos grupos de poder dentro de la vida urbana.

El desarrollo de la ciudad latinoamericana. 1972

Herederas inequívocas de la cultura europea, las ciudades latinoamericanas fueron, y siguen siendo, los núcleos más activos de la vida del continente. En las extensas superficies que cubrió la colonización española y portuguesa, las zonas rurales fueron concebidas como áreas productoras de riqueza; las ciudades, en cambio, fueron pensadas como ámbitos civilizados y como centros difusores de civilización a la manera europea. Esta actitud de las metrópolis signó muy marcadamente, por mucho tiempo y acaso de manera definitiva, la relación entre campo y ciudad en Latinoamérica. La explicación de esa actitud, y de la política que implicaba, debe buscarse en el significado que suponía la experiencia urbana en la Europa colonizadora. Para la época de la conquista esa experiencia tenía cuatro o cinco siglos de elaboración, puesto que arrancaba de la gran explosión urbana del siglo XI que renovaría, poco a poco, la estructura socioeconómica, política y cultural de Europa. Apoyada en ella los países colonizadores repitieron en Latinoamérica el proceso de urbanización, pero ahora según un designio que respondía a los resultados de esa experiencia, elaborados y resumidos en un conjunto de nociones consideradas indiscutibles. La ciudad era, para los colonizadores, el instrumento eficaz no sólo para asegurar la posesión del territorio y la explotación de las riquezas, sino también para construir las sociedades colonizadoras y mantenerlas dentro del sistema cultural propio de la metrópoli.

Fueron, pues, fundadas en función de un designio. Pero, inevitablemente, las ciudades latinoamericanas evolucionaron según el juego de las circunstancias y las exigencias de la estructura socioeconómica. Así, sólo en ocasiones conservaron las líneas de desarrollo que su fundación les había impuesto, en tanto que la mayoría de las veces —excepto en casos de estancamiento flagrante— las modificaron para adecuarse a las condiciones que les fijaba el medio regional y, sobre todo, a las características propias del mundo en el que estaban insertas.

Por eso puede hablarse de un desarrollo original de la ciudad latinoamericana, desde el siglo XVI hasta hoy, que no repite el de la ciudad europea del mismo período. Es un desarrollo complejo, en el que por una parte se advierte la línea que expresa su condición dependiente de Europa y por otra la que revela sus tendencias autónomas. En su conjunto ese desarrollo se manifiesta a través de sucesivas etapas que, dejando de lado innumerables peculiaridades irreductibles, pueden tipificarse con cierta precisión. Un examen, tan somero como lo permite la extensión de este ensayo, puede ayudar a comprender la significación del mundo urbano latinoamericano.

La ciudad hidalga

Las fundaciones —a partir de La Isabela, en 1493— resultaron del propósito de los conquistadores de establecer bases tanto para su defensa como para la progresiva ocupación de la tierra y la explotación de las riquezas. Pero privaron distintos criterios, puesto que aparecieron diversas necesidades. Hubo ciudades que tuvieron funciones definidas y fundamentales desde un principio; casi todas comenzaron siendo fuertes, pero, además, unas fueron eminentemente puertos destinados a mantener las comunicaciones con España, otras mercados que enlazaban varias regiones, otras focos de grandes explotaciones rurales o mineras, otras sedes administrativas y políticas, otras, simplemente, puestos de etapa. Con el tiempo, y a medida que creció su magra población, muchas de ellas diversificaron sus funciones adecuándose a las exigencias y posibilidades que les imponía la región.

Lo que les dio a todas cierta semejanza fue, por una parte, su trazado, generalmente preestablecido, y por otra, su sociedad. Fuera de las ciudades a las que la topografía imponía sus reglas —como Guanajuato o Taxco— el trazado en forma de damero otorgó una fisonomía uniforme a casi todas. Y una fisonomía social uniforme también les otorgó la condición de hidalgo que obtuvieron los pobladores españoles, no sólo formalmente por gracia real, sino de hecho por la circunstancia de que constituyeron una sociedad fundada en el dominio de una población que le estaba sometida y le proveía de mano de obra gratuita. Este rasgo es, sin duda, el más importante. Para ese entonces, innumerables ciudades europeas habían adquirido una inequívoca fisonomía burguesa, y hasta se habían aburguesado vastos sectores de las aristocracias en un proceso que se combinaba con las tendencias aristocratizantes de las altas capas burguesas. Pero el efecto socioeconómico que produjo en España la abundancia de riqueza, capaz de estimular las tendencias hidalgas con los caracteres que muestra la novela picaresca, se produjo también en las ciudades latinoamericanas. Y a medida que se consolidaba el mundo mercantilista, a lo largo de los siglos XVI y XVII, se consolidaba también la imagen de la ciudad hidalga latinoamericana, de la que dan noticias muchas crónicas, pero sobre todo algunos testimonios literarios como los que se hallan en los diálogos latinos de Cervantes de Salazar, en El Carnero de Rodríguez Freyre o en El Periquillo Sarmiento de Fernández de Lizardi.

