IDEAS – IDEOLOGIAS – José Luis Romero

El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX. 1965

ADVERTENCIA

El libro que debía escribir sobre las ideas argentinas en el siglo xx suponía un conjunto de problemas. Con ser muy graves, los de información no me parecieron los mayores. Más difícil creí que fuera llegar a establecer un método interpretativo y, luego, a edificar una estructura de cierto rigor. Decidido a resolver estas últimas cuestiones, me atreví a intentar la realización de un experimento.

Éste es el resultado, que, tanto por razones de sinceridad como de prudencia, quiero juzgar modesto.

El título mismo supone una cierta interpretación de la historia de las ideas, disciplina de escasa tradición y muy imprecisos contornos. Deliberadamente he eludido la exposición del pensamiento sistemático, porque creo que la historia de las ideas no puede ser una mera yuxtaposición de historias parciales de innumerables campos de la reflexión. Mi objetivo ha sido esbozar un cuadro de conjunto en el que se muevan las corrientes de ideas y de opiniones a través de los grupos sociales que las han expresado, defendido o rechazado, para descubrir cómo han obrado sobre las formas de vida colectiva, cómo operaron a través de grupos —mayoritarios o minoritarios— según el diverso grado de vigencia que alcanzaron, cómo inspiraron ciertas formas de comportamiento social o, en fin, cómo expresaron los contenidos de ciertas actitudes espontáneas.

Este planteo supone una opinión acerca de cuál es el enfoque con el que la historia de las ideas puede ayudar a la comprensión de la historia. Si ese enfoque abre una perspectiva nueva, es porque no se han explorado metódicamente las relaciones entre la realidad social y las corrientes de ideas y opiniones, fenómenos tan vigorosos que les es dado aglutinar individuos y grupos sociales de una manera singular, en ocasiones alterando las relaciones derivadas de la estratificación social.

Para desarrollar este planteo he debido utilizar muchos y muy diversos materiales, de los cuales algunos no me eran familiares. Con ser muchos, el ambicioso esquema que me propuse hubiera requerido muchos más. Debo considerar, pues, este estudio como un ensayo, como una especie de bosquejo sobre el que habría que trabajar largamente. Si, pese a las notorias deficiencias, me atrevo a publicarlo, es porque creo que constituye un intento antes no realizado de poner a la luz cierto tipo de relaciones que, a mi juicio, no han sido suficientemente destacadas.

El lector tiene, pues, ante los ojos, un experimento historiográfico. Su destino es ser superado. Pero creería haber alcanzado lo que me proponía si el lector atento advierte la riqueza de posibilidades que encierra el método propuesto para la comprensión de la realidad socio-cultural.

Capítulo primero

EL LEGADO DEL SIGLO XX: LA OBRA DE LA GENERACIÓN DEL 80

Tras el período de las primeras tres grandes presidencias constitucionales (1862-1880), la Argentina comenzó a acusar los resultados de la política programada desde la proscripción por los profetas de la nueva República —Echeverría, Alberdi, Sarmiento, entre otros— y puesta en ejecución durante los veinte años que siguieron a la batalla de Caseros, que puso fin a la dictadura de Juan Manuel de Rosas (1852). La era del saladero había concluido, y las actividades agropecuarias se orientaron hacia la cría de la oveja para la exportación de la lana; entre tanto comenzaba a desarrollarse la agricultura en campos a los que protegía poco a poco el alambrado, y progresaba, aunque con dificultades, una incipiente industria. En las zonas rurales, pero más aún en las ciudades y especialmente en Buenos Aires, crecía rápidamente la población a consecuencia de los ingentes grupos de extranjeros que llegaban cada día a los puertos, algunos para incorporarse a las faenas agropecuarias, otros para ejercer su artesanía, y todos para gozar de las promesas de bienestar que la zona litoral del país ofrecía. Por allí comenzaron a tenderse las vías férreas y a desarrollarse otros elementos del progreso técnico que alimentaban en los europeos recién llegados la ilusión de estar no sólo en un país tan adelantado como el suyo, sino acaso en uno de más brillante porvenir, en parte por la debilidad de las estructuras económicas tradicionales y en parte por la atracción que parecía tener América para quienes deseaban invertir capitales. Más allá del litoral, y excepción hecha de ciertos focos de civilización —algunos de tradición secular— subsistía el desierto al que nadie se sentía tentado de poblar. Y Buenos Aires, a punto de trasmutarse de aldea en metrópoli, fijaba en sus límites al mayor número de gentes, en sus actividades la mayor parte de la riqueza, y en sus puestos de mando casi todos los mecanismos que regían la vida económica y política del país.

Así comenzó a advertirse —en las vísperas de 1880— un cambio sustancial en la vida argentina. El país buscaba su camino a través de unas transformaciones profundas que se operaban en la organización económica, en la composición de la sociedad, en la vigencia de las costumbres y en la adhesión a ciertas ideas. No era empresa fácil pues, si abría sus ventanas a los vientos del mundo, eran muchas las alternativas que se ofrecían ante sus ojos, todas con perspectiva de futuro. La Argentina era una promesa o, mejor, todo un conjunto de promesas que escondían sus posibilidades en una tierra de extraordinaria feracidad, de clima atrayente y escasamente poblada. En un momento en que Europa se industrializaba aceleradamente y concentraba grandes masas en sus ciudades, un país de predominante población blanca y resuelto a seguir las huellas de la civilización europea, que se ofrecía para ser el granero y la dehesa de Europa, podía aspirar a recibir un bien ganado premio. Una generación señalada por sus gravísimas responsabilidades debió elegir un camino entre las múltiples alternativas que se le ofrecían al país: tal fue la misión histórica de la generación del 80, de cuya obra depende el destino argentino casi hasta nuestros días.

Hasta poco antes, solía frecuentemente el indio aproximarse a prósperas poblaciones del litoral en vertiginosos malones, para robar ganado y toda suerte de utensilios, y apoderarse de rehenes que luego llevaba en cautividad.

Todas las opiniones estaban contestes en que hasta que no desapareciera ese peligro no ofrecería el país las garantías suficientes como para que hombres y capitales de otras tierras acudieran al país en la proporción en que parecían necesarios para satisfacer los sueños de grandeza que se escondían en todos los espíritus. Ésa fue una de las causas que decidió al gobierno del presidente Avellaneda a preparar la definitiva expedición al desierto que emprendería el general Julio Argentino Roca. En los campos de la provincia de Buenos Aires crecían los ganados lanares con intenso ritmo, y nuevas tierras tentaban a quienes los explotaban. En 1879 el designio civilizador quedó cumplido. El general Roca llegó hasta las márgenes del Río Negro, y poco después quedaban incorporadas al horizonte de la ganadería unas quince mil leguas cuadradas de tierra que, graciosamente distribuidas entre los allegados al gobierno, convirtieron en poderosos a aquellos que las recibieron.

Las actividades rurales, estimuladas por la mayor seguridad obtenida gracias a la vasta operación militar de Roca, ampliadas gracias a las nuevas tierras ganadas con ella para su desarrollo, favorecidas por la mano de obra aportada por la inmigración europea, y alentadas por la gran demanda del mercado internacional, comenzaron a progresar con la firmeza propia de una empresa fundamental para la vida del país. El comercio, derivado especialmente de tales actividades productivas y animado por las exigencias de los centros urbanos, creció en volumen, vivificando a su vez las grandes ciudades litorales; y la industria, que apenas podía competir en importancia con las otras actividades económicas, se desarrolló lo suficiente como para que quienes la impulsaban se reunieran en 1875 en una activa institución de fomento y defensa llamada Club Industrial, con influencia bastante como para mover a algunas figuras prominentes de la política a intentar ya en 1876 —sin éxito, por cierto— la sanción de leyes proteccionistas, contra la tendencia general de los intereses agropecuarios.

La estrecha relación de la economía argentina con las demandas del mercado europeo otorgó a Buenos Aires un papel singularmente importante en la vida nacional.

Un viejo pleito entre porteños y provincianos se agudizó entonces, y el país quiso que la ciudad capital, que era además el primer puerto del país, fuese patrimonio de la nación entera y no tan sólo de la provincia de Buenos Aires, única beneficiaria hasta entonces de su múltiple actividad y de su rica aduana. El interior del país no era ya desierto, sino que agregaba a su antigua influencia política la influencia económica que ahora poseían algunas regiones, especialmente las del litoral, a causa de su creciente riqueza. La lucha se hizo inevitable y cristalizó alrededor de dos candidaturas presidenciales para las elecciones de 1880, en las que debía elegirse sucesor de Nicolás Avellaneda. Las provincias del interior sostuvieron la candidatura de un tucumano, el jefe de la expedición al desierto, el general Roca, al tiempo que manifestaban su decisión irrevocable de declarar la federalización de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, por su parte, levantó la candidatura presidencial de su propio gobernador, Carlos Tejedor, y se dispuso no sólo a defenderla contra el fraude que la amenazaba, sino también a defender a su capital como su propio patrimonio. El conflicto degeneró en guerra civil, y Tejedor se vio derrotado no sólo en sus aspiraciones al gobierno, sino también en el problema de la capital, pues Buenos Aires fue federalizada el 20 de septiembre de 1880. Pocos días después asumía la presidencia de la República el general Roca y se inauguraba una era de profundas transformaciones en la vida argentina.

Roca tenía entonces treinta y siete años. A su alrededor se empezó a mover una generación que comenzaba a entrar en la madurez y algunos de cuyos miembros habían dado ya pruebas de su definida orientación. No en balde fue su ministro del Interior Antonio del Viso, gobernador de Córdoba hasta poco antes, y cuya acción —en la que lo había acompañado Miguel Juárez Celman como ministro de Gobierno— había sido claro testimonio de progresismo liberal y emprendedor. No faltó algún católico en su ministerio —como Manuel D. Pizarro— pero predominaron en él los espíritus abiertos y liberales, entre los cuales se destacaron Eduardo Wilde y Carlos Pellegrini.

En la política, en la dirección de la vida económica, en las letras y en otras muchas actividades, una nueva generación se ponía en evidencia. Durante más de veinte años imprimió sus ideas y sus sentimientos a las distintas actividades de la vida nacional con ese aplomo que da la certidumbre de poseer, si no la verdad misma, al menos, esa verdad relativa que resulta del consenso general. Y su fuerza de convicción plasmó en un sentimiento colectivo que fue el espíritu de la época.

Muchos de sus miembros ejercieron carreras liberales, porque fue hábito en las buenas familias mandar a sus hijos a la Universidad de Córdoba o a la de Buenos Aires. En la época de estudiantes se crearon los vínculos temperamentales e ideológicos que funcionarían durante toda la vida y, ya hombres, intervendrían muchos de ellos en las múltiples y diversas actividades de la vida del país con la específica mentalidad del universitario y del profesional. Pero tales condiciones no agotaban la personalidad de los hombres de la generación del 80. Sus profesiones —la abogacía o la medicina— los pusieron en contacto con las funciones públicas, y las circunstancias favorecieron su encumbramiento. Ministros o altos funcionarios, trasmutaron en decisiones de Estado las opiniones que todos ellos sustentaban de antiguo en los claustros universitarios, en las columnas de la prensa o en las tertulias de los clubes, a los que como caballeros acudían. Algunos, como Lucio V. López, ejerció la defensa y asesoría de la Bolsa de Comercio, y otros las de las grandes empresas inglesas y francesas que comenzaban a organizarse, en las cuales alcanzaron, generalmente, a ser miembros de los directorios locales. Pero, como Lucio V. López, todos o casi todos mostraron inclinación por el periodismo y la literatura. Escribir para el público fue una de las preocupaciones fundamentales de esta nueva generación que asumió la dirección del país al alcanzar la presidencia de la República el general Roca.

Entre los hombres que por entonces se dedicaron a la política y ocuparon altas funciones casi todos poseyeron buena formación intelectual y participaron de las inquietudes filosóficas y estéticas de la época. Casi todos leyeron las mismas revistas —francesas en su mayoría— y frecuentaron los mismos autores. Pero algunos poseyeron además el impulso de desarrollar sus propias ideas, unas veces al calor de los acontecimientos cotidianos y con el ropaje ligero del periodismo, y otras de modo más pulcro y severo bajo la forma del ensayo o del relato.

Hubo numerosos periódicos, casi todos polémicos y con posición tomada frente a los candentes problemas políticos y espirituales del país, y no faltaron las revistas, populares unas y de altas ambiciones intelectuales otras. En unos y otras hicieron esgrima de ideas y ejercicios de pensamiento José Miró, que escribió en La Nación y publicó allí su novela La Bolsa con el seudónimo de Julián Martel; Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Lucio V. López y Paul Groussac, que formaban parte de la redacción de Sud América, periódico de intensa acometividad en favor de las ideas renovadoras y liberales, y cada uno de los cuales se destacó en la política o en la literatura; Miguel Cañé y Aristóbulo del Valle, que dirigieron El Nacional, sucediendo a Sarmiento, ágil escritor el primero y orador consumado el segundo; Joaquín Castellanos, Adolfo Saldías, Francisco Barroetaveña, que publicaron El Argentino para defender las ideas radicales; Olegario V. Andrade, que escribía en La Tribuna, dirigida por Mariano Varela; Pedro Goyena, José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, Tristán Achával Rodríguez, Santiago Estrada y Emilio Lamarca, que se agruparon en La Unión para defender las posiciones del catolicismo.

Vicente Quesada y su hijo Ernesto dirigieron y animaron La Nueva Revista de Buenos Aires, en la que escribieron sobre filosofía, historia y literatura, además de sus directores, Navarro Viola, Gutiérrez, López, y cuantos manifestaron preocupaciones eruditas. Estrada y Goyena publicaron la Revista Argentina, de preocupaciones más ceñidamente literarias; Calixto Oyuela dirigió la Revista Científica y Literaria; Adolfo P. Carranza y Carlos Vega Belgrano la Revista Nacional, y Paul Groussac comenzó a editar en 1896 La Biblioteca, efímera pero fiel expresión de la vida intelectual argentina de las dos últimas décadas del siglo xix, en la que publicaron colaboraciones Francisco y José María Ramos Mejía, Lucio V. Mansilla, Juan Agustín García, Rafael Obligado, entre otros muchos.

En los negocios, en la política, en las letras o en la vida mundana, se constituyó así una generación que asumió la dirección de la vida argentina, aplicando criterios homogéneos y de sólidos fundamentos. Tras la crisis de 1880 y el comienzo de la presidencia de Roca su hegemonía se hizo indiscutida y duró acaso algo más de tres décadas, aunque en su transcurso se fueron fortaleciendo las raíces de un movimiento de adverso sentido. Su acción se realizó sobre un país cuya estructura económica cambiaba rápidamente, a causa sobre todo de importantes transformaciones en la estructura social, modificada por un acto deliberado de incorporación al país de una crecida masa inmigratoria. Ante tales cambios demográficos, sociales y económicos la nueva generación de dirigentes sólo opuso la persistencia de una única filosofía.

Quizá, sobre todo por poseer una sólida y arraigada filosofía espontánea de la vida, fue la generación del 80 una fuerza tan compacta y tan eficaz en la dirección de la vida argentina. Quizá podría —como hace notar Alejandro Korn— escribirse la historia del pensamiento filosófico sin mencionar los nombres de sus miembros, porque sufrían “el tedio de toda disquisición abstracta”; pero en la historia de las ideas ocupan un puesto singular, porque pocas veces fue tan firme un sistema de convicciones en el seno de una élite, y pocas logró influir tan profundamente sobre la realidad.

En los profundos estratos de esa filosofía espontánea de la vida hay, sin duda, inequívocos resabios de una filosofía sistemática, quizá no muy bien conocida en sus fuentes, pero aprendida a través de autoridades que le prestaban su personal prestigio. Era el positivismo, cuyos principios habían entrevisto como fruto de su propia reflexión algunos de los emigrados y que había arraigado luego en la generación siguiente a través de lecturas de Comte, de Spencer o de sus epígonos. Pero si la doctrina había mantenido el fervor militante en los hombres de la organización posterior a Caseros, en sus hijos apenas sirvió para justificar el éxito, y tras el éxito el conformismo.

Quizá la palabra conformismo moviere a error si indujera a pensar en cierta impotente resignación frente a circunstancias adversas; pero el de los hombres de la generación del 80 fue un conformismo de otra especie. La obra emprendida y llevada a cabo por sus padres había comenzado a dar sus frutos, y la promesa se había tornado sólida y brillante prosperidad. Sólo que era una prosperidad de tal suerte que debía incitar a la reflexión, a la crítica, al examen, a la vigilancia perpetua; pero, en lugar de eso, suscitó un fácil sentimiento de conformismo que cegó las posibilidades de descubrir las inevitables y bruscas mutaciones que necesariamente se preparaban en el seno de esa realidad, en cuyo desarrollo se advertía un vértigo que no podía asegurar ninguna estabilidad, ni acaso una curva regular en el desenvolvimiento de la vida social.

La nueva oligarquía se dejó mecer indolentemente por la vida porque dio por sentado que el proceso que sus padres habían desencadenado y guiado con tanto esfuerzo y tan madura reflexión correspondía a la naturaleza de las cosas y no necesitaba la constante corrección del rumbo. El proceso, empero, se desenvolvía como un torrente violento constreñido por terribles obstáculos, a los que al principio sorteó gracias a la habilidad de los timoneles y contra los que luego comenzó a chocar con creciente violencia; pero en las orillas del torrente quedaba abundante resaca, y la resaca pareció ganancia suficiente y estímulo bastante para quienes debían dirigir el proceso y se limitaban a seguirlo.

Hubo entre los hombres de la generación del 80 espíritus religiosos y no religiosos, pero sin duda predominaron y ejercieron mayor influencia estos últimos. A ellos se debe la acción de gobierno y sobre todo el aire singular que adquirió la época, en Buenos Aires y en Córdoba especialmente. Quizá fueran ateos, pero es más seguro que fueran tan sólo indiferentes, porque la despreocupación por cuanto implicara severos compromisos internos caracterizó su manera de ser. Si se dejaron llevar por el sensualismo, no fue sólo sin embargo porque fueran indiferentes en materia religiosa, sino más bien porque dieron rienda suelta a ciertos sentimientos de casta. Herederos de padres ilustres, creyeron merecer no sólo el prestigio que rápidamente conquistaron, sino también la dirección política del país —administrada por los jefes de los grupos provinciales— y sobre todo cierto diezmo que parecía corresponderles por derecho natural sobre las ganancias que el país obtenía de su ingente esfuerzo, obra ya de propios y extraños. El amor a la riqueza y el orgullo de casta engendró el sensualismo y éste tentó a los aristócratas de la modesta Buenos Aires con las infinitas vanidades que movían a las burguesías ricas de Londres o París. El refinamiento en las costumbres comenzó a regirse por normas diferentes de las que habían presidido la vida del patriciado porteño, alterada ahora por cierto amaneramiento que nacía de traducir a la atmósfera aldeana de Buenos Aires las modas, los usos y las convenciones de las grandes capitales europeas, entonces en la euforia del esplendor capitalista.

La construcción del edificio del teatro Colón, proyectado por el gobierno de Juárez Celman, simbolizó no sólo las preocupaciones por el goce estético sino más aún, el afán de construir los cuadros para el desarrollo de una existencia convencional en el más alto nivel de lujo. Julián Martel procuraba, en La Bolsa, reflejar la feria de las vanidades porteñas, y Lucio V. Mansilla daba el ejemplo de cómo adecuar la elegancia europea al marco de la ambiciosa ciudad que Lucio López, con ajustada precisión y acaso no sin melancolía, llamó La gran aldea.

Esta actitud vital entrañaba, ciertamente, cierto desprecio por las tradiciones vernáculas. La época de Juan Manuel de Rosas, que para las generaciones posteriores a Caseros parecía espejo de barbarie, había exaltado el amor a los hábitos criollos, a la vida rural y al modo de ser del hombre de la llanura, para quien la vida ciudadana era apenas un intermedio fugaz en su existencia tosca y bravia. Todo eso había sido condenado por el vigoroso estigma impuesto por los proscriptos al campo, considerado fuente de barbarie, y la derrota del tirano había significado a los ojos de los vencedores el triunfo de la civilización. Acaso por ese contraste fue tan notorio el desprecio de la tradición criolla, que los hombres de la primera generación posterior a Caseros sentían como un sentimiento espontáneo, y que para los de la generación del 80 fue un sentimiento heredado. Lo criollo era lo primitivo, lo elemental, y a poco, comenzó a ser lo pintoresco para estos hombres que empezaron a tratar de hacer de las ciudades activos centros de europeización del país.

careciendo de toda estimación por las formas criollas de vida, se propusieron suprimirlas y sustituirlas por las que, a sus ojos, representaban la civilización.

En realidad, los hombres de la generación del 80 no hicieron sino llevar hasta sus últimas consecuencias los principios de la política civilizadora cuyo más brillante paladín había sido Sarmiento. Para ellos, no era ésta ya una política discutible o una política entre varias, sino la política por excelencia, rara seguir impulsándola al ritmo de los tiempos —y para extremarla, en vista del éxito alcanzado— era inevitable entrar en el torbellino que poco a poco se formaba en el mundo occidental al compás del desarrollo industrial y capitalista. Europa y los Estados Unidos se habían lanzado a la carrera del desenvolvimiento técnico, y civilizar quería decir ahora imponer en mayor o menor grado la civilización técnica. La vieja fórmula sarmientina fue traducida ahora con amplia libertad y según los términos contemporáneos, abriendo las puertas de la nación al capital extranjero, introduciendo el país en el mercado internacional, poblando los campos y las ciudades con hombres venidos de todas partes del mundo. Y el país comenzó a tornarse cosmopolita, en las formas al menos, por obra del liberalismo ilustrado de su nueva oligarquía, y con olvido o desprecio de la masa popular, antes de pura cepa criolla y ahora hibridada poco a poco por el arribo de las masas inmigratorias.

Tan profundos trastornos económicos y sociales no podían dejar de influir sobre la vida espiritual. En ese orden, la tradición criolla no era sino la tradición hispánica colonial, que las influencias iluministas y liberales de la primera mitad del siglo no habían logrado desterrar ni aun debilitar demasiado. Cuando comenzó la ofensiva contra la tradición criolla, comenzó también, directa o indirectamente, el ataque contra la mentalidad colonial, que inspiraba no sólo la vida intelectual sino que respaldaba también todo el sistema de creencias y opiniones vigentes en la sociedad. El efecto no se hizo esperar. Sostenida por una vigorosa coherencia interna, la primera generación posterior a Caseros, y luego sus herederos de la generación del 80, arremetieron contra los esquemas mentales tradicionales. Prefirieron los autores franceses a los españoles y, algunos, los anglosajones a los franceses; tales lecturas alejaron muy pronto a las minorías cultas de la influencia de la Iglesia. Se ha dicho que el resultado de ese esfuerzo fue una “secularización” de la cultura; la expresión refleja claramente la intención de las clases dominantes y aun los resultados obtenidos, pues la notoria heterodoxia de los autores preferidos y casi canónicos reflejaba una decidida preferencia por un sistema de ideas arto distinto del que prevalecía hasta entonces.

Pero tal esfuerzo no se realizó sin oposición, y si puede hablarse de una efectiva quiebra de la tradición colonial entendiéndola como una “secularización” de la cultura, fue porque la nueva oligarquía triunfó en la batalla que le ofreció el frente católico. No vaciló éste en organizarse cuando el sentimiento moderno y liberal comenzó a traducirse en obras, a través de las medidas legislativas. Contaba con inteligencias claras, y contaba además con la experiencia de la lucha, pues la que se dio en el escenario rioplatense imitaba y seguía muy de cerca a la que se había desarrollado en Europa muy poco antes. Contaba, además, con la fuerza de la tradición, que le prestaba apoyo fuera de las clases dirigentes, en el seno de la naciente clase media, tradicionalista y acaso un poco asustada del vértigo innovador de la audaz minoría que dirigía el país; poco después se vería que también podía contar con el apoyo popular, pasivo pero eficaz, que se sumó a las fuerzas católicas en un frente complejo, sostenido por la indefinición de sus problemas generales, y que contribuyó a provocar el movimiento disconformista de 1890.

Quizá pudiera agregarse que aun la propia clase dirigente fue cobrando una especie de vago temor ante el curso de los acontecimientos. Algo tenía su actitud de la del aprendiz de brujo. Si los presupuestos de la política civilizadora y progresista estaban totalmente en pie, algunos fenómenos secundarios que resultaban de su aplicación adquirían proporciones inesperadas. Sarmiento señaló algunos en Conflicto y armonías de las razas en América, y todos los advertían en la vida diaria, en los fenómenos de la sociabilidad que podían observarse especialmente en el litoral. La población se hibridaba con caracteres no previstos, provocando situaciones y fenómenos no imaginados. Él país perdía, ciertamente, el primitivo estilo criollo, pero no adquiría otro y ofrecía cada vez más una fisonomía imprecisa e inasible. El estigma de la sórdida lucha por la riqueza se tornaba indeleble en la superficie misma de la vida y de los caracteres.

Pero la lucha por la riqueza no siempre adoptaba iguales caracteres. En la vieja clase de trabajadores criollos, en la nueva clase de los inmigrantes que acababan de incorporarse al país, y hasta en las clases medias que sufrían los embates de las transformaciones económicas y vivían dentro de un régimen de inestabilidad, la lucha por la riqueza tenía cierta visible sordidez que los espíritus refinados de la nueva oligarquía acusaban inmediatamente.

Quizá fuera por eso que sus miembros se acostumbraron muy pronto a suponer que pertenecían a otra clase, a otro mundo que éste de los que buscaban la riqueza en una lucha sin cuartel por medio del trabajo. Ellos no necesitaban descender a esos menesteres. Se convencieron de que constituían lo que quedaba de puro, de prístino, en el país, y que se merecían todo, a causa de ese mérito, que no era suyo, sino determinado por lo que había cambiado a su alrededor. La sordidez de su propia lucha por la riqueza parecía ocultárseles. Poco a poco, se sintieron los elegidos, los puros, en una sociedad que ellos mismos habían hibridado; fueron los aristócratas, en una sociedad donde se desvanecía rápidamente el sentido patriarcal de la vida y comenzaban a diferenciarse las clases económicas con creciente nitidez. Y ese sentimiento tuvo tal fuerza que muy pronto se tornaron casta y configuraron una típica oligarquía abismalmente separada de las clases que gobernaba. La tarea de civilizar el país debía encontrar poco después un obstáculo fundamental en la resistencia que los que debían ser civilizados comenzaron a oponer a los que querían civilizarlos. Cada vez más, la oligarquía adquiría la fisonomía de un grupo ilegítimo.

Por detrás de su filosofía espontánea de la vida, la nueva oligarquía fundaba sus convicciones —y sus dudas, por cierto— en un sistema de ideas de arraigada tradición intelectual. Era el que residía en las obras que leían los más inquietos de sus miembros, el que enseñaban —de primera o de segunda mano— los profesores mejor informados, el que sustentaba las opiniones que daban sobre sus materias específicas médicos, naturalistas, juristas, pedagogos y políticos.

La primera generación posterior a Caseros había contado en su seno con hombres de vasta y profunda cultura intelectual. Sus herederos mantuvieron arraigado el hábito de la lectura, aunque sin duda alguna predominaron aquellos a quienes atraía más la literatura que la filosofía. El esteticismo fue, en cierto sentido, la actitud espiritual propia de los hombres del 80, pero entendida solamente como predilección por la creación ajustada a las exigencias de su propia sensibilidad, pues es bien sabido que las obras con las que nutrieron su espíritu no eran propiamente de corte esteticista. Por el contrario, la novelística que leyeron —especialmente francesa— los saturó de ideas, en particular sobre problemas sociales, que contribuyeron a formar más de una opinión en algunos espíritus que se resistían al esfuerzo de la lectura de obras sistemáticas. Pero no faltaron, empero, quienes frecuentaran estas últimas.

Las fuentes predilectas de Sarmiento y Alberdi, las obras que, aun antes, habían nutrido a las inquietas minorías intelectuales y políticas, todas ellas mantuvieron algún prestigio porque su pensamiento mantenía cierta coherencia. Cousin, Leroux y Fourier siguieron despertando curiosidad y satisfaciendo preocupaciones filosóficas, sociales y políticas, en tanto que comenzaban a influir poderosamente sobre las inteligencias Taine, Drappel y Renán, con su interpretación de la sociedad, de la historia, de la literatura y el arte, con su alarde de sutil inteligencia, con su elegante escepticismo, aparente al menos, con su brillante despreocupación por todo lo que parecía vulgar o cotidiano. Pero las influencias más novedosas y profundas comenzaron a ser la del positivismo, por una parte, y la del evolucionismo darwiniano por otra. Tales doctrinas no tuvieron en un principio hogar apropiado en las universidades, pues ni la de Córdoba ni la de Buenos Aires dedicaban su atención a las disciplinas teóricas, y sólo en 1896 comenzó a funcionar en la segunda la Facultad de Filosofía y Letras.

Fue en la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870 y desarrollada bajo la inspiración de José María Torres y de Jorge Stearns, donde comenzaron a difundirse los principios de Spencer, ante todo en relación con la pedagogía, pero luego también en cuanto filosofía de lo social. Por el mismo camino, aunque un poco más tarde, comenzó a difundirse la doctrina de Comte; pero la enorme influencia de Spencer y de Comte no se manifestó a través del contenido teórico de sus doctrinas, sino en la que ejerció en las sucesivas generaciones de maestros que egresaban de las escuelas normales de Paraná o de Mercedes, y que difundieron, a su vez, su pensamiento en sus áreas de influencia, precisamente a partir de 1880.

Entretanto, las proyecciones del pensamiento teórico europeo se advirtieron también en el campo de las ciencias, y especialmente en el de las ciencias naturales, donde el evolucionismo darwiniano comenzaba a adquirir el valor de una explicación universal. En 1880 volvía al país, tras varios años de estudio en Europa, Florentino Ameghino, quien venía compenetrado de las doctrinas transformistas del evolucionismo. Por ese entonces predominaba aún en los círculos científicos la doctrina creacionista, que defendía sobre todo el sabio director del Museo de Buenos Aires, Carlos Burmeister. Dos obras publicó por entonces Ameghino que revelaron su precoz madurez: La formación pampeana y La antigüedad del hombre en el Plata. Más adelante, y junto a sus innumerables comunicaciones científicas y trabajos referidos estrictamente a sus investigaciones en el terreno, Ameghino ordenó en 1882 sus opiniones sobre el transformismo en la conferencia que pronunció con el título de A la memoria de Darwin, y dos años después sobre el problema general del evolucionismo en su Filogenia (1884), cuyo contenido definió como los “principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas”.

Más tarde Ameghino resumiría su posición científica y filosófica en escritos de mayor vuelo aún. Entretanto, proseguía sus investigaciones en relación con la Sociedad Científica Argentina, que se había fundado en 1872, y con la Academia de Ciencias de Córdoba, fundada en 1873. Estas instituciones agrupaban a los hombres de ciencia del país, aunaban sus esfuerzos y estimulaban las vocaciones. Función semejante cumplían el ya citado Museo de Buenos Aires —cuya dirección ejerció Ameghino desde 1902—, el Museo de La Plata, fundado en 1884 y organizado por Francisco Moreno y el Observatorio Astronómico de la misma ciudad, fundado en 1882. En Paraná funcionó desde 1884 un museo provincial de ciencias naturales; pocos años más tarde ejercería su dirección el sabio naturalista Pedro Scalabrini, a quien se deben las primeras divulgaciones de la doctrina de Augusto Comte.

Las influencias del cientificismo se advirtieron también en la obra histórica y sociológica de José María Ramos Mejía, que publicó en 1880 Las neurosis de los hombres célebres en la historia. Preocupado por los problemas de la psiquiatría, dio a luz diez años después unos Estudios clínicos sobre enfermedades nerviosas y mentales; pero sus indagaciones y las conclusiones de sus estudios lo llevaron preferentemente a aplicarlas al examen de la historia. Así publicó La locura en la historia (1895), Las multitudes argentinas (1899), Los simuladores del talento (1904) y Rosas y su tiempo (1907). Por debajo de su personal perspicacia —y casi genio, en ocasiones— Ramos Mejía reflejaba el vigoroso impacto de Taine primero y del positivismo luego, a través de cuya doctrina había aprendido a buscar el sustrato naturalista de la historia. Su obra histórica quería ser científica, llegar a ser un análisis descamado, metódico, implacable, de la realidad histórico-social, y hecho sin prejuicios que pudieran torcer la observación. Pero tenía, en rigor, un prejuicio fundamental: el prejuicio del naturalismo, propio de la actitud cientificista, adscripta al positivismo vigente ya en las minorías intelectuales, cuyas ramificaciones llegabañ hasta las ciencias sociales e históricas.

Como siempre, las nuevas corrientes de pensamiento se difundieron de preferencia en un principio entre las clases más cultas, que eran también las clases más ricas y poderosas. Por su parte, las clases medias —y las clases populares aún más— se mantenían ajenas y un poco insensibles a tales cambios de tendencias que implicaban una revisión de muchas creencias tradicionales y suponían, además, una actitud vigilante frente a procesos intelectuales que se desarrollaban en otros ambientes.

La actitud propia de las clases medias y populares consistió en cierta prevención frente a los cambios de actitudes demasiado repentinos y radicales en relación con costumbres, ideas y creencias arraigadas muy profundamente en su tradición. No formaba parte de sus hábitos mentales ni la adopción de actitudes críticas ni la aceptación rápida, entusiasta e impulsiva de opiniones intelectualmente elaboradas, como era propio de las minorías snobs. Y acaso por reacción, las clases medias y populares resistieron pasivamente la nueva postura espiritual de la oligarquía, abroquelándose pasivamente en sus sentimientos recónditos.

Sin duda vibraba aún en la clase media criolla, como en las masas populares de las ciudades, de los suburbios y de los campos, cierta sensibilidad romántica estimulada por la nostalgia de lo que solía creerse que representaba el criollismo. Acaso en algunos sectores el criollismo se simbolizaba en Rosas, cuya imagen había entrado ya en el reino de la leyenda. Pero la sensibilidad romántica se manifestaba sobre todo en una actitud de enérgica adhesión a lo propio y vernáculo e, inversamente, en cierto desdeñoso desapego a lo extraño que se ofrecía como moderno. La sensibilidad romántica se manifestó como reacción antipositivista y como retorno al pasado, y exaltó todo lo que el pasado guardaba en su seno.

La enérgica campaña que la oligarquía realizó en favor de los principios laicos, y que encontró sin duda decidido apoyo en importantes grupos sociales, suscitó el reagrupamiento de los sectores católicos de esa misma oligarquía; junto a ellos se aglutinó en seguida un importante sector de la clase media y de las clases populares, que no estaban, ciertamente, con el Syllabus, y menos por las razones que señalaba Pedro Goyena, pero que se resistían a moverse contra sus convicciones tradicionales y ocultaban, seguramente, cierto mágico temor frente a la libertad de espíritu que manifestaban quienes desafiaban a las creencias tradicionales. Por deliberada y consciente reacción unos, como resultado de las luchas doctrinarias que sacudían en ese momento al mundo; por pasiva y temerosa adhesión a las creencias tradicionales los más, el catolicismo apareció como una fuerza, en la medida en que había sido hostilizado, y actuó en los movimientos de opinión que provocaron la crisis de 1890 como una respuesta a la ofensiva lanzada contra él. José Manuel Estrada, que había sido separado de su cátedra por su vehemente defensa de la Iglesia contra la política estatal del presidente Roca, apareció como ferviente defensor de la democracia al lado de quienes levantaban las mismas banderas con otros objetivos más típicamente políticos.

Entre estos últimos estaban los que sabían que la oligarquía suscitaba también en las clases medias y populares cierto resquemor por su aire de superioridad y por su efectivo ejercicio de una superioridad social, económica y política. Aristóbulo del Valle recogía en el Senado ese impulso, mezcla de indignación y de resentimiento, que suscitaba la suficiencia de las clases ilustradas y renovadoras en la conciencia popular. Pero más fielmente representaba en la calle ese sentimiento Leandro N. Alem, tribuno de elocuencia intensa, en cuya prosa y en cuyo verso —porque también era poeta— vibraba el acento romántico que la oligarquía liberal solía desdeñar con apenas encubierta sonrisa. En Alem, como en las multitudes que lo siguieron desde 1890 hasta su trágica muerte, la vida revelaba más un contenido emocional que no un sistema estricto y riguroso de ideas. Esas multitudes eran las que, por la apelación que había sabido hacer al sentimiento, habían seguido a Adolfo Alsina, y acaso las que antes se habían sentido sobrecogidas por el paternalismo de Juan Manuel de Rosas. Para quienes componían esas multitudes, la decisión de “civilizarlos” que había adoptado la oligarquía no era tanto ofensiva como inhumana. Preferían una cierta simpatía por sus defectos, por su modo de vida, por sus preferencias y entusiasmos, hasta por sus errores, y adivinaban precisamente que esto era lo que faltaba en aquellos espíritus sagaces y orgullosos que descubrían inflexiblemente sus lacras, aunque vieran que se disponían a curarlas y a enmendar sus vicios.

La erizada reacción frente al desdén por la sensibilidad popular que mostraba la oligarquía, se trastrocó en una casi agresiva defensa del pasado criollo, en una agresiva resurrección de la rebeldía gaucha. Desde que la vida argentina se colocó bajo el signo del europeísmo —luego de Caseros y tras el acceso al poder de los emigrados— el gaucho y su estilo de vida habían comenzado a simbolizar para ciertos sectores un bien perdido: acaso solamente el de su libre espontaneidad, o acaso el de un sistema de valores que por instinto juzgaba el único válido. José Hernández había dado un sentido reivindicatorío a su poema Martín Fierro, lleno de intención contra la política dominante por entonces. Y ese movimiento recrudeció después de 1880, y se hizo visible en la voracidad con que los lectores de los periódicos leían los folletines de Eduardo Gutiérrez, en los que daba vida a los oscuros mitos del pasado gauchesco: Juan Moreira, Hormiga Negra, y tantos otros que cobraban vida en su fecunda y ligera pluma. Poco después sus personajes escalarían un grado más en su prestigio y en su popularidad, como si fuera inagotable la curiosidad del público e inagotables las reservas de emoción que las aventuras del gaucho rebelde ocultaban a los que ya descubrían que su país había dejado de ser la Pampa indómita. Bajo la lona de los circos, los Podestá comenzaron a animar, en memorables pantomimas, las aventuras de aquellos varones arrogantes que desdeñaban el naciente orden jurídico de la República y alzaban sobre él un enérgico y salvaje individualismo, apoyado en su coraje y en su cuchillo; y las gentes crédulas y humildes que rodeaban las pistas, expresaban, con su asombro y su admiración, su hermandad con quienes resistían a la enérgica y sistematizada presión de la nueva oligarquía.

A veces se entremezclaban en las filas de los admiradores de Juan Moreira o de Pastor Luna algunos de los inmigrantes que poco a poco se asimilaban a los viejos hábitos de la tierra. Ciertamente, no gozaban en general de la simpatía de los criollos, cualquiera fuera su clase; ya Hernández y los payadores populares habían estigmatizado al “gringo” que explotaba o traicionaba al paisano; y en el teatro el tipo de Cocoliche reflejaba al desprecio del nativo por el que todavía no se había asimilado a las condiciones del país; pero muchos lograban adecuarse a las costumbres locales y a los valores predominantes en su ámbito. Otros, sin embargo, resistían a la presión del ambiente, porque se mantenían fieles, no sólo a sus principios morales tradicionales, sino también a los objetivos que se habían fijado al decidirse a cambiar de habitat. “Hacer la América” era un designio imperioso e indeclinable. Su vigencia en la masa inmigrante suponía cierta primacía de los valores económicos, y, sobre todo, cierta sistemática indiferencia con respecto a los problemas de la vida nacional. Pero muy pronto sintió también esa masa inmigrante la presión de la oligarquía, cuya hegemonía pesaba no obstante cierto paternalismo todavía posible. Empero, a pesar de la situación análoga de dependencia en que se encontraban tanto la masa criolla como la masa inmigrada, no era demasiado fácil hallar una vía de coincidencia y de acción común: sólo la revolución del 90 ofrecería la ocasión de incorporarse a los movimientos ciudadanos al nuevo conglomerado social, en el que ya se notaba un sistema de ideas y de valores que comenzaba a hibridarse.

Puede decirse que, hacia 1890, se produjo una primera polarización por clases sociales de los elementos étnicos y culturalmente diversos que integraban por entonces la sociedad argentina. En el sentimiento antioligárquico se fundieron criollos, inmigrantes e hijos de inmigrantes, concordes todos en repudiar la despreocupada superioridad que se adjudicaba en el dominio del país la vieja oligarquía. De esa polarización de distintos sectores sociales y culturales nació un programa posible para la República, que rápidamente se encamó en un partido político: la Unión Cívica, que inspiraron Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, Francisco Barroetaveña, y, en especial, Leandro N. Alem.

Ese programa era, sobre todo, un programa distinto del que tenía por delante la oligarquía tradicional: distinto por los intereses que lo impulsaban, distinto por los sentimientos que lo envolvían. Entraban en él, entrecruzados, elementos sobrevivientes de la vieja tradición y elementos vivos impuestos por los nuevos contingentes sociales de origen inmigratorio; pero acaso lo más importante fuera su naturaleza de programa de clase, de clase popular, de clase no privilegiada, obligada a afrontar su situación económica en términos de dependencia frente a la oligarquía en trance de cristalizarse.

Ese programa entrañaba una cierta imagen del país. La Argentina debía ser en el futuro una tierra de trabajo y de producción, en la que la población aluvial se impregnara poco a poco de las virtudes nativas, pero en la que, de hecho, predominara el tipo de economía que había traído la clase inmigrante, con los ideales de vida que comportaba. Pero era evidente que tal perspectiva entrañaba un cambio en el sentido de la historia del país, aun cuando fuera difícil que se lo percibiera con claridad. Confusamente, al menos, el cuadro tradicional de la historia patria resultó alterado por las experiencias posteriores a la organización nacional y no pasó mucho tiempo sin que vastos grupos acusaran esa conmoción.

La oligarquía había heredado de la aristocracia republicana la certidumbre de que continuaba —a través de la obra y el pensamiento de los proscriptos— la tradición de los fundadores de la nacionalidad. Con sus trabajos sobre la historia patria, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López habían erigido los imperecederos monumentos que recordarían la memoria de los proceres fundadores de la nacionalidad, estableciendo las líneas de su formación y formulando sus ideales vernáculos e inmutables. En nada comprometió la solidez de la obra la polémica que después de 1880 desencadenaron los dos grandes historiadores. La versión oficial de la historia nacional —pues tal papel asumió en la vida argentina la obra de Mitre y López— establecía que la nación había nacido como obra de las clases ilustradas y liberales, que habían impuesto legítimamente a una población de escaso desarrollo un sistema de formas institucionales propias de las naciones civilizadas de la época. El momento culminante de la historia argentina era, pues, el de la fundación de la nacionalidad por obra de los grupos liberales, y la consolidación de la independencia por el esfuerzo del general San Martín.

La versión oficial de la historia argentina establecía, además, que el proceso de afloramiento y progresiva caracterización de distintos grupos sociales no constituía sino una desviación morbosa del recto camino que, teóricamente, correspondía a la historia argentina. El desarrollo del regionalismo y del federalismo, la disgregación final del Estado nacional, la irrupción y supremacía de las masas populares que obedecían ciegamente a sus caudillos y servían a sus intereses con prescindencia de los suyos propios, todo el profundo y vasto fenómeno social, en fin, que llenaba la historia argentina desde antes de 1820 hasta la caída de Rosas en Caseros, parecía como ajeno al destino argentino, cuyos celadores eran, entre tanto, los proscriptos que en tierra extranjera conservaban el fuego sagrado de la tradición liberal y el designio de encuadrar las fuerzas sociales rebeldes dentro de ceñidos y vigorosos marcos institucionales.

Parecía de estricta lógica considerar que el régimen constitucional empalmaba con la tradición de los proscriptos y la de Mayo, y la oligarquía posterior al 80 perpetuó esta creencia; pero a poco que se paseara la vista sobre el cuadro del país se descubría que ni la oligarquía continuaba tan exactamente la tradición ni el país mantenía la misma fisonomía que antes. El haber extremado la generación hegemónica del 80 la concepción liberal de la vida argentina suscitó contra ella aquel programa que suponía, en alguna medida, una primera revisión de las líneas de formación de la nacionalidad que habían trazado Mitre y López.

Algunos de los más ilustrados de esa generación percibieron que el problema tenía importancia, y José María Ramos Mejía analizó separadamente el problema de las multitudes argentinas y el extraño caso de Juan Manuel de Rosas. El asunto era susceptible de una explicación, y con la finalidad de encontrarla lo habían estudiado ya antes Alberdi, Echeverría y Sarmiento. Pero no había parecido hasta entonces susceptible de justificación, como comenzó a parecer para quienes emprendieron de nuevo su estudio a la luz de nuevas experiencias sociales, bajo el signo de inequívocas afinidades y fuera del sistema de ideas predominantes en el seno de la oligarquía.

Nada puede extrañar que el movimiento programático de 1890 descubriera que las minorías liberales habían sido antipopulares, en parte porque lo habían sido efectivamente, y en parte porque muchos de los que lo descubrían provenían de aquel movimiento del extinguido federalismo. Oradores de multitudes, como Adolfo Alsina y Leandro N. Alem, descubrían rápidamente en la sensibilidad de sus auditorios una receptividad simpática para cuanto expresara el resentimiento de las clases populares, antaño halagadas por el rosismo. Y el movimiento que surgía contra la nueva oligarquía quiso ser popular, aunque tuviera que declinar parcialmente su liberalismo doctrinario.

Nacido del autonomismo porteño en alguna medida consecuente con la política de Rosas —y mecido en las auras de las clases populares—, el nuevo movimiento comenzó a desdeñar la tesis oficial sobre la historia argentina. El regionalismo, animado por los caudillos y vivificado por el apego a la tradición, no pareció cosa tan desdeñable, y la peculiaridad local de la provincia de Buenos Aires mereció acaso más respeto que la edificación del común destino nacional. Y hasta la figura misma de Rosas comenzó a contemplarse de otro modo, desprendida del vituperio con que la había ensombrecido la tradición unitaria.

La obra más representativa en este sentido fue la de Adolfo Saldías, miembro del movimiento de la Unión Cívica y redactor después de 1890 de El Argentino, periódico que expresaba el pensamiento radical. En el primer capítulo de su Historia de la Confederación Argentina escribía Saldías: “No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado. Lo esencial es estudiar el cuerpo social que, a impulsos de su sangre y de los defectos de su educación, incubó y exaltó a los que tales odios inspiraron. Sólo así se pueden señalar las verdaderas causas de esa postración estupenda del sentido moral que llevó a un país fundador de cuatro repúblicas, a depositar sus derechos, esto es, su ser político, y a ofrecer su vida, sus haberes y su fama, esto es, su ser social, a los pies de un gobernante que los renunció infinidad de veces.

“La generación argentina que pugnó por autorizar con el prestigio del tiempo sus viejos y estériles rencores, cedía naturalmente al sentimiento egoísta de toda sociedad que graves culpas tiene ante el porvenir y ante la historia: se escudó tras el culpable que presentaba a la execración de la posteridad. Ella acusó, acusó siempre porque no podía acusarse a sí misma. Una sociedad, dice un eminente escritor francés, necesita arrojar siempre sobre alguno la responsabilidad de sus faltas. Cuanto mayor es el remordimiento que experimenta, mejor dispuesta se encuentra a buscar el culpable que por ella haga penitencia; y cuando lo ha castigado bastante, se acuerda el perdón a sí misma y se congratula de su inocencia.”

A estas reflexiones contestaba Mitre, en carta al autor: “Se ha propuesto Vd. la rehabilitación histórica, política y filosófica de una tiranía y de un tirano, en absoluto y en concreto, tratando de explicarla racionalmente por una ley anormal, dándole una gran significación nacional y orgánica y un carácter en cierto modo humano como potencia eficiente en la labor colectiva que constituye el patrimonio de un pueblo; y esto es, en presencia del siglo xix en que el mundo está gobernado por la libertad, por las instituciones, por la moral pública, que dan su razón de ser y su significación a los hombres que pasan a la historia marcando los más altos niveles en el gobierno de los pueblos libres.

“Cree Vd. ser imparcial. No lo es, ni equitativo siquiera. Su punto de partida, que es la emancipación del odio a la caída de la tiranía de Rosas, lo retrotrae al pasado, por una reacción impulsiva, y lo hace desandar el camino que lo conduciría al punto de vista en que se colocará la posteridad, colocándose en un punto de vista falso y atrasado. De este modo, el espacio en que se dilatan sus ideas está encerrado dentro del círculo estrecho de acción a que subordina su teoría como derivada del hecho, que es su fórmula concreta, y es pura y netamente el campo de la acción federal de los sectarios de Rosas sin más horizontes que la perpetuidad de la tiranía. De aquí, por un fenómeno psicológico que se explica por la ilusión óptica y por la limitación de vistas amplias, aprisionado dentro de este círculo de hierro, su corazón y su cabeza —no obstante sus instintos generosos— están del lado de los verdugos triunfantes y no de las víctimas rendidas.”

Y más adelante agregaba: “Caseros es una batalla final, lógica, necesaria y fecunda. Es el punto de partida de la época actual, de la evolución de la organización nacional, complementada por otra batalla, también necesaria y fecunda, en que triunfó la reorganización nacional, asentando a la República en equilibrio sobre sus anchas e inconmovibles bases constitucionales. Protestar contra el triunfo de Caseros, o poner en duda su necesidad y su razón de ser, es protestar contra sus resultados legítimos, y es protestar contra la corriente del tiempo que nos envuelve, y lleva a la Nación Argentina hacia los grandes destinos que se diseñan claros en el horizonte cercano.”

Los dos criterios estaban claramente expuestos. Para Mitre, no solamente no se debía evitar la imprecación contra el tirano, sino que no se debía intentar comprender ese trágico momento de la vida argentina —que, por cierto, ya había sido enfrentado con penetrante visión por Alberdi, Echeverría y Sarmiento—, para no caer en el peligro de justificarlo. Pero Saldías respondía a otra sensibilidad. Odiaba al tirano —no en balde había sido secretario y era admirador ferviente de Sarmiento—, pero tenía un sentimiento de viva simpatía hacia las masas populares, y buscaba descubrir el fenómeno por el cual habían caído en esa perversión. Así como apoyaba un movimiento programático que procuraba sacar al país de las manos de la oligarquía, intentaba al mismo tiempo revisar el pasado para determinar el camino que las masas populares habían seguido hasta entonces en el país. Pasado y futuro comenzaban a verse iluminados con una nueva luz.

La preocupación por el futuro colectivo cristalizó en concepciones políticas más o menos definidas que los grupos de acción postularon como soluciones eficaces para los problemas del país. Acaso todos los grupos coincidieron en la necesidad de poner al país en el camino de su desarrollo económico y en abrirlo a las influencias renovadoras de Europa; pero fuera de orientaciones tan generales, las direcciones de la acción asumieron aspectos muy diversos, e identificables sólo en relación con ciertos grupos sociales.

Para el grupo oligárquico —esto es, el grupo que representaba en política la casi totalidad de la clase propietaria y adinerada, de antigua raigambre y heredera a su modo de la generación de la organización nacional— la preocupación fundamental consistía en persistir en la creación de la nueva Argentina económica, tarea a la que coadyuvaban principalmente los capitales extranjeros y las masas inmigradas. Estaba persuadido de que, hasta entonces, las luchas políticas, las apasionadas contiendas por el poder que tanto habían ensangrentado la historia argentina habían absorbido excesivamente las energías nacionales, y que ahora debían postergarse para dejar lugar a un esfuerzo colectivo y eficaz en favor del proceso de expansión económica en que el país estaba empeñado: su éxito debía realizar a la larga aquel ideal expresado por Alberdi y Sarmiento de modificar la fisonomía de la realidad nacional para impedir que otra vez cayera el poder en manos de los representantes de la “montonera”.

Julio A. Roca, presidente desde 1880 hasta 1886, resumió esta posición al erigir como lema de su gobierno el de “Paz y administración”.

Estas dos palabras estaban llenas de sentido en el momento en que fueron pronunciadas. “Paz” significa imponer definitivamente el régimen de respeto a la Constitución y a las leyes por sobre las pasiones mal controladas de los que aún no descartaban la posibilidad de apelar a la fuerza en las contiendas por el poder. “Administración” significaba, sobre todo, la promoción del desarrollo económico y la organización del Estado para servir a la convivencia de la comunidad, y especialmente a los grupos dominantes, para los cuales el acrecentamiento del país era no sólo motivo de orgullo sino también causa de beneficio.

Este doble propósito de asegurar la juridicidad y el progreso correspondía bastante exactamente al sistema de principios liberales y positivistas que predominaba en el ambiente intelectual de la época. Se perfeccionaba con el designio inequívoco de extender el orden liberal hacia otros campos, como por ejemplo, el de la conciencia individual, imponiendo el laicismo en la educación, e imponiendo la jurisdicción del Estado en ciertos dominios donde antes imperaba la Iglesia.

Pero tales designios políticos, que provenían de una imagen preconcebida de lo que debía llegar a ser la República, suscitaban seguramente no sólo la resistencia de unos sino también la indiferencia de otros. Contra tales reacciones, la oligarquía retomó una vieja actitud que ya había aparecido antes en las minorías cultas —la del “despotismo ilustrado”— y decidió imponer sus designios con prescindencia del consentimiento popular. El hábito de operar discrecionalmente sobre la realidad social se vio favorecido, sin duda, por el indiferentismo que difundió la incorporación a la sociedad argentina de millares de inmigrantes. De la voluntad de todos disponía —ahora más todavía que antes— un pequeño grupo que se constituía en árbitro del destino nacional; y tal tendencia se extremó por épocas a través de regímenes presidencialistas que transformaban en ficción todo el régimen institucional.

Quizá lo más característico del sistema fuera, como se ha señalado ya antes, que la certidumbre de la validez de sus fundamentos originara cierto desdén por quienes no podían comprenderlos. La oligarquía pretendió civilizar al país, pero se mantuvo ajena a las preocupaciones y modalidades de las masas populares, por las que manifestó un vago desprecio. Los problemas sociales, que en otras partes del mundo eran ya no sólo graves sino también visibles, apenas preocupaban a una oligarquía económica y política que, contando con una ilimitada mano de obra, creía imposible que se produjeran en el país fenómenos que ya se habían manifestado en muchos lugares de Europa como consecuencia del desarrollo industrial.

Sin duda no se produjeron en la Argentina movimientos sociales de las características de los que se habían observado en Europa, pero la perspicacia de Sarmiento —que advirtió la peculiaridad nacional de los conflictos sociales— no volvió a darse en ningún estadista; de modo que comenzaron a incubarse las previsibles derivaciones del ingente fenómeno inmigratorio, sin que nadie reparara en él. Muy pronto, sin embargo, se advertirían los primeros síntomas de un cambio profundo.

Como reacción popular frente al absolutismo presidencialista, frente a la política de círculos cerrados, frente al fraude electoral, frente a la inmoralidad administrativa, se organizó poco a poco el movimiento que cristalizó poco antes de 1890 y que buscó ese año una salida por la vía de la revolución. Si el pensamiento político de la oligarquía revela fácilmente sus fuentes y manifiesta su coherencia, las ideas de este otro movimiento que se le enfrentó resultan más difíciles de precisar. Hecho en parte de resentimientos o de reacciones frente a una situación dada, hay en su contenido mucho de crítica y de sanción, y muy poco, en cambio, de clara orientación creadora.

La condenación del “fraude y la violencia” que lanzó Mitre contra el régimen situó las reivindicaciones del nuevo movimiento en el plano político: exigió una democracia pura, en la que el sufragio libre consagrara la voluntad soberana de la mayoría, y un ejercicio del poder que fuera responsable ante la voluntad nacional. Exigir el cumplimiento efectivo del principio del sufragio universal era afirmar el derecho inalienable de las clases populares a imponer su voluntad por encima de las oligarquías que se creían legítimas destinatarias del poder no sólo a causa de su capacidad e ilustración sino también a causa de su antiguo predominio. Se trataba, pues, de una afirmación revolucionaria, puesto que exaltaba el derecho del paisano, del pobre y, además, del hijo del inmigrante y aun del inmigrante naturalizado. De ese modo se hacía cargo de un naciente problema social, que se relacionaba con la progresiva y veloz transformación de la sociedad argentina.

Se ha dicho que el movimiento que dio origen a la Unión Cívica y que se escindió luego para dejar paso, como la más importante de sus fracciones, a la Unión Cívica Radical, expresó más un sentimiento que una ideología precisa. Así era en la palabra exaltada de Leandro N. Alem y lo fue luego en la frase esotérica de Hipólito Yrigoyen. La afirmación es, pues, exacta, pero no debe olvidarse que tal sentimiento era, en cierto modo, resultado de una toma de posición frente a la realidad social, de acuerdo con la cual se invertían los valores y se otorgaba el goce de todas sus facultades a nutridos grupos de ciudadanos no considerados hasta entonces como de pleno derecho. Era un sentimiento, sí, pero un sentimiento que provenía de una convicción profunda acerca de las condiciones que prevalecían en la sociedad. Y aunque era sólo un sentimiento, entrañaba la decisión de ofrecer soluciones a los problemas sociales, limitada, es cierto, a la solución formal de considerar a todos los ciudadanos, cualquiera fuera su condición económica o su origen, en el mismo nivel político, sin descender a problemas más profundos que arrancaban de la sustancial y progresiva diferenciación de los distintos grupos sociales.

Esos problemas, principalmente económicos y acentuados con el desarrollo del país, se insinuaban ya en las últimas décadas del siglo, pero seguramente sólo eran perceptibles para los que estuvieran avisados del curso del movimiento obrero. Entre 1885 y 1889 visitó los países del Río de la Plata Enrique Malatesta y poco más tarde, en 1898, le siguió Pedro Gori, ambas figuras destacadas y brillantes del movimiento anarquista europeo. Sin duda ejerció fuerte influencia la presencia de los dos luchadores, y poco a poco, bajo la influencia del último, el anarquismo individualista se inclinó hacia la acción organizada a través de los sindicatos: L’Avenire y La Protesta Humana fueron sus periódicos de lucha. Por la misma época comenzaba el movimiento socialista con el que el anarquismo entró en inmediato conflicto. El Club Vorwärts agrupó en 1882 a los socialistas alemanes, y en su seno el ingeniero Germán Avé Lallement procuró indagar, con criterio marxista, las peculiaridades del desarrollo económico-social argentino; una reflexión ya madura vio la luz en las páginas del periódico El Obrero, explicando el significado de la revolución del 90. Poco después, en 1894, aparecía La Vanguardia como expresión del grupo socialista, que se constituyó como partido político dos años después, bajo la inspiración de Juan B. Justo. Como en el caso del anarquismo —con el que continuó luchando, a imitación de lo que ocurría en otros países— el socialismo se organizó también dentro de la ortodoxia doctrinaria. Describiendo la situación social argentina escribía Justo el 7 de abril de 1894 en el primer editorial de La Vanguardia: “Junto con esas grandes creaciones del capital, que se ha enseñoreado del país, se han producido en la sociedad argentina los caracteres de toda sociedad capitalista.

’’Suprimida toda solidaridad de sentimientos e intereses entre los patronos y los trabajadores, éstos, que antes disfrutaban con cierta libertad de los medios de vida que ofrece el país, tienen ahora que someterse a la dura ley del salario si no quieren morirse de hambre. El trabajador, despojado de toda otra cosa, no puede ofrecer, en cambio de los medios de subsistencia que necesita, más mercancía que su fuerza de trabajo; y esa fuerza de trabajo es comprada, como cualquiera otra cosa, por el capitalista al más bajo precio posible y en la cantidad que le conviene. La existencia de la población trabajadora viene así a depender de leyes idénticas a las que rigen la producción y el cambio de una mercadería cualquiera, la lana o las vacas por ejemplo. Como en el mercado de los cambios el valor natural de una mercancía cualquiera es señalado por su precio de costo, el valor natural de la fuerza de trabajo consiste en los medios de vida necesarios para producir esa fuerza. Es decir, el jornalero no recibe como recompensa el producto de su trabajo, ni un valor equivalente, sino la parte que le es estrictamente necesaria para mantenerse, para seguir sirviendo como animal de carga. Todo lo demás se lo apropia el capitalista, cuya ocupación principal es la de gastar ese exceso de bienes de una manera más o menos antisocial.” Y concluía diciendo: “¿Qué se propone, pues, el grupo de trabajadores que ha fundado este periódico? ¿A qué venimos?

“Venimos a representar en la prensa al proletariado inteligente y sensato.

“Venimos a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de la clase trabajadora; la jomada legal de ocho horas, la supresión de los impuestos indirectos, el amparo de las mujeres y de los niños contra la explotación capitalista, y demás partes del programa mínimo internacional obrero.

“Venimos a fomentar la acción política del elemento trabajador argentino y extranjero, como único medio de obtener esas reformas.

“Venimos a combatir todos los privilegios, todas las leyes que, hechas por los ricos en provecho de ellos mismos, no son más que medios de explotar a los trabajadores, que no las han hecho.

“Venimos a difundir las doctrinas económicas creadas por Adam Smith, Ricardo, Marx, a presentar las cosas como son, y a preparar entre nosotros la gran transformación social que se acerca.”

En la oposición contra la oligarquía liberal y positivista comenzó a intervenir desde 1880 otro factor que había de cobrar notable desarrollo: el sentimiento religioso vigorizado por la organizada acción de la jerarquía eclesiástica. Era aquél, sin duda, un sentimiento tradicional que todos respetaban, inclusive los grupos liberales que, desde la Revolución de Mayo, defendieron posiciones regalistas y pretendieron limitar la influencia del clero. Pero en las situaciones críticas ese sentimiento tradicional se había exacerbado, y había servido como lema de guerra: “Religión o muerte” había sido el de Quiroga y fue frecuente que los federales acusaran a los unitarios de impíos. Ahora, al renovar la oligarquía liberal y positivista la política civilizadora, inspirada en los movimientos laicos franceses, el sentimiento religioso se exaltó —y fue exaltado— otra vez y se tornó bandera de combate.

Fue la legislación laica la que desencadenó el problema. Los grupos católicos se sintieron vulnerados y se levantaron contra la intromisión del Estado en problemas que antes se reconocían como del fuero de la Iglesia. La jurisdicción de las dos potestades fue otra vez motivo de disputa, repitiéndose por una y otra parte argumentos que ya se habían esgrimido en la polémica en otros lugares. Y en el ardor de la lucha, las posiciones se extremaron y llegaron a formularse de la manera más rotunda.

Se habló de un plan de descristianización del país. En rigor, el Estado, de acuerdo con el plan civilizador, se limitó a avanzar en ciertos aspectos al compás de las orientaciones de los países que la oligarquía tenía por monitores de su acción, pero al hacerlo, comenzó a afirmar el principio de neutralidad religiosa. La ley consagró el principio del laicismo en la enseñanza y estableció el Registro Civil para documentar el estado y la situación de las personas, instaurando más tarde el matrimonio civil. Los sectores católicos resistieron a esas innovaciones. Obispos, sacerdotes y el propio nuncio apostólico manifestaron su oposición a tales medidas, y la opinión católica se dejó oír en el Parlamento, en la prensa y en las tribunas del Congreso Católico de 1884, de la Asociación Católica de Buenos Aires y de la Unión Católica.

Las figuras predominantes de ese movimiento fueron José Manuel Estrada y Pedro Goyena, a quienes acompañaron Miguel Navarro Viola, Tristán Achával Rodríguez, Emilio Lamarca, Manuel D. Pizarra y otros. Si algunos años antes había parecido posible a Estrada adherirse a los principios del catolicismo liberal, ahora, frente a las tendencias que adoptaba el Estado, creyó imprescindible sujetarse a la más severa ortodoxia y regir su pensamiento y su conducta de acuerdo con las directrices de Roma. Como Goyena y sus demás conmilitones, Estrada comenzó a anatematizar los “errores modernos” de acuerdo con la doctrina enunciada en el Syllabus y en las encíclicas papales que combatían el liberalismo; y sin vacilar se dejó arrastrar hasta las últimas consecuencias de su doctrina. “Si los medios se subordinaran a sus fines —decía Estrada en el discurso de clausura del Congreso Católico de 1884—, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición; o la soberanía de la Iglesia, íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy en día delante del Cielo y de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la República.”

La posición ultramontana ganaba así a las mentes esclarecidas, aun hasta la de los que hasta poco antes habían tenido cierta elasticidad para comprender las demás posiciones intelectuales y políticas. Y desde aquélla, las instituciones y los principios consagrados por las nuevas leyes resultaban condenados por razones trascendentales.

Pese a la resistencia de los grupos católicos, la legislación liberal se abrió paso decididamente. En materia educacional, sus fundamentos fueron expuestos ya con claridad en el Congreso Pedagógico convocado por el gobierno en 1882, en el que el proyecto de resolución presentado por Nicolás Larrain establecía el laicismo como norma para las escuelas del Estado. Los católicos procuraron, sin éxito, que el Congreso declarara que la educación del Estado tenía que ser de carácter católico, y tal contraposición de opiniones agitó los debates y preparó los ánimos para la lucha parlamentaria, que se lanzó al año siguiente.

No era, en rigor, sino una repetición de las discusiones suscitadas por las leyes Ferry en Francia. Los católicos apelaron a los argumentos de la encíclica Quanta Cura y del Syllabus; los liberales a las ideas que aquellos textos combatían y que eran ya patrimonio de todas las minorías cultas en todas partes. Finalmente, en 1884, quedó aprobada la ley 1420 de educación común, que sentaba el principio del laicismo, y con ella quedó afirmada la concepción liberal del Estado, que ya había sido defendida al discutirse en 1881 los “recursos de fuerza”. Al mismo tiempo se creaba el Registro Civil, que sustraía a la Iglesia la vigilancia de la situación de las personas, y algunos años más tarde, en 1888, se establecía el matrimonio civil.

Como en el caso de la ley de enseñanza laica, esta última ley suscitó nuevas y apasionadas discusiones. Volvió a sostenerse, como en 1884, que el país era católico, que católica era la Constitución, y que ninguna ley podía, en consecuencia, contradecir esa tendencia general de la sociedad y de su carta fundamental. Pedro Goyena defendió la tesis católica fundándose no sólo en la doctrina que justificaba la concepción del matrimonio como un sacramento, sino también en la opinión de que era injustificable que “una ceremonia meramente civil, laica, desdeñosa de Dios” tuviera el mismo valor y la misma categoría que la ceremonia religiosa. Como Estrada, insistió en la permanente sujeción del país a las tradiciones católicas; pero la hábil dialéctica y el fervor de los defensores de las tesis tradicionales fracasaron frente a la opinión mayoritaria del Congreso que compartía los criterios liberales del gobierno, sostenidos de manera eminente por Eduardo Wilde.

No era, sin duda, la opinión mayoritaria del país. Los liberales que inspiraban la nueva legislación formaban una élite, y Goyena la definió exactamente al decir que tales innovaciones provenían “de los consejos de gabinete, de un círculo de hombres cuyo mérito intelectual no juzgo ahora, cuya sinceridad no escudriño, pero que yo veía aislados del concurso de la comunidad…; y se llegó, bajo las apariencias modestas de la reforma de un artículo legal, a malear esta cosa santa, esta cosa fecunda para el bien, que se llama la escuela, donde se forma el alma del hombre futuro, el alma del niño, que junto a sus coetáneos es la patria del porvenir. Y yo no veía otra razón para operar ese cambio que el prurito reformista de algunos hombres públicos imbuidos en la lectura de escritores irreligiosos, y amigos de imitar recientes leyes extranjeras”. Acaso no se equivocaba el militante católico; pero la política liberal estaba destinada a establecer los cuadros para el país del futuro que se estaba formando, con desdén —a veces exagerado, por cierto— por el país tradicional.

La sanción de una ley de enseñanza popular correspondía a una preocupación profunda por el problema de la educación. Era la misma preocupación que Sarmiento había tenido durante toda su existencia y que había inspirado las páginas de Educación popular; ahora, en sus herederos, se mantenían algunos de los principios prácticos de quien había erigido en preocupación primera de su vida la de “educar al soberano”. Como criterio director de la actividad educacional, ninguno obraba tan enérgicamente sobre la acción como el de la exigencia social y política de elevar el nivel de civilización del país. Más que otra doctrina, la de la necesidad social de contar con hombres capacitados para la acción social y política mereció la atención de las minorías dirigentes porque así parecía exigirlo el programa civilizador.

Por eso se concentró la mayor atención alrededor de la enseñanza primaria. El mayor número posible de niños —y la totalidad, de ser posible— debían recibir no sólo las primeras letras sino también los conocimientos prácticos elementales para poder actuar con eficiencia en las actividades corrientes, servir al progreso colectivo, y capacitarse para entender los principios elementales de la vida democrática. Era, pues, una pedagogía guiada por preocupaciones prácticas la que inspiraba la educación primaria.

También lo fue la que inspiró la enseñanza secundaria, renovada en el país por Bartolomé Mitre, aunque ésta tuvo una orientación definidamente minoritaria. Los llamados “colegios nacionales” estuvieron destinados a la formación de pequeños grupos, “de modo que el saber condensado en determinado número de individuos obre en la masa de la ignorancia —había dicho Mitre en el Senado—, difunda en ella una ley más viva y sostenga con armas mejor templadas las posiciones desde las cuales se gobierna a los pueblos enseñándoles a leer y escribir, moralizándolos, dignificándolos hasta igualar la condición de todos, que es nuestro objetivo y nuestro ideal”. Sin duda era lo más a que se podía aspirar. El claro designio de elevar el nivel intelectual y social del país requería la formación de minorías, porque si no, “no tendríamos ciudadanos aptos para gobernar, legislar, juzgar ni enseñar, y hasta la aspiración hacia lo mejor se perdería porque desaparecerían de las cabezas de las columnas populares esos directores inteligentes, que con mayor caudal de luces, las guían en su camino y procuran mejorar su suerte animados por la pasión consciente del bien”.

Tal como fue concebida en su origen, la educación secundaria debía formar minorías cultas con una orientación decididamente humanística. Pero poco a poco se acentuó la tendencia al practicismo y la educación secundaria se orientó hacia la capacitación utilitaria del individuo. Aun cuando seguía sirviendo para la formación de una minoría, la enseñanza secundaria buscó satisfacer las necesidades inmediatas del individuo con un enciclopedismo superficial; muy pronto la influencia positivista se hizo sentir activamente, irradiándose desde la Escuela Normal de Paraná un sistema de principios de vigorosa ortodoxia que alcanzaría a todos los grados de la enseñanza. De inmediato se concentraron los fuegos sobre la concepción humanista de la enseñanza, y las primeras víctimas fueron las lenguas clásicas, que desaparecieron de los programas. Contra esa medida protestaron primero Paul Groussac y más tarde Juan Agustín García. Fundaba el primero sus opiniones en favor de la cultura clásica en razones de orden social: “En proporciones relativamente mayores y más rápida que los Estados Unidos —escribía Groussac—, la República Argentina ha venido a ser la encrucijada de las nacionalidades. Tan violenta ha sido la venida inmigratoria, que podían llegar a absorber nuestros elementos étnicos. Están sufriendo una alteración profunda todos los elementos nacionales: lengua, instituciones políticas, gustos e ideas tradicionales. A impulsos de un progreso spenceriano, que es realmente el triunfo de la heterogeneidad, debemos temer que las preocupaciones materiales desalojen gradualmente del alma argentina las puras aspiraciones, sin cuyo imperio toda prosperidad nacional se edifica sobre arena. Ante el eclipse posible de todo ideal, sería poco alarmarnos por el olvido de nuestras tradiciones: correría peligro la misma nacionalidad. Es tiempo de reaccionar contra la tendencia funesta y si ésta no fuera la hora propicia, sería porque habría pasado ya. Y es, sin embargo, esta hora suprema la que algunos eligen para ensalzar la educación utilitaria que nos ha traído donde estamos, y atajar la cultura clásica, que por sí sola constituye una escuela de patriotismo y nobleza moral.”

El practicismo se tradujo en la enseñanza universitaria en una orientación decididamente profesional. Tanto en la Universidad de Córdoba, nacionalizada durante la presidencia de Urquiza, en 1856, como en la de Buenos Aires, nacionalizada durante la de Roca, en 1881, las escuelas profesionales fueron el cuerpo fundamental de la institución. Pese a eso, en 1896 pudo fundarse en la de Buenos Aires la Facultad de Filosofía y Letras, como sede de estudios desinteresados, donde se enseñaron las teorías positivistas en boga, a las que se sumó poco después el neokantismo.

El practicismo, con todas sus limitaciones, era, empero, la actitud propia de una sociedad embriagada por una prodigiosa aventura económica. Como ante una invocación mágica, el país, antes de menguada riqueza y como estancado en su desarrollo, había comenzado a producir bienes que multiplicaban las fortunas de propios y extraños. Enriquecerse fue una obligación social, porque quien se enriquecía y creaba riqueza servía los planes de engrandecimiento del país, contribuía a su crecimiento y facilitaba su rápido ascenso hacia el acariciado ideal de país civilizado de tipo europeo. Por lo demás, la presión de los extranjeros, radicados todos en el país en persecución de la riqueza, contaminaba a los nativos y los incitaba a encaramarse en el proceso. Las circunstancias exigían no ignorar la tendencia general de la sociedad.

El fenómeno —justo es decirlo— no era solamente local: análoga tendencia revelaba la sociedad en el resto del mundo, en el momento en que se lanzaba la política económica del gran imperialismo. En todas partes la actividad económica alcanzó no sólo una enorme importancia sino también una altísima jerarquía que la situaba como una de las actividades fundamentales del hombre. Quizá contribuyera a ello la magnitud que alcanzaba la aventura económica en el mundo y las transformaciones que esa aventura originaba en la vida, debido a que ese desarrollo económico correspondía al período de expansión de la civilización técnica en vastas y unificadas áreas.

Como en otros lugares, en la Argentina pareció incontestable que la misión de la hora tenía que ser incluir el desarrollo económico local en la vasta órbita del desarrollo económico de las grandes potencias que se habían lanzado resueltamente por la vía del desarrollo industrial. Si hasta la caída de Rosas —y aún más tarde— el país había limitado sus exportaciones a los cueros y al tasajo, la renovación de la política económica propiciada por los teóricos de la mutación acelerada, como Alberdi y Sarmiento, permitía ahora producir lanas, carne vacuna y cereales en condiciones de calidad y cantidad tales como para transformarlo en un mercado de primera magnitud. Imposibilitado de adquirir de inmediato la capacidad industrial necesaria como para alcanzar por sí el grado de progreso material que cada generación pretendía, el país tenía que apresurarse —según los espíritus renovadores— a entrar en relación con las potencias que podían proveernos de los elementos necesarios para promover nuestro desarrollo y abastecernos de productos manufacturados. Esa relación no podía ser sino el resultado de una integración económica, en cuyo juego la Argentina debía ingresar como proveedora de materias primas de algunas de las grandes potencias industriales.

Si se lograba dar ese paso, la Argentina habría ingresado en la órbita del mercado mundial; y eran tales las ventajas que tal paso ofrecía, que fue dado resueltamente; y, por la acción deliberada de las minorías dirigentes, la Argentina entró de lleno en el área económica de Inglaterra.

En 1887, al abandonar la presidencia de la República, el general Roca decía en un banquete que le ofreció en Londres la casa bancaria Baring Brothers: “He abrigado siempre una gran simpatía hacia Inglaterra. La República Argentina, que será algún día una gran nación, no olvidará jamás que el estado de progreso y prosperidad en que se encuentra en estos momentos se debe, en gran parte, al capital inglés, que no tiene miedo a las distancias y ha afluido allí en cantidades considerables, en forma de ferrocarriles, tranvías, colonias, explotación minera y otras varias empresas.” Era la sensación y el juicio de las minorías que, al tiempo que se enorgullecían del acelerado progreso que alcanzaba el país, se enriquecían con la valorización de sus tierras y con la exportación de sus productos.

Frente a las posibilidades infinitas que ofrecía un suelo feraz y de inmejorable clima, el Estado no vaciló en girar sobre el futuro. Pensó que podía otorgar concesiones y solicitar empréstitos sin límite, aun corriendo el albur de provocar a corto plazo situaciones difíciles. Lo importante era traer capitales para despertar las riquezas dormidas. Para el intercambio, adoptó una política resueltamente librecambista, a pesar de la opinión y las demandas de los pequeños grupos industriales, reunidos y organizados desde 1887 en la Unión Industrial Argentina, patrocinada por Carlos Pellegrini. El Estado y las minorías que le prestaban su inspiración compartían los principios fundamentales del liberalismo económico y los aplicaban deliberadamente. El presidente Juárez Celman expuso su pensamiento doctrinario en el mensaje del año 1887: “Desde luego —decía en ese documento—, la explotación de los ferrocarriles no constituye una función del Estado; ella no tiene el carácter de los atributos que le son inherentes y que no pueden desprenderse de la soberanía, tales como la administración de justicia, la acuñación de moneda, la sanción de las leyes, la defensa nacional y demás, que constituyen la esencia del poder público. La confusión depende, como lo exponen pensadores y sociólogos, de una errada concepción de los deberes y derechos del Estado. La acción del Gobierno es indispensable como inicial allí donde ningún interés particular puede llevar a cabo obras de cierta magnitud, pero esta necesidad se hace discutible desde que aparecen los datos opuestos.” Y agregaba más adelante: “Lo que conviene a la Nación, según mi juicio, es entregar la industria privada, la construcción y explotación de las obras públicas que por su índole no sean inherentes a la soberanía, reservándose el gobierno la construcción de aquellas que no puedan ser verificadas por el capital particular, no con el ánimo de mantenerlas bajo su administración, sino con el de enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias oportunas a fin de recuperar los capitales invertidos para aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación de su deuda o a la consrtucción de nuevas obras reproductivas o necesarias para la administración.”

Este pensamiento presidió, en general, la política económica del Estado, con aprobación de los grupos económicos vinculados al comercio de explotación e importación, y con la pequeña resistencia de los nacientes grupos industriales. Empero, ante la crisis económica producida por la especulación y, sobre todo, por el desequilibrio financiero creado por la ingente y rápida introducción de capitales a cuyos intereses y amortizaciones había que hacer frente, el Estado intentó al año siguiente del citado mensaje de Juárez Celman quebrar su línea de conducta e intervenir en la actividad económica privada. El ministro de Hacienda, Rufino Varela, pretendió en 1888 contener la subida del oro y la depreciación del papel moneda mediante una disposición según la cual se prohibía a la Bolsa de Comercio practicar operaciones de compra y venta de oro. La medida causó sensación. La Bolsa resistió la disposición ministerial, las opiniones relacionadas con el mundo de los negocios apoyaron la conducta de la Bolsa y, finalmente, el ministro se vio obligado a renunciar.

El fracaso confirmó la tesis liberal, cuyos principios siguieron presidiendo la función del Estado en relación con la actividad económica privada.

En rigor, el Estado provocaba a conciencia un régimen de déficit, porque juzgaba preferible acelerar el proceso técnico del país a no contenerlo por temor a los desequilibrios inmediatos de la balanza comercial. El progreso técnico implicaba una política demográfica y una política inversora. La política demográfica consistió en omitir escrúpulos e introducir cuanto antes el mayor número posible de inmigrantes. En rigor, no consistía mucho más que en eso, pues los innumerables problemas que hubiera suscitado un plan de radicación de inmigrantes que supusiera además una selección de las actividades económicas preferibles y una distribución geográfica adecuada, tanto de esas actividades económicas como de la población inmigrante, fueron omitidos ante la presión de la avalancha y, en cierto modo, por el apremio de ciertos grupos económicos por poseer mano de obra barata. Por su parte, la política inversora estuvo presidida por la certidumbre de que el país produciría alguna vez riquezas suficientes como para reembolsar cualquier inversión productiva, sin calcular su monto. Esa confianza ilimitada en el porvenir económico del país —y en la perduración de la demanda de sus materias primas— movió a acelerar las inversiones para provocar el progreso técnico del país con un ritmo que no podía ser el de las rentas que las inversiones produjeran. Casi podría decirse que el país marchó adrede hacia el desequilibrio de la balanza de comercio, en el afán de no moderar el ritmo de su engrandecimiento y modernización.

La Bolsa, la novela en la que Julián Martel glosaba las duras experiencias derivadas de las convulsiones financieras de los últimos años, procuró reflejar no sólo las condiciones de la sociedad sino también el estado de ánimo propio de los hombres de su generación, dentro de un cuadro que quería ser fiel expresión de la realidad.

Porque el realismo era la estética en boga.

Sin duda, la década que transcurre entre 1880 y 1890 ofrece algunos rasgos que la asemejan a la época del Segundo Imperio en Francia. La rápida transformación de la sociedad a causa de las posibilidades de enriquecimiento que se le presentaron a ciertos grupos, el lujo y el desorden que predominaban en los círculos más poderosos y la inestabilidad que amenazaba a los que tenían menos recursos, daban a la “gran aldea” un aire singular de sociedad anormal, alterada en su desarrollo por causas adventicias. El proceso parecía tentador para el observador curioso; pero lo era más para el artista que había comenzado a pensar que su misión consistía en reflejar fielmente el ambiente social. Bajo la influencia de Flaubert, de los Goncourt o de Daudet, bajo la de Millet o la de Courbet los pintores, la consigna de la hora —un poco retrasada, por cierto, con respecto a Europa— fue transcribir los fenómenos de la realidad en toda su crudeza, estudiando lo que se llamaba el documento humano mediante una observación rigurosa de la que se deseaba descartar en cuanto fuera posible la imaginación creadora. Balzac en cierto modo, y Taine, habían sido propulsores de esta estética a la que seducían los aspectos concretos, sensuales, instintivos de la vida. La filosofía positivista estimulaba esta actitud antisentimental como una escapatoria de los problemas íntimos y una inmersión en los problemas colectivos, un poco groseros pero decisivos tanto para el destino individual como para el destino común.

Al comenzar el gobierno de Roca, la nueva creación literaria y plástica puso inequívocamente de manifiesto su abandono de la tradición romántica —que aún sonaba en los versos de Olegario V. Andrade— y su preferencia por la estética realista. Eugenio Cambaceres publicó en el curso de la década Pot-Pourri, Música sentimental, Sin rumbo y En la sangre, novelas todas en las que reflejaba la incesante marea de las pasiones que azotaban la vida nacional, antes recoleta y moderada. Por entonces exponían sus obras los escultores Francisco Cafferata y

Lucio Correa Morales y los pintores Angel Delia Valle, Augusto Ballerini, Cándido López y José Bouchet. También ellos seguían la vía del realismo, con influencias francesas e italianas; pero en tanto que la novela, con Martel, Cambaceres, López, Ocantos o Sicardi, tendía a apoyarse en lo anecdótico y en una suerte de color local, la plástica utilizaba o temas europeos o temas históricos.

Hubo una literatura de viajes que también gustó de demorarse en los temas europeos. Mansilla, Santiago Estrada, Cané, García Merou relataron con inocultable nostalgia sus impresiones de los países que visitaron, maravillados por su esplendor, su pujanza o la finura de su espíritu. El realismo tenía una posibilidad de nostalgia. Si la plástica la satisfacía remedando el ambiente o los temas tradicionales de la pintura europea, la literatura buscaba la descripción directa. A veces, todavía llegaba a transferir los ambientes europeos a relatos porteños, cuyo marco resultaba a causa de ello convencional y artificioso. Y la nostalgia empujó también en sentido inverso hacia el tema del indio y del gaucho, en el que buscaron su camino Estanislao Zeballos, Eduardo Gutiérrez y Martiniano Leguizamón.

El realismo —el naturalismo, que poco a poco comenzaba a difundirse— entrañó en más de un autor cierto escepticismo y cierta amargura. El suicidio fue un tema frecuente y la angustia encubierta en el destino personal una nota permanente en la creación. Acaso porque el creador sentía su inadaptación en un país alucinado por la aventura económica, el realismo constituía la estética adecuada para aferrarse y huir de la realidad al mismo tiempo.

Escribía Sicardi en el prólogo de Libro extraño: “Porque es necesario que los hechos tengan sitio, fecha y criaturas, escribo estos capítulos del libro, que lleva por esto mismo en la entraña la simiente de la muerte, porque en el arte, no tienen vida duradera, sino las cosas sobrehumanas, que en todo tiempo y lugar sean reflejo de verdad. Requiescat in pace. Se irá en el montón, en buena compañía, a descansar en la huesa, que el olvido abre todos los años para los que escriben. Yo tengo conmiseraciones, llenas de respeto, por todas las ideas que se arrojan a la pelea diaria, y muy en mucho los campeones esforzados, que defienden iracundos la brecha, erguidos sobre el escombro… Me acerco a ellos siempre, leo sus libros, veo cómo se enflaquece el vigor intelectual, que echa a la hoguera sus aristas de diamante pulido y cómo sepulta el hombre todas las exuberancias pasionales de nuestro espíritu. Escribo a pesar de todo, con caricias en la frase y plasmo, en los soliloquios de creación, las figuras, que cruzan sonriendo la zona sombría del pensamiento. No hay frío en la pluma, ni desesperaciones: y, cuando resbala y cruje sobre el papel, saltan chispas de alegría, porque otros se emborrachan de alcohol y nosotros de visiones: es lo mismo. Lo importante es que el tiempo, que no puede llenarse siempre de trabajo material, pase en alguna forma, aunque sea poblado de deleznables fantasmagorías —el tiempo, que es tan largo, cuando la inercia y el tedio penetran los huesos… No importa lo que suceda después; escribamos. Sé que el sepulcro está siempre con la tapa de mármol levantada y pendiente en actitud de caer… pero yo digo que esos libros muertos, que han enriquecido nuestra inteligencia con el esplendor de sus pasiones, son los amigos desinteresados de las horas solitarias; y a medida que se van borrando de la memoria humana, se concentran y retiran en tropel y entran por las puertas iluminadas de nuestras casas, como hijos pródigos que vuelven moribundos de la lucha a buscar otra vez el seno tibio de nuestros cariños. Yo los he visto después, en las urnas, donde están guardadas las cenizas de los dioses tutelares, al lado de los retratos, sobre el escritorio de los hijos. ¡Sobrado galardón es éste! ¡Qué bien están los libros muertos allí!… Porque el arte no vive, si es estéril vanidad y exhibición burda y fugaz; pero es eterno, cuando es fragua calentada en todos los amores del corazón, cuando, hecha de dolor y de recuerdos, diseca una por una las tristezas del espíritu humano. ¡No haya miedo, hermanos míos; dejad esa síntesis a vuestros hijos, aunque no viva fuera nunca!

“Allí bien guardados, dentro de las cuatro paredes, donde han sido escritos, tienen la vida inmortal, a pesar de todos; y, cuando suenan las alegrías de íntimos festivales, siempre hay quien estira la mano a recogerlos. Yo he visto estas familias… En la noche del santo de los padres, se reúnen todos alrededor de la mesa con esos libros, que son a veces la única herencia… Los genios amables del hogar, con alas blancas y grandes, se ciernen en la atmósfera tibia y la vieja sobreviviente está sentada en la cabecera. Tiene en los ojos pensativos toda su historia de alma resignada y tranquila, mientras los mayores, con tez morena y ojos negros, leen en voz alta las páginas adorables… Pasa el alma del padre en los rasgos extraños y los arabescos y las curvas y los círculos y las líneas de las letras… formando rayas pequeñas y grandes, separadas por blancos espacios, que van cantando apresuradas, las unas después de las otras, las divinas estrofas, mientras su sombra melancólica vaga por los comedores, donde se sienten ruidos de besos cariñosos.” Esta sensibilidad encendida era la de su generación, volcada a la defensa de una vocación irreprimible en un ambiente estremecido por la fiebre del oro y las bruscas transformaciones de la sociedad.

Capítulo segundo

EL ESPÍRITU DEL CENTENARIO

A medida que finalizaba el siglo xix se acentuaban los signos de la transformación que se operaba en el ambiente social e intelectual del país. El vasto movimiento de disconformismo político que se había manifestado a través de la conmoción de 1890 en Buenos Aires crecía y se diversificaba, alcanzando a todos los aspectos de la vida nacional y definiendo cada vez más sus caracteres. Quienes constituyeron entonces la promoción de los disconformistas y de los rebeldes —tanto en la política como en el pensamiento— comenzaron a gravitar un decenio más tarde en la vida del país, proporcionándole a su existencia colectiva algunos matices diferentes.

Este nuevo giro que tomó el curso de las ideas mantuvo su dirección durante los primeros quince años del siglo, aproximadamente, y encontró su expresión simbólica en el espíritu que presidió las fiestas de celebración del Centenario de la Independencia, en 1910. El “espíritu del Centenario”, nacido de múltiples factores se incubó a partir de la crisis que la oligarquía predominante sufrió en 1890, tanto en su estabilidad política y social como en sus convicciones y perspectivas. Y a lo largo de los gobiernos de Julio Argentino Roca —en su segunda presidencia—, de Manuel Quintana, de José Figueroa Alcorta y de Roque Sáenz Peña, se lo vio madurar, expresa Jo un vigoroso aunque contradictorio sentimiento colectivo, y diluirse luego en la marea de nuevas fuerzas y nuevas influencias que comenzaron a advertirse al coincidir el triunfante ascenso político del radicalismo con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.

No se crea, empero, que el espíritu del Centenario constituyó una corriente esencialmente contradictoria con respecto a las que predominaban hasta entonces. Por el contrario, las continuó en lo fundamental, pero vigilándolas severamente en sus deformaciones posibles y en sus vertientes peligrosas, bajo la impresión de los clamores que comenzaron a escucharse en 1889 y que volvieron a oírse una y otra vez en los años siguientes. Se fortaleció por entonces lo que Alejandro Korn llamó el “positivismo nacional”; pero las minorías —especialmente los grupos intelectuales, ahora un poco escépticos y alejados de la política— creyeron que la tradición positivista y liberal no tenía por qué conducir necesariamente a un estado de inmoralidad colectiva y a un estancamiento intelectual, y se convencieron, por el contrario, de que tales corrientes podían conducir hacia un progreso general que, en la Argentina, debía necesariamente tomar formas acentuadas y definidas: no sólo las de un progreso material sino también espiritual. Juan Agustín García, que será una de las figuras eminentes de este período, dijo en el solemne discurso pronunciado en la colación de grados de la Facultad de Derecho de Buenos Aires del año 1899: “Si al pensar en el porvenir de la República la imaginara como una colosal estancia cruzada de ferrocarriles y canales, llena de talleres, con populosas ciudades, abundante en riquezas de todo género, pero sin un sabio, un artista, un filósofo, preferiría pertenecer al más miserable rincón de la tierra, donde todavía vibra el sentimiento de lo bello, de lo verdadero y de lo bueno.”

En el fondo, tanto las minorías intelectuales como las nuevas promociones de políticos percibían no sólo la presencia de algunas nuevas ideas sino también de ciertos imprecisos anhelos en el seno de una colectividad que mudaba su fisonomía de manera inequívoca. El país se transformaba visiblemente; y así como subsistía el ideal del progreso material, nacían a su vera nuevas aspiraciones suscitadas por las alternativas del cambio de la realidad social y espiritual del país.

Las minorías intelectuales acusarían desde 1900 la influencia del Ariel de José Enrique Rodó, cuyo contenido exaltaba la función de la inteligencia y afirmaba el principio de la aristocracia del espíritu. Entretanto, ciertas minorías sociales, que formaban parte de la oligarquía política pero que comenzaban a sentir ciertas preocupaciones por su propia situación en el complejo social, empezaron a examinar con nuevos ojos el problema de la convivencia social en el país. Carlos Pellegrini, Joaquín V. González, Roque Sáenz Peña representaban eminentemente este sector. Ciertamente, la situación de la vieja oligarquía era cada vez más difícil. El aluvión inmigratorio seguía creciendo y desbordaba los cauces de la vieja sociedad criolla, en la que introducía nuevos elementos y provocaba nuevas combinaciones sociales de imprevisibles consecuencias. Una nueva clase media se constituía poco a poco con elementos diversos y con una distinta concepción de la vida, y al aparecer y al acentuar su gravitación en la vida nacional, ponía al descubierto la creciente ilegitimidad de la autoridad que ejercía la vieja oligarquía.

Este fenómeno se puso de manifiesto cada vez más desde la revolución de 1890. Hasta ese momento, los conflictos armados —como el de 1874 o el de 1880— enfrentaban fracciones de la misma clase social que disputaban entre ellas el poder dentro de un sistema político en el que valían ciertas reglas convencionales de juego; pero el movimiento disconformista que condujo a la rebelión armada de julio de 1890 reveló la existencia de distintas proyecciones sociales detrás de las fracciones oligárquicas en lucha. La clase media, que se renovaba y reorganizaba poco a poco, buscaba una salida apoyando a aquella fracción de la oligarquía que mejor parecía defender sus ideales y, desde entonces, la misión de la oligarquía y sus métodos quedaron sometidos a revisión. Ya se verá cómo esta actitud engendró tendencias encontradas en el seno de una clase que, habiéndose tenido por liberal y progresista hasta entonces, se halló convertida desde ese momento en la fracción conservadora de la sociedad.

Quedaron, así, enfrentados quienes consideraban legítima y quienes consideraban ilegítima la situación de predominio de la vieja oligarquía. Por su parte, la clase media no formaba tampoco un grupo compacto. Poco a poco, sobre el tronco de la vieja clase media criolla, de escasa influencia y significación, se había comenzado a sentir la gravitación de los grupos inmigrados que, habiéndose localizado en las ciudades y habiéndose entremezclado con los grupos nativos, habían alcanzado un alto nivel económico y, con él, habían logrado activar la función general de la clase media. Pero, aunque en su conjunto, tenía frente a la oligarquía una situación general de hostilidad, la clase media no mostraba una gran coherencia interna en sus ideas y actitudes, precisamente porque su composición social era confusa e inestable. Radicaba en ella el germen fundamental del disconformismo, pero las soluciones que parecían deseables variaban según los distintos sectores, y debían seguir variando según las alternativas de la integración de los grupos inmigrados en el complejo social autóctono.

Si esta última circunstancia robaba eficacia a la renovada clase media, más aún influía sobre las clases populares. Formaban éstas un conglomerado de caracteres cada vez más confusos, en el que los designios tradicionales se habían visto sacudidos por la agresiva preocupación económica de los grupos inmigrados que se habían proletarizado. Sólo algunos pequeños sectores demostraron tener ideas claras en cuanto a su posición social en el cambiante complejo nacional; pero el mayor número aspiró resueltamente al ascenso de clase por el camino del éxito económico, tras el cual corrieron millares de hombres, anhelantes de hallar lo que habían venido a buscar a América, e indiferentes en su gran mayoría a la suerte de la colectividad a la que se habían incorporado.

En esa lucha fracasaron muchos y las clases populares acentuaron su aire proletario; comenzó así a tomar una fisonomía moderna, como no la tenía hasta poco antes. De la mezcla de los recién llegados y de los nativos sacó el suburbio de Buenos Aires su aspecto peculiar, y allí nació el tango, acaso la expresión más fiel de una sensibilidad que fue conquistando cada vez más adeptos. Almafuerte cantó las miserias y las grandezas de ese grupo social al que la vieja oligarquía llamaba despectivamente la “chusma”; la palabra tomó en labios del poeta un significado diferente, en el que rezumaban el resentimiento y la legítima indignación que casi nadie alcanzaba a ver cuando Almafuerte los descubrió. Él mismo se sentía surgido de esa clase despreciada:

Aquí salgo del seno proficuo

De la cósmica chusma sagrada,

Como surgen los rudos poceros

Ungidos en greda del pozo que cavan Con el acre sabor de la simple,

Desolante sentencia judaica:

La ansiedad de la luz en los hombres Recién aparece después que se sacia.

En términos dramáticos definía Almafuerte la peculiaridad de ese grupo:

Jadeante, grotesca, inasible,

Por tenaz, por insólita y vaga,

Soportando por siglos de siglos,

Minuto a minuto la cúpula humana:

Así está la misérrima plebe,

La inmortal, invencible alimaña

Que los tercos lebreles vigilan

acosan y aturden y aprietan y aplastan.

Esta plebe —la “chusma sagrada”— comenzaría poco a poco a precisar la fisonomía y, ante el asombro de los desprevenidos, exigiría su lugar en la vida pública. Muy poco después, en un primer rapto de entusiasmo nacionalista, Leopoldo Lugones —en el estudio que tituló El payador— proclamaría epopeya nacional al casi olvidado Martín Fierro de José Hernández.

El aspecto heteróclito y los rasgos confusos y contradictorios de la realidad social argentina, atrajeron la atención de los espíritus inquietos y reflexivos hacia los problemas sociológicos. Acaso pueda llegar a decirse que el sociologismo orientó las preocupaciones intelectuales de este período —como, por lo demás, ocurría en Europa—, fijando alrededor de su problemática las más profundas y vivientes preocupaciones. A diferencia de los hombres de la generación del 80, ahora los grupos a los que atraía el trabajo científico acusaban cierta displicencia con respecto a la política. Pero en la medida en que abandonaban la acción —por la que no ocultaban cierto desdén— los grupos intelectuales satisfacían su necesidad de militancia en una crítica insobornable de la actividad política concreta y en un esfuerzo por indagar las fuerzas secretas que la movían y le prestaban sus rasgos peculiares. El sociologismo fue, así, un sustitutivo de la acción, algo así como una política crítica y ejercitada desde cierta distancia, pero cuya intención distaba mucho de proyectarse hacia la utopía y movía más bien los ánimos hacia una comprensión de las realidades profundas, en cuya entraña debía obrarse si se aspiraba a actuar sobre las relaciones de convivencia.

Fue usual que se distinguiera como primer síntoma de la conmoción social lo que solía llamarse la “crisis moral”. Lucio V. Mansilla, que se había expatriado tras la revolución de 1890, volvió al país en los primeros años del siglo y señaló, entre confundido y alarmado, la pérdida de los tradicionales “estambres morales” de la Argentina criolla. El hecho se imponía, y hasta quienes evolucionaban dentro del ambiente local lo advertían. Acaso fue Agustín Álvarez el más severo censor de una sociedad que juzgaba enferma y cuyos males denunciaba con tanta entereza como perspicacia. Ricardo Rojas decía en La restauración nacionalista que “la desnacionalización y el envilecimiento de la conciencia pública han llegado a ser ya tan evidentes que han provocado una reacción radical en muchos espíritus esclarecidos de nuestro país”. Pero fue sin duda Juan Agustín García quien enfocó el problema con más rigor científico, acomodando a sus inquietudes ciudadanas sus preocupaciones intelectuales. Escribía en la Introducción a las ciencias sociales argentinas: “La sociología debe ser una ciencia nacional. El primer problema es determinar las fuerzas sociales que en las diversas épocas han presidido la evolución argentina”. Este designio orientó su actividad de historiador y de sociólogo y culminó en La ciudad indiana. Fue hombre de extremado rigor en la investigación y de suma prudencia en las generalizaciones; pero tenía una contenida pasión por el tema de su país y de su época. Era explicable, pues el espectáculo, en Buenos Aires sobre todo, convidaba a la reflexión por la novedad de los hechos y la magnitud de sus repercusiones posibles. Por entonces señalaba Carlos Octavio Bunge en Nuestra América que la población argentina se dividía en tres grandes sectores: la antigua clase directora residente en las grandes ciudades, la gente rural del interior, y el elemento inmigratorio radicado preferentemente en el litoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Las relaciones entre los tres sectores se modificaban a simple vista y en términos extremadamente variables, de modo que no sólo era dado observar las mutaciones en la fisonomía del conglomerado social sino también percibir los cambios en las reacciones emocionales de los distintos grupos frente a las incitaciones del ambiente colectivo. Las actitudes de los observadores del fenómeno variaban considerablemente. El propio Bunge podía decir esta frase significativa: “El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean!— han diezmado a la población indígena y africana de la provincia capital, depurando sus elementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos.” Para otros —como Agustín Álvarez— la peor calamidad residía, precisamente, en esa tradición española que Bunge, por su parte, consideraba estimable; y muy pronto otros creyeron que el cosmopolitismo surgido de la inmigración arrastraba a gravísimos peligros a la sociedad argentina: Ricardo Rojas, en La restauración nacionalista, señalaba los riesgos por los que atravesaban entonces la familia, la lengua, el país todo.

Estas preocupaciones fueron, pues, las que impulsaron las inquietudes intelectuales hacia los grandes planteos de la sociología, y en los grandes sociólogos europeos se trató de hallar el método de análisis e interpretación de una realidad tan original. Comte y Spencer fueron, naturalmente, los autores más solicitados, y a cada uno de ellos dedicó Ernesto Quesada una monografía destinada a difundir su pensamiento. Circulaba por entonces, dirigida por Estanislao S. Zeballos, la Revista de Derecho, Historia y Letras, en las que tales materias hallaban excelente acogida. Y tanto Quesada, como Antonio Dellepiane, Juan Agustín García, Carlos Octavio Bunge y Alfredo Colmo, publicaron en los primeros años del siglo tratados y monografías sobre el estado de la sociología y de la psicología social en el cuadro del saber europeo. La influencia de L’anné sociologique era notoria. A los nombres de Comte y Spencer se agregaban los de Le Play, Vignes y Le Bon, y luego, poco a poco, los de Durkheim, Lévy-Bruhl y Simmel. La teoría de Taine sobre la influencia del medio ambiente y las ideas histórico-filosóficas de Renán y Fustel de Coulanges nutrían también el pensamiento de quienes buscaban las herramientas adecuadas para penetrar en el misterioso y seductor problema de la vida social argentina en un momento de audaces experimentos. Las tres proposiciones sentadas por Bunge en la Introducción de Nuestra América pueden considerarse como típicas del pensamiento de su generación y de su grupo: a) Cada pueblo posee una psicología social propia; b) La psicología colectiva de cualquier sociedad, aunque susceptible de transformaciones evolutivas, es relativamente neta y estable, y c) Las cualidades típicas que constituyen la psicología social de un pueblo no son privativas de él sino en cuanto a su intensidad y forma. Desde estos presupuestos emprendieron el análisis de su país y de su tiempo.

El hecho que los sociólogos consideraron más significativo fue la singular mecánica política en uso por entonces en el país. Por la originalidad de sus rasgos se la llamó “política criolla”, y precisamente cuando el fundador del socialismo, Juan B. Justo, la fustigaba y procuraba contrarrestarla en la acción, Carlos Octavio Bunge creía definirla con estas palabras: “Llamo política criolla a los tejemanejes de los caciques hispanoamericanos, entre sí y para con sus camarillas. Su objeto es siempre conservar el poder, no para conquistar los laureles de la historia sino por el placer de mandar.” El fenómeno era de larga data, pero había adquirido nueva fisonomía en el país tras el ingreso de los crecidos grupos de inmigrantes, porque había cambiado el tipo de las clientelas políticas y también el tipo de las relaciones de dependencia. Un nuevo caciquismo se organizaba, y con él una nueva “política criolla”. El sociólogo se afanaba por descubrir sus rasgos con objetividad, y aunque con frecuencia se traslucía cierta actitud aristocratizante que alguna vez permitió juzgar como “reaccionariamente democrática” una política que trataba de apoyarse en las clases populares, el criterio predominante fue el de justificar el fenómeno a través de las peculiaridades del medio ambiente.

La teoría del medio debía tentar a sociólogos que se enfrentaban con un proceso de transformación provocado por el acceso de numerosos grupos de inmigrantes al seno de una comunidad de definida tradición. Para el sociólogo, para el político y para el observador vulgar, el dilema que se ofrecía a la vida argentina era simple pero decisivo: o la sociedad criolla absorbía plenamente al conglomerado inmigratorio o éste disolvía la sociedad tradicional. Pero los grupos intelectuales de comienzos del siglo, como herederos directos de la generación del 80 y nietos de la generación que había organizado el país desde 1852, pensaban que la sociedad tradicional tenía defectos gravísimos, heredados todos —según opinaban muchos— de la tradición colonial española. Hubo por entonces, ciertamente, un fuerte movimiento antihispánico, pues se atribuía a la Iglesia católica, a las supersticiones y aun a las costumbres españolas, el escaso desarrollo económico del país y la perduración del ambiente colonial: tal era, sobre todo, el punto de vista de Agustín Álvarez y de Juan Agustín García. “Los extranjeros —escribía el primero en 1904— nos han mejorado infinitamente menos por la sangre que han mezclado con la nuestra, que por las ideas y los sentimientos superiores que han aclimatado en nuestro espíritu, y por la influencia que esto ha ejercido en nuestro entendimiento de la vida.” La gran preocupación de Agustín Álvarez era, precisamente, que el medio ambiente de tradición española concluyera por absorber la inmigración extranjera. Carlos Octavio Bunge, en cambio, creía que esta absorción, que estaba seguro que había de producirse, sería beneficiosa para el país, “pues ese elemento inmigratorio —escribía— una vez nacionalizado y acriollado, acomodándose a los sentimientos e ideas del litoral, los mejora y tiende a formar una psicología argentina, la más bella y poderosa, la que amalgamará y refundirá en su crisol todos los factores y regiones para que fluyan en purísimo oro”; por su parte, Ricardo Rojas decía en La restauración nacionalista: “La anarquía que nos aflige ha de ser pasajera. Débese a la inmigración asaz numerosa y a los vicios de la inmigración. Pero el inmigrante europeo es hoy como el de la época colonial: vuelve a su tierra o muere en la nuestra. Lo que perdura de él es su hijo y la descendencia de sus hijos, y éstos, criollos hoy como en tiempos de la Independencia, tienen ese matiz común que impóneles el ambiente americano.” Eran distintos resultados de un mismo método y de una misma doctrina. La lectura de Taine, de Renán y de Fustel de Coulanges confluía con la de los sociólogos positivistas en una imagen del contorno espiritual y material de las sociedades que solía expresarse bajo la denominación de “mundo moral”. Alojado dentro de esos marcos desenvolvía su vida una colectividad que, poco a poco, creaba en el devenir de la historia su “psicología social” y acuñaba las ideas y tendencias que regirían su vida colectiva. La determinación del “carácter nacional” y de las “ideas predominantes” debía ser, pues, uno de los temas principales del sociólogo.

Juan Agustín García se preocupó por filiar el origen de las instituciones y de las costumbres morales y, entre los resultados de su estudio, anotó los cuatro factores que él consideró fundamentales de la vida argentina. Eran la fe profunda en la grandeza futura del país, la preocupación económica con exclusión de todo otro interés, el culto del coraje y el desprecio de la ley. Era la época en que José María Ramos Mejía escribía su libro sobre Las multitudes argentinas y Lucas Ayarragaray su estudio sobre La anarquía y el caudillismo. El criollismo parecía robustecerse en la imaginación de los sociólogos, acaso porque se advertía en la realidad la intensa arremetida que contra sus contenidos espirituales lanzaba la ola inmigratoria, pero también porque se observaba la aparición de formas híbridas en las que las tradiciones vernáculas se trasmutaban en el nuevo ambiente creado por la inmigración: así el coraje del gaucho se prolongaba en las actitudes viriles y jactanciosas del hombre del suburbio, del “compadrito” que destacaba su inconfundible figura en el sainete y en el tango; y las peculiaridades del criollismo parecían seguir vigentes a los ojos de los sociólogos, todos ellos, por lo demás, pertenecientes a una minoría intelectual que se reclutaba, en general, en las filas del patriciado. Así, aunque el argentino era ya para entonces un tipo indescriptible a causa de las diversas influencias que comenzaban a cruzarse en él, Joaquín V. González afirmaba que lo que lo distinguía era el ser “impetuoso, caballeresco y sentimental”, en tanto que, con análogo criterio, sostenía Carlos Octavio Bunge que lo caracterizaban “la pereza, la tristeza y la arrogancia”. Más categórico, Agustín Álvarez, en su Manual de patología política, se atrevía a llamar a las peculiaridades de sus compatriotas, simplemente, las “imbecilidades argentinas”.

Quizás haya sido en la afirmación —polémica y generalmente retórica— de lo nacional como se haya manifestado más resueltamente el espíritu del Centenario. A medida que se acercaba la celebración de los cien años de la Independencia nacional maduraban y adquirían inequívoca evidencia los frutos del movimiento inmigratorio. Un aspecto, sobre todo, influyó considerablemente en ciertas repercusiones del problema: la organización de los grupos anarquistas y socialistas que desencadenaron importantes movimientos entre las masas trabajadoras.

Se comenzó entonces a hablar de doctrinas exóticas y maléficas; y el coro de elogios convencionales que solía oírse alrededor del tema de los inmigrantes que venían a labrar la fértil tierra argentina, comenzó a apagarse por los recelos que suscitaba la “mala inmigración”, la de los “extranjeros desagradecidos” que organizaban huelgas y difundían doctrinas socialistas o anarquistas. Contra ellos se dictó en 1902 la llamada “ley de residencia”, que autorizaba al gobierno a expulsar a los extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”, y en 1910, la “ley de defensa social que legislaba sobre admisión de extranjeros, asociación de personas para la difusión de ciertas ideas y actos de propaganda y terrorismo. Aunque tales medidas llevaron alguna tranquilidad a los timoratos, no faltó quien denunciara el alcance de tales hechos. Es revelador el manifiesto que lanzó el Partido Socialista en mayo de 1909, con motivo de algunos hechos de violencia y de las explicaciones que dio el gobierno sobre ellos. “El gobierno responsable de la masacre obrera del 1° de mayo —decía el manifiesto— proclama con fruición que casi todas las víctimas eran extranjeras.

“Hijo del predominio político de las provincias de tierra adentro, la obra sanguinaria de sus genízaros le parece excelente procedimiento de argentinización. Quiere nivelar el proletariado de Buenos Aires con el de las zonas del país donde es más abyecto y servil; quiere que el nivel mental de los trabajadores de la Capital no exceda al de los inconscientes parias que trae del interior y arma para su nefasta obra de exterminio.

“Es cierto que, con dineros sustraídos al pueblo trabajador, fomenta la inmigración que ha de abaratar la mano de obra. Pero, como trabajadores, no le parecen buenos sino los extranjeros sumisos siempre agradecidos a la pitanza que les permite vivir, sin más preocupación que la de llenar las necesidades más elementales.

’’Denunciamos ese concepto mezquino y retrógrado como uno de los más grandes estorbos a nuestro desarrollo nacional, como el torpe disfraz que malamente disimula la desenfrenada codicia y las bajas ambiciones de los hombres de la oligarquía.

”Su patriotismo les permite pedir a los patronos extranjeros que manden sus peones argentinos a votar por las facciones de la política criolla; les permite vender el país entero a empresas extranjeras, cuyos abogados son altos personajes políticos, y de cuyos directorios salen ministros y presidentes; les permite también valerse de extranjeros para la obra nefanda de la corrupción y anulación del voto argentino. Pero les hace mirar con odio tanta altiva reclamación obrera, toda tendencia política genuinamente popular, y en su incapacidad para comprender el movimiento obrero, y adaptar a él sus actividades de clase gobernante, no encuentra argumento mejor que acusarlo de extranjero.

“Denunciamos esa acusación como una baja maniobra tendiente a perpetuar la oligarquía. Los que así hablan son vulgares politicastros para quienes la patria es fuente inagotable de enriquecimiento personal y de vanos honores, que, al agigantarlos, empequeñecen al país; intrigantes hechos a todas las malas artes, desde las elecciones falsas hasta la revueltas simuladas con soldados de línea; pobres espíritus absorbidos por sus menguadas luchas de camarillas.

“El movimiento obrero argentino es obra de hombres nacidos aquí y en otros países, como tiene que ser toda sana actividad colectiva en un país cosmopolita. El movimiento obrero da a todos los hombres del país un alto ejemplo de conciencia histórica y política, solidarizando a los hombres de igual condición social, cualquiera sea su patria de origen. El movimiento obrero hace obra de argentinización librando a nativos y extranjeros de prejuicios de raza, y haciéndolos trabajar de consuno en la elaboración de un más fuerte y más alto pueblo argentino. Circulan ahora en el mundo los sentimientos y las ideas con la misma libertad que los hombres y las mercancías. ¿Cómo podrían entonces alcanzar los nuevos ideales y los nuevos métodos? ¿Si copiamos de Europa las artes y las ciencias, si de allá traemos las semillas y las crías que refinan nuestros cultivos, no son también para este país una bendición las nociones y prácticas importadas que han de sacarnos del pantano de la política criolla?

“Somos los continuadores de la obra de la Independencia, y cuando llegue la hora del Centenario, la tierra argentina, fuera de sus trigos y sus lanas nada podrá presentar que la acerque tanto a los pueblos cultos como su agitación proletaria.

“Pese a la clase gobernante, ha de formarse en este país un pueblo trabajador de los más inteligentes y libres del mundo.”

Ciertamente, la reacción contra el cosmopolitismo y las agitaciones sociales originó un movimiento farisaico encubierto de nacionalismo. Pero es innegable que un movimiento nacionalista auténtico, sincero y profundo se desarrollaba en el seno de los viejos grupos criollos, cada vez más alarmados por la influencia de la ola inmigratoria y por el progresivo desvanecimiento de los rasgos de la personalidad nacional.

Fue el uruguayo José Enrique Rodó quien pronunció —en Ariel— las primeras palabras de alarma contra la “afluencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil”; el fenómeno suscitó en el ánimo del ilustre ensayista un sentimiento de aristocracia, porque creyó que entrañaba la “degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del número toda noción de calidad”. Y tras las huellas de Rodó algunos grupos autóctonos comenzaron en la Argentina, como en otros países del Continente, a afirmar su “arielismo”, su sentimiento minoritario, aristocrático y espiritualista, modelado en áspero contraste con el poco elegante apremio de quienes llegaban a “hacer la América”.

Ricardo Rojas expresó ese sentimiento con profundidad, sólidos fundamentos y justa medida en La restauración nacionalista. Recogiendo la apesadumbrada pregunta de Sarmiento relacionada con el mismo problema: ¿Argentinos? Desde cuándo y hasta dónde, bueno es darse cuenta de ello”, Rojas decía: “Antes de que la respuesta pueda ruborizamos, apresurémonos a templar de nuevo la fibra argentina y vigorizar sus núcleos tradicionales. No sigamos tentando a la muerte con nuestro cosmopolitismo sin historia y nuestra escuela sin patria.” Esta actitud entrañaba un nacionalismo, pero no el nacionalismo farisaico de quienes se ocultaban los problemas del país, ni el nacionalismo agresivo de quienes se jactaban de una superioridad no probada. Había en Rojas una reacción sentimental —la de “los que a fuerza de ser argentinos empiezan a sentirse extranjeros en su propia patria”—; pero había sobre todo una apreciación objetiva y clara del problema, que concluía en un pronóstico y en un programa para su solución.

Sin embargo, no fue la ola creciente del cosmopolitismo lo único que desencadenó el sentimiento nacionalista. Rodó lo tradujo también en otros términos cuando, lo concibió como una oposición frente a Estados Unidos y al practicismo norteamericano. Diez años antes, por su parte, los representantes argentinos ante la primera Conferencia Panamericana reunida en Washington en 1889 manifestaban ya la orgullosa decisión de no aceptar la tutoría de Estados Unidos. Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña levantaron su voz contra las pretensiones hegemónicas enunciadas por el secretario de Estado, Blaine, y definieron un innegable sentimiento de resistencia frente a su país, que era ciertamente compartido por muchos. Acaso esconda cierta clave de ese sentimiento un párrafo de la crónica que, sobre la conferencia, envió José Martí a La Nación de Buenos Aires de la que por entonces era corresponsal: “Son acá levadura viva los celos de Inglaterra” —escribía—, y el Sun maligno, aliado demócrata de Blaine, denunciaba a los que se le opusieron en la sesión como “empleados e instrumentos de Inglaterra”; pues, en efecto, buena parte de aquella resistencia contra Estados Unidos nacía en ciertas élites argentinas de su solidaridad con Inglaterra y de su consustanciación con los modos de vida ingleses. Pero de todos modos, nació de esta extraña coyuntura una manifestación de nacionalismo latino, que se lanzaba contra los admiradores del utilitarismo norteamericano y detractores, al mismo tiempo, de la tradición española. Tuvo ese sentimiento ocasión de precisarse con motivo de la guerra de Cuba en 1898, y por esa época desarrolló Rodó en Ariel su antinomia entre utilitarismo e idealismo que arrastraba la contraposición entre la América anglosajona y la América hispánica.

La celebración del Centenario forzó las posiciones frente a la realidad nacional. Se afianzaron en sus convicciones quienes, a la luz de severo análisis, renegaban de las tradiciones hispanocriollas, y siguieron esperándolo todo del ejemplo anglosajón; se robustecieron en sus ideas los que temían la influencia del cosmopolitismo y propiciaron una política de decidida absorción de la población de origen extraño; y no faltaron quienes cerraron los ojos a todo examen y se dejaron ganar por un optimismo fácil y un conformismo superficial, que derivaron en formas groseras de patriotismo muy a tono con las formas externas del regocijo oficial propio de la fecha. En El juicio del siglo, Joaquín V. González reseñaba con rara objetividad y aguda penetración las alternativas de nuestra evolución histórica, y señalaba al final que “aunque a veces hubiera pretendido con tenaz empeño apoderarse de la opinión la tendencia chauvinista, tan llena de peligros y falsas sugestiones, ella no ha pasado de esferas secundarias”. Pero ciertamente predominaron esas esferas secundarias por encima de las opiniones ponderadas y críticas precisamente en ocasión del Centenario. La retórica oficial acuñó definitivamente el tópico de “la grandeza nacional”, de nuestro envidiable destino y de nuestras innatas virtudes; y grupos irresponsables desataron una ola de xenofobia como complemento aparentemente indispensable del orgullo oficial. La idea de la patria adquirió un valor convencional en las frases hechas; pero arrastraba un sentimiento auténtico e innegable que se difundía y operaba en el complejo social como un vivo estímulo para la reducción de lo heterogéneo en lo homogéneo, para la absorción de los grupos humanos de diverso origen en la colectividad. Era el sentimiento de confianza profunda que había comenzado a obrar en un poeta de tradición anarquista, Leopoldo Lugones, y que lo movía a escribir en 1910, en la primera de sus Odas Seculares:

Patria, digo, y los versos de la oda

Como aclamantes brazos paralelos,

Te levantan Ilustre, Única y Toda

En unanimidad de almas y cielos.

El robustecimiento del patriotismo pareció a muchos el arma necesaria para contrarrestar los peligros del aluvión cosmopolita. Como presidente del Consejo Nacional de Educación, José María Ramos Mejía echó las bases de una reforma destinada a transformar la escuela elemental en un eficaz instrumento de acción para lograr la incorporación profunda y sincera de los hijos de inmigrantes a la colectividad nacional. El nacionalismo fue una respuesta, una convicción elaborada en la experiencia, y adquirió un aire combativo y dinámico. Ricardo Rojas, enviado por el Gobierno a Europa para interiorizarse del desarrollo de los estudios históricos —”problema relacionado con los más vitales intereses de nuestra nacionalidad”, decía— defendió en su informe la urgente necesidad de rever los principios fundamentales de la educación argentina. Y con amplia doctrina y profundo convencimiento, afirmó que una educación basada en la historia era el único camino capaz de crear el sentimiento colectivo que el país requería para fundir sus heteróclitos elementos. Ese pensamiento es el que desarrolló en La restauración nacionalista.

Pero las ideas sobre la historia no eran unánimes, ni en cuanto a sus principios fundamentales ni en cuanto a los contenidos específicos de la historia argentina.

Ricardo Rojas, pese a su vasta cultura y a su curiosidad por las ideas y las cosas de Europa, adoptó un punto de vista concordante con el que había sostenido Joaquín V. González en La tradición nacional. Hallaba éste en el desarrollo de la cultura hispanoamericana inequívocas reminiscencias que lo llevaban a pensar en la perpetuación de un destino autóctono; y Ricardo Rojas continuó esa línea no sólo en las páginas ya citadas sino también en las de Blasón de Plata y de Argentinidad, dos libros en los que negaba la presunta influencia, tantas veces señalada, de las ideas extranjeras en el desarrollo de la democracia argentina, afirmando en cambio la existencia de una continuidad interna en el proceso de su formación.

Fiel a esta convicción íntima, Ricardo Rojas procuró estudiar a fondo en Europa las críticas a las ideas historiográficas del Romanticismo; el pensamiento de Taine, de Renán, de Lavisse, de Monod; el proceso de “integración’’ de la historia —como él dice, “desde el poema homérico a la Kulturgeschichte alemana”— pero mantuvo viva en su espíritu su concepción originaria de la historia, en la que latía la esperanza de que sirviera a la formación del alma colectiva. La conciencia de la nacionalidad —decía— se forma por la cenestesia colectiva y la memoria colectiva. “He ahí el fin de la historia —agregaba—: contribuir a formar esa conciencia por los elementos de tradición que a ambas las constituyen. En tal sentido, el fin de la historia en la enseñanza es el patriotismo, el cual, así definido, es muy diverso de la patriotería o el fetichismo de los héroes militares.” Y agregaba luego: “Para ello la Historia no necesita deformarse: bastaríale presentar los sucesos en la desnudez de la verdad. Los desastres merecidos de la patria, los bandidos triunfantes, las épocas aciagas, las falsas glorificaciones, todo habría que contárselo a la juventud. En este afán por descubrir y decir lo verdadero, iría por otra parte implícita una admirable lección de moral.”

Este clamor en favor de una historia veraz, ajena a los intereses de bandería y cuyo contenido fuera el fruto de una indagación seria y objetiva, se generalizó y amplió sus alcances. La preocupación por la historia posterior a la Independencia y el interés que suscitaba el fenómeno rosista se acrecentaba a medida que se hacía más compleja la realidad social del país y más enigmático su futuro. Joaquín V. González definía los cien años de la historia argentina independiente con estas terribles palabras: “El historiador deberá cruzar este infierno, guiado por las altas virtudes que sólo el estudio, el raciocinio y el amor de la patria y la humanidad engendran y mantienen, tanto más en el siglo vivido por la Nación Argentina, en el cual, como ha de verse en este breve estudio, acaso más que en ninguno de sus contemporáneos, la pasión de partido, las querellas domésticas, los odios de facción, la ambición de gobierno o de predominio personal, constituyen una de las fuerzas más permanentes y decisivas en el dinamismo general de todo el país.” Para emprender esta labor, advertía González que era necesario “empezar el análisis científico que procure arrancar la historia del dominio de las causas accidentales, transitorias o personales”, pero no sólo por el placer de la objetividad o por la gravitación del pensamiento crítico que dominaba ya el saber histórico en Europa, sino por otras causas que explicaban esa singular actitud en ese instante de la cultura argentina.

La primera era, sin duda, de orden intelectual. Si con el período histórico de la Independencia habían podido construir Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López una obra de sólidos fundamentos, parecía ya llegada la hora de incluir en el dominio de los estudios históricos de base científica el período rosista, en el que se escondían tantos y tan graves problemas que repercutían sobre la realidad de su tiempo. La segunda era que, para la época del Centenario, la problemática incluida en la polémica del rosismo perdía interés y vigencia a pasos agigantados. Poco a poco habían desaparecido los últimos protagonistas de la ardua lucha, y las condiciones sociales, económicas y políticas del país planteaban nuevos y muy diversos interrogantes. Y la tercera era que se vislumbraba la esperanza de que un análisis desapasionado y objetivo del pasado argentino ofreciera —por encima de toda preferencia— una clave para entender los nuevos procesos; por eso González pedía un ejercicio científico de la historia, “para ensayar la deducción de leyes constantes o periódicas, radicadas, ya sea en los caracteres étnicos y territoriales invariables, ya en las propias enseñanzas del pasado más remoto, ya, por fin, en la sistematización de las ideas, principios o teorías expuestas por los escritores de la época, en todas las direcciones en que la masa nacional se ha agitado, ha evolucionado o ha marchado con rumbos más o menos conscientes”.

Los movimientos de masas y las relaciones entre las clases inquietaban, sin duda, al autor del Juicio del siglo, cuyos esfuerzos de político y de jurista se habían concentrado poco antes en la preparación de un proyecto de código del trabajo que afrontara los problemas sociales que inquietaban la vida argentina de aquellos días. Con intereses semejantes buceaba en la historia Adolfo Saldías, a quien también se le encargó por entonces un estudio retrospectivo de la vida argentina, que publicó con el título de Un siglo de instituciones; el autor de la Historia de la Confederación reiteró entonces sus puntos de vista y ofreció sistemáticamente, en un significativo pasaje del capítulo XI, una interpretación de las crisis sociales argentinas. Sostenía Saldías que el movimiento revolucionario de 1810 estaba caracterizado por el predominio de las clases aristocráticas, que se habían independizado apoyadas en el derecho municipal español; la crisis de 1820, en cambio, había sido una “reacción tumultuaria de las clases medias, de las inferiores clases sociales, contra la oligarquía de los hombres y partidarios de los Triunviratos y Directorios”, y la de 1830, en cambio, había sido una reacción más radical que contó con la plena solidaridad de las clases populares. “Por los auspicios de estas tres grandes proporciones —terminaba Saldías— se ha desenvuelto la sociabilidad argentina desde 1810 hasta 1830, en virtud de lo que se podría llamar la ley de las renovaciones políticas, las cuales se han ajustado a principios cuya originalidad y cuya lógica son dignas de estudio para meditar con fruto sobre la filosofía histórica.”

Un intento semejante había realizado en los últimos años del siglo anterior, y siguiendo el camino abierto por la obra fundamental de Saldías, el historiador Ernesto Quesada en su libro La época de Rosas. También él colocaba su estudio sobre principios de absoluta objetividad, y aducía en favor de su tesis que sólo en el estudio sereno del pasado podía hallarse “la enseñanza del porvenir, y causas análogas pueden producir fenómenos semejantes en cualquier época”. Atraído por las consecuencias —próximas y remotas— del fenómeno, se interesó por las circunstancias que lo explicaban, guiado por la influencia de los sociólogos y de los historiadores de tendencia sociológica, hasta llegar a la conclusión de que Rosas había sido tan sólo un hijo de su época y ésta a su vez el fruto de inevitables encadenamientos que suponían largos procesos.

Con una doctrina más precisa y más elaborada intentó Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista, ex

plicar en 1898 el desarrollo de la vida social del país en un conciso y madurado estudio que tituló La teoría científica de la historia y la política argentina. Una brevísima caracterización de la doctrina económica —designación que él prefería a la de materialismo— hecha con palabras de Marx y de Engels, abría el estudio, al que sirve de regla esta acotación: “Al afirmar el papel fundamental del modo de producción y de cambio en la historia, Marx y Engels han estado muy lejos de formarse del desarrollo histórico un concepto unilateral”. “La situación es la base”, dice Engels, “pero… las formas del derecho… las teorías políticas… las opiniones religiosas… etc., ejercen también su acción sobre el curso de las luchas históricas, y en muchos casos determinan su forma en primer término.” Y sorteando el peligro de un criterio unilateral estrechado por la reducción a ciertos principios elementales, Justo se introducía en el análisis de la vida argentina desde el punto de vista de los fenómenos de la producción y de las luchas de clases que la caracterizan. Analizaba la revolución de 1810 en relación con lo que López había llamado la “burguesía decente”; examinaba las guerras civiles en relación con los gauchos, que identificaba como “la población de los campos acorralada y desalojada por la producción capitalista, a la que era incapaz de adaptarse, que se alzaba contra los propietarios del suelo, cada vez más ávidos de tierra y de ganancias”; estudiaba a Rosas en relación con la población campesina, que “fue dominada por los mismos que ella había exaltado como jefes”; consideraba la situación de su tiempo como el resultado del “progreso económico [que] nos había incorporado de lleno al mercado universal, del que somos una simple provincia”. Y a lo largo de este examen replanteaba los grandes problemas de la política de la hora con meridiana claridad e inflexible lógica.

Los fundamentos de su interpretación de la historia los expuso Juan B. Justo más tarde en su obra fundamental, Teoría y práctica de la historia, que vio la luz precisamente en 1909, el mismo año en que publicó Ricardo Rojas La restauración nacionalista. En aquélla, desarrolla Justo los puntos fundamentales del marxismo, pero

enriqueciendo y variando sus fundamentos con una teoría biológica de las sociedades humanas que justifica la interpretación económica que él propone y desarrolla. El punto de partida, empero, de la indagación histórica es una inquietud acerca del destino futuro de la humanidad. “No sabríamos siquiera qué preguntar al pasado sin nuestros anhelos para el porvenir.” De aquí que la historia se instrumentalice frente a las exigencias de la acción, en la que Justo ve, como Goethe, el comienzo de toda cosa.

El conocimiento del pasado debe ajustarse a su propia naturaleza. “El mundo de la historia —dice— es una masa de hombres y cosas movidos y moldeados por fuerzas tan regulares como las que mueven el sistema solar y han moldeado la corteza terrestre. Los fenómenos históricos son también lógicos y necesarios, consecuencias fatales de combinaciones de circunstancias dadas. Una neoformación social, una revolución, la expansión o decadencia de una raza, deben producirse en condiciones tan regulares y determinables como la cristalización de un mineral, una descarga eléctrica, la evolución de una especie.

“Más que una simple deducción, impuesta al raciocinio por la regularidad que descubrimos en los fenómenos de otro orden, ésta es una inducción directa de los hechos, cuya basa se extiende a medida que conocemos mejor el pasado de la Humanidad y dedicamos más atención a su desarrollo presente.” Esta regularidad se apoya en la regularidad del comportamiento biológico, en el que ve el fundamento de las sociedades humanas. Pero sobre esa base se producen variaciones fundamentales. “Encontramos, pues, condicionada la acción de los principios biológicos en la especie humana por las actividades intencionales del hombre, que obedeciendo a las leyes generales de la vida, al mismo tiempo que las altera, y, en bien o en mal, les imprime un sello peculiar.

“El predominio de las funciones vegetativas toma en la Humanidad una forma superior, en relación con la altura mental del hombre, y se manifiesta en fenómenos sociales de un orden propio, que no reflejan sino mediata e indirectamente las leyes de la biología.

“La acción intencional crea el mundo técnico-económico, que se superpone al ambiente físico-biológico.” Justo estudia aquellos fenómenos, y sus derivaciones a través de la guerra, la política, la lucha de clases y las relaciones entre capitalistas y asalariados, para concluir con una fervorosa profesión de fe en la vida. “La última conclusión de la ciencia es la del sentido común: prácticamente el hombre es el centro del mundo, y nada tanto como el hombre mismo debe preocupar al hombre. Mas no descubre la ciencia en el mundo un fin bueno e inteligente, una moral. Seres infinitos nacen, sin responsabilidad, para una vida frustrada. Lo que para nosotros es enfermedad y muerte, es para los microbios un festín. Los caprichos de la atmósfera hacen de la agricultura un juego de azar. Dentro mismo de la sociedad humana, chocan ciegos y furiosos los elementos.

”¿A qué tiende la Historia? ¿A dónde va la vida? A su propio incremento, a su propia expansión. Como los organismos elementales, propende el hombre a multiplicarse con toda su potencia. A cada rotación lunar, florece la mujer en su inmanente anhelo de maternidad; vigorizado por los gérmenes de la generación que lleva en sí, mantiene el varón siempre tensa la cuerda de su esfuerzo hacia el crecimiento infinito de la especie. Forma superior de la vida, llévala el hombre y la acrecienta por doquier. Para ello crea su técnica, para ello establece y cambia sus relaciones sociales. En su eterno impulso vegetativo, invade el mundo entero, sujeta las fuerzas físicas, reduce o extiende, según sus propias necesidades, las otras formas de la vida. Lucha también consigo mismo. ¡Ay de las aristocracias que estorban al aumento de la población! ¡Ay de los pueblos que no saben sacar del suelo que habitan todo lo que en el cultivo de la vida puede dar! Ellos serán barridos o dominados por otras clases y otros pueblos más enérgicos. ¿Para qué son las revoluciones y las conquistas? Vano es todo derecho a la vida que no se afirme en su propio ejercicio. La conciencia está al servicio del aumento inconsciente e instintivo de la materia organizada. Adquirimos y desarrollamos funciones de relación, para vegetar mejor. Una fuerza primordial domina a la Historia: la tendencia al crecimiento indefinido del protoplasma.”

La interpretación económica de la historia sirvió algunos años más tarde a Juan Álvarez para renovar el estudio de la época de las guerras civiles y la tiranía. Sin plantear problemas teóricos, Álvarez organizó el análisis de todo el período alrededor del problema de la navegación de los ríos interiores, y de las consecuencias económicas que tuvo el régimen de esas vías para las provincias del litoral; de allí dedujo la explicación de las situaciones políticas creadas entre las provincias litorales y Buenos Aires, más allá de toda la rica y variada historia anecdótica que solía ilustrar el período.

Preocupado por otros problemas, José León Suárez publicó en 1916 una monografía titulada Carácter de la Revolución Americana: Nuevo punto de vista sobre la independencia hispanoamericana. Siguiendo las reflexiones de los hispanizantes, Suárez dio forma a la doctrina de las relaciones entre el movimiento liberal en las colonias y en España. Tuvo su obra mucho eco —en relación, por cierto, con los planteos políticos antiimperialistas— y dejó abierta una vía de estudio y de interpretación del fenómeno de la independencia hispanoamericana, incomprensible, a su juicio, fuera del cuadro de las ideas y las luchas que se producían en España misma.

La oposición entre nacionalismo y universalismo, entre nacionalismo y clasismo, entre idealismo y materialismo, fue, en todos los aspectos de la vida y de la cultura argentina, y con diversos matices, un fenómeno característico del momento del Centenario. Si la ocasión era propicia para examinar el destino histórico del país desde el punto de vista de su pasado, no lo fue menos, sin embargo, para despertar la conciencia pública frente a los nuevos fenómenos sociales que se manifestaban y que se interpretaban de diversa manera. Huelgas y movimientos de agitación alteraban la calmosa vida pública, promovidos por los grupos proletarios que cada día cobraban más firmeza, mejor organización y más clara conciencia de su posición político-social. Los grupos tradicionalistas, reaccionarios salvo pocas y honrosas excepciones y ya preocupados por la amenaza de la Unión Cívica Radical, sólo atinaron a proponer la represión como maniobra política de defensa frente a los nuevos fenómenos de masas. No faltaron en el campo político ni en el doctrinario quienes se preocuparan por el problema obrero. Joaquín V. González proyectó la Ley Nacional del Trabajo en cuya redacción colaboraron hombres de diversas tendencias: Del Valle Iberlucea, Manuel Ugarte, Augusto Bunge, Leopoldo Lugones y Juan Bialet Massé; este último, profesor de la Universidad de Córdoba, había publicado un Tratado de la responsabilidad civil en el Derecho argentino bajo el punto de vista de los accidentes de trabajo, y un Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, ambos en 1904. Pero las soluciones sutiles que de esos estudios podían inferirse no fueron halladas a tiempo. Y frente a los grupos reaccionarios, los sectores anarquistas y socialistas, de sólida doctrina y rica experiencia internacional en relación con los procesos sociales derivados de la transformación técnico-industrial, asumieron la representación de las nuevas fuerzas que surgían en el país.

El anarquismo, bajo la ya señalada inspiración de Gori, emprendió una acción organizada y llegó en 1905 a predominar en el Consejo de la Federación Obrera Argentina. La base doctrinaria del socialismo era en la Argentina la misma que en otros países, pero las circunstancias históricas eran tan diversas que no fue poco esfuerzo adecuar los principios teóricos a la realidad. El naciente desarrollo comercial e industrial aceleraba la definición social de un proletariado que tenía, como característica esencial, estar constituido en buena parte por extranjeros, a causa de la afluencia de inmigrantes al país. La oligarquía planteó entonces el problema de los conflictos del trabajo y las reivindicaciones obreras no como un conflicto de clases sino como un encuentro entre nativos y extranjeros, movidos estos últimos por el designio de disolver la sociedad a cuyo seno se habían acogido. Pero el socialismo salió al encuentro de tal tesis aplicando una doctrina universal que correspondía a la universalidad del hecho económico-social, y trasladando con ello el problema al terreno en que debía enfrentarse.

El planteamiento concreto del asunto giró alrededor de una ley de extrañamiento de extranjeros —conocida como “ley de residencia”— que la oligarquía sancionó en noviembre de 1902 a raíz de fuertes movimientos obreros. El gobierno quedaba facultado por ella para expulsar del país a todo extranjero que considerara peligroso para la seguridad nacional y el orden público, de modo que desaparecían todas las garantías que la Constitución ofrecía al que había decidido radicarse en el país. La ley fue objetada por razones institucionales, pero fue sancionada. Su enjuiciamiento ocurrió más tarde, cuando en 1904 llegó al Parlamento el primer diputado socialista, Alfredo L. Palacios. Al fundar un proyecto de derogación de la ley, formuló el problema de las huelgas en sus verdaderos términos; expuso entonces ante los representantes de la oligarquía los fundamentos de la doctrina económica de la historia y derivó de ella una interpretación de los hechos sociales que ocurrían en ese momento en el país.

Eran, sin duda, hechos de escasa magnitud si se usaban como vara de medir los procesos europeos análogos; pero tenían creciente gravedad, sobre todo por la estrechez de criterio de ciertos sectores oligárquicos que confiaban en la posibilidad de mantener una situación de privilegio ya sobrepasada en muchas partes del mundo. Fue una trabajosa conquista del diputado socialista obtener la sanción de una ley que estableciera el descanso hebdomadario y otra que protegiera el trabajo de las mujeres y los niños. Y si la interesada oligarquía local podía equivocarse justamente al interpretar los nacientes fenómenos nacidos de la transformación económica del país, extraña que se equivocara también el sociólogo italiano Enrique Ferri, que visitó el país en 1908 y diagnosticó apresuradamente que el “socialismo argentino es una flor fuera de estación”, agregando que “es un producto de la civilización industrial y ustedes [los argentinos] pasan todavía por la era pastoril”. Estas palabras de Ferri provocaron no sólo una intencionada y aguda respuesta de Juan B. Justo, sino también una reafirmación de la interpretación socialista de la realidad nacional. En un desafío verbal, Justo refutó la tesis de Ferri y sostuvo, analizando el último capítulo de El Capital, titulado “La teoría de la colonización”, que en países agrarios se forma un proletariado rural que lucha contra la clase poseedora de los medios de producción y que debe ser esclarecido para orientar su lucha clasista. Concluyendo su discurso, agregó Justo: “Ferri presenta como obstáculo al socialismo la actual economía agrícola argentina; dediquemos, pues, mayor esfuerzo a la política agraria, que ha de acelerar la evolución tecnicoeconómica del país, y también su evolución política, enrolando en nuestro partido a los trabajadores del campo.”

Si la visita de Ferri dejó como saldo positivo para el socialismo el autoexamen de su validez, la que realizó en 1911 Jean Jaurés sirvió para que desde un escenario tan prestigioso como el del Teatro Odeón se hablara a la opinión media argentina de ideas que no quería oír de labios de sus compatriotas. El socialismo se robusteció, y en las elecciones de 1912, tras un cambio de régimen electoral, llevó al Parlamento dos diputados: Alfredo L. Palacios y Juan B. Justo.

Ciertamente, la opinión de Ferri sobre el socialismo argentino era compartida por muchos que advertían el abismo entre las reformas que exigía y el estado social e institucional del país. Para los espíritus esclarecidos, progresistas y guiados por el ejemplo europeo, el cuadro de la situación política del país parecía entristecedor. “Esos males —decía Indalecio Gómez en el Congreso— son, para decirlo en una palabra, la muerte del espíritu cívico, el anonadamiento completo de la democracia argentina. ¿Es que existe la democracia argentina? ¡Absolutamente no!” Algunos optaron por desentenderse de la actividad política, refugiándose en un elegante escepticismo al que no era ajeno, por cierto, la influencia de Anatole France; y otros mantuvieron su militancia convencidos de que los fenómenos que se ofrecían a sus ojos estaban dentro de la rigurosa lógica del proceso demográfico, económico y espiritual del país. Estos últimos recibieron el estímulo de los historiadores que intentaban una nueva interpretación histórica de nuestro pasado y de los conocedores de nuestras instituciones que se mostraban capaces de interpretarlas a través de la historia. Entre éstos, José Nicolás Matienzo ocupó un lugar de excepción con su obra sobre El gobierno representativo federal en la República Argentina, aparecida en 1917, en la que analizaba las instituciones políticas a la luz de la evolución de la sociedad, a la que consideraba sometida a leyes naturales.

Pero cualquiera que fuese la explicación que pudiera darse sobre la situación institucional, las opiniones comenzaban a agruparse con distintos matices que entrañaban definiciones netas y actitudes categóricas. La revolución de 1890 había conmovido la fácil seguridad de la oligarquía y en su seno los más inteligentes comenzaron a descubrir que el cuadro político había sufrido un cambio de inocultable profundidad: pareció, pues, necesario un cambio de actitud. Pero ajena e insensible al proceso social que empujaba hacia la primera línea a los nuevos grupos proletarios, y alarmada tan sólo por los problemas institucionales que le suscitaba la clase media en ascenso, representada por la Unión Cívica Radical, la oligarquía se escindió entre los que pretendían conservar ilegítimamente y a cualquier precio los privilegios manteniendo la perversión de las instituciones y los que aspiraban a mejorarlas, acaso con la esperanza de purificar sus privilegios y conservarlos en buena ley.

En el seno del Partido Nacional, que no era sino una vasta organización electoral, seguía ejerciendo fuerte autoridad el general Roca. Pero ya al acercarse las elecciones de 1892 se vio aparecer un grupo —llamado “modernista” y encabezado por Roque Sáenz Peña— que representaba el afán purificador de las instituciones frente a la organización electoral que Roca representaba. Era Roque Sáenz Peña un espíritu ecuánime y vigoroso, de clara visión y sentimientos honrados; conservador a la inglesa, creía en la democracia y acaso confiaba en que la democracia conduciría a un robustecimiento de su política moderada. Pero la organización electoral volvió a funcionar eficazmente y frustró el intento de mejorar el sistema institucional. El primer paso había sido dado, sin embargo. Todavía triunfó el general Roca en las elecciones de 1898, pero poco después se separó de él su más fuerte aliado, Carlos Pellegrini, que adoptó puntos de vista análogos a los de Roque Sáenz Peña, y los manifestó explícitamente en más de una ocasión. Sus palabras revelan un momento fundamental en el pensamiento político argentino, porque ponen de manifiesto el juego en que se vinculaban las principales tendencias de la opinión. En primer lugar los grupos obreros que hacían un nuevo planteo de la situación social, ahora modificada y preñada de promesas para el futuro; en segundo lugar, la clase media, esencialmente representada por la Unión Cívica Radical, que aspiraba a intervenir en el poder y que, sabiéndose mayoría, pedía pureza electoral y perfeccionamiento de las instituciones; y en tercer lugar una oligarquía que se dividía entre los que querían mantener la dirección tradicional como si nada hubiese ocurrido desde 1890, y los que, como Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, habían obtenido una lección de los hechos y aspiraban a modificar el rumbo quizá con la esperanza de que la mayoría prefiriera su posición moderada en un régimen parlamentario bipartidista. No son desdeñables estas palabras que pronunció el ministro Indalecio Gómez al defender en el Parlamento el proyecto de ley electoral: “No es el haber traído hombres eminentes al Congreso el único elogio que pudiera hacérsele, aun con las reservas expresas que he hecho, al sistema actual.

“Él ha contribuido a la formación de las clases conservadoras del país. En este Congreso, en las legislaturas de provincias, se han formado las clases conservadoras del país. Aquí, en el Congreso, ha estado la voluntad, la energía para resistir a todos los embates de la anarquía, de la revolución, del desorden. ¿Por virtualidad propia del sistema? No. Esa virtualidad corresponde a todos los sistemas —fíjese en esto la Cámara—, corresponde a todos los sistemas en los cuales el candidato a diputado pasa por métodos de selección que permiten designar a los más dignos.

“La misma razón explica también cómo es que la calidad de los elegidos fue siempre superior.

“Así, pues, si queremos que las clases conservadoras se encuentren siempre representadas aquí, y si queremos que este Congreso sea una base inconmovible de la formación de esa clase representativa, es menester que no nos separemos de los sistemas que permiten esa selección.”

En un gesto simbólico, Pellegrini se había negado a votar en 1902 la ley de Residencia de Extranjeros. Cuando poco después se trató en el Senado una reforma electoral que prometía una expresión más fiel y segura de la opinión popular en el Parlamento, Pellegrini no vaciló en enfrentarse con la realidad político-social del país, uniendo en un haz la inquietud social de las clases trabajadoras, manifestada a través de huelgas violentísimas, y la inquietud de las clases medias que aspiraban a llegar al poder y no vacilaban en buscar una salida a sus inquietudes en la conspiración. “La situación presente —decía Pellegrini— es la obra de todos los partidos y de todos los hombres públicos que hemos tenido actuación política en el país desde Caseros hasta la fecha; todos tenemos responsabilidad de lo que hoy pasa, y la única manera de evitar que esa responsabilidad se haga histórica es propender honradamente a la reforma, producir la reacción para suprimir y corregir estos males y devolver a nuestro país la verdad de sus instituciones, el ejercicio de su soberanía popular.”

Pellegrini volvería sobre este tema otras veces. En la misma línea política se alineó Roque Sáenz Peña, y cuando llegó a la presidencia en 1910, concretó sus esfuerzos en una ley electoral que, aprobada en 1912, instauró el voto secreto y obligatorio y el sistema de la lista incompleta, con el que tenían acceso a la representación parlamentaria las minorías. Pero no fue sin lucha. Pellegrini no había podido llegar a ser candidato a presidente en 1904 por la fuerza de la organización electoral que no quería abandonar sus métodos para conservar el poder; y durante el gobierno de Manuel Quintana, el gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, extremó los recursos para controlar los resultados de los comicios y mantener a cualquier precio el uso del gobierno, seguro de que le pertenecía de derecho a la vieja oligarquía y de que carecía de derecho para reemplazarla esa clase media que se constituía con el aporte humano de la inmigración extranjera.

Estas dos corrientes en pugna reflejaban la preocupación que en el seno de la oligarquía producía la actitud de la Unión Cívica Radical. Desaparecidos en 1896 Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle, el partido que fundara el primero quedó librado a las inspiraciones de Hipólito Yrigoyen, que reforzó la posición intransigente negándose en 1897 al acuerdo político con Roca. El nuevo jefe del partido quería la lucha y no la transacción, porque consideraba que eran incompatibles la tradicional concepción de la sociedad argentina, basada en el privilegio y el falseamiento de las instituciones, y la concepción radical y revolucionaria que él encarnaba, basada en la igualdad política y la autenticidad del régimen representativo. Por eso no vaciló en desencadenar la revolución en 1905. Pero al mismo tiempo su acción y su labor persuasiva contribuyeron a precipitar la maduración de la idea de que era necesaria una reforma electoral. La oligarquía disidente e ilustrada no pudo dejar de prestar oídos a esa doctrina que coincidía con sus aspiraciones; Pellegrini y Sáenz Peña escucharon al revolucionario que quería que se le ofreciera el camino de la legalidad. Y la ley electoral, promovida por Sáenz Peña, condujo poco después al poder a Hipólito Yrigoyen y al radicalismo.

Roque Sáenz Peña, en quien los observadores del proceso político argentino veían el espíritu superior capaz de romper una tradición arraigada para ofrecer nuevas formas de convivencia a la colectividad, mereció no sólo el reproche de algún sector de la vieja oligarquía que veía en él un traidor a su causa, sino también el sarcasmo ocasional de un filósofo. Con el título de El hombre mediocre escribió una encubierta diatriba contra el entonces presidente de la República por razones accidentales, el psiquiatra y filósofo José Ingenieros, espíritu burlón y apasionado por la vida cotidiana, pero profundo y sagaz en el estudio de los problemas filosóficos. Fue Ingenieros, sin duda alguna, la figura más significativa del pensamiento argentino en los años del Centenario, y la publicación de su Psicología genética en 1911 constituyó un hecho singular en la vida intelectual del país. Ya en 1903 había dado a luz su estudio sobre La simulación en la lucha por la vida, con el que se incorporaba a la corriente cientificista del positivismo. Su Psicología, que reeditó en 1913 con el título de Principios de psicología biológica, acentuó esta orientación, tras de la cual formaron densos grupos de estudiosos, pues la influencia personal de Ingenieros fue extraordinaria. “La psicología es una ciencia natural concordante con las hipótesis más generales de la filosofía científica”, escribía. Partiendo de la biología, Ingenieros aspiraba a formular leyes generales en el campo de la psicología, a través de las cuales pudiera establecer los fundamentos de la lógica, la ética o la sociología. Esta relación condicionaba todo el saber dentro de una concepción decididamente naturalista. Empero no entrañaba una actitud tan decididamente positivista, porque no cerraba totalmente la posibilidad para una metafísica, como se advertiría en sus trabajos posteriores.

Dentro de una corriente cientificista análoga a la de Ingenieros estaba el sabio paleontólogo Florentino Ameghino, desde 1902 director del Museo Nacional de Buenos Aires. En 1906 leyó en la Sociedad Científica Argentina el trabajo en el que fijaba sus opiniones filosóficas y científicas y que se conoce con el nombre de Mi credo. Afirmaba en él que el cosmos se compone de cuatro infinitos, dos tangibles y dos intangibles. “Materia y espacio —decía— tienen la relación de contenido y continente. El espacio existe, es una realidad, puesto que en el Universo es lo único inmóvil, perenne, inmutable, sirviendo de receptáculo a la materia. Concebir algo que sea menos que el espacio o que se encuentre fuera de él, es un imposible. La materia es la sustancia palpable que llena el Universo, y no podemos figurárnosla sino ocupando espacio; es evidente que la porción del espacio ocupada por un átomo de materia no puede a la vez ser ocupada por otro. La materia no tuvo principio, ni tendrá fin. Que es indestructible, es evidente, puesto que no es concebible la posibilidad de sacarla fuera del espacio. Como inseparable del espacio tenemos el intangible infinito tiempo, que podemos definir como la sucesión infinita de la nada corriendo paralelamente a las sucesivas fases de la eterna transformación de la materia. Como inseparable de la materia tenemos el infinito movimiento, que aunque inmaterial, a diferencia del infinito tiempo, es sensible y tangible.”

Los fenómenos naturales —afirmaba Ameghino— obedecen todos a las distintas combinaciones de dos movimientos que predominan en la materia: uno radiante y otro concentrante. Si es posible enunciar leyes de la naturaleza, es contando con que su validez sólo durará mientras dure cierto régimen de equilibrio entre aquellos dos movimientos, régimen que no es inmutable. La vida misma no es sino un aspecto del movimiento, y la diferencia entre el mundo de lo orgánico y lo inorgánico es accidental.

Con esta doctrina se alineaba Ameghino en las filas del cientificismo, con cuyos principios aspiraba el sabio naturalista a crear un cuerpo de doctrina que reemplazara a las creencias religiosas. Había en él, como en Ingenieros, una preocupación por los interrogantes últimos, cuya legitimidad no negaba; de aquí que sólo parcialmente se vincularan uno y otro al positivismo clásico.

Positivista ortodoxo y consecuente fue, en cambio, J. Alfredo Ferreira, acaso en esta época el más documentado y representativo de los que seguían las doctrinas comtianas. Otros muchos expusieron las ideas del positivismo, pero se atuvieron fundamentalmente a sus derivaciones educacionales; Ferreira, tuvo, en cambio, decidida vocación filosófica y aunque escribió poco y publicó menos aún, vivificó sus enseñanzas con un contacto asiduo con los textos y un análisis de las proyecciones posibles del pensamiento comtiano.

La plenitud del predominio de las concepciones positivistas apenas parecía discutible al concluir la primera década del siglo. Si algo les hacía sombra, era la intrépida tenacidad de algunos profesores —especialmente en la Universidad de Córdoba— que seguían enseñando filosofía según los textos de Balmes y Donoso Cortés. Empero, en la Universidad de Buenos Aires se iniciaba una rebelión de otro carácter. Rodolfo Rivarola, profesor de ética y metafísica en la joven Facultad de Filosofía y Letras, había comenzado a abandonar los textos usuales y empezaba a exponer en su cátedra el pensamiento de Kant, que transportaba a otro plano el planteo de los problemas filosóficos. Por su parte, Alejandro Korn se incorporó a la Facultad como profesor suplente en 1906 y como titular tres años después en la cátedra de Historia de la Filosofía, desde la que comenzó a ampliar el horizonte filosófico, sobrepasando el reducido y casi dogmático planteo que solían hacer los profesores de la época. Su sólido conocimiento de la filosofía del racionalismo, del empirismo y del criticismo, le permitió mediante un retorno a lo antiguo, salir del círculo vicioso de una filosofía que había logrado confundirse en la mente de muchos con “la” filosofía.

La influencia de ambos maestros fue pequeña al principio; pero la llegada de Ortega y Gasset en 1916, con la revelación filosófica que trajo consigo, la multiplicó y la hizo decisiva a través de las nuevas generaciones. Entretanto, atacaba también la vigencia del positivismo y el cientificismo la corriente católica, que se oponía no sólo a las doctrinas que respaldaban la escuela laica sino también a las que habían osado desafiar las enseñanzas de la teología. Ameghino, el sabio, era hostilizado por su calidad de sostenedor del evolucionismo, de modo que no sólo se combatía su pensamiento filosófico sino también su pensamiento y su obra científica.

Esta última, sobre todo, adquiría sin embargo cada vez más relieve. Los numerosos estudios paleontológicos y antropológicos de Ameghino, muchos de ellos publicados en los Anales del Museo Nacional, merecieron la atención de los círculos científicos extranjeros. Y en vísperas del Centenario comenzó a ocuparse del problema de la antigüedad del hombre en el Río de la Plata, publicando en 1907 su Tetraprothomo argentinus. En 1910 se reunió en Buenos Aires el decimoséptimo Congreso Internacional de Americanistas, y allí defendió con ahínco sus ideas, que expondría finalmente en La antigüedad del hombre en la República Argentina.

Diez años antes, en 1900, se había reunido también en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Popular, en el que se expusieron los principios de la pedagogía triunfante, también de definido sentido positivista. Correspondió exponer allí los puntos de vista de la escuela filosófica y pedagógica predominante a J. Alfredo Ferreira, cuya juventud no obstaba para la madurez de sus ideas. Resumiendo la labor ya realizada decía: “Partiendo de las investigaciones de los sabios que estudian el alma en los laboratorios; sabiendo que sólo una tercera parte de la zona cerebral es conocida en sus funciones, estando más explorados los cielos; conociendo, sin embargo, que el cerebro colectivo ha producido monumentos de ideas y de acción que se elevan un palmo cada año, como la columna de Pozzuoli en Italia, según lo comprueba el conjunto de la ciencia abstracta y concreta, de la poesía, derecho, religión, trabajo; contando con la diferenciación constante de los cerebros individuales, que es progresiva, se ha ensayado en las escuelas argentinas que, dentro de una dirección comprensiva del maestro, los discípulos trabajen e investiguen libremente, en la medida de su complexión cerebral y aun corporal, sin respeto por la uniformidad y la igualdad que no son leyes de la naturaleza ni de la vida.

’’Como consecuencia de este mismo concepto orgánico, está herido de muerte el método exclusivo y absoluto preconizado por la escuela clásica, en nombre de la lógica abstracta. Respetándolo como valor en lo que vale como factor de juicio definitivo y guía de procedimiento, se lo ha transformado en relativo, pues los hechos corrigen los razonamientos, y los medios de educación deben armonizarse con el temperamento del que enseña y del enseñado, de la región y de los ideales de cada tiempo. Todos los medios son buenos, cuando son adaptados, y malos, cuando inadaptados o inadaptables.”

La preocupación por la educación y por las reformas en el sistema educacional para servir a las nuevas e imperiosas exigencias de la colectividad, fue intensa a principios de siglo. Pablo Pizzurno escribió por entonces La reforma de la enseñanza secundaria y normal, Leopoldo Lugones, La reforma educacional y Carlos Octavio Bunge, La educación. Con algunos matices se procuraba responder con un pensamiento coherente a la necesidad de una acción intensiva sobre las masas populares para que se compenetraran del espíritu nacional y se transformaran sus miembros en hombres útiles a la sociedad que progresivamente se constituía. Sólo una orientación utilitaria —afirmaba Bunge— podía asegurar un progreso social. Y el mismo autor, con el que coincidiría Ricardo Rojas unos años después, afirmaba que la educación nacionalista era una de las necesidades fundamentales del país.

Por esos mismos años —exactamente en 1905— fundó Joaquín V. González la Universidad de La Plata, cuya orientación general estaría dada por las doctrinas positivistas y las experiencias educacionales norteamericanas, en cuya difusión trabajaron intensamente Ernesto Nelson y Amaranto Abeledo. La nueva casa de estudios no debía ser una universidad más, análoga a las de Córdoba y Buenos Aires, sino una creación original en el país, en la que se desterrara la enseñanza verbalista y se la reemplazara por el aprendizaje directo. Rafael Altamira, el eminente historiador español, contribuyó a definir la fisonomía de la nueva Universidad. La teoría que presidió la organización fue estudiada, profundizada y expuesta en una sección pedagógica agregada a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la que trabajaron las figuras más representativas del positivismo pedagógico: Rodolfo Senet, Víctor Mercante, Leopoldo Herrera, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez Etchart.

En su Educación y evolución, como en La educación primaria y en los Apuntes de pedagogía, Rodolfo Senet difundió los elementos de la doctrina positivista; Mercante abordó los mismos temas y ahondó los problemas metodológicos; por esa vía influyeron ambos —y a través de ellos la universidad platense— en la orientación escolar del país, que cedió cada vez más a esa influencia. Desde 1908 hasta 1912 ejerció la presidencia del Consejo Nacional de Educación José María Ramos Mejía; fue preocupación fundamental suya introducir una orientación nacionalista en la escuela elemental para contrarrestar la acción del cosmopolitismo ambiente; pero no lo fue menos ordenar los planes y programas escolares de acuerdo con la pedagogía en boga, practicista y racional. Contó para ello con las nutridas promociones de maestros que formaban las escuelas normales, en las que desde las últimas décadas del siglo xix predominaba el positivismo difundido desde los centros de Paraná, Mercedes y La Plata. La formación de maestros fue un problema que se consideró resuelto, y la orientación doctrinaria fue positivista con exclusión de toda otra.

En otros aspectos de la enseñanza media la orientación no fue por entonces tan definida. Casi todos los ministros de Instrucción Pública que se sucedieron desde la segunda presidencia de Roca —Osvaldo Magnasco, Juan Ramón Fernández, Joaquín V. González, Juan M. Garro— se preocuparon por revisar los planes y programas del bachillerato; pero aunque afirmaron reiteradamente que la enseñanza debía ser práctica, no lograron introducir tal principio en un sistema que tuviera vida larga y vigorosa como el que presidió la vida de las escuelas normales. Subsistía la idea de que el bachillerato, puesto que era el camino de acceso a la universidad, tenía como misión la formación de las minorías dirigentes, y esa opinión robustecía la tradición humanista y formativa tradicional. De aquí la indecisión entre las dos concepciones educativas en el campo de la enseñanza media.

El cuadro de los grandes problemas educacionales y de su evolución práctica y doctrinaria fue trazado con precisión por Juan P. Ramos en su libro Historia de la instrucción pública en la República Argentina, aparecido en 1911.

Los últimos años del siglo xix trajeron una renovación profunda en las corrientes estéticas. Buenos Aires fue, naturalmente, su primer escenario, acaso porque la ciudad abandonaba aceleradamente su ritmo provinciano para adoptar otro más ágil y nervioso. Y dentro de él una bohemia, un poco imitada de la de París, introducía un nuevo rasgo en la fisonomía de la vida espiritual de la urbe y del país. En los cafés y en las redacciones comenzaron a circular con más audacia y desenvoltura ideas novedosas y revolucionarias, que abarcaban todos los temas, desde el arte hasta la filosofía pasando por la política. La “revolución” —una revolución indefinida en su alcance y en su sentido— atraía a muchos espíritus, acaso porque ocultaba en su seno cierto matiz estético, como se le adivinaba a la filosofía o a la sociología misma. Y el sentido militante que tales ideas despertaban desembocó en la publicación de revistas de avanzada, entre las cuales merecen recordarse —al lado de La Biblioteca, que dirigía Groussac— la Revista de América de Rubén Darío, El Mercurio de América de Eugenio Díaz Romero, El Sol de Alberto Ghiraldo, Ideas de Ricardo Olivera y Manuel Gálvez, Hebe de Ernesto Morales y Novillo Quiroga y finalmente la más duradera, Nosotros de Alfredo Bianchi y Roberto F. Giusti, que comenzó a aparecer en 1907.

Predominaba en todas ellas un aire de renovación; quizá sin brusca ruptura con el pasado, puesto que la generación de principios de siglo vivía del rico y sustancioso legado de las generaciones precedentes; pero estaba animada también por la certidumbre de poseer un mensaje original y un modo de expresión aún desconocido. Comenzaban a disiparse las influencias del realismo, hasta poco antes decisivas, encarnadas en Flaubert, en Daudet o en los Goncourt, y también se desvanecían las de Zola, pese a la persistencia de su influencia como crítico de la sociedad. Otras las reemplazaban ya, aureoladas con el signo inequívoco del buen gusto, en cuya coincidencia se hermanaban los espíritus formando verdaderas sectas, no por efímeras menos vigorosas.

La sabia ironía de Anatole France —que visitó Buenos Aires en 1909— pareció la actitud propia del hombre que estaba al cabo de los secretos del mundo. Se sumó a su influencia la de Oscar Wilde y la de Eça de Queiroz entre otros, coincidentes con aquél en el escepticismo y en el entrevisto descubrimiento de cierto misterio del espíritu que comenzaba a tentar el vuelo más allá de las experiencias cognoscitivas de las ciencias. Traían nuevos mensajes de ese mundo, en distinta cifra, los oscuros poetas del simbolismo. D’Annunzio y Maeterlinck renovaban el encanto de Poe y Hoffman, en tanto que Verlaine y Samain deslumbraban con su riqueza y su comunicativa profundidad. Todavía hubo más: los novelistas rusos que abismaban con sus audaces descensos a las profundidades del alma y ennoblecían el espíritu con su militancia moral. Dostoiewski, Tolstoi, Gorki atraían tanto, y acaso más, como los dramaturgos nórdicos: Strindberg, Bjoernson, y sobre todo Ibsen. Y junto a las lecturas de Stirner y de Nietzsche, se deslizaban las de Unamuno, Azorín y Valle Inclán, testimonios de la renovación del espíritu español.

La confluencia de tantas corrientes extrañas y la efervescencia interna de los espíritus juveniles facilitaron la rápida difusión del “modernismo”, la nueva estética literaria de estirpe latinoamericana que representaban eminentemente Silva, Gutiérrez Nájera, Del Casal y, sobre todo, Rubén Darío. El poeta nicaragüense residía en Buenos Aires —que amaba y llamó “regio” en Prosas profanas—, y allí publicó ese libro en 1896, desencadenando una vigorosa renovación poética que atrajo a Ricardo Jaimes Freyre, a Leopoldo Díaz y a otros muchos jóvenes poetas. Su influencia personal fue grande, y la de su poesía no menor, en parte por el amor que traslucía su palabra y su obra y en parte por el ardor polémico que la animaba. Cantó Darío a la Argentina en el Centenario de la Independencia y a Bartolomé Mitre en ocasión de su muerte en 1906; pero muchos poemas de Prosas profanas revelan la dedicación amistosa a los hombres de la bohemia literaria que compartían con él la nueva inquietud por la expresión moderna de la belleza. El Epitalamio bárbaro está dedicado a Leopoldo Lugones, el revolucionario anarquista de La Montaña que en 1897 publicó Las montañas de oro; con ese libro inició una escuela que él mismo enriqueció luego con Los crepúsculos del jardín, el Lunario sentimental y las Odas seculares, y que acogió a innumerables imitadores.

El modernismo, hijo de América, revelaba un viraje en la sensibilidad. Se buscaban nuevas formas de expresión con nuevas alusiones, pero se descubría que debajo de ellas se erguía por sobre todo, una nueva sensibilidad. Tras de Lugones, con mayor o menor fidelidad a la estética del modernismo, siguieron Ricardo Rojas —con La victoria del hombre—, Enrique Banchs, Rafael Alberto Arrieta. Era el triunfo de una sensibilidad, pero también de un mensaje, de un cuerpo de ideas y de ideales.

Sonaron también por entonces otras voces de distinto timbre. Una fue la de Evaristo Carriego, que representó el demorado amor por las pequeñas cosas y los pequeños dramas, así como el amor por la singular existencia del barrio porteño, tan representativo de los fenómenos sociales propios de principios de siglo. Y otra fue la de Pedro B. Palacios, conocido con el seudónimo de Almafuerte, que representó la afirmación de una eticidad radical por encima de todo el sistema de convenciones sociales. Así como en el modernismo parecía primar el lenguaje sobre el mensaje, en estos dos poetas se imponía un dramático mensaje de humanidad, que daba a su poesía un tono diferente al de la refinada poesía de sus contemporáneos.

La nueva estética influyó también en la prosa e inspiró La gloria de don Ramiro, que Enrique Larreta publicó en 1908. Pero el relato conservó más fielmente que la poesía las influencias tradicionales. Roberto J. Payró y Manuel Gálvez las mantuvieron en sus cuentos y novelas, en los que se presentaba la realidad social de su tiempo con decidida intención crítica, el primero especialmente en Divertidas aventuras del hijo de Juan Moreira y el segundo en La maestra normal. Esta línea siguió también preferentemente el teatro, que adquirió gran repercusión popular a partir del estreno de La piedra de escándalo de Martín Coronado, ocurrido en 1903. Gregorio de Laferrére, Vicente Martínez Cuitiño, Enrique García Velloso estrenaron por esos años con éxito obras de crítica social, género en el que alcanzó alto vuelo el uruguayo Florencio Sánchez, que ofreció en Buenos Aires algunos dramas de intenso vigor, como La Gringa y Barranca abajo.

Las artes plásticas adquirieron fuerte impulso por entonces. En 1910 se instaló en el Pabellón del Retiro el Museo Nacional de Bellas Artes, que dirigió Cupertino

del Campo. De poco antes es la introducción del impresionismo, que llegó al país a través de la paleta de Martín Malharro y del modelado de Rogelio Irurtia. La influencia fue profunda en quienes acertaron a descubrir el nuevo mensaje; Eduardo Sívori y Ernesto de la Cárcova —este último con el ejemplo inequívoco de su óleo titulado Sin pan y sin trabajo— mantenían la tradición del realismo, pero cedieron luego a las influencias impresionistas. Se vieron por entonces en Buenos Aires las obras de los pintores españoles: Sorolla, Zuloaga, Anglada Camarasa. Su influencia fue grande, y comenzaron a seguir sus huellas muchos artistas como Cesáreo Bernaldo de Quirós y Alfredo Guido, algunos seducidos tan sólo por el pintoresquismo y otros atraídos especialmente por la sombría paleta de Anglada y la dramática potencialidad de su dibujo.

Por entonces comenzaron a difundirse nuevas influencias en la estética musical. Junto a las de la operística, empezó a advertirse la de la tradición sinfónica, cuya última expresión era la de César Franck. Alberto Williams y Ricardo Rodríguez representaron esas nuevas tendencias que incidirían tangencialmente en Julián Aguirre, en quien se mantenía el gusto por lo folklórico.

Capítulo tercero

LA REVOLUCIÓN DE POSGUERRA

Por sí misma, y por lo que entrañaba, la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, promulgada por el presidente Roque Sáenz Peña en febrero de 1912, estaba destinada a modificar la fisonomía del país. La ley realizaba un viejo anhelo político, cuya fuerza había llegado a ser con el tiempo suficientemente grande como para que ciertos grupos conservadores consintieran en satisfacerlo; y su cumplimiento abría el camino a algunas fuerzas sociales que habían tenido escaso relieve, hacia posibilidades de acción que hasta entonces les habían estado vedadas. Comenzaron, pues, a producirse nuevos cambios en la fisonomía de la sociedad argentina, determinados por el desplazamiento de ciertos grupos hacia situaciones de mayor influencia. Una sorpresa profunda y creciente empezó a cundir entre quienes debían ceder posiciones que creían pertenecerles indiscutiblemente.

Poco después de aprobarse la ley Sáenz Peña se renovó el gobierno de la provincia de Santa Fe, y por primera vez llegó al poder la Unión Cívica Radical. No mucho después debía renovarse la Cámara de Diputados de la Nación. Los resultados de las elecciones permitieron que el Parlamento de 1912 tuviera una fisonomía muy diferente de los anteriores. No mucho antes, tras asistir a una sesión del Senado, Jean Jaurés había dicho a Juán B. Justo que el cuerpo era “una reunión de personas bien educadas, que no quieren contradecirse recíprocamente”; tai era, ciertamente, el aire del parlamento argentino tradicional, del que sólo participaba la oligarquía, dividida, todo lo más, en grupos rivales. Pero las cosas habrían de cambiar: la Cámara de Diputados de 1912 vio incorporarse a su seno a varios diputados radicales —José Luis Cantilo, Vicente C. Gallo y Marcelo T. de Alvear entre ellos—, a los socialistas Juan B. Justo y Alfredo L. Palacios, y al jefe del partido santafecino de la Liga del Sur, Lisandro de la Torre. Desde ese momento, las contradicciones fueron frecuentes y las polémicas sostenidas y en ocasiones violentas.