De la ciudad hidalga a la ciudad patricia

Excepto algunas ciudades que tuvieron rápido y transitorio crecimiento por circunstancias especiales —como Potosí, con motivo de la explotación de la plata del Cerro Rico—, casi todas se desarrollaron lentamente entre los siglos XVI y el XVII, y muchas involucionaron, fuera por la disminución del número de la mano de obra indígena o por ciertos fenómenos de crisis económica, locales en parte y en parte generalizados. Aun las grandes capitales virreinales, como México y Lima, acusaron ese ritmo, con ser la primera, junto con Salvador de Bahía, una de las más pujantes del mundo latinoamericano. Pero, en general, comenzaron a prosperar muchas de ellas en el siglo XVIII. El tiempo no había pasado en vano, y una ciudad es un complejo que necesita tiempo para definir su fisonomía, estabilizar su sociedad, dibujar su área de influencia y elaborar los rudimentos de su cultura urbana. Todo esto se hizo en las ciudades latinoamericanas durante los primeros siglos, lentamente, y los frutos de ese proceso quedaron a la vista en el siglo XVIII.

Para entonces, el mundo mercantilista había alcanzado su más alto grado de madurez. El imperio español declinaba, evidentemente, pero las rutas del comercio mundial, controladas sobre todo por Holanda e Inglaterra, habían generalizado un tráfico del que se beneficiaban, por cierto, Portugal y el Brasil, y que no tardaría en hacerse sentir sobre todo en el área española directa o indirectamente. El contrabando y el comercio negrero, así como la presión inglesa sobre el comercio español contribuían a dinamizar la vida de las ciudades latinoamericanas. A finales del siglo, esa presión era tan fuerte que el sistema monopólico debió ceder, y los puertos coloniales comenzaron a activarse vitalizando la vida económica general sin perjuicio de que, en ocasiones, trastornaran algunas economías regionales. Pero, en el conjunto, la activación fue el rasgo predominante, y muchas ciudades cambiaron su fisonomía.

La expresión más visible de ese cambio fue cierta transformación edilicia. La adhesión a la idea del progreso, que cuajaba en el siglo XVIII, se manifestó a través de una marcada preocupación por el embellecimiento de la ciudad, por la mejora de sus servicios, por el perfeccionamiento de su trazado. Virreyes progresistas, como Bucareli y Revillagigedo en México, Amat en el Perú o Vértiz en el Río de la Plata, renovaron sus capitales imprimiéndoles moderadamente algunas de las características de las ciudades barrocas europeas, como, ciertamente, había comenzado a hacer el marqués de Montesclaros en Lima en el siglo XVII. Algunas ciudades erigieron por entonces sus murallas, como Lima o Cartagena de Indias, perfeccionando sus viejas defensas militares contra los piratas, y en todas se notó una renovada preocupación por la salubridad, el alumbrado público y cuanto se relacionaba con el bienestar y la seguridad de sus habitantes. Una arquitectura más ambiciosa comenzó a aparecer en las ciudades ricas —puertos y capitales, sobre todo—, tanto privada como pública; catedrales e iglesias nuevas o renovadas, sobre todo donde no había habido ricos alardes barrocos o churriguerescos hasta entonces; palacios para las autoridades o para la Inquisición, conventos y palacios para las familias que alcanzaban la riqueza y con ella, a veces, el rango nobiliario.

Si la consolidación de esas clases caracterizó el cambio, más aún lo subrayó la aparición o crecimiento de otras. A la explotación de las riquezas naturales, en minas o plantaciones, vino a agregarse desde mediados del siglo XVIII una intensa activación del comercio, favorecido por la supresión del tradicional sistema de monopolio que habían impuesto originariamente las potencias coloniales. En poco tiempo crecieron las clases específicamente mercantiles, y el tono que supieron imprimirle a la actividad económica comenzó a desvanecer el matiz hidalgo de las ciudades. La riqueza constituyó el objetivo fundamental de las nuevas clases burguesas —como lo había sido de las antiguas clases hidalgas—, pero las ideas sobre la manera de alcanzarla variaron en poco tiempo. El lucro no pareció necesariamente unido a la idea de ocio aristocrático, y, por el contrario, el trabajo y la organización mercantil parecieron los medios válidos para alcanzarlo. La casa de negocios y su mostrador adquirieron una identidad antes insospechada, y las exigencias prácticas del mundo mercantilista se convirtieron en las reglas de las que no podía apartarse esta nueva burguesía que, en poco tiempo, pasó a ser la clase dominante de las ciudades.

A causa de este cambio, la diferenciación entre las grandes ciudades —puertos y capitales especialmente—, las medianas y las pequeñas se acentuó considerablemente: fueron aquellas las que acusaron toda la magnitud de la transformación que se operaba, en tanto que en muchas de estas subsistió un aire tradicional que algunas conservaron durante largo tiempo, como Cuenca, Trujillo, Popayán, Villa de Leyva o Puebla. En las grandes ciudades aparecieron las sociedades progresistas —como las de los “Amigos del país”—, circularon periódicos, funcionaron teatros, surgieron centros de estudio para estimular el conocimiento de la naturaleza, de la economía, de la arquitectura, de la minería, se abrieron cafés en los que se congregaban tertulias, se difundieron libros que exponían ideas modernas. Todo en pequeña escala, ciertamente, pero con los mismos signos que revelaban las ciudades burguesas de Europa. En el fondo, la nueva clase daba sus primeros pasos para imponer una nueva mentalidad, acorde con su concepción básica de la vida económica y social.

Empero, la declinante situación de las potencias coloniales —España y Portugal— imponía algunos límites a este progreso, y en mayor o menor medida esas burguesías divisaban otras circunstancias vigentes en el mundo, más favorables para desarrollar sus posibilidades. Como las débiles burguesías de sus metrópolis, también las de las ciudades coloniales comenzaron a acariciar la esperanza de escapar a aquellos límites. Fue, precisamente, en el seno de esas burguesías donde empezaron a constituirse los grupos inclinados a la independencia, o a una política que les permitiera insertarse en un mundo mercantil que, sin saberlo, acusaba la influencia tonificante de la Revolución Industrial. Esta opción modificó sustancialmente la actitud de las burguesías mercantiles; algunos grupos persistieron en sus preocupaciones exclusivamente económicas, en tanto que otros se deslizaron por el camino de una ideología que los condujo a una preocupación finalmente política. Fueron estos últimos los que impusieron su signo al nuevo patriciado que se constituyó con la Independencia.

La ciudad patricia

La Independencia puso a las ciudades en manos de ese patriciado. Con altos y bajos, sin duda, según las alternativas de la política, unas más y otras menos, según el grado de militancia; algunas animadas por el fervor jacobino de los grupos juveniles y otras movidas por la prudencia conservadora de los que no querían que el cambio llegara demasiado lejos. Pero en todas partes se constituyó un patriciado, esto es, un grupo surgido del seno de las clases acomodadas que tomó partido por algunas de las opciones que en el mundo convulsionado por la crisis napoleónica y la Revolución Industrial inglesa les ofrecía. No hay duda, sin embargo, de que fue en las capitales y en los puertos donde se hizo más notoria la presencia de esas nuevas minorías criollas.