Los cambios que se advertían en la vida política correspondían a transformaciones profundas que se producían en la estructura económica y social del país; derivaban éstas fundamentalmente de la continua afluencia inmigratoria y de los extraños y variados procesos de su absorción por la población tradicional, y fueron puestos de manifiesto por el censo nacional de 1914. En menos de veinte años la población del país, que era de 3.954.900 en 1895, alcanzó a los 7.884.900 habitantes. Más de los dos tercios de ese aumento de población había correspondido a la zona Este del país, zona litoral caracterizada por sus excelentes puertos y por la buena calidad de la tierra para la producción agrícola: allí estaban localizados casi seis millones de habitantes. Había por entonces en el país alrededor de dos millones y medio de extranjeros, y el 81% de ellos estaba radicado, precisamente, en la zona litoral. La presencia de este numeroso grupo de extranjeros —casi el 30% de la población total del país en una determinada región— le daba a ésta una singular fisonomía que se precisaba aceleradamente, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez de la incorporación, pues en el quinquenio comprendido entre 1906 y 1910 habían entrado al país 1.200.000 inmigrantes.

También desde el punto de vista de su distribución había sufrido cambios importantes la población argentina en los veinte años que transcurrieron entre el censo de 1895 y el de 1914. Alcanzaba la población rural en la primera fecha a 2.300.000 habitantes, y llegó en 1914 a 3.300.000 con lo cual, de ser el 58 % de la población total pasó a ser solamente el 42%. La población urbana creció con ritmo inverso: alcanzaba al 42% en 1895, con una cifra absoluta de 1.661.000 habitantes, y llegó al 58% en 1914 con la cifra de 4.573.000. Cosa explicable, Buenos Aires crecía velozmente, y encerraba ya el 25,2% de la población total del país.

Estos fenómenos de distribución estaban acompañados por una creciente diferenciación en las distintas capas sociales. La industrialización se acentuaba y se instalaron —precisamente en los veinte años que preceden al censo de 1914— grandes empresas a cuya sombra se creó, junto al viejo artesanado, una clase asalariada muy numerosa. Se ha calculado en 1.780.000 la cifra de trabajadores asalariados a la fecha del censo, esto es, el 55% de la población ocupada. Por su parte, también las clases medias crecieron en número y se diversificaron cualitativamente, en tanto que perdía significación la vieja clase oligárquica que, por lo demás, no monopolizaba ya enteramente los medios de producción.

Las consecuencias de esta persistente transformación demográfica y social se advirtieron en los resultados de la primera elección presidencial realizada bajo el imperio de la nueva ley electoral. El candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, triunfó sobre sus adversarios de la derecha y de la izquierda, aunque su partido no obtuviera un triunfo tan categórico que le permitiera disponer de la mayoría en las Cámaras: los representantes de la oligarquía tradicional siguieron predominando, aunque hostilizados por los partidarios del gobierno y por los socialistas, que aumentaban su representación y habían logrado llevar al Senado a Enrique del Valle Iberlucea. Quizá por esas circunstancias el régimen radical no cuajó en una definida y compacta obra legislativa que modificara a fondo la fisonomía social del país. Pero hubo, sin duda, otros factores que contribuyeron a ese fracaso.

El régimen radical duró desde 1916 hasta 1930. Al asumir el poder, Yrigoyen debió optar entre ejercerlo dentro de las condiciones políticas creadas por la ley o ejercerlo de manera revolucionaria, basándose en la incontrovertible tesis de que era su elección presidencial la primera que reflejaba verdaderamente la voluntad popular y que tanto la representación existente en el Parlamento como los gobiernos provinciales estaban viciados de nulidad. Yrigoyen optó por la primera tesis, y aunque intervino algunas provincias, limitó la acción económica y social que algunos sectores esperaban de él. Sin duda el propio Yrigoyen y cierta parte de su partido pertenecían a la vieja oligarquía; pero sobre todo participaban, en principio, de las ideas generales del liberalismo y carecían de una política económica y social renovadora como la que confusamente parecían esperar ciertos sectores del radicalismo.

No hubo, pues, una obra legislativa y administrativa que respondiera acabadamente a las imprecisas aspiraciones populares; pero hubo, inequívocamente, un cambio en la actitud del Estado con respecto a las clases medias y a las gentes humildes, que determinó una transformación del ambiente social del país. No se advertían en 1916 —al llegar el radicalismo al poder— exigencias muy urgentes por parte de los sectores del trabajo ni acaso podían preverse las graves consecuencias que traería aparejado el conflicto mundial, todavía incierto, sobre las condiciones locales de vida. Y no hubo una política decidida; pero hubo decididamente una nueva manera de enfrentarse con el pueblo, que el pueblo advirtió y que advirtió, sobre todo, la vieja oligarquía.

Espíritu humanitario y caritativo, el presidente de la República alcanzó un prestigio casi legendario y fue considerado el “padre de los pobres”. No faltó el gesto demagógico; pero sin duda alcanzaron las magistraturas de la República y los empleos administrativos muchas personas de humilde condición en las que el pueblo vio a los suyos. El Estado dejó de ser sentido como algo fatalmente hostil y se abrió como una esperanza, que, por cierto, no fue defraudada del todo.

Ciertamente, eran tiempos de renovación general, en el mundo y en el país. El radicalismo coincidió con ella y contribuyó a desencadenarla, beneficiándose y perjudicándose con la crisis. El positivismo comenzaba a declinar y nuevas doctrinas filosóficas comenzaban a difundirse, así como nuevos gustos y preferencias en las artes. Grupos más o menos extensos empezaban a despertar a nuevas maneras de pensar y de sentir, que entraban en conflicto con aquellas que cobijaban los grupos cultos tradicionales. Se preparaba sordamente cierta transformación profunda, y la ocasión para que estallara apareció cuando comenzaron a sentirse las primeras influencias de la revolución rusa de 1917 y las primeras consecuencias de la paz.

A los dos años del gobierno radical, estos sucesos tuvieron repercusión profunda en las conciencias y motivaron múltiples y encontradas reacciones, a las que el nuevo régimen, hostigado por la vieja oligarquía desplazada del poder, tuvo que hacer frente sin haber alcanzado una idea clara —como casi todos los grupos políticos en el resto del mundo, por lo demás— de lo que estaba pasando y de las consecuencias que los nuevos fenómenos podrían llegar a tener.

Ciertos hechos económicos, tales como el reducido desarrollo industrial, la falta de ciertos productos de primera necesidad, el encarecimiento producido por la escasez y la especulación, la desocupación creciente, los bajos salarios y, finalmente, la crisis de algunas industrias artificialmente desarrolladas durante la guerra, crearon delicadas situaciones que se manifestaron muy pronto en el seno de la clase obrera. Comenzaron los problemas del trabajo, y en tanto que la oligarquía se preparaba para afrontarlos con la energía con que había solido hacerlo hasta entonces, el gobierno se dispuso a hacerlo con más comprensión y cordura. Hubo huelgas, y su desarrollo culminó en los sangrientos episodios de enero de 1919, en los que participaron la policía, el ejército y, sobre todo, numerosos grupos organizados por las empresas y por la oligarquía, que sintió al mismo tiempo el peligro de lo que solía llamarse “la revolución social” y la impotencia o la inoperancia del gobierno. Hubo un terror auténtico y un terror fingido en las clases poseedoras, y cierta indecisión en el gobierno, que quería, a la vez, resguardar el orden establecido y satisfacer los anhelos populares. Pero lo que se percibía por todas partes era un anhelo de renovación y cierta inequívoca certidumbre de que muchas ideas y muchos grupos habían perdido su vigencia en virtud de inexorables dictados de los tiempos.

Otro signo claro fue la rebelión que se desencadenó en las universidades. Cuando más vigorosa era la inquietud obrera, al promediar el año 1918, los estudiantes se echaron a la calle en Córdoba para protestar contra las Academias, los académicos y las doctrinas que enseñaban. Los estudiantes buscaron la confraternidad con los obreros, y se declararon solidarios con sus inquietudes y anhelos. Y a medida que avanzaba el movimiento, era más difícil descubrir dónde terminaba el conflicto universitario y dónde empezaba el movimiento social. Poco después la inquietud había ganado a todo el país, y en los años siguientes fue canalizándose como un aspecto más del anhelo colectivo de transformación que vibraba sobre todo en las clases trabajadoras y en las nuevas generaciones.

El régimen radical no canalizó todo ese vigoroso fermento ni supo aprovecharlo para tonificar su propia obra, que se había anunciado también como de transformación profunda. Si acaso, se limitó a no extinguirlo, y, en ocasiones, a aprovecharlo para una política que poco a poco se hacía más electoralista y más semejante, en lo profundo, a la política de la oligarquía. Sólo la actitud la salvaba, y la actitud, por esa misma contradicción íntima, debía tornarse demagógica.

Cuando Marcelo T. de Alvear sucedió a Hipólito Yrigoyen en 1922, el régimen radical comenzó a girar lentamente hacia la derecha. Las obras no fueron ni más ni menos revolucionarias que en el gobierno de su antecesor, pero el aire popular del gobierno fue perdiéndose. El divorcio entre las dos orientaciones políticas originó un cisma en la Unión Cívica Radical, que se dilucidó a través de múltiples vicisitudes a cuyo calor se perdió de vista el objetivo fundamental del movimiento. Un ala del radicalismo se aproximó a los conservadores, en tanto que la otra se aglutinó fuertemente alrededor de la personalidad de Yrigoyen, ya muy anciano, pero cada vez más capaz de desatar la idolatría de las multitudes a través de su obstinado silencio. Al producirse la renovación presidencial de 1928, un verdadero plebiscito lo llevó otra vez al poder, ya casi octogenario.

Los dos años en los que ejerció la autoridad presidencial fueron estériles. El estado se inmovilizó, y sólo quedó del impulso originario del movimiento radical, un insaciable apetito de poder y una lastimosa venalidad. El sentimiento popular se sintió defraudado, y las voces de sirena de la vieja oligarquía comenzaron a encontrar benévolos oídos. La confluencia de varias corrientes determinó la irrupción y el triunfo de una revolución militar el 6 de septiembre de 1930, tras de la cual surgió un gobierno conservador que, al cabo de muy poco tiempo, mostró su escondida propensión hacia el fascismo.

Desde 1911 hasta 1914, los conflictos sociales disminuyeron tanto en número como en intensidad; pero las condiciones económicas suscitadas por la guerra volvieron a desencadenarlos, en un ambiente, por cierto, menos amenazador para la clase obrera, pues el gobierno radical no extremó sino ocasionalmente las medidas represivas. Desde 1916, especialmente, las huelgas se hicieron numerosas y frecuentes: en 1917 llegaron a 138, en 1918 a 196 y en 1919 a 367. Una huelga ferroviaria llegó a inmovilizar el tráfico en 1918 durante veinticuatro días, y en 1919 llegaron a abandonar el trabajo más de 300.000 obreros. Estos hechos, así como los acontecimientos de la misma índole que agitaban por entonces al mundo y repercutían en la Argentina, suscitaron diversas corrientes de ideas, de distinto valor y diferentes fundamentos, sobre los fenómenos sociales, su interpretación general y las posibilidades y formas de intervenir en su desenvolvimiento.

Los movimientos obreros —con su corolario de huelgas y de actos de violencia— eran ya una respuesta a la realidad que implicaba cierta teoría acerca de las relaciones de clase. Los trabajadores se mostraron inclinados a suponer que sólo una acción enérgica podría ser eficaz frente a la clase patronal, y aunque en ocasiones confiaran en la benevolencia del Estado, diversas circunstancias los apartaron de esa opinión. Había en las huelgas de la época un movimiento espontáneo, aunque había también un enérgico impulso promovido y organizado por una vigorosa institución sindical, la Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista, que aplicaba sus concepciones rígidas a la interpretación de los fenómenos económicos, sociales y políticos de la hora. Una vez más, la experiencia inmediata desencadenaba la preocupación por los problemas sociales; y en esta ocasión confluían las explicaciones espontáneas con las interpretaciones doctrinales más rigurosas y penetrantes.

En cierto modo, esas corrientes de ideas correspondieron a sectores bien definidos y caracterizados de la opinión pública, y se pusieron de manifiesto en el debate parlamentario que originaron los sucesos de la llamada “semana trágica”, en enero de 1919. El radicalismo explicó el fenómeno objetivamente, como derivado del rápido desarrollo industrial, tan acelerado que sorprendió al país sin la legislación social necesaria. Pero —por boca de Horacio Oyhanarte— dejó entrever que las proyecciones del fenómeno eran desproporcionadamente superiores a las causas que las habían determinado y quedó señalada una influencia que se consideraba maléfica y que se atribuía a los “agitadores”, quizás ácratas o maximalistas. Para los radicales, la solución no era ni la legislación social ni la acción organizada del proletariado, sino la alianza de los trabajadores con el jefe del Estado, en cuya protección debían confiar. “¿Por qué los obreros —decían— no escucharon ahora como otras veces la palabra paternal del Presidente de la República, que les dijo con la lealtad de un estadista y de un hombre bueno: cada vez que sientan ustedes la necesidad de mejoras o de reclamaciones justas vengan a mí, que en mí encontrarán un juez, y un juez cariñoso?” Este paternalismo tenía, naturalmente, sus límites, porque entrañaba la legitimidad de la represión del movimiento obrero organizado que pretendía obtener por su propio esfuerzo las conquistas sociales a que aspiraba.

La derecha, naturalmente, apoyaba este punto de vista, y atribuía todos los fenómenos sociales del momento a dos causas: la inexistencia de una legislación social apropiada y la acción de agitadores extranjeros movidos por lo que se llamaban “ideas extremistas” o “avanzadas”, o sea las que preconizaban los anarquistas o los maximalistas. Como los radicales, estimaban las fuerzas conservadoras que tales ideas eran “exóticas”, y que no sólo habían sido importadas por extranjeros sino que eran absolutamente inadecuadas a la realidad nacional. De ahí la conclusión de que se requería una enérgica acción contra quienes obraban como instigadores y, secundariamente, contra quienes se dejaban seducir o engañar por ellos. El Estado, presidido por Hipólito Yrigoyen y conducido según aquellos principios paternalistas, parecía no ser una garantía suficiente, como no lo había sido en otras ocasiones en que se habían producido conflictos semejantes; era, pues, necesaria la organización privada de la defensa, y para eso se constituyeron organizaciones como la Asociación del Trabajo y, sobre todo, la Liga Patriótica Argentina que presidió Manuel Carlés. En el referido debate decía el diputado conservador Matías Sánchez Sorondo: “Yo hago aquí acto de homenaje a la virilidad, a la decisión y al patriotismo de los jóvenes que se constituyeron en el Centro Naval, pero encuentro en esa misma actitud la crítica más seria a los procederes del Ejecutivo. ¿Por qué la juventud de Buenos Aires se congregaba para defenderla?” Y a un tiempo mismo criticaba al gobierno radical y justificaba la acción de los grupos conservadores que, por la fuerza, trataban de romper las huelgas y ejercían violencias sobre las personas, especialmente sobre los obreros extranjeros, a los que responsabilizaban de la inquietud social, desatando con ello una verdadera ola de xenofobia.

Ya algunos meses antes había protestado en el Congreso contra los excesos de la Liga Patriótica el diputado socialista Nicolás Repetto. “Dije —cuenta en Mi paso por la política— que la Liga Patriótica fomentaba la desunión de los habitantes de nuestra tierra, al emplear la expresión despectiva de extranjería; que introducía el desasosiego al lanzar proclamas en las que hablaba de malos extranjeros y de malos argentinos; que tendía a favorecer a los capitales extranjeros, negando a los peones criollos del interior los beneficios del salario mínimo; que negaba a los extranjeros el derecho de intervenir en política, permitiendo esta intervención a aquellos que vendían el voto a los caudillos de la política criolla. ¿Y qué decir de la organización militar que se había dado la Liga, de sus fichas de adhesión, de sus brigadas nacionales, de los grupos armados y de sus servicios a la policía, a la cual pretendía sustituirse? Pero lo que asumía gravedad extrema era la colaboración que ciertos elementos del ejército prestaban directa o indirectamente a la propaganda de la Liga Patriótica. Esta colaboración se había manifestado por la adhesión pública, a la Liga, de jefes y oficiales del ejército y del Centro Naval; por la propaganda realizada por algunos agregados militares y por ciertas conferencias tendenciosas dedicadas a oficiales para instruirlos acerca de determinados problemas políticos, obreros y sociales. Recordé que esta propaganda había originado una protesta de los estudiantes universitarios contra la adhesión y la colaboración pública de los jefes y oficiales a los trabajos de la Liga. Terminé mi discurso llamando la atención del gobierno sobre el artículo sexto de la Ley Orgánica Militar, según el cual ‘los oficiales, clases y asimilados de todos los grados y de todas las armas del ejército permanente no pueden tomar directa ni indirectamente participación alguna en política’.” Así apreciaban los socialistas los inequívocos fenómenos de polarización y lucha de clases que se presentaban ante los ojos.

Más resueltamente aún aplicaron sus criterios doctrinarios frente a los hechos de enero de 1919. Mario Bravo, Nicolás Repetto y Enrique Dickmann sostuvieron que los conflictos del trabajo eran fenómenos normales en la sociedad moderna como consecuencia del desarrollo industrial, y que no debía darse a esos episodios más importancia de la que tenían. Sostuvieron, además, que era impropio usar ahora la violencia para reprimir el malestar obrero cuando la sociedad toda era responsable de no haber salido al encuentro de las necesidades urgentes de la clase trabajadora con medidas eficaces, señalando la insensibilidad de amplios sectores frente al problema de la jornada de trabajo, del seguro social y de los salarios. Dentro de su concepción doctrinaria, sostuvieron la necesidad de una urgente y eficaz obra legislativa para producir la reforma de la sociedad.

En realidad, y a pesar de los rótulos, todos los sectores de la opinión coincidían en percibir la relación estrecha que existía entre la situación económica del país al concluir la guerra, los fenómenos económico-sociales que se sucedían en el mundo y las reacciones de las clases trabajadoras. “Todos los señores diputados —decía Enrique Dickmann el 9 de enero de 1919— sienten en su intimidad que hay un estado de inquietud, de intranquilidad, producido por los acontecimientos del mundo y por la situación local. Nuestra clase obrera, que hace cuatro años sufre de falta de trabajo, reducción de salario y un encarecimiento de la vida imposible, se ha creado un estado tal que es imprescindible proceder con la mayor prudencia, cordura y sensatez.” La situación económica era, efectivamente, difícil, pero era, sobre todo, nueva, y los criterios tradicionales tenían que ser revisados totalmente.

Ya había señalado la peculiaridad del momento Manuel Augusto Montes de Oca al finalizar el año 1918: “El progreso de nuestras industrias —decía—, combinado con las consecuencias de la guerra en los mercados manufactureros proveedores de la República, ha tenido como resultado feliz que durante los años de la terrible contienda quedara en el país un saldo comercial favorable de diez mil millones de pesos oro, que han dado nervio, robustez y empuje a la economía nacional. Pero desaparecidas las circunstancias anormales que nos han producido ese activo, será de temer que el fiel de la balanza se incline del lado opuesto, si no ponemos el mayor empeño en dar a nuestras industrias cimientos robustos y organización científica.” Tal era, en buena parte, el origen de la crisis. En el cuadro de una economía presidida, en general, por los principios del liberalismo, comenzaron a aparecer ciertos principios proteccionistas en defensa de las industrias locales. En relación con esas nuevas orientaciones económicas, apareció después otra forma de intervencionismo estatal en el mercado de subsistencias, política que llegó al extremo de resolver la expropiación de determinados productos alimenticios. Pero tales medidas fueron consideradas transitorias, y la doctrina liberal recobró su predicamento, hasta que se produjo la crisis mundial de 1928. Para entonces se habían normalizado las relaciones económicas entre la Argentina y sus mercados, y a la bonanza económica había seguido cierta tranquilidad en el orden social. Sólo pequeños grupos habían mantenido la intensa inquietud propia de los años de posguerra, y se habían adherido a las actitudes revolucionarias adoptadas por los bolcheviques en Rusia.

Frente a éstos, la derecha procuró también definir sus posiciones y organizar sus fuerzas sobre sólidos fundamentos. A fines de 1919, y con el objeto de encauzar la acción, organizó —bajo la inspiración de la Iglesia Católica— lo que se llamó la “Gran Colecta Nacional”, cuyo manifiesto ponía de relieve la interpretación de los fenómenos que la movía. Afirmaba que los obreros honestos eran esclavos de ciertos perturbadores que los utilizaban para la lucha de clases y la revolución social. “El bien de los obreros y la seguridad del capital exigen, pues, como el orden público —agregaba luego—, que la iniciativa privada proporcione a los obreros honestos una defensa activa. Ella debe ser permanente, organizada, poderosa. Es preciso ayudar al obrero que no quiere pertenecer a una sociedad de resistencia socialista, ácrata o sindical revolucionaria, dándole medios para arrancarse a su despotismo.” Para lograr esa finalidad, proponía la organización de una oficina general de servicios sociales que “centralice la información del bien que se hace” con el objeto de darle “eficacia social”, y además, la construcción de casas para obreros, la creación de instituciones de cultura para los obreros, las mujeres y los jóvenes. Para sostener ese vasto esfuerzo, se exhortaba a los ricos a contribuir a la formación de un importante fondo y apelaba no sólo a la generosidad sino al instinto de conservación de aquellos a quienes se solicitaba la ayuda. “¿Quién —decía—, en medio de un naufragio, se pone a regatear con las olas y calcular con espíritu de avaro, meticulosamente, si ha de dar, o cuánto ha de perder, para salvarse? ¡En medio de un naufragio social, de una de las tempestades más horribles, estamos todos, todos, todos! Las pasiones más bravas, las iras del populacho, el rencor de las masas obreras, la sed de venganza anarquista, el huracán de la revolución antisocial, la loca ambición de ejercer la dictadura en nombre de las heces de la sociedad, todo un conjunto de fieros males —contra todos y cada uno de nosotros— nos amenaza.”

El manifiesto identificaba el orden social vigente y los intereses de la Iglesia, amenazados no sólo por los efectos disolventes de la revolución social sino también por la miopía de las clases conservadoras que no sabían salir al paso del peligro. “¡Tú das a Dios! Pero ¿no ves que hasta ahora has dado según lo que te ha dictado tu generosidad, tu celo, tu bien parecer, tu capricho? En esto has hecho tu voluntad. Pero hoy es Dios quien te pide que hagas la suya, que des lo que Él te pide y exige, no para un altar o una capilla o el adorno de un templo, sino para salvar la sociedad y con ella su Iglesia Santa. Por eso te pide por boca de aquellos a quienes el mismo Dios ha puesto para regir la Iglesia y anunciar a los fieles el querer y beneplácito divinos. Tú das para el culto, pero ahora los obispos no te piden en nombre de Dios para eso. Saben muy bien los prelados que de nada servirán las iglesias ni lo demás que has querido dedicar al Señor si la sociedad y el orden público padecen naufragio. Si en realidad has dado mucho para gloria del Señor, no niegues ahora lo que la misma Iglesia te pide para que no se malogren tus dádivas. ¿Ves toda esa multitud de hermosas iglesias, de preciosos asilos, de grandes colegios, de tantos y tantos edificios dedicados a hacer el bien?… Pues todo eso en un solo día de revolución social puede quedar arruinado para siempre.” Y terminaba la invocación con estas frases apocalípticas: “Pero, en fin, si nada te mueve de lo dicho, si aún te muestras insensible a tanto y tan nobles requerimientos, volvamos al egoísmo humano; el tuyo, invoquemos: Dime: ¿qué menos podrías hacer, si te vieras acosado, o acosada, por una manada de fieras hambrientas, que echarles pedazos de carne para aplacar su furor y taparles la boca? ¡Los bárbaros ya están a las puertas de Roma!”

La tesis, pese a todo, entrañaba un elemento positivo: la necesidad de prevenir los males sociales, que se consideraban inherentes al desarrollo de la sociedad moderna, en oposición a las tesis simplistas que preconizaban la represión brutal y ejemplarizadora. En otro orden de ideas habían triunfado ya los mismos principios. Bajo la influencia del pensamiento jurídico-sociológico del positivismo, un nuevo Código Penal, sancionado en 1922, suprimía la pena de muerte y reconocía la influencia del ambiente en la conducta del delincuente.

En condiciones tan excepcionales, en medio de tanta inquietud social y frente a problemas tan novedosos, era inevitable que las ideas políticas cobraran claro perfil y se acentuaran los matices y las contradicciones.

El acceso del radicalismo al poder permitió confrontar la concepción del conservadorismo tradicional con la del partido que hacía sus primeras armas en el gobierno, después de largos años de espera. Hipólito Yrigoyen, indiscutido jefe del radicalismo, llamaba “el régimen” a la época y al sistema político de los conservadores. En esta vaga fórmula llegó a encerrarse para muchos una preciosa caracterización de la vida pública. El “régimen” era, en síntesis, un sistema de gobierno basado en el privilegio, desarrollado en favor de la clase patricia de origen local, que se sentía superior tanto a las clases medias de desdibujada fisonomía que se constituían con el aporte de la inmigración, como a las clases populares de origen tanto criollo como inmigratorio; solía admitirse que el sistema era “liberal y progresista”, esto es, capaz de promover el progreso económico y de mantener la vigencia de las instituciones republicanas; pero había pleno acuerdo —inclusive entre vastos sectores del conservadorismo— en que el “régimen” constituía una superestructura inadecuada a la realidad social del país y que el sistema representativo estaba absolutamente falseado.

El radicalismo —que su jefe denominaba “la causa”— sostenía, precisamente, que su misión histórica era cumplir lo que Yrigoyen llamaba “la reparación”, esto es, el proceso mediante el cual un régimen de sufragio libre diera a las instituciones representativas su genuino valor. La larga lucha sostenida contra el fraude electoral terminó por hacer de este problema la médula del problema político, y del respeto formal de las instituciones el único plan de gobierno del radicalismo. Poco o nada se había pensado —mientras el partido aspiraba al poder— sobre los grandes problemas del país, y acaso pueda decirse que ni Yrigoyen ni los hombres de los cuadros superiores del partido habían advertido la intensidad de los cambios económicos y sociales que se producían en el país; de modo que al llegar al gobierno afrontaron los problemas institucionales y políticos según aquellas preocupaciones, y entretanto se limitaron a marchar a la zaga de los problemas nuevos, propuestos por la situación creada por la Guerra Mundial.

El radicalismo no tenía, efectivamente, programa, ni sentía la necesidad de tenerlo. Movía a esa fuerza política la certidumbre de que sus ideales —vagos, por cierto, y no expresados formalmente— eran los ideales de la inmensa mayoría de los argentinos, y parecía esperar que frente a las exigencias de la realidad, su reacción sería ajustada a la sensibilidad media. Pero en el fondo, esta ausencia de programa —que Lisandro de la Torre reprochó al radicalismo— entrañaba una vaga posición ideológica y política que acaso —con limitaciones— podría ser llamada antiliberal.

Los rasgos fundamentales de esa postura son diversos, y no se descubren siempre a primera vista, pues acaso sean más el fruto de reacciones negativas que de posiciones positivas. Pero, sin duda, la noción de la soberanía política y económica del Estado que regía los actos de Yrigoyen no era la que tradicionalmente presidía la acción del “régimen”. “Mientras dure su período —manifestaba el presidente Yrigoyen en 1920— el Poder Ejecutivo no enajenará un adarme de las riquezas públicas ni cederá un ápice del dominio absoluto del Estado sobre ellas.” Esa línea de conducta correspondía a cierta afirmación resuelta de los inalienables derechos de la Nación en otros planos. Era época de avance del imperialismo, y el radicalismo pretendía defender los principios de la soberanía nacional, tanto en relación con sus propios intereses como en relación con los de países latinoamericanos, amenazados más de cerca que la Argentina especialmente por los avances de los Estados Unidos. A veces sus actos no correspondían a la doctrina, pero ésta seguía presente en la retórica oficial.

Era evidente que la nueva concepción política entrañaba una actitud favorable a la intervención estatal en materia económica. También introducía el principio del arbitraje en las relaciones entre el capital y el trabajo; pero en este aspecto alcanzaba su más definida expresión la concepción paternalista del poder, que alcanzó con Yrigoyen un grado incompatible ya con el desarrollo y las condiciones de la vida del país. El paternalismo arrastraba consigo una tendencia acentuadamente personalista del poder que no provenía de doctrina alguna, sino de la indiscutida autoridad del jefe del partido gobernante, pero que de todos modos condicionaba la concepción política y obligaba a una justificación forzada del sistema. Había en tal actitud cierto retardo, cierta adhesión a formas tradicionales que, aun teniendo cierto arraigo, no constituían ya expresión viva de los sentimientos reales, pero que el jefe del partido del gobierno consideraba reflejo fiel del sentimiento nacional; y de esa actitud derivaba cierta fisonomía del viejo caudillo, un poco anacrónico, que sin embargo atraía por sus virtudes personales, por la bonhomía y acaso también por su indiscutible autoridad. En virtud de aquella predisposición, se opuso categóricamente al proyecto de establecimiento del divorcio y vetó la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1921, sobre todo porque contenía algunas prescripciones que afectaban a la situación preeminente de la Iglesia Católica,

Después de seis años de gobierno, Marcelo T. de Alvear sucedió en el poder a Yrigoyen, llevado por el mismo partido. Pero su actitud política fue diferente. Las formas externas volvieron a ser sensiblemente parecidas a las del “régimen”, y el paternalismo personalista cedió el lugar a un desarrollo más libre de las instituciones, cuyo recto funcionamiento fue celosamente vigilado para que no se apartara de la ortodoxia constitucional y legal.

La doctrina radical mostró entonces su ambivalencia en cuanto doctrina y en cuanto política práctica. Las incitaciones de la realidad permitieron que pusieran de manifiesto las distintas tendencias que ocultaba potencialmente el movimiento popular, y la consecuencia fue que, poco a poco, se preparó un nuevo reagrupamiento de las opiniones políticas.

Frente al gobierno de Yrigoyen, el viejo conservadorismo había enarbolado algunas banderas que le permitieron renovar su fisonomía. De los defectos de sus enemigos —especialmente la lentitud administrativa, cierta despreocupación por las formas, el paternalismo personalista— supo hacer virtudes de su propio régimen, y la ironía fue su mejor arma, especialmente a partir de la fundación del diario La Fronda en 1919, fecha en la que el conservadorismo comenzó a reordenar sus filas.

La prédica de La Fronda no agregó en un principio nada nuevo a la tradicional doctrina conservadora: en lo económico, librecambismo, sujeción a los intereses del mercado internacional que absorbía nuestra producción agropecuaria y defensa del crédito; en lo político, una crítica despiadada a la peculiar deformación que el paternalismo personalista de Yrigoyen introducía en el régimen representativo, republicano y federal, con alguna vaga y tímida defensa del monolítico sistema de la oligarquía. Pero tras esa actitud de La Fronda hubo un desarrollo creciente de ciertas ideas definidas. El conservadorismo creyó advertir que el radicalismo contenía —acaso potencialmente— los gérmenes de una política estatista y reaccionó enérgicamente contra ella, aproximándose entonces a los grupos conservadores ciertos sectores del radicalismo que no compartían aquella tendencia; poco después estos últimos se separaron del viejo tronco radical y fundaron una disidencia que tuvo estrechos puntos de contacto con el conservadorismo.

Con estos sectores se reconstruyó lo que bien pudiera llamarse la derecha clásica. Pero a medida que transcurría el tiempo y se advertían las consecuencias de la Guerra Mundial y de la Revolución rusa de 1917, ciertos sectores de la derecha comenzaron a afinar su posición, descubriendo que no sólo los separaba del radicalismo la vaga tendencia al intervencionismo estatal de éste sino también cierta innegable vibración popular que había en él y que podía facilitar la recepción de las doctrinas revolucionarias. Comenzaron entonces a abandonar las tesis liberales y a preferir las soluciones enérgicas, desembozadas unas y enmascaradas otras. A la inspiración de esos sectores correspondió la creación de la Liga Patriótica, que encabezó Manuel Carlés, movimiento originariamente destinado a combatir la influencia de los sectores obreros organizados, a los que fustigaba por estar compuestos principalmente de extranjeros: grupos de choque organizados para la acción directa fueron lanzados a la calle para quebrar la resistencia obrera. Poco después, la experiencia europea proporcionó nuevos elementos de juicio, y el fascismo italiano encontró muy pronto imitadores. En 1923, Leopoldo Lugones pronunció en el Teatro Coliseo tres conferencias sobre Mussolini y el fascismo, de las que se desprendía como corolario no sólo la adhesión del conferenciante y su público por las doctrinas del dictador italiano sino también la necesidad de aplicarlas a la realidad argentina. Este punto de vista del poeta quedó definitivamente expresado al año siguiente, en la conferencia que pronunció en Lima con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho y en la que proclamó que había llegado “la hora de la espada”. Así comenzó a constituirse en la Argentina la nueva derecha, la derecha fascista.

Pero fuera del pleito que sostenían conservadores y radicales por la posesión del poder y del que resultó un progresivo esclarecimiento de sus respectivas posiciones políticas, otros grupos se agitaron también tratando de expresar las tendencias de determinados sectores de la opinión. Fue muy característica la posición de Lisandro de la Torre, jefe del Partido Demócrata Progresista, de definida tendencia liberal y que representaba a la burguesía más evolucionada de la provincia de Santa Fe. Enemigo tenaz de Yrigoyen, se había separado del radicalismo en 1897 y desde entonces su pensamiento político había tratado de precisarse con creciente claridad.

Refractario a las oscuridades y a los programas confusos, se empeñó en establecer los problemas concretos de la vida argentina y en formular las soluciones posibles, siempre con un criterio liberal y progresista, análogo al del radicalismo francés. Ante la magnitud de los problemas sociales que se sucedían en el mundo y en la Argentina, De la Torre señaló su categórica disidencia frente a los conservadores: “No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía”, escribía. Pero lo que más claramente reveló su singular filiación y su equidistancia de conservadores y radicales fue su posición claramente laicista frente al problema religioso.

En cierta ocasión, absolvió posiciones frente a la derecha en frase categórica: “Ustedes son conservadores, clericales, armamentistas, antiobreristas, latifundistas, etcétera… y nosotros somos demócratas y progresistas, de un colorido casi radical-socialista.” Bajo su predominante inspiración se sancionó en Santa Fe una nueva constitución provincial en 1921, que suponía un notable avance en materia institucional. Establecía que el poder legislativo se convocaba por sí mismo, afianzaba el régimen municipal, echaba las bases del derecho obrero, propiciaba la reforma agraria y declaraba la neutralidad religiosa del Estado. Pero bajo la presión de Hipólito Yrigoyen, el gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca, vetó la Constitución y quedó planteado un conflicto que llegó al Parlamento. Allí tocó a Lisandro de la Torre defender la Constitución, haciendo hincapié en el punto que había desencadenado el conflicto: la cuestión religiosa. Sus palabras fueron reveladoras: “Yo que ignoro las pasiones antirreligiosas; yo que pasé otra vez cuatro años en esta Cámara sin promover jamás un debate sectario y sin intervenir en los que se promovían, entonces con más frecuencia que hoy, entre católicos y socialistas; yo que nunca creí en el peligro clerical ni en la necesidad de precaverlo; yo que aspiraba ingenuamente a que cada cual creyera en lo que su conciencia le dictase; hoy alarmado, angustiado, ante una conjuración de intereses clericales que pretende con mentiras y tergiversaciones destruir la Constitución de mi provincia, reconozco que he estado en un error; que el clericalismo es un peligro para nuestras libertades… Esto lo pongo ante los ojos de la Cámara: ¡una Constitución argentina está en peligro de ser anulada por una conjuración clerical!”

Si la agitación de la época incidió en las actitudes de los partidos de la derecha y del centro, más debía incidir sobre las opiniones de los de la izquierda, cuyos planteos quedaron sometidos a dura prueba a raíz de los hechos que se sucedían en el mundo. El primer episodio se desarrolló alrededor del problema de la posición argentina en relación con la Guerra Mundial, que el gobierno había resuelto sobre el principio de la más estricta neutralidad. La opinión pública se dividía entre aliadófilos, germanófilos y neutralistas, pero sin duda los primeros reunían la mayoría; y contra la pertinaz neutralidad del presidente Yrigoyen, se polarizaron los sectores aliadófilos y expresaron reiterada y públicamente su opinión.

Posición semejante adoptó en 1917 el grupo parlamentario socialista, encabezado por el senador Enrique del Valle Iberlucea y el diputado Juan B. Justo. Afirmando el derecho y la necesidad de proteger el comercio exterior argentino, sostuvo que el gobierno debía asegurar enérgicamente esa protección con todos sus recursos, en términos tales que podían considerarse violatorios de la neutralidad. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista respaldó esa declaración, pero en el seno del Partido una poderosa corriente de opinión comenzó a manifestarse en sentido contrario, de modo que el asunto pasó a un Congreso Extraordinario donde predominó la tendencia neutralista, opinión fundada en una interpretación económica de la guerra y en la idea de que estaba movida por los intereses capitalistas de ambos lados.

Juan B. Justo redactó la renuncia que, con ese motivo, presentaron los legisladores, y estampó en ella ciertos principios teóricos: “No creemos que la Guerra Mundial —como dice el considerando primero de la resolución presentada por la minoría del Comité Ejecutivo y aprobada por el Congreso Extraordinario— sea consecuencia, simple y fatal, de la propiedad privada y la producción mercantil. En el inmenso Imperio británico, en un país tan vasto y poblado como los Estados Unidos, la propiedad privada y la producción para el mercado, existen y se desarrollan libremente, en proporciones jamás vistas en el mundo, sin que en esos países o imperios, haya guerras. Concebimos y deseamos entre las naciones la solidaridad que existe ya entre los estados o regiones de esas grandes unidades políticas, y que así la guerra sea imposible ya, aun bajo el régimen capitalista.”

Esta polémica, desarrollada en abril de 1917, anunciaba ya la repercusión en la Argentina de los debates que se desarrollaban en el seno del socialismo internacional para examinar las causas del drama contemporáneo y las perspectivas para el futuro. Las posiciones se extremaron como consecuencia del triunfo de la revolución maximalista en Rusia, y gracias sobre todo a la influencia que el grupo Clarté —organizado en Francia por Anatole France y Henri Barbusse— tuvo en algunos sectores intelectuales del país y especialmente en el que encabezaba José Ingenieros. La definición se produjo en el acto público que se realizó en el Teatro Nuevo el 22 de noviembre de 1918, en el que Ingenieros disertó sobre el experimento ruso en términos de inequívoca simpatía. Describió los orígenes del conflicto militar y las oscilaciones de la opinión pública, inadvertida frente a los móviles secretos que empujaban a los contendientes; luego explicó la revolución rusa como típica reacción de las clases populares, ajenas a los intereses que se debatían en la guerra, y la formación en su seno de dos corrientes de opinión: la de los que aspiraban a mantener el mismo régimen social y económico y la de los que aspiraban a transformarlo profundamente. Ingenieros no vaciló en defender la solución maximalista y llamó calurosamente a la juventud y a los trabajadores para que tomaran la defensa de las nuevas ideas. “Esa conciencia sólo puede formarse en una parte de la sociedad, en los jóvenes, en los innovadores, en los oprimidos, que son ellos la minoría pensante y actuante de toda sociedad, los únicos capaces de comprender y amar el porvenir.”

El proceso de polarización de las tendencias fue acentuándose en el seno del Partido Socialista. Algunos afiliados que se denominaban “internacionales” se habían separado ya del partido a raíz de la polémica de 1917, pero la disidencia se ahondó después de la creación de la Tercera Internacional y del establecimiento de las “veintiuna condiciones” para el ingreso de los partidos socialistas, y finalmente se resolvió en el Congreso celebrado en enero de 1921 en Bahía Blanca: la mayoría resolvió rechazar el proyecto de adhesión a la Tercera Internacional y, como consecuencia, abandonó el socialismo un sector que constituyó poco después el Partido Comunista.

A la polarización de las simpatías alrededor de la causa de Rusia soviética acompañó una enérgica reacción contra la política imperialista de los Estados Unidos, que por entonces se había manifestado bajo la forma de una activa intervención en los asuntos latinoamericanos. El gobierno radical de Yrigoyen había definido sus ideas sobre la soberanía nacional en términos muy categóricos y las había traducido en actitudes muy enérgicas. Afirmó que “los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”, y sostuvo que en una organización internacional como la Sociedad de Naciones, todas debían ser puestas en un pie de igualdad, sin distinguir entre beligerantes y neutrales o entre pequeñas y grandes potencias. Aplicadas estas ideas a la situación latinoamericana, la Argentina se colocaba en una situación cada vez más definida frente a los Estados Unidos; la política del gobierno se veía respaldada por importantes sectores, especialmente de las minorías intelectuales, y el Ateneo Hispanoamericano, fundado en 1912, fue la tribuna que se ofreció a sus opiniones. Allí se escuchó la voz de José León Suárez, al tiempo que Manuel Ugarte defendía su pensamiento en libros de resuelta militancia como El porvenir de América española (1920), La campaña hispanoamericana (1922), El destino de un continente (1923) y La Patria grande (1924).

Al margen de la organización panamericana, el gobierno radical propuso en 1917 la formación de un bloque de naciones latinoamericanas no beligerantes; el intento fracasó, pero llegó a visitar Buenos Aires una delegación de México —que con Cuba eran los únicos países que finalmente habían aceptado la invitación— y la simiente quedó echada. Años más tarde, en 1922, llegó a la Argentina José Vasconcelos, secretario de Educación en el gobierno del general Obregón y uno de los teóricos de la revolución mexicana. El 11 de octubre, en un banquete que le ofrecieron los intelectuales argentinos, José Ingenieros pronunció un discurso en el que analizó la situación creada en el Continente por los intentos de expansión y de intervención de los Estados Unidos, y propuso algunas formas concretas de acción para los países latinoamericanos. Habló de fortalecer la unidad y la cooperación, para lo cual sugirió la creación de un Alto Tribunal que dirimiera las cuestiones entre países, y un Supremo Consejo Económico que estimulara y dirigiera la cooperación económica; de ese modo América latina estaría en condiciones de enfrentar el poderío de los Estados Unidos. Para difundir estas aspiraciones propuso la fundación de la Unión Latinoamericana, organismo que quedó organizado y en cuyas filas trabajaron más tarde, entre otros, Alfredo L. Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, Aníbal Ponce y Gabriel del Mazo.

Fueron expresión de estas ideas los conceptos que Hipólito Yrigoyen desarrolló frente a Herbert Hoover, cuando lo recibió en Buenos Aires como presidente electo de los Estados Unidos en 1929: “La Argentina —¿por qué no decir la América y el mundo?— espera que vuestra Nación, ya en el cénit de su engrandecimiento, en la cumbre misma de su pujanza y de su expansión, irradie altos valores espirituales y pacifistas, como el que llevara a vuestro insigne presidente desaparecido, a convocar en Ginebra, después de la trágica hecatombe de la civilización contemporánea, a todos los pueblos, para que —como bajo el santuario de una solemne basílica— reafirmaran para las naciones el precepto eterno y luminoso que el Divino Maestro promulgó: Amaos los unos a los otros. Tales son los anhelos de los pueblos sudamericanos, los cuales aspiran a avanzar siempre por el sendero de los perfeccionamientos hacia la misión que en la Historia le han deparado los designios de la Providencia; realizándose como entidades regidas por normas éticas tan elevadas, que su poderío no pueda ser un riesgo para la justicia ni siquiera una sombra proyectada sobre la soberanía de los demás estados.”

Pocos meses después, al inaugurarse la línea telefónica entre los Estados Unidos y la Argentina, Yrigoyen volvió a los mismos temas, y concluyó su mensaje con estas palabras: “…reafirmando mis evangélicos credos de que los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, y en común concierto reconstruir la labor de los siglos sobre la base de una cultura y una civilización más ideal, de más sólida confraternidad y más en armonía con los mandatos de la Divina Providencia…”

La afirmación y la defensa de los rasgos peculiares del espíritu latinoamericano correspondía a un sentimiento cada vez más intenso de la peculiaridad del espíritu nacional. Expresa o tácitamente, la reacción contra el cosmopolitismo invasor, propio de la formación aluvial del país, se tradujo en una sostenida tendencia de ciertos sectores a indagar y establecer las etapas fundamentales en la formación espiritual del país y los rasgos que ese proceso había terminado por imponer a los argentinos.

Durante algún tiempo pareció que el camino para aproximarse a esos fines era el análisis psicosocial; pero pronto se advirtió que había otras vías no menos promisorias. Tres vigorosas personalidades emprendieron casi al mismo tiempo, aunque con criterios distintos, otras tantas investigaciones sobre las ideas argentinas, agregando a las tradicionales historias políticas nuevos panoramas del desarrollo del país: Alejandro Korn había comenzado a publicar en 1912 sus Influencias filosóficas en la evolución nacional, que terminó de escribir en 1919; Ricardo Rojas trabajaba desde la misma época en su Historia de la literatura argentina, que vio la luz entre 1917 y 1922; y finalmente José Ingenieros publicó entre 1918 y 1920 La evolución de las ideas argentinas. Estas tres obras entrañaban un enriquecimiento considerable de la perspectiva histórica y renovaban la imagen del pasado argentino.

Hombre de formación científica y filosófica, Alejandro Korn se interesó por el proceso de formación de la cultura argentina partiendo de las influencias que las distintas escuelas y tendencias europeas habían tenido en el ambiente local. Desdeñando todas las explicaciones simplistas, Korn no creía —como Comte— que las ideas ejercieran un papel rector en la evolución histórica; pero estaba persuadido de que tenían una acentuada influencia y de que valía la pena señalar el proceso de su aparición y desarrollo en relación con otros aspectos de la vida del país. Pero a diferencia de los psicosociólogos que anhelaban descubrir la irreductible singularidad del carácter nacional, Korn afirmaba que la personalidad colectiva sólo se delineaba progresivamente como un matiz del espíritu occidental. “Hemos sido colonia y no hemos dejado de serlo, a pesar de la emancipación política. En distintas esferas de nuestra actividad aún dependemos de energías extrañas y la vía intelectual, sobre todo, obedece con docilidad, ahora como antaño, al influjo de la mentalidad europea. El genio nacional rara vez ha encontrado una expresión genuina e independiente; sólo en la selección de los elementos que asimila se manifiestan sus inclinaciones nativas. El pensamiento de nuestro pueblo ha debido seguir, desde luego, una evolución paralela a las ideas directoras de la cultura occidental, y a investigar cómo se reflejan en nuestro ambiente se encamina este ensayo.” Partiendo de estos principios, analizó las influencias de la escolástica, la filosofía moderna, el romanticismo y el positivismo, y no sólo en el terreno puramente intelectual sino también en los de la política y la educación. Gracias a este esfuerzo, las corrientes que impulsaron la vida nacional comenzaron a ser descubiertas en sus secretos mecanismos, y se difundió una nueva claridad sobre muchos fenómenos de la historia política, misma.

Entretanto, Ricardo Rojas emprendía una indagación semejante a través de nuestra expresión literaria. Su plan era ambicioso, pues junto a la inexcusable búsqueda erudita, aspiraba a elaborar un sistema de ideas que demostrara el sentido general de la literatura argentina. Pretendía “estudiar la literatura argentina como una función de la sociedad argentina” y estaba persuadido de que lograría expresar los rasgos profundos del espíritu nacional. “Una literatura nacional —afirmaba en el prefacio de su obra— es fruto de inteligencias individuales, pero éstas son actividades de la conciencia colectiva de un pueblo, cuyos órganos históricos son el territorio, la raza, el idioma, la tradición. La tónica resultante de esos cuatro elementos se traduce en un modo de comprender, de sentir y de practicar la vida, o sea en el alma de la nación, cuyo documento es su literatura.” En el fondo aspiraba a elaborar una historia de la cultura argentina a través de la creación literaria, pero acudiendo a otras fuentes cada vez que le parecía necesario. Él mismo lo señalaba en el citado prefacio: “Hay, pues, en esta obra —decía— un principio retrospectivo, cuyo espíritu es la historia, y un principio prospectivo, cuyo espíritu es la filosofía. Lo primero, reconstituyendo el pretérito de nuestra cultura, ha dado vida de verdad en la ciencia a las formas literarias del pasado argentino. Lo segundo, ensamblando esas formas según el sistema orgánico de su propia vida pasada, ha procurado descubrir la ley de nuestra ulterior evolución estética. Para ello no me he reducido a la poesía solamente (épica, dramática y lírica), sino que he incluido en mi tema los géneros didácticos que le sirven de base en la organización social, y las bellas artes que le sirven de coronamiento en la naturaleza humana. Así hallaréis que aquí, cuando llega el caso, hablo también de la filosofía, de pedagogía, de artes plásticas y de música.”

Rojas distinguía cuatro líneas de inspiración literaria que eran como cuatro expresiones del temperamento nacional: la de los gauchescos, que correspondía a la tradición vernácula; la de los coloniales, que se entroncaba con la tradición hispanoamericana; la de los proscriptos, que representaba la tradición democrática de Mayo, y la de los modernos, que correspondía a las nuevas inquietudes del país, abierto sin límite a las influencias europeas. En esas cuatro líneas exploraba Rojas no sólo las peculiaridades personales de los autores, sino las corrientes de pensamiento que los envolvían y las circunstancias sociales que moldeaban su expresión. De ese modo su historia de la literatura sobrepasaba los límites que parecía circunscribir su título y se tornaba una exploración de la vida argentina en el campo de la cultura.

Con referencias más directas a la vida política, pero tratando de señalar sobre todo el juego de las ideas y las tendencias, organizó José Ingenieros la obra que tituló La evolución de las ideas argentinas. Era el suyo un libro militante, destinado no sólo a descubrir las grandes líneas ideológicas que movían —así lo creía él— la historia nacional sino también a inclinar a sus lectores en favor de una de ellas: de la que representa la libertad, la justicia y la verdad, frente a la que representa el absolutismo, el privilegio y el error. Veía Ingenieros en la historia argentina dos concepciones de la vida que luchaban reiteradamente. “Son dos filosofías —escribía—, dos sistemas de ideas generales. Toda política que lo ignore, pasada esta hora sombría en la historia mundial, será un ciego andar a tientas, sin rumbo y sin esperanzas.” La mentalidad colonial y la mentalidad revolucionaria, el antiguo y el nuevo régimen, la feudalidad y la democracia, son expresiones que Ingenieros usa para caracterizar esa dialéctica cuyo descubrimiento le parecía deslumbrante. “Después de mucho leer y meditar sobre las corrientes ideológicas que han inspirado a las minorías cultas durante la formación de la sociedad argentina, el autor ha creído llegar a una arquitectónica de su asunto, sólo modificable por retoques de albañilería.” Por este camino creía alcanzar una visión sintética de la historia argentina, en la que los hechos cuidadosamente indagados por los historiadores cobraban sentido. “Lo que ocurre sobre el tablado no es igual para quien admira los títeres y para el que observa los hilos.” A la luz de las peripecias dramáticas de su tiempo, Ingenieros descubría en el juego de los hilos no sólo una clave sino también una consigna.

Acaso con propósito semejante comenzaron por entonces José Ingenieros y Ricardo Rojas a publicar sendas colecciones de autores argentinos: en La Cultura Argentina el primero y en la Biblioteca Argentina el segundo. El momento parecía ser de examen y recapitulación, de revaloración de la vida espiritual argentina, y justificaba el esfuerzo de ofrecer al país las ediciones de los autores que habían forjado trabajosamente la tradición intelectual del país. Así comenzaron a difundirse nombres olvidados y a organizarse las líneas del pensamiento argentino.

Entretanto, los estudios de historia política comenzaban a sufrir un cambio trascendental. Frente a las influencias de la sociología y de vagas filosofías de la historia, había comenzado a desarrollarse la escuela erudita, a la que habían dado un buen impulso Bartolomé Mitre y Paul Groussac. En la Facultad de Filosofía y Letras surgió luego la Sección de Historia, y allí, bajo la dirección del padre Antonio Larrouy, comenzó a formarse un conjunto de investigadores de rigurosa concepción erudita. La preocupación fundamental de la Sección —que fue luego Instituto de Investigaciones Históricas— fue la publicación de documentos dentro de las más severas normas críticas, y la elaboración de monografías de base documental, en la que el texto se ciñera fielmente a datos comprobables. Este criterio fue acentuándose con el tiempo. Tras la Reforma Universitaria asumió la dirección del Instituto Emilio Ravignani, que desarrolló una ímproba labor de investigación y precisó el método dentro del cual debían trabajar los equipos de investigadores que paciente y oscuramente acarreaban los materiales para la historia. Se destacaron a su alrededor Rómulo D. Carbia y Diego Luis Molinari, que en 1917 publicaron con Luis María Torres y Emilio Ravignani un Manual de historia de la civilización argentina en el que quedó de manifiesto el punto de vista de lo que comenzó a llamarse la “nueva escuela histórica”. Se trataba de hallar una actitud equidistante entre la simple erudición y las fáciles generalizaciones de los “sociólogos”. Con análogo criterio afrontaron cada uno de los miembros de la escuela sus temas particulares: Carbia su Historia eclesiástica del Río de la Plata (1914), Molinari su estudio sobre El gobierno de los pueblos (1916) que servía de introducción a la reedición de las actas del Congreso de 1816, Carlos Correa Luna su ensayo sobre Don Baltasar de Arandia (1914) y su Historia de la Sociedad de Beneficencia (1923); y al mismo tiempo aparecían densos, pulcros y numerosos volúmenes de documentos y apretadas monografías sobre temas muy circunscriptos.

Tangencialmente vinculado a la “nueva escuela histórica”, Ricardo Levene publicó en 1920-21 su Ensayo sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno; con una sólida estructura documental, Levene adoptó en algunos aspectos una actitud polémica, objetando la importancia que Juan Agustín García, Carlos O. Bunge, Juan B. Justo y José Ingenieros concedían a los factores económicos en el desarrollo de la Revolución. Tratando de refutar esas tesis, Levene afirmaba que el movimiento de Mayo no era una revolución burguesa sino una revolución popular, a la que se opuso lo que él llamó “la alta burguesía”.

Planeaba sobre los nuevos y los viejos historiadores la figura ilustre de Paul Groussac, maestro de la crítica pero poseedor además de un profundo sentido de la reconstrucción histórica y de una vasta cultura general. Por esos años publicó dos volúmenes de ensayos: Estudios de historia argentina (1918), en el que reunía sus estudios sobre el padre José Guevara, Diego de Alvear, el doctor Diego Alcorta, que había enseñado filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y sobre las Bases de Alberdi; y Los que pasaban (1919), en el que reunía los estudios sobre las grandes figuras de la generación del 80: Goyena, Avellaneda, Pellegrini y Sáenz Peña. Ambos volúmenes consagraban la figura del maestro francés, conocedor profundo de la vida y la historia argentinas, y mentor de varias generaciones a las que impulsó hacia el más exigente rigor intelectual.

Durante la época de la crisis mundial y nacional que acompañó a la guerra se advirtió la aparición de una profunda insatisfacción en las generaciones jóvenes, en cuanto a la actitud frente a la vida y especialmente en cuanto a la orientación de las curiosidades intelectuales. En 1914 se constituyó en Buenos Aires, en el seno del Ateneo Hispanoamericano, una sección de estudiantes universitarios que adoptó una nueva actitud frente a la política y la cultura; la presidía José María Monner Sans y la integraban entre otros Francisco de Aparicio, Carmelo Bonet, Tomás D. Casares, Gabriel del Mazo y Lidia Peradotto. En 1915 comenzó a publicar la revista Ideas y poco después se independizó adoptando primero el nombre de Ateneo de Estudiantes Universitarios y luego el de Ateneo Universitario. Por la misma época comenzaba José Ingenieros, llegado poco antes de Europa, a publicar su Revista de Filosofía, con la que se proponía —según decíaraba— imprimir unidad al naciente pensamiento argentino. Eran signos de nuevas preocupaciones, en un ambiente poco sensible todavía a las inquietudes intelectuales.

Las nuevas generaciones habían comenzado a percibir con claridad y con pesadumbre esa atmósfera que solían llamar cartaginesa. De pronto saltaba a la vista que el país estaba obsesionado por el afán de lucro y presidido por una adocenada clase de ricos dominados por la sensualidad. El hecho era exacto, aunque no nuevo; pero era nuevo, en cambio, el descubrimiento y la irritación que ahora suscitaba, reveladora del advenimiento de una nueva sensibilidad. José Ortega y Gasset señalaría el hecho en la conferencia que pronunció en el Instituto Popular de Conferencias el 6 de diciembre de 1916, para despedirse del público argentino: “Quien viniendo, como yo, de fuera, aspire a aclararse los problemas de la vida argentina, así en lo colectivo como en lo individual, creo que deberá partir, como de un hecho central, de la desproporción enorme que existe entre la preocupación económica de vuestra sociedad y el resto de sus actividades.” Pero advertía el sutil filósofo español otro hecho no menos revelador: “Yo no creo que exista en parte alguna —decía— un público de sensibilidad más pronta y limpia de prejuicios, de mayor perspicacia, que el que encontrará en la Argentina todo el que venga con un poco de pureza en el corazón y otro poco de arte en su expresión. No es esta alabanza mía convencional y reflexiva, porque al punto añado que es un problema para mí explicarme el desequilibrio que existe entre esa sensibilidad difusa y anónima pero exquisita y la producción ideológica y artística de este pueblo, que es más reducida y menos densa que lo que tiene obligación de ser.” El diagnóstico era exacto. Frente a una sociedad poco sensible a las cosas de la cultura y a unas minorías conformistas y académicas, comenzaba a advertirse el ímpetu difuso de una nueva sensibilidad; incapaz aún de dar frutos, mostrábase en su disconformismo, en su rebeldía, en su afán de novedad y renovación, en su insaciable curiosidad y, naturalmente, en su superficialidad. Pero no era menos cierto que con esa actitud se preparaba una vigorosa revolución intelectual.

A la sombra del movimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos que se produjo como consecuencia de su política latinoamericana a partir de fines del siglo xix, comenzó a desarrollarse un vivo sentimiento de simpatía hacia España, vencida en el Caribe y en Filipinas en 1898 y renaciente por el esfuerzo de la nueva generación. Tras la fecha del Centenario, el prestigio hispánico comenzó a acentuarse gracias al conocimiento de los nuevos valores del pensamiento, la literatura, las ciencias y la educación. La fuerte influencia ejercida por Sanz del Río y Francisco Giner, proyectada a través de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta para Ampliación de Estudios y del Centro de Estudios Históricos, comenzó a llegar hasta América con la aureola de una esforzada y profunda renovación. Y en plena guerra europea, mientras se interrumpía la corriente que nos unía tradicionalmente a Francia, las nuevas minorías intelectuales comenzaron a descubrir la transformación espiritual de Europa a través de la renovación espiritual de España. Precisamente España se llamaba el semanario que en 1915 comenzaron a publicar Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors, Baroja, Azorín y Pérez de Ayala, y que tanta influencia ejercería en España y América.

Al comenzar el año 1916, José Ingenieros dictó en la Universidad de Buenos Aires un curso sobre La cultura filosófica en España. Habló en las dos primeras clases del pasado, y dedicó la última a señalar los esfuerzos realizados por el pensamiento libre contra la tradición dogmática desde el siglo xviii; se detuvo Ingenieros en el estudio de las figuras de Sanz del Río y Ramón y Cajal, luego en las de Joaquín Costa y Francisco Giner, describiendo finalmente los esfuerzos y los primeros frutos de la generación del 98.

Se había fundado por entonces en Buenos Aires la Institución Cultural Española, destinada a difundir los nuevos valores hispánicos, y había inaugurado en 1914 la cátedra de Cultura Española de la Universidad de Buenos Aires, Ramón Menéndez Pidal, historiador y filólogo, y director del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Su influencia fue considerable en amplios círculos; pero mucho mayor fue sin duda la del joven filósofo que ocupó la misma cátedra en 1916: José Ortega y Gasset.

Antes de su llegada sólo Rodolfo Rivarola y, sobre todo, Alejandro Korn, se habían atrevido a abandonar la ortodoxia positivista en las cátedras argentinas de filosofía. Volvieron ambos a Kant, según el ejemplo de la escuela de Marburgo; y esta misma actitud, enriquecida con otros retornos y nuevas conquistas, trajo en su mensaje Ortega y Gasset. Formado en el movimiento neokantiano, su devoción por Kant igualaba a la que profesaba por Platón, pero sus enseñanzas estaban marcadas por los nuevos enfoques, especialmente por los de Husserl y Meinong. Creía firmemente Ortega que había un pensamiento propio del siglo xx, y se propuso difundirlo en la Argentina a través de las ideas que juzgaba fundamentales. Habló del sentido de la filosofía, del sentido de la historia y de la cultura. Opuso al evolucionismo nuevas teorías: “La vida —dijo— es una actividad creadora que consiste en el aumento de su propio ser.” La vida es además la que selecciona lo que nos interesa en cada instante, y esta selección en el percibir se traduce en una cierta manera de intervención en la realidad, porque el ser humano es acción. Ortega combatió el evolucionismo, el positivismo y el escepticismo propio de la época moderna. Afirmó que no sólo cada individuo sino también cada pueblo y cada época tienen su propia perspectiva de atención. “Una época —señaló— es un genuino sistema de preferencias y de pretericiones. Hay épocas cuya atención gravita hacia la práctica; épocas que omiten la acción. Hay siglos que prefieren vivir bien y otros que prefieren pensar bien.” Analizó el siglo xix, la herencia del idealismo y los planteos positivistas; señaló luego la trascendencia de “la vuelta a Kant, a Fichte, a Hegel”, y el alcance de la filosofía de Edmundo Husserl, cuyo escepticismo fue transformado en instrumento creador. “A la verdad por el escepticismo” podría ser —dijo— el emblema de la filosofía. El problema de la verdad lo condujo al problema del “sentido”, y en él se detuvo, estudiándolo a la luz de los planteos que constituían una de las grandes conquistas filosóficas de la época, y relacionándolo con el problema de los objetos, tema también novedoso y apasionante por entonces. Buscó luego el tema de la psicología, y descalificó la psicología fisiológica a la que opuso los nuevos planteos, a partir de Brentano. Así pasó revista a los principales problemas de la filosofía y enunció las nuevas corrientes de pensamiento que empezaban a atraer apasionadamente por entonces a las mejores mentes filosóficas de Europa. Eran esas nuevas corrientes, precisamente, las que Ortega consideraba específicamente expresivas del espíritu del siglo xx.

La repercusión que tuvieron las conferencias de Ortega en el ámbito universitario y en los círculos intelectuales del país fue inmensa. En diversas ocasiones habló sobre temas generales y manifestó opiniones antes no escuchadas sobre el valor de los clásicos, sobre el sentido de la vida de la época, sobre la política, sobre España, sobre la misión de la universidad; y en ese público que lo escuchó y en el que él descubrió una insaciable curiosidad y una vaga intuición de las nuevas preocupaciones que cruzaban el mundo, fermentaron inquietudes que cuajaron finalmente en el seno de pequeños grupos que descubrieron o creyeron descubrir una vocación intelectual, que no era como la de sus padres y sus maestros, sino más viva, más en contacto con las renovadas preocupaciones que recorrían el mundo. Así nació lo que se llamó el Colegio Novecentista, bajo la advocación del pensamiento nuevo, representado eminentemente a los ojos de sus miembros por José Ortega y Gasset y por Eugenio D’Ors.

Formaron parte del Colegio Julio Noé, Carlos Malagarriga, Adolfo Korn Villafañe, Baldomero Fernández Moreno, Juan Rómulo Fernández, Benjamín Taborga, Jorge Max Rohde, Carmelo Bonet, Tomás Casares, Roberto Gaché, B. Ventura Pessolano, Vicente D. Sierra y José Gabriel. Los unía una nueva sensibilidad que se encerraba en la expresión “novecentismo”, cuyo significado se esforzaron por precisar. “Novecentismo” —decían— quiere ser una suerte de nombre o seña de la actitud mental de unos cuantos hombres de hoy —nuevos y del Novecientos— a quienes no conforma ya el catón espiritual vigente.” Y tras eficaces respuestas a sus dudas, se lanzaron a toda clase de lecturas, variadas en cuanto a calidad y tema, y a la elucidación de toda suerte de problemas a través de ensayos y artículos.

De aquellos jóvenes, algunos se dedicaron a la literatura, otros a la historia, a la filosofía o al derecho. En el campo de las ideas filosóficas, algunos de ellos realizaron esfuerzos estimables. Casares se orientó hacia la filosofía tomista y Pessolano hacia la estética y la filosofía del derecho, alcanzando ambos la cátedra universitaria; Gabriel reunió algunos ensayos en el volumen que tituló La educación filosófica (1921) y Taborga, que ya antes había dado pruebas de su madurez filosófica en sus Glosas sobre la posibilidad de un novísimo órgano, publicó en los Cuadernos del Colegio Novecentista un ensayo de gran valor sobre El espacio, la geometría y la lógica.

Inspiró en gran parte al grupo Alejandro Korn, que no había vacilado en asistir, junto con Rodolfo Rivarola, al seminario que sobre la filosofía de Kant dictara Ortega y Gasset en la Facultad de Filosofía y Letras, al margen de sus conferencias públicas. Korn conocía a fondo los clásicos de la filosofía y comenzó a enseñar sus doctrinas dejando de lado la tradición positivista. Hacia 1918, su pensamiento había madurado, tanto en el orden de las ideas filosóficas como en el de las ideas generales relacionadas con la vida y la cultura argentinas; y en marzo de ese año, en el primer número de la revista Athenea que publicaban los ex alumnos del Colegio Nacional de La Plata y dirigía Rafael Alberto Arrieta, escribió un breve artículo, con algo de proclama, titulado Incipit Vita Nova, en el que expuso sus puntos de vista fundamentales sobre filosofía e, implícitamente, sobre otros problemas: “He ahí —decía— los varios motivos del resurgimiento de una nueva filosofía, ya no de carácter científico sino de orientación ética. La gran labor realizada no por eso se pierde. Ella ha cumplido su misión histórica, nos ha dado la conciencia de nuestro poder, nos ha dado los instrumentos de la acción y ahora se incorpora a las nuevas corrientes como un elemento imprescindible. El cambio de rumbo, sin embargo, se impone; un nuevo ritmo pasa por el alma humana y la estremece.

“Es que una ética supone un cambio fundamental de las concepciones filosóficas. No se concibe una ética sin obligación, sin responsabilidad, sin sanción y, sobre todo, sin libertad. La nueva filosofía ha de libertarnos de la pesadilla del automatismo mecánico y ha de devolvemos la dignidad de nuestra personalidad consciente, libre y dueña de su destino. No somos la gota de agua obediente a la ley del declive, sino la energía, la voluntad soberana que rige al torrente. Si queremos un mundo mejor, lo crearemos.

“La sistematización, no fácil, de este pensamiento, es la tarea del naciente siglo. Ruskin y Tolstoi han sido los precursores; Croce, Cohen y Bergson son los obreros de la hora presente. No han de damos una regresión sino una progresión. Y a la par de ellos los poetas. De nuevo ha renacido la poesía lírica, pero con una intuición más honda del alma humana, con mayor sugestión emotiva, en formas más exquisitas. ¡Qué trayecto no media de Zola a Maeterlinck! Y en las ciencias sociales ha terminado el dominio exclusivo del factor económico y vuelve a apreciarse el valor de los factores morales. El mismo socialismo ya, más que el socorrido teorema de Marx, invoca la solidaridad, es decir, un sentimiento ético.

“Cuando la serenidad de la paz retorne a los espíritus, quizá florezca la mente genial cuya palabra ha de apaciguar también las angustias de la humanidad atribulada.

“Entretanto, nuestra misión no es adaptamos al medio físico y social como lo quiere la fórmula spenceriana, sino, a la inversa, adaptar el ambiente a nuestros anhelos de justicia y de belleza. No esclavos, señores somos de la naturaleza.”

La posición adoptada hizo de Korn un maestro de la juventud, que lo rodeó con amor y respeto; en la cátedra siguió esa misma línea de pensamiento, de conducta y de vida, y en sus escritos fue desarrollando poco a poco sus ideas con progresiva profundidad. Mientras ponía fin a sus Influencias filosóficas en la evolución nacional, elaboraba La libertad creadora, que salió por primera vez en 1920 y luego, muy ampliada, en 1922. El filósofo se sublevaba contra el realismo ingenuo, y afirmando que tanto el orden sensible como el inteligible pertenecen al plano de la conciencia, infería que también la coerción y la libertad son estados de ánimo. Estos dos términos constituyen la clave de su pensamiento. “La libre expansión de la voluntad —dice— la cohíbe la coerción de la necesidad, y ésta no consiente arbitrariedad alguna. El sujeto es autónomo, pero no soberano; su poder no equivale a su querer y por eso tiende, sin cesar, a acrecentarlo. La aspiración a actualizar toda su libertad no abandona al eterno rebelde. La naturaleza ha de someterse al amo y el instrumento de esta liberación es la ciencia y la técnica.”

En los años siguientes, Korn escribió sobre Kant, sobre el concepto de ciencia y sobre la gnoseología; más adelante, en 1930, publicó su Axiología, acaso su obra más original y profunda. El problema de los valores lo apasionaba, y Valoraciones se llamó la revista que, inspirada por él, editó desde 1923 el grupo de estudiantes “Renovación” de La Plata.

Contemporáneamente enseñaron filosofía Coriolano Alberini y Alfredo Franceschi. Alberini comenzó a dictar la cátedra de Introducción a la filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1922, y desde allí lanzó sus sañudos ataques contra el positivismo. Renouvier, Bergson, Croce y Gentile fueron sus autores predilectos, y tras ellos se alineó en las filas del pensamiento nuevo, a cuyo desarrollo contribuyó originalmente con su Introducción a la axiogenia. Franceschi, por su parte, ocupó la cátedra de Lógica por la misma época y en la misma Facultad, empeñándose también en la querella contra el positivismo.

Por la fuerza de la tradición, el positivismo parecía representado de manera eminente en el país por José Ingenieros, y en buena parte se dirigían contra él y contra su pensamiento las críticas del antipositivismo. Alberini no dejó de dirigirle algún sarcasmo hiriente; pero en cambio Alejandro Korn, que no ocultaba sus convicciones, saludó sin embargo con respeto la aparición de las Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, que Ingenieros publicó en 1918. “Un nuevo libro de Ingenieros —escribía al reseñarlo en la revista Athenea— no es, en nuestro reducido mundo intelectual, un asunto baladí del cual pudiéramos desentendemos con una frase amable o irónica; es siempre el fruto de una labor tan intensa como sería; es con frecuencia el alumbramiento de ideas iniciales, nunca el flojo hilván de conceptos adocenados.” Ciertamente, el estudio que ahora veía la luz era de un interés excepcional. Preciso en la expresión, su contenido revelaba una profunda crisis en el pensamiento del autor.

Ingenieros acusaba el impacto que produjo en su espíritu la reaparición del espiritualismo, en abierto contraste con el positivismo vigente. Para explicarse el fenómeno recurría al renunciamiento a toda metafísica —“a toda explicación de lo inexperiencial”— en que había caído el positivismo. El espíritu, señalaba, se resiste a “excluir la perennidad de lo inexperiencial” y aunque admitía que los problemas de la metafísica estaban entonces “inexactamente formulados”, se atrevía a afirmar la necesidad de la metafísica. “Donde no lleguen las hipótesis experienciales de las ciencias, decía, empezarán las hipótesis que la metafísica prolonga en lo inexperiencial.” Así quedaba señalado el lugar de la metafísica, de la que insistía en decir que no es ciencia, que tiene un objeto distinto al de las ciencias, y de cuyas distintas formulaciones aseguraba que “sólo aspiran a ser lógicamente legítimas, sin que se considere posible su demostración experiencial”. Cuatro rasgos señalaba Ingenieros en la “metafísica del porvenir”: la universalidad, la perfectibilidad, el antidogmatismo y la impersonalidad; y afirmaba que para plantearla correctamente sería necesario renovar el lenguaje filosófico.

Alejandro Korn hizo algunos reparos al pensamiento de Ingenieros, especialmente en relación con la tesis de que la metafísica es la continuación de la ciencia. “La raíz de la divergencia que desarrollamos —escribía— estriba probablemente en el hecho de considerar Ingenieros la metafísica, en primer lugar, como una cosmología y nosotros, ante todo, como una axiología. De ahí distinta apreciación de las ciencias físicas y psíquicas, distinta gnoseología, distinto método y distinto concepto de la metafísica.” Pero quedaba señalado el tránsito del pensamiento de Ingenieros hacia posiciones más amplias y profundas que las de su primera época.

Siguieron los discípulos de Ingenieros su evolución, y hallaron su tribuna en la Revista de Filosofía. Los positivistas ortodoxos, encabezados por J. Alfredo Ferreira, se mantuvieron fieles a la doctrina y organizaron en 1924 el Comité Positivista Argentino, del que formaron parte, además, Maximio Victoria, Avelino Herrera, Rodolfo Senet, Víctor Mercante, Ángel Acuña, Horacio Damianovich, Ángel M. Giménez y Américo Ghioldi. La revista El Positivismo, a través de la que divulgaban su pensamiento, siguió apareciendo hasta 1938.

Pero la revolución filosófica que había desencadenado en buena parte Ortega y Gasset y que acusaban las Proposiciones de Ingenieros, cobraba vuelo y aglutinaba especialmente a los grupos juveniles. El que había desencadenado en Córdoba el movimiento de la reforma universitaria invitó en 1921 a Eugenio D’Ors para que dictara un ciclo de conferencias en la vieja Universidad. También esta visita resultó memorable. El filósofo catalán tomó partido frente al positivismo y al mecanicismo. Habló de la necesidad de retornar al clasicismo, de la dialéctica, de la metafísica, de la libertad; explicó los secretos de la fenomenología y se explayó sobre la belleza. Luego, en Buenos Aires, habló sobre el probabilismo y las ciencias, seguido por su público con la misma reverente atención de quien descubre un mundo de ideas antes ignoto.

El fermento obró intensamente en el ambiente intelectual del país. Uno tras otro, los grupos de jóvenes inquietos se lanzaron a la apasionada lectura, y no faltaron los que se decidieron a buscar en las casi legendarias universidades alemanas los zumos apenas gustados a través de los profetas del pensamiento nuevo.

La aparición de la Revista de Occidente fue una fecha en la historia de la cultura argentina, y sus lectores —casi sus fanáticos, podría decirse— se distinguieron pronto por el elenco de ideas que utilizaban, y hasta por el lenguaje en que las vertían. La segunda visita de José Ortega y Gasset, en 1928, acentuó su influencia y el prestigio del pensamiento renovador. El autor de El tema de nuestro tiempo coincidió entonces con otros ilustres visitantes, que daban al ambiente intelectual de Buenos Aires un aire cosmopolita y moderno: la Universidad de Buenos Aires agasajó el 1° de septiembre a José Ortega y Gasset, a Celestin Bouglé, a Paul Langevin, a Hans Driesch y a Federico Enriques en un banquete al que asistieron personalidades destacadas de diversas especialidades. Y cuando Ortega y Gasset comenzó sus conferencias en el salón de Amigos del Arte, en la calle Florida, se tuvo la sensación de asistir a un acontecimiento que haría fecha en la vida cultural argentina. El filósofo español abordó el tema de “qué es nuestra vida” y lo relacionó con la trascendencia y la significación del “ahora” para cada conciencia. Así quedó señalada también la significación de “nuestro tiempo” —esto es de “nuestras circunstancias”— del que comenzó a ocuparse luego con detenimiento. Analizó “la edad de nuestro tiempo” y trató de circunscribirlo y precisar su “sexo y edad” glosando la teoría de las generaciones. Nuestro tiempo fue calificado como un tiempo de jóvenes, y relacionó con esta peculiaridad el culto del cuerpo y “ese aspecto deportivo de la vida que se denomina elegancia”. Señaló luego que era un tiempo de juventud masculina y que estaba caracterizado por el ascenso de las masas que provocaba una nivelación que juzgó peligrosa. “El problema capital de nuestra época es, pues, el de crear nuevas minorías capaces de contener ese proceso”, dijo refiriéndose al de la estatificación que compromete la espontaneidad de la historia. Poco después, en la Facultad de Filosofía y Letras, habló sobre ciencia y filosofía planteando no sólo nuevos conceptos epistemológicos, sino también jugosas observaciones sobre el sentido de la metafísica y de la filosofía en general. Su palabra siguió despertando inquietudes y sembrando sugestiones en quienes tenían alguna inclinación por la meditación sobre los problemas de la vida y la cultura.

Ortega y Gasset significó el comienzo de la influencia filosófica alemana. Por esos años comenzaban ya a mostrar su amplio saber y su vocación profunda por la filosofía Luis Juan Guerrero, Francisco Romero y Carlos Astrada, que serían luego los maestros de las nuevas generaciones y los celadores de aquella corriente de pensamiento, bajo la advocación de Alejandro Korn. La fundación de la Sociedad Kantiana de Buenos Aires en 1929 fue la señal de aglutinamiento, tras la cual el tiempo separó las escuelas por razones ajenas por cierto a la sola doctrina.

Por la misma época hubo una intensa renovación de la vida científica. En 1917 llegó a la Argentina, donde se radicaría, el gran matemático español Julio Rey Pastor que, en la práctica, inauguró los estudios superiores de matemática, en los que se destacaron después Juan Blaquier y J. C. Vignaux.

Poco después, en 1925, visitó el país Alberto Einstein, cuya presencia fue estímulo para los estudios físicos, que cultivaron Ramón G. Loyarte —que dirigió el Instituto de Física de la Universidad de La Plata—, Teófilo Isnardi y Enrique Gavióla. En el campo de los estudios biológicos constituye una fecha la fundación del Instituto de Biología por Bernardo Houssay en 1919, y en los estudios botánicos desarrolló una vasta labor de investigación Miguel Lillo, con cuyas colecciones se constituiría en 1930 un importante instituto en la Universidad de Tucumán.

La actitud rebelde que la juventud comenzó a tomar frente a un ambiente que consideraba cartaginés y la posición polémica que adoptó frente a las ideas tradicionales y a las instituciones educacionales del país, desencadenaron una revolución profunda en la vida cultural del país que se conoce con el nombre de “Reforma Universitaria”.

El movimiento fue obra de un grupo juvenil que se sintió a sí mismo como expresión de una “nueva generación” y poseedor de una “nueva sensibilidad”; un grupo que declaraba enfáticamente: “Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana.” Todas las alusiones a una visión nueva del mundo y de la vida —y especialmente la que Ortega y Gasset había dejado deslizar en sus conferencias de 1916— hallaban en él simpática repercusión. Su primera irrupción se produjo en Córdoba, cuya Universidad mantenía porfiadamente algunos rasgos de la universidad colonial, y en la que era más fuerte que en la de Buenos Aires o La Plata la gravitación de las familias de la oligarquía tradicional y de las fuerzas clericales. Precisamente en relación con los vagos fermentos que empezaban a advertirse en la vida intelectual argentina, habíase constituido en Córdoba un movimiento católico para defender la tradición, conocido con el nombre de “Corda Frates”, bajo cuya inspiración se organizó un congreso de estudiantes católicos en julio de 1917. De allí salió la Federación de Estudiantes Católicos, cuya finalidad era apoyar el movimiento “en favor del restablecimiento de la enseñanza moral y religiosa en las escuelas”, “combatir eficazmente el normalismo a cuyo amparo prosperan tantos ateos, anarquistas. y extranjeros”, y procurar que “los cargos directivos en las facultades y en los consejos superiores de las universidades sean ocupados por profesores adictos a la tendencia [católica] para llegar a la libertad de enseñanza universitaria”. Este movimiento suscitó una enconada polémica, que se agudizó en el clima político, social e intelectual que se había comenzado a formar desde 1916 y que culminó al comenzar el curso académico de 1918.

Al promediar ese año, los estudiantes de Córdoba no vacilaron en llegar a la violencia para desalojar de las posiciones directivas y de las cátedras a quienes tradicionalmente las detentaban. Precisamente cuando se producían otros fenómenos de no menor trascendencia en el orden social y político, y confluían nuevas corrientes de ideas en el campo de la teoría y en el de la acción política, el movimiento cordobés se extendió a otras universidades del país y llegó a crear un ambiente de desusada gravedad en la vida nacional. Una incontenible corriente de renovación profunda ganaba el país.

El movimiento de reforma universitaria fue desde un comienzo un fenómeno complejo en el que se entremezclaron distintas y difusas aspiraciones y tendencias. Los grupos juveniles que se insubordinaban contra sus maestros, se levantaban, en rigor, contra la generación de sus padres, contra el estilo de vida que se les ofrecía como impuesto por la tradición, contra el ambiente que predominaba en el país y que parecía coartar sus posibilidades futuras. Por eso los vagos anhelos sobrepasaban las fórmulas que sus representantes acertaban a expresar, y por eso el movimiento revestía los caracteres de una verdadera revolución.

En lo que coincidían todos, y constituyó el punto de partida de la insurrección estudiantil, fue en la incapacidad de los profesores, su insolvencia intelectual, su tendencia dogmática, su indiferencia frente a los problemas nuevos de la vida y de la cultura. En ocasiones la palabra juvenil adoptó un aire formal y enjuició el desquicio administrativo de las universidades. Pero sobre todo enjuició el régimen del profesorado, que constituía a sus ojos una casta que detentaba las cátedras universitarias y los cargos directivos como si los poseyeran “por derecho divino”. Los jóvenes querían buenos maestros, honestos y capaces. Pero en cuanto el movimiento fue cobrando volumen descubrieron que todo eso no bastaba. Eran “las estructuras, los métodos y la orientación” de la universidad lo que ya parecía insuficiente e insatisfactorio, era la universidad tradicional en su conjunto lo que parecía haber caducado. Sobre todo resultaba intolerable la concepción autoritaria que la presidía: los rectores y los decanos inasequibles, los profesores seguros de la distancia que separaba la cátedra de los escaños, los textos dogmáticos, las reglamentaciones rígidas. Tras el autoritarismo, la autoridad confesional resultaba no menos dura en algunos lugares, como Córdoba, donde la Universidad parecía una dependencia de las congregaciones religiosas. El manifiesto reformista del 21 de junio de 1918 hablaba de “la opresión clerical”, de “la tiranía de una secta religiosa”, de la “advocación de la Compañía de Jesús”, bajo la cual se realizaban ciertos actos. La respuesta no se hizo esperar. El propio obispo de Córdoba, fray Zenón Bustos, se encargó de darla en una pastoral en la que expresaba su estado de ánimo: “Dominando en tales circunstancias el ruido de la marea liberal empeñada en profanar la cultura y humillar las creencias reverendas y tradicionales, vejando a la religión y a su clero, sólo cabía apretarnos el corazón y callar”; y formulaba una admonición: “He visto negados los blasones que Córdoba tenía ganados de alta cultura, de católica y de Roma argentina. Se ha sentido amenazada de perderlos y los perderá si no despierta y emprende un movimiento reaccionando contra sus descuidos en la educación cultural, religiosa y moral de sus hijos.”

Aunque acaso no fuera sustancial, el conflicto cordobés entre la juventud liberal y el movimiento católico revelaba la médula del problema. Era un conflicto generacional, un movimiento de insurrección contra el pasado. Pasado era la tradición dogmática, autoritaria y esclerosada de los profesores de Córdoba que, como decía en la Cámara de Diputados Juan B. Justo, seguían en sus cursos ideas tendenciosas como las que contenían los Principios de economía política del padre Liberatore, S. J., y la Filosofía del derecho del obispo Fernández Concha. Pero pasado era también la tradición cartaginesa y la filosofía positivista. “Las penúltimas generaciones —decía Deodoro Roca al clausurar el Primer Congreso de Estudiantes Universitarios de Córdoba, en julio de 1918— estaban espesas de retórica, de falacia verbal, que trascendía a las otras falacias, pues lo que en el campo literario era grandilocuencia inútil, en el campo político era gesticulación pura, en el campo religioso rito puro, en el campo docente simulación cínica o pedantería hueca, en la vida comercial fraude o escamoteo, en el campo de la sociabilidad ostentación brutal, vanidad cierta, ausencia de real simpatía, en la vida familiar duplicidad de enseñanza, y en el primado moral enajenación de rancias virtudes en favor de vicios ornamentales.” Y poco antes, hablando del ambiente de los años del Centenario, había dicho: “La generación anterior se adoctrinó en el ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, en la superficialidad cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el desdén por la obra desinteresada, en las direcciones del agropecuarismo cerrado o de la burocracia apacible y mediocrizante.”