Poco a poco se diferenciaron en el seno del patriciado grupos diversos que modificaron su fisonomía: gente de condición modesta empujada por el azar de la política, hombres a quienes las contingencias de la lucha llevaban de los campos a la ciudad, mestizos y mulatos que antes no hubieran tenido posibilidad alguna de ascenso. Así, complejo y renovado, el patriciado urbano debió afrontar el problema del nuevo papel que la independencia otorgaba a las ciudades. Fueron estas el botín de los bandos en pugna, porque todos quisieron participar de los refinamientos que prometían. Pero, sobre todo, fueron el objeto de una disputa acerca de su función, tanto frente al mundo rural como frente a la presión de los países exportadores de productos manufacturados que vieron en ellas promisorios mercados. Mundo rural y mundo urbano se transformaron en dos términos de una sociedad que buscaba un nuevo equilibrio. Y entre tanto, al calor de los conflictos, muchas ciudades vieron decrecer su población —como Caracas, que pasó de 50.000 habitantes en 1810 a 23.000 en 1823—, y cayeron en un estancamiento que se advirtió en su aspecto edilicio y en su actividad cultural.

También las clases medias y populares cambiaron de fisonomía. Las guerras civiles y la política provocaron ascensos y descensos que se combinaron con los que produjeron las nuevas oportunidades económicas que brindaban las circunstancias: el comercio de nuevos productos, el aprovechamiento del favor del Estado, el aprovisionamiento de los ejércitos. Y en la periferia de las capitales y los puertos, especialmente, se constituían los nuevos grupos populares de renovada fisonomía, como resultado tanto del cambio económico como del político.

Quizá Río de Janeiro fue la única capital que mejoró su fisonomía durante este período que se extiende desde la Independencia hasta la segunda mitad del siglo XIX. Capital imperial, trató de adquirir el aire de las cortes barrocas y lo logró en parte. Pero las otras tardaron decenios en salir de la crisis en que las sumió el cambio socioeconómico y político. La ciudad colonial perduró durante la etapa independiente, sin que pudieran advertirse sino pequeñas modificaciones hasta que promedió el siglo. A partir de entonces, y muy lentamente, las situaciones sociales comenzaron a estabilizarse en algunos países, se inició la era constitucional y con ella la organización política, y las corrientes económicas —de importaciones y de exportaciones— tonificaron la vida mercantil. El Martín Rivas del chileno Blest Gana representa un buen testimonio de esta mutación.

Poco a poco, el progreso industrial comenzaría a manifestarse en otra cosa que no fueran los productos extranjeros exhibidos en los almacenes. En algunas ciudades comenzó a instalarse el alumbrado público a gas, a correr tranvías a caballo, a pavimentarse zonas céntricas; y un día empezó a funcionar el ferrocarril, cuya primera estación se convirtió en un nuevo foco activo de la ciudad. Puertos, mercados, mataderos, plazas, cárceles, cementerios y hospitales eran los tradicionales. La estación de ferrocarril significó la implantación en el casco urbano de un verdadero monumento al progreso, y a su alrededor surgió una nueva aglomeración. Las ciudades comenzaron a crecer, y Lima derribó sus murallas en 1869, cuando alcanzaba los 90.000 habitantes. Buenos Aires doblaba por entonces ese número. Pero Buenos Aires estaba volcada sobre el Atlántico y comenzaba a transformarse en la gran exportadora de alimentos para la Europa industrial. Al calor de estas y otras actividades empezó a formarse en esas décadas una nueva burguesía, que iba a alterar la fisonomía de las ciudades en las postrimerías del siglo.

La ciudad burguesa

El rápido crecimiento de Buenos Aires después de 1880 se debió a la reactivación de su economía, a la nutrida inmigración europea, que multiplicó su población, a la nueva burguesía mercantil que se desarrolló al calor de las exportaciones de productos primarios. Fue el primer caso, y el más intenso, de transformación urbana, cuando Latinoamérica quedó inscrita en la periferia de los grandes países industriales. Pero no fue el único. Poco a poco, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, muchos países iniciaron en diversa escala el mismo proceso —con el café, el guano, el salitre, el caucho y los metales— y la actitud exportadora que los enriqueció tuvo consecuencias visibles sobre todo en las capitales y los puertos. Algo más tarde, el petróleo cumpliría la misma función en las economías nacionales y en las ciudades. Puertos activos, vastos sectores obreros, nuevas clases medias en formación y ricas burguesías, que ejercieron tanto el poder político como el poder económico, cambiaron el aspecto de las viejas ciudades, que todavía conservaban casi intacta, sin embargo, la fisonomía edilicia de la colonia.

Fueron las nuevas burguesías las que marcaron el rumbo del proceso del cambio urbano. Devotas de la religión del progreso, imprimieron a la vida de las ciudades un carácter renovador. Clubes, restaurantes y cafés, bolsas mercantiles hirvientes de preocupaciones especulativas, teatros y salones lujosos fueron los escenarios de la nueva actividad de esta clase que soñaba con Europa y que elaboraba rápidamente una mentalidad cuya antítesis era no sólo la de la colonia sino también la de la época de la Independencia o de las guerras civiles. Su lema fue el “enriqueceos” que había formulado algunas décadas antes Guizot; y para hacerlo era necesario “menos política y más administración”, como repetía Porfirio Díaz en México, expresando el mismo pensamiento de “orden y progreso” que pregonaba la república brasileña o el de “paz y administración” que formulara Roca en Argentina. Y, ciertamente, al calor de gobiernos fuertes que ellas mismas se dieron, esas clases dirigentes promovieron la riqueza y se beneficiaron con ella. Pero, junto a la actividad económica, procuraron gozar de su poder y de sus fortunas. El lujo —insospechable en las modestas ciudades de treinta años antes— empezó a desbordar en las ciudades que veían aparecer la nueva arquitectura de las suntuosas residencias, palacios algunas veces, como las ciudades latinoamericanas no las habían visto desde el siglo XVIII.

Poco a poco empezaron a aparecer los nuevos barrios residenciales, hacia los que se inició el éxodo de las familias opulentas: en Montevideo hacia el Prado, en Buenos Aires hacia el barrio Norte, en Lima hacia el Paseo Colón, en Santiago hacia la Alameda, en Río de Janeiro hacia Catete o Laranjeiras, en México hacia la Colonia Roma. En una reiteración del proceso barroco, dos ciudades tendieron a escindirse en el seno de cada gran ciudad, y las clases medias y populares debieron aceptar su condición de inferioridad ostensible permaneciendo en los barrios que abandonaban las nuevas oligarquías. Los recientes sectores aristocráticos mostraban inclinación hacia una arquitectura generalmente de modelo francés que dio una nueva fisonomía a la ciudad. Las verjas, las mansardas de pizarra, las ventanas numerosas y los breves y cuidados jardines brindaron el testimonio inconfundible de una mentalidad europeizante reflejada en la manera de vivir.

En el fondo de esas transformaciones estaba el recuerdo vivo del faubourg Saint Germain y, en general, el del París del Segundo Imperio o, a veces, el del Londres victoriano. Aunque las nuevas clases opulentas no se conformaron con que su propia morada se pareciera a los modelos que imitaban. Quisieron que quedaran enmarcadas dentro del cuadro de una gran ciudad moderna, y no vacilaron en seguir, en mayor o menor medida, el ejemplo de Haussmann, que había renovado en el siglo XIX la furia demoledora del Barroco. Los afanes urbanísticos de las nuevas clases opulentas no se limitaron a la construcción de nuevos barrios exclusivos, sino que tendieron a la remodelación del casco antiguo de la ciudad que aún conservaba la fisonomía colonial. Grandes avenidas, paseos, plazas, edificios de vasta perspectiva surgieron tras las necesarias demoliciones, debidas a lo que se dio en llamar “la piqueta del progreso”. El modelo neoclásico presidió la nueva arquitectura pública, cuyas moles se erigieron junto a la modestia de las supervivencias coloniales o decimonónicas en flagrante contraste que denunciaba el cambio de la sociedad y de las tendencias. El alumbrado y los tranvías eléctricos, los autobuses después, acentuaron la transformación, a la que había contribuido la progresiva sustitución de los carruajes por los automóviles.

Pero quizá lo que más denotaba la profundidad del cambio fue el aumento de la población urbana. Casi todas las grandes ciudades crecieron considerablemente en población, gracias a la fuerte atracción que ejercía la riqueza y la posibilidad de ascenso económico y social que ella prometía. Las clases sociales aumentaron en número y diversidad, en unos casos por la inmigración extranjera, en otros por el éxodo rural, y en ocasiones por ambas causas. Y crecieron también las clases medias, porque la ciudad promovía una intensa movilidad social en virtud de las oportunidades económicas que brindaba. Fue precisamente esta movilidad social, y las tendencias de los grupos antes marginados del poder a participar en él, lo que invitó a las clases altas a sostener a los gobiernos fuertes y, en ocasiones, dictatoriales, para prevenir sus consecuencias políticas.