Para superar el pasado, la juventud se creía no sólo imprescindible como fuerza social renovadora sino también suficientemente eficaz como para torcer el curso de las cosas. Por eso quiso intervenir en el gobierno de la Universidad: porque estaba segura de que era más madura que los hombres maduros para adoptar decisiones fundamentales; y por eso no vaciló en aceptar las responsabilidades de la dirección de la vida universitaria, al tiempo que las reclamaba también en otros órdenes de la vida nacional.

Bien mirado, el movimiento se mostró en sus primeros momentos contradictorio en algunos aspectos. Originado en cierta repugnancia contra la superficialidad suficiente de la aristocracia ganadera y contra la mediocridad desafiante de las clases medias en ascenso, el movimiento juvenil de la reforma universitaria no pudo sustraerse a cierto sentimiento de superioridad que lo mostró como nacido de una nueva élite del espíritu. Se pensaba en el “santo amor por la belleza pura”, en la dignidad de los estudios desinteresados. Pero era una élite que se sentía cargada de responsabilidades y que descubría hora a hora los problemas que traía consigo la renovación de ideas que perseguía. “Por vuestros pensamientos pasa —decía Deodoro Roca en el discurso citado—, silencioso casi, el porvenir de la civilización del país. En primer término, el soplo democrático bien entendido. Por todas las cláusulas circula su fuerza. En segundo lugar, la necesidad de ponerse en contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo, ya sea abriéndole las puertas, de la universidad o desbordándola sobre él.”

Así nació una nueva inquietud, quizá más definida en unos que en otros, pero innegable en todos, en relación con los fenómenos de cambio social que se producían en el país y en el mundo entero. No mucho después se advertía el alcance nacional y americano de las ideas que movían las aspiraciones estudiantiles, y no mucho más tarde sus implicaciones de todo orden. La Universidad se sintió desde entonces vanguardia de todos los movimientos progresistas, aun de aquellos que eran eminentemente políticos si entrañaban una defensa de la libertad, y al cabo de poco tiempo hubiera sido difícil señalar los límites justos entre las preocupaciones universitarias y las que excedían esos límites.

Si la reforma universitaria excedía en mucho los límites de una reforma educacional, la preocupación específica por esta última se advirtió especialmente en el campo de la enseñanza primaria y secundaria. Ernesto Nelson y Amaranto Abeledo recogieron algunos experiencias ñorteamericanas y procuraron adaptarlas a la realidad nacional por vía de ensayo, sobre todo en la Universidad de La Plata. Pero fueron sobre todo los pedagogos europeos Decroly, Ferriére, Gentile, Montessori, los que inspiraron una preocupación más intensa en el país. Para difundir su pensamiento comenzó a publicarse, como suplemento de la revista educacional La Obra, una entrega mensual titulada Nueva Era cuyo director fue José Rezzano, profesor de Didáctica General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, donde contribuía a formar un nuevo espíritu. En Nueva Era conocieron los maestros argentinos por primera vez —hacia 1925— los nombres de los grandes reformadores contemporáneos de la educación y donde se difundieron las nuevas técnicas, con el método Decroly, el de proyectos, la escuela activa, etc. Fue a Clotilde Guillén de Rezzano a quien le correspondió hacer los primeros ensayos sistemáticos de esos métodos, cuyo valor y cuyos principios difundieron por entonces Juan Mantovani, Hugo Calzetti y otros. Ejercía sobre todos ellos marcada influencia la Revista de Pedagogía de Madrid, que dirigía Lorenzo Luzuriaga. La visita que realizó en 1928 el pedagogo español reavivó el entusiasmo por el movimiento de reforma y contribuyó a robustecerlo, pero, pese a todo, habrían de pasar algunos años antes de que lograra influir en la organización de la educación pública.

Si la intensa transformación que se operaba en Europa después de la Primera Guerra Mundial repercutió en el plano de las relaciones sociales y en el de las ideas sistemáticas, era inevitable que influyera también en el orden de la sensibilidad. Modernismo e impresionismo eran las corrientes que predominaban en el campo de la creación, pero ya un poco modificadas ambas tendencias. A Lugones le seguían Enrique Banchs, Baldomero Fernández Moreno y Arturo Capdevila, posmodernistas de singulares caracteres, y a Malharro los artistas que, seducidos por Sorolla, Zuloaga o Anglada, buscaban su fuente de inspiración en España, como Bemareggi, Quirós, López Naguil, Larco o Centurión. Pero hacia 1921 comenzó a producirse una rápida transformación en los gustos. La música de jazz comenzó a difundir el acelerado ritmo del shimmy, del fox-trot, del charleston; el cinematógrafo comenzó a atraer a vastos sectores del público, que por esa vía tomaban contacto con la afiebrada sensibilidad de posguerra, y a través. de argumentos y actores, se percibían nuevas maneras de reaccionar frente a la vida y de entender la acción y las pasiones humanas.

El fenómeno, como es natural, debía manifestarse más rápida y nítidamente en las minorías, y especialmente, en los grupos juveniles de espíritu minoritario.

Fue en ellos en quienes prendió, como una fiebre tropical, la que ya se llamaba “nueva sensibilidad”. En contacto con los escritores franceses y españoles, algunos argentinos habían ya comenzado a escribir a la nueva manera. Ricardo Güiraldes había publicado su Cencerro de cristal en 1915, y Raucho en 1917; Oliverio Girando había escrito los versos —que luego publicaría con el título de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía—, entre 1920 y 1922, y en marcha por diversos países; Jorge Luis Borges y Francisco Luis Bernárdez asistían en España al nacimiento de nuevas escuelas guiadas por una estética heterodoxa, en la que influía mucho Rafael Cansinos Assens; y jóvenes pintores y escultores recomenzaban sus estudios en Europa bajo el signo de la escuela de París.

Un día los viajeros comenzaron a regresar: Gómez Cornet, el pintor; Borges y Bernárdez, los poetas; Sibellino, el escultor. Un ambiente preparado para recibir sus sugestiones los esperaba. Alberto Prebisch había comenzado a estudiar la arquitectura de Le Corbusier; Oliverio Girando conocía los secretos de la nueva poesía francesa. Gauguin, Modigliani y Bourdelle eran ya figuras entrevistas por los curiosos, y Picasso empezaba a intrigar a algunos inquietos, a quienes acaso seducían también Paul Morand, Valle Inclán o Gómez de la Sema. El “ultraísmo” o “vanguardismo”, como otros dijeron, halló de pronto un cálido hogar en Buenos Aires, custodiado por una generación de veinte años, la misma de los que se sublevaban en Córdoba contra el academicismo universitario o en Buenos Aires contra los salarios de hambre de la fábrica de Vasena.

Sus primeras manifestaciones fueron las revistas: Prisma, que editaron Borges y González Lanuza; Proa, que inspiraron el mismo Borges, Brandán Caraffa, Pablo Rojas Paz, y a los que luego se unió Ricardo Güiraldes; Inicial, Valoraciones, dirigida la primera por Roberto Ortelli y la segunda por Carlos Américo Amaya bajo la inspiración de Alejandro Korn y Pedro Henríquez Ureña. Cada uno definía su posición estética como si asumiera una terrible responsabilidad. Llegaban a ellas, seducidos y resueltos, grupos de jóvenes que amaban las letras bajo sus nuevas formas; y poco después la nueva generación había adquirido conciencia de sí misma y tomaba posiciones definitivas.

Los hechos sustanciales ocurrieron en 1924. Ese año Emilio Pettoruti expuso por primera vez sus telas de inspiración cubista; el grupo de “Florida” fundó la revista Martín Fierro y el de “Boedo” Claridad y La Campana de Palo. “Florida” y “Boedo” son dos calles de Buenos Aires, aristocrática la primera, popular la segunda. Sus nombres fueron signos —apresurémonos a decirlo— de sendas tendencias literarias: arte puro y arte de contenido, fueron fórmulas expresivas de una y otra. Y más lejos, en el popularísimo barrio de la Boca, sobre el Riachuelo donde se fundó una vez Buenos Aires, se agrupaba otro núcleo que cultivaba el romanticismo del suburbio entre callejuelas y barcos. La obra empezó a cuajar.

Acaso el acontecimiento literario más significativo de la época fue la publicación de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, en 1926. Ese año publicó también Enrique Larreta su Zogoibi, de análogo ambiente. Fue la confrontación de dos estéticas, y la de Güiraldes descubrió que había triunfado. Y no solamente en el seno de los jóvenes de Martín Fierro sino en más amplios escenarios, como si la “nueva sensibilidad” fuese un estado de ánimo generalizado. El mismo Güiraldes —y seguramente sus amigos— se sorprendió ante el fenómeno. “No sé cómo puede llamarse esto —escribía a Valery Larbaud— porque nunca le puse nombre por lo inesperado. Me palmean todos los días. No veo sino sonrisas que están tan conmigo que son casi yo mismo. Don Segundo lo hemos escrito todos. Estaba en nosotros y nos alegramos de que exista en letra impresa. No hay más que felicitaciones por este estado de cosas y estoy ¿cómo he de estar? contento y un poco como dormido en esta simpatía ambiente tres veces rara en la breve historia de mis libros. De los palos esperados, ninguno ha caído. ¿Qué es todo esto? Cualquier cosa hubiera esperado en mi vida menos un asentimiento general por una obra mía.” Porque, ciertamente, la intención era esotérica; pero la transcripción de la Pampa según la “nueva sensibilidad” había triunfado sobre la transcripción posmodernista de Larreta, que casi cayó en el vacío.

Era un signo de los tiempos. El grupo de Florida triunfaba no sólo con Güiraldes. El Borges poeta de Fervor de Buenos Aires y de Cuaderno San Martín ganaba adeptos entusiastas de la nueva estética, tanto como el prosista de Inquisiciones y de El tamaño de mi esperanza. En el mismo año de 1926 en que aparecía este último libro, publicaba Pablo Rojas Paz La metáfora y el mundo, Nicolás Olivari La musa de la mala pata, Leopoldo Marechal Días como flechas, Enrique González Tuñón El violín del diablo. Ese mismo año, todavía, el dramático Roberto Arlt publicaba en Boedo El juguete rabioso.

Para satisfacer otras inquietudes, la Asociación de Amigos del Arte, que representaba la “nueva sensibilidad” y cuyo salón de Florida era un centro de difusión de nuevas influencias, ofreció ese mismo año una exposición de pintura francesa moderna; Jean Aubry disertó en la sociedad musical Diapasón sobre la música francesa moderna, algunas de cuyas obras cantó Jean Bathori; y el director suizo Ernest Ansermet hizo conocer otros autores, entre ellos el más revolucionario, Arthur Honegger. Fue un año de revelaciones de la nueva sensibilidad, del espíritu nuevo.

La “nueva sensibilidad” no era sólo un libre y desenfrenado impulso: poseía su teoría, y por cierto obraba claramente en el espíritu de sus defensores. Ciertamente, el primero de sus elementos era negativo: el desdén por el pasado sin discriminación de matices y la defensa entusiasta por todo lo nuevo. Casi todo el pasado pareció culpable del más terrible de los pecados: el “pasatismo”, como se usó decir con expresión heredada del futurismo de Marinetti; y la revista Nosotros, por ejemplo, mereció una solicitud de disolución firmada por Marechal, Bernárdez y Vallejo, quienes, además, insinuaban “que con los bienes del finado se dé nacimiento a una revista de vanguardia”. Por lo mismo merecieron signos ostensibles de desdén Capdevila, Banchs y Fernández Moreno, Larreta, Rojas y otros muchos que recibieron duro castigo en el “Parnaso Satírico” de Martín Fierro. “Mortíferas” se titulaba un epigrama que enumeraba calamidades:

El ómnibus. El cianuro.

Zogoibi. Víctor Antía.

Ricardo Rojas. Y el duro

desdén de la amada mía.

Caso singular fue el de Lugones, pues Martín Fierro comenzó reverenciándolo y concluyó combatiéndolo y rechazándolo para afirmar la independencia estética del grupo, al mismo tiempo que agredía a sus discípulos, a los que consideraba demasiado reverentes.

Pero no todo era negativo en la estética del grupo de Florida que editaba Martín Fierro. Había también una actitud de combate en defensa de ciertas posiciones. Si todo lo nuevo era, en principio, valioso, era porque lo nuevo nacía con un signo inconfundible después de la Primera Guerra Mundial, un signo que aludía a las actitudes vitales además de las estéticas. Nueva era la línea de un Hispano-Suiza, nuevo era el ritmo del jazz-band, nueva la línea de Norma Talmadge o de Pola Negri. En los Estados Unidos o en Europa, lo nuevo se imponía, como si un mundo hubiera desaparecido y fuera necesario aceptar el que se creaba todos los días. Y la “nueva sensibilidad” aceptaba en Florida esa fatalidad con regocijo, como si el campo virgen facilitara la dura creación.

Si algo distinguía al grupo de Florida era la tendencia hacia la literatura pura, hacia el arte no comprometido, hacia la afirmación de lo arbitrario. El arte parecía pasatiempo. Y si el artista se ponía serio, parecía ridículo. “Ningún prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo sublime”, escribía Girondo a manera de epígrafe en sus Veinte poemas. En la “Carta abierta a ‘La Púa’ ” que servía de prólogo al libro señalaba ese trance: “Lo que sucede entonces es siniestro. El pasatiempo se convierte en oficio”; y agregaba más adelante: “¿Publicar? ¿Publicar cuando hasta los mejores publican 107 % veces más de lo que debieran publicar? Yo no tengo, ni deseo tener, sangre de estatua. Yo no pretendo sufrir la humillación de los gorriones. Yo no aspiro a que me babeen la tumba de lugares comunes, ya que lo único realmente interesante, es el mecanismo de sentir y de pensar. ¡Prueba de existencia!”

Sin duda había en esta actitud mucho de espíritu de élite, de élite intelectual, ciertamente, pero de élite social también. El arte era un lujo del espíritu, que sólo podían darse —¿o acaso sólo tenían derecho a darse?— quienes estuvieran libres de subalternas preocupaciones. La “nueva sensibilidad”, como lo prueba la sorpresa de Güiraldes, creía ser una sensibilidad esotérica, capaz de descubrir la poesía, ciertamente, en las cosas vulgares, pero en virtud de una aptitud que sólo tenían unos pocos y podían descubrir unos pocos. Por eso requería y buscaba un lenguaje críptico, un lenguaje de imágenes y metáforas; todo cuanto exigiera lógica racional parecía desdeñable para la poesía, que no podía expresarse sino a través de imágenes capaces de traducir estados intermedios de la conciencia o sensaciones imprecisas. Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña —entonces en Buenos Aires— alentaban con su ingenio y sabiduría la nueva experiencia literaria.

Algo semejante perseguía el músico que desdeñaba la melodía o el pintor que abandonaba el tema anecdótico. La nueva sensibilidad amaba a Honegger y a Picasso, a los “Six” y a la “Escuela de París”. Tenía, sin duda, preocupaciones metafísicas, que expresaban poetas y prosistas de manera vaga, y entre todos Macedonio Fernández con rara profundidad. Metafísica y arte puro se unían de manera imprecisa en una estética que expresaba Güiraldes en la célebre carta que publicó en el número 25 de Martín Fierro, en enero de 1925: “En arte hay dos actitudes: la de mirar al público y hacer las pruebas del histrión necesarias para que los espectadores le arrojen moneditas de su simpatía (gloria mundana) y la de encararse con el misterio inexpugnable del arte mismo, siempre capaz de ennoblecer con su perenne juventud a los que se dan de cuerpo y alma. En el primer caso la actitud es de pedido; en el segundo nada puede pedirse que no venga de uno mismo y la ruta se prolonga aumentando paso a paso sus exigencias, endureciéndose a medida que el artista se hace capaz de cargar con mayor peso. Toda palabra contiene en sí un misterio total. La conjunción de las palabras es el campo infinito que jamás venceremos sino con pasajeras vislumbres. Esto para los escritores.

“¿Quién puede resolver por uno el problema que uno se impone? Todo problema resuelto por otro se ha hecho ajeno a nuestros propósitos y no puede servirnos sino para aumentar por el ejemplo nuestra ansia de llegar. Y además llegar no significa sino haberse creado nuevos motivos de partir. ¿Quién sería tan presuntuoso para creer que ha resuelto totalmente un problema de arte? Unicamente un engreimiento delimitado puede suponer límites definitivos. La eternidad no se concibe sino como un constante andar. El que quiera enfrentarla debe decirse a diario, en alegre confianza: ‘levántate y anda’.

“Y para concluir: los que atacan todo gesto de independencia son los sometidos a ideas de otros en quienes creen haber encontrado una verdad definitiva. Sea de quien sea esa idea y sea como sea, están en un error.

“El que cree saber ha creado en sí una muerte. Saber es en el hombre un estado de relación con una ignorancia anterior. Todo saber, adquirido como conocimiento transitorio, se modifica por una duda y llega a ser una ignorancia de la cual se parte hacia un conocimiento futuro.

“El que acopia los saberes transitorios como inamovibles, va osificando poco a poco su inteligencia, hasta llegar a una completa incapacidad de comprender y se convierte en un más o menos ameno predicador de verdades lastre.

”La memoria no es un oráculo infalible. Sus conocimientos no son, sino que han sido y no pueden servirnos para negar la adquisición constante de nuevos datos que nos atrae el hecho mudadizo de vivir.

’’Del saber interno y del saber que a cada momento vamos adquiriendo surge el proceso de nuestra inquietud intelectual. Los que creen en las verdades definitivamente adquiridas, matan la vida del pensamiento. Los que en cambio no admiten sino verdades del momento crean a la inteligencia una razón de vivir.

”No hay en el hombre un solo saber absoluto; hay una actual comprensión de un aspecto de verdad, dentro de ciertos factores inseparables de esa verdad relativa, sin los cuales no se hubiera presentado. Si admitimos este conocimiento como inmutable, desatendiendo las circunstancias especiales que nos lo trajeron, sólo habremos muerto nuestra capacidad de ver otro aspecto de la verdad en beneficio de una mentira.”

Cosa curiosa, el artepurismo del grupo Martín Fierro, en ocasiones aristocratizante, tenía una cara popular. La “nueva sensibilidad” amó la realidad inmediata, la de la ciudad de Buenos Aires, con sus suburbios y sus resabios de ciudad de campo.

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires.

La juzgo tan eterna como el agua y el aire,

decía Jorge Luis Borges, Y en el manifiesto de Martín Fierro se decía: “Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación.” En todo lo nuestro. Olivari y los González Tuñón descubrieron el valor expresivo del “lunfardo” —la lengua de los barrios bajos—, el valor dramático de la expresión popular, el valor metafísico de la actitud del hombre del suburbio. El mismo Borges descubrió su apego a la realidad urbana. Y el periódico creado para defender una estética depurada, debió disolverse el día en que estalló en su seno una disputa política, porque algunos redactores deseaban defender la candidatura popular de Hipólito Yrigoyen: “El corralón seguro ya opinaba Yrigoyen”, como decía Borges en “La fundación mitológica de Buenos Aires”.

Esta aceptación del compromiso con la realidad se había manifestado resueltamente, desde un comienzo, en el grupo llamado de Boedo. La revista Claridad lo aglutinaba, bajo el signo del grupo Clarté que presidían Henri Barbusse y Anatole France. Eran los intelectuales inquietos por el problema social, comprometidos en la lucha o ansiosos de comprometerse. El relato de Roberto Arlt o de Leónidas Barletta, el poema de José Portogalo o de Alvaro Yunque, el ensayo de Elias Castelnuovo, revelaban la influencia de los autores finiseculares o de principios del siglo a quienes preocupaba más el análisis y la descripción de la sociedad que el logro de sutiles imágenes. Los autores rusos, y Dostoiewski especialmente, seducían la imaginación de quienes, reunidos en una barriada popular, veían hervir las inquietudes sociales del mundo a través de su propia experiencia inmediata; pero también la atraían los ultraístas revolucionarios que sostenían, como había dicho Tristan Tzara, que “el valor poético más alto es aquel que coincide con la revolución proletaria”.

Más elemental y primario, el grupo de La Boca afirmaba directamente el valor de la creación popular. Benito Quinquela Martín pintaba sus paisajes del Riachuelo, que querían ser una versión, épica unas veces y lírica otras, del trabajo portuario, aunque sólo lograba, generalmente, un colorido primario y un aire sentimental; como sentimental era también la música popular de Juan de Dios Filiberto, autor de canciones populares de fácil emoción. Este grupo trasladó su base hacia el centro de la ciudad e instaló lo que llamó “La Peña”, en el café Tortoni de la Avenida de Mayo. Fue obra de un miembro del grupo de Florida la travesura de poner un día sobre un cuadro de Quinquela Martín un letrero en el que se leía la siguiente inscripción: “Cuidado con la pintura”.

Esta lucha de grupos estéticos tuvo diversas alternativas. En La Campana de Palo, Alfredo Chiabra Acosta, sutil crítico de arte que firmaba con el seudónimo de Atalaya”, defendía lo que se llamaba el “arte de contenido”, en el que trabajaba con más calidad que otros el escultor Luis Falcini, aún en Europa. En Claridad, entretanto, se difundían no sólo los fundamentos del marxismo, sino muy especialmente las teorías sobre el arte social, sobre cuya base se polemizaba con los partidarios del arte que solía llamarse puro o de vanguardia. Alberto Prebisch en Martín Fierro y Julio E. Payró en la correspondencia a La Nación difundieron los principios de las nuevas escuelas plásticas y los nombres de las grandes figuras.

Después de la desaparición de Martín Fierro y especialmente después del triunfo del radicalismo en 1928, el panorama intelectual comenzó a cambiar. Ese mismo año, la línea aristocratizante fue recogida por dos publicaciones católicas: Criterio, dirigida por Atilio dell’Oro Maini primero y por monseñor Gustavo Franceschi luego, y Número, en el que escribían Ignacio B. Anzoátegui y Julio Fingerit entre otros. Aristocratismo no era para ellos artepurismo; por el contrario, manifestaron una intensa preocupación por la política, y en esas páginas comenzaron a difundirse las ideas de la extrema derecha mezcladas con las nuevas direcciones religiosas y estéticas de los grupos católicos.

Más decididamente en favor del arte puro se mostró el grupo de poetas y escritores que rodeó a Alfonso Reyes, que tuvo vigorosa influencia literaria mientras ejerció en Buenos Aires la embajada de México. En la revista Libra halló camino la poesía pura, y allí pudo advertirse la inestimable calidad poética de Ricardo Molinari.

Leopoldo Lugones, entretanto, pese a sus posturas políticas, servía de centro de atracción a un grupo de escritores que comenzaron a expresarse desde 1929 en La Gaceta Literaria que fundó y dirigió, bajo la inspiración del maestro del modernismo, Enrique Espinoza. Allí publicaron Conrado Nalé Roxlo y Ezequiel Martínez Estrada, a quienes Lugones en su momento había señalado como figuras promisorias de la literatura. El periódico dialogó en ocasiones con las revistas católicas y aludió a las peripecias políticas de la segunda presidencia de Yrigoyen; pero su preocupación fue literaria, a la manera de Lugones, esto es, con vigorosos arranques de preocupación social y política a través de las inquietudes telúricas que él mismo acusaba, que se descubrían en Horacio Quiroga —figura reverenciada en el periódico— y que pondría de manifiesto poco después Martínez Estrada.

Capítulo cuarto

LA IRRUPCIÓN DEL CAMBIO

El movimiento militar que estalló el 6 de septiembre de 1930 y llevó al gobierno provisional al general José F. Uriburu, inauguró una nueva época en el país, caracterizada por la restauración del conservadorismo. La vieja oligarquía terrateniente, que mantenía el poder económico aun a pesar de la derrota política que había sufrido en 1916, volvió al gobierno para recuperar la totalidad de sus privilegios; pero la experiencia del período radical no había pasado en vano, y el retorno de los grupos conservadores trajo consigo nuevas actitudes frente a muchos problemas de la vida nacional.

El cuadro de la sociedad argentina en los años inmediatamente anteriores había despertado en algunos sectores cierta invencible repugnancia por las masas populares, a las que el régimen democrático impulsaba hacia los primeros planos de la vida colectiva. La influencia de las doctrinas aristocratizantes y nacionalistas de Barres y Maurras había sido penetrante en ciertos ambientes literarios que se deslizaban poco a poco hacia la política, y desencadenó la formación de grupos que comenzaron a ordenar sus ideas frente a los problemas del país, puestos cada vez más al desnudo por el desorden propio del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Un diario,

La Fronda, encarnó el propósito de reagrupar a las fuerzas conservadoras, y sirvió de vehículo, junto con otras publicaciones más selectas, a esta nueva corriente de opinión que encontraba, además, excelente acogida en grupos militares naturalmente inclinados hacia el autoritarismo. Muy pronto se tornó cabeza de esos grupos el general Uriburu, al tiempo que esa corriente comenzaba a acusar la fuerte influencia del corporativismo fascista italiano.

Poco a poco las fuerzas conservadoras, así teñidas de nacionalismo y fascismo, se acostumbraron a la idea de que era posible adueñarse del poder. El desorden reinante y Ja ineficacia de la administración radical ofrecíanles una atmósfera favorable, y algunos fenómenos de la vida económico-social parecían aconsejar la urgencia en las decisiones. Los arrestos antiimperialistas de algunos sectores del radicalismo —representados por el senador Diego Luis Molinari—, que se relacionaban estrechamente con una política nacionalista respecto del petróleo, entrañaban una actitud hostil hacia los Estados Unidos que no satisfacía a otros sectores de la economía vinculados con los capitales norteamericanos; y como aquel movimiento coincidió con la aparición en el mercado de ciertos productos de origen soviético a precios de difícil competencia, la situación pareció amenazadora para determinados intereses. El espectro del comunismo comenzó a preocupar sinceramente a algunos, y resultó una cómoda bandera para otros, que creían o fingían creer que el desorden reinante podía ser favorable caldo de cultivo para el virus soviético. No faltó quien llegara a creer que la democracia conducía inevitablemente al comunismo, y que, en consecuencia, era necesario acabar con ella.

En esta situación, la aglutinación de las fuerzas hostiles al gobierno radical no fue difícil. Junto a los grupos de visible catadura fascista se agruparon las fuerzas conservadoras de corte tradicional, y no faltaron los aventureros de diversa laya que se agregaron al cortejo. La libertad de prensa permitió una campaña muy activa contra el presidente de la República y contra indefendibles actos de su gobierno. En la Capital, sobre todo, se creó una atmósfera popular favorable a las soluciones violentas, porque nadie —o casi nadie— sospechaba las consecuencias que podían traer consigo. Y el 6 de septiembre de 1930 salieron a la calle unas pocas fuerzas militares que, casi sin lucha, llegaron a la Casa de Gobierno y se adueñaron del poder.

El gobierno que encabezó el general Uriburu consideró que lo más urgente era la aplicación de ejemplificadoras medidas contra los culpables de corrupción administrativa. Se dispusieron investigaciones y se aplicaron sanciones. Entretanto se aplicó a normalizar los servicios de la administración, que debían afrontar las dificultades suscitadas por el largo período de desorganización y otras nuevas que comenzaban a hacerse patentes y que no eran ajenas por cierto a la génesis de la crisis. La otra preocupación urgente fue la vigilancia de las fuerzas que procuraban conspirar contra el régimen; el general Agustín P. Justo, considerado como la figura militar de más alto prestigio profesional, fue encargado del Comando en Jefe del Ejército para hacer frente a un posible movimiento inspirado por la Unión Cívica Radical.

Pero a medida que el gobierno se decidió a afrontar los problemas fundamentales se advirtió que pugnaban en su seno dos grupos de distintas tendencias; uno que aspiraba a promover una transformación institucional profunda y otro que deseaba solamente el reemplazo del gobierno radical por otro que representara los intereses conservadores. A esta lucha ideológica y política acompañó una acción unitaria contra la penetración económica de la Unión Soviética y en favor de los capitales ingleses y norteamericanos. La crisis mundial de 1929 había empezado a hacer sentir sus consecuencias en la Argentina y el mercado de los productos agropecuarios se había resentido considerablemente, con el agravante de que resultaban gravísimas para el país las derivaciones de la política monetaria de Gran Bretaña. El gobierno modificó fundamentalmente el sistema impositivo, estableciendo el impuesto a la renta para fortalecer las finanzas públicas, habitualmente sostenidas por las rentas de aduana y por entonces en grave crisis. Y frente a la urgencia, recurrió a un empréstito popular, signo de las dificultades por las que atravesaba el país.

No eran menores las dificultades políticas. Las dos tendencias que dividían al gobierno acentuaron sus divergencias, y finalmente comenzaron a predominar los partidarios de mantener intacto el sistema institucional. Fueron ellos los que poseídos de un infundado optimismo, decidieron al gobierno a llamar a elecciones para el 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires. Inesperadamente, la Unión Cívica Radical obtuvo un franco triunfo, y a partir de entonces se robusteció en el gobierno la convicción de que era inevitable recurrir al fraude si se deseaba mantener la apariencia de la democracia.

Así se preparó la situación institucional que caracterizaría al país durante un largo período. Fracasadas las posibilidades de una transformación corporativista —a la que aspiraban algunos—, el gobierno se dedicó a organizar metódicamente el fraude electoral para las elecciones en las que debía elegirse presidente de la República. El candidato radical —Marcelo T. de Alvear— fue vetado, y su partido decidió abstenerse, de modo que compitieron solamente el candidato de las fuerzas conservadoras y del ejército, general Agustín P. Justo, y el de la Alianza Demócrata-Socialista, Lisandro de la Torre. La organización gubernamental se adjudicó el triunfo, y comenzó con el general Justo una era de ficción democrática durante la cual se emprendió la organización de la economía del país con la intención de ponerla al servicio de los intereses de la vieja oligarquía agropecuaria.

Apoyaban políticamente al gobierno no sólo las clases conservadoras sino también algunos sectores de la clase media, que vieron en el nuevo gobierno una garantía de orden, de estabilidad y hasta de progreso económico; pero sus principales sostenes fueron el ejército, que cobró entonces un papel decisivo en la política, y la Iglesia Católica, que fue haciéndose cada vez más influyente, sobre todo a partir de la celebración del Congreso Eucarístico de Buenos Aires en 1934.

En el orden económico, el nuevo gobierno tuvo que afrontar las consecuencias de la nueva política adoptada por Gran Bretaña después de la Conferencia Imperial de Ottawa en 1932. Ante la amenaza de una retracción general, se consintió en establecer con aquélla acuerdos comerciales que subordinaban la economía del país a los intereses del mercado inglés. Se consideró necesario vigilar de cerca la producción y la estructura financiera del país, y se puso en funcionamiento un audaz plan de intervencionismo estatal por intermedio de los controles cambiarios, el Banco Central de la República y las llamadas Juntas Reguladoras de la producción. Los sectores más avisados de la oposición contemplaban alarmados no tanto el desarrollo de una política económica dirigida, como su orientación tan desembozada en favor de los intereses de las clases conservadoras. Lisandro de la Torre promovió en el Senado un memorable debate sobre el problema de las carnes, que probó que el gobierno obraba como si estuviera sujeto a los intereses de los grandes ganaderos y del mercado británico. Pero la oposición probó también que carecía de fuerza para quebrar una estructura política que, en la práctica, estaba garantizada decididamente por la mayoría del ejército.

Constituían la oposición al gobierno algunos sectores muy definidos. Había en el Congreso demócratas progresistas, que seguían a Lisandro de la Torre, y socialistas. La oposición más numerosa en el país era, sin embargo, el radicalismo, que no tenía representación parlamentaria pero que combatía desde las tribunas públicas y que, en ocasiones, conspiraba con la lejana ilusión de triunfar mediante un golpe de Estado. No eran los únicos que acariciaban esta esperanza. Los sectores fascistizantes del ejército, derrotados en sus pretensiones en la época de Uriburu, trabajaban permanentemente tratando de aunar voluntades para un movimiento “nacionalista” y debilitando los fundamentos verdaderos de la autoridad del gobierno. Poco a poco tendía a establecerse un acuerdo entre ciertos sectores radicales y nacionalistas, que aunque quedó frustrado más de una vez, ganó cuerpo en el grupo político radical que se denominó “Forja” y que adquirió cierta claridad en los planteos políticos, sociales y económicos relacionados con la vida nacional.

El ejemplo más ilustrativo de la situación política durante este período lo ofrecía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidido por Manuel A. Fresco. De vieja tradición conservadora, el gobernador se hizo cargo de la responsabilidad de sostener el armazón de la democracia fraudulenta, y no faltó entre sus colaboradores el que defendiera la legitimidad del método. Pero en el ejercicio del poder comenzaron a introducirse algunas modificaciones con las que se extremaban las direcciones fundamentales que subyacían en la política nacional, haciéndose más notables sus vicios. Los primeros signos de un Estado prepotente y de una organización fascista aparecieron en la provincia de Buenos Aires durante esa época, provocando la alarma de la mayoría democrática del país, que estaba reducida a silencio por una situación de fuerza.

Para la renovación presidencial, el viejo sistema del fraude volvió a funcionar, y resultó elegido presidente para el período 1938-1944 el candidato gubernamental, Roberto Ortiz. Al hacerse cargo del poder, cundió, sin embargo, una vaga esperanza; poco más tarde pudo comprobarse que el Presidente aspiraba a normalizar la vida política del país y que estaba decidido a afrontar las consecuencias de su decisión, que implicaba romper con la estructura política que lo había llevado al poder. La esperanza se hizo realidad cuando el gobierno nacional resolvió intervenir la provincia de Buenos Aires en 1940. Era. la primera etapa del plan; pero una enfermedad incurable obligó a Ortiz a abandonar el poder en el mismo año, cediendo el lugar a su vicepresidente, Ramón S. Castillo, de neta extracción conservadora y de imprecisa simpatía por el nacionalismo.

El gobierno de Castillo coincidió con los comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y frente a ella adoptó una actitud de neutralidad que, sin embargo, no llegaba a ocultar la simpatía que sectores allegados al régimen sentían por la Alemania nazi. Por intermedio de innumerables agentes influía ésta en la vida del país; pero los intereses de los países que tradicionalmente mantenían vinculación económica con la Argentina trataban por todos los medios de defender sus posiciones, y la lucha por el predominio vino a incidir en la lucha entre los sectores democráticos y los sectores reaccionarios que detentaban el poder mediante el falseamiento de la voluntad popular. Entre estos últimos, inclusive, surgió el conflicto, pues en su propio seno se opusieron, sobre todo a partir del momento en que la suerte de Alemania comenzó a declinar, los partidarios de la neutralidad y los partidarios de una aproximación a los Estados Unidos.

Esta lucha se proyectó fuera de los ambientes estrictamente políticos. El viejo movimiento nacionalista que se gestaba en el seno del ejército desde algunos años antes comenzó a inclinarse bajo la influencia alemana, lo que motivó un nuevo reagrupamiento de sus miembros y la salida de algunos de ellos. Y cuando pareció que el gobierno de Castillo no era suficientemente sensible a sus exigencias, lo derrocó mediante un golpe de Estado producido el 4 de junio de 1943.

El gobierno que surgió entonces —encabezado por el general Pedro Pablo Ramírez— intentó extremar la política favorable a Alemania, aunque dentro de una neutralidad formal. Sin embargo, a medida que el curso de la guerra se fue mostrando cada vez más favorable a los Aliados, se vio obligado a modificar su línea internacional. Siguió, en la política interior, su inspiración conservadora, introdujo en las escuelas la enseñanza religiosa, intervino las universidades para alterar su régimen, persiguió a la opinión independiente; pero, en cambio, no tuvo más remedio que romper relaciones con los países del Eje en enero de 1944, y llegar finalmente hasta la declaración de guerra.

Nada podía impedir, con todo, la creciente impopularidad del gobierno. Para remediarla, cierto sector, encabezado por el coronel Juan D. Perón, decidió buscar nuevas bases de sustentación para el gobierno mediante una política de halago a las masas populares. Era algo inusitado en la política argentina. El desarrollo industrial había sido considerable en los últimos años y había comenzado a formarse en los alrededores de Buenos Aires un cinturón fabril de alguna importancia. El éxodo rural había agrupado allí fuertes contingentes de población originaria de las provincias, que padecía las consecuencias de la política sórdida y mezquina de las clases patronales, a lo que se agregaba el escepticismo político suscitado por el largo período de fraude electoral. La inesperada reacción del gobierno en favor de mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, sedujo a sectores cada vez más numerosos de la población obrera, que vio en el nuevo secretario de Trabajo y Previsión —que era el propio ministro de Guerra, coronel Perón— una esperanza insospechada. La revolución impopular se transformó con rapidez vertiginosa en un movimiento de fuerte apoyo popular, y el 17 de octubre de 1945 se manifestó sorpresivamente como una nueva fuerza política que desconcertó a los partidos tradicionales. El gobierno cedió entonces a las demandas de normalidad, y convocó a elecciones para el 24 de febrero de 1946, en las cuales triunfó Perón frente a la llamada Unión Democrática, que aglutinaba a todos los partidos tradicionales, desde el conservador hasta el comunista.

Entonces comenzó una dictadura de masas que cambió radicalmente la fisonomía del país. Vastos sectores populares que apoyaban al nuevo presidente militar asomaban en la ciudad, en ciertas ocasiones, para reafirmar su solidaridad con el “conductor” y proclamaban su agradecimiento por los aumentos de salarios y las otras ventajas de carácter social que el nuevo régimen otorgaba. Las ciudades tomaron un aire tumultuoso, y los sectores populares y obreros, antes deprimidos en su gran mayoría frente a la clase patronal y a los sectores conservadores, adquirieron un inusitado aplomo que éstos consideraban rayano en la insolencia. Ese inequívoco apoyo de las masas populares permitió a los grupos que gobernaban en su nombre instaurar un severo control sobre los grupos disidentes: la libertad de opinión fue progresivamente suprimida, la prensa controlada, los actos públicos impedidos, las universidades desnaturalizadas y la acción política, social y gremial permitida sólo con innumerables trabas.

Esta acción, acompañada por una fuerte intervención del Estado en todas las actividades, caracterizó el período de los diez años que transcurrieron desde que el general Perón subió al poder hasta que fue depuesto por la revolución de septiembre de 1955.

A lo largo de tantas vicisitudes en el terreno práctico de la lucha por el poder, se iban perfilando vigorosas y definidas corrientes políticas animadas por un pensamiento diferenciado y claro: todo el período fue de tensión intensa entre posiciones antagónicas, en lucha sorda con una estructura de poder que se hacía cada vez más vigorosa.

Frente al sector que había canalizado hacia sus intereses la revolución de septiembre de 1930, se situó el sector revolucionario que había perdido la partida: era el nacionalismo, que enfrentaba a la organización política pretendidamente democrática, entre civil y militar, que detentaba el poder.

El nacionalismo reconocía varias raíces ideológicas: el viejo autoritarismo alemán, infiltrado en el ejército a través de la formación prusiana que primaba entre los oficiales, la tradición nacionalista de Maurice Barres, Charles Maurras, León Daudet y Charles Benoist, el fascismo corporativista de Benito Mussolini, la tradición aristocratizante española. Todo esto conformaba un haz de ideas que, si al principio pudo parecer heterogéneo, adquirió unidad a lo largo del tiempo.

Acaso el rasgo más saliente del movimiento —o por lo menos el primero— fue la alarma ante la extremada movilidad social que comenzó a advertirse tras el primer gobierno radical. Pareció a algunos que se producía no sólo una alteración en las relaciones entre los grupos sino también una subversión de valores. A eso aludía Carlos Ibarguren, el más alto teórico del movimiento, cuando decía que se necesitaban gobiernos de fuerza “que mantuvieran el orden social, las jerarquías y la disciplina para evitar la amenaza del comunismo soviético”. El sacudimiento del orden social tradicional, la quiebra de la vieja disciplina, la indiferencia frente a las jerarquías antes consideradas vigentes, eran hechos innegables; pero en lugar de imaginar salidas dinámicas capaces de canalizar las inquietudes en un sentido positivo, la tradición autoritaria y conservadora que constituía el fondo del nacionalismo sólo pudo inspirar una política destinada a inmovilizar el proceso de cambio que se acentuaba en el país.

Por lo demás, las soluciones que se entrevieron no correspondían a la naturaleza misma del cambio, y consistían exclusivamente en reformas institucionales, como el establecimiento del régimen corporativo en los cuerpos representativos cuya única finalidad era acallar las voces de los sectores sociales que se agitaban más intensamente. De esta reforma se hizo adalid el jefe revolucionario: “Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente los representantes de los comités políticos —decía Uriburu en un manifiesto— y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra.” La teoría del corporativismo argentino la desarrolló Carlos Ibarguren en un discurso pronunciado en Córdoba el 15 de octubre de 1930, en el que sostuvo la tesis de la compatibilidad entre el sistema de la representación de la opinión pública y la de los gremios. “En el Parlamento —decía— puede estar representada la opinión pública y acordarse también representación a los gremios y corporaciones que están sólidamente estructurados. La sociedad ha evolucionado profundamente del individualismo democrático en que se inspira el sufragio universal, a la estructuración colectiva que responde a intereses generales más complejos y organizados en forma coherente dentro de los cuadros sociales.” Era una doctrina conciliatoria que no sólo trataba de evitar las suspicacias que suscitaba en la opinión pública la tesis corporativista estricta sino también resolver, dentro de los criterios conservadores, el problema de la justa representación. Un ilustre poeta, Leopoldo Lugones, abordaba el mismo problema en su libro El Estado equitativo que publicó en 1932.

Sin duda predominaban en el nacionalismo argentino algunas ideas fundamentales y arraigadas en ciertos sectores; de todas acaso la más importante fuera la de que el Estado constituía el único mecanismo capaz de obrar rápidamente frente a la acentuación de los fenómenos de hibridación espiritual derivados de la afluencia de inmigrantes de distintos orígenes. Pareció necesario conservar la tradición hispanocriolla, amenazada por tantas influencias extrañas, y dejando a un lado los alardes más o menos retóricos, se creyó que la única vía era impedir el acceso al poder de las nuevas fuerzas populares cuya primera presencia se había advertido durante la época radical. Así nació el nacionalismo como corriente de opinión política. Otros temas le preocuparon, sin duda. Entre las influencias extrañas —o “foráneas”, como comenzó a decirse— la del comunismo parecía naturalmente la más peligrosa. Se organizó un fuerte movimiento contra los comunistas, pero sus derivaciones alcanzaron primero a todas las formas de pensamiento libre y luego a buena parte de los opositores. La exageración llevó el descrédito al movimiento, que se concretó en un proyecto de represión presentado en el Senado. Hablando del peligro que representaba el comunismo y del uso que se hacía de él, decía en el Parlamento Lisandro de la Torre: “El peligro comunista es el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como de una tabla de salvación. Bajo esa bandera se pueden cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos”. Pero el propósito de limitar la libertad de pensamiento no cejó, en la medida en que los grupos nacionalistas lograron influir en los gobiernos conservadores.

Otro tema grato al nacionalismo fue el de la influencia del capitalismo británico. Enfrentándose con la actitud que ciertos círculos próximos al gobierno mostraban en relación con los intereses ingleses, Rodolfo y Julio Irazusta plantearon el problema de la subordinación económica del país en su libro La Argentina y el imperialismo británico. La singular situación de dependencia que creaban a nuestra producción agropecuaria las relaciones con el mercado inglés se presentaba como una disminución de la soberanía, en la que se veía el resultado de un designio sistemático de Inglaterra para hacer servir la economía argentina a la suya. Era lo que en términos explícitos y categóricos sostendría algunos años más tarde Raúl Scalabrini Ortiz en su Historia de los ferrocarriles argentinos: “Los ferrocarriles argentinos —escribía— obedecen a la estrategia comercial inglesa y no a los reclamos de la economía política argentina. Inglaterra quiere que seamos pastores y labriegos, exclusivamente, y durante setenta años hemos producido lanas, cueros, carne, trigo, maíz y lino, y hemos sido incapaces de elaborar hasta los más indispensables artículos de consumo local cuya manufactura sólo requiere desarrollo de artesanía y empleo de la abundante y hábil mano de obra nacional”.

Un resumen orgánico de todos los principios del nacionalismo apareció en el “Estatuto del Estado nacionalista”, que redactó luego Carlos Ibarguren, y cuyos principales puntos eran:

”1) Los intereses de la Nación constituyen el supremo orden público argentino que el Estado debe garantizar, difundir y desenvolver. Nadie puede invocar derechos contra el orden público argentino.

”2) Deberá darse al Estado una estructura según la cual en vez de ser expresión de los partidos políticos y de sus comités, como lo es actualmente, sea la representación de la sociedad en todos sus elementos integrantes organizados; todo lo cual deberá estar consagrado por la voluntad de la Nación expresada en comicios, previo empadronamiento o registro de los grupos sociales conforme a la función que desempeñan en la vida argentina y en el orden económico, espiritual, profesional y del trabajo.

”3) El Estado reconoce y garantiza todas las libertades y derechos del hombre como persona humana y del ciudadano como elemento político de la Nación, de acuerdo al orden establecido en este estatuto.

”4) La economía nacional, constituida por la totalidad de la producción y del comercio, ha de tener por fin primordial el bienestar de la colectividad y la potencialidad de la Nación.

”5) El Estado así integrado por todas las fuerzas sociales organizadas, será auténtica expresión de ellas y deberá coordinar y racionalizar la producción del país, su distribución y su economía.

”6) El Estado debe amparar y asegurar el trabajo, su retribución equitativa, y constituir sólidamente la previsión y la asistencia social, de modo que todos los trabajadores puedan tener una existencia digna conforme a su nivel de vida que será verificado periódicamente en las diversas regiones del país. Por intermedio de los respectivos grupos sociales organizados —gremios, sindicatos, corporaciones, profesiones— el Estado coordinará y reglamentará los intereses patronales y del trabajo, en paridad de condiciones, homologará los contratos colectivos que se acuerden, dirimirá las cuestiones que se susciten, a cuyo efecto instituirá la magistratura del trabajo, evitando así los conflictos y la llamada ‘lucha de clases’.”

Esta concepción del Estado entrañaba una aguda crítica del Estado liberal, concorde con la que las fuerzas de la derecha hacían en Europa por entonces y con la que jusificaban los ensayos autoritarios en diversos países.

Alfredo L. Palacios salió al encuentro de los sostenedores del corporativismo en un discurso que pronunció en Córdoba el 6 de diciembre de 1930, en el que analizó sus fundamentos teóricos y lo rechazó finalmente, aun cuando aceptaba una modificación de la Constitución —una vez restablecida la normalidad— con el objeto de ampliar la democracia. “Nosotros —decía— apenas empezábamos a vivir la democracia. Se nos entregó un instrumento que organiza los comicios y les da garantías y es eso lo indispensable para el comienzo. Si se nos quita pasarán siglos sin que tengamos una democracia. Pero ese instrumento no basta. Es necesario que el sentimiento de libertad, en cada ciudadano, se convierta en una actitud reflexiva, pues de otra manera ignoraría siempre lo que espiritualmente significa el sufragio. Y para que el ciudadano aprenda a votar es menester una intensa labor de cultura que realizará, no el gobierno provisorio, sino los partidos que no tengan por objeto exclusivo el logro de los puestos públicos: que se sientan impulsados por una fe, que realicen una acción idealista. Así los partidos serían la energía motriz que determine la acción de los órganos de gobierno.

“Después, dentro de la normalidad, vendrán las reformas a la Constitución, que no es, por cierto, intangible. Pero, entiéndase bien, dentro de la normalidad, para que no aparezcan las imitaciones fascistas. La representación profesional, no para suprimir el Parlamento político sino para completarlo ha sido estudiada por publicistas de autoridad.

“De ahí el sindicalismo de Duguit que es un movimiento social tendiente a dar estructura jurídica a los diferentes núcleos profesionales, es decir, a los diversos grupos sociales compuestos por individuos unidos ya, unos a otros, por la comunidad de tarea en la división del trabajo social. Así el movimiento sindical sería la integración y diferenciación de los intereses profesionales, formando grupos homogéneos en razón de la homogeneidad de los fines. Es la ampliación del pensamiento de Marx, a quien Duguit llama soberbio idealista que puso el porvenir proletario en la organización colectiva de los asalariados, pues vio claro en la trama de la historia y convirtió en programa la sustancia misma de la realidad social que imponía al mundo la acción reconstructiva de los grupos sociales sobre bases económicas.

“Recientemente Georg Bernhard ha abogado por los Consejos Económicos, y, antes, la Constitución alemana afirmó el carácter democrático del Estado mediante un amplio sufragio y ensayó la incorporación al régimen jurídico, de los elementos sociales organizados: sindicatos, asociaciones, etcétera.

’’Pero todo esto es para ampliar la democracia, no para suprimirla.

”En cambio, el gobierno provisorio, con sus reformas, auspiciadas por los teóricos de la revolución, se inspira en el fascismo y en parte en la Constitución de 1819, donde se disponía que el Senado estaría formado por los senadores de provincias, cuyo número sería igual al de éstas; tres senadores militares, un obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el director del Estado, concluido el tiempo de su gobierno. No olvidemos que el presidente del Congreso explicaba tal desgraciada reforma con estas palabras: ‘Llamando al Senado a los ciudadanos distinguidos ya por pertenecer a la clase militar y a la eclesiástica, ya por sus riquezas y talentos, aprovecha lo útil de la aristocracia’.

“Soy partidario de la democracia y acepto la representación funcional que ya está consagrada en algunas constituciones, pero bien entendido que ella no se refiere a la representación legislativa que tiene su firme sostén en el sufragio universal. La democracia debe completarse y así lo he sostenido en mi Nuevo Derecho, auspiciando la creación de Consejos de Técnicos que preparen los proyectos de carácter económico, para que, después, los representantes del pueblo coordinen las funciones y con un concepto amplio y una visión clara de conjunto, gobiernen como estadistas.”

La defensa del Estado liberal y de sus principios tradicionales fue lo que aglutinó a los grupos políticos que resultaron beneficiarios de la revolución, a pesar de que, en el ejercicio del poder, desmintieron sus principios, ensayando una política económica intervencionista. En principio, trataron, simplemente, de impedir que se impusiera por la fuerza un régimen político corporativo que se sabía que había de ser impopular. Pero era necesario fundamentar esa posición, puesto que la crítica del Estado liberal contaba a su favor con una sólida argumentación muy en boga, ocasionalmente corroborada en el país por la crisis del régimen radical. Y los representantes de los partidos tradicionales de centro-derecha ofrecieron esa fundamentación reiterando la defensa de la democracia formal y apoyándola en un argumento circunstancial que señalaba Federico Pinedo: “Aunque el sistema vigente no tuviera otros méritos para ser mantenido, sería decisivo en su favor el hecho de que no hay cómo reemplazarlo, porque el país nunca aceptaría que un grupo de personas resuelva declararse superior a sus semejantes y pretenda imponer su predominio amenguando el poder político de los demás por calificaciones o cercenamiento del derecho de sufragio.”

Con ese planteo se llegaba a la médula del problema. Se reconocía que la opinión predominante en el país apoyaba el orden democrático y liberal vigente; se admitía que sólo el principio de la soberanía podía sustentar suficientemente el orden político; pero se reconocía también la presencia de grupos de presión que imposibilitaban el rápido retorno a ese orden, y la existencia de circunstancias que daban a esos grupos cierta fuerza. Ahora bien, esas circunstancias eran, precisamente, las que abrían el camino hacia el poder a los grupos que, próximos al gobierno revolucionario, sostenían la tesis del orden democrático y liberal.

Tal contradicción terminó en una doctrina de compromiso, que era, al fin, menos original de lo que parecía, porque entroncaba con la vieja tesis de lo que he llamado el “despotismo ilustrado” propio de la oligarquía de las últimas décadas del siglo xix. Consistía en sostener teóricamente el principio de la soberanía popular y la vigencia formal del sistema democrático, admitiendo, sin embargo, como un sobrentendido, la incapacidad de las masas para ejercitar de inmediato la plenitud de sus derechos y la necesidad de que las “minorías selectas” mantuvieran la dirección del Estado. De hecho había, pues —como decía Pinedo— un grupo de personas que decidía declararse superior a sus semejantes, pero que no se atrevía a manifestarlo abiertamente. Empero, no faltó quien asumió, imprudentemente, la responsabilidad de hacerlo, y se atrevió a hablar de “fraude patriótico”; refiriéndose a los métodos apropiados para llevar a la práctica la doctrina de compromiso; pero la doctrina, puesto que era contradictoria y vergonzante, exigía la continuación de la ficción, y como tal fue mantenida por sus defensores.

La doctrina de compromiso, esto es, la doctrina de la democracia fraudulenta, fue combatida enérgicamente por vastos sectores que defendían la pureza de los principios; pero no hubo nuevos planteos doctrinarios en el seno de los partidos que denunciaron a diario las violaciones del orden democrático. Sólo se registró en el seno de la Unión Cívica Radical en 1935, la formación del grupo llamado “Forja” que pretendía continuar la línea política de Hipólito Yrigoyen, pero acusaba, dentro de un esquema político inequívocamente democrático, las influencias del nacionalismo económico. Era un movimiento que aspiraba a renovar la vida interna del partido, a tonificar su posición intransigente, a proveerlo de un programa y de un sistema de soluciones para los grandes problemas.

Todo ello trascendía de la Declaración que aglutinó a sus miembros: “Somos una Argentina colonial; queremos ser una Argentina libre”, rezaba al comenzar la Declaración. Y decía su texto:

“La Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, considerando:

”1° Que el proceso histórico argentino en particular y el sudamericano en general, revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de la soberanía popular, para la realización de los fines emancipadores de la República Argentina, contra las oligarquías como agentes virreinales de los imperialismos políticos, económicos y culturales, que se oponen al total cumplimiento del destino de América.

”2° Que la Unión Cívica Radical ha sido, desde su origen, el instrumento continuador de esa lucha por el imperio de la soberanía popular y la realización de sus fines emancipadores.

”3° Que el actual recrudecimiento de los obstáculos puestos al ejercicio de la voluntad popular, corresponde a una mayor agravación de la realidad colonial, económica y cultural del país,

’’Declara:

”1° Que la tarea de la nueva emancipación sólo puede realizarse por la acción de los pueblos.

”2° Que corresponde a la Unión Cívica Radical ser el instrumento de la tarea, consumando hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen.

”3° Que para ello es necesario en el orden interno del Partido dotarlo de un estatuto que, estableciendo el voto directo del afiliado cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical, y en el orden externo, precisar las causas y los causantes del enfeudamiento argentino al privilegio del monopolio extranjero, proponer las soluciones reivindicadoras y adoptar una táctica y método de lucha adecuados a la naturaleza de los obstáculos que se oponen a la realización de los destinos nacionales.

”4° Que es imprescindible luchar dentro del Partido, para que éste recobre la linea de intransigencia y principismo que lo caracterizó desde sus orígenes, única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y determinan su perduración histórica al servicio de la Nación Argentina.”

De ese modo se comenzaba a producir la primera aproximación entre ideas que circulaban por distintos cauces, definiéndose una vigorosa corriente que aspiraba a la emancipación económica, pero que se escindía entre quienes creían que era posible alcanzarla dentro del orden democrático y los que creían que requería el comando de las minorías selectas. Muy pronto aparecerían los que admitirían que su única posibilidad era el gobierno de un “conductor” providencial. Pero entre las brumas de una atmósfera que no parecía ofrecer ninguna salida, se sumó a las influencias tradicionales la del comunismo trotskista, animado por una tesis de la revolución nacional, que hizo viva impresión en algunos sectores juveniles. En el radicalismo/ sobre todo, apareció, junto a “Forja”, otra dirección más resueltamente revolucionaria que coincidiría, finalmente, con los que fundaron el grupo llamado “Intransigente”, adherido aunque más tibiamente a esas ideas.

El movimiento radical, con todas sus variantes, destinado a adecuarse a un inocultable movimiento de masas que se producía en el país, se vio, sin embargo, arrollado por otro movimiento más amorfo pero más simple en sus postulados, y cuyo atractivo político fincaba, precisamente, en la eficaz presencia de un “conductor”.

Precisamente, la actitud fundamental del coronel Perón, que llegó al poder como presidente en 1946, consistía en respaldar su papel de magistrado constitucional con el poder de caudillo innato que le conferían sus intransferibles aptitudes personales y la irracional confianza que depositaba en él la masa. “El conductor nace, no se hace”, gustaba decir; lo consideraba como un artista, cuya misión es “crear, crear siempre, estar siempre dispuesto a crear”; y creía que su influencia era tan grande que la masa no podía sino reflejar su personalidad: “Como él sea, será la masa”, decía.

En el mensaje con que acompañaba el proyecto para el “Segundo Plan Quinquenal” desarrollaba la teoría de la conducción. “La conducción como tal —decía— importa toda una filosofía de la acción. Yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En ese sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir una cosa u otra. Es el mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o a pintar caballos y no supiera pintar otra cosa. Para ser pintor hay que pintar todo, y el que es pintor pinta lo mismo una casa que un perro o un edificio. En el arte de la conducción se sabe o no se sabe conducir, como en el arte de la pintura se sabe o no se sabe pintar.

”En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, algunos se extrañan de que habiendo sido guerreros fueran también grandes gobernantes. Eso es lo común; ellos sabían pintar y pintaban cualquier cosa.

”Así es el arte: universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, pero no se saben determinadas cosas y se ignoran otras. La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, conocer su doctrina, su teoría y su técnica. Lo demás es acción, puramente acción.

”Toda acción humana puede ser objeto de la conducción: la acción económica, la social, la política, la empresa científica, se conducen todas. Ahora, señores, el secreto está en conducirlas bien, orgánica y racionalmente, y por sobre todas las cosas, saberlas conducir.

”La conducción de un país no difiere fundamentalmente, en sus principios generales, de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que, mediante la unidad de concepción, se logre un germen: la unidad de acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción; cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio Pueblo.”

La masa, por cierto, era para él solamente un conjunto informe y sin designios propios. De ahí la significación del conductor. “Cuando la masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y produce los grandes cataclismos políticos.” El camino para que la masa se transforme en “pueblo” debía ser el de la “organización”, que él concebía dentro de esquemas de acentuado carácter militar. La “masa” debía situarse en la órbita del “conductor”, y funcionar dentro de sus planes mediante los “cuadros”, o sea los intermediarios a través de los cuales debían trasmitirse las inspiraciones del “conductor”. Así cobraba forma la “masa” y se transformaba en “pueblo”.

Esta doctrina —huelga repetirlo— denunciaba las influencias de las concepciones de Estado Mayor sobre las ideas políticas. Perón intentó llevarlas a la práctica promoviendo —no sin coacciones, por cierto— la formación de diversas “organizaciones del pueblo”, esto es, agrupaciones de entidades y personas que representaban los intereses del trabajo, las profesiones, las empresas, etcétera, en un vago intento de preparar el camino para una remota transformación del régimen democrático sustituyéndolo por un régimen corporativo como el que soñaban los hombres de la revolución de 1930. En el orden nacional, las resistencias fueron, aunque indirectas, vigorosas. Pero una vez, al redactarse la Constitución de la provincia del Chaco, influjo a sus partidarios a ensayar, junto a la representación ciudadana, la representación gremial o corporativa.

Así se constituía, poco a poco, lo que se venía llamando desde hacía algunos años, “el nuevo orden”. Era en el fondo una política reaccionaria y autoritaria enmascarada gracias al apoyo de ciertos sectores populares; pero apenas podía disimularse su esencia profunda. Perón había declarado en 1944: “La República Argentina es producto de la colonización y conquista hispánica, que trajo hermanadas a nuestra tierra, en una sola voluntad, la cruz y la espada. Y en los momentos actuales parece que vuelve a formarse esa extraordinaria conjunción de fuerzas espirituales y de poder que representan los dos más grandes atributos de la humanidad: el Evangelio y la Espada. Tal era, en el fondo, su pensamiento político, y sólo para disimular su contenido profundo fueron inventadas nuevas fórmulas verbales.

Sin embargo, no quiere esto decir que las masas que seguían fervorosamente al “conductor” participaran de su pensamiento profundo. Participaban de las ideas que creían descubrir en su retórica intencionadamente confusa, elaborada sabiamente para estimular las legítimas aspiraciones y para despertar la militante adhesión de unas masas que se habían sentido postergadas y sometidas durante largos años, y que carecían de experiencia política como para apreciar la sutil maniobra mediante la cual se procuraba instrumentalizarlas para servir ocultos designios.

La Constitución de 1949 —llamada “Constitución Justicialista”— mantenía la forma republicana, representativa y federal de gobierno; pero establecía en su artículo 78 que el presidente podía ser reelegido indefinidamente. Mediante una ley del Congreso, se estableció que los principios que presidían la política del gobierno constituían la “doctrina nacional”, es decir, un cuerpo de ideas con el que, finalmente, no se podía disentir sin contrariar el mandato legislativo. Era la consagración formal del principio muchas veces declarado y esencialmente negativo de la democracia, de que quien no apoyaba al “conductor” traicionaba a la patria. Así, el resultado fue un régimen personalista, autoritario y encubiertamente fascista que negó las más elementales libertades, desconoció a las minorías, y que, por hallarse sustentado en una vigorosa corriente de opinión popular, se presentó como una dictadura de masas. Pero los objetivos fundamentales de quienes las conducían provenían de actitudes políticas y económicas muy distintas y ajenas a los auténticos intereses de las clases populares.

Las tendencias políticas encontradas que entraron en abierto conflicto durante el segundo cuarto de siglo, escondían ciertos supuestos profundos relacionados con la fisonomía social del país. Como en otras partes del mundo, la tendencia al nacionalismo se acentuaba, acompañada de ciertos extremismos que forzaban una interpretación de la vida, del hombre y de las situaciones argentinas como absolutamente peculiares e irreductibles. La contracción económica que comenzó a producirse a partir de 1928 obligó a muchos países a volverse hacia sí mismos, y algunos grupos argentinos creyeron que ésa era la política que convenía a la nación. Fruto de ella fue la decisión de interrumpir el flujo inmigratorio, con lo cual se pretendió, por una parte, prevenir la desocupación, y, por otra, inmovilizar el proceso social de cambio que, en los últimos decenios, se advertía cada vez más claramente, con su secuela de ideas e ideologías, en inocultable relación con las conmociones que se habían producido en el mundo no mucho antes. Ya señalaremos más adelante cómo correspondió a esta política la exaltación de cierta imagen del carácter argentino, o más exactamente, del carácter criollo, en el que se vio el carácter nacional por excelencia, como si la ingente masa inmigratoria que se había incorporado al país no perteneciese ya definitivamente a la Argentina. Los grupos nacionalistas, en un principio, le negaron valor, pero muy pronto otras corrientes sociales quisieron salir a su encuentro y capitalizar en su provecho los crecientes anhelos de esa masa que los nacionalistas pretendían ignorar, que se había concentrado preferentemente en la zona litoral del país y que buscaba su salida económica por entre los vericuetos de una economía en pleno proceso de contracción. Ignorada o postergada, esa masa se insinuaba como una fuerza decisiva en la vida de la colectividad nacional.

Los grupos que originariamente desarrollaron las tesis nacionalistas se caracterizaron por su decidida posición aristocratizante y, al mismo tiempo, por el deliberado ocultamiento de la creciente diferenciación de clases que se producía en el ambiente social argentino. Las exigencias del país como totalidad parecían tan graves e importaban tanto a la clase poseedora que sus miembros fingían creer que era absolutamente lícito exigir el sacrificio de todos para resolver la llamada crisis nacional sin ofrecer al mismo tiempo nada que constituyera una esperanza para los distintos niveles de la clase trabajadora. La creciente influencia que el nacionalismo alcanzó en el seno del gobierno conservador —al menos como grupo de presión— contribuyó a que triunfara esa orientación económica y social; pero a pesar de ello las fuerzas políticas populares pudieron mantener vivo el fuego de las reivindicaciones de la clase obrera luchando en el Parlamento por la sanción de leyes protectoras del trabajo. El Congreso votó en 1932 la ley que prolongaba el descanso hebdomadario incluyendo la tarde del sábado; al año siguiente otra por la que se obligaba a los patronos a permitir que sus empleados y obreros tuvieran una silla para sentarse cada vez que las exigencias del trabajo lo permitieran; y poco después la que obligaba a indemnizar al obrero despedido. Eran pequeñas grandes conquistas, promovidas en buena parte por la acción tesonera de Alfredo L. Palacios y de Mario. Bravo, que representaban al Partido Socialista en el Senado. Fruto de la misma inquietud fueron la ley de protección a la madre y al niño sancionada en 1935, y el vasto movimiento que impulsó Palacios en favor de las provincias del noroeste, las menos favorecidas del país, para las que pidió un esfuerzo sistemático de la nación toda a fin de remediar sus necesidades inmediatas y estimular en lo futuro sus riquezas y sus fuentes de trabajo. Un libro, El dolor argentino aparecido en 1938, fue, además de la acción parlamentaria, el instrumento que usó Palacios para difundir lo que había visto en sus viajes y las soluciones que propiciaba para los problemas regionales. “Un criterio equivocado e inhumano —escribía—, y una política extraviada de los verdaderos intereses nacionales han conducido al país a una inflación ostentosa, en las grandes urbes, a costa del olvido de las condiciones de existencia de las provincias del interior, a la vez que a un refinamiento y selección de los ganados, junto a un empobrecimiento progresivo de la raza que ha poblado nuestro suelo y que con su abnegación y sacrificio ha cimentado y nutrido la grandeza de la Nación.

”Esto no es una simple apreciación, ni una hipótesis aventurada: es un hecho consumado, difícil de corregir.

”Frente a él, se levanta una perspectiva pavorosa: la del porvenir de innumerables pequeñuelos argentinos, tarados por las enfermedades que engendra la miseria y condenados a una existencia tan estéril como deleznable y dolorosa.

”Hoy estamos a tiempo, todavía, si enfrentamos el problema con la urgencia angustiosa que requiere, de rectificar la orientación suicida en que se encuentran comprometidos la vida y el porvenir de nuestro pueblo.

”Es preciso, para ello, que arranquemos a la servidumbre del hambre y de la ignorancia a las futuras generaciones de esos humildes argentinos que mañana pueden ser los defensores del sagrado patrimonio de nuestras libertades.

”Es innegable ya, para todos, que la fuerza y la riqueza de un país se basa, más que en las fuentes naturales y en la extensión de sus tierras, en la cantidad y la calidad de su elemento humano.

”Nada vale la naturaleza si no existe quien la explote y la transforme, y nada vale la máquina siquiera, sin el hombre que ha de dirigirla.

”No podremos ser jamás un pueblo grande, responsable y progresista si carecemos de ciudadanos íntegros, física y moralmente, que sean capaces de explotar nuestras ingentes riquezas y de administrar y defender el patrimonio de nuestra cultura hereditaria.

”El lema proclamado por Alberdi y que ha inspirado hasta hoy nuestra política inmigratoria: ‘Gobernar es poblar’, hemos de corregirlo así: ‘Gobernar es fortalecer, instruir y educar al ciudadano’.

”Estamos en una época en que la brusca invasión de la mecánica en las producciones industriales y en las relaciones económicas va colocando a los pueblos en presencia de esta disyuntiva: educar a los hombres para que sean capaces de dirigir y manejar a la máquina, o conducirlos a la desocupación y el hambre para eliminarlos indirectamente.

”Para esta última solución, que es absurda, aparte de que entraña la amenaza de hondas perturbaciones sociales, nosotros no tenemos ni siquiera la excusa del excedente de población.

”Como ya he dicho otras veces, en esta noble tierra nuestra, el gran desocupado es el suelo.

”Entre nosotros la máquina, si la sabemos utilizar en beneficio común, cumplirá eficazmente su misión de elevar al obrero, dándole la dignidad de administrador inteligente de las fuerzas naturales, y con ellos podremos realizar la maravilla de fertilizar nuestros desiertos.

”Lograremos, de este modo, redimir a la tierra de su esterilidad, y de su dolor y su miseria, al hombre.

”Para conseguirlo, sólo es necesario que procedamos con un concepto de economistas, sabiendo que el elemento humano es el fundamento de nuestra riqueza.

”Disponemos de todos los recursos que se requieren para formar un pueblo eminente, poderoso, libre y próspero, que sea un ejemplo en el mundo.

”Bastará para alcanzar el propósito superior de formar ese pueblo, que a su servicio pongamos el aliento generoso y el impulso constructivo y fraternal que reclama toda gran empresa.”

La acción de los sectores populares en el Congreso ni podía ser de largo alcance —dada la minoría a que los reducían las maniobras del fraude electoral— ni se desenvolvía fácilmente, obstruida de diversas maneras por los grupos conservadores que predominaban.

La intensa acción de Alfredo L. Palacios en la tribuna y en el Parlamento no distrajo su atención de los problemas doctrinarios. Incorporado al Partido Socialista desde los primeros años del siglo, elaboró poco a poco una teoría del desarrollo del socialismo en la Argentina que adquirió bastante nitidez después de 1930. Como Korn señalaba en Alberdi un precursor del positivismo, Palacios descubría en la tradición política argentina una tendencia hacia el socialismo, que le permitía empalmar su propia acción y la de su partido con la de Esteban Echeverría, sobre quien escribiría más tarde un estudio exhaustivo. El socialismo no era para él ajeno a la línea de evolución democrática del país. “Los jóvenes que combaten la orientación de nuestro partido —decía Palacios en 1934— se desentienden de todos los problemás argentinos, y esperan con ingenuidad sorprendente la hora revolucionaria de la catástrofe ineluctable, predicha por Marx, en que frente a un pequeño grupo de capitalistas se encuentre la multitud paupérrima. Yo niego el economismo exclusivo y no acepto esa representación del movimiento emancipador proletario en la forma de una trasposición hegeliana del cristianismo, por la cual sería necesario sufrir en la miseria para, después, engrandecerse, enalteciendo a la humanidad. La redención del proletariado ha de producirse, no por el renunciamiento sino por la elevación y ennoblecimiento de las condiciones de vida, por la intensificación del espíritu revolucionario que no nace de la miseria y la abyección, donde despierta el instinto, sino de la satisfacción de necesidades materiales y espirituales que determinan la reflexión serena y la fuerza.

“El socialismo aspira al noble y armónico desarrollo del individuo y su fin es la libertad, lo que significa proclamar el principio ético de Kant de que cada hombre debe ser considerado como un ‘fin en sí mismo’, carácter absoluto que no corresponde a las cosas materiales. El hombre tiene su personalidad individual, pero es claro que tiene también una colectiva.

“El socialismo aspira a realizar la síntesis entre la libertad del individuo y la actividad social.

“Pero los jóvenes han hablado aquí de la lucha de clases con una rigidez que desconcierta y un desconocimiento imperdonable de la realidad argentina. Y han invocado otra vez a Marx.” Y agregaba después: “En nuestra Argentina, hemos de trabajar en el sentido de la transformación social, orientados por la justicia, convencidos de que el sentimiento y la idea de patria espiritualizan la vida e impulsan a la abnegación y el sacrificio.

“Por la patria, que es una realidad cuyas bases morales aparecen con nitidez en nuestra tierra generosa, marchamos hacia la humanidad para engrandecerla.

“En 1912, cuando en el Parlamento sólo había dos bancas de nuestro Partido, la del doctor Justo y la mía, dije en un discurso que yo era argentino antes que socialista, y cuando terminé mi exposición, el maestro, que era un censor severo, estrechó mi mano con afecto. Él había dicho ya en 1909, que ‘el antipatriotismo es una monstruosidad’, y en su testamento, cerca de dos décadas después, disponía que su cadáver fuera envuelto en la Bandera argentina.

”En ningún país sería tan absurdo el antipatriotismo como en éste, donde debemos tener el orgullo de nuestra nacionalidad, porque nuestra patria posee una tradición tan idealista y depurada que representa la más alta tendencia y la más avanzada, hoy, en el mundo. Su naturaleza intrínseca consiste en no separar la idea de patria de la idea de justicia, y en no concebir siquiera que puedan contraponerse ambos conceptos ni menos aún que la patria deba sobreponerse a la justicia. En esto estriba la fuerza moral de la Argentina, y ese principio debemos sostenerlo por América contra todos los azares y peligros.

”La juventud argentina, lejos de estancarse en un doctrinarismo anacrónico, debe afrontar la ruda pero eminente labor de construir una gran democracia social, repudiando la actitud recelosa, defensiva y de crítica excluyentes, para adoptar la acción afirmativa y constante.

”La argentinidad es un sentimiento expansivo, de índole creadora, que ha marcado una línea recta de idealismo.

”Agustín Álvarez, cuyos talentos y virtudes admiro, dijo cierta vez, con evidente error, que el resorte de las instituciones norteamericanas era el ‘interés’, divisible, transable y compatible con el buen sentido práctico, mientras que lo que mueve a las nuestras, es la hidalguía, la altivez, el honor, móviles, todos, de una pieza, indivisibles, inconciliables, incompatibles con el buen sentido y totalmente ocasionados a quijotismo.

”El propósito del escritor era combatir la ficción y la artificialidad, pero incurría en el error lamentable de criticar lo que está en nuestra sangre y constituye el orgullo de nuestra argentinidad.

”Advierto que Jaurés, alto exponente de la raza, hablando sobre Alberdi, entre nosotros, defendió nuestro espíritu que pone, por sobre todos los combates,. una idealidad de gloria tan alta como para que los hombres se elevaran hasta ella por la audacia noble y el heroísmo.

”Hemos combatido el mal llamado derecho de conquista; hemos proclamado y aplicado, de acuerdo a un ideal de armonía y de justicia, el arbitraje, resolviendo por él todos nuestros pleitos de límites; hemos sostenido que ‘la victoria no da derechos’, repudiando las compensaciones materiales por el esfuerzo realizado, pues nos bastó saber que habíamos libertado a otros pueblos; hemos combatido el brutal cobro compulsivo de las deudas internacionales con la doctrina Drago. Hemos trabajado para el espíritu, incorporando al ejercicio de la vida pública de los pueblos, y arraigándolo profundamente, el concepto de ‘dignidad’, realizando con ello una conquista humana. Nos hemos hecho, así, fuertes, no por el poder de los cañones que otros cañones pueden contrarrestar, sino por el prestigio que infunde nuestra conducta y que nadie puede arrebatarnos.

”¿Cómo no ha de ser una monstruosidad el antipatriotismo en nuestro país?

”Si todos los hombres deben amar a su patria, con más razón nosotros, porque los pabellones de la Argentina son limpios y sus blasones espirituales no han sido igualados.”

Por entonces las condiciones de vida empeoraban para la clase trabajadora, sobre todo a partir de 1939, cuando la Guerra Mundial trajo consigo la inevitable escasez y los aumentos de precios. El éxodo rural era ya un fenómeno intenso que repercutía sobre las ciudades, en las que comenzaba a formarse un cinturón suburbano de creciente densidad. Así se constituía un sector inconfundible de la sociedad argentina, vinculado por cierto a la naciente industria y sometido a las duras condiciones que le imponía la política reaccionaria de la vieja oligarquía: ése sería el que habría de constituir el blanco de la propaganda demagógica cuando la revolución impopular de 1943 trató de convertirse en revolución popular por obra del coronel Perón.

Muchos síntomas manifestaban, hacia 1944, que la masa trabajadora y los estratos más modestos de las clases medias estaban en el límite de sus posibilidades económicas. Pero los partidos políticos populares, fieles a sus tradiciones y costumbres, creían conservar su ascendiente sobre esos sectores apelando a sus meras aspiraciones políticas, a sus convicciones profundas y a sus ideales de democracia y libertad. Los tiempos, empero, habían cambiado. Una nueva sensibilidad se había desarrollado en esas masas de reciente formación, y las reivindicaciones económicas y sociales contaban más para ellas que las nociones de democracia y libertad. Por entonces —en 1945— Carlos Sánchez Viamonte se enfrentaría con el problema teórico que esas nociones suscitaban, en un libro de vasta repercusión que tituló El problema contemporáneo de la libertad. Sostenía allí que “el problema de nuestro tiempo debe plantearse así: máximum de derechos relativos a la personalidad humana; mínimum de derechos relativos al patrimonio, sometidos al control del Estado regulador, para impedir todo abuso de fuerza económica y para asegurar a cada miembro de la sociedad los medios indispensables a fin de obtener el desarrollo completo de su capacidad y el mayor rendimiento posible en beneficio común.

”A nuestro juicio, la solución del doble problema de la libertad y de la justicia social requiere un nuevo planteamiento de la cuestión jurídica y una nueva técnica, cuyo punto de partida consiste, como hemos dicho, en deslindar con nitidez la libertad y el patrimonio. De esta manera se podrá dar a la sociedad una organización jurídica en que la libertad dejará de ser un privilegio económico, y la prosperidad no será ya un instrumento de injusticia y opresión.”

En el desarrollo de las tendencias que caracterizaron a las nuevas formaciones de masa tuvieron mucha influencia las condiciones cívicas en que se habían educado las nuevas generaciones, dentro de la opresión del fraude conservador, y acaso también la impotencia de las fuerzas políticas populares para llegar con un nuevo lenguaje a su espíritu. Pero de cualquier manera, el hecho innegable era que la nueva sensibilidad predominaba, y respondió al llamado de la demagogia que se hizo pasar por auténtico espíritu revolucionario sin serlo, aunque para poder fingirlo tuvo que satisfacer en parte las necesidades más imperiosas de la masa que aspiraba a conquistar.

Es indudable que, más que otra cosa, el éxito político del coronel Perón, a lo largo de 1944, residió en el impacto psicológico que logró hacer. Las masas desilusionadas oían proclamar desde la Casa de Gobierno y por las radioemisoras oficiales principios revolucionarios que, poco antes, se consideraban delictuosos a fuerza de parecer “comunistas” —como decían invariablemente los sectores conservadores—, y, lo que es más importante, obtenían decisiones efectivas que redundaban en beneficio de los trabajadores y en perjuicio de la clase patronal, hasta entonces siempre privilegiada. El convencimiento fue instantáneo.

Casi todas las medidas adoptadas entonces fueron el resultado de viejas aspiraciones populares a las que los grupos conservadores que detentaban el gobierno se habían resistido empecinadamente.

Tal es el caso de los Tribunales del Trabajo, creados en 1944 y por cuyo establecimiento se venía clamando hacía mucho tiempo: había solicitado su implantación en 1931 el Primer Congreso Nacional del Trabajo; en 1935 la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y en 1941 se habían fijado las bases para su establecimiento en un meduloso conjunto de estudios preparado por el Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad del Litoral, bajo la dirección de Mariano Tissembaum.

En otro aspecto, las medidas que más contribuyeron a asentar el prestigio del coronel Perón fueron el “Estatuto del peón de campo”, por el que se establecía un sueldo mínimo bastante crecido en comparación con el que habitualmente se pagaba, y el decreto que estableció la obligatoriedad del pago del aguinaldo anual a obreros y empleados. Una política semejante condujo a ajustar el régimen de jubilaciones, el sistema de vacaciones y otros aspectos que contribuían efectivamente a la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Poco después, en 1947, fueron proclamados los “Derechos del Trabajador” en cuyos fundamentos se decía: “Hasta nuestros días no se había estabilizado en principios claros, incontrovertibles e irrenunciables el derecho que los trabajadores tienen a una mejor vida y a una mejor organización del trabajo y del descanso. Entregamos hoy a los legisladores y a los juristas argentinos las bases sobre las cuales han de construir la futura legislación argentina, para fijar de una vez por todas, como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado a los individuos. ‘Los derechos del Trabajador’ que acabamos de enunciar se fundamentan, teóricamente, en la doctrina filosófica y jurídica, pero sólo se cumplen con medios económicos. Crear esos medios económicos será, pues, la base para el cumplimiento de esos diez postulados fundamentales del derecho obrero. Y para ello, para lograr ese cumplimiento, una sola debe ser la finalidad del pueblo trabajador: trabajar y producir.” Los diez postulados a que se hacía referencia eran los siguientes: derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.

La enunciación de estos derechos se incorporó a la Constitución en el texto reformado de 1949, en el que también figuraban los Derechos de la Familia, los Derechos de la Ancianidad y los Derechos de la Educación y la Cultura. Incluía también el nuevo texto constitucional, en su artículo 38, una declaración categórica acerca de la “función social” de la propiedad privada. “La propiedad privada —decía— tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.” Estas disposiciones se complementaban con las que establecía el artículo siguiente con respecto al capital cuando decía: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.”

Estas ideas no cristalizaron en actos que alteraran sustancialmente la vida nacional, pero sin duda expresaban un sentimiento profundo que, de manera imprecisa, latía en la conciencia de las clases populares. En toda la acción que éstas desarrollaron en favor del régimen del general Perón se escondía un impulso vehemente de rebeldía contra las clases privilegiadas, que encontraba su formulación en la fraseología oficial. Pero si esta última concluía en vagos principios —con todo, de innegable eficacia política— aquel impulso se fue robusteciendo y adquiriendo, poco a poco, los caracteres de una actitud social militante.

Los fenómenos demográficos, que en parte provocaron la crisis de 1945 y en parte fueron provocados por ella, fueron objeto de atención por parte de algunos sociólogos. Un enfoque singular, en el que lo cuantitativo quería destilarse en apreciaciones cualitativas, fue el de Bernardo Canal Feijóo en su libro De la estructura mediterránea argentina, relacionado con los trabajos del “Congreso Regional de Planificación Integral del Norte Argentino”, dedicado a estudiar los fenómenos en la región donde mayor gravedad había adquirido. Más tarde, y con gran rigor científico, Gino Germani abordó el problema general de la situación del país en su estudio sobre Estructura social de la Argentina.

Los problemas sociales —como los políticos— se agudizaron con motivo de la crisis económica mundial que se desencadenó en 1928. En la Argentina comenzaron a percibirse sus efectos hacia comienzos de 1930: bajaron fuertemente los precios de los granos en el mercado internacional y la moneda se depreció considerablemente, fenómenos a los que acompañó una fuerte contracción del crédito y una grave crisis bancaria. Contribuyeron a agravar la situación otras circunstancias, especialmente las medidas que en salvaguardia de su propia economía, también amenazada por la crisis, tomó Gran Bretaña. En 1931 resolvió el gobierno inglés abandonar el patrón oro —como lo harían luego casi todos los demás países— y establecer la inconvertibilidad de la libra esterlina.

Tratándose del principal comprador de los productos agropecuarios de la Argentina, esta medida sacudió profundamente su estructura económica y financiera, pues consistían precisamente en libras los créditos que el país poseía en el exterior para comprar en diversos mercados. Un año más tarde, cuando la crisis de deflación se hacía más aguda, Gran Bretaña y sus dominios se reunieron en la Conferencia Imperial de Ottawa, en 1932, y resolvieron que la metrópoli acordaría preferencia en la adquisición de materias primas a sus dominios, para lo cual se establecerían las correspondientes diferencias tarifarias.

Estos hechos, que afectaban al país entero, pero muy directamente a la oligarquía terrateniente, contribuyeron a provocar la revolución de septiembre de 1930, mediante la cual recuperó aquélla la conducción del Estado. Como era de esperar, tanto el gobierno revolucionario del general Uriburu como los gobiernos constitucionales que lo heredaron, presididos por el general Justo primero y por Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo después, se dedicaron a remediar los males que sufría la economía argentina, pero con una notoria preocupación en favor de ciertos sectores de la producción. Se produjo entonces un cambio fundamental: los viejos preceptos de la economía liberal, sostenidos por Alberdi y por la Constitución de 1853, comenzaron a ser sustituidos por otros nuevos, que inspiraron un tipo de economía dirigida.

En tanto que se resistía a la tentación de caer en la moratoria o la emisión, se arbitraron algunos medios para hacer frente a las exigencias fiscales. Uno de ellos significó una modificación sustancial en la concepción de la vida económica argentina: la creación del impuesto a los réditos, que poco después pasaría a ser la principal fuente de ingresos fiscales, más cuantiosos que los impuestos de aduana. Con estos recursos, y con un empréstito interno, se salvaron las primeras necesidades fiscales derivadas de la crisis.