Figuras representativas de esos regímenes fueron Porfirio Díaz en México, Estrada Cabrera en Guatemala, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en Venezuela. Sólo las oligarquías seguras y eficaces —como las de Argentina y Brasil— conservaron las formas del sistema democrático. Pero los dictadores, efímeros o duraderos, impusieron un tono singular a la vida política. Sus capitales fueron cortes montadas no sólo sobre un vigoroso aparato represivo sino también sobre una clase cortesana. Por su influencia se hacían y deshacían fortunas y bajo su protección se alcanzaban los más altos honores: Miguel Ángel Asturias, en El Señor Presidente, ha recogido la imagen de esa singular estructura de poder propia de una sociedad en brusco cambio.

Fuera de las capitales y los puertos, la gran mayoría de las ciudades fueron alcanzadas sólo muy lentamente por los efectos del cambio. Algunas se mantuvieron largo tiempo, o aún se mantienen, casi insensibles a él, y otras comenzaron a evolucionar muy lentamente como resultado de los efectos indirectos que les llegaban desde los grandes centros de difusión. Pero algunas se transformaron rápidamente por estar vinculadas con alguna de las nuevas formas de explotación; así, San Pablo y Manaos en el Brasil, vinculadas al café y al caucho respectivamente, de las cuales la segunda dio el extraordinario espectáculo de su modernización en contraste con el ambiente de la selva amazónica en que está enclavada.

Tanto la vida cultural como la vida política de las ciudades comenzaron a activarse lentamente como consecuencia de los cambios sociales y económicos. Universidades y colegios, teatros y más tarde cinematógrafos, periódicos y revistas, sociedades literarias y científicas, bibliotecas y museos empezaron a organizarse o a aumentar en número impulsados por la creciente población y, sobre todo, por el mayor desarrollo de las clases medias. En los cenáculos literarios, saturados de la nostalgia de los cafés de París, nació el modernismo que ilustraron Rubén Darío, José Asunción Silva, Julián de Casal, Julio Herrera y Reissig o Leopoldo Lugones; y allí nació también la novela naturalista. De esta, una buena parte se caracterizó especialmente por su descubrimiento de la ciudad. El mexicano Gamboa no vaciló en aplicarle el símbolo dantesco de la prostituta en su novela Santa; el argentino Julián Martel describió en La Bolsa la afiebrada actividad mercantil de Buenos Aires; el brasileño Aluisio Azevedo presentó en El conventillo la vida de las clases bajas de Río de Janeiro.

Fueron las clases medias también las que promovieron la activación de la vida política, cuando revelaron que aspiraban a consumar su ascenso participando en ella. En Lima, Montevideo, Santiago y Buenos Aires, el fenómeno fue notorio ya al finalizar el siglo XIX. Frente a las oligarquías comenzaron a organizarse movimientos renovadores que levantaban la bandera de la democracia para oponerse a los gobiernos minoritarios que les cerraban el paso, y en algunos casos lograron desalojarlos del poder. Las clases medias, en rigor, fueron las vanguardias; pero poco a poco integraron en sus filas a vastos sectores de las clases populares que se sumaron a sus reivindicaciones, aunque algunos pequeños grupos prefirieron la formación de sindicatos y de partidos definitivamente obreros. Pero fueron las clases medias las que empezaron a lograr cierta representatividad. Las clases populares, en cambio, debieron aguardar su turno: después de 1930, estas estaban decididamente dispuestas a irrumpir en la vida política, como las ya grandes ciudades latinoamericanas comenzaban a acusar algunos de los rasgos de la ciudad de masas.

La ciudad de masas

Diversos factores se combinaron para que esos rasgos aparecieran. El ajuste de la economía mundial que siguió a la Primera Guerra repercutió sobre los países latinoamericanos, que constituían la periferia de los grandes países industrializados. Hubo expansiones y retracciones, se organizaron nuevos circuitos económicos y se desarticularon otros, en tanto que variaba el origen y la manera de operar de las inversiones extranjeras. Mucho influyó en el cambio la nueva economía del petróleo y, poco a poco, la incontenible tendencia que apareció en varios países de impulsar el proceso de su industrialización. Todo esto debía incidir rápidamente sobre el mundo urbano.