Pero más graves aún que las dificultades fiscales eran las económicas. Los productores, especialmente los del sector agrícola, exigían la fijación de precios, en tanto que los del sector comercial solicitaban la regulación del cambio. La consecuencia fue una política destinada a agotar las posibilidades de mantener la antigua vinculación con la economía inglesa. Fruto de esa política fue la negociación de un nuevo tratado con Gran Bretaña, por el que se reajustaba el comercio de carnes relacionándolo con otras actividades en las que Gran Bretaña obtenía crecidos beneficios a costa de los intereses nacionales. La reacción fue enérgica. Los grupos nacionalistas organizaron un decidido frente antibritánico, cuyos principios defendieron Julio y Rodolfo Irazusta en La Argentina y el imperialismo británico y Raúl Scalabrini Ortiz en Política británica en el Río de la Plata y en Historia de los ferrocarriles argentinos. Principios análogos defendían la agrupación radical “Forja” y, desde 1936, la “Escuela de Estudios Argentinos”, presidida por Adolfo D. Holmberg, que editó la revista Servir en la que vieron la luz numerosos y excelentes estudios sobre problemas económico. La preocupación por la defensa de los intereses nacionales era en sus redactores la predominante. “El hombre argentino —escribía Holmberg en el primer número de Servir— está lejos de haber conquistado la naturaleza argentina. Es hora de síntesis y de inventarios. Hay que levantar inventario de todas nuestras riquezas y de todas nuestras posibilidades y poner en orden de síntesis todos nuestros conocimientos sobre el país; hay que saber en lo que estamos en punto a relaciones ecológicas con nuestro medio ambiente; sopesar nuestra capacidad científica y nuestra idoneidad técnica; también hay que someter a un riguroso examen nuestros valores espirituales. Podremos, así, fijar puntos de vista seguros, establecer bases firmes para los futuros desenvolvimientos económicos y culturales.” Y había afirmado antes: “Nunca fue más indispensable que ahora la unión de pensamiento y acción. El país había crecido desmesuradamente al margen de las leyes de equilibrio y armonía que regulan el desarrollo de los organismos y de las sociedades; rechazado ahora de su condición efectiva de factoría o de colonia seudoindependiente, por la acción de las fuerzas anárquicas que disocian al mundo, se ve obligado a retraerse y a concentrarse en sí mismo, para reorganizarse y reconstituirse una vida y un espíritu nuevos. Tendrá que hacerlo en plena catástrofe.”

Pero la voz que más trascendió entre las que se resistieron a la entrega de la economía nacional a Gran Bretaña fue la del senador Lisandro de la Torre, cuando denunció los términos del tratado de Londres en relación con las carnes argentinas. “Si estábamos a merced de la Gran Bretaña después de los acuerdos de Ottawa —decía— seguimos a merced de la Gran Bretaña después del convenio de Londres, y el empeño puesto imprudentemente en realizar el tratado ha conducido a empeorar la situación, obligándonos a renunciar al control de los embarques de carnes, sin dejar por eso de sufrir una disminución de la cuota básica de Ottawa.” Y agregaba: “En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios tienen cada uno su cuota y la administran ellos… La Argentina es la que no podrá administrar su cuota; lo podrá hacer Australia, lo podrá hacer el Canadá, lo podrá hacer hasta el África del Sur. Inglaterra tiene respeto de esas comunidades de personalidad internacional restringida, que forman parte de su imperio, más respeto que por el gobierno argentino. No sé si después de esto podremos seguir diciendo: ¡Al gran pueblo argentino, salud!”

Al mismo tiempo que el Estado neoconservador se empeñaba en la defensa de los intereses de la oligarquía mediante una política de sujeción al más importante de sus compradores, se desarrollaba también la tendencia a desenvolver en el orden económico y financiero una política de intervencionismo estatal. Los grupos que dirigían la política económica hallaron en las teorías de la escuela de Cambridge, representada sobre todo por Keynes, el sistema de soluciones que, como en otros países, parecía apropiado para la crisis. Y dentro de esa línea se proyectaron diversas medidas para dirigir las finanzas y regular la producción.

En cuanto a la dirección de las finanzas, las medidas fundamentales giraron alrededor de la creación de un Banco Central. Ya en 1931 se había creado una “Comísión de cambios” cuyas funciones fueron creciendo poco a poco; pero la etapa decisiva se cumplió en 1935, con la creación del Banco Central y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. La primera de esas instituciones era dirigida por un directorio cuya mayoría representaba a bancos no oficiales, pese a lo cual se le encomendaba regular el crédito, vigilar el funcionamiento de los bancos y, sobre todo, actuar como agente financiero del Estado en las operaciones de crédito y en la emisión de moneda. El Instituto Movilizador, cuyas autoridades designaba el Banco Central, estaba autorizado para adquirir los inmuebles y créditos inmovilizados o congelados en los bancos para devolverlos a la productividad.

En cuanto a la regulación de la producción, las deciciones fueron no menos drásticas. Por intermedio de numerosas “juntas reguladoras”, el Estado dispuso unas veces —como en el caso de la vid— destruir una cierta parte de la materia prima producida; otras veces —como en el caso de la yerba mate— limitar estrictamente la producción; y otras —como en el caso de los cereales y la carne— decidió fijar precios máximos y mínimos. Esta política culminó en septiembre de 1939 con la sanción de la ley 12.591 por la que se facultaba al Poder Ejecutivo para fijar precios máximos, comprobar la existencia de productos y expropiar cualquier clase de artículo.

Si el ministro de Agricultura, Antonio de Tomaso, fue quien orientó la regulación de la producción, correspondió la reorganización financiera al ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Este último se mostraba satisfecho de su labor cuando, en 1946, escribía en su libro En tiempos de la república: “Pero si de toda la labor realizada por la empeñosa y progresista administración de que tuve el honor de formar parte, la más espectacular fue la que tuvo por mira poner límite a los males de la depresión económica producida por la crisis mundial, creo poder afirmar sin inmodestia, aunque se halle vinculada a mi propia acción, que la que tuvo efectos más permanentes fue la obra de saneamiento y reorganización bancaria, cuyas piezas principales de carácter estable fueron el Banco Central de la República y la ley de bancos, completados por el Instituto Movilizador de Inversiones Bancadas como instrumento transitorio.

“No tengo intención de reabrir en este lugar la áspera polémica a que dieron lugar esas iniciativas, ni de pasar revista a las objeciones que se les formularon, ni demostrar lo infundado de terroríficos pronósticos que con motivo de esas creaciones legales se echaron a rodar, porque aparte de que mucho de ello está contenido en los escritos y discursos recopilados, ese trabajo sería más propio de un estudio especializado en materias económicas que de apuntes como éstos. Pero hay además esta otra consideración que me exime de ocuparme de esa cuestión: los que fueron los más enconados adversarios de la creación del Banco Central son los que hoy lo proclaman piedra angular del edificio económico de la República e identifican su conservación y su buen manejo con el cuidado de los más fundamentales intereses nacionales.”

Se refería el autor al equipo económico del gobierno de Juan D. Perón, que, en el momento en que escribía Pinedo, iniciaba una enérgica política intervencionista en materia económica. Pero las fuentes de donde procedía esa tendencia no eran las mismas que habían nutrido la política de Hueyo y Pinedo durante el gobierno de Agustín P. Justo. Acaso podían identificarse vagamente con los principios de “economía de guerra” que sustentaba la ley 12.591, pero más seguro es que consistiera fundamentalmente en las concepciones de Estado Mayor que conformaban la mentalidad política de Perón. Había dentro de esa concepción muy precisas nociones económicas, que informaron sin duda la exposición que hizo Perón, como ministro de Guerra, al inaugurarse la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata. Fue en esa ocasión cuando se esbozó por primera vez lo que luego sería programa de gobierno entre 1946 y 1955. “Referido el problema industrial —decía— al caso particular de nuestro país, podemos expresar que él constituye el punto crítico de nuestra defensa nacional. La causa de esta crisis hay que buscarla de lejos, para poder solucionarla.

”Durante mucho tiempo, nuestra producción y riqueza han sido de carácter casi exclusivamente agropecuario. A ello se debe en gran parte que nuestro crecimiento inmigratorio no haya sido todo lo considerable que era de esperar, dado el elevado rendimiento de esta clase de producción con relación a la mano de obra necesaria. Saturados los mercados mundiales, se limitó automáticamente la producción y, por ende, la entrada al país de la mano de obra que ella necesitaba.

”El capital argentino, invertido así en forma segura pero poco brillante, se mostraba reacio a buscar colocación en las actividades industriales, consideradas durante mucho tiempo como una aventura descabellada y, aunque parezca risible, no propia de buen señorío.

”El capital extranjero se dedicó especialmente a las actividades comerciales, donde todo lucro, por rápido y descomedido que fuese, era siempre permitido y lícito; o buscó también seguridad en el establecimiento de servicios públicos o industrias madres, muchas veces con una ganancia mínima respaldada por el Estado.

”La economía del país reposaba casi exclusivamente en los productos de la tierra, pero en su estado más innoble de elaboración, que luego, transformados en el extranjero con evidentes beneficios para sus economías, adquiríamos de nuevo ya manufacturados.

”El capital extranjero demostró poco interés en establecerse en el país para elaborar nuestras riquezas naturales, lo que significaría beneficiar nuestra economía y desarrollo, en perjuicio de los suyos y entrar en competencia con los productos que se seguirían allí elaborando.

”Esta acción recuperadora debió ser emprendida evidentemente por los capitales argentinos, o por lo menos que el Estado los incitase, precediéndolos y mostrándoles el camino a seguir.

”Felizmente la Guerra Mundial de 1914-18, con la carencia de productos manufacturados extranjeros, impulsó a los capitales más osados a lanzarse a la aventura y se estableció una gran diversidad de industrias, demostrando nuestras reales posibilidades.

”Terminada la contienda, muchas de estas industrias desaparecieron por artificiales unas, y por falta de ayuda oficial otras que debieron mantenerse; pero muchas sufrieron airosamente la prueba de fuego de la competencia extranjera dentro y fuera del país.

”Pero esta transformación industrial se realizó por sí sola, por la iniciativa privada de algunos ‘pioneros’ que debieron vencer innumerables dificultades. El Estado no supo poseer esa evidencia que debió guiarlos y tutelarlos, orientando la utilización racional de la energía; facilitando la formación de la mano de obra y del personal directivo; armonizando la búsqueda y extracción de la materia prima con las necesidades y posibilidades de su elaboración; orientando y protegiendo su colocación en los mercados nacionales y extranjeros, con lo cual la economía nacional se hubiera beneficiado considerablemente.

”Para corroborarlo no me referiré más que a un aspecto. Hemos gastado en el extranjero grandes sumas de dinero en la adquisición de material de guerra. Lo hemos pagado a siete veces su valor, porque siete es el coeficiente de seguridad de la industria bélica y todo ese dinero ha salido del país sin beneficio para su economía, sus industrias o la masa obrera que pudo alimentar.

”Una política inteligente nos hubiera permitido montar las fábricas para hacerlos en el país, las que tendríamos en el presente, lo mismo que una considerable experiencia industrial y las sumas invertidas habrían pasado de unas manos a otras, argentinas todas.

”Lo que digo del material de guerra, se puede hacer extensivo a las maquinarias agrícolas, al material de transporte terrestre, fluvial y marítimo y a cualquier otro orden de actividad.

”Los técnicos argentinos se han demostrado tan capaces como los extranjeros, y si alguien cree que no lo son, traigamos a éstos, que pronto asimilaremos todo lo que puedan enseñarnos.

”El obrero argentino, cuando se le ha dado oportunidad para aprender, se ha revelado tanto o más que el extranjero.

”Maquinarias, si no las poseemos en cantidad ni calidad suficientes, pueden fabricarse o adquirirse tantas como sean necesarias.

”A las materias primas nos las ofrecen las entrañas de nuestra tierra, que sólo esperan que las extraigamos.

”Si no lo tenemos todo, lo adquiriremos allí donde se encuentre, haciendo lo mismo que los países europeos, que tampoco lo tienen todo.

”La actual contienda, al hacer desaparecer casi en absoluto de nuestros mercados los productos manufacturados extranjeros, ha vuelto a florecer nuestras industrias, en forma que causa admiración hasta en los países industriales por excelencia.

”La teoría que mucho tiempo sostuvimos de que si algún día un peligro amenazaba a nuestra Patria, encontraríamos en los mercados extranjeros el material de guerra que necesitásemos para completar la dotación inicial de nuestro Ejército y asegurar su reposición, ha quedado demostrada como una utopía.

”La Defensa Nacional exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria pesada.

”Para ello, es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado, que solucione los problemas que ya he citado y que proteja a nuestras industrias si es necesario. No a las artificiales que, con propósitos exclusivamente utilitarios, ya habrán recuperado varias veces el capital invertido, sino a las que dedican sus actividades a esa obra estable, que contribuirá a beneficiar la economía y asegurará la Defensa Nacional.”

En términos correlativos se expresaba, en sendos capítulos, sobre la acción comercial, la acción económica y la acción financiera. El supuesto de tales ideas era la necesidad de que toda la economía de la nación estuviera dirigida preventivamente hacia la posibilidad de una guerra; pero alejada esa sombra por las circunstancias internacionales, esa concepción siguió funcionando como una expresión más aguda aún del ya viejo nacionalismo económico, manifestado en la decidida tendencia a la estatización.

En cumplimiento de tales designios, el gobierno de Perón nacionalizó en 1946 el Banco Central, sustrayéndolo a la influencia de los bancos particulares, e invirtió crecidas sumas en la nacionalización de algunos servicios públicos. Acaso la medida más significativa fuera la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), cuya misión era la de adquirir las cosechas a un precio remunerativo y gestionar su venta en el exterior; pero poco a poco se convirtió en el agente comercial del Estado para la mayor parte de las importaciones y exportaciones.

Dentro de la misma corriente de ideas, se estableció en el nuevo texto constitucional de 1949 una disposición sobre la función social de la propiedad y otra estableciendo que el capital debía estar al servicio de la economía nacional. Pero la más categórica de las disposiciones constitucionales fue la que se consignó en el artículo 40, que resumía ciertas ideas defendidas desde hacía mucho tiempo por diversos sectores antiimperialistas y luego erigidas en consignas propias y exclusivas por los nacionalistas de tendencia filonazi, algunos de los cuales formaban parte del movimiento adicto a Perón: “La organización de la riqueza —decía el citado artículo constitucional— y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

”Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

”Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

”El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Estas disposiciones eran categóricas: mucho menos resuelta fue la acción del gobierno para cumplirlas. Pero los principios —que correspondían a vagas tendencias innegablemente arraigadas en la opinión popular— hacían su camino y conquistaban nuevos adeptos. Dentro de la misma línea el gobierno esbozó un plan de acción en el llamado “Segundo Plan Quinquenal” y procuró completarlo en 1953 con dos acuerdos internacionales, uno con Chile y otro con Paraguay, que tendían a realizar la complementación de las respectivas economías.

Una política semejante en relación con las fuentes de energía propuso en 1954 Arturo Frondizi, jefe de la Unión Cívica Radical Intransigente, en su libro Petróleo y política, en el que sostenía la necesidad de realizar una revolución profunda “para transformar el viejo orden social en una nuevo”. Puntos fundamentales de ese cambio debían ser la reforma agraria, la industrialización y la democratización económica. La reforma agraria debía encarar una revisión de las formas de la propiedad, del régimen de explotación y del sistema de comercialización de la producción, para sustraer la economía agraria a las fuerzas negativas de los terratenientes y de los consorcios ajenos a los intereses nacionales y populares. La industrialización debía partir del logro de la “autonomía energética” y dirigirse hacia la creación de una “industria nacional independiente”, fundada especialmente “en el ahorro, en el trabajo, en la voluntad y en la inteligencia del pueblo argentino”, la industria pesada sería el objetivo final de ese proceso. La democratización económica debía orientarse hacia la destrucción de los monopolios privados por medio de la “nacionalización de las concentraciones capitalistas” en virtud de la cual se obtendría una intensa capitalización social. Los sectores nacionalizados deberían ser administrados por entes autárquicos con participación de usuarios, técnicos y obreros; los sectores privados se verían estimulados por la desaparición de los grandes monopolios. En todo caso la participación de técnicos, obreros y empleados en la dirección del proceso económico se consideraba fundamental para que la economía quedara subordinada a las necesidades del desarrollo nacional y del bienestar social, y no solamente ‘‘al limitado beneficio de los poseedores”.

Esta doctrina, fuertemente impregnada de antiimperialismo, fue la que orientó un importante movimiento dentro de la Unión Cívica Radical. Su inspirador, Arturo Frondizi, sostenía que debía desarrollarse en toda América latina en términos análogos, puesto que eran análogas las condiciones económicas, y depositaba grandes esperanzas en sus resultados. “Se darán así —decía en Petróleo y política— las condiciones materiales y políticas para corregir las deformaciones económicas creadas por un desarrollo subordinado a los intereses imperialistas, pará terminar con las injusticias sociales propias del régimen capitalista agudizadas por la acción de los grupos oligárquicos; para terminar con la ausencia de la cultura, base ideológica de la injusticia social y del atraso económico; y para acabar de una vez con la carencia de derechos y libertades, imposibilitando las formas dictatoriales de cualquier grado y contenido.”

Los cambios profundos y fundamentales que se operaron en todos los planos de la vida argentina suscitaron nuevas y distintas preocupaciones sobre su fondo y su sentido; muy pronto repercutieron en el análisis del pasado argentino suscitando en el campo de los estudios históricos inquietudes hasta entonces poco visibles, puntos de vista casi inéditos y criterios renovadores; pero suscitaron además otro género de reflexiones, menos sistemáticas pero más profundas, a través de las cuales se pretendía hallar, una vez más, las peculiaridades del carácter nacional y las pautas para la conducta social.

En el campo de la historiografía se acentuó la producción erudita. La labor de los institutos universitarios, de los archivos, de la Academia Nacional de la Historia —fundada sobre la base de la antigua Junta de Historia y Numismática Americana— así como de algunas instituciones privadas, permitió la publicación de un ingente caudal de documentos inéditos. Ejemplo significativo fue la edición de las Asambleas constituyentes argentinas que realizó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Emilio Ravignani. Con criterio semejante trabajaron muchos historiadores que hicieron importantes aportes al conocimiento del pasado nacional, entre los cuales debe señalarse a Rómulo D. Carbia, Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Roberto Levillier, Diego Luis Molinari, José Torre Revello, Ricardo Piccirilli, Julio V. González y muchos otros.

Otros temas y otras orientaciones aparecieron por entonces en el campo del conocimiento histórico. El estudio biográfico tentó a algunos que, como Ricardo Rojas o Alfredo L. Palacios, se ocuparon de figuras clásicas de la historia argentina: San Martín, Sarmiento o Echeverría. Pero también atrajeron a otros ensayistas ciertas figuras del pasado más reciente, cuyas biografías —de diverso valor erudito— cumplieron sin embargo la misión de atraer la curiosidad hacia una época poco estudiada pero de candente interés. Bernardo Canal Feijóo y Pablo Rojas Paz escribieron sobre Juan Bautista Alberdi, Manuel Gálvez y Félix Luna sobre Hipólito Yrigoyen, Raúl Larra sobre Lisandro de la Torre, Dardo Cúneo sobre Juan B. Justo, Alvaro Yunque sobre Leandro N. Alem, Agustín Rivero Astengo sobre Carlos Pellegrini y Miguel Júárez Celman. A veces la intención política predominó sobre la actitud erudita, pero en todos los casos medió una inequívoca intención de actualizar la historia argentina, en relación con los intereses vivos de la colectividad.

Esta dimensión de la historia estaba presente también en las preocupaciones por la historia económica. Tras los trabajos de Luis Roque Gondra y de Juan Álvarez, aparecieron nuevas investigaciones Sobre temas particulares. Raúl Scalabrini Ortiz escribió sobre la Historia de los ferrocarriles argentinos y la Política inglesa en el Río de la Plata; Rodolfo y Julio Irazusta se ocuparon de La Argentina y el imperialismo británico; Adolfo Dorfman estudió la Historia de la evolución industrial argentina, y Ricardo Ortiz intentó con éxito una visión ordenada y objetiva del conjunto en su Historia económica de la Argentina.

Esta preocupación por aclarar los caracteres del desenvolvimiento económico del país daba a la historiografía un nuevo matiz, al que desde otro punto de vista contribuían también obras como las de Mariano de Vedia y Mitre, Juan Balestra y Luis V. Sommi sobre la revolución de 1890 en cuanto ponían de manifiesto no sólo la incidencia de los fenómenos económicos sobre los sociales sino también la dependencia de la política contemporánea con respecto a complejos procesos que sólo la historia podía aclarar.

La militancia política inspiró, resueltamente, ciertas revisiones de la historia. La palabra “revisionismo” quedó adscripta específicamente a un movimiento que tendía a combatir las tesis generalmente admitidas sobre la época colonial y la época de Rosas, períodos que se trató no sólo de justificar sino, más aun, de presentar como los únicos momentos positivos de la historia argentina. El “hispanismo” tuvo su principal adalid en el padre Guillermo Furlong y el “rosismo” los tuvo en Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, Rodolfo y Julio Irazusta, José María Rosa y Ernesto Palacio. Ambas tesis estimaban fundamentales la perpetuación de los contenidos espirituales de la tradición española y combatían las influencias de otras corrientes europeas: la del liberalismo francés o la del imperialismo británico.

A estas tesis polémicas salieron al paso otros historiadores. Ricardo Piccirilli, Alberto Palcos, Abel Chaneton, Alfredo L. Palacios, Ricardo Rojas, Aníbal Ponce, Bernardo Canal Feijóo y otros defendieron las figuras de Rivadavia, Echeverría, Alberdi, y afirmaron que continuaban los ideales de la Revolución de Mayo, cuyos principios pondría en movimiento la generación de la Organización Nacional, a la que combatía encarnizadamente el revisionismo.

Fue Ernesto H. Celesia el que arremetió directamente contra la figura de Rosas, mostrándolo ajeno a los intereses de la Independencia. Por su parte, otros estudiosos que se apoyaban en los principios del marxismo emprendían un nuevo análisis de la historia argentino, siguiendo en parte la huella de Juan B. Justo. Analizaron la sociedad virreinal Eduardo Astesano en Contenido social de la Revolución de Mayo y Rodolfo Puiggrós en De la colonia a la Revolución. Este último enfrentó el tema de Rosas en dos libros de análisis, Rosas el Pequeño y La herencia que dejó Rosas al país, en tanto que con análogo punto de partida trataba el mismo tema Luis L. Franco en El otro Rosas y El general Paz y los dos caudillajes. Dentro de la misma línea se ocuparon de épocas más próximas Alvaro Yunque y Luis V. Sommi, este último en su Yrigoyen y La Revolución del noventa. Una visión de conjunto sobre la interpretación marxista de la historia argentina esbozó Puiggrós en su Historia económica del Río de la Plata, en la que mostró cómo se encadenaban las actitudes políticas con los intereses económicos, y cómo las grandes mutaciones que se observan en aquéllas se relacionan con los cambios que se producen en los sistemas de producción.

Entretanto, la revisión de los contenidos espirituales de la sociedad argentina era abordada desde otro sector, que quería trascender el minucioso análisis histórico y prefería las intuiciones profundas para llegar al descubrimiento de las constantes de la personalidad colectiva. Fueron ensayistas, escritores de vocación eminentemente literaria, quienes emprendieron este análisis. Justo es decir que algunos de ellos no desdeñaron anteponer a sus generalizaciones una investigación cuidadosa. Luis L. Franco, escritor eximio, aceptó totalmente las cargas de la investigación; Ezequiel Martínez Estrada acumuló cuantiosa información sobre nuestro pasado para documentar ciertas intuiciones fundamentales sobre la vida argentina, y Raúl Scalabrini Ortiz se lanzó más tarde a una verdadera cruzada histórico-política con bien elaborados materiales. Pero el género de la interpretación intuitiva del ser argéntino prosperó en los ensayistas a despecho de la erudición, y a veces con una militante posición contra ella. Parecía que la urgencia de llegar al fondo de una ontología nacional podía ser obstaculizada por el afán de extremar el análisis de la realidad económica, social, política y espiritual del país. Y la respuesta fue un intento de síntesis global apoyada en ciertos elementos que pareció que podían considerarse típicos.

Se unieron a los estímulos producidos por cierta inequívoca sensación de cambio, las reflexiones que sobre el país hicieron dos visitantes extranjeros, cuya palabra ejerció alrededor de 1930 una inmensa influencia: fueron el filósofo español José Ortega y Gasset y el ensayista alemán Hermann Keyserling.

En el volumen VII de El espectador, y poco después de su regreso de la Argentina, publicó Ortega y Gasset dos ensayos, uno sobre el paisaje, que tituló La pampa… promesas, y otro sobre el hombre y la sociedad, que llamó El hombre a la defensiva. Terminaba el primero luego de sabrosas digresiones sobre la llanura, afirmando que “una de las cosas menos frecuentes en la Argentina es hallar alguien que tenga puesta su vida primariamente a vivirla y sólo secundariamente a esta o la otra meta parcial dentro de su vida”. Y desarrollaba esta idea en el segundo ensayo con nuevas y acaso más jugosas observaciones, que expresaba, además, en incisivas fórmulas. El argentino —decía— vive a la defensiva porque no se siente seguro en su situación y se siente, en cambio, dispuesto a mantener la que ha decidido tener o adoptar. Por eso no vive con autenticidad, ni se entrega definitivamente a un destino. Esta característica de la situación del individuo proviene de la inestabilidad de la sociedad, propia de su pujanza y vertiginoso desarrollo, tanto como de las óptimas calidades intelectuales que lo caracterizan. El argentino vive atento a “una figura ideal que de sí mismo posee”, y hasta tal punto, que “el argentino típico no tiene más vocación que la de ser ya el que imagina ser”. Esta observación se unía a la que constituía el fondo del primer ensayo: el paisaje de la pampa explica que el argentino viva volcado hacia el futuro, despegado de su realidad concreta y embargado por la promesa que él mismo se hace.

Poco después publicó Keyserling sus Meditaciones sudamericanas, que también impresionaron profundamente. El pensador alemán definió a Sudamérica como “el Continente del tercer día de la Creación” sobre el que se desenvuelve una “vida primordial”. No se vive allí desde el espíritu —decía—, sino desde la tierra. “El sudamericano es absolutamente hombre telúrico.” Desde ese punto de partida analizaba las formas de vida sudamericanas y la significación que en ellas tenían las fuerzas que, simbólicamente, llamaba el “Mal original”, el “Hambre original” y el “Miedo original”. Una atmósfera singular rodea a unos hombres “que no podían aun cuando quisieran”, esto es, hombres prisioneros de la “gana” del impulso orgánico apenas asociado a las decisiones del espíritu. Y el conjunto de las formas de la conducta individual y social revelaba a sus ojos que el hombre telúrico vivía no dentro de un orden racional sino dentro de un orden emocional.

Alrededor de estas ideas —algunas ya apuntadas por algunos ensayistas argentinos— había de girar toda la insistente preocupación acerca del ser nacional que surgió y se desarrolló por esos años. En el ensayo que titulaba Para una caracterología argentina, Homero Guglielmini salía al paso de las observaciones de Juan Agustín García, de Agustín Álvarez y otros escritores de principios de siglo, señalando que los rasgos que tradicionalmente se habían atribuido a los argentinos, tales como el culto al coraje o el desprecio por la ley o la llamada “política criolla”, no debían considerarse despectivamente sino interpretarse como signos del predominio del sentimiento sobre la racionalidad. La política —señalaba— no se orienta en la Argentina según ideas o principios, sino según sentimientos; y como el argentino —agregaba— tiene mayor aptitud para lo concreto que para lo abstracto, concluye por encarnar los sentimientos en un hombre, de donde proviene el predominio de la política personalista sobre la principista. Guglielmini seguía las consecuencias de su afirmación fundamental, y señalaba que ciertas tendencias características —el entusiasmo, el olvido, el hastío— derivaban precisamente de la preeminencia del orden emocional en la vida argentina.

Este rasgo, en el que habían coincidido los observadores extranjeros, fue observado por otros ensayistas argentinos que pusieron, además, su empeño en señalar que no constituía un elemento negativo, como podía hacerlo suponer un cotejo superficial con las formas de vida europeas, sino, por el contrario, una actitud positiva. Raúl Scalabrini Ortiz proclamaba a Macedonio Fernández, el autor de No toda es vigilia la de los ojos abiertos, como “el primer metafísico de Buenos Aires”, precisamente porque su pensamiento “es un alegato pro pasión, un ataque al intelectualismo extenuante”. Y él mismo, en El hombre que está solo y espera, desarrollaba a su vez la teoría del carácter argentino siguiendo el hilo de esa reflexión.

“El hombre que está solo y espera”, el símbolo porteño ideado por Scalabrini Ortiz, llamado también “el hombre de Corrientes y Esmeralda”, no es un hombre que se deje guiar por ideas abstractas ni, en general, por reflexiones o cálculos. Es hombre de impulsos, de presentimientos, de intuiciones. “El porteño no piensa, siente”, decía categóricamente Scalabrini Ortiz. Tampoco ama la cultura intelectual de tipo europeo, sino que prefiere la improvisación. Y aun las severas normas éticas le parecen postergables ante los imperativos de la amistad o del agradecimiento. De aquí una especie de clemencia frente al que viola las convenciones y las normas, porque más valor parece tener un rasgo generoso, un rapto de audacia, una entrega radical a un sentimiento, que la más severa sujeción a rígidos principios racionales. Todo esto es algo propio del “hombre de Corrientes y Esmeralda”, pero parece provenir de la actitud vital del gaucho o acaso del “espíritu de la tierra”.

Scalabrini Ortiz pensaba que el espíritu de la tierra es suficientemente poderoso como para amalgamar las múltiples influencias que penetran un país de inmigración. “El hombre porteño tiene una muchedumbre en el alma”, decía. Y consideraba que las cuatro razas de las que desciende “se anulan mutuamente y sedimentan en él sin prevalecimientos”. Y en una definición llena de sentido, agregaba que la sociedad está formada sólo por individuos yuxtapuestos congregados solamente por la esperanza de llegar a ser en lo futuro una raza de definida e inconfundible fisonomía.

Scalabrini Ortiz insistía —a través de muchas glosas— en destacar la importancia de dos aspectos fundamentales del carácter nacional, en lo que, por lo demás, coincidía con otros ensayistas: el predominio del sentimiento sobre la razón y la entrega a la imagen futura de sí mismo más que a la propia realidad. Eran, a su juicio, como todas las otras que describía, notas positivas, pues Scalabrini Ortiz reaccionaba ante el carácter nacional con una íntima satisfacción.

Inversamente, Eduardo Mallea reaccionaba con un intenso amor, pero también con desaliento e indignación. Tales fueron las actitudes que inspiraron su Historia de una pasión argentina escrita al calor de una angustia profunda suscitada por la crisis moral del país. Mallea señalaba los males de su tierra y su propia reacción: “me levanto contra ella, la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo cuando está a punto de aceptar el convite de tantos extravíos”. El libro era una apelación a los espíritus responsables, a los “argentinos insomnes”, a quienes quería llevar “hacia un estado de inteligencia; no hacia un estado de grito”, desde el que enfrentaran “la comprensión total de nuestra obligación como hombres, la inserción de esta comprensión viva en el caminar de nuestra nación, la inserción de una moral, de una espiritualidad definida, en una actividad natural”.

El examen de Mallea revelaba la existencia de muchos y muy graves y profundos males; tantos que costaba trabajo mantener alguna esperanza. El más grave de todos era la crisis del “sentido de argentinidad”. Mallea recordaba que la conciencia argentina había conocido un momento de madurez, precisamente cuando el país nacía como pueblo. Entonces, las minorías cumplían la misión de encauzar a las masas con su alto ejemplo; pero luego, por una involución, el país aceptó las actitudes vitales de quienes se incorporaban a nuestra sociedad sin más propósito que alcanzar la riqueza. La “vida cómoda”, el tranquilo goce de los bienes materiales, el abandono de toda preocupación superior, la indiferencia frente a todo lo que fuera inquietud moral, caracterizó la existencia colectiva, sin que hubiera minorías que se sobrepusieran a esas debilidades; por el contrario, admitieron el primado de las mismas normas. Así alcanzó preeminencia ese conjunto humano que Mallea llamaba “la Argentina visible”, constituida por los que han sustituido “un vivir por un representar”. Influyentes en la vida colectiva porque actúan, dirigen y opinan, alcanzan precisamente su mayor penetración a causa de su espontánea coincidencia con los más elementales prejuicios y las más vulgares tendencias. Sólo atraídos por la figuración, falsean cuanto tocan y pervierten a los que los imitan. Mallea señalaba que, entre todos los peligros, el mayor era el ejemplo que esta “Argentina visible” ofrecía a quienes se incorporaban a la sociedad. “La sucesión racial, ética y política de nuestro pueblo estaba, por decirlo así, librada a sus manos.”

Si Mallea no se entregaba definitivamente a la desesperanza, era porque confiaba en lo que, antitéticamente, llamaba la “Argentina invisible”, compuesta de hombres que han mantenido una enérgica vigilancia moral, y se conservan imperturbables frente a las tentaciones primarias; la formaba —decía— un tipo de hombre sensible, “grave sin solemnidad, silencioso sin resentimiento, alegre sin énfasis, activo sin angurria, hospitalario sin cálculo de trueque, naturalmente pródigo…, humanamente solidario hasta el más inesperado y repentino sacrificio; lleno de exactas preciencias y zumos de sabiduría, simple sin alardes de letras”. Su firme y esperanzada confianza provenía de que veía en ellos la verdadera y permanente expresión del alma argentina, cuya actitud fundamental era la “exaltación severa de la vida”.

Recordaba Mallea muy de cerca las opiniones de Waldo Frank y de Hermann Keyserling; ricas a veces en intuiciones justas y en apreciaciones sutiles, y que sin duda habían contribuido a suscitar en él las reflexiones que hilaba sobre el tema del destino colectivo. Al terminar su libro, expresaba así su esperanza: “Tu silencio es una pausa honda, no muerte, no desaparición; una pausa honda. La pausa fundamental, la pausa de la reflexión dramática del que vela antes del alba, la pausa del que ominosamente trabaja en el destierro creador. Pueblo profundo de la Argentina, lo que vale en ti es tu exaltación severa de la vida. Está honda, muy honda; inexpugnable, muy inexpugnable; íntima, muy íntima en el silencio y la soledad de tu vida recóndita. Lo que eres, en verdad, es eso: exaltación severa de la vida. Lo contrario de tu floración, vegetación beocia, de tu moho, de tu áureo cardenillo.”

Ezequiel Martínez Estrada adoptaba una actitud más definitivamente pesimista en su Radiografía de la pampa, concebida en cierto modo bajo la sugestión de Oswald Spengler. Sobre la inocultable base de un estudio minucioso de los hechos, Martínez Estrada intentaba sobrepasar los límites de un mero conocimiento empírico de las circunstancias de la vida argentina mediante un examen fisiognómico que le permitiera captar sus íntimos y perdurables secretos. Por esa vía llegó a cierta visión fatalista del destino de la colectividad argentina, en la que influía mucho cierta misteriosa gravitación telúrica y acaso aun más la perpetuación de algunos estigmas psicológicos. Ese fatalismo suscitaba algo que podría llamarse un “sentimiento de culpa”, cuya presencia se adivinaría en las formas del comportamiento de la colectividad.

Martínez Estrada rastreaba la actitud psicológica del argentino —en la que veía, por lo demás, la raíz de su actitud social y cultural— a través de su singular relación con la tierra. La tierra tiene una realidad brutal. “Es lo más seguro bajo el pie y bajo la espalda, cuando ha concluido la marcha. Es lo que afirma que vive, al bruto, al posar sobre ella las patas y al alimentarse. La tierra es la verdad definitiva, la primera y la última: es la muerte.” Por eso posee un secreto que es necesario desentrañar si se pretend^ acordar la existencia humana con los sones de la armonía cósmica. Ahora bien, las circunstancias históricas no han querido que el argentino desentrañe el espíritu de la tierra, y esta inconexión explica fundamentalmente el sentido de su vida.

Fue la actitud del conquistador, primero, la que creó esa relación, porque vino a buscar oro y no encontró sino una llanura inconmensurable, de la que buscó “el dominio como represalia”. Y ese dominio fue brutal, ajeno a todo amor. Luego fue el colonizador, que vino también a buscar la riqueza, pero sabiendo ahora que dependía de sus brazos, y que luchó con la tierra para arrancarle cuanto tuviera, sin el designio de asentarse en ella, también en tránsito, como el conquistador. Los que sí quedaron fueron los criollos y los mestizos, “que tomaban partido por la horda contra la factoría, por la factoría contra la metrópoli, por América contra España. Se le había engendrado en la infamia, con la repugnancia del que satisface apetitos en carne vil”. Y este estigma sería definitivo.

Para el criollo, para el mestizo, el pasado no significaba sino vergüenza y odio. De aquí una actitud de perpetuo resentimiento frente a lo que parecía conservar el recuerdo de su origen paterno: la civilización, las formas establecidas para reprimir la vida indómita. Es el resentimiento del “hijo humillado” lo que explica ese comportamiento, el de los caudillos, el de las “multitudes anárquicas argentinas”, el del gaucho.

Pero las minorías europeizantes cubrieron la tierra incomprendida y las sociedades penetradas de miedo y de odio con una máscara de lo que se llamaba civilización. Eran instituciones, normas, principios, que nadie acataba espontáneamente sino bajo las fuerzas constrictivas. “Todavía el indio era una realidad más fuerte que la Constitución sobre la tierra ruda, inculta, salvaje, que sólo podían poblar los que habían permanecido renitentes a la civilización, en regiones bárbaras del mundo civilizado.” Pero el rico —aquel que había “trasmutado su vida en oro”— quería orden y deseaba las satisfacciones que dan el poder y el dinero, en tanto que el azar amenazaba destruir las conquistas logradas con la misma rapidez con que habían sido conseguidas. Para afirmarlas era necesario fijarlas institucionalmente, y así apareció una vasta red mediante la cual se aisló al hombre de la dura realidad de la tierra, permitiéndole su evasión del oscuro drama de resentimiento y de temor que lo asolaba. “La única estructura solidificada —escribía Martínez Estrada—, el único segmento de la esfera en que las tierras aparecen diferenciadas de las aguas, es la administración pública, las restringas del Estado. Sus perfiles y relieves demárcanse con nitidez; ahí pueden hacer pie los que temen la vida; pero es la masa un camalote sin consistencia interior.” Éstas son en realidad seudoestructuras que no alcanzan a fijar las relaciones entre el hombre real y las circunstancias reales. De aquí la angustia y la inquietud, el narcisismo, la actitud defensiva, la irrupción de la sensualidad. Un escepticismo radical acerca de las posibilidades del encuentro del argentino consigo mismo parece caracterizar la actitud profunda de Martínez Estrada.

Tal fue la opinión de Bernardo Canal Feijóo cuando escribió sobre Radiografía de la pampa, cuya concepción fundamental consideró desesperada y negativa. Por entonces enjuiciaba severamente Saúl A. Taborda todo el régimen institucional del país en un ensayo que titulaba La crisis espiritual y el ideario argentino, y en el que señalaba el anacronismo entre la estructura formal y la vida social del país. “Vivimos bajo el imperio de una ideología que ya ha hecho su ciclo”, decía. “El sistema parlamentario servido por los partidos políticos es un sistema que corresponde al período pastoril de nuestra historia institucional. Estuvo bien entonces y floreció en aquel momento de los grandes debates cuyo recuerdo acentúa la añoranza de las glorias pasadas; pero no corresponde ni se adecua a la realidad de estos días.” E insinuaba que era menester hallar otras vías para ajustar el sistema representativo a una más exacta funcionalidad. Taborda trataba de ahondar en los secretos de nuestra crisis. En sus Investigaciones pedagógicas analizaba los valores de lo que llamaba el “hombre precapitalista” argentino, para él de inequívoca raíz hispánica, y deducía del ensombrecimiento de esas virtudes las vicisitudes espirituales de nuestra existencia colectiva.

Así, en el plano profundo de la cultura, en el de las realidades sociales o en el de las instituciones, advertíanse signos de una crisis profunda. Las reacciones de los observadores eran unas veces optimistas y otras pesimistas, en tanto que simultáneamente se apreciaban como valiosos o desprovistos de valor los elementos espontáneos de la vida y de la cultura nacional. Así fue múltiple y diversa la reacción frente al cambio, manifestado inequívocamente en el plano de la vida político-social y revelado más oscuramente en otros horizontes de la vida argentina.

En el plano de la especulación filosófica, una renovada exigencia de severo rigor y una decidida aspiración a incorporar al ambiente intelectual del país las últimas conquistas del pensamiento especulativo, indujeron a los espíritus más inquietos a tomar contacto con las corrientes filosóficas que prevalecían en Alemania, en cuyas universidades una generación excepcional realizaba un intenso esfuerzo para desarrollar hasta sus últimas consecuencias los puntos de vista esbozados poco antes por los grandes maestros de principios del siglo. Rickert, Windelband, Dilthey, Simmel, Husserl habían abierto nuevos caminos a la reflexión, y sus discípulos y continuadores trabajaban empeñosamente en elaborar las vastas perspectivas que se entreveían.

Alejandro Korn, de ascendencia alemana, había tomado contacto con esas nuevas corrientes, aunque sin dejarse seducir excesivamente por ellas. Pero otros estudiosos más jóvenes le prestaban total adhesión. Francisco Romero desde el país, y Carlos Astrada, Saúl A. Taborda y Luis Juan Guerrero en las aulas de las universidades alemanas, se familiarizaron con el nuevo pensamiento filosófico alemán y comenzaron a difundirlo en las páginas de las revistas y más tarde desde la cátedra, favorecidos por el padrinazgo de José Ortega y Gasset, quien, desde la Revista de Occidente, desde la Biblioteca que la misma revista editaba, y desde la tribuna —en las conferencias que dictó en Buenos Aires en 1928— consagraba las nuevas orientaciones filosóficas como las únicas que podían responder a las inquietudes auténticas y profundas del hombre contemporáneo. Dos instituciones, la Sociedad Kantiana de Buenos Aires y el Colegio Libre de Estudios Superiores —este último fundado en 1930 e inspirado por Luis Reissig— sirvieron como tribuna para las nuevas corrientes, junto a las aulas universitarias. Y en todos esos ambientes fue figura monitora Alejandro Korn, que alcanzaba por aquellos años la culminación de su prestigio intelectual y personal.

Ciertamente, cuando desaparecieron de las cátedras universitarias las doctrinas positivistas, fue la orientación de Alejandro Korn la que prevaleció. Hubo en los círculos intelectuales un momento de exaltación, cuando, en 1930, dio a luz el anciano maestro su primer libro, en el que, con el título de Ensayos filosóficos, reunía sus estudios más logrados, y entre ellos su Axiología, hasta entonces inédita. Su peculiar posición espiritual quedó condensada en el brevísimo prólogo con que quiso abrir el volumen, en el que decía: “Aunque se circunscriba a una minoría, lentamente crece en nuestro país la difusión y la intensidad de los estudios filosóficos. Todavía prevalece la asimilación de doctrinas exóticas. Pero un pueblo con personalidad propia, no ha de vivir en perpetua tutela; sus intereses, su índole, sus ideales, en hora propicia, han de hallar también una expresión propia. Por eso dedico la edición restringida y reservada de este libro, no como un ejemplo, sino como un estímulo a los hombres jóvenes en cuyas manos se hallan los destinos de la cultura patria.

“Algunos me distinguen con su amistoso afecto, otros seguirán distinta huella. Pero la vocación filosófica ha de surgir. Ésa es mi fe y mi esperanza. Si dentro de la nueva generación pudiera distinguir al predestinado, sonriente me inclinaría a ajustarle el cordón de la sandalia para que emprenda la marcha victoriosa.”

En cuanto a su posición filosófica —por lo demás indisolublemente unida a su actitud vital— acaso quedó fijada mejor que en parte alguna en la carta que en 1927 escribió a otro ilustre filósofo, Alberto Rouges: “Todo mi afán —decía— en la modesta esfera de mi actuación, se ha encaminado a destruir la concepción determinista y mecanicista que la chatura seudocientificista del positivismo y su realismo ingenuo, como una calamidad nacional, han infiltrado en el ambiente.” Para su lucha había usado a Kant como arma: “No se le ocultará que me acojo a la sombra de Kant, y aun a la de un Kant un poco pedestre que, asimismo, prefiero a cuantos han tratado de superarlo, muy especialmente a la sofisticación audaz de los neokantianos.” Y rechazaba olímpicamente las nuevas direcciones que conducían a distintas posiciones metafísicas: “He terminado en estos días una lectura metódica de la Filosofía de Rickert. En doscientos páginas de una exposición prolija, honesta y aburridora, protesta contra toda intención metafísica, trata de convencernos de que el valor, independiente de la valoración, es un objeto irreal, y luego en una página, a la vez trágica y ridicula, confiesa que no sabe cómo lo irreal actúa sobre lo real. Nos encomienda a la religión. Husserl, a quien Ortega y Gasset ha proclamado el más grande de los filósofos vivientes, también asegura no hacer metafísica y ayunta la lógica pura con una vaga intuición, en busca de la quididad esencial de las cosas. En tanto Max Scheler, su discípulo más destacado, acaba de refugiarse en el regazo de la fe católica. Para llegar a semejante puerto hay caminos más breves. Todo esto me interesa sobremanera; de la angustia metafísica, bien se ve, no se ha de librar la humanidad ni el más ínfimo de sus integrantes. No lo ignoro; pero, con Pascal me limito a decir: II y a des raisons que la raison ne connait pas.”

Su problema fundamental era el de la libertad, que él llamó creadora, y que oponía como finalidad del hombre a la necesidad natural. “Cuando entrego el mundo objetivo —o sea espacial— a la interpretación causal y aritmética de la ciencia, por fuerza determinista y mecanicista, no entiendo haber resuelto un problema ontológico ni me refiero a la esencia desconocida del proceso cósmico. Si luego atribuyo a la personalidad humana como finalidad la conquista de la libertad, tampoco entiendo referirme, como el idealismo romántico de los alemanes, a una libertad noumenal, opuesta a la finalidad fenomenal. Tomo ambos conceptos, el de necesidad y el de libertad —sin hipostasiarlos—, en un sentido relativo, no como integrantes de la ‘realidad en sí’, sino como integrantes de nuestra concepción de la realidad sin comillas. Pues, kantiano relapso, no identifico el Ser con el Yo aprisionado en los moldes del entendimiento humano. La realidad, reflejada en el tiempo y en el espacio, la concibo como un conflicto, no como una armonía.”

Estas ideas terminaban en una toma de posición: “La filosofía argentina se afirma tres veces en el segundo verso de nuestro Himno Nacional, acompañada del ruido de rotas cadenas. Humanizarse es aproximarse a la realización íntegra de nuestra libertad. Entiendo que eso es ser argentino. ¿Cuál es la vía? En las soluciones universales y perpetuas no creo. Los problemas se plantean dentro de su medio y de su época. La Voluntad —más o menos instintiva, más o menos consciente— impone la solución. De la vida surgirá y no de la cátedra.”

Korn había desarrollado estas ideas en los trabajos —no muchos— que fue publicando a lo largo de su vida. En 1935 las ordenó en su segundo libro, Apuntes filosóficos, en el que precisaba, de manera casi geométrica y en estilo vehemente, sus puntos de vista fundamentales acerca de una filosofía que desembocaba en la acción fundándose sobre la ética. Era su filosofía viva y de ahí su ascendiente personal, más allá de toda disidencia teórica.

Alberto Rouges, a quien Korn dirigía la citada carta, era acaso menos propenso aún a las sugestiones de las nuevas corrientes filosóficas, que, por lo demás, conocía profundamente. Su punto de partida fue la consideración de ciertos problemas agustinianos, especialmente el del tiempo, sobre el que meditó en su único libro titulado Las jerarquías del ser y la eternidad, publicado en 1942 y acaso nacido de la frecuentación del pensamiento bergsoniano. En cambio, Saúl A. Taborda estaba totalmente comprometido con la nueva filosofía alemana, y en esa línea —aunque con asombrosa originalidad en ocasiones— escribió sus Investigaciones pedagógicas, cuyo primer volumen apareció en 1930, y La crisis espiritual y el ideario argentino, que vio la luz en 1933. Taborda perseguía tras el análisis de la crisis de la cultura occidental y el examen de la coyuntura nacional, la definición de una nueva idea del hombre. Se sublevaba contra la determinación económica del hombre moderno y descubría en lo que llamó “el hombre precapitalista” las reservas que pueden deparar la reconquista de un nuevo sentido total de lo humano, la reconquista del “hombre entero”. Llena de sugestiones sobre la vida argentina, a la que consideraba frustrada por el abandono de sus fundamentos hispánieos, su obra se orientó hacia la determinación de los nuevos ideales pedagógicos. Taborda los buscaba sobre todo para erigirlos en principios de la educación argentina; pero los buscaba con tan ambiciosa fundamentación que Alejandro Korn pudo reprocharle que desenvolviera “una teoría abstracta destinada a la salvación pedagógica de la humanidad”. Sin duda, se alineaba Taborda en las corrientes culturales y pedagógicas que inspiraba Eduard Spranger, a quien admiraba particularmente, y acaso esta filiación de su pensamiento, unida a cierta casi escondida vocación religiosa, suscitaba la crítica de Korn, quien, sin embargo, saludó las Investigaciones pedagógicas como valioso esfuerzo intelectual. Y lo era, sin duda, y el tiempo ha ido descubriendo la solidez de la doctrina y la agudeza de la observación inmediata.

Próximos a estos maestros, pero decididamente orientados hacia la filosofía alemana contemporánea, desarrollaron sus investigaciones y su enseñanza Francisco Romero, Luis Juan Guerrero y Carlos Astrada. Cupo a Francisco Romero la misión de difundir —y no sólo en la Argentina— las nuevas corrientes de pensamiento que adquirieron relieve después de la Primera Guerra Mundial. En innumerables artículos llamó la atención sobre filósofos y problemas, en los que descubría enfoques originales, valiosos, y, además, adecuados a las inquietudes del hombre contemporáneo. Pero al lado de esa labor fue perfilando su propio pensamiento, que orientó en general hacia ciertos temas de la metafísica, de la teoría de la cultura, y, sobre todo, de la antropología filosófica. Buen conocedor del pensamiento de Dilthey y de Hartmann, avanzó en el análisis del problema de la trascendencia. Por esa vía penetró en los problemas del hombre y de la cultura, que analizó detenidamente en su obra fundamental, Teoría del hombre, publicada en 1952. Francisco Romero analizaba en ella las nociones de intencionalidad y de espíritu, y se detenía en el examen del espíritu, que concluía en una metafísica de la trascendencia; finalmente se introducía en el tema mismo del hombre, que estudiaba a través de algunas notas que estimaba fundamentales: dualidad, enmascaramiento, justificación, sociabilidad, historicidad, sentido.

Sensible originariamente a influencias semejantes, Carlos Astrada se orientó progresivamente hacia el existencialismo de Heidegger. Desarrollando ese punto de vista con audacia y originalidad, centró sus preocupaciones en lo que llamó “el juego existencial”, expresión con la que tituló un libro publicado en 1933. Largos años de labor en el mismo sentido dieron origen a otras obras: Idealismo fenomenológico y metafísica existencial, La ética formal y los valores, y Ser, humanismo, “existencialismo”. Luis Juan Guerrero —como Astrada— estudió largamente en Alemania y dedicó poco a poco sus esfuerzos a la estética, cuyos resultados cristalizaron en su densa Estética operatoria, de la que en vida sólo alcanzó a publicar el primer volumen.

Más jóvenes, constituyeron la siguiente promoción filosófica, entre otros, Vicente Fatone, Ángel Vassallo, Miguel Ángel Virasoro, Risieri Frondizi, en todos los cuales las influencias se entrecruzaron con preocupaciones originales que, finalmente, prevalecieron en su obra. Inclinado a los problemas religiosos, Fatone estudió los místicos y se detuvo largo tiempo en la profundización de la filosofía hindú, sin descuidar por eso las corrientes más modernas del pensamiento occidental, especialmente el existencialismo. Vassallo, que publicó en 1939 su Elogio de la vigilia, halló en Maurice Blondel y en su “método de la inmanencia” una fuente de inspiración consustanciada con sus propias preocupaciones. Virasoro, dentro de la dirección existencialista, escribió La libertad, la existencia y el ser.

Frondizi, preocupado por el problema del empirismo primero, analizó la cuestión a fondo en El punto de partida del filosofar, deteniéndose luego preferentemente en el problema de los valores.

Otras direcciones cobraban, entretanto, algún desarrollo. La filosofía tomista y las diversas variantes de las corrientes católicas inspiradas en Berdiaef, en Blondel o en Maritain, encontraron adeptos en la Argentina. Tomás D. Casares publicó en 1928 Jerarquías espirituales, donde analizó el problema de la inteligencia y la fe, luego el de la acción, el conocimiento y la contemplación, y finalmente el de la política y la moral. En sus estudios posteriores profundizó los temas propuestos por el tomismo, línea en la que también trabajaron Octavio N. Derisi —cuya obra Filosofía moderna y filosofía tomista, publicada en 1941, planteó el problema de sus relaciones recíprocas y la defensa de las tesis católicas— y Juan Sepich, entre otros.

Tomó también cierto vigor la filosofía marxista, a través de las obras de Emilio Troise y, especialmente, de la de Aníbal Ponce. Discípulo y continuador de Ingenieros, continuó Ponce trabajando en temas psicológicos; pero muy pronto se adhirió a las tesis marxistas, que defendió con sólidos fundamentos y clara inteligencia en algunos trabajos de rara profundidad: Educación y lucha de clasas y Humanismo burgués y humanismo proletario. En la misma línea insinuó luego algunas reflexiones Carlos Astrada, mientras otros estudiosos se afirmaban en ella gracias a las sugestiones del ilustre filósofo italiano Rodolfo Mondolfo, radicado en la Argentina.

Después de la Segunda Guerra Mundial se difundió considerablemente el existencialismo sartreano, pero sin que originara un movimiento vigoroso de pensamiento; como en otras partes, fueron más bien las derivaciones literarias las que apasionaron y atrajeron las adhesiones; pero es innegable que el existencialismo en general —según Heidegger o según Sartre— conformó la actitud intelectual de buena parte de la generación posterior a 1945. Junto a esta influencia europea, debe señalarse la que ha ejercido la filosofía científica, generalmente por la vía de los Estados Unidos. La epistemología, la filosofía científica, la lógica matemática y simbólica han sido frecuentadas asiduamente por estudiosos formados, generalmente, en las universidades norteamericanas.

Los estudios psicológicos, que se habían desarrollado considerablemente bajo la influencia de José Ingenieros, Norberto Piñero y Aníbal Ponce, cambiaron de orientación en alguna medida en relación con el conocimiento de nuevas corrientes modernas. Una influencia importante fue la de la psicología de la estructura; pero más notable fue la del psicoanálisis, que encontró amplia adhesión en los ambientes médicos y psiquiátricos, y pasó de allí a capas más amplias de curiosos y aficionados. Interesada en problemas psicológicos y médicos, Telma Reca logró hacer escuela en el campo de los problemas de conducta de niños y jóvenes.

El conocimiento de las nuevas ideas filosóficas y pedagógicas engendró un movimiento de cierta importancia en el campo de la educación. José Rezzano lo estimuló desde Nueva Era, publicación vinculada a la “Liga Internacional de Nueva Educación”, en tanto que buscaban aclarar su contenido, tanto en el orden de los problemas generales como en el de sus aplicaciones particulares, Juan P. Ramos, Saúl A. Taborda y Juan Mantovani.

En Los límites de la educación, publicado en 1941, Juan P. Ramos profundiza la noción de cultura en el ámbito del pensamiento contemporáneo y, considerándola como una especie de saber olvidado, la distingue y separa de la educación. La educación no es para él un problema de instrucción intelectual sino un sistema de valores morales, lo cual, inesperadamente, conduce a Ramos a una posición aristocratizante que, por cierto, correspondía a sus preferencias políticas de tipo nacionalista. Saúl A. Taborda, que se ocupó del problema de la educación en sus Investigaciones pedagógicas, partía también de la necesidad de afirmar los principios éticos, pero trataba de definirlos por la vía del delineamiento de los ideales. Atento a los esquemas de Spranger, sobre todo, meditó sobre un sistema de ideales argentinos, en el que creía poder hallar el camino para una educación que se propusiera desarrollar lo que llamó “el hombre entero”. Una preocupación semejante condujo a Juan Mantovani hacia afirmaciones análogas en su libro Educación y plenitud humana, de 1933, que se reiteran en La educación y sus tres problemas, publicado en 1943. No sólo debe huir la educación de los fines exclusivamente prácticos —decía Mantovani—, sino también de fines desinteresados que alteren la suprema armonía de lo humano; por eso la educación debe satisfacer el plano de lo vital, pero trascendiendo hacia la libertad, la creación y la moralidad.

Estas doctrinas tenían su correlato metodológico. Muchos educadores intentaron transformarlas en orientadoras de la acción educacional del Estado, y procuraron que se aplicaran los nuevos métodos. Diversas circunstancias hicieron que este proyecto no se cumpliera nunca de una manera decidida. Pero dejó por lo menos la inquietud de que es necesario rever totalmente la orientación de la educación popular.

Diversas revistas de ensayos aglutinaron por entonces a los hombres de pensamiento, renovando la labor que habían realizado Nosotros y Síntesis; entre ellas Criterio, de orientación católica; Dialéctica, de orientación marxista; Realidad, dirigida por Francisco Romero y que se definía como “revista de ideas”; Cursos y Conferencias, editada por el Colegio Libre de Estudios Superiores; [mago Mundi, cuyo subtítulo la identificaba como una “revista de historia de la cultura”, y muchas otras, entre las cuales alcanzaron gran significación algunas publicadas por las universidades o por sus distintas facultades. Editaron éstas también libros y colecciones importantes. Pero en este campo, la novedad trascendental se produjo hacia 1937, cuando Buenos Aires comenzó a transformarse, rápidamente, en uno de los centros editoriales más importantes de habla hispánica.

No faltaban en Buenos Aires algunas sólidas casas editoras como Peuser, Estrada, Coni o Kraft, capaces de lanzar ediciones pulcras; no habían faltado tampoco editores audaces que, como Manuel Gleizer o Samuel Glusberg, habían emprendido la noble tarea de dar a conocer los autores argentinos, junto a las grandes figuras de la literatura universal. Pero fue después de 1937 cuando se organizó la producción de libros argentinos en gran escala, y fue en gran parte debido al esfuerzo de algunos emigrados españoles, como Gonzalo Losada o Antonio López Llausás. La tesonera e inteligente labor de ellos y de otros muchos contribuyó a crear una nueva aventura: la de editar libros. Hubo un momento —hacia 1946— que pasaban de cuatrocientas las editoriales argentinas. Un público lector que crecía rápidamente acompañó este esfuerzo, que se decantó luego y dejó como saldo una vigorosa industria editorial.

También se desarrolló al calor de esta industria una vasta posibilidad de trabajo intelectual y artístico: redactores, traductores, diagramadores e ilustradores se asociaron a la aventura editorial. Y no fue poca la influencia que tal movimiento ejerció en el estímulo de las vocaciones literarias.

En 1931, Victoria Ocampo fundó la revista Sur. Figuraban en su Consejo de Redacción, entre otros, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea y Guillermo de Torre, quienes compartían la orientación de la revista con un Consejo Extranjero del que formaban parte Ernest Ansermet, Drieu La Rochelle, Leo Ferrero, Waldo Frank, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Jules Supervielle y José Ortega y Gasset. Estos últimos, vinculados de alguna manera a la actividad intelectual argentina, representaban las preferencias estéticas de Victoria Ocampo y del grupo redactor. Atento a la renovación que en todos los órdenes de la creación se advertía tanto en los países europeos como en los Estados Unidos, el grupo de Sur constituyó una minoría refinada que en ocasiones adquirió el aspecto de una élite un poco esotérica. Sin duda quienes se reunieron en él tenían, en general, una evidente predilección por la creación pura, con lo que perpetuaban el más saliente de los rasgos de la generación llamada “martinfierrista”, sobre la cual, por cierto, había de discutirse mucho, sin que faltaran quienes negaran su existencia como grupo homogéneo; y fue precisamente Sur el baluarte donde se hicieron fuertes quienes habían afirmado la necesidad de una renovación estética, y en sus páginas donde se manifestó la lenta maduración de los jóvenes escritores que habían comenzado su carrera como heterodoxos. En ellas, sus colaboraciones se alternaban con las de autores extranjeros de gran dignidad, cuyos nombres revelaban sus propias preferencias; y las ediciones que Sur comenzó a lanzar permitieron al público culto familiarizarse con la mejor literatura contemporánea.

Es innegable que, a medida que maduraban, acusaban más netamente los escritores del grupo Sur una mayor influencia de la literatura de pensamiento. Ésa fue la que prefirió Jorge Luis Borges, consumado conocedor de la literatura inglesa y escritor consumado él mismo. Poeta casi metafísico, reveló su dramática concepción de la experiencia intelectual a través de un verso impecable, en el que cada palabra escondía el secreto de una elaborada y profunda intuición de sus posibilidades expresivas. Y en el cuento, denso de contenido hasta cuando desarrollaba paradójicamente un tema trivial, alcanzó su prosa la perfección que buscaba. El tema del tiempo, el del retorno y tantos otros de vieja alcurnia filosófica, aparecían incluidos en un cuadro de impecable estructura en el que Borges no desdeñaba introducir él más sutil humorismo y la más refinada versión de las peculiaridades caracterológicas y verbales de su contorno bonaerense. En él culminó la aspiración estética de su generación.

La poesía metafísica había atraído también a Macedonio Fernández, oscuro y profundo adivinador de arcanos. Ricardo Molinari persiguió una expresión hermética, laberíntica a veces, para volcar su subjetividad conmovida por el paisaje y por la propia introspección. Francisco Luis Bernárdez, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal y Eduardo González Lanuza completan el cuadro de la mejor poesía de su generación, hostigada por un vigoroso llamado lírico y por una vehemente obsesión de perfección formal.

De esa generación, Eduardo Mallea fue el más asiduo y denso novelista. También a él lo atraía la novela de pensamiento, y si algunas veces se dejó llevar por los problemas de su contorno, como en la ya citada Historia de una pasión argentina, fueron los problemas psicológicos, los de los caracteres y las situaciones, los que suscitaron sus temas y sus vastas construcciones novelísticas, en ocasiones demasiado saturadas de reflexiones, pero animadas siempre por su vigorosa veta de narrador. Más ágiles en el relato, y poseedores de un fino estilo, Norah Lange y Adolfo Bioy Casares dieron a la novela una atmósfera fresca, en la que la primera supo alojar una delicada corriente de sensibilidad, casi de ternura. Y la viva experiencia de todo ese movimiento literario, recogida con profundidad en ocasiones y con acritud otras veces, fue volcada por Leopoldo Marechal en Adán Buenosayres, una novela de excelente arquitectura y de gran aliento narrativo.

El innegable esteticismo, cierto sentimiento de élite y una predominante tendencia a prescindir del contorno inmediato, fueron los caracteres que otros sectores descubrieron en el grupo de escritores de Sur. Aun vinculado a ellos, Ezequiel Martínez Estrada siguió otro camino y se volvió hacia el análisis de sus circunstancias. Poeta y estilista, poseía el secreto de las fórmulas profundas y expresivas para destacar la significación de los rasgos típicos de la vida argentina, descubiertos en parte por la vía del análisis sociológico y en parte por el camino de una intuición desusadamente sagaz. Poco a poco fue elaborando un sistema de pensamiento para comprender los fenómenos sociales y culturales, en el que se advirtió una fuerte tendencia a las interpretaciones telúricas. Apasionado, vibrante y lleno de coraje intelectual, su literatura se fue tornando denuncia y su voz alcanzó cierta modulación profética. A medida que pasaba el tiempo, cuando el esteticismo comenzó a parecer condenable y nuevas preocupaciones sociales empezaron a difundirse en las nuevas generaciones, Martínez Estrada atrajo la atención de los jóvenes y sus ensayos llegaron a ser punto de partida para el encauzamiento de las nuevas vocaciones intelectuales.

Entretanto, la tradición de la literatura social, que el llamado “grupo de Boedo” había opuesto al esteticismo “martinfierrista”, fue recogida con distinta intensidad por nuevos novelistas en quienes se conjugaban también otras influencias, como las del realismo norteamericano. Leónidas Barletta seguía produciendo y Roberto Arlt recogía la devoción de nuevos lectores; y en una línea semejante iniciaban su obra Bernardo Verbitsky, Carlos Ruiz Daudet, Juan Goyanarte y Juan Carlos Onetti. Con ellos entraba otra vez en la literatura el mundo subsumido, el de los dramas oscuros y sórdidos, el de la pequeñez y la miseria, o el de la inadaptación frente a los ininteligibles mecanismos de la realidad, temas que se revelaban a través de una expresión directa y en ocasiones deliberadamente brutal.

Era la de estos últimos una generación más joven, en la que surgió un fino poeta, Vicente Barbieri, lírico delicado y profundo. Pero todavía se daban por entonces —hacia 1940— las mismas direcciones estéticas que se enfrentaban quince años antes. Los que entonces comenzaron a escribir poesía siguieron todavía las huellas de los que ya solían llamar sus maestros: Borges, Bernárdez, especialmente, y se agruparon con cierta insistente tenacidad a la sombra de un rótulo, el de “la generación del 40”, que no llegaba a precisar en ellos una orientación poética distinta de la de sus modelos. Juan Rodolfo Wilcock, Olga Orozco, Enrique Molina, César Fernández Moreno, Jorge Vocos Lescano, Daniel Devoto, Alberto Girri, María Elena Walsh, Fernando Guibert, se volcaron hacia una lírica que fue llamada posromántica, elegiaca a veces, esteticista siempre, en la que se advertía la influencia de Juan Ramón Jiménez y de la primera época de Neruda. Canto, Huella, Fábula, Verde Memoria, fueron las revistas que fundaron, y en ellas, como en las obras individuales, se advirtió una actitud irreductiblemente subjetiva.

Pero esta actitud había de cambiar profundamente cuando, al fin de la Segunda Guerra Mundial, coincidieron nuevas influencias literarias con nuevas situaciones sociales. A la generación del 40 sucedió la del 45, tan opuesta a ella por sus predilecciones literarias como por el tipo de reacciones que la caracterizaron con respecto al destino colectivo y al papel del escritor. Luchas políticas y estudiantiles, militancia resuelta y sentimiento de crisis conformaron, con nuevas experiencias, las nuevas actitudes literarias, en las que la “situación” desempeñaba un importante papel.

Influido por Huidobro y el surrealismo, un grupo de poetas proclamó la necesidad de una poesía mágica y creadora de realidades. En la revista Poesía Buenos Aires se concretó esta actitud mezclada con preocupaciones sociales, a la que poco después se sumó otra de ortodoxo acento surrealista, y que giró alrededor de otras revistas: A partir de cero y Letra y línea. Pero el movimiento más vigoroso fue el que recogió la nueva sensibilidad de los jóvenes militantes, y buscó expresarse a través de un nuevo estilo, más directo, más comprometido. Centro, Contorno, Ventana Buenos Aires, fueron las revistas de los nuevos. La actitud telúrica halló su inspiración remota en Keyserling y Spengler, y su suscitador en Martínez Estrada. H. A. Murena y Rodolfo Kush representaron eminentemente esta dirección, que el primero llevó al ensayo y a la ficción más tarde. El realismo, en el que resonaban los ecos de la novela norteamericana e italiana y hasta un vago soplo existencialista, atrajo a nuevos grupos de novelistas que se esforzaron por volcar a la literatura los problemas vivos con una acentuada intención social. Primero Ernesto L. Castro, Alfredo Varela, luego David Viñas, Beatriz Guido, Alberto Rodríguez, irrumpieron con un lenguaje nuevo y una temática distinta, que proporcionó a la novelística un sabor de inmediata realidad de que antes había carecido. Y esa tendencia predominó en el teatro —con Carlos Gorostiza, Agustín Cuzzani, Carlos Carlino— que ofreció la ocasión de expresar la profunda renovación de inquietudes que caracterizaba a las nuevas generaciones.

Un fenómeno análogo al de las letras se observó en el campo de la plástica. Después de 1930 maduraron las figuras que habían dado la batalla por las nuevas corrientes estéticas y, en la sociedad de “Amigos del Arte”, sobre todo, ganaron el favor del público conocedor los artistas que traían la inspiración de la “escuela de París”: Alfredo Guttero, Horacio Butler, Héctor Basaldúa; o un constructivista, como Lino Eneas Spilimbergo, o un cubista como Emilio Pettoruti.

Hacia 1939 comenzó a difundirse el surrealismo, en el que sobresalieron Leopoldo Presas y Juan Batlle Planas. Por entonces también comenzó a advertirse el vigor de otra escuela, la del realismo, que en algunos fue “socialista”, y que defendieron con su obra Carlos Giambaggi, Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino. Pero sólo después de 1945 comenzaron a aparecer las primeras muestras de pintura no figurativa, y más tarde la decididamente concreta, en la que se destacaron Sarah Grilo, Miguel Ocampo, Fernández-Muro, Tomás Maldonado y Alfredo Hlito. En el análisis de las nuevas corrientes plásticas trabajaron los críticos de arte Julio E. Payró —de vasta obra también como historiador del arte— y Jorge Romero Brest.

Un vigoroso desarrollo musical permitió que los compositores argentinos de la renovación, como José María y Juan José Castro, Carlos Gianneo, Alberto Ginastera y otros, lograran la aceptación del público. Entretanto, sus discípulos perpetuaron su misma dirección estética y, en abierta oposición a ella, Juan Carlos Paz difundió como músico y como crítico la nueva música dodecafónica.

El pensamiento político de la derecha latinoamericana. 1970

El pensamiento político de la derecha

El examen del pensamiento político de la derecha latinoamericana suscita un conjunto de problemas que se relacionan tanto con las situaciones socioeconómicas como con las corrientes políticas y los movimientos de opinión. Sería una abstracción peligrosa realizar ese examen en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales, o sorteando el análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas. Ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y de controversias en que surge y se desarrolla. Pero en el caso particular del pensamiento de la derecha el riesgo se acentúa, porque con ese nombre no se define una doctrina concreta —como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo— sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes bá-sicas, y el conjunto configura una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente sólo por sus contrarios. De todos modos, este ensayo debe ceñirse a su tema específico, y las incursiones en otros terrenos serán tan breves como la claridad lo permita, limitándose su desarrollo a lo estrictamente necesario para ofrecer el cuadro de las circunstancias, los hechos y las ideas indispensables. Tiene, sin duda, el pensamiento político de la derecha un interés singular en Latinoamérica. Pero empecemos por decir que tiene un interés fundamental en todas partes y en todas las épocas, en relación con ciertas peculiaridades del conocimiento histórico social que vale la pena destacar.

Tal como se conciben los procesos históricos sociales desde la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo, tal como se concibe su examen y su exposición, parece normal que el acento se coloque sobre los fenómenos de cambio, esto es, sobre las fases dinámicas de los procesos. Es esto una consecuencia del predominio de la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso, tal como la elaboraron Voltaire o Condorcet. De esa concepción ha quedado como una secuela —aun después de haber perdido vigencia— la tendencia a suponer que el análisis histórico se relaciona casi exclusivamente con los procesos de cambio. Sin duda, las escuelas institucionalistas y sociologistas y últimamente el estructuralismo, han manifestado una inequívoca proclividad a la descripción de situaciones y estructuras, respondiendo a aquella tendencia con otra —acaso igualmente peligrosa— que supone cierta inmovilidad en las situaciones y estructuras. Pero ambas entrañan el mismo riesgo de falsear la imagen de la vida histórico social.

Es explicable que el examen de los procesos de larga duración parezca tolerar su descripción como si se tratara de situaciones inmutables. Pero es bien sabido que no son tales y que el proceso de cambio es permanente. Hay, sí, estructuras y situaciones que sólo cambian con ritmo muy lento; en tanto que otros planos de la vida histórica cambian con ritmos más acelerados. Esta diferenciación es lo que solía estar ausente en la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso. La descripción de los fenómenos de cambio —entre los que parecían necesariamente más importantes los más acelerados— predominaba sobre el análisis de las situaciones en las que el cambio se realiza y, en consecuencia, dejaba en la penumbra los fenómenos que la resisten, generalmente pasivos y poco visibles, pero cuya persistencia explica las violentas irrupciones de fuerzas que, en cierto momento, interrumpen el sentido del cambio, operan pretendidas restauraciones y modifican la dinámica de la vida histórico social.

Sin duda han sido los historiadores pertenecientes a la derecha ideológica los que han subrayado más insistentemente la capacidad de perduración de ciertos planos de la vida histórica en relación con los procesos de cambio, con las revoluciones. No es difícil observarlo a través de la historiografía relacionada con las revoluciones inglesas del siglo XVII, con la Revolución Francesa de 1789, con las revoluciones latinoamericanas de principios del siglo XIX, con la Revolución mexicana de 1910, con la Revolución rusa de 1917. Cierto es que con frecuencia sólo hallamos una inversión en el sentido de la apologética; pero aun así es importante, puesto que ayuda a incluir en el análisis objetivo y científico de la dinámica de la vida histórico social los elementos situacionales e ideológicos que revelan la resistencia activa al cambio y, además y en particular, los que revelan la perduración de situaciones que no fueron alcanzadas por el proceso de cambio acelerado, estableciendo el alcance deliberado o espontáneo del cambio mismo: para este objetivo es, pues, singularmente importante el examen de las actitudes y del pensamiento de la derecha, como expresión y testimonio del significado social y cultural que cierto sector asigna a aquello que, en el proceso de cambio, logra permanecer casi inalterable.

Advirtamos desde ahora que este examen no es fácil. La derecha, por su propia naturaleza, no suele elaborar proyectos y es reacia a fundamentar doctrinariamente su conducta. Un historiador y sociólogo brasileño que la representa bien, Oliveira Vianna[1] define muy explícitamente esa tendencia, refiriéndose a los estadistas conservadores del Brasil, pero en términos que tienen validez general:

Al concebir y realizar su monumental sistema de gobierno y administración del país, los grandes políticos imperiales obran como espíritus positivos, jugando con los datos de la realidad objetiva, teniendo a la vista los hechos concretos de nuestra vida nacional. Pueden invocar, para justificar sus actos o sus creaciones, el apoyo de teorías extranjeras, de sistemas e instituciones de otros pueblos, pero eso es apenas por condescendencia hacia el espíritu de la época, para dar un color doc-trinario y filosófico a las ideas sugeridas por el mundo objetivo que los rodea. Los constructores de nuestra unidad política son ante todo hombres prácticos, políticos experimentales, que nunca pierden de vista las condiciones reales del pueblo ni las particularidades de su mentalidad.

La observación puede, ciertamente, generalizarse, no sólo porque, de hecho, es más difícil encontrar textos reveladores del pensamiento político de derecha que de cualquier otra corriente de opinión, sino también porque es evidente que ciertas actitudes y opi-niones encuentran en las situaciones reales un fundamento mucho más sólido que el que puede ofrecerle el pensamiento doctrinario. Por lo demás, el uso de ideas tradicionales para la defensa y justificación de las ideas vigentes no origina, en general, sino una literatura de propaganda de escasa originalidad. No obstante, la derecha ha producido testimonios de extraordinario valor, especialmente por su coherencia interior; pero no siempre es fácil distinguir cuándo son simples reiteraciones de un pensamiento de elaboración secular y cuándo son juicios nacidos del examen de las situaciones reales. Acaso el interés general que, por las razones señaladas, tiene el análisis del pensamiento político de la derecha, se acentúe actualmente en Latinoamérica por el hecho de que, en muchos países, los grupos que lo sustentan han tomado la iniciativa en los últimos tiempos. Conviene establecer claramente el sentido de esta afirmación, porque entraña una posición metodológica que habrá de advertirse a lo largo de todo este ensayo. No me refiero aquí solamente a los netos partidos políticos de la derecha, cuyo poder de iniciativa puede ser equivalente al de otros sectores. Me refiero, específicamente, a las fuerzas económicas y sociales de la derecha, enérgicamente resueltas a defender sus posiciones contra la ofensiva de vastas mayorías no poseedoras y que operan especialmente como grupos de presión a través de diversos regímenes políticos, aun cuando no sean estos específicamente de derecha. Esas fuerzas buscan sus propias soluciones, pero a través de un sistema de ideas —que suelen llamar su “filosofía” — que entraña un diagnóstico del sentido general que deben seguir las sociedades latinoamericanas en el curso de su desarrollo. Hay en ese sistema de ideas un ajuste de viejos esquemas a las circunstancias nuevas; pero este ajuste es muy variable y siempre significativo, porque aunque la derecha responde a la situación menos cambiante, pone, empero, de manifiesto el nivel de cambio producido en las estructuras a través de los procesos de larga duración: y aunque expresa la resistencia al cambio, pone de manifiesto también el nivel de tolerancia que ha alcanzado, en virtud del cual erige en cada caso una nueva línea de defensa, transaccionalmente establecida.

La perduración de estructuras socioeconómicas muy antiguas en Latinoamérica otorga particular gravitación a los grupos de derecha y a su pensamiento político. Pero no es esa la única causa de la influencia de esos grupos. Las estructuras arcaicas se combinan con otras más modernas, pero que han engendrado ya en su seno sectores resueltamente adversos a nuevos cambios. De aquí la proteica figura que ofrece la derecha latinoamericana, cuya composición, como grupo social, será necesario señalar antes de exponer su pensamiento.

Como se habrá observado, y sin perjuicio del análisis que constituye el tema del primer capítulo de este ensayo, la idea de derecha aparece necesariamente unida a la idea de resistencia al cambio, con lo cual parecería clara la identificación entre derechas y grupos conservadores. Empero, no es absolutamente así. A veces ha sido imprescindible usar otros criterios más matizados, de modo que la caracterización de un movimiento o de una persona como perteneciente a la derecha puede obedecer a uno de ellos, lo cual puede engendrar ciertas confusiones, y las conclusiones extrañar al lector.

Conviene, pues, no perder de vista los criterios utilizados en cada caso, y las relaciones, a veces aparentemente contradictorias, entre ellos.

Para resolver algunos de los problemas que acabo de mencionar, he utilizado una nomenclatura no siempre ortodoxa. Pero confío en que las caracterizaciones de cada grupo social y de cada corriente de pensamiento servirán para proveerlas de un contenido inequívoco. Grupos sociales y corrientes de pensamiento serán presentados históricamente, incluso cuando en cada momento se señalará que ni unos ni otras se extinguen, conviene insistir aquí en que la idea que preside este análisis es que los grupos de la derecha tienen una composición acumulativa, en virtud de la cual coexisten situaciones y tradiciones de diferente data. Sólo teniendo presente este carácter podrá entenderse bien el comportamiento y las ideas de la derecha latinoamericana.

1. Cuestiones previas

Dos problemas conceptuales parecen previos al análisis del pensamiento político de la derecha latinoamericana.

El primero es el problema del área, puesto que la idea misma de Latinoamérica, concebida como una unidad, requiere algunas precisiones.

El segundo, y más importante, es el de la caracterización de la derecha como grupo socioeconómico, político y cultural, puesto que, a poco que se ajusten los criterios, se advierte que se trata de un complejo heterogéneo al que no se puede asignar una sola línea de pensamiento.

La cuestión de la unidad y diversidad del área latinoamericana

La posibilidad de analizar, caracterizar y describir el pensamiento político de la derecha latinoamericana supone cierta homogeneidad en esa área que no es absolutamente obvia. No sería fácil, por ejemplo, incluir en una sola formulación los caracteres de las clases medias en Chile y Colombia, en Paraguay y México, en Argentina y Ecuador; del mismo modo es difícil incluir en una sola formulación los caracteres de las clases altas tradicionales en esos mismos países, teniendo en cuenta, además, que el examen debe incluir al Brasil; y de tales dificultades puede inferirse que deberá matizarse mucho la caracterización del pensamiento político de la derecha, del que puede decirse que es el más apegado a las situaciones y, en consecuencia, el menos ideológico —en sentido estricto— de los pensamientos políticos. Empero, precisamente, por ser el pensamiento más apegado a las situaciones vigentes, permite un cierto grado de generalización, puesto que lo que más unidad confiere al área latinoamericana son, sin duda, las situaciones originarias, en tanto que los desarrollos posteriores tienden a una acentuada diversificación. Vale la pena detenerse un instante en esta observación.

La unidad del área latinoamericana fue postulada por la Europa conquistadora y colonizadora. No existía antes ni existió intrínsecamente después. Pero los impactos europeos sí fueron homogéneos en toda su extensión y crearon cierta unidad en el armazón del área de mestizaje y aculturación que se constituía. Con ligerísimas variantes, el régimen de la tierra y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas se establecieron según normas semejantes en toda el área hispánica y en el área lusitana, y condujeron a la creación casi súbita de una singular estructura socioeconómica que constituyó el fundamento casi inconmovible de la vida social latinoamericana. El vigor con que esa estructura resistió, ya en 1542, a los esfuerzos de la corona española por modificarla, explica cómo ha podido sobreponerse a otros embates posteriores, modificarse ligeramente para adecuarse a nuevas circunstancias externas e internas, y subsistir, incluso hasta hoy, en algunas regiones.

Pero no fue este impacto originario el único de los impactos europeos que contribuyó a prestarle unidad al área latinoamericana. Un fenómeno semejante ocurrió por la misma época en el campo de la organización política y en el campo de la cultura. Un sistema de formas institucionales, un haz de principios morales y políticos y de tradiciones culturales —con los pequeños matices que separaban en el siglo XVI a España y Portugal— crearon un conjunto de ínsulas análogas a través del vasto continente, fuera de las cuales, sin embargo, empezó a elaborarse trabajosamente un mundo marginal, en el que se fueron insinuando nítidas diferencias regionales que crista-lizarían poco a poco y alcanzarían claros perfiles en el siglo XVIII.

Pero ya mientras se producía esa diversificación, nuevos impactos europeos crearon otros principios de unidad. El mundo de la economía mercantil reclamó del mismo modo a las distintas regiones, ofreció los mismos incentivos, ejerció las mismas coacciones, y contribuyó a operar en el seno de las diversas sociedades las mismas transformaciones de las que surgieron nuevas burguesías urbanas que, al par que introducían nuevas líneas de desarrollo en el seno de la comunidad, arrastraban hacia sí a las viejas clases poseedoras de la tierra para inducirlas a modificar sus actitudes y su mentalidad. Pero aquel desarrollo homogéneo en cuanto a las presiones que lo habían desencadenado, adoptó muy pronto formas regionales diferenciadas, que se definieron fuertemente al producirse la emancipación. A partir de entonces la diferenciación se acentuó; pero no sólo, ni principalmente, dentro de los nuevos marcos nacionales creados por el principio del uti possidetis, sino dentro de las áreas regionales que se habían esbozado espontáneamente, según determinaciones geográficas más o menos estorbadas o favorecidas, por las peculiaridades del desarrollo económico o la arbitrariedad del sistema administrativo. Los fenómenos de anarquía y de guerra civil y los vagos clamores en favor de una organización federativa reflejaron ese conflicto entre nación y región, entre orden institucional y sentimiento comunitario, que se había gestado en el seno de otro conflicto más profundo entre el orden uniforme impuesto desde fuera y el desarrollo espontáneo y diferenciado que la vida social había suscitado, al margen de las coacciones externas.

Empero, nuevos impactos externos contribuyeron a robustecer ciertos rasgos comunes a toda Latinoamérica. Con la Revolución industrial, Europa modificó rápidamente tanto los sistemas de producción como las formas de vida, y tales cambios repercutieron sobre toda su periferia. Latinoamérica sintió otra vez los estímulos y las coacciones que provenían del foco alrededor del cual giraba su vida económica, social y cultural, y respondió operando ciertos cambios para adecuarse a la nueva situación. Pero no fueron en todas partes los mismos. Nuevas diversificaciones se operaron con las va-riadas respuestas ofrecidas a los mismos estímulos, y una vez más las contradicciones se acentuaron entre el desarrollo local espontáneo y las determinaciones exógenas que colocaban toda el área latinoamericana en situación análoga con respecto a los núcleos de los que dependía.

Fenómenos semejantes se produjeron en el orden de la cultura. El sistema de ideas medievales que ordenó la vida de los primeros grupos colonizadores fraguó con los esquemas de la estructura socioeconómica señorial en el siglo XVI. Casi no hubo fisuras en él; pero los impactos del pensamiento moderno, de la Ilustración, del liberalismo, del romanticismo, del positivismo, del socialismo, del fascismo, no sólo produjeron sucesivamente enfrentamientos vigorosos con aquel sistema y sus secuelas, sino que provocaron curiosos y variados casos de reelaboración doctrinaria, al compás del uso que se hacía de cada sistema ideológico para interpretar y modificar la realidad.

Es lícito, pues, considerar en el conjunto latinoamericano una corriente de pensamiento tan arraigada en las situaciones reales como lo es el pensamiento político de la derecha, porque tales situaciones fueron homogéneas y subsistieron en buena parte a pesar de todos los cambios operados desde el siglo XVIII. Pero es necesario atender a esos cambios, porque ellos no fueron homogéneos. Por eso sólo se advierte en sus fibras profundas cierta unidad en el pensamiento de la derecha latinoamericana, en tanto que en otras se advierten peculiaridades evidentes que obligan a una constante matización.

Empero, no es éste el más confuso de los problemas que se presentan. Es necesario, antes de atribuir a la derecha un cierto tipo de pensamiento, indagar qué grupos sociales la componen y, sobre todo, qué tradiciones arrastran. La derecha es hoy un conjunto proteico, y cada una de las fisonomías que ofrece esconde un enigma histórico.

La cuestión de la caracterización de la derecha

No abundan los estudios dedicados específicamente al análisis de la peculiar composición de las formaciones o movimientos considerados como de derecha en Latinoamérica. No se trata, en efecto, de un partido, sino de una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política. Hay en su seno, quizá, partidos; y éstos han sido estudiados en muchos casos dentro de los procesos políticos generales.

Pero esas conjunciones sobrepasan el alcance de los partidos. Para entender su composición es menester, pues, no limitarse a ver en ellas grupos políticos de opinión; sin descuidar éstos, es necesario, sobre todo, establecer cuáles son los grupos sociales que se movilizan políticamente para constituirlas.

A primera vista se advierte que la expresión “derecha” corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios —los grupos “democráticos“, “progresistas”, “izquierdistas”, “liberales“, o como en cada ocasión se califiquen—, los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. De aquí una cierta tendencia a definir la derecha, en el plano teórico, como un conjunto homogéneo.

Una fórmula usual es asimilar la derecha a la burguesía, entendida ésta como parte del sistema burguesía-proletariado. Esta fórmula es metodológicamente inapropiada en el caso particular de Latinoamérica, porque supone que el concepto “burguesía” es inequívoco y que conocemos claramente su contenido. Es bien sabido, en cambio, que no hemos precisado bien los contenidos del concepto “burguesía”, y si aceptamos la asimilación, no hacemos, en rigor, sino trasladar el problema, del concepto “derecha” al concepto “burguesía”. El problema se complica aún más, pues su antítesis en Latinoamérica no es lo que entraña en otras áreas el concepto “proletariado” ; y no constituye una tarea menos compleja establecer qué es exactamente lo que se opone a la derecha.

Menos inapropiada, aunque en pequeño grado, es la asimilación de la derecha a lo que vagamente se suelen llamar las clases dominantes. En Latinoamérica las clases dominantes se han constituido a través de un proceso singular que le ha prestado una fisonomía equívoca, cuya expresión es un comportamiento político confuso.

Derechas e izquierdas se han diferenciado, por lo demás, en el seno de las clases dominantes, a través de la oposición de los distintos sectores que procuraban alcanzar el poder político para perfeccionar y consolidar su poder económico social. Parecería, en consecuencia, ser lícito un uso absoluto y otro relativo de la calificación. Conviene, pues, renunciar por ahora a una definición simplista y atenerse a los resultados matizados, aunque quizá menos precisos, que ofrezcan un examen empírico de los grupos sociales y políticos que han sido considerados como de derecha. Pero aun este método presenta serias dificultades, porque la asignación de tal calificación no ha obedecido siempre a un mismo criterio; por lo contrario, parece evidente que han funcionado indistintamente dos: un criterio político y un criterio socioeconómico.

Si analizamos el criterio político, se observa que han sido considerados como de derecha los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, estableciendo dictaduras o perpetuando oligarquías, que han negado —sea a la mayoría del pueblo, sea tan sólo a la mayoría de los sectores con participación en la vida política— los derechos y las libertades que consagraban el derecho natural y, en especial, los que consagraban las doctrinas racionalistas elaboradas desde el siglo XVII.

Ha sido la mentalidad liberal, tal como funcionó desde mediados del siglo XVIII, la que prefirió este criterio. A partir de muchas experiencias concretas, quedó tácitamente admitido que la dictadura o la oligarquía definen una actitud de derecha, y que la existencia de un vigoroso aparato represivo, la inexistencia de la libertad de conciencia o, en general, la violación o la negación de los derechos del hombre y del ciudadano, constituyen signos inequívocos de esa actitud política.

Empero, el criterio político no ha sido coherentemente utilizado. En ocasiones se ha admitido como legítima una “dictadura liberal“, esto es, el ejercicio autoritario del poder por parte de un grupo dispuesto a imponer un sistema liberal. Las circunstancias han sido proporcionadas por la vigorosa oposición de ciertos grupos antiliberales de raíz señorial, unas veces, o por la amenazadora actitud de grupos democráticos de pequeña burguesía o grupos populares con vagos anhelos de justicia social, otras. La necesidad de defender lo que se entendía por libertad pareció justificar la restricción de la libertad. Este principio reconoce como antecedente y fundamento la concepción del despotismo ilustrado, que sin duda inspiró a muchos grupos liberales latinoamericanos, especialmente frente a la vigorosa influencia de la Iglesia Católica, apoyada por los grupos sociales superiores.

Si analizamos el criterio socioeconómico, se observa que han sido considerados de derecha los grupos que han defendido el mantenimiento incólume de las tradicionales estructuras socioeconómicas y socioculturales, cuyo fundamento arraiga en el ordenamiento colonial. Esta defensa supone una acción política, emprendida al insi-nuarse un ataque que amenace o vulnere esa estructura, esto es, un intento de cambio socioeconómico, de modo que esa política puede ser definida como un movimiento de resistencia o de oposición al cambio.

Así caracterizada, la derecha no manifiesta fundamentalmente una actitud política sino una actitud socioeconómica y sociocultural. Usando este criterio, el ejercicio autoritario del poder no es necesariamente de derecha: lo es cuando tiene por objeto impedir el cambio, y no lo es, por lo contrario, cuando está puesto al servicio del cambio.

La utilización del criterio socioeconómico modifica, entonces, sustancialmente el enfoque del problema, y suscita nuevas cuestiones que es necesario tener presente. Si en diferentes circunstancias la adjudicación de la calificación de “derecha” ha sido equívoca se debe, sin duda, a la diversidad de los tipos de cambio que se han insinuado o producido en Latinoamérica. Descartemos los simples reemplazos de grupos o personas que disputan el poder dentro del mismo sistema, porque en ese caso parece lícito aplicar el primer criterio. Cuando se trata de cambios socioeconómicos pueden distinguirse dos instancias claramente diferenciables, aun cuando admiten, a su vez, varios matices importantes. La primera instancia es el conato de cambio de las estructuras señoriales de raíz colonial por una estructura liberal-burguesa, con supresión de los mayorazgos, del esclavismo, del sistema servil del trabajo indígena, de los monopolios y, al mismo tiempo, con una modernización del sistema empresarial, con la participación de capitales extranjeros, con incorporación al mercado mundial y con una vasta renovación del aparato técnico: es la instancia liberal-burguesa, promovida por las burguesías urbanas y, a veces, por los sectores progresistas de las clases terratenientes. La segunda es el conato de cambio de la estructura señorial o de la estructura liberal – burguesa, indistintamente, por otra en la que predominen, sobre los principios de la libre competencia, los principios de la justicia social, con intervención estatal, unas veces, o con control de las clases no poseedoras, otras. Estas dos instancias entrañan, como se ha advertido, algunos matices intermedios sobre los que será menester detenerse en el análisis particular, pero constituyen la trama gruesa del proceso de cambio.

Según el tipo de cambio propuesto, sus promotores definirán como derecha a grupos diversos: los grupos liberalburgueses, solamente a las clases señoriales; pero los grupos partidarios de sistemas fundados en el principio de la justicia social —sean nacionalistas, nazifascistas o izquierdistas de tipo marxista en cualquiera de sus grados, demócratas cristianos o liberales evolucionados— definirán como derecha no sólo a las clases señoriales sino también a los grupos liberalburgueses sostenedores de las teorías del neoliberalismo o, simplemente, del libreempresismo. Este distingo explica claramente el uso equívoco de la calificación de derecha —que es fluido y a veces aparentemente contradictorio—, así como la notoria heterogeneidad que suelen tener, de hecho, los grupos caracterizados unívocamente con esa calificación por sus adversarios.

El análisis de los dos criterios utilizados de manera habitual —con frecuencia poco rigurosa— demuestra no sólo que ninguno de ellos es suficiente, sino también que los dos son imprescindibles y deben combinarse para intentar un examen objetivo de la cuestión.

La cuestión propuesta supone, en primer lugar, una caracterización de los grupos sociales que integran las fuerzas políticas que reciben en cada caso la calificación de “derecha” y, en segundo lugar, una caracterización del pensamiento político que, en cada caso, esas fuerzas políticas adoptan, expresan o, simplemente, ponen de manifiesto a través de su comportamiento. Pues bien, para el primer aspecto de la cuestión, el criterio político permite identificar ciertos grupos sociales que no corresponden exactamente ni a las burguesías ni, en forma más general, a las clases dominantes, y que se suman a las fuerzas políticas de derecha.

En primer lugar, se advierte la presencia de grupos estrictamente ideológicos, cuyos miembros participan de ciertas ideas que no están necesariamente vinculadas con su origen o su posición social. Son unas veces temperamentos religiosos o metafísicos cuya forma mentís está caracterizada por la creencia vehemente en la existencia de orden perenne y para quienes, psicológicamente, el cambio supone siempre un mal: la decadencia, la perversión, el caos. Ese orden posee a sus ojos fundamentos absolutos, y ha sido amenazado sucesivamente, según ellos, por los disidentes religiosos, por los librepensadores volterianos, por los masones, por los liberales, por los demócratas, por los comunistas. Contra todos ellos, en cada caso, han sentido la necesidad de organizar una cruzada para lograr su exterminio, y con él, la preservación o restauración del orden eterno. En segundo lugar, se nota la presencia de grupos, cuyos miembros son psicológicamente autoritarios y partidarios de la acción violenta. Sin duda, comparten en el fondo la certeza de la existencia de un orden, pero no siempre alientan vehementes convicciones religiosas o metafísicas, sino simplemente una vocación autoritaria y jerárquica orientada hacia un activismo irracionalista.

Estos rasgos explican la adhesión a las fuerzas de derecha de quienes, por vocación o por costumbre —y cualquiera que sea su origen o posición social—, han aceptado la conformación impuesta por instituciones fuertemente autoritarias, jerarquizadas y activistas como son, especialmente, la Iglesia y el ejército, así como otras en menor escala, como la administración pública y las grandes empresas.

En tercer lugar, se observa la incorporación de grupos conformistas de clase media, para los cuales el orden constituido significa una garantía de estabilidad —en la ocupación, en el ahorro, en las costumbres, en el modo de vida— en tanto que el cambio entraña una perspectiva oscura cuyo riesgo se resisten a afrontar. Tales hábitos caracterizan a la pequeña burguesía en sociedades estabilizadas, y de sus filas se nutren con frecuencia los movimientos que reivindican la defensa del orden.

En cuarto lugar, se comprueba la adhesión de grupos populares de mentalidad paternalista: unas veces masas urbanas más o menos marginales y escépticas; otras, grupos acostumbrados a formar parte de clientelas políticas; otras, grupos conformistas de actitudes primariamente religiosas, mágicas o supersticiosas; y otras, en fin, grupos de militancia política ingenua que buscan protección a través de regímenes paternalistas que les prometen satisfacciones inmediatas a cambio de su apoyo político. Estos grupos pueden ser numerosos, y en ocasiones nutrir movimientos activos y pujantes, a los que pueden proporcionar no sólo su apoyo numérico sino también su presencia tumultuaria para justificar en sus líderes un cierto tipo de representatividad ajena a los métodos de la democracia liberal.

El criterio político es, entonces, útil para revelar la presencia de grupos como los señalados en la constitución de las fuerzas de derecha. Empero, es evidente que tales grupos no constituyen su armazón ni las proveen de legitimidad y fuerza. Es necesario recurrir al criterio socioeconómico para descubrir cuáles son los grupos fundamentales que las constituyen; y valiéndose de él se observa la presencia de los distintos sectores que dominan y controlan la compleja estructura socioeconómica latinoamericana, a veces en conflicto entre ellos para asegurar el predominio de un sector sobre otro, pero generalmente predispuestos —salvo situaciones críticas— a ofrecer un frente capaz de resistir las presiones de los grupos sociales no participantes en el control de la vida socioeconómica.

Esos grupos fundamentales de las fuerzas políticas de la derecha son, pues, grupos socioeconómicos que, en situaciones caracterizadas por la existencia de un consenso general con respecto al orden establecido, ejercen el poder silenciosamente a través de diversos partidos políticos operando como grupos de presión, pero que en situaciones críticas se movilizan como fuerzas políticas recabando para sí el monopolio del poder —antes compartido, delegado o consentido— y asumiendo de manera activa la defensa del orden vigente, dentro del cual tienen una posición privilegiada.

En Latinoamérica, como en otras áreas, las fuerzas políticas de la derecha se han constituido históricamente incorporando nuevos grupos, cada uno con sus correspondientes tradiciones y sus correspondientes proyectos de acción, de modo que a través del tiempo su fisonomía se ha tornado cada vez más compleja y proteica. Analizadas en la situación propia de las postrimerías del siglo XVIII y en la época de los movimientos emancipadores, se advierte que su composición era más homogénea. Si la izquierda, llamémosle así, estaba constituida por las burguesías urbanas progresistas y liberales, la derecha estaba compuesta fundamentalmente por la clase señorial, apoyada en las instituciones coloniales que representaban la concepción hispanolusitana tradicional, y además en las clases populares especialmente rurales que desconfiaban de las burguesías urbanas y preferían el mantenimiento de la vigencia del orden paternalista tradicional. Esa derecha se oponía al cambio liberalburgués; pero, en cada etapa de ese cambio, consentía estratégicamente en el que ya se había operado y trataba de impedir que se consumara definitivamente, manifestándose entonces como una fuerza conservadora dentro del nuevo sistema, especialmente después de la emancipación.

La fisonomía de las fuerzas políticas de la derecha cambió cuando, operados los cambios propuestos por las burguesías urbanas progresistas y liberales, se desprendieron de éstas los grupos dominantes que trataron de monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Constituidos en oligarquías, esos grupos se entrecruzaron con las clases señoriales, dominándolas en parte, puesto que se constituyeron en las intermediarias de su actividad productiva tradicional, sirviéndolas en cierto modo y, además, utilizándolas para legitimar socialmente, con el entrecruzamiento, su nuevo status de grupo separado del resto del conjunto social. Como la clase señorial, también las nuevas oligarquías liberalburguesas se opusieron a la prosecución indefinida del cambio, preocupadas sobre todo por mantener el monopolio del poder; de modo que, aunque subsistieran las tensiones que existían entre ellas y la clase señorial, coincidieron en una misma actitud, aunque el nivel de los cambios tolerados fuera diferente en uno y otro grupo.

A partir de ese proceso—que, en general, se da en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX— las fuerzas políticas de la derecha muestran, independientemente de los matices locales y de los que les proveen los distintos sectores incorporados por razones simplemente políticas, una dualidad interna que resulta de esta conjunción propia de las situaciones creadas especialmente por la Revolución industrial. El entrecruzamiento de los grupos significó, naturalmente, un entrecruzamiento de actitudes y de doctrinas. Las clases señoriales se aburguesaron y las oligarquías liberalburguesas se señorializaron, pese a lo cual subsistieron definidos matices diferenciadores, algunos de los cuales permitieron que las oligarquías liberalburguesas siguieran llamando en alguna ocasión “derecha” a las formaciones políticas propias y exclusivas de las clases señoriales. Pero las clases medias y las clases populares con vocación de cambio —generalmente tan sólo político, pero algunas veces también so-cioeconómico— confundieron en un haz al conjunto y lo identificaron como una sola derecha, socioeconómica y política.

Esta fisonomía dual de las fuerzas políticas de la derecha subsistió hasta que se hicieron notar en Latinoamérica las influencias de la crisis europea de entreguerra, tanto en el orden económico como en el orden ideológico. En el seno de las clases señoriales preferentemente —aunque no únicamente— aparecieron grupos, generalmente juveniles, que denunciaron la crisis del liberalismo y optaron por algunas de las muchas filosofías antiliberales que aparecieron entonces: unas veces con fuerte matiz aristocratizante e inspirados en Maurras, y otras con varias tendencias sociales según modelos hispanolusitanos, italianos o alemanes. Pero muchos de ellos se desprendieron del simple ropaje ideológico y se introdujeron —o fueron introducidos— en el mecanismo socioeconómico de su país y de su situación, y apelaron a las masas escépticas y marginales que habían contribuido a formar las oligarquías liberalburguesas con su exclusivismo político y su libreempresismo. La apelación tuvo éxito en muchas partes, y esta corriente se vio apoyada por vigorosas masas que asombraron a los políticos de la democracia liberal, que no las esperaban en el escenario político. Por sus objetivos, los cuadros dirigentes parecían pertenecer inequívocamente a la derecha, puesto que aspiraban a la restauración de un orden jerárquico, al fortalecimiento del nacionalismo —que muchos habían dado por muerto a principios de siglo— y a un sistema de normas y principios en el que se mezclaban herrumbrados prejuicios señoriales con los más vulgares y adocenados prejuicios burgueses. Pero el conjunto pareció poseer un carisma especial, y halló repercusión en vastos sectores, porque, junto a eso, aparecieron signos de cierto antiimperialismo nacionalista, de una admisión de los principios de justicia social, de una reivindicación hispánica y de una inequívoca tendencia a denunciar la falacia de una democracia liberal, que más de una vez había sido utilizada como máscara por las oligarquías para su propio beneficio. El haz de la derecha quedó, pues, integrado con una fibra más, que introducía en el conjunto una nueva inflexión: la aceptación del cambio para orientarlo de acuerdo con un sistema tradicional de fines, entre los cuales aparecían los que un catolicismo renovado, o en trance de renovarse, revestía de modernidad.

Así se constituyó históricamente la derecha tal como hoy la descubrimos, multiforme y contradictoria; con cierta vocación de cambio lo suficientemente acentuada como para que los sectores populares —que parecían puntal seguro y necesario de la izquierda marxista— la consideren como una opción válida; con soluciones viables, puesto que, siendo relativamente avanzadas, encuentran un apoyo inesperado de grupos tradicionales, especialmente de ciertos sectores del clero católico y de ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y con una capacidad de acción, aparentemente dentro del sistema, que le asegura grandes posibilidades de éxito para intentar su transformación sin provocar excesiva alarma en los sectores poseedores.

De esta fuerza política proteica es de la que nos proponemos exponer el pensamiento político, señalando en cada etapa la situación en que la fuerza se constituye o se renueva y las influencias ideológicas que recibe.

2. Las raíces del pensamiento político de los grupos señoriales

Cualesquiera que hayan sido los cambios operados en la composición de las fuerzas políticas que, una y otra vez, han sido consideradas como de derecha, sus raíces penetran siempre en Latinoamérica hasta las profundidades de la estructura colonial. Aun en aquellos países donde esa estructura ha sufrido mayores modificaciones, la derecha —tanto en sentido socioeconómico como en sentido político— conserva claros vestigios de sus orígenes. En rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras.

La colonización hispanolusitana adoptó, en rigor, dos políticas divergentes. Por una parte, promovió la fundación de ciudades —especialmente la española— e hizo de ellas centros defensivos, no sólo del grupo colonizador, sino en especial de sus costumbres, sus normas, su religión y su lengua. En ellas, debía constituirse lentamente una burguesía urbana que no alcanzaría, empero, cierta fuerza hasta el siglo XVIII. Pero, al mismo tiempo, constituyó desde el primer momento una sociedad señorial, mediante el otorgamiento de inmensos privilegios a los conquistadores y colonizadores, quienes recibieron no sólo enormes extensiones de tierras o importantes regalías mineras, sino también la mano de obra gratuita que se necesitaba para hacer retributiva su explotación mediante la asignación de crecidos contingentes de indios confiados en encomienda.

Así quedó organizada una sociedad dual en la que los señores pertenecían a la raza conquistadora y la clase sometida a la raza indígena. Se agregó luego a ésta el contingente de esclavos negros que empezó a incorporarse por razones económicas y políticas, cuando resultó evidente la ineficiencia de la población indígena, o cuando el clamor contra su explotación pareció comprometer el prestigio de los conquistadores y debilitar los principios en que se fundaba la legitimidad de la conquista, sin que los argumentos en favor de los indios parecieran valer para los negros. Y, en favor de tal sistema, la clase poseedora de la tierra y de las poblaciones sometidas adquirió los caracteres de una aristocracia poderosa “renaciendo en las Indias —observa Ots Capdequí—[2] usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de superación en la España peninsular”.

Una intrincada combinación de intereses, necesidades y prejuicios moldeó las formas de comportamiento de esa clase. El designio de un rápido enriquecimiento —como el que hubiera producido un saqueo feliz en Flandes o en Italia— incitó a sus miembros a ejercitar una despiadada explotación de la población indígena. Mientras en la metrópoli se discutía sobre la condición espiritual y jurídica de los indios, el encomendero se valía de ellos para resolver su urgente problema de enriquecerse y volver cuanto antes a la civilización, a Lisboa o a Sevilla, para gozar del fruto de su esfuerzo. Refiriéndose al Brasil escribía a principios del siglo XVII Fray Vicente del Salvador:[3]

De este modo hay pobladores que, por más arraigados que estén en la tierra, todo lo pretenden llevar a Portugal; porque todo lo quieren para allá, y esto, no vale solamente para los que de allá vinieron, sino también para los que de aquí nacieron, pues unos y otros aprovechan la tierra, no como señores, sino como usufructuarios, y sólo para disfrutarla la dejan destruida.

El mismo estado de ánimo prevalecía entre los españoles. Aquel apremio y el complejo haz de opiniones sobre los infieles que poblaba la mentalidad del conquistador, acentuó su convicción de que pertenecía a una especie diferente de la de los conquistados, a quienes juzgó lícito someter y explotar. Esa convicción era ya vigorosa cuando, en 1510, pronunció Fray Antonio de Montesinos en la Española el famoso sermón que conserva Las Casas,[4] en el que denunció los excesos cometidos por los conquistadores:

Para darlos a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más suave que nunca oísteis, la más áspera y dura.

Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, y con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día … ? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No son obligados a curallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen u no quieren la fe de Jesucristo.

Los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo —cualquiera que fuese su originaria condición social— una posición de riqueza y privilegio semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura. El cronista anónimo[5] que compuso la Descripción del Virreinato del Perú a principios del siglo XVII decía refiriéndose a los españoles de ese territorio: “Son soberbios, jactanciosos, se precian de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra”.

Y en el siglo siguiente escribía el viajero holandés Van Vliervelt[6] sobre los portugueses del Brasil: “Lo cierto es que en todos los tiempos se vieron en el Brasil portugueses que habían nacido en Europa en la oscuridad y la pobreza, y que vivían con un lujo y una grandeza que los principales nobles de Lisboa no hubieran osado ostentar en la Corte”.

La costumbre consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la Colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró —ni, en rigor, se lo propuso— contener el proceso de señorialización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes.

Los conquistadores y colonizadores alcanzaban poder económico, social y político al recibir tierras, indios en encomienda y jurisdicción, y en tales poderes sentaron una posición tan alta y tan sólida que el paso del tiempo no hizo sino vigorizarla. Las rebeliones indígenas fueron escasas, ocasionales, y revelaron la total impotencia de los sometidos. Por su parte, los grupos mestizos se constituyeron como tales, aunque muy lentamente, durante el período colonial, y sus miembros se limitaron a buscar la posibilidad de lograr alguna vía de ascenso dentro del sistema. Lo mismo hicieron los blancos —peninsulares y criollos— que carecían de tierras, o los que poseían pequeñas parcelas de escaso número de indios encomendados, o los que habían perdido lo que tuvieron. De este modo, el sistema se consolidó en el juego de las situaciones reales, y dentro de él los grupos señoriales cristalizaron como un conjunto definido y netamente separado del resto.

Al finalizar el siglo XVIII la situación social del mundo colonial hispanolusitano ofrecía el cuadro de una rígida sociedad dual. Refiriéndose a la sociedad mexicana, decía por entonces, en un notable documento, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo[7] —el mismo que lanzaría más tarde el edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo—:

… la Nueva España se componía, con corta diferencia, de cuatro millones de habitantes que se pueden dividir en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles comprendían un décimo total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas, y uno de indios puros. Los indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes, hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones: son todos ricos o miserables, nobles o infames… En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte es poco y en todas las demás los daña mucho.

No tienen propiedad individual… separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas… En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insul-tos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

Poco después Alejandro de Humboldt visitaba la isla de Cuba, sobre cuya sociedad, fundada en el trabajo esclavo, escribiría años más tarde unas páginas penetrantes en las que señalaba los rasgos de los grupos señoriales:[8] “…pero en todas las islas, los blancos se creen los más fuertes; porque les parece imposible toda simultaneidad (en la acción) por parte de los negros, y consideran como una cobardía toda mudanza y toda concesión hecha a la población sujeta a la servidumbre”.

Así consolidados a lo largo de tres siglos, firmemente delineados los límites que los separaban del conjunto social y rigurosamente codificados sus privilegios, los grupos señoriales adquirieron los rasgos de una aristocracia incapaz de imaginar la posibilidad de que se produjera cambio alguno en la estructura socioeconómica en la que ocupaba el más alto nivel. Pero durante esos tres siglos, y mientras se consolidaba la estructura socioeconómica, también se diferenciaban y desarrollaban grupos diversos por debajo de la clase señorial. Apenas hubo, antes de la crisis de la Independencia, ocasión para que los grupos señoriales tuvieran que justificar o defender sus privilegios, puesto que todo el sistema absolutista de fundamento religioso vigente en el mundo colonial comportaba una justificación suficiente. Todo desafío al privilegio suponía un desafío a la totalidad del sistema. Pero de hecho, los otros grupos sociales crecían y aprovechaban las posibilidades de movilidad social que ofrecía una sociedad que, aunque fundada en la hegemonía de una clase señorial, participaba del sistema mercantil que ajustaba y perfeccionaba sus mecanismos en el área de expansión europea y pugnaba por quebrar la rigidez del sistema monopolístico colonial.

Frente a esos grupos, y especialmente frente a las nacientes burguesías urbanas —burguesías letradas que a fines del siglo XVIII recibían la influencia del pensamiento político de los filósofos franceses—, los grupos señoriales estrecharon sus filas alrededor de los principios fundamentales del sistema. Horrorizados ante el regicidio y ante la posibilidad de una limitación del poder monárquico que introdujera la representación popular, los grupos señoriales adhirieron ferviente y activamente a las ideas que expresó mejor que nadie, a fines del siglo XVIII, el arzobispo de Chuquisaca, San Alberto:[9]

El rey no está sujeto, ni su autoridad depende del pueblo mismo sobre quien reina y manda, y decir lo contrario sería decir que la cabeza está sujeta a los pies, el sol a las estrellas y la suprema inteligencia motriz a los cielos inferiores… La cárcel, el destierro, el presidio, los azotes o la confiscación, el fuego, el cadalso, el cuchillo y la muerte son penas justamente establecidas contra el vasallo inobediente, díscolo, tumultuario, sedicioso, infiel y traidor a su Soberano, quien no en vano, como dice el Apóstol, llevaba espada.

El apoyo prestado por los grupos señoriales al principio de la monarquía absoluta de derecho divino no sólo expresaba su adhesión al sistema institucional vigente en la metrópoli y el mundo colonial, sino que significaba también su identificación con el principio de la inmutabilidad del orden universal, cuya proyección en el mundo social era la ilegitimidad de todo cambio. Esa concepción, de tradición cristianofeudal, fraguaría como una de las notas fundamentales de su actitud política, y luego de su pensamiento, y perduraría, expresada de diversas maneras enmascarada a veces, a través de las cambiantes situaciones históricas. Como actitud, fue intensamente vivida y se ma-nifestó en su comportamiento político, y cuando las circunstancias desafiaron ese principio, fue racionalizada, formulada en términos doctrinarios y defendida, polémicamente.

Pero mucho antes de que pareciera necesario defender la totalidad del sistema —en cuanto garantía última de la posición de los grupos señoriales en el seno del conjunto social— debieron éstos defender esa posición y justificarla. En términos doctrinarios la justificó, en los primeros tiempos de la conquista, el teólogo español Juan Ginés de Sepúlveda,[10] sosteniendo el principio de la desigualdad social. Decía en el Democrates alter:

Nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comuni-dad de derecho… lo cual se ha de evitar no sólo en los hombres tomados particularmente, sino también en la totalidad de las naciones, porque la varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a los hombres libres, o el poder regio que imita al paterno: a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en ciertas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados.

Y agregaba en otro lugar:[11]

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! Si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes elementalísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres.

Este principio general de la superioridad de los europeos civilizados y cristianos sobre los indios y los negros bárbaros e infieles, fue traducido a términos específicos cuando peligraron los privilegios concretos que la conquista había deparado a aquéllos. Los conquistadores y colonizadores fundaban su condición social en la posesión de tierras y de indios encomendados, y muy pronto consideraron que tales privilegios, formalmente concedidos, eran inalienables y constituían la condición inexcusable de su status. Así lo manifestaron ya en 1542 cuando la corona española pretendió despojar a los encomenderos de los indios que trabajaban en su beneficio, con argumentos que el cronista Agustín de Zárate[12] recogió de los españoles del Perú:

…estas ordenanzas se hizieron y publicaron en la villa de Madrid, en el año de quinientos y cuarenta y dos, y luego se embiaron los treslados dellas a diversas partes de la Indias, de que se recibió muy gran escándalo entre los conquistadores dellas, especialmente, en la provincia del Perú, donde más general era el daño, pues ningún vecino quedaba, sin quitársele toda su hazienda, y tener necesidad de buscar de nueuo que comer; y decían, que su Magestad no auía sido bien informado en aquella prouision, pues si ellos auianseguido dos parcialidades, auia sido parecien- doles que las cabeças dellas eran Gouernadores, y se lo mandaban en nombre de su Magestad, y que no podían dejar de cumplir por fuerca o por grado sus mandamientos, y así no era aquella culpa, porque debiessen ser despojados de sus hazien- das, y que demas desto al tiempo que a su costa descubrieron la provincia del Perú, se auia capitulado con ellos, que se les auian de dar los Indios por sus vidas, y des- pues de muertos, auian de quedar a su hijo mayor, o a sus mugeres no teniendo hijos, y que en confirmación desto, pocos días antes su Magestad auia embiado a mandar a todos los conquistadores que dentro de cierto tiempo se casassen, so pena de perdimiento de los Indios, y que en cumplimiento dello, los más se auian casado, y que no era justo, que despues que estauan viejos y cansados, y con mugeres pensando tener alguna quietud y reposo, se les quitase sus haziendas, pues no tenian edad ni salud para ir a buscar nueuas tierras y descubrimientos.

Esta certidumbre de la legitimidad del privilegio, concedido originariamente por gracia real pero conquistado luego y legitimado en la acción mediante el esfuerzo y el sacrificio, fraguó definitivamente en la concepción social y política de los grupos señoriales, y los transformó en una casta de poseedores radicalmente separada de los no poseedores. Cada uno de los poseedores lo era de su hacienda y de sus indios y esclavos; pero la casta en conjunto era la poseedora de la comarca, la depositarla de sus únicas tradiciones legítimas, la representante de las virtudes supremas. Era inevitable que la casta se considerara también como el cuerpo político, con exclusión de los demás grupos sociales. Así se conformaron una actitud, primero, y luego, cuando fue necesario un pensamiento político, que obraron a través de los grupos señoriales transformándolos en una fuerza política de derecha, cuando aparecieron enfrente de ellos los grupos so-ciales insurgentes que negaban la inmutabilidad del orden y la legitimidad de una estructura socioeconómica fundada en la desigualdad.

3. El pensamiento político de los grupos señoriales y burgueses desde la Independencia

Tras algunos frustrados intentos, los grupos sociales desposeídos o disconformistas irrumpieron en la vida política —en alguna medida— al producirse los movimientos emancipadores. Algunos de esos grupos los promovieron, reclamando paladinamente una participación política a la que juzgaban tener derecho y que antes les había sido negada; otros, se sumaron a ellos o procuraron aprovecharlos de alguna manera para mejorar su condición. Pero el conjunto de tales acciones pareció amenazar no sólo el orden político tradicional, fundado en la dependencia colonial, sino también el orden social y económico, puesto que era lícito prever que los nuevos grupos incorporados al gobierno —generalmente liberales— infundirían a su acción un sentido más favorable a los intereses de los sectores medios y populares. Hubo, en consecuencia, una vigorosa reacción de los grupos señoriales contra los movimientos emancipadores. Empero, una vez consolidados éstos, los grupos señoriales aceptaron el hecho consumado y siguieron operando dentro del nuevo régimen para conservar o recuperar su ascendiente político y, sobre todo, para defender la estructura socioeconómica tradicional que ellos controlaban. Con respecto a ambos objetivos hubo grados diversos de intensidad en la acción y varia-das actitudes políticas; pero todas ellas configuraron una política de derecha antiliberal con respecto a los grupos que aspiraban a consumar o a extremar los cambios operados.

Al mismo tiempo se constituyó una nueva derecha, liberal, monárquica, o republicana según los casos. Nació el patriciado revolucionario, y su desplazamiento hacia la derecha fue fruto del inevitable descontento que produjeron, en quienes habían desencadenado el cambio, las imprevisibles consecuencias que la dinámica del cambio suscitó. Por eso se caracterizó por su intento de contener el proceso que había lanzado, tratando además de consolidar el nuevo régimen político y económico en beneficio de esa alta burguesía que comenzaba, por cierto, a estrechar sus vínculos con los grupos señoriales, aun cuando algunas diferencias los separaran.

Esos vínculos crearon una superficial identidad entre las dos alas de la derecha, la antiliberal y la liberal. Pero su comportamiento fue distinto, y las perspectivas que cada una de ellas abrió para el futuro, distintas también.

La continuidad de la situación social

Frente a la insurgencia, los grupos señoriales descubrieron diversos peligros. Ante todo, la amenaza de la ruptura de los vínculos de dependencia colonial pareció un cataclismo cuyos resultados serían nefastos, puesto que sustraían al orden vigente sus fundamentos tradicionales y hasta entonces indiscutidos. La reacción se manifestó como un alarde de lealtad respecto a la metrópoli, a la corona, a las instituciones y a los principios del absolutismo, que se creyeron obligados a hacer, antes que nadie, quienes ejercían la autoridad eclesiástica, militar y civil.

En el Río de la Plata, el ex virrey Santiago de Liniers,[13] francés de origen, progresista dentro del sistema colonial y héroe de la resistencia contra los invasores ingleses pocos años antes, encabezó la oposición al movimiento revolucionario de Buenos Aires, declarando que:

…aquel que adhiriese al partido de la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y aprobase la deposición del Virrey y demás que se había hecho, debía ser tenido por un traidor a los intereses de la Nación; que la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria en la crítica situación en que se hallaba por la atroz usurpación de Napoleón, era igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo.

Análoga apelación a la fidelidad debida a España hizo el obispo de Michoacán al fundamentar la excomunión que lanzó contra el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, alzado en armas:[14]

La Nueva España, que había admirado a la Europa por los más brillantes testimonios de lealtad y patriotismo a favor de la Madre Patria, apoyándola y sosteniéndola con sus tesoros, con su opinión y sus escritos, manteniendo la paz y la concordia a pesar de las insidias y tramas del tirano del mundo, se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía, y con todas las desgracias que la siguen y ha sufrido la citada isla de Santo Domingo. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas (no quisiera decirlo), el cura de dolores D. Miguel Hidalgo (que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad), asociado de los capitanes del regimiento de la Reina D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama y D. José Mariano Abasolo, levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas… E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando Vil, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ‘Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Femando VII. Viva la América y muera el mal gobierno’.

Y luego declara:

Que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del canon: siquis, suadente Diabolo… Item declaro que el dicho cura Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo y calumniadores de los europeos… Los europeos no tienen ni pueden tener otros intereses que los mismos que tenéis vosotros los naturales del país, es a saber, auxiliar a la Madre Patria en cuanto se pueda, defender estos dominios de toda invasión extranjera para el soberano que hemos jurado o cualquiera otro de su dinastía bajo el gobierno que le representa según y en la forma que resuelva la nación representada en las cortes que, como se sabe, se están celebrando en Cádiz o Isla de León con los representantes interinos de las Américas, mientras llegan sus propietarios.

Pero estas apelaciones a la lealtad sólo correspondían a uno de los riesgos que se avistaban. Además del peligro de la ruptura del vínculo de dependencia, se advertía que los grupos insurgentes enarbolaban una filosofía política nueva, aprendida en la obra de pensadores a quienes la Revolución Francesa había otorgado siniestra fama a los ojos de los tradicionalistas, y que gozaban de extraordinario prestigio, en cambio, para las nacientes burguesías urbanas y, en general, para los criollos que soñaban con el gobierno propio como instrumento para una política que los libertara de la sumisión. Eran los que creían que los europeos tenían “otros intereses”, según la frase recogida por el obispo de Michoacán. Esos europeos —o los que por solidarizarse con el orden vigente se consideraban europeos— vieron en los movimientos emancipadores no sólo esa intención, sino sobre todo la de instaurar nuevos regímenes de gobierno, fundados en principios que amenazaban no sólo la vida política sino también el orden económico y social. Por eso se opuso al movimiento emancipador el autor de los Recuerdos sobre la rebelión en Caracas, José Domingo Díaz,[15] nacido en esa ciudad, que la execraba por los grupos de insurgentes que habían aparecido en ella. Díaz, escribiendo en 1829, reseñaba la prosperidad de la Venezuela colonial y agregaba luego:

Por desgracia estos mismos bienes trajeron consigo males de unas conse-cuencias incalculables. Se olvidó por los gobernantes el severo cumplimiento de una de las leyes fundamentales de aquellos dominios, prohibitiva de la introducción de extranjeros, y se encontró en la concurrencia mercantil el medio de relajar el de la de los libros prohibidos. La ignorancia, la imprecaución, la malicia o la novelería hacían ver entonces como llenas de sabiduría las producciones de aquella gavilla de sediciosos llamados filósofos, que, abrigados en París como en su principal residencia, había medio siglo que trabajaban sin cesaren llevar al cabo su funesta conjuración: la anarquía del género humano. El mundo entero estaba anegado con estos pestilentes escritos, y ellos también penetraron en Caracas, y en la casa de una de sus principales familias. Allí fue en donde se oyeron por la primera vez los funestos derechos del hombre, y de donde cundieron sordamente por todos los jóvenes de las numerosas ramas de aquella familia. Encantados con el hermoso lenguaje de los conjurados creyeron que la sabiduría era una propiedad exclusiva para ellos. Allí fue y en aquella época cuando se comenzó a preparar, sin prever los resultados, el campo en que algún día había de desarrollar tan funestamente la semilla que sembraban; y entonces fue también cuando las costumbres y la moral de aquella joven generación comenzó a diferir tan esencialmente de las costumbres y la moral de sus padres. Yo era entonces muy niño, condiscípulo y amigo de muchos de ellos: los vi, los oí, y fui testigo de estas verdades.

La Revolución Francesa, sucedida por entonces, fue el triunfo de la conjura-ción, y el resultado de cien años de maquinaciones. Las escandalosas escenas de aquella época llevaron el asombro y el espanto a todos los pueblos del mundo: ate-rraron a los hombres de bien con la imagen de un porvenir inconcebible, y exaltaron las cabezas del necio, del presumido ignorante y del hombre perdido, que creía llegado el momento, o de representar en la sociedad un papel que no le pertenecía por sus vicios o su incapacidad, o de adquirir una fortuna a costa de los demás.

El sentimiento antiliberal, mucho más que el de lealtad a la metrópoli, fue el que movió a ciertos grupos tradicionalistas a oponerse al movimiento emancipador; hasta tal punto que, cuando la metrópoli cedió a la presión de los grupos liberales, los tradicionalistas promovieron la independencia allí donde habían conseguido mantener la sujeción. Tal fue el caso de Nueva España y la capitanía de Guatemala, en donde la independencia fue promovida por la alta jerarquía militar y eclesiástica y los grupos señoriales después de la Revolución de Riego en 1820, que restauró la constitución aprobada por las cortes de Cádiz en 1812; a ella achacaba todos los males de México Lucas Alamán:[16]

La primera desgracia de nuestra Independencia, la causa principal de que no haya producido mejores frutos, no es otra cosa que haber nacido después de publicada y comenzada a ejecutar la constitución española (de 1812). España quedó harto vengada del agravio que recibió con nuestra separación, dejándonos por herencia ese funesto presente.

Caso análogo, en cierta medida, fue el del Brasil, donde la agitación independentista se precipitó con motivo de la Revolución que estalló en Portugal en 1820 —la Revolución de Oporto— y a la que siguieron las Cortes de Lisboa y la nueva legislación liberal. En ambos casos resultaron de las revoluciones americanas dos regímenes monárquicos: el de Iturbide en México y el de Pedro I en el Brasil.

El tumultuoso proceso revolucionario y las crisis civiles que hubo luego en muchos países no fueron, empero, suficientemente profundos como para provocar un cambio en la estructura social y económica: los grupos radicales fueron neutralizados o se abstuvieron por sí mismos de llegar hasta allí. Un ligero examen de la situación durante la segunda mitad del siglo XIX muestra que las condiciones de vida de los esclavos —donde aún existían—, de los libertos, de los indios y de los grupos derivados, así como de vastos sectores de población blanca desposeída y vinculada a la actividad rural, conservaban los mismos rasgos de la época colonial, así como se conservaba el régimen de la tierra. Importantes testimonios son ciertos novelistas de ese período: el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, el guatemalteco José Milla, el ecuatoriano José León Mera, el brasileño José de Alençar, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, pero acaso más que ninguno el colombiano Jorge Isaacs, que ofrece en María un cuadro explícito de la persistencia de la so-ciedad tradicional.

Algo había cambiado, sin embargo. Los grupos señoriales de raíz colonial aceptaron la emancipación como un hecho consumado, y también los regímenes políticos que surgieron de ella; pero trabajaron desde dentro del sistema para influir en él, tratando de recuperar la situación perdida a través de un duelo constante con sus adversarios: esta tensión más que el pleno dominio de antes, caracterizó ahora la situación. Pero, además los grupos señoriales habían comenzado a cambiar de fisonomía. Las revoluciones y las guerras civiles proporcionaron la ocasión para que ascendieran gentes antes desposeídas, mediante la apropiación de tierras, el ejercicio deshonesto del poder o los matrimonios ventajosos. La carrera militar abrió las puertas a muchos mestizos y mulatos que se incorporaron así a las clases ricas, y las actividades comerciales —y en particular el aprovisionamiento de los ejércitos— sirvieron a otros para acumular fortunas que pronto fueron reinvertidas en tierras. Así se modificaron sensiblemente los grupos señoriales. Por su nueva composición se mantuvieron dentro del sistema moviéndose con soltura y eficacia, y por su antigua tradición se constituyeron en la derecha del sistema. Entretanto, aquellas mismas causas habían emancipado en alguna medida a ciertos sectores populares del mundo rural, arrastrados por las levas militares o enganchados en las rebeliones de las aristocracias rurales.

El conjunto social de ese mundo rural quedó alterado por la presencia de estos grupos. Los caracterizó, en el Río de la Plata, Domingo F. Sarmiento en el Facundo[17] con motivo de la secesión de José Artigas; y en Venezuela, Fermín Toro en sus Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1884.[18] En ese ámbito, las actitudes políticas se tornaron fluidas, indefinibles, porque el ámbito social fue hostil a toda regulación. Pero en todo caso, los grupos señoriales, con su cambiante fisonomía, no sólo mantuvieron su posición hegemónica dentro de una estructura económica conservada en lo fundamental, sino que recuperaron su poder político una y otra vez, en juego alterno con otras fuerzas, aprovechando cada oportunidad para robustecer su posición.

La continuidad del pensamiento político

A la continuidad de la situación socioeconómica correspondió una marcada continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales. La tradición hispánica y lusitana ofrecía una imagen armoniosa de la vida política ordenada y estable, cuyos sólidos e indiscutibles fundamentos aseguraban el tranquilo goce de sus bienes a quienes los poseían. Los grupos señoriales mantuvieron como espejo de toda política este cuadro, siempre idealizado, y procuraron corregir el agitado juego de la lucha por el poder imponiendo, cada vez que las circunstancias lo permitían, una pausa asegurada por la vía del autoritarismo. Los viejos y tradicionales grupos señoriales trajeron a este programa a los grupos nuevos surgidos al calor de las luchas revolucionarias y las guerras civiles.

Pero recibieron, además, el apoyo y la solidaridad, no sólo de los grupos populares que se mantuvieron políticamente inertes, sino también de algunos grupos urbanos medios que aspiraban a consolidar las primeras etapas del cambio, a conservar su nuevo status sin más riesgos y a impedir que sucesivas olas de radicalización perjudicasen su posición o alterasen la paz y el orden.

Así, integrados dentro del nuevo régimen y apoyados por grupos de intereses coincidentes en distinta escala, los grupos señoriales constituyeron los partidos conservadores en un sistema que, en principio, se manifestó como bipartidista. Sarmiento explicaba esta mecánica de los partidos en 1845:[19]

Cuando un pueblo entra en Revolución, dos intereses opuestos luchan al principio; el revolucionario y el conservador: entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían, patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos que querrían llevar la Revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones, que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores.

Las divisiones expresaron la oposición entre los que disputaban el poder; pero la oposición entre liberales y conservadores siguió expresando, netamente, una diferenciación ideológica, o, más aún, dos concepciones de la vida y de la historia, como lo expresaría a través de un largo examen pocos años después Juan Montalvo en un agudo ensayo.[20]

Un periódico quiteño[21] definía, en 1868, el pensamiento de los partidos conservadores en estos términos:

El Partido conservador, en las Repúblicas americanas, lo mismo que en las Monarquías europeas, es el partido que sostiene el orden, que predica la paz, que defiende los sacrosantos principios de la justicia y el derecho; en una palabra, que conserva la sociedad en vez de desquiciarla y anarquizarla como sucede cuando se proclama la insuficiencia de las instituciones y se aboga por la dictadura que es la muerte de la República.

La conservación de la sociedad significaba, en general, el mantenimiento de la sociedad vigente. En las elecciones colombianas de 1848, el candidato conservador, “…el doctor Cuervo era reputado como la personificación más completa del sistema que aspiraba a conservar sin cambio el actual orden de cosas”.[22]

Y esta expresión —”orden de cosas” — aludía particularmente a algunas cuestiones fundamentales que los adversarios del conservadurismo cuestionaban.

Ante todo, parecía imprescindible asegurar el mantenimiento de la gran propiedad con todos sus privilegios, entre los cuales figuraba, fuera de los propiamente económicos, una vaga jurisdicción política y administrativa del señor dentro de su propiedad y aun en su zona de influencia, resabio del sistema colonial. Cualquier transformación política, electoral, administrativo o judicial que conspirara contra esa imprecisa jurisdicción señorial repercutía sobre el uso que el señor podía hacer de su propiedad, y suscitaba una enconada resistencia por parte de quienes se sentían amenazados.

Entre tales amenazas, ninguna tan grave como la abolición de la esclavitud. Desde los primeros tiempos de la Independencia, el abolicionismo dividió las opiniones, porque los poseedores de la tierra creyeron que sin esclavos los beneficios de sus explotaciones disminuirían notablemente. Los argumentos en favor del mantenimiento de la esclavitud fueron esgrimidos por los grupos señoriales con habilidad y cierto cinismo. En 1823 mientras se discutía el problema en el Senado chileno, escribía Santiago Muñoz Bezanilla en el periódico santiaguino El Tizón Republicano:[23]

El senado ha sancionado la libertad de los esclavos: deseamos saber las razones en que se funda para disponer de las propiedades particulares, o el derecho que para él se hayan conferido los pueblos que han depositado en él la protección de su seguridad.

Entre atacar el sagrado derecho de propiedad y consultar el alivio de nues-tros semejantes, sólo había el arbitrio que el Congreso adoptó en 1811: éste fue el de la libertad de los vientres; pues el hombre es el príncipe de la naturaleza; y aunque siempre miraremos aquella disposición como dictada por la filantropía y por la primera de las ideas liberales, no dejaremos de decir que padeció de un vicio insondable, como llaman en el foro al hecho vicioso que consta de autos, que es decir indudable, y fue el de no haber antes reglado exactamente el importante ramo de policía.

Muñoz Bezanilla reforzaba sus argumentos a favor de la propiedad privada de los señores esclavistas enumerando los perjuicios que traería a los libertos la falta de protección. Esos y otros argumentos semejantes se esgrimieron también en Colombia en 1849:[24]

Los esclavos, se decía, son una propiedad de los amos, y el legislador no tiene derecho para suprimirla, porque el derecho de propiedad es anterior y superior a la ley: la propiedad es un dogma de las sociedades civilizadas. Si la raza negra no está sometida al trabajo forzado, se entregará a la ociosidad y a los crímenes. No se podrán cultivar las haciendas por falta de trabajadores, La suerte de esa raza será mucho más desgraciada en la libertad, porque no tendrá quien los vista y los mantenga: será una crueldad emanciparlos.

Y tales razonamientos parecían valer aún en las postrimerías del siglo, cuando en el Brasil, Ruy Barbosa los examinó minuciosamente y los condenó en su memorable discurso de 1896, en la muerte de José Bonifacio.[25]

No menos decidida fue la defensa contra la amenaza de cualquier legislación que procurara la liberación del siervo rural. La guerra civil suscitada en México por la Reforma, que halló forma legal en la constitución de 1857, probó la decisión de la clase señorial. Durante las discusiones del Congreso Constituyente de 1856, Ignacio L. Va-llarta,[26] que se opondría a que figuraran las reformas sociales en el texto constitucional, señalaría las formas de la opresión. Decía:

El propietario abusa cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no creados por la ley que representan los valores, cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado, para indemnizar deudas anterio-res; cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; cuando… es muy largo el ca-tálogo de los abusos de la riqueza en la sociedad.

Y los propietarios, con el fuerte apoyo de la Iglesia propietaria, resistieron enérgicamente las medidas reformistas, desencadenando la guerra civil.

Vallarta se opuso sólo por razones técnico-jurídicas a la inclusión de los derechos sociales en la constitución, pero la opinión conservadora se oponía por otras razones; en primer lugar, porque sentía en peligro sus intereses, pero más aún porque no comprendía que pudiera proponerse una legislación que iniciaba o proseguía el camino hacia la disolución de la sociedad fundada en la desigualdad, en cuya legitimidad creía. Esta creencia era muy profunda; arraigaba en la concepción colonial, y se mantenía vigorosa pese a la difusión de las ideas liberales y a la gravitación de principios jurídicos institucionalizados que establecían taxativamente una sociedad igualitaria. Los grupos señoriales permanecían impermeables a ellos, precisamente porque se trataba de una convicción arraigada en una situación social y económica inconmovible.

Quizá ningún teórico político haya expresado esta actitud de manera tan contundente como lo hizo el poeta peruano Felipe Pardo y Aliaga a mediados del siglo XIX, en una poesía que tituló A mi hijo en sus días:[27]

Dichoso, hijo mío,

tú, que veintiún años cumpliste:

dichoso que ya te hiciste

ciudadano del Perú.

Este día suspirado

celebra de buena gana,

y vuelve orondo mañana

a la hacienda y esponjado,

viendo que ya eres igual,

según lo mandan las leyes,

al negro que unce tus bueyes

y al que te riega el maizal.

Y vale la pena citar otra obra del mismo autor, porque perfecciona la imagen que el grupo social que él representaba se hacía de la legitimidad y las ventajas de un sistema político igualitario en una sociedad que juzgaba necesariamente desigual. Decía Pardo y Aliaga en el soneto titulado El Rey Nuestro Señor:[28]

Invención de estrambótico artificio,

existe un rey que por las calles vaga:

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

a la licencia y al motín propicio;

voluntarioso autócrata, que oficio

hace en la tierra, de ominosa plaga:

Príncipe de memoria tan aciaga,

que a nuestro redentor llevó al suplicio.

Sultán que el freno de la ley no sufre

y de cuya injusticia no hay reintegro;

rey por Luzbel ungido con azufre;

Cruza de tres tintas,

indio, blanco y negro,

que rige el continente americano,

y que se llama Pueblo Soberano.

No puede dudarse de que yacía tras esa burla un vigoroso pensamiento político, heredado de los encomenderos.

El pensamiento político de la derecha antiliberal

Incorporados al nuevo régimen suscitado por la Independencia, los grupos señoriales se convirtieron en el núcleo conservador que se dispuso a participar en la vida política para defender y consolidar sus posiciones. La expresión más genuina de su pensamiento estuvo representada por la derecha antiliberal, extremista y fanática, en cuyas ideas pesaba no solamente su tradicionalismo y su predisposición a la conservación del orden, sino también el horror que le causaba la experiencia de los regímenes surgidos del liberalismo o establecidos sobre sus principios. El liberalismo era para ellos ateísmo, caos, desenfreno; era también el signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica. Su reacción fue idéntica a la del romanticismo europeo, y como él creyó en la necesidad y en la posibilidad de una restauración del mundo, que había sido destruido. Este intento restaurador exigió cierto precio, y los grupos señoriales aterrorizados no vacilaron en pagarlo, aun cuando a veces comprobaron después que había sido excesivo.

Entre tantos temores, cada grupo puso el acento sobre el problema que más amenazante le parecía. Hubo numerosos matices en la reacción antiliberal. Pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, esa reacción conducía siempre a la instauración de un poder fuerte, del que se esperaba que operara la soñada restauración del pasado. Ahora bien, el poder fuerte —como los gobiernos europeos de la Restauración— no logró restaurar mucho. Como poder político pactó con las situaciones reales y en cada caso elaboró soluciones transaccionales de diverso alcance. Sólo la tendencia a detener el proceso de cambio fue común a todos, aun cuando en cada caso asumiera caracteres diversos.

Los grupos representativos de la derecha antiliberal actuaron en todos los países latinoamericanos después de la Independencia. Pero su actitud alcanzó singular significación en tres casos que conviene analizar separadamente: el del Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López, el de la Argentina en la época de Rosas y el del Ecuador en la época de García Moreno.

El Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López

El Congreso de 1814 consagró Dictador Supremo de la República del Paraguay al doctor Francia por cinco años; pero en 1816 otro congreso lo proclamó dictador perpetuo. La población de las áreas rurales apoyó una y otra designación, confiada en su capacidad de asegurar el orden. No pareció obstáculo que el doctor Fran-cia fuera notorio volteriano, porque el anhelo de orden fue superior a cualquier otro. Sólo las minorías ilustradas aspiraban a un régimen republicano. Pero “el astuto doctor adulaba la vanidad y estimulaba la codicia de todos ellos —escribe Robertson— El alcalde indio, el pequeño chacarero, el ganadero, el pulpero, el comerciante y el hacendado, todos fueron presas suyas”.[29] Es decir, toda la sociedad tradicional y su vasta clientela. Así fundó su dictadura, que duraría hasta 1840.

El doctor Francia, lector de Voltaire, Rousseau y Volney, y hostil a la tradición jesuítica del Paraguay, se enfrentó con la Iglesia, redujo sus privilegios y sometió a los religiosos a la tutela del Estado. El gobierno —decía con motivo de haber suspendido al obispo— “…no está, ni puede, ni debe estar ligado y ceñido a ninguna de las llamadas prácticas y disposiciones canónicas: siendo y debiendo ser solamente su regla el interés de Estado”.[30]

Pero fue ése el único vestigio de su formación liberal. A la inversa de lo que ocurrió con el movimiento de la Ilustración en España, la religión fue el único campo en el que el doctor Francia adoptó las ideas francesas del siglo XVIII; en los demás se mantuvo adherido al pensamiento tradicional español, y particularmente en el campo po-lítico.

Quizá creyó ser el doctor Francia un déspota ilustrado. Pero los grupos sociales esperaban de él, solamente, que fuera un déspota, con la consigna de impedir que la anarquía predominante en otras regiones de la América española ganara también el Paraguay. autoritarismo y centralización fueron los rasgos fundamentales de su largo gobierno, tan extremados bajo la forma de un poder tiránico que, al fin, también sufrieron sus consecuencias los grandes grupos señoriales. Algunos años después de su muerte decía el presidente Carlos Antonio López refiriéndose al doctor Francia:[31]

Por la concentración desmedida que estableció en la Administración, no había establecimiento ni institución alguna de las que en todas partes del mundo culto sirven de resortes a la Administración y ayudan la acción del Gobierno. Así es que no habían sino meros escribientes, ni se habían podido formar capacidades administrativas, judiciales, policiales, que pudiesen secundar las miras y trabajos del gobierno. No había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y religiosa; había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas y el tiempo había reducido al clero a un número muy diminuto de sacerdotes.

Pero nadie dio una imagen tan exacta de su autoritarismo y de sus designios centralizadores como él mismo, en un oficio que dirigió en 1828 al comandante de Itapúa:[32]

Aquí, cuando recibí este desdichado Gobierno no encontré de cuenta de Tesorería, ni dinero, ni una vara de género, ni armas, ni municiones, ni ninguna clase de auxilios, y no obstante he estado y estoy sosteniendo los crecidos gastos, la provisión y apresto de artículos de guerra que demanda el resguardo y seguridad general a más de costosas obras y faenas a fuerza de arbitrios, de maña, de diligencia aún con otros países, y de un incesante trabajo y desvelo supliendo por oficios y ministerios que otros debían desempeñar en lo civil, en lo militar y hasta en lo mecánico, recargado por todo esto aún de ocupaciones que no me corresponden, ni me eran decentes, todo esto por hallarme en un país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo por sacar al Paraguay de la infelicidad, y abatimiento en que ha estado sumido por tres siglos.

Tenía esta actitud política una finalidad: sustraer el país a la anarquía y asegurar el orden: pero, en rigor, no era una finalidad en sí misma, sino que estaba destinada a servir a otros objetivos fundamentales. El rasgo más característico de la política del doctor Francia fue su etnocentrismo feroz —antecedente de los nacionalismos latinoamericanos—, su vigorosa convicción de que la región —más que el país— poseía una personalidad definida e intransferible que había que conservar en toda su pureza, sobre todo librándola del contacto con las regiones vecinas. Ese etnocentrismo era el de los viejos conquistadores arraigados en la tierra durante tres siglos, con un fuerte sentimiento igualitario, por cierto, pero de todos modos adheridos a una concepción paternalista y a un profundo regionalismo. El doctor Francia aspiró a que el Paraguay se bastara a sí mismo. Su autoritarismo sirvió no sólo para que reinara la paz en las campañas y no se resquebrajara la estructura económica sino también para asegurar los monopolios del Estado para la explotación y comercialización de las riquezas naturales: las “estancias de la Patria” para la producción agraria y las maestranzas del Estado para la producción de artículos manufacturados. Y esta concepción de la vida económica aseguraba la independencia de la región y el mantenimiento de la fisonomía nacional, que tanto irritaba al dictador que no fuera reconocida desde el exterior.

Esta concepción etnocentrista era el fruto de un antiuniversalismo romántico, paradójico en un lector de Voltaire y de Rousseau, y por eso interesó tanto a Carlyle. Pero no era, en rigor, suyo, sino de un grupo social de raíz colonial, y era tan vivo que fue extremado hasta concluir en un enclaustramiento total del país con el que el viejo regalista terminó imitando a los jesuitas.

Decía a uno de los Robertson: “Usted sabe cuál ha sido mi política con respecto al Paraguay; que lo he mantenido en un sistema de incomunicación con las otras provincias de Sudamérica, e incontaminado por aquel malvado e inquieto espíritu de anarquía y Revolución que más o menos ha asolado a todas”.[33]

Pero evitar el espíritu de anarquía y Revolución suprimió hasta la raíz todos los derechos individuales que pregonaba el liberalismo, las formas de vida política y económica, la educación, el juego de las ideas. ¿Cuál era, el orden que quería asegurar? Un orden anterior a la Revolución, y que no podía quebrarse sino al precio de caer even-tualmente en la anarquía, o sea el orden social y económico de la Colonia. Por eso se le opusieron en un principio los grupos ilustrados, especialmente de Asunción. Pero su impotencia fue total, y el doctor Francia extremó el sistema sin oposición, sobrepasando, sin duda, los límites deseados por los mismos grupos que lo impulsaron y sos-tuvieron.

A la muerte del doctor Francia la dictadura subsistió, aunque Carlos Antonio López se manifestara un poco más progresista y menos violento. Estaba, sin embargo, persuadido de la necesidad de perpetuar el gobierno fuerte sin extender las libertades. Hacia 1861 el periódico oficial de Asunción, El Semanario, inició una campaña en favor de la monarquía, expresando en uno de los artículos en que se refería a los países sudamericanos: “Pueblos educados por la monarquía y para la monarquía, no han podido acostumbrarse a las formas republicanas, porque cada una de las páginas de su historia envuelve una elocuente protesta contra este género de gobierno”.[34]

Su hijo y sucesor, Francisco Solano López, recogió y maduró la idea. Sus modelos fueron la corte de Río de Janeiro, donde pensaba encontrar esposa en la familia imperial, y la corte de Napoleón III, cuyo lujo lo fascinaba.

Pero de ninguna manera se disponía a establecer una monarquía parlamentaria, sino absoluta y apoyada en una vigorosa fuerza militar. Pese a algunos signos de progresismo, su gobierno mantuvo en la política interna la misma orientación de los anteriores tanto en lo referente a las libertades como al ordenamiento económico y social.

b. La Argentina en la época de Rosas

A diferencia del doctor Francia, Rosas no apareció en el escenario político argentino sino veinte años después de la Revolución, cuando ya se había consumado la disgregación de lo que fuera el antiguo virreinato del Río de la Plata y cada región había alcanzado de hecho una casi total autonomía.

La provincia de Buenos Aires era, sin duda, la más rica y la mejor situada, puesto que poseía un puerto y una aduana que recogía los beneficios de toda la riqueza del país. Allí surgió Rosas como gobernador en 1829, ejerció el poder durante tres años, y después de un intervalo fue reelegido en 1835 con “la suma del poder público”, que ejerció hasta su derrota en la batalla de Caseros en 1852.

Rosas era un típico estanciero. Lo que esto significaba lo explicó en 1845 Sarmiento en Facundo,[35] en un texto que ofrece todos los elementos necesarios para un análisis social:

Rosas desciende de una familia perseguida por goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años; el silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidum-bre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y eso se ha reproducido en D. Juan Manuel y dos de sus hermanas.

Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia, y su padre lo destierra a una estancia. Rosas con cortos intervalos ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de treinta años; y ya en el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban, en materia de arreglos de estancias.

Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina, sospecho que de toda la tierra: porque ni un equitador, ni un árabe tienen que habérselas con el potro salvaje de la Pampa. Es un prodigio de actividad; sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la Pampa, lanzar gritos descompasados, rodar, hasta que al fin extenuado el caballo, sudado a mares vuelve él a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo… Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de siembra de leguas de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso, y sobre todo por la administración severa, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno, que ensayará más tarde para la ciudad misma… La autoridad ante todo: el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo; diez años estará en Buenos Aires y en toda la República haciendo azotar y degollar hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo, como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás, en cada comunicación oficial: ¡Mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios!, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa.

¿Dónde pues ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su Gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia, y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco: pero esta idea me domina hace tiempo: en la Estancia de Ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos: la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el degüello, a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campaña; la prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerrándolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta prolijidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a D. Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones, y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra; muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso, su manejo de una estancia, sus prácticas y administración, con el Gobierno, prácticas y administración de Rosas: hasta su respeto de. entonces por la propiedad, es efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respe-taba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable sin duda; yo sólo explico el origen de la antipatía.

Aun restando de esta descripción el apasionamiento que pueda haber puesto el polemista, quedan inequívocamente puntualizados en ella algunos de los caracteres fundamentales del régimen de Rosas. Todo su sistema de ideas derivó no sólo de su tradición señorial sino también de su inconmovible adhesión a los valores que esa tra-dición entrañaba y de su innata aversión a los principios del liberalismo. Creyó, como el doctor Francia, que la comunidad no debía albergar sino a los que compartían los sentimientos y las ideas tradicionales; y uno y otro creyeron que la proscripción de los adversarios era justa y lógica. Hubiera podido decir como el doctor Francia;[36] “Yo no llamo ni reputo paisanos a unos infames que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su patria..”., aun olvidando que la condición para permanecer era la sujeción y el conformismo.

Pero el respeto a los principios del derecho natural —al que solía apelar— o la consideración a los derechos individuales que el pensamiento liberal consagraba, parecíanle menos importantes que la defensa del patrimonio y del orden tradicional. Fue visible su desprecio por los hombres ilustrados de las ciudades y por sus ideas de origen europeo, como fue visible su adhesión a las formas de la vida criolla, a las normas y a los valores que ella entrañaba. Esta adhesión significaba —como lo destaca Sarmiento— una concepción autoritaria de la vida pública, y tal fue el rasgo predominante de su pensamiento y de su comportamiento político.

Rosas resumió sus opiniones sobre la acción de los regímenes liberales en unas pocas líneas de una famosa carta escrita a Juan Facundo Quiroga, en la que decía:[37]

Obsérvese que al haber predominado en el país una fracción que se hacía sorda al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los medios y recursos que teníamos para proveer a ella, porque ha incitado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque; los intereses particulares, propagando la inmoralidad y la intriga, y fraccionando en bandos de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de ningún vínculo, extendiéndose su furor a romper hasta el más sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los demás, cual es el de la religión; y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones, para entablar después un sistema general que lo abarque todo.

Rosas advertía sagazmente que el individualismo liberal rompía los vínculos de la vieja sociedad dual y paternalista; que la libertad de opinión creaba sectores politizados que progresivamente afirmaban sus derechos frente a las viejas estructuras de poder; que la libertad de conciencia debilitaba, no tanto el sentimiento religioso, sino la influencia paternalista de la Iglesia. Una de las armas políticas más afiladas que usaron sus partidarios contra los grupos liberales fue la acusación de ateísmo. Así los definía el cura párroco de la Iglesia porteña de San Nicolás, en unas décimas recitadas en una fiesta popular:[38]

Ellos son incendiarios,

De corazón asesinos,

De religión libertinos,

Herejes que han blasfemado

De lo más santo y sagrado

De nuestro culto divino.

Pero acaso lo que definió más claramente el pensamiento político de Rosas fue su resistencia a aplicar las concepciones iluministas a la organización del país. Hostil al racionalismo y a toda la filosofía política del siglo XVIII, sostuvo que la organización constitucional no era una solución eficaz —y menos la solución necesaria— para fijar el orden nacional. Sostuvo que la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias. Decía Rosas, en unas instrucciones que comunicaba a Quiroga:[39]

…el señor Quiroga debe aprovechar las oportunidades de hacer entender por todos los pueblos de su tránsito que el progreso es de desear que cuanto más antes pueda celebrarse; pero que al presente es en vano clamar por congreso y por constitución bajo el sistema federal, mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás. Porque en este sistema el gobierno federal no se une sino que se sostiene por la unión, representando en este estado los pueblos que componen la república para con las demás naciones; tampoco decide las diferencias de unos pueblos con otros sino que se reducen sus funciones a hacer cumplir los pactos generales de la federación, a cuidar de la defensa de toda la república, y dirigir sus negocios e intereses ge-nerales en relación con los de otros estados, pues para los casos de discordia entre dos provincias la constitución suele tener acordado un modo particular de decidirlas, cuando los contendientes no lo arbitran con su mutuo consentimiento.

Era, en el fondo, una concepción nacida de las ideas del romanticismo social; pero era, por eso mismo, una concepción propia de los grupos señoriales, aferrados a la realidad y reacios a su transformación. Representante y miembro eminente del grupo de estancieros que obtenía pingües ganancias con la preparación y exportación de carne salada, Rosas impidió la modernización de las explotaciones agropecuarias y se opuso a la formación de una burguesía urbana. Más consecuente que el doctor Francia, su polí-tica económica coincidió con su formación intelectual y con sus tradiciones sociales.

c. El Ecuador en la época de García Moreno

Dueño del poder desde 1861 hasta su violenta muerte en 1875, García Moreno gobernó el Ecuador dictatorialmente. Como Rosas y Francia, vivió obsesionado por el fantasma de la anarquía, y culpó de ella a las libertades que ofrecía y proporcionaba el régimen liberal. Pero, a diferencia del segundo, fue consecuente con sus principios ideológicos, recibidos de De Maistre, de Donoso Cortés y, sobre todo, de los sacerdotes jesuitas que fueron sus confidentes, sus instrumentos y sus consejeros: y a diferencia de los dos se preocupó por estimular ciertas formas de desarrollo económico moderno.

García Moreno poseía una vigorosa formación científica. Había estudiado química y geología y le apasionaba la investigación de la naturaleza. De esos principios de su formación intelectual derivó su preocupación por la difusión de la enseñanza, y especialmente la enseñanza científica. Creó la Escuela Politécnica, fundó laboratorios, colecciones de ciencias naturales, un observatorio; y sacudiendo la modorra tradicional, levantó edificios públicos y, sobre todo, construyó carreteras y caminos. Pero, al mismo tiempo, su formación católica y política lo llevó a la posición más extrema en la lucha contra el liberalismo, en una década —la del sesenta— en que se habían visto muchos excesos y en la que aparecería el Syllabus. En el discurso que pronunció después de jurar como presidente en 1869 se preguntaba:[40] “¿Cómo gobernar donde gobernar es combatir? ¿Cómo asegurar la civilización y el progreso a pesar de los que desean el desorden para medrar, porque saben que cuando el agua se revuelve el cieno es el que sube?”

Civilización y progreso son palabras que no pertenecieron ni al léxico de Francia ni al de Rosas. Pero García Moreno las usó, creía en sus contenidos y procuró que inspiraran su acción de gobierno. Dentro de estrechos límites, sin embargo. No creía que el progreso supusiera la modificación de la estructura agraria tradicional, y quienes lo empujaran hacia el poder, confiaban en el para que evitara las transformaciones que en la vecina Colombia, por ejemplo, había traído la legislación liberal. Tampoco creía que el progreso y la civilización requiriera o entrañara un régimen de libertades públicas. Por lo contrario, creía que no hay progreso sino dentro de un orden estricto, y en eso coincidía con el vigoroso sector señorial que exigía seguridad y estabilidad, con o sin progreso, y también con amplias capas de población conservadora, educadas bajo la influencia de la poderosa Iglesia Católica. Juan León Mera, el novelista autor de Cumandá y colaborador de García Moreno, a quien dedicó un en-cendido panegírico,[41] explicaba su posición política y su adhesión a las doctrinas conservadoras:[42]

Yo soy católico, no porque mis padres tuvieron la dicha de serlo, sino por el profundo convencimiento que tengo de la bondad y verdad del catolicismo. En cuanto a mis principios políticos; he aceptado los conservadores después del más duro examen, de haber visto que son los que más armonizan con los católicos… Y no porque soy católico y conservador… dejo de ser fervoroso republicano, amante y defensor de toda libertad pública bien entendida.

García Moreno expresó este sentimiento muy generalizado en una sociedad de la que se decía que, tras la Independencia, se había constituido en un convento, en tanto que la sociedad colombiana se había constituido en un colegio y la venezolana en un cuartel. Fue esa sociedad la que consagró constitucionalmente, una y otra vez, un tipo de poder ejecutivo en extremo vigoroso, que Juan Montalvo caracterizaba así:[43]

El presidente del Ecuador no es hombre como cualquiera; las leyes le dan cien ojos: es un Argos; las leyes le dan cien brazos: es un Briareo. Gigante en todo caso, a quien invisten de su fuerza todos los poderes, despojándose ellos mismos; a quienes amayoran los ciudadanos, menoscabando su propia elevación, para vol-verle hijo de la Tierra. Como tiene cien ojos, todo lo ve, todo lo sabe el presidente. Las paredes han de conservar sus mechinales por donde él meta un ojo averiguador y siniestro: conciencia, honra, amor son contrabandistas: allí les tema infraganti, y da con ellos en la casa del dolor, ésa que él ha levantado amasando los sesos de sus hermanos con lágrimas y sangre: argamasa a prueba de pico, secreto horrible descubierto por un operario del demonio.

En nombre del rey, en nombre de la ley, el presidente puede echar puertas abajo, y las echa. Si hay quien resista, ¡eh de mi guardia! llegan alabarderos y ma-ceras, y allí fue una familia. Tiene derecho de allanamiento. Para él lo sagrado del hogar doméstico es profano: entra a cualquier hora, sorprende a la doncella a medio vestir, pasa por sobre los niños, remueve, levanta las cenizas del fogón dormido. Los dioses lares son jocós y babuinos: ¡fuego sobre ellos! Y el templo, el templo de la pudicia femenina que en Roma era el más santo e inviolable, no alcanza más respeto que una casa de mancebía. El candado es el sello de la conspiración: puerta cerrada, puerta criminal: ¿no quiere romperse? ¡por las ventanas! ¡Arriba, valientes! El gobierno es un héroe; corona los balcones: extiende el brazo, vuelan las vidrieras. ¿Dónde están los traidores? ¿dónde los bandidos? Ni el lecho, ese mueble respetable donde se refugia la vergüenza, goza de fuero alguno contra la investigación impía que descubre secretos y desgracias, estos genios del traspatio que suelen dejarse estar en un rincón enfermos y abatidos. El presidente tiene derecho de allanamiento: debe saberlo, debe constarle todo, para castigar, para escarmentar, para exterminar. El presidente tiene derecho de exterminio. Los hombres, como no sean de los suyos, todos son proscritos: ¿les hallaron? a la plaza, donde les den azotes, o les vuelen la tapa de los sesos.

García Moreno ejerció ese poder sin vacilaciones. Pero aun así creyó que era necesario reforzar las disposiciones sobre el estado de sitio, argumentando vehementemente:[44]

Existe en las repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos, por desgracia, ciertos hombres a quienes debe lla-marse especuladores revolucionarios, por el propósito de hacer fortuna en las revo-luciones, y es indispensable contenerlos por el temor del castigo. Para evitar que se derrame sangre, es preciso armar al poder; la compasión por los criminales es la mayor crueldad contra los ciudadanos honrados y pacíficos, se ha visto la insufi-ciencia de las leyes comunes para contener los trastornos y se quiere todavía tener inerme al poder, en favor de los que atacan y hacen derramar sangre.

Ninguna de las libertades individuales subsistió, y todo fue sacrificado a la vigencia del orden, que era no sólo orden político sino también estabilidad social. Para consolidarlo, era necesario proveerlo de un fundamento inamovible, y apelando a la tradición hispanocolonial, se le dio un fundamento religioso en términos nunca alcanzados en otro país latinoamericano. La constitución de 1869 estableció en su artículo primero que “para ser ciudadano se requiere ser católico”; y en otro, que “la religión de la República es Católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Pero aún así no pareció suficiente. García Moreno, provisto de todas las armas legales para ejercer un poder omnímodo, inflexible en la ejecución de sus designios, implacable en la represión de todas las libertades políticas y civiles proclamadas por el liberalismo, creyó necesario fortalecer todavía más la estructura que inmovilizaba al país, a pesar del aparato técnico que se creaba. García Moreno asumió la defensa del Syllabus y el compromiso de dar cumplimiento a sus prescripciones; asumió la defensa de la Santa Sede, protestando ante el gobierno de Italia por la ocupación del Estado Pontificio; y en 1873 la legislatura consagró el Corazón de Jesús como patrón y protector de la nación.

Así se fue consolidando un Estado teocrático, montado para reprimir todo vestigio del espíritu liberal que había animado los primeros movimientos revolucionarios de Quito y Guayaquil, y prosperado con Rocafuerte y Urbina. Es sabido que Juan Montal- vo dijo, al tener noticia del asesinato de García Moreno: “Mi pluma lo mató”. Y aunque no fuera totalmente cierto, el anhelo de la restauración de las libertades civiles y políticas, que Montalvo defendía incansablemente, fue sin duda lo que movió el brazo de los homicidas.

El pensamiento político de la derecha liberal

La perspectiva abierta por la coyuntura favorable incorporó a la Revolución grupos diversos, de variadas predisposiciones y tendencias. Podría decirse que todos compartían en alguna medida los principios fundamentales del pensamiento iluminista de la filosofía política francesa del siglo XVIII. Pero en el curso del proceso revolu-cionario algunos grupos precisaron y defendieron convicciones muy moderadas, y constituyeron el núcleo de la derecha liberal. Se aglutinaron a su alrededor otros sectores que, habiendo sostenido posiciones más avanzadas, comenzaron a desplazarse hacia posturas menos aventuradas: unos porque consideraban haber logrado los fi – nes que se habían propuesto y querían consolidarlos, y acaso consolidar sus nuevas posiciones individuales; otros porque la experiencia del proceso revolucionario los había fatigado y buscaban poner fin a la fluidez de la situación introduciendo un principio de orden.

Esta derecha liberal vaciló entre la forma monárquica de gobierno y la forma republicana. Pero los matices eran muy tenues. En ambos casos se buscó fortalecer el poder político, y las diferencias se plantearon alrededor del problema del origen de la soberanía. No hay duda, sin embargo, de que quienes prefirieron la forma republicana, aun bajo su variante más autoritaria, demostraron mayor predisposición a un tránsito futuro hacia regímenes más liberales.

El pensamiento monárquico liberal

Bajo la influencia del modelo francés, pero sin duda porque los grupos rebeldes deseaban fervientemente encontrar una manera de consolidar el movimiento desencadenado. Haití creó un imperio mediante la constitución de 1805 y luego una monarquía en 1811, ambos efímeros. Sus sostenedores enfrentaron otros grupos republi-canos de un liberalismo más avanzado y consecuente, y propusieron la vigencia de la estructura militar para la administración del país.[45]

En México, tras el fracaso de Hidalgo y de Morelos. sólo se volvió a la idea de la independencia tras la Revolución de Riego en España. Esta vez fueron los grupos más conservadores quienes la promovieron. El Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821 por Iturbide. contenía “tres garantías” fundamentales: la conservación de la religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna, la Independencia bajo un régimen monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos. En defensa de su punto de vista monárquico. Iturbide declaró:[46] “Las desgracias y el tiempo liarán conocer a mis paisanos lo que les falta para poder establecer una república como la de los Estados Unidos”.

Y sobre la base de estas ideas liberales se instauró su efímera monarquía.

Un representante típico de la derecha antiliberal, Lucas Alamán, que escribía algunos años después, observaba que Iturbide creyó prudente atender a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando “la forma de gobierno a que la nación estaba acostumbrada”: y agregaba:[47]

Por haberse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la Independencia las teorías liberales más exageradas, se ha dado lugar a todas las desgracias que han caído de golpe sobre los países hispanoamericanos, las cuales han frustrado las ventajas que la Independencia debía haberles procurado, siendo muy de notar que los dos hombres superiores que la América española ha producido en la serie de tantas revoluciones, Iturbide y Bolívar, hayan coincidido en la misma idea, levantando el primero en su Plan de Iguala un trono en México para la familia reinante en España, e intentando el segundo llamar a la de Orleáns a ocupar el que quería erigir en Colombia.

Fundada en la fuerza militar y en el apoyo de los sectores más conservadores, la monarquía moderada de Iturbide no pudo resistir a los embates de grupos ligeramente más avanzados, cuya posición aseguraba un equilibrio más estable entre los diversos sectores en pugna. Quizá, la explicación más exacta del fracaso monárquico esté en las palabras que Bolívar escribió a Santander en setiembre de 1822:[48]

…creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de Méjico; pero a costa de la tranquilidad y aun de la dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento, porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador, que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En Méjico se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que libertar los campos de la monarquía.

Parece lícito interpretar que los “realistas” eran grupos de tradición señorial y monopolista y vehementemente antiliberales.

Razones semejantes a las que en México movieran a tales grupos, impulsaron a los moderados del Brasil a proclamar la Independencia y a organizar luego un régimen monárquico constitucional. Consumada la proclamación y convocada la Asamblea General Constituyente en mayo de 1823, se advirtió que la fórmula política hallada, satisfactoria para los grupos tradicionales, provocaba la irritación de sectores liberales que señalaron los peligros que la fórmula entrañaba y las aspiraciones que la fórmula no contemplaba: “antilusitanismo, restricción del poder personal del Soberano, libertades civiles amenazadas, conciliación del principio monárquico con el democrático y por eso hostilidad al grupo conservador y portugués que rodeaba a D. Pedro I”, según señala Pedro Calmón.[49]

El cuadro se completó con la Revolución de Pernambuco de 1824. Pero el nuevo Imperio sorteó las dificultades y se situó en un punto de equilibrio que resultó justo. El régimen se consolidó y su teoría fue explicada por el propio emperador en un proyecto elaborado por él o por sus colaboradores inmediatos en 1823 en el que se declaraba:[50]

Todos los publicistas de más crédito en Europa reconocen como una verdad indestructible en política que el sistema monárquico constitucional es el único que se debe adoptar en un gran Estado como el Brasil cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no estuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad.

El Imperio debía funcionar, en cuanto a las formas, como una democracia parlamentaria; en la práctica, sin embargo, expresaba la voluntad y los intereses de un sector relativamente reducido de la población, que, en efecto, gozaba de la posibilidad de canalizar políticamente sus designios. Por sobre el sistema de los poderes flotaba el poder del emperador, institucionalizado de una manera singular, según lo estableció el artículo 98 de la constitución de 1824, que —como dice Oliveira Torres— “parece una fórmula doctrinaria, pero es un mandamiento expreso del legislador constitucional al monarca en el ejercicio de su noble oficio de reinar”.[51]

El artículo expresa: “El Poder Moderador es la clave de toda la organización política, y es delegado privativamente al Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su primer representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la independencia, equilibrio y armonía de los demás poderes políticos”.

Colocada fuera del ancho campo de las actividades políticas, la monarquía parecía asegurar un fundamento inconmovible a las nuevas naciones, montadas sobre viejas estructuras sociales y económicas que, de esa manera, salvaban su existencia y se sustraían a las luchas.

En el Río de la Plata, la profunda crisis que siguió a la Independencia desalentó a los tímidos partidarios de la organización republicana y liberal y robusteció las convicciones de quienes tenían, por tradición y formación, opiniones favorables a la monarquía moderada. Desencadenadas las luchas entre las regiones del antiguo virrei-nato, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, liberales insospechables y originariamente republicanos, se manifestaron favorables a la instauración de una monarquía que pusiera fin a la disgregación, contuviera el senti-miento federalista y asegurara el orden interno. Esta idea fue sostenida con mucha vehemencia por José de San Martín y Carlos de Alvear, militares ambos de formación liberal incuestionable, pero monárquicos seguramente por tradición y autoritarios por su concepción profesional.

En 1815 escribía Carlos de Alvear:[52] “Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía”.

Y San Martín se preguntaba al año siguiente:[53] “¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil…; sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos?”

La solución que ambos buscaban no fue alcanzada en el Río de la Plata. Pese a ello, San Martín perseveró en su convicción y se propuso formalmente instaurar una monarquía en el Perú, coincidiendo con Bernardo Monteagudo, antes inflamado republicano. Una misión diplomática debía buscar un monarca en Europa; ajustándose a instrucciones precisas cuyo primer punto establecía:[54]

Para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este estado adquiera la respetabilidad exterior de que es susceptible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia, y la alianza o protección de una de las potencias de primer orden de Europa. La Gran Bretaña por su poder marítimo, sus créditos y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo un carácter más atractivo que las demás: están por consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex-Cobourg, o en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bretaña pase a coronarse emperador del Perú.

Por análogas razones surgieron sospechas de que Bolívar, pese a sus categóricas opiniones anteriores, comenzaba a deslizarse hacia la aceptación de la solución monárquica. De todos modos, el límite que separa un régimen monárquico del sistema republicano instaurado en la constitución boliviana de 1826 es casi imperceptible, como era tenue, efectivamente, la diferencia que percibían entre la monarquía y la república todos los que, habiendo tenido una formación liberal, se sentían empujados por la experiencia a una corrección de sus puntos de vista.

Razones semejantes, también, aunque más relacionadas con las ambiciones personales, pudieron nutrir ciertas tendencias monárquicas, más o menos ocultas, en los generales de Bolívar: Paéz, Flores y Mosquera. Hacia 1846 creció la sospecha de que acariciaban la intención de volcarse hacia la monarquía. Se recordaba que Páez había insistido ante Bolívar para que aceptase la corona, y que Mosquera se había manifestado partidario entusiasta, en 1826, de que Bolívar asumiera la dictadura absoluta y vitalicia. Pero lo indudable es que Flores gestionó en España, en 1846, la creación de una mo-narquía en el Ecuador, y obtuvo la promesa de que aceptaría el trono un príncipe español.

Hasta entonces las tendencias monárquicas respondían a los modelos de monarquía constitucional o parlamentaria que sedujeron a los liberales de principio de siglo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX esas tendencias se renovaron bajo la influencia del modelo de la monarquía burguesa que erigieron en Francia Luis Felipe y Napoleón III.