Sometidas a nuevas incitaciones económicas, las ciudades respondieron aceptando el reto y constituyéndose muchas de ellas en focos de una renovada actividad. Nuevas perspectivas de producción y, con ellas, nuevos horizontes abiertos para los sectores terciarios, hicieron de las ciudades poderosos centros de atracción para las poblaciones rurales, que iniciaron el éxodo hacia ellas. Rápidamente aumentó el número de la población urbana en tanto que la rural disminuía; y el equilibrio entre un sector y otro se alteró sustancialmente en pocas décadas: los campos comenzaron a despoblarse paulatinamente, pero las ciudades crecieron con gran rapidez; la concentración demográfica tornaba visible la mutación que, por lo demás, se manifestaba por sus consecuencias. Ciertamente, el fenómeno no era exclusivo de Latinoamérica, pero en ella adquirió singular significación.

Desde entonces en algunas ciudades se desencadenaron procesos socioeconómicos, políticos y culturales no sólo de gran intensidad sino también extremadamente acelerados. La ciudad en rápido crecimiento se transformó en un problema grave que adquirió cada día mayor importancia, a medida que descubría todas sus facetas: la insuficiencia de su infraestructura para responder a las demandas del creciente número de usuarios, la presencia de grupos sociales nuevos que entraban en conflicto virtual con la vieja sociedad, la formación paulatina de viejas subculturas urbanas con peculiaridades propias y tendencias disidentes. Pero a tan variada gama de problemas sólo pareció posible responder con la atención de las necesidades más primarias y urgentes, con soluciones urbanísticas que atendían sólo a las cuestiones suscitadas por el espacio físico.

En rigor, tales problemas se hicieron patentes, sobre todo, en las grandes megalópolis: San Pablo, Caracas, México, Buenos Aires; también en las ciudades que, sin alcanzar tal magnitud, tuvieron un crecimiento vertiginoso. En distintos niveles, su número ha sido considerable, y la dimensión de los problemas no se mide en términos absolutos sino relativos y teniendo en cuenta la situación a partir de la cual se ha desencadenado el cambio. Así, por ejemplo, en los casos de Bogotá, Medellín, Cali, Guadalajara, Monterrey, Maracaibo, Córdoba, La Habana o San Juan de Puerto Rico. Pero como los motivos de la atracción son muy concretos, allí donde no aparecen el crecimiento es muy reducido y a veces no existe, con lo cual la diferenciación entre las grandes ciudades y las medianas o pequeñas se acentúa, no sólo cuantitativamente sino también cualitativamente, puesto que en las últimas subsisten culturas urbanas muy tradicionales. Esta contradicción se extrema en pequeñas ciudades que parecieran no haber registrado sino levísimas transformaciones a lo largo del siglo XIX y que ofrecen el aspecto de ciudades detenidas.

Los casos llamativos son, naturalmente, los de las ciudades que han sufrido cambios importantes y rápidos. En ellas puede hablarse, sin discusión, de la formación de nuevas sociedades, fenómeno propio del proceso general del mundo industrializado, pero que en Latinoamérica tiene matices peculiares. Sociedades urbanas que mantenían hasta hace poco una estructura casi colonial han sido transformadas por aceleradas manifestaciones de ascenso o diferenciación de grupos. En la organización de nutridos y crecientes sectores de clase media, diversificados en numerosos subsectores de matices a veces imponderables, destaca la entrañable relación de la cultura urbana con los sectores terciarios de la economía y proporciona a la ciudad una masa plástica de consumidores que son, a la vez, creadoras de formas originales de vida. Pero el fenómeno de la formación de las clases medias es, con todo, el menos significativo de esta etapa del cambio de las sociedades urbanas, puesto que reitera un proceso ya desencadenado sin que se puedan anotar variantes demasiado profundas. No pasa así, en cambio, con las clases altas y las clases populares.