Frente al avance de las reformas sociales y políticas que triunfaron hacia 1857 en México, fuertes sectores tradicionales volvieron a acariciar la idea de instaurar un poder fuerte, apoyado no sólo en las fuerzas militares que respondieran a esos sectores, sino también en las fuerzas de ocupación que pudiera enviar alguna potencia extranjera, en defensa de la hegemonía de la Iglesia y de la tradicional estructura social. El proyecto tuvo éxito y así se instauró el imperio con Maximiliano. Las ideas políticas de los militares y de los grupos señoriales que lo apoyaron se relacionaban básicamente con una denodada defensa de la situación tradicional, amenazada, sobre todo, por una política de liberación de los indígenas y de restricciones a la hegemonía de la Iglesia. Pero el imperio fracasó, no sólo frente a la obstinación de Juárez y sus partidarios, sino a causa de la limitación del apoyo militar de las potencias europeas, cada vez menos predispuestas a las intervenciones políticas cuando aparecía la posibilidad de operar sobre su periferia mediante los mecanismos económicos.

Tres años antes de la coronación de Maximiliano: en México, en 1861, el presidente del Ecuador, García Moreno, solicitó por su parte a Napoleón III el establecimiento de una monarquía en Sud- américa, que no sólo incluiría el Ecuador sino también el Perú y acaso otros países, “bajo un príncipe designado por Su Majestad el Emperador”,[55] con cuya garantía pensaba organizar el orden interno del país.

El vasto esfuerzo para erigir regímenes monárquicos fracasó en todas partes, como concluyó finalmente, después de casi sesenta años, el régimen instaurado en el Brasil. La definida fisonomía institucional de la monarquía parecía ofrecer, por sí sola, una garantía de estabilidad; pero la sociedad latinoamericana no respondió a ese es-tímulo. Fue, pues, el monarquismo liberal un espejismo, alimentado por quienes consideraban que era posible; en América latina, detener el vigoroso cambio que habían suscitado sucesivamente el mercantilismo y la Revolución industrial por la sola fuerza de un mecanismo institucional.

El pensamiento republicano autoritario

El republicanismo autoritario fue la inversa del monarquismo liberal. Sus sostenedores comprendieron que el problema del origen de la soberanía —cualesquiera que fueran los términos en que se lo formularan los distintos grupos sociales— no podía plantearse en América, en los albores de la Independencia, como una enajenación gratuita en beneficio de una dinastía europea o de cualquier general afortunado. Los grupos populares y burgueses que promovieron y sostuvieron los movimientos revolucionarios pudieron disentir en cuanto al significado y contenido de la palabra democracia, o en cuanto al alcance y al valor de las ideas liberales; pero es innegable que los grupos regionales tuvieron la intuición profunda de que recuperaban o conquistaban la soberanía para decidir lo que quisiesen con respecto a su destino. La enajenación de la soberanía en beneficio de una organización monárquica repugnaba en el fondo a todos los grupos liberales, excepto a los más conservadores, y no fue suficiente para hacerla aceptable ningún adjetivo que la transformara en templada, constitucional, parlamentaria o moderada. El doctor Francia, en el Paraguay, y José G. Artigas en el Uruguay, fueron los exponentes más representativos de este sentimiento de repugnancia frente a cualquier intento de renunciar a la soberanía popular.

Sensibles a esta reacción, otros grupos conservadores buscaron la instauración de regímenes autoritarios —tan vigorosos como podía serlo la monarquía misma o quizá más— pero asumiendo la forma republicana, que suponía el mantenimiento de la soberanía popular, quizá temporalmente bajo tutela, pero dentro de un sistema que no implicaba una delegación y la hacía siempre reivindicable.

Estas ideas habían sido sostenidas vehementemente por Bolívar. Sin duda pensaba él que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra constituía el más perfecto de los sistemas políticos posibles en la época; pero un análisis de la situación imperante en el mundo hispanoamericano le aconsejaba, según sus puntos de vista, desecharlo. Otras razones fortalecían, además, su opinión de que la monarquía era inconveniente en América; y resumiéndolas, escribía en 1815, en la Carta de Jamaica:[56] “Por estas razones pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa“.

Pero de modo más vehemente aún rechazaba Bolívar una organización republicana en la que prevaleciera una “libertad ilimitada” y una “forma federal”.[57] Su concepción política quedó señalada ya en la citada Carta de Jamaica, donde decía, refiriéndose al régimen que entreveía para el futuro:[58]

Su gobierno podrá imitar al inglés: con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempes-tades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios.

Quedó expresada en ese pasaje su preferencia por dos instituciones fundamentales que revelaban las tendencias de su pensamiento político, y que hicieron suponer que acariciaba ocultamente ideas monárquicas: el senado hereditario y el poder ejecutivo vitalicio. Sus adversarios juzgaron, sin duda con algún fundamento, que dentro del cuadro de las ideas liberales, Bolívar había adoptado una posición de derecha y por eso lo consideraron inspirador del que luego sería el partido conservador.

En el discurso de Angostura[59] caracterizó Bolívar las ventajas del senado hereditario:

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades polí-ticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go-bierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magis-trados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses, y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios: el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido, y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.

Los peligros que significaba la constante renovación de las aspiraciones populares se conjugaban, en su opinión, con las pretensiones del poder legislativo, necesariamente sensible a la presión de sus mandantes para limitar las facultades del poder ejecutivo. Era, pues, necesario a sus ojos que dispusiera éste de todos los instrumentos necesarios para evitar los peligros de la anarquía, y que tuviera la estabilidad necesaria para enfrentar al pueblo. Decía en el discurso de Angostura:[60]

Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la ne-cesidad de atribuir a un Magistrado Republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.

Un Magistrado Republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del Pueblo hacia la licencia, la propensión de los Jueces y administradores hacia el abuso de las Leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al Pueblo; es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses, y de las pasiones del Estado social, que como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de sustraerse a la dominación. Es al fin un atleta lanzado contra multitud de atletas.

Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de una República. Si no se oponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del Gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía.

>Así quedó constituido el modelo del Estado republicano autoritario, que consagró en lo fundamental la constitución boliviana de 1826, elaborada por el propio Bolívar. El fundamento de la soberanía popular quedaba salvado, los principios de la división de poderes respetados, las libertades individuales consagradas, pero el poder político podía regular las presiones de los distintos grupos políticos y prevenir los riesgos de la tan temida anarquía, que no solía ser sino el fruto de las tensiones sociales, en busca de un nuevo equilibrio.

Como en el caso boliviano, los jefes militares que en otros países llegaron al poder y mantuvieron las preferencias republicanas y los principios institucionales de Bolívar, pugnaron siempre por fundar su autoritarismo espontáneo en prescripciones constitucionales. Los grupos liberales se opusieron sistemáticamente, y acaso podría de-cirse que así se definieron las diferencias entre los partidos conservadores y los partidos liberales de allí en adelante. Pero, aun violando las instituciones, las dictaduras militares ejercieron de hecho un tipo de poder, que correspondía al mismo esquema. Pocos testimonios tan ilustrativos como el de la señora de Francés Erskine Inglis de Calderón de la Barca,[61] esposa del primer ministro plenipotenciario que España envió a México, y que ha dejado un vivo y minucioso relato del golpe militar encabezado en 1849 por el general Santa Anna. Una sabia retórica republicana y liberal encubría el establecimiento de un poder fuerte sin otras limitaciones que las que impusieran los grupos de poder, cuyos portavoces eran los mismos que se hubieran sentado en los parlamentos que se hubieran reunido.

Pero Bolívar no quiso la dictadura sino el poder constitucional fuerte. Ese esquema no fue desdeñado por los liberales, muchos de los cuales, llegados al gobierno, adoptaron un estilo autoritario aun cuando su política estuviera destinada a instaurar los principios del liberalismo. Tal fue el caso de Rocafuerte en el Ecuador, de Castilla en el Perú, de Mosquera en Colombia y, más tarde, de Barrios en Guatemala. Para sobreponerse a la fuerza de los grupos conservadores y, especialmente, a la de la Iglesia, apelaron todos ellos a procedimientos considerados a veces dictatoriales, y sus gobiernos, en efecto, fueron juzgados como dictaduras más de una vez, y acaso con bastante fundamento. No se sabría decir categóricamente, y sin establecer muchos matices, si fueron éstos, gobiernos de derecha, aun cuando les corresponda esta caracterización por el tipo de comportamiento político, puesto que, por lo contrario, se mostraron favorables a la promoción de cambios económicos y sociales.

No menos dudas suscita el diagnóstico del más notable y conflictivo caso de republicanismo autoritario: el de Chile durante la época de Diego Portales, que fue considerado por sus contemporáneos como ejemplo de gobierno conservador y adoptado como modelo por muchos regímenes conservadores latinoamericanos.

Escribiendo veintiséis años después de su asesinato, su biógrafo Vicuña Mackenna[62] —un liberal— se preguntaba cuáles habían sido realmente las tendencias políticas de Portales, refiriéndolas a los dos partidos clásicos, conservadores y liberales, que él designaba con sus nombres populares de pelucones y pipiolos:

Y aquí salta a la vista una cuestión de lógica histórica, más bien que de tradición, porque el escritor crítico se pregunta, delante de los singulares y marcados contrastes de aquella rara existencia, cuál fue su verdadero carácter político, aparte de círculos y afecciones puramente personales. Y en verdad, aunque la tradición vulgar esté en esta parte completamente sancionada. la historia todavía duda. ¿Fue Portal es pelucón? ¿Fue pipiolo? He aquí el dilema que chocará a los unos como blasfemia y a otros como una cruel ironía.

Don Diego Portales, es verdad, tuvo por aliado el bando histórico llamado de los pelucones, pero nunca fue su caudillo. Fuéronlo de aquél, a la vez, Egaña y Rodríguez Aldea, y como intermediario entre ambos, el acomodaticio ministro Tocornal, su verdadero organizador político en la administración, pues los primeros eran sólo las dos antiguas columnas de su vetusto pórtico. La historia que hemos trazado en estas páginas está revelando, por cada una de sus faces, aquella verdad inmutable, que coloca a su protagonista en una posición única y excepcional delante de todas las facciones hostiles y de la propia que lo aclamaba como jefe. Casi no se menciona, en verdad, el nombre de uno solo de esos graves personajes del peluconismo, a quien no impusiera don Diego Portales alguna humillación, o de quien no tuviera a escondidas o en sus labios una sincera queja.

Por más que se busque, no existía ciertamente punto alguno de contacto ni de afinidad de hábitos, carácter o ideas, con los hombres que eran las lumbreras o los pilares de aquel poder que sólo apareció compacto más tarde sobre la arena, armado para combatir, como en 1840, o armado para la resistencia, como en 1851.

La historia del peluconismo propio comienza únicamente en la tumba del Barón. Don Diego Portales, en verdad, no tuvo más señal del tipo genuino pelucón, que el tupé postizo con que cubría su calvicie (calvicie de pipiolo…), y si a este solo título se le reconoce aquel nombre, es indudable que la historia no tiene ya para qué hacer valer su severa lógica en la duda.

Y tras de señalar algunos rasgos característicos de la contradictoria personalidad del ministro, concluía:

¿Y era éste, ni podría ser tal hombre, el caudillo de los pelucones, de aquel partido pretencioso de la aristocracia de los blasones y de las talegas, cuando él ha-cía mofa de pergaminos y no tenía a veces dinero suelto para comprar cigarros? ¿Del partido fastuoso y regalón de las tertulias de malilla y rocambor en salones de oro, cuando vivía en cuartos de alquiler y sus favoritos cortesanos eran Adalid Za-mora, don Isidro Ayestas y Diego Bórquez? ¿Del partido, en fin, timorato y com-pungido de las sacristías y de las sotanas cuando era reconocido por un ‘hereje’ (lenguaje de Santiago), y el clérigo Meneses temblaba al escuchar sus blasfemias, que es fama no excusó aun en presencia de su primo, el pulcro y modesto Obispo Vicuña?

o innegable es que Portales fue hombre de acción, refractario a la seducción de las ideologías y partidario de un sistema ordenado en el que las luchas políticas no esterilizaran el desarrollo económico. Sus opiniones políticas quedaron claramente expresadas en una carta que escribió desde Lima en marzo de 1822, en la que decía:[63]

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda vir-tud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y, ¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensa-rá igual.

Estas opiniones se asemejaban notablemente a las de Bolívar, y por ellas fue considerado conservador por los liberales. Respetaba, por cierto, los principios de orden heredados de la Colonia, pero no es igualmente exacto que procurara consolidar el sistema económico y social de la Colonia, porque, comerciante él mismo, y admirador de los Estados Unidos, promovió el desarrollo de nuevas formas económicas que abrían el camino de las burguesías. El liberal Vicuña Mackenna[64] resumía así su acción de gobierno:

Portales aparece entonces, desde cualquier horizonte que se le mire, como el coloso de la historia. Está solo, y por lo mismo, se ve más grande. Va a hacer la mudanza de la sociedad, después de haber hecho su trastorno; pero no consiente, ni auxiliares, ni consejos, ni inspiración alguna superior, porque se encuentra capaz de hacerlo todo, con tal de hacerlo todo por sí solo. Así, su labor pública es inmensa; sin límites su consagración al bien de la patria: su abnegación a todos los egoísmos que aquejan al hombre, verdaderamente sublime y ejemplo. Sin hacer cuenta ni de los ‘pipiolos’, a quienes su espíritu, lisiado casi siempre de incomprensibles extravagancias, llama peleajanos; ni de los ‘pelucones’, a quienes denomina huemules; ni de los presidentes, a quienes da el nombre de Ayestas; ni de él mismo, pues a sí se llama dictador plebeyo, o según su propia frase, ministro Salteador, él va a un fin dado, con todas las fibras del corazón palpitantes de energía, con la sonrisa de su genial humor sobre los labios, y no le importa que, al pasar, en su ardiente carrera sus propios amigos le llamen loco i ni que los adversarios que le combaten con una obstinación suprema, le apostrofen de tirano!

Portales en alas de su genio, entre tanto, viene atravesando el caos, y a medida que pasa, va dejando los cimientos de una prodigiosa creación, de la que los bandos que luchan o se acechan no se aperciben de pronto, pero que la historia desentraña cuando penetra con su linterna de luz en los arcanos del pasado. Anula el ejército y crea la Academia Militar; somete a la plebe y crea la guardia nacional; destruye el favoritismo financiero, herencia de la Colonia, y crea la renta pública; persigue la venalidad, plaga de la magistratura española, y regulariza la adminis-tración de justicia; desbarata el favoritismo de los empleos y crea la administración. Portales inicia así la más grande de las revoluciones a que aspira la República hoy mismo, la Revolución contra la rutina. No quiere el polvo de lo antiguo ni en los códigos, ni en las costumbres, ni en la educación pública, ni siquiera en las oficinas del Estado.

Casi sin riesgo de ser vulgar podría el escritor político describir a Portales en aquella época, armado del ‘plumero’ (mueble que él aclimató en las regiones oficiales, donde parecía exótico), y pasando por todas partes, sacudió la espesa capa de hollín que dejó la Colonia; sólo que a veces empleaba el mango, cuando la mancha no estaba en los muebles sino en los hombres…

Si Portales no fue por esto un gran revolucionario, fue más todavía, porque fue un gran innovador. Se ocupó poco de las leyes y de los principios, que su funesta ignorancia no le permitió comprender en todo su alcance; pero todo lo demás lo cambió de lugar, lo hundió en la nada o lo sustituyó por una de sus creaciones propias. Eran éstas, por lo común, toscas e imperfectas construcciones, parto de su genio inculto, pero en su conjunto bastarían a formar el andamio de hierro en que dejó sentadas las bases de la República que antes habían sido arena. Don Diego Portales fue el gran revolucionario de los hechos, fue el ejecutor práctico y tenaz de todo aquello que en el gobierno de sus antecesores había sido una bella teoría o un turbulento ensayo; en una palabra, hizo la Revolución administrativa, en el tercer período de crecimiento del país, después que los liberales habían hecho en su pubertad la Revolución política, v los primeros patriotas, en su cuna, ese cambio de nodrizas que se ha llamado la Revolución de 1810 y que nos dio una madre en lugar de una madrastra.

Y lo que maravilla en todo esto es que Portales realizase cosas tan nuevas y tan extraordinarias en el país, sin previo aprendizaje, sin ideas preconcebidas, sin maestros, sin estudio, sólo por la fuerza de un instinto poderoso y creador, al que no puede menos de reconocérsele la índole del genio. Portales, se ha dicho como un reproche, fue un hombre improvisado; pero fue más que eso, un extraordinario improvisador. Todo lo hizo a carrera y más o menos bien, pero lo hizo él solo con un esfuerzo de laboriosidad y dedicación, al que no ha alcanzado en Chile ningún hombre público, y atiéndase que todo lo que llevó a cabo fue sin sueldo, habiendo perdido su fortuna en la Revolución, y rehusando, a la vez, todos los honores y todos los empleos que se le conferían sin reparo.

La vasta polémica alrededor de Portales pone claramente de manifiesto el difícil problema de la caracterización de la derecha en Latinoamérica. Ciertamente, la aparición de una alta burguesía mercantil modifica los criterios y los complica, pues sus intereses no sólo la acercan poco a poco a ciertos grupos señoriales sino que la separan de los grupos liberales eminentemente ideológicos.

Portales se situó a la derecha de esos grupos liberales eminentemente ideológicos porque creyó necesario postergar la consumación del establecimiento de un sistema de plena libertad y de democracia política. Pero no trabajó menos que Rocafuerte o que Castilla a favor de una burguesía que prometía sacudir el viejo sistema señorial. Por esto último no podría decirse de él que fuera una expresión típica de la derecha. Una última salvedad podría hacerse: su comportamiento podría considerarse de derecha si se lo considerara un precursor de una política calculada para permitir la formación y consolidación de una alta burguesía sin que se abrieran las compuertas para el ascenso de nuevos sectores medios y populares. Tal fue precisamente la tendencia de las altas burguesías de muchos países latinoamericanos hacia fines de siglo, que concluyen constituyendo cerradas oligarquías.

4. El pensamiento político de las oligarquías liberalburguesas desde fines del siglo XIX

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la estructura socioeconómica de Latinoamérica mantuvo ciertos caracteres constantes. En términos muy generales la caracterizaba una sociedad dual en las áreas rurales y una burguesía urbana en la que el sector mercantil no alcanzaba a tener poder económico suficiente como para interferir en el sistema inspirado y dirigido por las clases poseedoras de la tierra; era, por lo contrario un sector dependiente de éstas, con una función intermediaria en la economía, y generalmente también en la política.

Sólo a partir de mediados del siglo XIX la burguesía urbana empezó en algunos países a tener mayor independencia, al producirse ciertos cambios de importancia en la vida económica. Si hasta entonces su papel había sido pasivo y cumplía funciones dentro de un sistema que no controlaba, de allí en adelante empezó a tener iniciativa propia y a diseñar otro sistema en el que las clases poseedoras de la tierra, aún siendo piezas fundamentales del juego, debían reconocer una zona, a veces extensa, de control. Era, naturalmente, la alta burguesía vinculada al comercio de exportación e importación, a la banca, a la especulación y a la administración pública. Apresurémonos a decir que muchos miembros de los grupos señoriales no vacilaron en incorporarse a esas actividades y operaron simultáneamente en los dos sectores de la economía, el primario y el terciario: pero el terciario incorporó a mucha gente que venía de otro origen: eran a veces extranjeros, radicados o no; gentes de clase media a quienes el dinero, las profesiones liberales o la política habían permitido alcanzar posiciones que el sistema hacía importantes o acaso decisivas; y el sistema mismo, más dependiente del mercado comprador que de los sectores de la producción, al escapar al control de los grupos po-seedores de la tierra, ofrecía importantes posibilidades de decisión, de lucro y de influencia a quienes llegaban a los puestos desde los cuales se ejercía su control.

Al cabo de poco tiempo —hacia la última década del siglo— se había diferenciado en el seno de los sectores medios una alta burguesía que tenía ya una inequívoca figura como clase económica y social, y claros designios que, en algunos aspectos, no coincidían con los de los grupos señoriales. Mantuvieron éstos sus convicciones básicas y sus ideas políticas, y cuando aceptaron su nuevo papel dentro de la economía en cambio, pretendieron conservarlas aun cuando colaboraban en la modificación de la estructura económica. Esta contradicción se advirtió en sus relaciones con la nueva burguesía liberalburguesa que, cada día más, alcanzaba mayor preponderan-cia. Hubo alianzas y oposiciones, pero los dos grupos, aún procurando coincidir ante la perspectiva de adversarios comunes —las clases medias y populares en ascenso— delinearon posiciones distintas. Cada vez más se perfiló la existencia de dos derechas.

La renovación de la situación social

Los cambios que se produjeron en la situación social de la mayoría de los países latinoamericanos fueron la consecuencia de la Revolución industrial operada en Europa, y que modificó rápida y profundamente tanto su estructura económica como la de los Estados Unidos. No sólo se produjo un acelerado incremento en la demanda de las materias primas que se relacionaban con las nuevas industrias, sino que creció mucho la de productos alimenticios. Los propietarios europeos de tierras elegían cuidadosamente el destino que le darían, y diversas circunstancias los alejaron en alguna medida de su antiguo tipo de producción. Por lo demás, los campesinos se sintieron atraídos por las ciudades, y produjeron un intenso éxodo rural de doble consecuencia: disminución de la producción de alimentos y creciente demanda de éstos en las zonas urbanas, cada vez más intensamente pobladas.

La consecuencia fue un cambio importante en la posición de Latinoamérica con respecto a Europa y los Estados Unidos. Esos mercados consumidores exigieron determinados productos dentro de un gigantesco plan de producción concebido en escala mundial, y esa exigencia, mucho más remunerativa que antes, fijó ciertas condiciones a la producción. El mercado consumidor estableció el o los productos exportables; prefiriendo en cada país un sistema de monoproducción estableció altos precios, pero fijó también altos niveles de calidad que requerían nuevas técnicas no sólo en la etapa de la producción sino también en la de la distribución; estableció relaciones de dependencia financiera que importaban dependencias inevitables y regímenes de importación de productos manufacturados; exigió privilegios y garantías que le fueron acordados a través de gobiernos a los que transformó en sus personeros; pero, sin duda, promovió una activa modernización de los países latinoamericanos, aunque al precio de una dependencia económica que muy pronto implicó, directa o indirectamente, una cierta dependencia política.

Esa dependencia convirtió al Brasil en un exportador de café. La Argentina, abandonando la elaboración de tasajo, se dedicó a la producción de cereales y de carnes, según las exigencias del mercado inglés; Cuba y Puerto Rico a la de la caña de azúcar; los países centroamericanos, a la de café y maderas; México, Perú, Bolivia, a la de minerales. La producción tenía comprador seguro, pero como a veces era el comprador único, fijaba los precios, estipulaba las calidades e imponía condiciones accesorias. La más importante fue la de equilibrar la balanza comercial mediante la importación de productos manufacturados, contrariando las posibilidades de desarrollo manufacturero local.

Las últimas décadas del siglo constituyeron una época de desarrollo en casi todos los países latinoamericanos y de formidable enriquecimiento de sus clases altas: las clases poseedoras de la tierra que suministraban el producto y las clases burguesas que intervenían en el complejo mecanismo de la distribución y el crédito. En algunos países aparecieron poco a poco algunas actividades manufactureras relacionadas con esa producción; pero, en casi todos, los sectores que más se enriquecieron fueron, además de los productores, los exportadores e importadores, y los que tuvieron éxito en la desorbitada especulación que acompañó el proceso de desarrollo.

Efectivamente, las nuevas posibilidades que se abrían exigían una renovación del dispositivo técnico. Era menester hacer caminos y puentes, puertos, edificios y, sobre todo, ferrocarriles. Las ciudades exigían además obras públicas importantes: aguas co-rrientes, desagües, pavimentos. Para todo eso, los países compradores ofrecieron a cada uno de los países con los que mantenían relación, fuertes y renovados empréstitos que originaron, junto con otros factores, graves problemas financieros. El crédito y la espe-culación contribuyeron también a renovar la fisonomía de la nueva sociedad.

En la euforia del desarrollo, el crédito adquirió también caracteres de especulación. Aparecían y desaparecían empresas y sociedades destinadas a la ejecución de ambiciosos proyectos, que creaban fortunas y las hacían desaparecer; y en el otorgamiento de los créditos, de las concesiones y privilegios, quienes estaban vinculados al poder tenían la posibilidad de obtener ventajas que significaban quizás el enriquecimiento repentino. Cosa semejante ocurrió con la especulación en tierras, hecha en previsión de la expansión de las ciudades, de la fundación de colonias y, sobre todo, de la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles.

Reflejo indirecto de la expansión europea y norteamericana, la nueva riqueza operó cambios sociales de gran trascendencia en Latinoamérica. Quizás el más notable y visible fue el que resultó de una importante inmigración europea: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. México; países de clima templado y semejante al de algunos países europeos, fueron los preferidos. En pocas décadas se incorporaron a las sociedades tradicionales contingentes numerosísimos de italianos, españoles, alemanes, judíos y, en menor escala, de otras nacionalidades. El desarrollo económico implicaba el problema de la mano de obra; y al tiempo que se desechaba definitivamente el trabajo de los esclavos, se buscaba otra mano de obra más eficiente, abriendo algunos cauces nuevos para la economía, como la producción del café en Brasil o de los cereales en la Argentina.

Pero, al mismo tiempo, la inmigración buscó las ciudades, acrecentó el complejo de las poblaciones urbanas y formó vastos sectores de pequeña clase media, artesanal o comercial, que codificaron la fisonomía de las ciudades. Esas clases medias, sustentadas por la vasta empresa de intermediación que suponía la producción en gran escala de productos exportables y la importación de artículos manu – facturados, suscitaron toda clase de problemas derivados; compuestas, naturalmente, no sólo de inmigrantes, sino también de población criolla —mestizos muy especialmente en algunos países—, revelaron la fuerte tendencia de sus miembros a mejorar su posición social y económica. Fueron sectores de gran movilidad en muchos países, y no sólo hubo deslizamientos desde situaciones de baja clase media hacia sectores profesionales y comerciales en una o dos generaciones, sino que hubo una marcada tendencia de sus miembros a lograr cierta participación política.

En el seno de las clases populares se advirtieron también algunos cambios. Los sectores rurales criollos o indígenas fueron quizá los más estáticos. Pasaron a veces del sistema paternalista de las viejas haciendas a un sistema industrial despersonalizado que agravó aún más su situación. En las ciudades, en cambio, mejoraron algo los sectores asalariados. Donde hubo éxodo rural, los criollos, indios y mestizos se incorporaron a actividades nuevas: fueron generalmente peones en las grandes obras públicas, o en la construcción, o ejercieron pequeñas manufacturas y aun cierto comercio. Donde hubo in-migración europea, los inmigrantes que no lograron ascender de clase, ni siquiera al sector artesanal, fueron también peones en obras, trabajaron en las artesanías —como panaderos, herreros, etcétera—o se ocuparon de servicios públicos. También ellos manifestaron cierta tendencia a la participación política acompañando a quienes iniciaron movimientos de resistencia antipatronal —que fueron preferentemente artesanos— o integrándose en la clientela de los caciques o caudillejos políticos.

Por sobre esta masa activada por el impacto del desarrollo económico se situaba, según la escala de prestigio social, una clase media tradicional; profesionales, comerciantes, pequeños propietarios, burócratas, que se mantuvieron al margen de la ola de ese desarrollo. Atada a sus costumbres y a sus prejuicios, declinó por el solo hecho de mantenerse estable, y no quiso o no fue capaz de encontrar un camino para salir de su posición. Pero por encima de ella se situó otro sector de la clase media que sí supo encontrarlo. De sus filas salieron quienes integraron la primera o la segunda fila de esa alta burguesía, un poco aventurera, que se puso a la cabeza de la sociedad en cambio.

Esa alta burguesía, sin embargo, tenía también en su núcleo un sector de las clases altas tradicionales, vinculado ya a la riqueza mercantil o al poder, dos puertas que abrieron el paso a la formación del nuevo grupo. De mentalidad moderna, llamémosle así, desencadenó el cambio o contribuyó a su logro, sin escrúpulos y con audacia, alcanzando pronto un nivel de influencia y riqueza que lo separó del conjunto de su clase. Ese sector fijó una posición, y a su alrededor se aglutinaron grupos más altos y más bajos: algunos provenientes de las clases señoriales que quisieron participar de la aventura de la nueva riqueza en todos los niveles —y no sólo en el de la producción— y otros provenientes de las clases medias. Este conjunto fue el sector dinámico de la sociedad y creó las nuevas fórmulas políticas que adoptaron casi todos los países latinoamericanos al finalizar el siglo XIX, tan variadas como puedan ser sus apariencias.

La continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales

A pesar de la profundidad de los cambios que se operaron en la estructura socioeconómica de los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos señoriales se resistieron a modificar sus convicciones políticas. Este hecho, tan simple como pueda parecer en apariencia, explica muchos aspectos de la vida social y política latinoamericana.

Como poseedores de los medios de producción, la tierra en primer lugar, los grupos señoriales —o la casi totalidad de sus miembros— aceptaron un cambio que los beneficiaba y se prestaron a sumarse a él en el plano estrictamente económico. Fueron capaces de modificar la organización de las haciendas, de adoptar nuevas técnicas de producción, de abandonar ciertas tradiciones a las que parecían atados. Pero pretendieron mantener su concepción del mundo, su sistema de valores, su concepción de la política, aun cuando por vía intelectual advirtieran la contradicción que ello implicaba.

Sin duda esa contradicción estaba latente desde los tiempos de la conquista. Esos grupos señoriales, dotados de vastas extensiones de tierra en un mundo colonial que se insertaba en el área del desarrollo mercantilista, adoptaron una actitud feudal hacia adentro —en sus haciendas y con respecto a la sociedad colonial—, pero aceptaron y siguieron una actitud mercantilista hacia afuera. Acaso esta dualidad explica la polémica acerca de si la conquista hispanoportuguesa fue feudal o capitalista, sobre la que no es oportuno entrar aquí. Parece evidente que sí fueron las dos cosas: una hacia adentro y otra hacia afuera. Y, cuando tres siglos después, el mundo mercantil —esto es, el mercado mundial integrado— adoptó una nueva fisonomía, los grupos señoriales pretendieron mantener la contradicción, aceptando los nuevos requerimientos de la economía mundial sin modificar su concepción política y social en relación con la sociedad en que vivían. Esta pretensión ya era un poco anacrónica en el siglo XVI; lo fue aún más a comienzos del siglo XIX al producirse los movimientos emancipadores; pero resultó absolutamente insostenible después de promediar el siglo XIX, cuando se sintieron los efectos no ya de la Revolución mercantil, sino los de la Revolución industrial.

Con todo, los grupos señoriales latinoamericanos abandonaron su pretensión, y así como habían sabido —y podido— resistir las influencias de la ideología liberal, intentaron resistir las situaciones de hecho que creó el impacto de los nuevos requerimientos económicos.

Esta vez el proceso de secularización fue más vigoroso aún, porque su peculiar dinámica creó en los diversos países latinoamericanos una burguesía urbana muy móvil, y con una especialización funcional en el proceso de intermediación que aseguró las posibilidades de una nueva opción para los sectores sociales dependientes de los grupos señoriales. El proceso de movilidad social fue intenso, el éxodo rural se aceleró, y los grupos señoriales perdieron buena parte de los recursos que poseían para asegurar la perduración de su hegemonía y el primado de sus concepciones políticas.

Empero, no cedieron. Ciertamente, perdieron fuerza sus convicciones, y perdieron también eficacia sus principios, que comenzaron a adquirir un aire anacrónico. Pero igualmente no cedieron y buscaron refugio donde pudieron hallarlo, aun cuando la defensa de los ideales tradicionales cobró a veces un tono romántico y nostálgico, y otras veces un aire de confesada impotencia, y en ocasiones una agresividad eficaz.

La debilidad del pensamiento político de los grupos señoriales residía en que pretendía defender la legitimidad del orden social y político tradicional y las formas de vida y los ideales tradicionales, pactando sin embargo con una nueva estructura económica mercantilista, organizada como dependencia de una estructura industrial foránea. La contradicción era tan obvia que los grupos señoriales no asumieron frecuentemente la defensa doctrinaria de sus posiciones, sino que se limitaron a sostener estas últimas en los hechos, disfrazando generalmente sus fundamentos con una nueva retórica más o menos eficaz. Quizás el más brillante episodio de la defensa de la concepción tradicional de la vida, intentada tardíamente en el seno de una sociedad que había girado resueltamente hacia su inclusión en la periferia de la sociedad industrial europea, sea la Revolución que desató en el Uruguay, en 1897, Aparicio Saravia, “…hijo de una opulenta familia del departamento de Cerro Largo, fuerte hacendado y de reputación personal altamente favorable”.[65]

El cronista de la Revolución fue Luis Alberto de Herrera, más tarde jefe del Partido Nacional —o Partido Blanco— y heredero político del caudillo rebelde, que caracterizó así el movimiento:[66]

Sin embargo, el Partido Nacional no se encontraba preparado para entrar en liza.

Treinta y tantos años de derrota, llevan cierto desorden a las filas, empalidecen el brillo acerado de los ideales y dejan muchos claros y vacíos difíciles de llenar.

Pero de cualquier manera, hubiera o no hubiera elementos, el sacudimiento vendría. La doctrina evangélica no puede rezar con los pueblos altivos ni con los hombres de honor. ¿Quién no castiga un bofetón en la mejilla?

En efecto, el 25 de noviembre se supo en Montevideo con indecible sorpresa, que acababa de alzarse en armas casi en el centro de la República ya militarizada, don Aparicio Saravia en compañía de su hermano Antonio Floricio, alias Chiquito, y seguido por algunos centenares de paisanos, en su casi totalidad desprovistos de recursos de guerra.

Nadie dudó que se trataba de una sublime locura, cuya audacia infinita sabría castigar el afilado sable de los escuadrones bordistas. Idéntica apreciación flotaba en todas las esferas. Ya estaba cerrado el periódico de los levantamientos a lanza; ya había caducado la supremacía de los caudillos; ya los gobiernos eran invencibles.

Por lo demás ¿de dónde salía aquel rebelde de sombrero blando y poncho campero, general improvisado de un movimiento estrafalario?

Quizá no lo sabían las clases burguesas de la capital, aquellas personas que se agitan en esta inmensa colmena sin conocer otro camino que el de sus tareas, ni horizonte más alto que el tapete de su escritorio; pero para quienes reciben alguna vez los ecos de la rica campaña y siguieron las fases trágicas de la Revolución riograndense, poseía talla propia el infatigable guerrillero que ya atraía sobre sí, envidias y nacientes admiraciones.

La referencia final de Herrera puntualizaba la recepción del contraste entre dos formas de vida, rural y urbana, la primera de las cuales entrañaba una concepción lúdica y heroica: la segunda, en cambio, era propia de las “clases burguesas” de Montevideo y aparecía rutinaria y mezquina. Este dualismo, que había descrito, entre otros, Sarmiento, solía darse en los teóricos europeizantes como una oposición entre civilización y barbarie, de la que el término valioso era la civilización, esto es, la vida urbana, la vida de las burguesías. Herrera recogió el dualismo pero invirtió el signo de valor. Y tanta importancia le atribuyó, que explicaba con él —como los sociólogos burgueses— el curso de la historia de su país:[67]

Cada vez que leo la historia de mi país, pienso cuando llego a los promisorios acontecimientos de 1851, que ese año de cualquier modo memorable, debió ser para nuestra nacionalidad altísimo mojón denunciador de amplio y glorioso porvenir.

Sin indagar los motivos originarios, tienen explicación a nuestro juicio, los recios choques de bando que sucedieron y hasta precedieron a la declaratoria de la Independencia.

El país era muy reducido, muy temerarias las aspiraciones dominantes y en las edades viejas no eran pocos los soldados que ganaban cada ascenso al precio de una cicatriz.

Los prestigios militares cobraban vigor con facilidad, en tierra donde el valor había dejado de ser virtud por lo vulgar, donde se mecía a los niños cantándoles odio hacia el opresor, donde morir al enristrar la nativa lanza en defensa de los dioses lares, colmaba los anhelos de todos.

La espada pesaría de manera decisiva, cuando cristalizara un organismo político dentro de nuestros disputados límites; y el espíritu selvático de nuestros abuelos, las proverbiales rebeldías de antaño, perpetuadas y obedientes a la voz de los caudillos, importaban una seria amenaza de dislocamiento social.

Esas robusteces guerreras, el cariño al terruño que durante las épicas campañas por la emancipación amasó tantos heroísmos y tan beneficiosas resistencias, habían relajado los vínculos de la común disciplina.

Llegado el momento de la organización sólida y definitiva, ¿habría brazo bastante fornido, capaz de encauzar apetitos ilimitados y voluntades sin muelles, que sólo entendían de bolear potros, correr cuchillas y vivir en desafío a muerte con propios y extraños?

La vez que eso se quiso, quedó hoscamente señalada la prevención campesina a los hijos de las ciudades.

La ignorancia de las muchedumbres andariegas, exigía que para ser buen ciudadano se fuera antes buen gaucho. ¿Acaso quien no sabía dominar un caballo estaba en aptitud de dirigir los negocios comunes?

El dualismo se había planteado, y en esa antagónica disparidad de factores encontraremos la causa verdadera de las acciones y reacciones, de los desórdenes y conflictos que conmovieron la vida nacional durante medio siglo.

Pero el desprecio de los grupos señoriales por las clases burguesas no ocultaba poco de resentimiento, porque se habían visto obligados, para subsistir o para enriquecerse, a aceptar cierta tutela de los sectores mercantiles que dominaban la vasta red del comercio internacional, sin la cual nada valía su riqueza. Ese resentimiento condujo a una exaltación no sólo de los valores criollos tradicionales —rurales, lúdicos, heroicos— sino también a una exaltación de las familias y los hombres de aquellos grupos, a quienes se les confirió una superioridad natural sustentada con variados argumentos. Gilberto Freyre habla del “arianismo casi místico de Oliveira Vianna”,[68] porque el sociólogo brasileño fundó en razones de raza la superioridad de las viejas clases señoriales del Brasil. Decía en 1930 en su obra Evolución del pueblo brasileño,[69] refiriéndose a la época colonial :

En su estructura social, esos latifundios poseen tres clases perfectamente distintas: la señorial, la de los hombres libres, arrendatarios de la propiedad, y la de los esclavos, que son los obreros rurales.

En la primera clase figuran los señores del ingenio, su familia, sus parientes —muy numerosos, por demás, en esos tiempos de gran solidaridad familiar— y los individuos blancos agregados al señor del ingenio. Son todos casi enteramente de raza aria.

Oliveira Vianna[70] descubría en las familias de los señores de ingenio rasgos raciales inequívocos, pero también rasgos eugenésicos que perpetuaban virtudes excepcionales a lo largo de generaciones:

Esos grandes señores territoriales son, como sabemos, extremadamente celosos de sus linajes aristocráticos; procuran mantener lo más posible la pureza de la raza blanca de la cual descienden. Ahora, como blancos puros, el temperamento aventurero y nómade que los impele hacia los ‘sertoes’ a la caza de oro de indios, no les puede venir sino de una ancestralidad germánica: sólo la presencia en sus venas de glóbulos de sangre germánica puede explicar su combatividad, su nomadismo, esa movilidad incoercible que los hace irradiar por todo el Brasil, al norte y al sur, en menos de un siglo. Los braquicéfalos peninsulares de raza céltica, o los dolicocéfalos de raza ibérica, de hábitos sedentarios de índole pacífica, no parecen haber podido darles ni esa movilidad, ni esa belicosidad, ni ese espíritu de aventura y de conquista.

Otro hecho que parece reforzar también la presunción de la presencia de dolicocéfalos rubios, con celtas e íberos, en la masa de nuestra primitiva población, es el soberbio eugenismo de muchas familias de nuestra aristocracia rural. Los Cavalcanti en el norte, los Prados, los Lemes, los Buenos en el sur, son ejemplos de casas excepcionales que han dado al Brasil, desde hace trescientos años, un linaje copioso de auténticos grandes hombres, notables por el vigor de la inteligencia, por la superioridad del carácter, por la audacia y la energía de la voluntad.

Así se constituyó una clase social que Oliveira Vianna[71] veía predominar, legítimamente, durante el Imperio, perpetuando sus calidades tradicionales:

La afición por la vida rural, por otra parte, se acentúa y se refina, deshaciéndose de los aspectos groseros de la conquista: la posesión de una propiedad agrícola se convierte en aspiración común de todos los espíritus amantes de tranquilidad y de paz. Los elementos de la flor y nata de la sociedad, los políticos en evidencia, los estadistas, como todos los que quieren poseer un poco de autoridad social, procuran el punto de apoyo de una finca rural, de modo que en la vida pública y privada, obran con el decoro, la independencia y la hombría que sólo pueden tener aquellos para quienes el problema de la subsistencia está resuelto de un modo estable y cabal. ‘El brasileño que puede —dice un publicista del 2° Imperio— es agricultor; ejerce la única profesión verdaderamente noble de la tierra. Los empleos serviles los pospone. Recordad los aires señoriales y ciertos modales aristocráticos del gran propietario: es el tipo del brasileño rico’.

Esa aristocracia rural es la que provee todos los elementos dirigentes de la política en el período imperial. Los cargos de la administración local, en los municipios y las provincias, son llenados por ella. De ella salen la nobleza del Imperio y los jefes políticos que reúnen y organizan en los municipios y las provincias los elementos electorales y partidarios locales. De ella proceden también las juventudes que afluyen a las academias superiores del norte y del sur, a Recife, a Bahía, a San Pablo, a Río y siguen su carrera hacia las profesiones liberales y las altas esferas de la vida parlamentaria y política del país.

Y resumiendo el papel que esa aristocracia había desempeñado, concluía:[72] “En un país en que los elementos dirigentes tienen tal relieve y estatura, o se gobierna con ellos o, sin ellos, no se gobierna”.

Una reminiscencia, más o menos sublimada, de las creencias tradicionales en la superioridad de las viejas aristocracias en proceso de decadencia económica y social, apareció en las literaturas vernáculas cultas; escritores de familias tradicionales recogieron sosegadamente, sin espíritu polémico sino con un fuerte sentimiento nostálgico, los recuerdos de un pasado rural algo desvanecido y evocaron las formas de vida y las virtudes que entonces caracterizaron a los hombres de ese ambiente. Ricardo Güiraldes, Benito Lynch y Enrique Larreta en la Argentina y Carlos Reyles y Javier de Viana en el Uruguay intentaron la resurrección poética de los valores predominantes en una sociedad precapitalista.

Pero aun ellos, en su mayoría asiduos visitantes de París —un París burgués—, ponían de manifiesto la íntima e irresoluble contradicción de los grupos señoriales. Menos sublimada y más explícita fue la actitud de los que emprendieron lo que se ha llamado el “revisionismo histórico”, intento de aniquilar la obra de las burguesías ilustradas en el que, evitando el problema de las relaciones entre la burguesía de hoy y las nuevas clases populares, se las fustigaba por su actitud contra los grupos señoriales en virtud del apoyo que en el pasado recibieron éstos de las masas rurales.

La defensa de las viejas aristocracias y de sus descendientes y herederos llevó a algunos a defender también las ventajas de la estructura latifundista. En México, Francisco Bulnes atacó a la Revolución desde un punto de vista conservador, y no sólo fustigó a la “burguesía burocrática”, a la que atribuía la línea revolucionaria triunfante, sino también a quienes, como Zapata, pretendieron hacer una “Revolución racial” en beneficio de la clase indígena. En cambio, afirmó que México necesitaba una “dictadura organizada”, un gobierno de las clases acomodadas, y defendió el latifundio afirmando que cuando es trabajado por hombres libres —y no por siervos— crea riqueza y ofrece prosperidad a las clases populares. Citando estos pasajes, agrega Víctor Alba[73] que las ideas sociales de Bulnes “sintetizan las de una parte considerable de la sociedad mexicana, que jamás las formuló explícitamente”. Una vez más se advierte este curioso rasgo de la actitud señorial.

También sostenía Bulnes que tanto el partido conservador como el liberal eran “facciones corruptas”. Afirmaciones semejantes formularon en diversos países los sectores señoriales, a partir del momento en que los fenómenos de ascenso de clases medias y populares tornaron imposible su ascenso al poder por el camino del sufragio. El ejercicio de la democracia y los mecanismos por medio de los cuales se ejercitaba parecían ofrecer un espectáculo degradante a los ojos de quienes se sentían poseedores no sólo de los medios de producción sino también de un grado casi sublime de dignidad. En rigor, los grupos señoriales no poseían en su tradición más que la política del poder. Cuando tuvieron que descender a las formas competitivas de la política, no sólo perdieron el aplomo que les era peculiar, sino que tuvieron que aceptar —como en el campo económico— la intermediación de los grupos burgueses para evitar su desplazamiento en situaciones normales. Apelaron con frecuencia al recurso de provocar situaciones anormales, y para justificar ese proyecto, denunciaron el aspecto degradante de las luchas en las que hacían su aprendizaje político las clases medias y populares en ascenso. Empero, cuando aceptaron la intermediación de los sectores burgueses para participar en el poder, transigieron con las prácticas propias de las democracias incipientes, y coadyuvaron al triunfo ofreciendo sus clientelas sociales en calidad de clientelas políticas.

Algunos espíritus refinados y sin vocación por el poder —hijos sensibles de padres poderosos— renunciaron abiertamente a la política y transfirieron sus sentimientos aristocráticos a las actividades del espíritu. Al comenzar el siglo XX, exactamente en 1900, el escritor uruguayo José Enrique Rodó publicó un profundo ensayo que tituló Ariel,[74] en el que denunciaba los peligros de las democracias igualitarias:

Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación con el allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.

Con relación a las condiciones de la vida de América, adquiere esta necesidad de precisar el verdadero concepto de nuestro régimen social un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita: por la influencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación y encauzar el torrente humano con los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden político seguro y los elementos de una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando su ordenación jerárquica a la torpeza del acaso, conduce forzosamente a hacer triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías.

De todos los riesgos que la democracia implicaba, ninguno le parecía más grave que el predominio del espíritu utilitario:[75]

La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolví – miento democrático de nuestro siglo, ni se ha opuesto en formas brutales a la sere-nidad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, a la manera de una bestia feroz, en cuya posterioridad domesticada hubiérase cambiado la acometividad en mansedumbre artera, e innoble, el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo igualitario y lo vulgar, puede ser un objeto real de acusación contra la de-mocracia del siglo XIX. No se ha detenido ante ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar angustiosamente algunos de sus resultados en el aspecto social y en el político. Expulsando con indignada energía del espíritu humano aquella falsa concepción de la igualdad que sugirió los delirios de la Re-volución, el alto pensamiento contemporáneo ha mantenido al mismo tiempo, so-bre la realidad y sobre la teoría de la democracia, una inspección severa que os permite a vosotros, los que colaboraréis en la obra del futuro, fijar vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar el espíritu del régimen que encontráis en pie.

El consejo se dirigía a los jóvenes. Lo recogieron todos los que buscaban una justificación para sus vocaciones intelectuales y estéticas en una sociedad efectivamente orientada hacia el lucro. Pero el sentimiento que generó fue en cierto modo una especie de transferencia de la actitud señorial y la cálida receptividad que hallaron las ideas de Ariel revelaron que esa actitud perduraba. En el campo de las ideas y de la creación justificó un vivo sentimiento de elite, que constituyó sólido fundamento, precisamente, para las aristocracias del espíritu a la que se acogían, por cierto, no sólo quienes pertenecían a los tradicionales grupos señoriales sino también los que aspiraron al ascenso social acercándose a ellos como epígonos más o menos farisaicos. Y trasladado al campo de la política promovió un escepticismo frente a las incipientes democracias, que avivó no mucho después los designios de los que, como el poeta argentino Leopoldo Lugones, juzgaron que había llegado “la hora de la espada”.

La acometida más beligerante de los grupos señoriales —o mejor, de quienes intentaban salvar lo que de esa tradición parecía rescatable— adoptó los caracteres de un ataque frontal contra la política liberal, en nombre de los principios del catolicismo, al que los liberales respetaban pero trataban de confinar, secularizando la vida pública.

La apelación a los problemas últimos de la fe implicaba una absolución de posiciones que los políticos liberales rehuían, puesto que, siendo católicos o conociendo la fuerza social del catolicismo, fundaban su laicismo en una prescindencia religiosa y de ningún modo enfrentaban los problemas de la fe. Pero los grupos católicos, alarmados por los progresos del regalismo y preocupados por lo que parecía, en las últimas décadas del siglo XIX, la liquidación final de los fundamentos tradicionales del orden social, apelaron a la más severa ortodoxia siguiendo las orientaciones de la política del Vaticano, trazada a través de las encíclicas Mirare vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus (1864).

Triunfó en el Ecuador García Moreno e impuso la ortodoxia con tal vigor que se ha dicho del Ecuador que fue el único país donde el Syllabus tuvo fuerza de ley. En Colombia, el movimiento que se llamó la “Regeneración”, encabezado por el presidente Rafael Núñez, logró oponer en la constitución de 1886 una concepción católica del Estado. En Uruguay y en la Argentina, en cambio, aunque la polémica fue encarnizada, los liberales se sobrepusieron a los católicos.

Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de Tabaré, defendió el punto de vista católico en el Uruguay; Joaquín Larrain Gandarillas y Abdón Cifuentes en Chile. En la Argentina la polémica se planteó alrededor del problema de la educación pública y del Registro Civil, que sustraía a la Iglesia Católica el control de las personas: pero en su transcurso los diputados católicos enjuiciaron la totalidad del orden liberal y la civilización moderna.

Pedro Goyena[76] defendió en un debate parlamentario la doctrina pontificia del Syllabus:

¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál la civilización que el Syllabus condena, al decir que el Pontífice romano no puede ni debe transigir con ellos?

Señor: el liberalismo que se condena es lo que en nuestros días se entiende por tal. habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con la libertad, v que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del Estado.

El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa. El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente desvinculados de la religión.

Pero no sólo el Estado liberal era lo condenable. Era la civilización moderna en su conjunto, con sus ideales y sus formas de vida, lo que merecía la condenación y exigía la vigilancia de la Iglesia:[77]

¡He ahí la civilización: el desarrollo de la sociedad bajo el aspecto material, bajo el aspecto moral!

Pero ¿es ésta la civilización moderna? ¡Ah, señores, no, mil veces no! ¡Todos lo sabemos; liberales y no liberales, creyentes y no creyentes, todos podemos dar testimonio del espectáculo de la vida a que asistimos y en que nos mezclamos como actores!

Contemplad la civilización moderna. ¿Qué es ella sino el predominio absor-bente de los intereses materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el esplendor de sus virtudes.

La ciencia, a la que jamás la iglesia fue hostil, ha tomado una dirección ex-traviada, por la influencia de un orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo: que se lanzan al espacio aéreo y navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz. desconocidos a los antiguos, como decía un orador argentino; que analizan los aspectos lejanos; que descubren la vida en organismos ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso; y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la pobreza, la debilidad de sus elementos morales! ¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que en el siglo XIX, gobernando la materia. dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos, el cielo no tiene promesas para la esperanza; el astro brillante no simboliza la fe: la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para una existencia efímera y fugaz. El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!

Las doctrinas; el progreso; la civilización que a tan lamentables resultados conducen, eso es lo que el Syllabus, eso es lo que la Iglesia ha condenado; y bien clara se ve ahora la justicia de tal condenación.

Este cuadro exigía una actitud resuelta de quienes no creían en la llamada civilización moderna, sino en los ideales tradicionales, incompatibles con ella. Los católicos pusieron a los liberales en la disyuntiva de optar, pero no entre una u otra forma de vida, sino entre la salvación y la condenación, entre el paraíso y el infierno, dispusie-ron a la acción para alcanzar lo que, en la Argentina como en Colombia, llamaban la “Regeneración”. Tal fue también la requisitoria de José Manuel Estrada[78] durante la discusión parlamentaria de las leves liberales:

¡señores! Si los medios se subordinan a sus fines, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición: o la soberanía de la Iglesia. íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy día delante del cielo v de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso, las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la república!

Los ideales heroicos, la posesión de la tierra, la desigualdad social, la aristocracia del espíritu y la sumisión de las conciencias a la Iglesia Católica: tal era el haz de las ideas fundamentales que el espíritu señorial se empeñaba en defender frente a los cambios que se habían operado en la sociedad de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha no fue a muerte, y los grupos señoriales se acomodaron poco a poco, sin confesarlo, a las nuevas situaciones, esperando filosóficamente que la crisis del orden nuevo devolviera periódicamente a sus manos el control de la economía, del poder y de las conciencias. Con frecuencia, un golpe militar solía contribuir a la restauración renovando la retórica del heroísmo.

El predominio del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Si los grupos señoriales pretendieron conservar sus tradicionales tendencias políticas a pesar del profundo cambio socioeconómico y social que se había operado, los grupos burgueses, en cambio, elaboraron las suyas en el proceso mismo; y aquéllos que las llevaron hasta sus últimas consecuencias lograron poder económico y poder político. Con ello, impusieron su pensamiento sobre el conjunto social, arrastrando tras de sí densos grupos sociales de variado origen.

Quizás el más importante problema, entre los que suscita el análisis del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa, sea el de cómo se constituyó ese sector. En términos generales, es evidente que hubo núcleos burgueses, extranjeros unos y nacionales otros.

que se fundieron con grupos señoriales renovadores para intentar la gran empresa. En cada país esa fórmula significó algo diferente. Los distintos grupos sociales operaron de distinta manera en México y en Argentina, en Chile y en Brasil, en Uruguay y en Colombia. Según la rigidez de la estructura social anterior fue más o menos fácil la formación de esas clases medias fluidas que generaba el proceso económico, y más o menos fácil la conquista del nuevo status social que ofrecía a los grupos en ascenso sus nuevas posibilidades económicas. Y del seno de esas clases medias surgió el conglomerado que rodeó el núcleo originario, se fundió con él, y constituyó finalmente la alta burguesía, cuyo poder la impulsó a forzar su distanciamiento del resto de las clases medias y constituirse en oligarquía política y eco-nómica. Esta tendencia al distanciamiento es lo que la transformó en una fuerza de derecha. Muchos de sus miembros provenían, sin duda, de sectores liberales que admitían la necesaria continuidad de ese proceso de ascenso social que podía asegurar la vigencia de un sistema democrático.

Pero la conquista del poder económico y político por un pequeño grupo puso una valla entre éste y el resto del conjunto social.

Justo Sierra hizo una descripción acabada de la burguesía mexicana de fines del siglo, polarizada políticamente, en su opinión, pero sin distinguir suficientemente los grupos de alta burguesía que asumieron activamente el poder y los grupos medios y populares que, aunque solidarios con aquéllos, sólo tenían una actitud pasiva. Decía en su Evolución política del pueblo mexicano.[79]

En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños al dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó formada: con un buen número de descendientes de las antiguas familias criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo con los analfabetos.

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y, además, el segundo, al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de razas que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente ficticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una osmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni del alcohol ni de la superstición. Son éstos, microbios sociopatogénicos que pululan por colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la reaccionaria, cuyo génesis hemos estudiado en otra parte, esta burguesía tomó con – ciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias, liberales, reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su organización: un gobierno resuelto a no dejarse discutir, y es, a su vez, la creadora del general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su obra no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía mexicana.

En la Argentina, Juan B. Justo[80] identificaba por la misma época, con precisión, y en términos económicos, los componentes de la alta burguesía:

Necesitamos, ante todo, que cada grupo social adquiera conciencia de sus intereses políticos.

Contra lo que se afirma comúnmente, en nuestro país las agrupaciones so-ciales son tan definidas y tan netas, que cualquiera las distingue a simple vista con más facilidad que a un autonomista de un cívico o un radical, aunque los conozca íntimamente y los siga en sus enredadas contradanzas políticas.

Hay quienes producen para la exportación y quienes para el consumo: en general, los unos tienen el más claro interés en fomentar el comercio exterior del país, los otros en restringirlo.

Hay propietarios que quieren mantener todos los privilegios inherentes a la propiedad legal del suelo, y arrendatarios interesados en que la ley favorezca su ocupación y cultivo efectivos.

Esta puntualización ilustra los conflictos internos que caracterizaron a la alta burguesía, integrada por grupos productores, generalmente de tradición y mentalidad señoriales, y grupos mercantiles intermediarios típicamente burgueses. Pero a pesar de esa contradicción la alta burguesía fue adquiriendo coherencia a través de una suerte de complicidad con el monopolio del poder, en su uso para sus propios fines, y en la coincidencia en un estilo de vida que suponía la progresiva elaboración de un sistema de normas y valores comunes. Definida su actitud y consolidada su posición, la alta burguesía adquirió los caracteres de una oligarquía liberalburguesa. Su presencia se hizo notoria en muchos países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo, siempre en relación con las transformaciones económicas y, sobre todo, con la penetración del capital extranjero: en Brasil, en relación con el establecimiento de la república y el auge del café: en Argentina y Uruguay, con los cereales y las carnes; en Chile, con el salitre y con la Revolución contra Balmaceda; en Colombia, con la crisis de 1870 y la “Regeneración” de Rafael Núñez; en México, con los metales y el “porfiriato”; en Guatemala, con el banano y Estrada Cabrera; en Venezuela, con Guzmán Blanco. Vagos principios del liberalismo quedaron en pie, más o menos disminuidos según el grado de consentimiento que las oligarquías lograron y el grado de represión que debieron ejercitar; y vagos principios de progreso fueron enarbolados, aunque delimitados siempre por los márgenes que el capital extranjero quiso señalarles. Una gran eficacia los caracterizó casi siempre, y muchos países latinoamericanos hicieron por entonces su primera experiencia de esplendor económico, aun cuando la distribución de la riqueza fuera notoriamente injusta.

Uno de los más brillantes representantes de la oligarquía chilena, Enrique Mac-Iver, definió en un debate parlamentario su carácter y defendió su papel con profunda convicción:[81]

La oligarquía, ésa de que tan seriamente se nos habla, vive en un país repre-sentativo parlamentario, que tiene sufragio universal o casi universal, donde todos los ciudadanos tienen igual derecho para ser admitidos al desempeño de todos los empleos públicos y en que la instrucción, aun la superior y profesional, es gratuita. Agréguese que no existen privilegios económicos ni desigualdades civiles en el derecho de propiedad y convendrán, mis honorables colegas, conmigo, en que un país con tales instituciones y con oligarquía, es muy extraordinario; tan extraordinario que es verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que los honorables diputados que nos dieron a conocer esa oligarquía, hayan sufrido un ofuscamiento, que les ha impedido mirar bien, confundiendo así lo que es distinción e influencias sociales y políticas de muchos, nacidas de los servicios públicos, de la virtud, del saber, del talento del trabajo, de la riqueza y aun de los antecedentes de familia, con una oligarquía. Oligarquías como ésas son comunes y existen en los países más libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontrarán oligarquía de esta clase en Inglaterra y aún en los Estados Unidos de América. A esas oligarquías que son cimientos inconmovibles del edificio social y político, sólo las condenan los anarquistas y los improvisados.

También definió y defendió a la oligarquía chilena, desde Buenos Aires, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge[82] en Nuestra Amé-rica, asignándole a la coalición que derrocó al presidente Balmaceda un neto carácter de aristocracia tradicional e ignorando —o disimulando— los otros elementos que la integraban. Pero, en todo caso señalando que la oligarquía se enfrentaba decididamente con las clases medias y populares:

La Revolución que derrocó a Balmaceda puede considerarse un triunfo de un partido históricamente aristócrata, en el carácter, si no en el nombre, contra la nueva tendencia reaccionariamente democrática de un gobierno que, resistido por la clase rica y blanca, buscó el apoyo de la clase pobre y mestiza: del pueblo, de los “rotos”…

Fue un rasgo peculiar de esas oligarquías repudiar, si no los principios, las consecuencias, al menos, de la democracia igualitaria. Cierta vez le preguntaron a Eduardo Wilde, finísimo escritor y político argentino, qué era “la universidad del sufragio”; su respuesta fue: “el triunfo de la ignorancia universal”. Fue en 1885.

Doce años más tarde, el vizconde de Saboia escribió en sus Tragos da política republicana que, en el Brasil, la república estaba compuesta de “rateros, bandidos y asesinos”. Hubo, como se advierte en la frase de Carlos Octavio Bunge, una invencible aversión a las clases populares, que adquirió caracteres de odio y desprecio cuando se trataba de población indígena. El mismo Bunge[83] decía refiriéndose a ella: “Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean! — habían diezmado a la población indígena y africana…”.

Y no menos categórico era el escritor boliviano Alcides Arguedas, que, en Pueblo enfermo,[84] decía del indio: “Hoy día, ignorante, de-gradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía… y oyendo a su alma repleta de odios, desahoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”.

También manifestó la oligarquía un marcado desdén por las clases medias en ascenso, en las que veía, sin duda, un adversario potencial puesto que demostraba una decidida tendencia a participar en la vida política.

El conservador chileno Rafael Egaña decía, refiriéndose a Balmaceda:[85]

Personificaban la resistencia a la dictadura (de Balmaceda) las personalidades más altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio… y se rodeaba (Balmaceda) de advenedizos y desconocidos, gente de posición indefinida, sin títulos para entrar en la alta sociedad, pero con pretensiones de sobreponerse al bajo pueblo…

Con tales convicciones, la oligarquía liberalburguesa pudo ejercer el poder con la seguridad de que constituía una clase elegida. En verdad, era la clase eficaz para afrontar la empresa económica a la que los distintos países latinoamericanos eran llamados por la organización capitalista mundial; y con este título, desdeñó no sólo a los grupos señoriales que procuraban mantener la estructura tradicional —a los que llamaba reaccionarios y oscurantistas— sino también a los grupos de clase media y popular que mantenían su adhesión a los principios del liberalismo y contemplaban atónitos a qué extremos los habían conducido las oligarquías.

No faltó, desde uno y otro sector, quienes denunciaron la entrega de las economías nacionales al capital extranjero. José Batlle y Ordóñez enjuiciaba en su periódico El Día, de Montevideo, al presidente Herrera y Obes:[86]

Si se examinan los rasgos culminantes de toda la conducta de los Poderes Públicos y de toda la propaganda orista, se verá claramente que los verdaderos intereses nacionales nunca se han tenido en cuenta; se verá que han sido sacrificados a los intereses de lo que aquí llaman ‘alto comercio’, o sea, los intereses de un grupo de dependientes y factores de fábricas extranjeras cuyos productos introducen.

Y el chileno Luis Aldunate decía, refiriéndose a la enajenación de las salitreras:[87]

El remate de las propiedades salitreras fiscales tiene que producir dolorosas consecuencias, no sólo porque no hay capitales en el país que puedan competir en concurrencia libre con la masa de recursos de los cuales disponen los extranjeros, sino porque necesitábamos precisamente de las oficinas, de las máquinas del Esta-do para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y los azares de esa industria, que requiere de grandes medios de desenvolvimiento y que está sujeta a sacudidas violentas.

Para promover el desarrollo de la economía, impulsar la prosperidad y crear un ambiente de seguridad para los inversores extranjeros, las nuevas oligarquías, acaso recogiendo los signos de cierta generalizada fatiga de tantas querellas internas, proclamaron un lema que la república del Brasil inscribió en su bandera: “Orden y progreso”.

Era lo mismo que afirmó el presidente argentino Julio A. Roca al hacerse cargo de la presidencia: “Paz y administración”. Y el presidente de Colombia Rafael Núñez, declaraba que era propósito de la “Regeneración” establecer “la paz verdadera y científica’. Era un anhelo de quienes entreveían un porvenir de riqueza, y de reducir y canalizar la actividad política.

La política debía, en lo futuro, encuadrarse dentro de marcos estrictos y el Estado de la oligarquía liberalburguesa se dispuso a apelar a la fuerza de un ejército moderno y organizado para reprimir todo intento de apelación a la Revolución. Roca[88] lo prometió de manera muy enérgica en oportunidad de hacerse cargo del gobierno en 1880: “Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo Nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública”.

Y agregaba: “Espero, sin embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la república por el crimen de la guerra civil”.

Era, más o menos, que en Colombia decía Núñez en 1884:[89] “El propósito del gobierno del que somos exponentes, será siempre el mismo: reprimirá estrictamente, conforme a la ley, todas las perturbaciones del orden político, que por lo general son grave amenaza del orden social”.

El pensamiento de Porfirio Díaz fue expresado en México con el lema de “poca política y mucha administración”. Al enjuiciarlo el filósofo Antonio Caso hacía notar:[90]

El error de Porfirio Díaz consistió en preferir sistemáticamente el desarrollo de los sistemas económicos, en creer que la riqueza es el solo aliento de los gobiernos fuertes, y, sobre todo, en pensar que el bienestar nacional exigía la supresión de las prácticas democráticas, por eso su gobierno, que aconsejaba el lema de ‘poca política y mucha administración’, cayó vencido.

La decisión de limitar la actividad política fue una decisión de restringir los márgenes sociales de la participación política. Las oligarquías cerraron el camino por el cual tendían a incorporarse a la vida pública las clases medias en ascenso y, en algunos países, las clases populares. Se utilizaron mecanismos electorales para evitar la expresión de las disidencias, estableciendo limitaciones legales —por ejemplo, para los analfabetos— o haciendo fraude en los comicios. Negaron obstinadamente la posibilidad de llevar a los cargos públicos a quienes no pertenecieran al círculo oligárquico, y crearon clientelas electorales y administrativas que respaldaban el sistema cerrado y facilitaban su funcionamiento. Naturalmente, quien ejerciera la presidencia de la república no podía salir sino de esos círculos.

El argentino Eduardo Wilde exigía este designio oligárquico en principio: “Será presidente el candidato que designe el general Roca —decía en un editorial periodístico al tratarse la sucesión de éste—. El general se ha hecho acreedor a esa conducta y debe aceptar el honor con serena conciencia”. Era el régimen que, poco después, se llamaría “el unicato”. En México, Justo Sierra[91] —ministro de Porfirio Díaz como Eduardo Wilde lo fue de Julio A. Roca— escribía:

Las dictaduras de hombres progresistas, que sean al mismo tiempo administradores inteligentes y honrados de los fondos públicos, suelen ser eminentemente benéficas en los países que se forman, porque aseguran la paz y garantizan el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. Pueden ser detestables en teoría, pero las teorías pertenecen a la historia del pensamiento político, no a la historia política, que sólo puede generalizar científicamente sobre hechos.

Y refiriéndose a Porfirio Díaz, explicaba la singular naturaleza de su poder y autoridad:[92]

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investi-do, por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su pro-grama de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órga-nos oficiales, de la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del Presi-dente, puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal; no se trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del país, como parecen afir-mar los fantaseadores de sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país, que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la vo-luntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional; y se ha atribuido a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la trasformación económica, sino para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, ha-brá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.

Las oligarquías declinaron, en cierto modo, su propia participación y apoyaron entusiastamente este tipo de dictadura, porque preferían la ejecutividad autoritaria de quien estaban seguras de que las interpretaba, a no abrir la peligrosa compuerta de la lucha política, tras de la cual esperaba una masa cada vez más numerosa de gentes, que creía tener derecho a participar en la vida pública. La oligarquía, en rigor, gobernaba desde los cargos públicos, pero gobernaba más aún utilizando los resortes del Estado en beneficio de sus intereses privados: un reavivamiento de la actividad política no podía, pues, menos que perjudicarla sin darle nada en cambio.

Venezuela conoció, en la figura de Antonio Guzmán Blanco, el tipo de dictador autoritario que se ajustaba a sus designios. Empero, Venezuela, como algún otro país, probó que el sistema podía extremarse. La dictadura de Juan Vicente Gómez fue ese extremo. Laureano Vallenilla Lanz[93] escribió en su tiempo un denso estudio—que tituló Cesarismo democrático— para probar que los países lati-noamericanos han tenido siempre necesidad de un jefe omnímodo que asumiera la totalidad del poder:

Si en todos los países y en todos los tiempos… se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aun el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Estas virtudes las hallaba íntegras precisamente en el presidente Juan Vicente Gómez, a quien atribuía no sólo las calidades necesarias sino también la obligación de ejercer la autoridad absoluta:[94]

Convencido de su misión política, no sólo por las satisfacciones de su propia conciencia, sino por las constantes y elocuentes manifestaciones con que la inmensa mayoría de los venezolanos demuestran su gratitud y su fe por los nobles y honrados procederes del egregio caudillo, el general Gómez está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos conduce a un bienestar fundado en hechos po-sitivos.

Sin duda, Juan Vicente Gómez, como antes Cipriano Castro y antes aún Antonio Guzmán Blanco, representaba a los grupos más poderosos y los benefició al beneficiarse él mismo. Pero su dictadura, que sería difícil calificar dados los extremos que alcanzó, sobrepasó las expectativas de la oligarquía venezolana: el presidente cedió sin condiciones a la presión del capital petrolero norteamericano, y sus posibilidades de desarrollo quedaron limitadas dentro de los estrechísimos márgenes que fueron establecidos desde el extranjero. Quizás el de Juan Vicente Gómez sea un caso extremo. Pero esta posibilidad estaba implícita en la actitud de todas las oligarquías liberalburguesas de Latinoamérica. Por eso se transformaron en una típica derecha frente a los viejos partidos y grupos que conservaban y cultivaban la tradición ideológica del liberalismo y, más aún, frente a los nuevos y crecientes grupos sociales de clase media y popular que aspiraban no sólo al ascenso económico y social sino también a la participación política.

5. El pensamiento político del populismo desde la entreguerra

Si fueron importantes los cambios estructurales que se operaron en los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, más importantes fueron aún sus consecuencias en las primeras décadas del XX. Y no tanto, quizá, porque se consumaran los cambios en la organización económica —que por lo contrario resistió vigorosamente— sino porque se precipitaron los procesos sociales derivados, a un ritmo y a una escala que sobrepasaban los de los cambios económicos. Este desfazamiento suscitó graves problemas políticos e ideológicos.

Persistió, modernizado y agresivo, el pensamiento político de las burguesías liberalburguesas, cada vez más afianzado como ideología de la clase dirigente, cada vez más ajustado a la situación real; y persistió, envejecido y nostálgico, el pensamiento político de los grupos señoriales, cada vez más entregados a las burguesías liberalburguesas e integrados en ellas, aunque celosos de sus principios y normas, generalmente convertidos en prejuicios.

La novedad consistió en la aparición de una nueva derecha, influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional —a veces de las generaciones más jóvenes— que la enfrentaron y denunciaron por su entrega a las oligarquías liberalburguesas y por su abandono de los principios señoriales. Y si esto constituyó una novedad, explicable como un fenómeno de mimetismo, más lo fue la conversión que empezó a operar luego esa nueva derecha en busca de apoyo popular o en busca de soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares. Éstos son los grupos que suelen llamarse populistas, aun cuando la designación no sea totalmente ortodoxa. Es preferible, empero, para no usar la de los movimientos europeos que constituyeron sus modelos, luego aban-donados, y para destacar ciertas tendencias muy vigorosas que se advierten en ellos.

Como en el caso de las dictaduras liberales, también aquí se plantea el problema de la clasificación de estos grupos. Si nos atenemos al criterio político, puede decirse que revelan una inequívoca tendencia al ejercicio de un poder fuerte, dictatorial a veces, al uso de la fuerza para la conquista del poder, y a la imposición de cierto tipo de dictadura ideológica para la defensa de un sistema de fines arraigado en la tradición señorial y católica. Desde este punto de vista podría decirse que el populismo es un movimiento de derecha. Pero si nos atenemos a un criterio socioeconómico advertimos que el populismo ha aceptado el cambio y ha comenzado, en Latinoamérica, la busca de un esquema de cambio original. No es, en efecto, y pese a la frecuente retórica nacionalista, un simple retorno a la tradición, al ordenamiento social y económico propio del mundo señorial. Es, sin duda, un cambio para escapar del orden liberalburgués, pero cada vez más, según parece observarse, con un signo moderno que corresponde a lo que hoy se llama una sociedad de masas en el seno del mundo industrial, y es, precisamente, un cambio que pretende la reordenación de las masas según un sistema de fines que pueden o no compartirse, pero que corresponde a una problemática moderna y procura hallar fórmulas sociales y políticas dentro del repertorio de posibilidades que promete el incontenible proceso de desarrollo. Así, si nos atenemos a un criterio socioeconómico, no podría decirse que el populismo sea un movimiento de derecha sino una derecha paradójicamente volcada hacia la izquierda.

Este diagnóstico —es importante subrayarlo— corresponde a la situación actual. Pero como la situación social latinoamericana es muy fluida e inestable, no se podría asegurar que sea éste un diagnóstico definitivo. O mejor dicho, un diagnóstico que corresponda a núcleos esenciales. Más bien podría adivinarse que lo que está ocurriendo es una nueva alineación de partidarios de la perduración de orden liberalburgués y de partidarios de su cambio. En las nuevas alineaciones se entrecruzan los grupos, y el observador diagnostica sobre los procesos que tiene a la vista sin poder evitar la consideración de los diversos grupos que toman posición en cada frente: se extraña de que haya comunistas y socialistas embarcados en posiciones ranciamente liberales, y que haya sacerdotes y antiguos simpatizantes de Mussolini o Hitler que asuman actitudes revolucionarias modernas. En rigor, esta circunstancia perderá importancia con el tiempo, y los frentes a favor o en contra del cambio precisarán su fisonomía y cobrarán homogeneidad sin que importe la antigua filiación de sus componentes.

De todos modos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, éste parece ser el fenómeno más curioso: la escisión de la derecha en dos sectores: uno, adherido a la tradición liberalburguesa; otro, adherido a una nueva filosofía de cambio. En virtud de un proceso que, según cierto criterio formal —y en ocasiones un criterio realista—, o parte de la derecha, o la transforma, si se quiere, en una derecha paradójica, puesto que se lanza a la promoción del cambio desde dentro del sistema, con garantías que le permiten un tipo de acción que le está vedado a quienes pretenden impulsar el cambio desde fuera del sistema.

El cambio social y económico

La Primera Guerra Mundial constituyó, para Europa y para el mundo, el fin de la belle époque. Antes de ella, y a lo largo de cinco décadas, habíase arraigado la convicción de que el mundo se movía dentro de una armonía perfecta: la del mundo liberalburgués, maduro en sus ideas, maduro en las formas de su sensibilidad y maduro en la conducción de sus intereses. Pero esa armonía era inestable, y la inevitabilidad de la guerra probó que yacían en su seno contradicciones profundas que sólo transitoriamente podían haber hallado un equilibrio. Una vez roto, los cambios más violentos se produjeron en el ordenamiento económico, social, político y cultural. Los principios liberalburgueses que parecían más sólidos fueron aventados por los regímenes que se establecieron en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal. Por su parte, Inglaterra y Francia salieron gravemente disminuidas de la contienda, y Estados Unidos surgió como un gigante cada vez más poderoso por su riqueza y su poder militar.

Estos cambios se irradiaron rápidamente hacia la periferia de Europa, a los países de economía dependiente que se habían organizado a la sombra de la armonía del mundo liberalburgués, para servir a las necesidades y a las exigencias del núcleo hegemónico y recoger, en cambio, los márgenes de ganancia tolerables. Al sacudirse la organización, cada una de las partes recibió un mismo impacto, pero reaccionó de distinto modo según su propia estructura.

Latinoamérica sufrió muchas y muy diversas crisis, todas relacionadas con las alternativas del mercado exterior. Los tradicionales compradores de materias primas, en parte responsables del establecimiento de regímenes de monoproducción, reajustaron sus relaciones económicas con sus clientes en los términos más adecuados a sus necesidades, y todos los países latinoamericanos se encontraron con imprevistas situaciones para las que no estaban preparados. Hubo desequilibrios estructurales, desesperados intentos de reorganizar la vida económica por parte de las minorías perjudicadas, ingenuos tanteos y virajes audaces que, siempre, de alguna manera, atenuaban los efectos de la crisis que sufrían las oligarquías y solían pagar las clases medias y populares.

Por lo demás, la crisis de entreguerra estalló en una situación ya ligeramente alterada en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las interrupciones en el suministro normal de productos manufacturados había permitido el desarrollo de ciertas industrias, cuyo crecimiento esbozaba una situación de desarrollo en muchos países latinoamericanos. Pero el fin de la guerra y el reajuste de la economía mundial trajo consigo un intento de paralizar ese desarrollo, en beneficio del viejo sistema de preguerra que se trataba de reconstituir. La crisis fue, pues, más intensa aún.

Latinoamérica fue, después de la Primera Guerra Mundial, escenario de una lucha de mercados entre Inglaterra y Estados Unidos. Este último país avanzó considerablemente, y tanto sus capitales como su influencia política penetraron en muchos países latinoamericanos modificando las condiciones del desarrollo económico, el poder de los diversos grupos de la oligarquía liberalburguesa y las perspectivas de las clases medias y populares. Fue la época de las intervenciones armadas en Nicaragua y Santo Domingo, de las presiones políticas, de la obtención de concesiones y privilegios económicos en muchos países. El petróleo se transformó en el motor de la política internacional. La industria automotriz creció vertiginosamente y buscó sus mercados extranjeros con pertinaz empeño. Y mientras crecía la complejidad de la vida económica, se desataban las contradicciones del sistema, visibles en las crisis financieras y monetarias de los países europeos y agudizadas en la crisis de 1929. Los controles se agudizaron: controles de la producción, controles de los precios, controles de cambios. La vida económica se transformó cada vez más en un mecanismo de precisión, y el número de quienes la controlaban y manejaban se fue reduciendo.

Toda esta transformación económica incidió en los países latinoamericanos sobre los procesos sociales y económicos locales. En efecto, el hecho de que predominara una economía dependiente no significó que la vida de cada país o de cada región se redujera a los esquemas que esa economía imponía. El desarrollo económico mismo tuvo peculiaridades locales en muchos aspectos que escapaban al esquema, y aun en algunos que entraban dentro de él, puesto que las reacciones fueron el resultado de muchos factores locales. Más aún ocurrió en el plano de la vida social. La dependencia económica sujetó a ciertos sectores, pero no impidió que, aun éstos, conservaran su peculiaridad y, menos aún, que reaccionaran según su propia idiosincracia, en tanto que otros sectores que recibían los impactos de la dependencia económica, en distinta medida operaban complejos desarrollos de marcado matiz local.

Es sumamente importante señalar este fenómeno. Los impactos externos fueron iguales y tendieron a homogeneizar a Latinoamérica; pero las reacciones fueron diferentes y mantuvieron —o acentuaron quizá— la diferenciación en cuanto a la naturaleza de los problemas.

La expansión de las clases medias fue un fenómeno general en Latinoamérica, que se acentuó mucho después de la Primera Guerra Mundial y que tuvo distintos aspectos según los países y las regiones. Fuera de la influencia que en todas partes del mundo tuvo la Revolución industrial en la formación de las clases medias —una clase de consumidores—, en Latinoamérica influyó mucho la importancia que adquirieron los sectores terciarios, en un sistema económico en el que la intermediación cumplía un papel fundamental. El signo más visible de ese crecimiento fue el desarrollo de las ciudades, hacia las que emigraban todos los que podían hacerlo, abandonando los campos donde la sujeción era mayor, los salarios más bajos y, sobre todo, donde los desposeídos vivían la miseria rural, que en el mundo industrial parece peor que la miseria urbana, más dura esta última en ocasiones, pero más gratificante y retributiva psicológicamente. De los que emigraban, una parte no pequeña logró ascender hacia los estratos inferiores de las clases medias. Tuvo ésta, educación, atención médica, entretenimientos, fácil comunicación y posibilidades de consumo. Y por el ejercicio de tales posibilidades no sólo crecieron las clases medias sino que adquirieron ciertos rasgos de clase media vastos sectores de las clases populares.

También adquirió la clase media la posibilidad de acentuar su participación política, dentro del margen, más o menos extenso, que permitía el predominio de las oligarquías liberalburguesas. Pero aun cuando no pudo participar efectivamente en el poder, la clase media pudo hacer sentir su presión, e ingresar ocasionalmente a través de las fisuras del sistema.

Las clases populares sufrieron un proceso de desarrollo aún más notable. Casi totalmente pasivas hasta poco antes, aparecieron de pronto en muchos países como una fuerza eruptiva, quizás incapaz de orientarse por sí misma, propensa a volcar su formidable poder a favor de quien la sedujera. Era —obsérvese bien— lo mismo que habían hecho antes las clases medias, cuyos primeros pasos hacia su incorporación a la vida política habían sido a la zaga de algún sector señorial u oligárquico que las había buscado para usarlas como ariete contra sus adversarios dentro del sistema. Las clases populares irrumpieron. Habían aparecido en México detrás de Zapata o de Villa; y aparecieron luego en Brasil, en Perú, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Cuba. Sería largo describir la fisonomía del proceso, y más largo aún, y acaso más incierto, explicarlo rigurosamente porque todavía estamos inmersos en esa inusitada experiencia. Pero de todos modos es innegable que desde la década del veinte el fenómeno reapareció una y otra vez, y que fueron inútiles todos los esfuerzos para encubrirlo.

Podría intentarse, pero sería ajeno a nuestro tema, caracterizar cómo se constituían las masas que siguieron a Haya de la Torre, a Vargas, a Paz Estensoro, a Perón, a Gaitán, a Castro. Pero no puede dejarse de señalar el hecho, porque sin él es inexplicable no sólo la creciente inquietud revolucionaria —que escapa a nuestro tema— sino también la aparición de lo que llamamos el populismo. Tampoco puede dejar de señalarse la significación de fenómenos de irrupción popular tan significativos como el “17 de octubre” en Buenos Aires, en 1945, o el “bogotazo” del 9 de abril de 1948. Los mineros de Chile o de Bolivia no se parecen a los siervos de la mita, por cierto. Y los campesinos cubanos mostraron una capacidad para quemar etapas en el camino del desarrollo político, que evidenció la potencialidad que se esconde en las clases populares.

Esta situación, obsérvese bien, era prácticamente imprevisible fuera de México, antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de las clases populares como factor político es un fenómeno que en muchos países tiene veinte años y en otros treinta o cuarenta. Nada más explicable que estos fenómenos y los del crecimiento de las clases medias hayan obrado profundamente sobre la actitud de ciertos estratos de las derechas tradicionales, y provocado el curioso fenómeno de la aparición de la derecha paradójica, del populismo.

La continuidad del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Ante los síntomas de la crisis de posguerra, las oligarquías liberalburguesas —a las que estaban cada vez más estrechamente incorporados los grupos económicamente importantes de tradición señorial— se apresuraron a ajustar los mecanismos del poder para controlar lo mejor posible las alternativas del proceso.

En algunos casos hubo un simple estrechamiento de filas para presentar un solo frente político mientras se cumplía el plan económico. En otros casos hubo en el seno de la oligarquía liberalburguesa un enfrentamiento de grupos que disputaban el comando de la operación de ajuste, o por desconfianza en cuanto a las ideas y los compromisos de cada grupo, o por interés de asegurarse la totalidad o la mayor parte de las ventajas si había opción entre las soluciones. Y en ciertos casos, como en otras oportunidades en que se sintió en peligro, delegó el poder en un hombre fuerte —o simplemente lo apo-yó—, en el que reconocía capacidad y apoyo exterior suficiente como para llegar a la solución deseada.

La situación se hizo crítica hacia 1930, fecha que constituye un hito en la historia política de muchos países latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua y Ubico en Guatemala; en Colombia llegaron al poder los liberales, con Olaya Herrera, en tanto que en la Argentina triunfó la Revolución conservadora presidida por Uriburu; Bolivia vio el fin del régimen de Siles —al que reemplazó Salamanca—; el Perú, el de Leguía —sustituido por Sánchez Cerro—; y poco después Cuba el de Machado, reemplazado por una junta que entregó el poder a Grau San Martín; en Brasil surgió el régimen de Vargas; en el Uruguay dio Terra un golpe dictatorial; se desató la crisis política en Chile, de la que saldría una efímera república socialista primero y la vuelta al poder de Alessandri; estalló la guerra civil en Ecuador; y finalmente se encendió entre Paraguay y Bolivia la guerra del Chaco. Entre los países grandes, sólo México escapó a esta crisis. Todos fueron cambios profundos, generalmente turbulentos y dramáticos, tras los cuales el régimen anterior no volvió a ser restaurado jamás en las mismas condiciones, porque las fisuras de la situación habían quedado al descubierto y el sistema de las fuerzas sociales y políticas se constituyó en términos nuevos e irreversibles. La oligarquía liberalburguesa, bajo distintas formas y en variadas alianzas con los grupos de poder nacionales y extranjeros, asumió la responsabilidad de conservar el control de la situación sin que sus equipos de gobierno y sus personeros vacilaran en renunciar a algunas de sus más caras y tradicionales convicciones. Puede decirse que, a partir de ese momento, la oligarquía liberalburguesa fue más burguesa que liberal. Casi todo lo poco que conservaba de sus antiguas ideas liberales fue arrojado por la borda. En rigor, el sistema liberal había funcionado como una especie de fair play entre los distintos grupos de la burguesía, y dejó de funcionar cuando aparecieron en la escena política nuevos sectores sociales no pertenecientes a ella, movidos por distintas aspiraciones.