Supérstites de viejas situaciones, los sectores tradicionales de la clase alta son los que más han acusado el golpe. Como en todas partes, la masificación de las minorías se hace patente en las ciudades multitudinarias, y afecta sobre todo a esos grupos que no sólo ostentaban su carácter tradicional y minoritario sino que cultivaban también cierto dejo de aristocracia. Esto último es lo que más claramente ha entrado en crisis, puesto que, a su lado, otras élites que se han constituido se conjugan mejor con las nuevas situaciones sociales y económicas. Nuevos grupos de alto nivel de ingresos, de origen vario y estrechamente vinculados a nuevas actividades en plena vigencia, comparten con las nuevas élites tecnológicas la función directora en las grandes ciudades, que han llegado a serlo por el nivel de su actividad económica. El juego entre esos sectores de las clases altas adquiere particular significación en las ciudades latinoamericanas por la sobrevida que aquellos grupos tradicionales han tenido en virtud del lento desarrollo que en muchas partes tuvieron las burguesías urbanas.

Pero la transformación más importante en la estructura de las sociedades urbanas se da, en las grandes ciudades, en el seno de las clases populares. Es ese sector el que aumenta considerablemente como resultado tanto del crecimiento vegetativo como de las migraciones internas. El primer dato se relaciona con el boom demográfico general, y el segundo con el cambio de las estructuras económicas. Pero ambos factores concurren para volcar sobre las grandes ciudades una masa de población extremadamente numerosa que, además, roza los límites de la anomia. Ciertamente, hay en su seno sectores muy integrados; pero los que prestan su carácter más típico a las sociedades multitudinarias son, precisamente, los sectores que se sitúan en los bordes, tanto sociales como físicos, de las ciudades. Son sectores marginales, cuyos miembros no encuentran dentro del sistema manera de individualizarse: tal es el sentido de las irrupciones políticas de octubre de 1945 en Buenos Aires o el de abril de 1948 en Bogotá. Sin duda también operan multitudinariamente las clases medias y aun las clases altas, todas obsesionadas por encontrar reductos exclusivos, formas de comportamiento y de lenguaje que las diferencien, objetos que denoten su posición social. Pero en tanto que muchos de los miembros de esos sectores lo logran —al menos por algún tiempo y en relación con el juicio de los grupos cuyo consentimiento buscan—, los miembros de las clases populares se estrellan contra el sistema y se refugian en una irracionalidad que parece ofrecerles respaldo.

En el juego de estos sectores se constituyen poco a poco las nuevas culturas urbanas de las grandes ciudades latinoamericanas. Su principal rasgo es precisamente ser culturas multitudinarias, y en consecuencia signadas por la despersonalización y la irracionalidad. Los llamados medios masivos de comunicación necesitan, en cuanto empresas lucrativas, ajustarse a las expectativas de las masas a las que sirven, y contribuyen a alimentar aquellas tendencias, puesto que el mayor número se establece según el más bajo nivel. Y la apelación al consumo que en cierto modo trabaja en favor de una mejora de las condiciones de vida de los que son consumidores posibles, deteriora la situación relativa de los que no pueden serlo y agrega a la despersonalización y a la irracionalidad una considerable cuota de resentimiento. Inmenso escaparate de las situaciones sociales, la gran ciudad elabora dentro del sistema una cultura urbana que no expresa sino anhelos frustrados, sentimientos primarios y tendencias elementales. No faltan, sin embargo, los productos sofisticados, en los que ese cauce torrencial se canaliza a través de formas intelectuales que intentan sublimar su contenido y adecuarlo a los márgenes de disidencia tolerables dentro del sistema.

La contradicción que irrumpe en esta sociedad se manifiesta inequívocamente en el desarrollo físico de las ciudades. Los recursos económicos y las posibilidades tecnológicas, así como ciertas exigencias de prestigio, contribuyen a transformar la fisonomía de las ciudades. Las grandes obras públicas —autopistas, aeropuertos—, la arquitectura pública y privada han terminado por romper el casco antiguo de muchas ciudades. Empero, a medida que crece el número de los rascacielos y de la edificación de lujo en los barrios residenciales, la gran ciudad ve crecer el número y el tamaño de las subciudades, que en cada lugar se designan con nombres diferentes: barriadas, cayampas, villas miseria, rancheríos. Hay ciudades como Caracas, materialmente sitiadas, y cuya imagen física es la de un núcleo poderoso rodeado por un cinturón miserable.

La ciudad física siempre ha sido reflejo del sistema. Si algo ilustra sobre la situación latinoamericana es la fisonomía de sus grandes ciudades.