En el campo de la política interna, el programa de la democracia liberal fue considerado, de hecho, imposible de cumplir.

Sin duda que la retórica política siguió usándolo, quizá con más énfasis que antes. Pero de hecho quedó caduco. Las dictaduras políticas fueron rigorosas. Las elecciones, cuando las hubo, fueron en casi todas partes proscriptivas o fraudulentas, y en algunos países fueron un verdadero escarnio. Los partidos opositores fueron perse-guidos, las minorías despreciadas, los derechos civiles conculcados y los simples derechos humanos ignorados por verdaderos Estados policíacos. Las huelgas y los movimientos obreros fueron considerados atentados contra la seguridad pública, en tanto que se apoyaba la despiadada explotación de los trabajadores por las grandes em-presas nacionales y extranjeras.

Entretanto, en el campo de la política económica se produjo un viraje fundamental. El Estado abandonó los principios de prescindencia que la oligarquía había enunciado y defendido tenazmente hasta entonces, e intervino directa y brutalmente a veces, en la conducción de la economía. La producción y los precios fueron controlados por medio de organismos reguladores. Aparecieron los bancos centrales que dirigieron celosamente la circulación monetaria, la distribución del crédito y el uso de las divisas extranjeras. Los viejos principios del liberalismo económico quedaron olvidados.

Lo que si quedó en pie fueron los principios que habían hecho de los antiguos grupos burgueses y liberales una oligarquía cerrada. Conservó ésta la certidumbre de que sus intereses coincidían con los del país, la firme convicción de que era peligroso mantener abierto el camino hacia la participación política de los sectores medios y populares, y la decidida resolución de contener de cualquier modo los movimientos obreros que luchaban por modificar las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta resolución fue cada vez más firme, a medida que se agudizaron los conflictos, que creció —hasta límites dramáticos— la desocupación, que se acentuaron las migraciones internas y el éxodo rural, que explotaron las rebeliones de las clases tradicionalmente sometidas. Estos principios fueron, en realidad, los que nutrieron a las burguesías liberalburguesas, que seguían declarando, sin embargo, su devoción por el Estado liberal de derecho, por la constitución vigente, por el régimen jurídico, por el sistema parlamentario.

Esos principios no habían sido observados nunca de manera absoluta; pero la oligarquía liberalburguesa había parecido admitir que, con el tiempo y con el desarrollo de la educación, sería posible un día que se cumplieran plenamente. La oligarquía liberalburguesa asumía una especie de tutela de las clases en ascenso, y, ciertamente, la experiencia de algunos países autorizaba a pensar que ésa era su política para el futuro, como lo había sido en más de un caso antes de la crisis. El armazón legal del Estado se mantuvo, pero la violación del orden legal quedó prácticamente justificada por la costumbre.

El desarrollo normal del proceso económico y social acentuó los problemas a medida que la inflexibilidad del sistema gubernamental se extremó. Lo que ocurrió en Colombia desde 1948 y en Argentina desde 1945 se incubó sordamente durante este período. Las oligarquías fueron absolutamente insensibles a los problemas del pasado. La crisis se hizo visible con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas posibilidades de negocios aparecieron para las oligarquías, pero aparecieron para los sectores medios y populares otras posibilidades de rebelión, que se canalizarían a través de otros movimientos, algunos de los cuales tuvieron éxito más o menos duradero mientras otros se fueron disolviendo hasta perder agresividad.

Lo importante es que la oligarquía liberalburguesa estrechó sus filas nuevamente y volvió a cambiar de opinión frente a muchos problemas. Se destacaron de su seno sectores industrialistas que trataron de lograr una política de protección para su campo económico; pero los equipos dirigentes entraron de lleno en la esfera de acción del nuevo capital predominante —esta vez el norteamericano— y se afiliaron otra vez a una decidida política liberal que sostuvo la necesidad de mantener el régimen de la libre empresa. El neoliberalismo que pretendía imitar el sistema económico de los Estados Unidos y de los países como Alemania e Italia donde se había operado el llamado ‘‘milagro” de la economía liberal, fue defendido en los países latinoamericanos donde la coyuntura de la guerra había permitido desencadenar un proceso relativamente vigoroso de industrialización. Y en otros aspectos —menos en el político— el liberalismo volvió a ser considerado como el sistema propio de una democracia. Una retórica anacrónica envolvió esta prédica que, naturalmente, empezó a alejar de los partidos políticos que la defendían a los sectores medios y populares.

Las oligarquías liberalburguesas se encontraron, así, enfrentadas por vastas masas que acumulaban cada vez más experiencia. Para enfrentarlas acentuaron la defensa del liberalismo y lo transformaron en sinónimo de sistema de libertades individuales. Esos principios fueron identificados con los que rigen el mundo occidental y cristiano, y opuestos a los que rigen el mundo comunista. Todo principio de estatización, todo llamado a la justicia social, toda tendencia a la socialización o colectivización fue considerado expresión del “comunismo”, un ente que adquirió, por la fuerza de la propaganda, una variada gama de connotaciones. El papa Juan XXIII y el presidente Kennedy fueron considerados “idiotas útiles”, y el presidente Frei, el “Kerensky chileno”. Sólo pareció respetable, a sus ojos, la perduración verbal de un conjunto de nobles principios que habían movido la Independencia, pero que las oligarquías liberalburguesas habían abandonado de hecho en el momento mismo en que se convirtieron en oligarquías.

Las reminiscencias del pensamiento político de los grupos señoriales

Desde el punto de vista del poder, los grupos de tipo tradicional y de mentalidad señorial dejaron de ser importantes en Latinoamérica por sí mismos en las últimas décadas. Obsérvese bien, que se trata de la posibilidad de que predominaran por sí mismos, porque, en efecto, el mecanismo de la economía mundial los puso en la opción de fusionarse con la oligarquía liberalburguesa, o transformarse ellos mismos en eso, o perder toda eficacia económica y política.

Por sí mismos, sin embargo, los grupos señoriales mantuvieron cierta importancia. Ante todo, como componentes de la oligarquía liberalburguesa, puesto que de acuerdo con su gravitación le infundieron distinto aire. Allí donde la tradición señorial conservó prestigio, arrastró a muchos miembros de la nueva oligarquía a una imitación más o menos grotesca de su estilo de vida, a una adopción más o menos arraigada de sus ideales y prejuicios. Y si la influencia fue grande pudieron los grupos señoriales cubrir con su bandera ese complejo social que constituyó la oligarquía liberalburguesa.

Pero, además, los grupos señoriales siguieron constituyendo el signo —o el vestigio— de una sociedad tradicional que, aunque periclitada, seguía siendo un cuadro de referencias para los más celosos defensores del sistema constituido —las fuerzas armadas y la Iglesia, que medían la tolerabilidad de los cambios según el margen de alejamiento de aquel esquema. En la retórica tradicional latinoamericana, el heroísmo y la santidad parecían ser los rasgos predominantes de una sociedad precapitalista que, de acuerdo con ella, habría prevalecido en Latinoamérica —heredera de Portugal y España— durante los buenos tiempos pasados. Sería largo estudiar el mecanismo por el cual se ha constituido esta retórica en Latinoamérica, y más complejo aún desentrañar el extraño fenómeno psicosocial en virtud del cual sectores relativamente extensos de la sociedad creen que tal retórica expresa una realidad profunda. Lo importante es que los sectores señoriales representan, a sus propios ojos y ante los ojos de vastos grupos del clero y de las fuerzas armadas, una tradición valiosa, referida a la tradición hidalga, consustanciada con el espíritu de una aristocracia secular y apoyada en los vigorosos ideales del mundo feudal. Puede decirse, en resumen, falsamente por cierto, que los grupos señoriales representan una mentalidad precapitalista que conserva considerable predicamento en algunos sectores de la sociedad latinoamericana.

Es considerable el número de grupos y personas que, en determinada ocasión, se muestran identificados con esa concepción de la vida, sin perjuicio de que opere como generadora de normas y actitudes en la vida cotidiana. Subsisten las clientelas rurales de las viejas clases poseedoras, solidarias con ellas por la subsistencia de una sociedad paternalista; pero subsisten vastos sectores medios para los cuales la imitación de las formas de vida y la imitación de las formas externas de comportamiento de las viejas clases poseedoras supone alcanzar un signo de prestigio. El hecho es significativo, porque revela hasta qué punto las formas de vida y de pensamiento de los grupos señoriales constituyen marcos de referencia para sociedades que. sin embargo, han operado importantes cambios de estructura incompatibles con aquéllas.

Hubo países —la Argentina, por ejemplo—. donde llegaron a constituirse en la década del 30 grupos monárquicos, aparentemente con seriedad. Cierto es que sus integrantes se sentían camelots du roi, pero el proyecto, que tuvo una revista como instrumento de difusión. se refería concretamente a la realidad Argentina y no carecía de simpatizantes entre quienes parecían tener alguna influencia en-tre los grupos de poder.

El pensamiento político de los grupos señoriales no tiene, pues, más valor que el de una reminiscencia —nostálgica a veces, llena de dignidad literaria en algunos autores, grotesca en ocasiones—esgrimida como un fantasma por quienes sólo excepcionalmente creen en él. Sin embargo, es importante hacer dos observaciones a su respecto. que acaso se confundan en una sola.

El pensamiento político de los grupos señoriales, allí donde subsiste. mantiene su oposición, no sólo a las concepciones políticas de la democracia sino también a las formas de vida y a los principios propios del orden capitalista y liberal. Forma parte de su elenco de ideas, llamémosle así. el prejuicio contra el capital judío, contra los masones, contra los políticos, pero también contra Estados Unidos y. a veces, contra Inglaterra. El prejuicio capitalista funciona como un ariete anticapitalista, quizá por inadvertencia, y el prejuicio hispánico como un ariete antinorteamericano.

Deben agregarse a este sistema de prejuicios los que provienen de una vigorosa actitud contra los parvenus, los nuevos ricos, los cuales suponen todo un enjuiciamiento a la totalidad de la sociedad contemporánea y a su mecanismo de desarrollo y diferenciación.

Por otra parte, el pensamiento político de los grupos señoriales conserva muy vivas las reminiscencias de la organización paternalista: de la hacienda y del Estado. Ese sentimiento paternalista fue hostigado duramente por la oligarquía liberalburguesa porque, efectivamente, representaba un principio político intolerable en una sociedad moderna, y contradictorio en relación con el afianzamiento de la democracia.

Pero, después de varias décadas de ejercicio de la democracia liberal, vastos sectores populares en distintas regiones de diversos países latinoamericanos, al tener acceso a la vida política, han actualizado la concepción paternalista, actuando de acuerdo con ella y recibiendo por excusados caminos el apoyo de los grupos señoriales supérstites.

Esta actitud política es, en sí misma y en teoría, escasamente eficaz en el mundo de la sociedad industrial; pero permite una transferencia hacia concepciones políticas no liberales, no individualistas, en las que el paternalismo adopta una fisonomía diferente, como el comunitarismo. el corporativismo y, en general, los proyectos de organización social promovidos por las encíclicas de la Iglesia Católica.

El pensamiento político de los grupos señoriales es, pues, una reminiscencia anacrónica: pero quedan señaladas las líneas a través de las cuales las nuevas generaciones de los grupos señoriales pudieron llegar a formular los principios de la derecha paradójica, de la derecha volcada hacia el cambio, del populismo.

El pensamiento político del populismo

Se conoce con el nombre de populismo a los movimientos de tendencia popular —o destinados a polarizar a las masas hacia soluciones que les satisfagan— que rechazan tanto la tradición liberal como la tradición marxista.

No siempre es fácil filiar clara y objetivamente su origen, pero es innegable que, en general, el populismo proviene —por la extracción de sus dirigentes y por la peculiaridad de su pensamiento— de los grupos de derecha: pero no de las oligarquías liberalburguesas sino de los grupos señoriales, marginalizados como tales por aquellas. En nombre de una concepción señorial, católica, precapitalista y antiliberal, grupos provenientes de los sectores más tradicionales comenzaron a orientar sus simpatías hacia los regímenes de fuerza y hacia las doctrinas antiliberales. Maurras, Daudet, Sorel, Pareto ejercieron una profunda influencia ideológica. El triunfo de Mussolini y su denuncia de los regímenes liberales, así como su decidida acción contra los movimientos obreros —socialistas y comunistas—, polarizó la admiración de los grupos aristo-cratizantes que desdeñaban la demagogia de la nueva democracia latinoamericana, fundada en una retórica liberal, apoyada por las clases medias en vías de ascenso y explotada sabiamente por las oligarquías liberalburguesas. Al cabo de poco tiempo casi todos los grupos adoptaron uniformes y organizaciones semimilitares, imitando las camisas negras y pardas, las milicias fascistas o las fuerzas S.S.

Con tales caracteres, esos movimientos no pasaron de ser insignificantes esfuerzos de grupos minoritarios, de tendencia aristocratizante, sin otra fuerza que la que podía prestarle el apoyo que recibieron en muchos casos de grupos militares dispuestos a la acción. Pero a partir de cierto momento, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de las impresionantes victorias militares del Eje, los grupos que se denominaban nacionalistas comenzaron a obtener apoyo popular. La germanofilia los señaló como adversarios del mundo anglosajón y, por allí, del capitalismo y el imperialismo inglés y norteamericano: de modo que no les fue difícil aparecer como los campeones de una lucha por la liberación nacional, en la que aceptaron embarcarse grupos intelectuales y grupos obreros —con y sin experiencia sindical— agobiados por la presión de los monopolios internacionales. Estos movimientos crecieron. La enérgica campaña antibritánica y el reclamo de los derechos de las clases sometidas a las presiones económicas v sociales de las grandes empresas dio a los grupos nacionalistas un aire fuertemente popular; y a medida que creció el apoyo ese aire se acentuó y la dinámica del movimiento se fue acelerando hasta transformar totalmente los movimientos aristocratizantes y antidemocráticos en movimientos populares antiliberales.

El antiliberalismo fue uno de los rasgos sobresalientes del pensamiento político del populismo. Recogía, sin duda, la tradición señorial, pero fue presentado con una nueva fisonomía en la que, junto a la crítica, podían advertirse ideas constructivas que sonaban bien en los oídos de las clases populares.

Jorge González von Marées, líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, admitía la clara filiación fascista de éste, en cuanto tenía de apertura hacia soluciones no liberales:[95]

Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano sino que es mundial. El encarna la reacción espontánea y natu-ral de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea. de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación, sobre la mediocridad, que constituye la característica del liberalismo; significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico v el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signifique, por ningún motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemán. Nuestro movimiento se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionalista.

Pocos años después, el periódico La Nueva República[96] vocero de los nacionalistas argentinos, definía su posición como un intento de restaurar los principios políticos tradicionales, conculcados por la democracia liberal:

La Nueva República se ha definido como un grupo nacionalista. Este voca-blo que despierta la antipatía instintiva de quienes lo consideran aplicable a una exaltación irrazonada del sentimiento patriótico que degenera en xenofobia, ha sido adoptado por nosotros como insustituible para expresar un cierto orden de relaciones jurídicas. El nacionalismo —hemos dicho— persigue el bien de la nación, de la colectividad humana organizada; considera que existe una subordinación necesaria de los intereses individuales al interés de dicha colectividad y de los derechos individuales al derecho del Estado. Esto basta para diferenciarlo de las doctrinas del panteísmo político, las cuales se caracterizan por el olvido de ese fin esencial de todo gobierno —el bien común— para sustituirlo por principios abstractos: soberanía del pueblo, libertad, igualdad, redención del proletariado.

Los movimientos nacionalistas actuales se manifiestan en todos los países como una restauración de los principios políticos tradicionales, de la idea clásica del gobierno, en oposición a los errores del doctrinarismo democrático, cuyas consecuencias desastrosas denuncia. Frente a los mitos disolventes de los demagogos erige las verdades fundamentales que son la vida y la grandeza de las naciones: orden, autoridad y jerarquía.

Una definición coherente de los objetivos contra los cuales el nacionalismo quería luchar y de aquéllos que quería conseguir, apareció en el documento titulado “Principios y acción del Movimiento nacionalista revolucionario“, que sirvió de base para la fundación del partido boliviano de ese nombre en 1941. En el segundo punto, el antiliberalismo se manifestaba, al mismo tiempo, como una ofensiva contra el sistema capitalista y liberal y como un ataque contra el socialismo, vinculado —se decía— con el internacionalismo judío y la masonería:[97]

Denunciamos como antinacional toda posible relación entre los partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas y la invocación del ‘socialismo’ como argumento tendiente a facilitar la intromisión de extranjeros en nuestra política interna o internacional, o en cualquier actividad en la que perjudiquen a los bolivianos. Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de acciones o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones. Exigimos una ley que obligue a las empresas periodísticas o de cualquier género de publicidad a declarar ante las autoridades civiles o militares cuando contraten servicios de redactores o colaboradores extranjeros especificando los salarios que les paguen y los servicios que aquéllos presten. Exigimos la prohibición absoluta del ingreso de extranjeros al Ejército para el comando de tropas, salvo como profesores de la oficialidad, previa aprobación mediante ley. Exigimos la formación de un registro de todos los empleados dependientes de las empresas extranjeras con especificación prolija de antecedentes, sueldos o salarios, bajo la vigilancia del Estado Mayor del Ejército. Exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía y de cualquier otra que no tenga eficacia productora.

Y cuando Paz Estensoro[98] nacionalizó las minas de estaño en 1952, extremó la crítica del sistema capitalista:

El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobre-za generales del país hizo posible el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ello fue agravado luego por una legislación excesivamente liberal en la que no se contemplaba obligación social alguna y apenas sí insignificantes cargas tributarias. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político, deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación y de tres millones y medio de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de tres individuos.

Fue impuesta la monoproducción como característica de la economía na-cional. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de los mercados extranjeros. Las fluc-tuaciones en la cotización del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, reper-cutían sin embargo, vertical y decisivamente, sobre toda la vida del país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, se hacia más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artículos im-portados.

Esta actitud antiliberal, manifestada en el seno de una sociedad vigorosamente estructurada dentro de tal sistema, importaba una clara aceptación de la necesidad del cambio y un designio resuelto de promoverlo a cualquier precio. Esta decisión significaba una actitud revolucionaria, un abandono de la típica actitud de la derecha señorial y de la derecha liberal burguesa. No sería fácil establecer en qué medida y por qué vías el pensamiento de la izquierda revolucionaria había influido en el pensamiento político de los grupos populistas, pero es evidente que, una vez salvados los distintos fines ideológicos, la aceptación del cambio y la programación del sentido que debería tener, aproximaba a los grupos populistas más a la izquierda —a la que querían combatir y a cuyo desafío pretendían responder— que a los distintos grupos de la derecha tradicional.

Su divergencia residía en el sentido del cambio. Descartada la idea de la legitimidad de la lucha de clases, del designio de constituir- una sociedad sin clases: rechazada la concepción materialista y dialéctica de la historia y la innegable continuidad que ella implicaba con respecto a algunos aspectos de la tradición liberal, los grupos populistas organizaron poco a poco un ideario bastante homogéneo, que expresó el sentido del cambio a que aspiraba.

A la aspiración de las izquierdas a constituir un mundo socialista, el populismo opuso, en Latinoamérica, su aspiración a reconstruir un mundo en el que predominaran los principios del catolicismo antiutilitario, de la hispanidad y del nacionalismo. En 1945 escribía el filósofo boliviano Roberto Prudencio:[99]

Mientras nosotros vivimos en un mundo de crisis, en medio de la duda y la incertidumbre, pues ni siquiera tenemos ya la seguridad del positivismo en el futuro de la ciencia, el hombre de la Edad Media concebía el universo como un todo armónico que servía a los fines de Dios.

La vida humana tenía un principio y un fin, regulados desde la eternidad. El hombre era la obra de Dios y la vida un camino hacia El. La concepción del mundo que tenían aquellas almas religiosas se podría representar en la imagen de una catedral gótica. Nos ha tocado vivir en un mundo sin valor, en un mundo vacío de contenido. en un mundo sin belleza, sin amor y sin Dios.

Era la opinión que expresaba el filósofo mexicano José Vasconcelos en su Breve Historia de México, señalando por una parte la nefasta contribución del protestantismo anglosajón que tanto había influido, en su opinión, sobre los liberales, y por otra la pugna “de latinidad contra sajonismo” sobre la que se extendía en La raza cósmica. El tema del catolicismo conducía al tema de la hispanidad. Vasconcelos afirmaba categóricamente que:[100] “…el paso inmedi ato la emancipación económica tendría que ser emancipación intelectual y el retorno a lo hispánico”.

El hispanismo, en efecto, fue un polo del pensamiento del populismo, y se manifestó en las ideas de los peruanos Riva Agüero y Porras Barrenechea, del venezolano Briceño Iragorri, del argentino Ibarguren, del uruguayo Herrera. Era una doctrina política, pero suponía una actitud intelectual que entrañaba un “revisionismo” de la historia y la política de todos los países latinoamericanos. El liberalismo había sido una ideología extranjera y había perturbado el desarrollo nacional. La verdadera raíz de Latinoamérica, de cada uno de los países que la componían, era el mundo colonial hispánico, donde se escondían los fundamentos de la nacionalidad. Walter Montenegro,[101] uno de los fundadores del Movimiento nacionalista revolucionario, escribía en la revista Kollasuyo de La Paz, fundada precisamente para profundizar los estudios bolivianos:

Todo lo cual, nos permite, pues, jerarquizar la Colonia como una noble y alta fuente de inspiración cultural cuya sola existencia constituye el más categórico desmentido a la idea de quienes piensan que, no teniendo nosotros, los bolivianos, nada valioso, nada de que enorgullecemos justamente en nuestro pasado, estamos fatalmente condenados a desear, y a buscar nuestra incondicional incorporación de vencidos a las formas de vida, vale decir a la cultura occidental, europea.

Y aquí nos encontramos con el tercer período de nuestra historia, que constituye precisamente, por sus fuentes de inspiración, y por los rumbos de su pensamiento, la más infortunada y falsa negación de los valores americanistas, vale decir bolivianistas, que se propugna en estas líneas.

En efecto, tomada la Colonia en aquel aspecto puramente negativo de que nos habla el escritor últimamente citado, y al influjo preponderante y unilateral de las ideas políticas, la República hace un repudio absoluto y sistemático de ella; quema sus restos y aventa las cenizas.

Importa, en cambio, junto con la ‘Libertad, Fraternidad e Igualdad’ de la Revolución Francesa, y el sentido demoliberal de aquélla, el gusto, la preferencia por todo cuanto trascendiese a gálicos orígenes.

Y menospreciando aquello que por la sangre es suyo, adopta así en lo material como en lo espiritual, político, jurídico y cultural, en fin, lo que la Francia del siglo XIX le envía.

Otros factores veía también el nacionalismo en la formación de la nación, y todos fueron señalados y analizados porque la situación era el núcleo de la concepción histórica, social y política.

Si el nacionalismo concebía idealmente un mundo incontaminado en el que prevalecían los principios del catolicismo y la hispanidad, dentro de él no reconocía como unidades históricas reales nada más que las naciones, cada una de las cuales poseía según la concepción romántica, una individualidad intransferible, un alma. Esa alma se había formado a lo largo del tiempo, y cada nación debía reivindicar sus remotos orígenes. Por eso el nacionalismo creyó que había que “revisar” el valor de la época colonial, para buscar en ella la primera fisonomía del alma nacional. Pero no se detuvo allí. También reivindicó la tradición indígena. Lo había hecho ya la Revolución mexicana y lo harían otros movimientos más tarde.

El indigenismo fue una teoría, especialmente en Perú y Bolivia. Entre otros, la sostuvieron en Bolivia de manera eminente Franz Ta- mayo, que veía en el indio boliviano el depositario del alma nacional, Jaime Mendoza y el grupo que Roberto Prudencio aglutinó alrededor de la revista Kollasuyo. en parte el mismo que actuó en el Movimiento Nacional revolucionario; y la promovieron y adoptaron en Perú, bajo la remota inspiración de Clorinda Matto de Turner, el antropólogo Luis E. Valcárcel y los novelistas Ciro Alegría y José María Arguedas. El nacionalismo recogió esa teoría y la incluyó dentro de su sistema.

Pero el pasado histórico no era toda la raíz de la nacionalidad. El boliviano Jaime Mendoza escribía: “Cuando se habla del indio, implícitamente se alude a la tierra”. Este sentimiento aparece también en Tamayo y se encuentra expresado de manera tajante en Prudencio: “La cultura no es sino la expresión de lo telúrico”. Este trasfon- do de pasado histórico y sentimiento telúrico apareció entre los nacionalistas brasileños, en el antropólogo Euclides da Cunha, en el novelista Graça Aranha, en el filósofo Alberto Torres. Y en México, un vasto movimiento destinado a definir “lo mexicano” se expresó a través de una rica literatura y adquirió forma en el pensamiento de Vasconcelos, Ramos y Zea.

Bajo la forma de movimiento político populista, el nacionalismo recogió esa doctrina de las esencias nacionales —peruanidad, bolivianidad, mexicanidad, argentinidad— y la movilizó en busca de soluciones para los grandes problemas de la nación, al margen de las tradicionales fórmulas liberales y de las que ofrecían los partidos de la izquierda marxista.

Se intentó programar una economía nacional, cuya primera consigna debía ser escapar de los tentáculos del capitalismo internacional. Decía el argentino Carlos Ibarguren[102] en carta a un candidato presidencial conservador:

Anhelo vivamente… que limpie Ud. el escenario público, cuyos actores ac-tuales nada representan y constituyen una oligarquía de profesionales de la política que corren en pos del mantenimiento de sus posiciones y de sus intereses particula-res; que conquiste Ud. la completa independencia económica de nuestra patria, li-berándola de monopolios y de la presión del capitalismo internacional que la tienen ahogada en muchos de sus órganos vitales…

Radomiro Tomic,[103] uno de los jefes de la democracia cristiana chilena, decía en 1948: “Los que creemos en el Social-Cristianismo creemos en la posibilidad de hallar una síntesis entre las profundas modificaciones de estructura que necesita la economía para ponerse al servicio del Trabajo en vez de seguir al servicio del Capital, y la plena salvaguardia de los valores espirituales…”.

De este modo, concretaba su programa en una serie de transformaciones fundamentales para la economía chilena, evitando el principio de la socialización de los bienes de producción. Tal era también el principio del Movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, en cuyo programa se decía:[104]

Afirmamos nuestra fe en el poder de la raza indomestiza; en la solidaridad de los bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el aprovechamiento de la técnica para construir la Nación sobre un régimen de verdadera justicia social boliviana, sobre bases económica y política-mente condicionadas con sujeción al poder del Estado.

Exigimos la voluntad tenaz de los bolivianos para mantener ante lodo la propiedad de la tierra y de la producción, su esfuerzo político para que el Estado fortalecido asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria ex-tractiva, y su acción individual para formar la pequeña industria. Exigimos el con-curso de todos para extirpar los grandes monopolios privados y que las actividades comerciales minoristas sean desempeñadas exclusivamente por bolivianos. Exigi-mos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vista a in-corporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella, y a lograr una organización adecuada de la economía agrícola para obtener el máximo rendimiento. Exigimos la nacionalización de los servicios públicos.

Esta actitud frente al ordenamiento económico fue también predominante en la política de Vargas[105] y en la de Perón. Decía Vargas a los dos años de la Revolución:

El individualismo excesivo que caracterizó el siglo pasado, necesitaba en-contrar límite y correctivo en la preocupación predominante del interés social. No hay en esa actitud, ningún indicio de hostilidad al capital, que, al contrario, necesita ser atraído, amparado y garantizado por el poder público. Pero la mejor manera de garantizarlo está, justamente, en transformar el proletariado en una fuerza orgánica de cooperación con el Estado y no dejarlo que, por el abandono de la ley, se entregue a la acción disolvente de elementos perturbadores, privados de sentimientos de patria y de familia.

Una posición semejante sostuvo Perón[106] en 1946, antes de llegar a la presidencia, cuando se suponía que necesitaba apelar a todos los recursos para atraer el voto popular:

No soy tampoco de los que creen que los integrantes de la llamada Unión democrática han dejado de llenar su programa político —vale decir, su democracia— con un contenido económico. Lo que pasa es que ellos están defendiendo un sistema capitalista con perjuicio o con desprecio de los intereses de los trabajadores, aun cuando les hagan las pequeñas concesiones a que luego habré de referirme; mientras que nosotros defendemos la posición del trabajador y creemos que sólo aumentando enormemente su bienestar e incrementando su participación en el Estado y la intervención de éste en las relaciones del trabajo, será posible que subsista lo que el sistema capitalista de libre iniciativa tiene de bueno y de aprovechable frente a los sistemas colectivistas. Por el bien de mi patria quisiera que mis enemigos se convencieran de que mi actitud no sólo es humana sino que es conservadora en la noble acepción del vocablo. Y bueno sería también que desechasen de una vez el calificativo de demagógico que se atribuye a todos mis actos, no porque carezcan de valor constructivo ni porque vayan encaminados a implantar una tiranía de la plebe (que es el significado de la palabra demagogia) sino simplemente porque no van de acuerdo con los egoístas intereses capitalistas, ni se preocupan con exceso de la actual ‘estructura social’ ni de lo que ellos barriendo para adentro llaman ‘los supremos intereses del país’ confundiéndolos con los suyos propios.

Pero los grupos más avanzados del peronismo consiguieron imponer al reformarse la Constitución Argentina de 1949 un artículo que expresaba su concepción de la economía nacional:[107]

La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguaradia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortiguado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La organización de la economía debía traer consigo una reorganización social y política. El nacionalismo declaró caduco el sistema individualista y el régimen parlamentario, y buscó sustitutos. En principio los halló en la teoría del corporativismo. El intento más acabado de la nueva concepción social fue el Estado Novo montado por Vargas en el Brasil después del golpe de Estado de 1937. En la Argentina se intentó cautelosamente a través de una constitución provincial. Pero en ambos casos los esfuerzos fueron efímeros, sobre todo por el desprestigio que acarreó al sistema la derrota del Eje. En la imposibilidad de estatuir un sistema orgánico, se proclamaron vagos principios políticos. Rojas Pinilla arriesgó en Colombia una definición de la democracia y de los principios políticos de su gobierno:[108]

democracia es la mejor interpretación de la voluntad soberana del pueblo; democracia es oportunidad para que todos trabajen honrada y pacíficamente; de-mocracia es el otorgamiento de garantías sin discriminación alguna; democracia es gobierno de las fuerzas armadas.

¿Quién puede dar oídos a las voces que hablan de gobierno despótico y de poderes omnímodos?

Vosotros diréis ahora si preferís la democracia de parlamentos vociferantes, prensa irresponsable, huelgas ilegales, elecciones prematuras y sangrientas y burocracia partidista, o preferís la democracia que los resentidos llaman dictadura, de tranquilidad y sosiego ciudadano, obras de aliento nacional, garantías para el trabajo, técnica y pulcritud administrativa y ancho campo para la verdadera libertad y las iniciativas del músculo y de la inteligencia.

Perón, por su parte, dejando subsistente el sistema parlamentario tradicional, intentó una “organización del pueblo” cuyo programa establecía:[109] “La comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalecientemente sociales”.

Y procuró llevarlo a cabo estimulando las diversas asociaciones y promoviendo su ostensible participación en el gobierno.

En principio, el populismo asumió la defensa de los intereses populares, pero entendiendo que requerían la tutela de una aristocracia, de una elite sobre cuyo origen y constitución sólo hubo vagos indicios. Perón y Vargas hablaban de la formación de nuevos cuadros, y en efecto promovieron su formación sin reparar en el origen social; pero en importantes sectores del nacionalismo populista subsistían los resabios de una concepción aristocratizante que suponía la conservación del poder y de la tutela en manos de las clases ilustradas o tradicionales.

Para coronar el edificio del nuevo orden nacional, el populismo afirmó la existencia de una cultura nacional, nutrida de savia vernácula y orientada según su espontánea concepción de la vida. También en este campo resonaron las apelaciones a los sentimientos telúricos, a la tradición indígena, al pasado colonial, y las imprecaciones contra la tradición europea, francesa especialmente en cuanto tenía de liberal y racionalista. Una revalorización del arto autóctono y de las tradiciones vernáculas acompañó esta afirmación de la vigencia de la cultura nacional.

Notas

1 Oliveira Vianna. Evolución del pueblo brasileño. Buenos Aires. 1937, p. 286.↩

2 Ots Capdequí, José M., Instituciones sociales de la América española en el período colonial. La Plata, 1934, p. 33.↩

3 Fray Vicente del Salvador, Historia do Brasil, cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 65.↩

4 Las Casas, Bartolomé de, Historia de las Indias, Libro III, cap. IV.↩

5 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, 1958, p. 68.↩

6 Van Vliervelt, “Reflexiones sobre el Brasil”, Revista del Instituto Histórico de San Pablo, vol. V, p.135: cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 64.↩

7 Abad y Queipo, Manuel. Representación al Rey sobre la inmunidad personal del clero de Michoacán, del 11 de enero de 1799, cf. J. Romero Flores, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, México, 1945.↩

8 Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre la Isla de Cuba, La Habana, 1960, p. 162.↩

9 Arzobispo San Alberto, Catecismo Regio.↩

10 Sepúlveda, Juan Ginés de, Democrates alter, pp. 81, 85 y 171: cf. Silvio↩

11 Op. cit., pp. 100-101↩

12 Zárate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Buenos Aires, 1965, p. 15.↩

13 Relación de los hechos y fin heroico del General Liniers, en Anales de la Biblioteca, tomo III, Buenos Aires, 1904, p. 336.↩

14 Giménez Rueda, Julio, Letras de México, México, 1944, p. 80.↩

15 Díaz, José Domingo, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, 1961, p. 45 y sigs.↩

16 Alamán, Lucas, Semblanzas e Ideario, México, 1963, p. 171.↩

17 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, La Plata, 1938, p. 74.↩

18 Toro, Fermín, Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1854.↩

19 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., p. 75.↩

20 Montalvo, Juan. “liberales y conservadores’’, en El Regenerador, número 3. 1867, t. 1, p. 104.↩

21 El Constitucional, 20 de noviembre de 1868; cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 224.↩

22 Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Bogotá, 1948, t. 1, p. 44.↩

23 El Tizón Republicano, 23 de junio de 1823: cf. G. Feliu Cruz. La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago, 1942, p. 102.↩

24 4 Camacho Roldán, Salvador, Op. cit., t. I, p. 83.↩

25 Ruy Barbosa, Conferencias y discursos, Buenos Aires, 1939, p. 250.↩

26 Vallarta, Ignacio L., Discurso del 8 de agosto de 1856, en el Congreso Extraordinario Constituyente, cf. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. III, p. 588.↩

27 Pardo y Aliaga, Felipe, Poesías y escritos en prosa, París, 1869.↩

28 Op. cit.↩

29 Robertson, J. P. y C., Cartas del Paraguay.↩

30 Auto del 25 de octubre de 1816. en Cuaderno de Autos Supremos: cf. Efraim Cardozo, Paraguay independiente, 1949. p. 58.↩

31 Sánchez Quell, H., política internacional del Paraguay, Buenos Aires, 1945. p. 73.↩

32 cf. Pérez Acosta. J., Francia y Bonpland, Buenos Aires, 1942, p. 23↩

33 Robertson, J. P. Y G., Op. cit.↩

34 Cardozo, Efraim. Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, p. 85.↩

35 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., 1938, p. 261 y sigs.↩

36 6 cf. Cardozo, Efraim. Paraguay independiente, p. 64: Chávez, El supremo dictador.↩

37 Saldías, Adolfo, Papeles de Rosas, La Plata, 1904.↩

38 Cancionero del tiempo de Rosas, selección de José Luis Lanuza, Buenos Aires, 1941. p. 38.↩

39 40 Saldías, Adolfo, Op. cit.↩

40 Gálvez. Manuel, Vida de D. Gabriel García Moreno, Buenos Aires, 1942. p. 329.↩

41 Mera, Juan León, El héroe mártir, Canto a la memoria de García Moreno, Quito. 1876.↩

42 cf. Alfonso M. Escudero, Introducción a Cumandá, Austral, p. 28.↩

43 “Las leyes de García Moreno’’, en El Regenerador, número 5, t. 1, p. 162.↩

44 Gálvez, Manuel, Op. cit., p. 327.↩

45 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961. t. III.↩

46 47 Alamán, Lucas, Semblanzas e ideario, México, 1963, p. 103.↩

47 Loc cit.↩

48 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, XI, p. 234.↩

49 Calmón, Pedro, Historia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, p. 251.↩

50 Oliveira Torres, Joao Camillo de, A democracia coronada (Teoría política do Impero do Brasil), Río de Janeiro, 1957, p. 498.↩

51 Carta constitucional del 16 de marzo de 1824, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961, t. 1, p. 261.↩

52 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Apéndice 36, Obras Completas, Buenos Aires, 1941, t. IX, p. 247.↩

53 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Apéndice 15, Obras Completas. Buenos Aires, 1940, t. V, .p. 262.↩

54 Cf. Francisco A. Encina, Portales, Santiago de Chile. 1934.1. II. p. 226.↩

55 Cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 220.↩

56 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 52.↩

57 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, en El pensamiento constitucional hispanoamericano, Caracas, 1961, t. V, pp. 171-172.↩

58 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 53.↩

59 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, Op. cit., pp. 165.↩

60 Op. cit., pp. 169.↩

61 Madame Calderón de la Barca, La vida en México, México, 1959. capítulos XLV-XLVII.↩

62 Vicuña Mackenna, Benjamín, Don Diego Portales, Santiago de Chile, 1937, p. 587; Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática, capítulo VII.↩

63 Encina, Francisco A., Portales, t. 1. p. 242.↩

64 Vicuña Mackena, Benjamín, Op. cit., p. 557 y siguientes.↩

65 Herrera, Luis Alberto de, Por la Patria, Montevideo, 1953, t. I, p. 65.↩

66 Op. cit., t. I, p. 64.↩

67 Op. cit., t. 1, p. 6.↩

68 Freyre, Gilberto, Casa-Grande y Senzala, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 61.↩

69 Oliveira Vianna, Evolución del pueblo brasileño, p. 81.↩

70 Op. cit., p. 138 y sigs.↩

71 Op. cit., p. 111 y sigs.↩

72 Op. cit., p. 260.↩

73 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, 1960. p. 212 y sigs.↩

74 Rodó, José Enrique, Ariel, Valencia, 1920, p. 75 y sigs.↩

75 Op. cit., p. 84 y sigs↩

76 Goyena, Pedro, “Discursos parlamentarios del 6 y 11 de julio de 1883”, en Obra Selecta, Buenos Aires, 1943, p. 260 y sigs.↩

77 8 Op. cit., p. 263.↩

78 Estrada, José Manuel, Discurso en el Congreso Católico de Buenos Aires de 1884, en Páginas del Maestro, Buenos Aires. 1942, p. 20.↩

79 Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940, p. 444 y sigs.↩

80 Justo, Juan B., La teoría científica de la historia v la política Argentina, en La realización del socialismo, Buenos Aires, 1947, p. 171.↩

81 Cf. Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile, Santiago, 1955, p. 99.↩

82 Bunge. Carlos Octavio, Nuestra América, t. III, i, p. 168.↩

83 Op. cit., t. I, XI, p. 160.↩

84 Arguedas, Alcides, Pueblo enfermo, p. 28.↩

85 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 96.↩

86 Cf. F. R. Pintos, Batlle y el proceso histórico Uruguay.↩

87 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 116.↩

88 Roca, Julio A., Discurso del Presidente de la República, en Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, primera parte, p. 293.↩

89 Nieto Arteta, Luis A., Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1942, p. 406.↩

90 /hi> Caso, Antonio, México, apuntamientos de cultura patria, México. 1943. p. 14.↩

91 Sierra, Justo, Op. cit., p. 251.↩

92 Op. cit., p. 454 y sigs.↩

93 Vallenilla Lanz, L., Cesarismo democrático, Caracas, 1929, p. 123.↩

94 Vallenilla Lanz, L., La rehabilitación de Venezuela, Caracas, 1926, I, p. 18 y sigs.↩

95 Jobet, Julio César, Op. cit., p. 196.↩

96 La Nueva República, número 43, Buenos Aires, 1º de Diciembre de 1928.↩

97 Cf. Alberto S. Cornejo, Programas políticos de Bolivia, Cochabamba, 1949, p. 148.↩

98 Paz Estensoro, Víctor, Discursos y Mensajes, Buenos Aires, 1953, p. 30.↩

99 Prudencio, Roberto, Los valores religiosos, 1945.↩

100 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, México, 1960, p. 278 y sigs.↩

101 Montenegro, Walter, “La bolivianidad en la economía y la historia”, Kollasuyo, número 13, La Paz, enero de 1940.↩

102 Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 499.↩

103 Tomic Romero, Radomiro, “Capitalismo, comunismo, democracia cristiana”, discurso parlamentario del 11 de mayo de 1948.↩

104 Cf. Alberto S. Cornejo. Op. cit., p. 149.↩

105 Vargas, Getulio, “As classes trabalhadoras o govêrno da Revoluçao”, discurso del 29 de octubre de 1932, en A nova política do Brasil, Río de Janeiro, II, p. 97.↩

106 Perón, Juan D., “Discurso pronunciado en su proclamación como candidato a la presidencia constitucional de la Nación”, 12 de febrero de 1946.↩

107 Constitución Argentina de 1949, artículo 40.↩

108 Cf. La Prensa, Buenos Aires, 27 de agosto de 1956.↩

109 Doctrina Nacional, presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1954, p. 33. punto 2.↩

A history of argentine political thought. 1963

To the memory of Pedro Henríquez-Ureña, teacher and friend,
with whose counsel many of the pages of this book were written

Introduction, by Thomas F. McGann

Foreword, by Jose Luis Romero

Part One: THE COLONIAL ERA

I. The Hapsburg Epoch: The Shape of the Authoritarian Sprit

II. The Bourbon Epoch: The Shape of the Liberal Spirit

Part Two: THE CREOLE ERA

III. The Course of Doctrinaire Democracy: The Diffusion and Crisis of Liberalism and Centralism

IV. The Course of Inorganic Democracy: The Growth and Triumph of Authoritarianism and Federalism

V. The Concept of Conciliation and the Organization of the Nation

Part Three: THE ALLUVIAL ERA

VI. Argentina in the Alluvial Era

VII. The Course of Conservative Liberalism

VIII. The Course of Popular Democracy

IX. The Course of Fascism

Bibliography and Selected Readings

Glossary

INTRODUCTION

The history of Argentina, important in itself, is significant also as part of the history of the Americas. That there has been an American experience, or at least a number of common, profound American experiences, is a thesis that has aroused lively debate. The Mexican scholar Edmundo O’Gorman denies the existence of a uniquely American heritage, claiming that what seem to be mutually shared experiences in the Americas are in fact no more than aspects of universal human conduct j their paradigms can be found throughout history in many lands. The United States historian Herbert E. Bolton, on the other hand, insisted on the validity of what he called the “Epic of Greater America”—the identity of the major historical movements wherever they occurred, from Hudson Bay to Tierra del Fuego.

There are similarities that at times emerge from the enormous diversity of the American past, and it is likely that both the comparisons and the contrasts between Argentina and the United States are more marked than those that may be found elsewhere in America. There seems to be a common stamp imprinted on the two peoples, at times so light as to be nearly indistinguishable, at times deep and heavy. The nature of the first primitive settlements along the Rio de la Plata and in New England and Virginia; the wars with the Indians; the struggle with oppressive royal officials —these are some of the experiences both peoples shared. In the eighteenth century the Europe-oriented eastern seaboards of both countries produced men imbued with European rationalism who led wars for independence and republicanism. In the nineteenth century internal expansion brought the age of the frontier, the pioneer, the gaucho, and the cowboy. In the twentieth century, despite its greater complexity, strong parallels between the two nations have appeared, again in political thought and economic activity. It is by examining such parallels, and also by giving at least equal weight to the diversity of institutions and ideas, that norteamericanos may better understand Argentina’s history and increase their awareness of the history of the United States and of the other American nations.

A History of Argentine Political Thought, by Jose Luis Romero, is the work of a skilled historian who is also an Argentine citizen deeply involved in the contemporary condition of his homeland. Dr. Romero’s interest in political thought is intimately connected to his concern for human liberty. Author, teacher, editor, university administrator, Professor Romero was among the Argentine intellectuals whom Juan Domingo Peron expelled from their university positions in the mid-1940’s. No other book states so competently as A History of Argentine Political Thought the themes that have formed Argentina’s political history; no other book gives the reader a better opportunity to perceive the shaping of a great American people. The book is not primarily concerned with formal political thought but with the political manifestations of social and economic forces. Therefore, Dr. Romero’s analysis makes it possible for other Americans to compare and to decide how much the Argentine experience is unique, how much is shared, and how much is common to mankind.

One decisive fact lies at the root of any comparison of the British and Spanish colonial ventures in the New World. The Spanish conquerors were men of the fifteenth century; the English settlers were of a later age. Many of the Spaniards had fought in Renaissance wars in Ita0ly, which were known only as century-old history to the men along the James River and Massachusetts Bay. Pedro de Mendoza, who made the first settlement of Buenos Aires in 1536, was born in Granada in 1487; John Smith of Virginia was born in Lincolnshire in 1579, and William Bradford of Massachusetts was born in 1590 in Yorkshire. Separating these men lay a century, a Reformation, and a continent —the breadth of land and sea between the sun of Sevilla and the gray mists of Bristol.

Formed in different epochs, imbued with distinct concepts of the individual and of Church and State, Spaniards and Englishmen went at the business of colonization in dissimilar ways. In human terms, the Spaniards regarded the Indians as persons possessing souls, as being fit for Christianization, and for wiving. In material terms, if the Spaniards were more exploitive in a pejorative sense than the English, this was perhaps because they had more to exploit than rocks, woods, and thin soil.

But Argentina is in many ways unlike other areas of Spanish America. The provinces of the Rio de la Plata were not Peru or Mexico, rich in gold and silver and native people. Argentina was on the frontier of the empire, and life there was harsh. The fact that Buenos Aires had to be founded twice, the second time in 1580, long after the first settlement had disintegrated under the pressures of Indians and isolation, testifies to the hardships that the colonists endured. The Rio de la Plata provinces were not only distant geographically from Spain; they were remote administratively and economically. Spanish monopolists in Spain and in Panama forced all trade with the Rio de la Plata to go by way of Panama and Peru. And until 1776, the Viceroy in far-off Lima was responsible for the government of the Rio de la Plata provinces.

Argentina was settled from the north and northwest, from Paraguay and Peru. As a result, the inland provinces and towns were older and for many years more important than the town and province of Buenos Aires. This situation became the basis for the fierce rivalry that divided Buenos Aires from the other provinces after independence was achieved in 1810. The conflict lasted until 1880, when the city of Buenos Aires became the federal capital of the nation, its power too overwhelming to be challenged by other parts of the country.

In the remote borderland that was Argentina, priests and royal officials, landowners and merchants, matched wits and strength in the interest of God, king, and self. Self usually won in the persons of the landowners. These men of great property were not freeman farmers, edging their way through the forests, who expanded their political rights as they advanced the line of settlements. The Argentine landowners were ranchers. They preferred in the Spanish way to live much in town, where they were close to affairs and to their other properties. They were men of rugged individualism that matched anything the British colonists could show. Spanish American individualism is perhaps even more rugged, since it is more complete, more focused. It does not extend to civic activities, neighborly cooperation, or philanthropy. The needs of society are supposed to be taken care of by the State and the Church; voluntary cooperation among individuals is achieved only in the most critical situations, as during a struggle for national independence. Yet as Romero shows, royal rule and Church authority were ever-present realities to the lords of the land, who often disobeyed but seldom disavowed their spiritual and temporal superiors. Thus, with the paradoxical capacity of the Spaniard, the colonists combined liberty and despotism, personalism and hierarchy, in a pattern of life that reached back hundreds of years into Spain’s own past and was to endure in Spanish America for the imperial span of three centuries, and even beyond, to today.

The political end of the colonial age came with the War for Independence, which for Argentina began in Buenos Aires in May 1810 and did not end until the Spaniards were defeated in the high Andes of Peru in 1824. Inevitably, the war, too, was on an imperial scale, fought during many years and over a vast area. Argentina played a principal part in gaining victory for the criollos —the creoles, people of Spanish descent born in America. The continental scope of Argentina’s efforts on behalf of freedom from the Spanish Crown, including San Martin’s passage of the Andes with the army that helped liberate Chile and Peru, gave the Argentine people a continent-sized pride and faith in their national destiny.

The objectives of the Argentine and other Spanish American leaders of the War for Independence were not revolutionary; no more so than those of the North American colonists when they had fought for independence from Britain thirty years earlier. The aim of the creole leaders in Spanish America was personal power; they sought to replace the Spaniards as exploiters and administrators of the colonies. The social and economic structure remained largely unaltered; so did political thought, as Romero demonstrates. Secession involved the substitution of republicanism for royal absolutism. For the new Argentine State, which was for half a century to remain an inchoate confederation, the substitution proved to be desperately difficult. British America had faced no comparable problem, although both revolutions were conceived in much the same ideological matrix, the eighteenth-century Enlightenment. The Spanish colonial heritage endured in the forms of authoritarianism, personalism, an oligarchic social order based on an illiterate mass, and in intractable regionalism. These forces were stronger than any counterparts they may have had in the United States —too strong to allow Argentina to pass unmarked from the world of the eighteenth century into the nineteenth century. Political and economic democracy had been no part of the Spanish colonial order, and the new ruling creole class, especially in the interior provinces, had no intention of altering the status of the masses.

The land was a wilderness, for the unbroken pampa, like the western prairies of the United States, was a kind of wilderness. In 1810, fewer than one million people occupied a territory of more than one million square miles. Enormous distances conspired against national unity; the mounted plains Indians contained the weak thrust of the frontier. The hope for political stability was smothered by inexperience and lost in civil strife as the other provinces turned against the more liberal and economically aggressive port city of Buenos Aires. By the 1830’s, when the United States had produced President Andrew Jackson and frontier democracy, Argentina had produced the dictator Juan Manuel de Rosas. Rosas led the feeble confederation back into the eighteenth century. He called himself the Restorer of the Laws: by “laws” he meant the imposition of the colonial system and the negation of the small gains in education, in the economy, and in political liberty that had been made in the first years of the re-publican experiment. Any parallels that may have existed between the young republics of the United States and Argentina disappeared during the Rosas dictatorship. Culture was paralyzed, the economy stagnated, and a generation of Argentine exiles fled to neighboring states.

When the exiles and internal opponents finally overthrew Rosas in 1852, Argentina adopted a constitution that was profoundly influenced by the Constitution of the United States. Argentina’s economic and political life took on some of the pace and direction prevailing in “the Great Republic of the North,” as the Argentines then called the United States. Argentina’s rhythm was not always steady in the middle decades of the nineteenth century —but neither was that of the United States. Both countries engaged in civil war at the same time, in part for identical reasons, chief among which was the growing domination of one region of the country over another, less economically developed section. In the case of Argentina the two sections were the rich province-city of Buenos Aires, and the other provinces. The decisive battle in Argentina’s war of sectionalism was fought at Pavón five months after the attack on Fort Sumter. The victory of Buenos Aires made possible the organization of an effective national government and the beginning of economic development patterned on Europe and the United States.

The last four decades of the nineteenth century and the first three decades of the twentieth century were for Argentina, as for the United States, the era of triumphant Liberalism. Professor Romero skillfully describes the influx of ideas, capital, immigrants, and technology —all coming chiefly from Europe— which converted Argentina from a colonial anachronism into an active force in the Atlantic world. He terms the period the “alluvial era,” properly emphasizing the role of the hundreds of thousands of immigrants, who numbered more, proportionately, than those who entered the United States in the same period. The native- born Argentine leaders customarily viewed the newcomers with a mixture of contempt and selfish interest; they were welcomed as laborers, but were denied political rights. (It should be pointed out that the elite in the United States did not do much better by the immigrants in Boston or other cities.) And if among the plutocracy there was no figure exactly parallel to John D. Rockefeller, this was because Argentina was becoming a rich farm rather than a rich factory. There were many estancieros —owners of great estates— who resembled the business barons in the northern republic in wealth and in political and economic philosophy.

Ethnically and ecologically Argentina in this era was astonishingly similar to the United States. (The one great difference is the absence of a numerous Negro population in Argentina.) Argentina too had her frontier, long in time and long in space. The frontier closed about 1880, with General Roca’s Conquest of the Desert, the final campaign against the plains Indians. Much of that “desert,” as the Argentines quickly learned when they moved west and south to settle the land, was no more barren than the areas of western United States that had long been marked on maps as the “Great American Desert.”

The Winchester rifle helped to close the Argentine frontier, and with the rifle came barbed wire, windmills, and railroads, as in the United States. But Argentina had no Homestead Act to provide land to settlers, nor did it have a Morrill Act to set up colleges for their education. The land generally remained in great estates, and it was nearly impossible for tenant farmers, and the peons who had replaced the gauchos, to become landowners.

The opportunities to make a living and even to become wealthy were greater in the cities than in the tightly held rural areas. In the cities, especially in Buenos Aires, the majority of the newcomers settled. As their numbers and economic strength increased, they pressed hard on the limitations placed upon them by the conservative-liberal oligarchy —conservative in politics, liberal in economic matters. The oligarchs held on to their political monopoly as long as they dared, and then wisely surrendered a good portion of it in 1912, when a distinguished member of the ruling class, President Saenz Pena, succeeded in winning the adoption of the secret ballot.

A substantial degree of democracy came to Argentina with the adoption of free suffrage. The Radical Party dominated the political life of the nation from 1916 to 1930, representing the interest of the growing middle class. Constitutional stability seemed to have been achieved; prosperity seemed to be its constant companion. By most gauges of material and political progress, Argentina stood at the head of the Latin American states. People in the United States who followed Argentine affairs looked with approval upon the country’s gratifying advances. The world was indeed being made safe for normalcy and democracy when a Latin American country had managed to keep the same constitution since 1853. And Yankee meat packers controlled most of Argentina’s meat industry.

From these pinnacles of progress in the 1920’s, Argentina and the United States could look back on their matching evolution: the austere colonial eras, the wars for independence, the establishment of constitutional order, the years of pioneering, the Indian fighting, the growth of the big cities, the conquest of foreign markets. The identity of their success seemed to have much to do with the political ideas they seemed to share.

A news photograph taken in 1913 symbolizes in two representative figures the development of the two great republics of the hemisphere. The photograph shows Theodore Roosevelt, then visiting Buenos Aires, seated with Julio Argentino Roca: Roosevelt, cowboy of the Badlands, Rough Rider, ex-president; Roca, army officer, Indian fighter, and ex-president; both men corpulent, silk-hatted, gold-chained, vigorous, successful, liberal, their views on immigrants, capitalism, and public and private morals as similar as their physical appearance. Conquistador and Puritan had met after following long and often divergent trails.

The world depression that struck Argentina in 1930 was the catalyst that dissolved the apparently stable Argentine social order and revealed its flawed foundations. A troubled era began, marked by hypernationalism, increased State intervention, the near collapse of the Radical Party, and finally the fascistoid dictatorship of Juan Peron. The restlessness of the depressed and frustrated laboring class, the strains of industrialization and of World War II, the ideological tensions set up between right, center, and left, were other characteristics of the new time of troubles.

Peron’s dictatorship was based on two forces, the army and the urban proletariat. The bulk of the industrial laborers was concentrated in the metropolis of Buenos Aires, whose five million people comprise more than one-quarter of the total national population. Both the oligarchy and the Radicals had failed after 1930 to effect the reforms that were needed by the people of Argentina. It was Peron who gave Argentina a social and economic New Deal, at the cost of freedom. Aspects of the past reappeared: the destruction of the constitutional order, a reversion to autocracy, the emergence of the military, and a new generation of exiles.

The gap between the United States and Argentina seemed to be as wide at mid-twentieth century as it had been a century earlier, in the days of Rosas and Jackson. The United States had become a super-power, whereas Argentina had lost ground to Brazil and Mexico, even on the Latin American scale of power. The United States seemed to have reached workable solutions to problems of labor, religion, and partisan politics, whereas Argentina had solved none of its grave problems.

Yet, as has been the case in other periods, the United States and Argentina may be on parallel rather than divergent tracks. Certainly their people resemble each other in their manner and attitudes more than do any other two people in the hemisphere, with the exception of Canadians and Yankees. Pragmatic, energetic, materialistic, unconsciously arrogant toward foreigners, most Argentines are more “American” and European than Latin American. The ideological struggle has indeed gone badly for democracy in mid-twentieth-century Argentina, but the battle is being fought in terms and by groups that closely match issues and groups in the United States. Compare, for example, the nativist, reactionary groups in Argentina, including those who blended eventually into the dictatorship of Peron, with similar groups in the United States.

Despite the instability and conflict that have marked Argentina since 1930, it must be acknowledged that political thought and action in Argentina have broadened and matured, perhaps more than has been the case in the United States. Argentine political experience has a European quality. Politics in Argentina is a violent ideological contest ranging across the spectrum of twentieth-century thought. In addition, it is a fiercely partisan contest for power. From brushes with anarchism fifty years ago, to clashes with Communism, to fascism (complete with touches of anti-Semitism), Argentina has run a perilous, zigzag course.

There may be some hope that this striving has brought the country to a point of political maturity resembling the “take-off” point in less developed economies to which economists refer. But Argentina’s tradition of democratic and republican thought is brief, extending as it does only from the end of the eighteenth century, and the period of successful practice of these political forms has been briefer still. It is doubtful, considering this background, whether Argentina will soon institute the kind of democratic system that many people in the United States regard as ideal. And if Peron’s valid achievements are not taken into account, the future will be still darker.

The psychology of the Argentine people must also be considered. Their colonial era was haunted by their own version of the Spanish American El Dorado myth —the legendary, undiscovered Gilded Man, ruler over vast treasures. The creation of a mythical City of the Caesars, a golden city beyond the far horizon, was one of the reactions of the settlers of Argentina to the American land in which they found themselves. The end of three centuries of imperial rule brought another surge of optimism and self-awareness. With independence came a limitless faith in the manifest destiny of the free Argentine people. After the final organization of the country in the years from 1853 to 1880, liberalism began to produce such wealth that for a time Argentines spoke of rivaling the United States in population and goods. But immigration fell off, and other resources such as coal and iron ore turned out to be negligible compared with those of the United States. The world’s finest beef could not buy enough international power, nor did it aid greatly in solving the problems of the underprivileged. As a result, the streak of bitter self-criticism and pessimism that has always gone along with or at least alternated with the Argentine sense of individual and national superiority has come strongly to the front in recent years. The Peron revolution has been a powerful source of both optimism and pessimism, of renewed faith in the energy of the country and despair at its gross mismanagement. The Argentine people are perhaps near to entering a new era in the cycle that Professor Romero has presented.

Thomas F. McGann

FOREWORD

The author hopes that this book will provide American readers with an accurate, well-integrated, and broad view of Argentine political ideas. The hope explains the structure of the book: the absence of notes and erudite references, the abundance of quoted material, and the effort to achieve the greatest possible clarity in explaining certain phenomena that are in themselves obscure —an approach the author has taken because of the need to define the basic patterns that may help readers to understand the historic present.

The author considers it essential to state his point of view. If the history of political ideas were to be conceived exclusively as an exposition of doctrinaire thought, perhaps it would not have been worthwhile to write this book. Original and vigorous political theories have not flourished in Argentina or in the other Spanish American countries, nor would it be realistic to think that they should have flourished there. But another approach has been taken in the conception of the book. The political thought of a group always possesses the highest historical interest, not only as ideology but also, and perhaps more, as the conscience and the motivating force behind attitudes and conduct, whether or not it may be original as doctrine. If we think of some of the most intellectually significant men of Argentina, it is not strange that we note immediately the dependence of their ideas on foreign sources; but if we examine the national significance of certain ideas, whether acquired elsewhere or not, and their impact on the Argentine people, we quickly discover that the ideas are marked by a special stamp or, in other words, have assumed a halo of peculiar tones —a reflection of the conditions under which we live.

The political ideas the author has tried to define with precision and to pursue along the thread of time are not only the original thoughts that are the product of speculative genius but also those imitation ideas whose deformations constitute a profoundly significant cultural fact —those impulses that involve and presuppose certain tendencies from which clear and distinct ideas will later be nourished, although these ideas, latent, indecisive, and approximate, are seen imperfectly when they first appear. Some may object that the author overextends the meaning of the word “idea,” but in the field of cultural history it is impossible to isolate the pure and perfect forms of that term from those that are rudimentary and illegitimate. Social life is the result of the convivencia of persons possessing varied intellectual patrimonies; it would be a dangerous historical criterion not to appreciate the importance of certain currents of opinion simply because those ideas are not expressed with complete awareness and precision. Firm in this opinion, the author has attempted to reach from the plane of sharply focused ideas into the dark depths of elemental motives and false ideas. By this road he has felt sure that he would reach the source of the life-giving sap that has nourished our fiercely held political convictions.

To give solid support to his analysis, the author has taken into account the characteristics and the evolution of the social and economic structure into which the merely political phenomena sink their roots. Based on the observation of social reality and its transformation, he has rejected the customary periodization of Argentine history and has adopted another system which in his judgment corresponds more faithfully to the course that the country has followed. Three stages of Argentine historical development are indicated in this pattern: the colonial era, the criollo[1] era, and the “alluvial” era, in which we still find ourselves. Each of the three periods has merited as careful an examination as the limits of this book permitted. The development in the colonial era of two political principles destined to have long life has been studied: those principles are authoritarianism and liberalism. Attention is given at the same time to the origins and imposition upon Argentine reality of a kind of institutional structure which that reality could scarcely support. The duel between the two principles, and the other duel between reality and the institutional structure, were perpetuated, and constitute the crux of Argentina’s political drama. The changing scenes of the drama are described as they appear in later eras, and the many shades of meaning they represent in each successive act are discussed.

In making this analysis the author has had to consult numerous sources and the extensive bibliography that has been accumulated through the untiring monographic labors of Argentine historians. As a result of this constant use of source materials, the author no longer knows what part of his work may be original. He prefers to suppose that his study is only a synthesis of the efforts of others, as he testifies by the Bibliography at the end of this volume. Perhaps only the particular focus on the total problem —an effort rarely before attempted— is original, and a certain caustic view of Argentine history, whose projection into the future the author has often sought to discern, sometimes with anguish, at other times with pride, but always with the anxiety of one who plays out his life mingled with the multitude which knows not who directs its steps. Some will share his opinions; others —the greater number— will succeed in discovering the numerous defects which without doubt may cloud the clarity of this study. The latter will be in the right, although the former may not be entirely disappointed. But the possession of the absolute truth need not be an indispensable condition of an intellectual exercise, and the author makes bold to offer the result of his meditations, marked by his errors —and by truth, as he sees it.

José Luis Romero
Buenos Aires

[1] See the Glossary for definitions of Spanish and Argentine terms.

PART ONE

The Colonial Era

The colonial epoch is the first and decisive stage in shaping Argentine nationality, particularly in forming our political consciousness. For various reasons the aboriginal past lacks an enduring significance in these reaches of Spanish America, despite the fact that Jose Manuel Estrada was able to say without exaggeration that “the Argentine people began when our race collided with the natives.” The colonial era is our most remote past; but it is our legitimate pasty and the multiple contingencies of unfolding history have not-been able to erase its tracks. Furthermore, the lines then marked out endure and still constrain our development.

In those years, not only was the social reality of the future Argentina formed, but our spiritual attitude toward the most serious problems of our common existence was shaped. The social reality underwent radical transformations in the second half of the nineteenth century, but until then it maintained the characteristics with which it was stamped in the colonial era, and these continued to survive in diverse and vigorous forms. It is impossible to grasp the meaning of the evolution of political ideas during the period of independence without retracing the course they followed during the long period from the conquest to our emancipation.

The colonial era is indeed Argentina, in its socio-economic structure, in its ways of daily life, in its influential moral values, and in its ideals, which permeated deeply. This epoch includes more than two centuries: in such a long time, many diverse characteristics achieved vigorous, unified existence. It may be said of almost all these characteristics that they maintained their representative values even when they were ceding ground in the struggle with new ideals.

Careful examination reveals that the colonial era in the Rio de la Plata passed through two stages, as it did in other Spanish American regions. The colonies along the Río de la Plata sprang up and developed slowly during the latter part of the sixteenth century and throughout the seventeenth century. That was the era of the Hapsburgs. During that time, certain forms of the colonial mentality, which would continue despite the attacks of new concepts, were asserted and hardened. But these forms did not represent the complete colonial mind, for the Río de la Plata did not escape the restlessness of the eighteenth century. Then, in the time of the Bourbons, Spain attempted to reform its ways through the inspiration of enlightened thought, and these formerly deprecated colonies began to attract the attention of progressive minds. New ideals were minted, and their lines were etched on the men of this land; out of ancient tradition a new shoot was put forth. Two concepts of life came face to face and were distilled into two political attitudes: authoritarianism and liberalism.

The emergence of these two beliefs was decisive for our political history. They were locked in struggle during the colonial era, and their duel continued uninterruptedly during the period of independence, even though they took on different appearances. “In the end” Juan Agustin Garcia shrewdly said half a century ago, “one discovers that in this world the same protagonists always appear with the same passions and with the same luck; motives and events differ, it is true, in their distinct settings, but the spirit of events is the same.”

Today we are still living out that drama, and only by mounting up the river of our history to its sources will it be possible to grasp the secrets of the evolution of Argentine political ideas.

I
THE HAPSBURG EPOCH

THE SHAPE OF THE AUTHORITARIAN SPIRIT

The conquest of the American land, the exploration of the vast expanses that stretched away, full of enigma and promise, from the coasts on which the conquistadors landed, the founding of cities, the first attempts at colonization, all were accomplished under the Renaissance symbol of adventure. A stern spiritual outlook characterized the conquistadors, who were backed by the grandeur and pride of imperial Spain. But the Spain of the Hapsburgs did not remain the same throughout the first two centuries of the conquest. The guiding ideas that were its spiritual skeleton lasted, but its flesh and blood, wracked by the fatigue of unstinting effort, began to weaken, until the once-vigorous body became a shadow of its former self.

Yet the growing debility did not modify these impelling convictions; on the contrary, it seemed to emphasize them. Shut within itself, Spain matured its thought and stylized the system of ideas that ruled it, converting those ideas into a rigid, dogmatic force. The Counter-Reformation and neo-scholasticism nourished its spirit; soon, in the midst of a collapse whose scope appeared to be unnoticed, Spain was pouring out its convictions into a political system whose formulas the conquerors brought to America, to root in the land with the prestige and force of the conquest. Thus the authoritarian spirit took vigorous hold in America.

The ideological environment of the spanish world

The deep pessimism over the destiny of Castile, which was felt by Hernán Pérez de Guzmán around the middle of the fifteenth century, began to dissipate little by little as Isabel and Ferdinand achieved their first political triumphs. New energy seemed to vitalize the Spanish kingdoms, and the nobles abandoned their unbridled ways to join in the ventures that the Crown was planning. Triumph was complete in 1492. The Moslem kingdom of Granada disappeared, and with it went a sense of humiliation that had been gnawing at the Spanish spirit:

… now I don’t say

Granada defends

herself from Spain, but offends

and busies her night and day,

as Perez de Guzman said. At the end of that year the crown of Castile won the immense and unknown lands of America, and an indeterminate but passionate desire for glory and greatness invaded the Spanish soul.

That spirit, however, had to suffer trials. The death of the prince-heir Don Juan twisted the destiny of Spain and opened the road to complicated political intrigues. Castile and Aragon halted the movement that was leading them to closer union and later had to bow to the authority of a king who, despite his legitimate rights, was, after all, a stranger. The times were hard for the haughty Spaniards, but they resisted heroically, taking dignified counsel together so that the king should recognize the worth of the Spanish people: little by little they gained their end, and at the same time they began to swell with pride at possessing the empire over which Charles V ruled. Thus a vigorous sense of Hispanic glory was created and concentrated within the frame of imperial glory, in affirmation of its own singular importance. This glory (both imperial and Spanish) motivated the conquistadors who for the first time, in Mexico, discovered the vast meaning of the conquest.

The Master of Tenochtitlán, Hernán Cortés, wrote to “The Most High and Powerful and Most Catholic Prince, Unconquered Emperor and Our Lord,” these revealing words: “I write because I want Your Highness to know the things of this land, which are so many and of such quality that (as I wrote to you in another account) you may give yourself anew the title of Emperor, and with as much right and no less merit as that of Germany, which by the Grace of God your Sacred Majesty possesses.” By the efforts of her sons, Spain was adding to her universal empire lands and riches that were in no way a discredit to those the Emperor already held. Pride in this feat reinforced pride in the Hapsburg empire itself, which had earlier been belittled because of the alien character of the Flemish monarch. This certainty in Spain’s mission was strengthened by the new discoveries of the lands and wealth of Peru; and the kingdom of Charles V, which reached its limits in Europe with the bitter defeat at Metz, began, in the Spain of the conquistadors, a new era of dimly seen grandeur. The old, medieval tradition of a European empire having been lost to Spain, there arose before Spanish eyes a new empire of the Indies, exotic and full of promise, in whose total conquest there would be plenty of opportunities for the strong arms of the hidalgo and the tenacious will of the laborer, soon to become a hidalgo by his own efforts.

In the second half of the sixteenth century, Spanish foreign policy became more circumscribed, retreating within itself. Philip II wanted to be a Spanish and Catholic king, and he worked to achieve that aspiration. He had to destroy whatever contradicted those principles, even though he should thus erase from the vast repertory of choices some that had already begun to mature. Only what were Hispanic and Catholic satisfied his spiritual ideal and were tolerated within his vast zone of royal influence and action. Flanders, punished for its menacing heterodoxy, is the chief example of this policy, which was also shown in many other aspects of the conduct of the misanthropic Lord of the Escorial. America’s wealth seemed to serve only for a relentless war against the traditional enemies of Spain —France, who was guilty of lukewarm Catholicism, and Turkey, who was the declared enemy of the Faith. The new economic strength of Europe was held in little esteem, and no effort was made to include Spain in the mercantilistic race that was then beginning among the continental powers. So the picaresca —the low, proletarian way of life, the reverse of the ideals of grandeur— made its appearance, because the pícaros proliferated out of the constant misery of daily existence. And while the gold continued to arrive from the Indies, only to vanish promptly to foreign centers of production, Fernando de Herrera, true to the ideals of his king and of the nobility, sang of the defeat of the infidel, molding in his verses the heroism and the sanctity of a Spain still medieval:

The Lord, who showed his robust hand

for the faith of his Christian prince

and for the holy name of his glory,

to Spain concedes this victory.

Philip II, harsh and somber, crystallized the principles of a most rigid absolutism and committed the brave efforts of his sons and the wealth of Spain to unlimited war on behalf of his political hegemony and the threatened ideals of Catholicism. A more realistic politician would have seen that everything pointed to his failure. The flood of metal from the Indies was soon to cease, and nothing was done to retain that wealth in Spanish lands, or to stimulate the manufacture of goods that at the time seemed superfluous to produce because they could be bought abroad. Meanwhile, torrents of money were escaping from the royal treasure chests —gone to pay for incessant wars, yet without bringing victory to mitigate the disasters, which were capped by the catastrophe of the Invincible Armada. Only the immutable grandeur of his ideals stirred this dour, hard king, whose errors were glorified with the same serene confidence with which his most noble but sterile efforts were supported.

Later, these ideals became impoverished, and were converted into pallid reflections of themselves; and misery remained, menacing, wasting. The last Hapsburg kings tried to perpetuate the political designs of Philip II, but they brought to the cause only listless spirits, feeble wills, and minds enslaved by slothful fawners. Disaster began to be vaguely discerned, but nobody wished to alter the course of events, whether out of incapacity or because of self-interest. From his distant exile, Antonio Pérez, the former private secretary to Philip II, sought the attention of the chief confident of the new king with perceptive words that were, nonetheless, destined to go unheard:

Do not consent, Your Excellency, to new undertakings and feats: those are matters for princes who have an overabundance of men and money, and we speak truly when we say that both have been lacking to us because of the great costs incurred since the year 1567. Our aim should be tranquillity, to gather and concentrate within ourselves the natural energy that we possess; with time we shall easily become again what we once were, and acquire strength and accumulate money; and then we will be able to charge ahead and take the offensive as we may wish. In the present state of affairs I make bold to tell Your Excellency that no good fortune may be hoped for: no one wishes to try to haul in the heavy anchor of war, but, oh! that this might disappear, thus making all things possible. The present situation, if matters work out as planned, will only result in the assumption of new expenses, for which neither our income nor our supplies suffice. We shall only get new enemies, and of enemies we now have enough and more than enough, so that we can hardly live or breathe; and if we do not get out of our troubles, we will be left with our money lost and our reputation discredited. Look, Your Excellency, I beg of you, at how the very pinnacle of the monarchy of Austria and of Castile is being destroyed, that from which all others must take their being and receive their sustenance.

Later, Antonio Perez went on to say in his Norte de Príncipes (Guide for Princes):

Cast your eyes, My Lord, at the Indies, which is the part whence comes the money and with it also the sustenance of this monarchy, and consider that the wealth of gold and silver that is mined is only a temporal transaction that is coming to an end, and that we will have to do without those riches. But the vicious defects of which this wealth is the instrument and to which it has accustomed us will remain. If the lack of wealth would bring good, it would certainly be a condition to be desired and sought; but, I say, you should think about the conservation of this wealth and of the fruits it may give us, so that it may last and not be lacking to us, and so that it may not pass on to other nations, leaving us no more than the dust and the sadness and the harm of the vices and waste that come with such abundance.

These were prophetic words. The old Spanish glory shrank, and misery grew. Men did not learn to produce wealth, yet at the same time political absolutism, affirmed by the stubborn attitude of the Hapsburgs, remained in force, exercised by favorites for whom royal favors did not suffice, and who did not hesitate to bleed the poor in order to maintain the ostentatious brilliance of the court and to enrich themselves.

A king is allowed to be spendthrift, to dally,

but ’tis only just he should spend less, should tally.

Stones not used in so many labors,

prepare you temples of eternal honors.

Such squanderings are never trifling crumbs

because they are taken from the mouths of the many.

Nor should the royal purple be lavished everywhere

if all is tinged with the poor man’s blood.

For you gain no profit nor will find agreeable

grandeurs mourned by so many who are miserable.

With such words Francisco de Quevedo dared to speak to Philip IV; and the poet paid with imprisonment for his boldness. Yet his was the unanimous cry aroused by the spectacle of so much misery and so many defeats. Twenty years after this Memorial was written, Philip IV met final defeat in the war against France, and he signed the Treaty of the Pyrenees, which sealed the loss of Spain’s hegemony over Europe. A little later the kingdom itself seemed to become the booty of the victors, and foreign chancelleries debated at will the destiny of the inheritance of King Charles the Bewitched.

A defined and rigid intellectual attitude had taken shape in the two centuries that separated the two kings named Charles. Following the era of the great emperor’s European predominance, Spain had begun, under his son Philip, to retreat into itself, accentuating its Spanishness and living according to the measure of its own ideals. Europe, meanwhile, shaken by the Reformation and by the development of modern thought, was beginning to elaborate other forms of life, toward which Spain sought to remain indifferent. There were those who wished to join in the new currents, but they had to conceal their intentions or escape to other lands —the latter an objective that Philip also combated by forbidding Spaniards to study at foreign universities, all of which were to a greater or lesser extent influenced by Erasmus or by the Reformation. Thus, Spanish Catholicism began to be crystallized in its typical form, stubborn in the defense of the principles it considered fundamental; closed within its own bounds, not seeking or admitting comparison with any other doctrines, all of which it condemned with impassioned intolerance, Spanish Catholicism became the first and most solid of the pillars of the Counter-Reformation. Strict vigilance over what was written and read, thought and done, assured to the Spanish State the purity of its orthodoxy and, with it, the paralysis of certain forms of thought and action that potentially existed within the Spanish spirit. The Company of Jesus, the most efficient instrument of Counter-Reformation indoctrination, emerged in Spain, and out of the Company of Jesus came a most inventive mind to re-elaborate the metaphysical doctrines of scholasticism and of absolute power. Francisco Suarez gave fresh life and renewed force to medieval thought, which had been undermined by the first blows of modernism, by reconstructing a sound and vigorous doctrine in which the Thomistic tradition was kept pure and at the same time was enlivened by the addition of new experience.

True religious feeling invigorated this doctrinaire elaboration of neo-scholasticism, which is revealed in the mystical inspiration of Fray Luis or in the theological exaltation of Calderon. But it was the vigorous imposition of these ideas by the state that assured their indisputable primacy. The State found the basis it needed for strengthening its autocracy de jure in the doctrines of the Counter-Reformation; joining those doctrines with the will to absolutism gave royal authority invincible power. As early as the sixteenth century, despite the lingering marks of feudalism and the aspirations of the rising bourgeoisie, the Spanish intellectual environment had hardened into a political attitude that was characterized by the primacy of the authoritarian spirit.

Charles V had already laid the foundations of an absolutist political order. He opposed the cortes; he opposed the fueros (which were aimed at limiting his authority within his domain); he opposed the papacy (which sought to limit his power outside his domain). The victory of Villalar, and his strong stand against Clement VII, whom the Emperor dared to threaten with the convocation of a General Council, revealed his decision to uphold without restriction his power as king and emperor. Charles recognized that the basis of his authority lay in his own imperial office and in his dynastic rights, which gave him a certain independence of the papacy. “And if you, Holy Fathers,” he wrote to the cardinals in 1526, “should deny concession of our petitions, We, in accordance with our imperial dignity, shall have recourse to appropriate remedies so that it may not seem that we are deficient in Christ’s glory, or in our own justice, or in seeking the health, peace, and tranquillity of the republic.”

Philip II weakened this posture by his militancy in defending the Faith, which made him more dependent upon the papacy. His reign was increasingly converted into a theocracy, and the Church acquired an influence that was scarcely contained by the king’s prestige and stubbornness. Under his successors there was a further growth of that influence, and those who studied the political scene with some detachment believed this to be a threat. “Many will tell you,” Antonio Perez wrote from exile, “and will have said, as I do wish to say to Your Excellency, because this is such an important matter that no one may ignore it, that much care must be taken in the question of the jurisdiction of His Holiness. Rome keeps on pushing into Spain, and the priesthood and the religious comprise such a great part of the country that they occupy more than half of it, and, when we least imagine, we will discover them to be masters of it all.” That prediction, made about 1602, was already being fulfilled, and it was fulfilled to a still greater degree during the seventeenth century, both in the motherland and in the colonies. Backed by the Church, theocratic absolutism acquired solid, indisputable force, but its action was conditioned on ceding to the Church the latter’s fundamental objective: the defense of the Faith and of Catholic principles. This circumstance was decisive in the crown’s political plans.

As a result, the policy based on rigorous Catholic principles took root so strongly that the monarchy discarded realistic policy as anti-Catholic and anti-Spanish. If the latter, carried to its extremes, might appear to be immoral, the former, equally extreme, ended by being narrow in conception and fatal in results. The wave of anti-Machiavellianism that was aroused in Spain at the end of the sixteenth century by Rivadeneyra and Márquez stemmed from a political doctrine whose intent was to ignore reality in order to submit it unconditionally to rigid moral norms and to laws that seemed to spring unequivocally from those norms. Perhaps in Spain the strength of customary law was that it averted the translation of its policies into dangerous innovations, except that of inhibiting the development of new social and economic activity; but in the American colonies, where reality was new, scarcely understood, and surprising in its exotic novelty, this policy led to the commission of innumerable errors, which wasted energy and frustrated many undertakings. A growing contempt for economic activity, which was conceived of as an inferior way of life, created a curious paradox, for it was precisely economic activity that was without any doubt the fundamental preoccupation of the conquest in the minds of the majority of the conquistadors. The result was that the State, which was so strong and active in many other directions, pretended to disdain an activity it could not control, an activity, in reality, that developed without the State’s being able to guide it in any effective way. Thus a frustrated economy evolved, its lowest levels full of vicious practices that were condemned by law, but could not be avoided in fact because the government did not want to descend to the level of reality.

Out of this moral atmosphere, and nourished by this political outlook, the conquistadors came to America. They recognized the autocratic will of their master and they respected with religious fear the laws that emanated from him; but faced with natives who were at times docile and at other times hostile, and confronted by deserts and jungles, the conquistador mustered up his courage, understanding that nothing truly mattered except an iron will and a strong arm. His haughty independence, inspired by Catholic and individualistic sentiments, had to be fitted into the theoretical respect owed to the autocratic authority of the Crown. This was the first political attitude known in these lands.

The colonies along the Río de la Plata

First Mexico and then Peru were the ideals and models of colonization. The countries of the Aztecs and Quichuas, because of their organization and their wealth, seemed to be the two prizes of greatest importance, and on them the conquistadors practiced systems of political administration, social control over the natives, and economic exploitation. But when settlement of the Rio de la Plata began, the condition of the country and of its inhabitants was observed to be quite distinct from that prevailing in other regions, and opportunities to be different and clearly very inferior from the point of view of the rapid enrichment of the conquistador. So it happened that the great plains deceived those who first crossed them, and that the Rio de la Plata appeared to be only a port of arrival and departure for the rich metal-bearing regions lying to the north.

That was the opinion of Pedro de Mendoza and his captains in 1536, despite the preparations and the agreements they had made for conquest and colonization. As soon as Buenos Aires had been founded, the explorers wanting to locate the route to Peru left for the interior by way of the Parana and the Paraguay rivers, turning later toward the northwest in the direction of the high plateau. While Juan de Ayolas was struggling against the tropical environment and the natives, his companions founded the city of Asuncion at the junction of the rivers Paraguay and Pilcomayo. The location seemed to be more useful than Buenos Aires as a point of support, which was the role assigned to such settlements. When there was still hope of establishing a route between the Rio de la Plata and Peru by means of the rivers, Asunción grew in importance, and Governor Irala did not hesitate to remove the population of Buenos Aires to Asuncion in 1541. But the overland venture was almost impossible. First Ayolas failed, and then the adelantado, Alvar Núñez. Irala himself made the attempt later, and although he succeeded in reaching the highland plateau, his exploration in 1547 demonstrated that the route was too dangerous because of natural obstacles and native peoples.

By this time, penetration onto the plains southward from Peru had been accomplished. In a reverse direction from the one that had brought the colonists to Asuncion, and by more accessible routes, Diego Rojas and his comrades entered northwest Argentina. Through the gorge of Humahuaca and along the valleys in the land of the Calchaquí Indians they explored the region of the north and sought out the plains by following the Salado River. The road was opened, and others returned to explore it, certain now that it was the easiest route by which to reach the shores of the Atlantic. Soon cities began to spring up: Santiago del Estero, Tucumán, and Córdoba—guideposts on the road searching for the sea. At the same time that Cordoba was established, Juan de Garay was founding the town of Santa Fe on the Paraná River, and completing, almost unknowingly, a line of settlements. Later he turned toward the south to found Buenos Aires for the second time on the banks of the Río de la Plata. The year was 1580. The hope of the people of Asuncion that their city would be on the road to Peru was frustrated by this new route, which terminated on the bank of the wide river. The new city became, as its founder said, “the port of the land.” Buenos Aires began to grow and Asuncion to decline, even though the latter kept its primacy, as an established city, for another half-century.

Asunción had begun to be a productive center. Around it Indian towns had sprung up, which were organized by encomenderos, who obtained from the Indian labor some benefits in agricultural products, livestock, and manufactured goods. But Buenos Aires was better suited for the life of the Spanish colonists. Its climate was less rigorous for both men and livestock, and in the vicinity there was considerable wealth in wild horses, the offspring of those that had remained at liberty when the original city had been depopulated. Furthermore, its vast plains were adaptable to the easy breeding of livestock, and these Garay began to bring in, which laid the foundations of a new wealth that permitted the exportation of wool, lard, and hides by the last years of the sixteenth century. But the principal advantage of Buenos Aires lay in its greater proximity to Spain j before long the port began to be visited by ships from the motherland, until the merchants of Portobelo succeeded, in 1618, in getting that maritime traffic prohibited because it undercut their own interests. Nonetheless, as a beachhead on the plains and as an Atlantic port for Peru, Buenos Aires had sufficient importance to attract the attention of Spain, which soon recognized the possibilities of the humble porteño settlement.

A creole governor, Hernando Arias de Saavedra, struggled tenaciously to continue the progress of the Río de la Plata region, laboring so that the area might achieve the gains that Garay had hoped for Buenos Aires. He proposed to the Crown the division of its jurisdiction into two regions, a proposal that was accepted with the establishment in 1617 of the separate regions of Asunción and Buenos Aires. Thereafter, the Río de la Plata began to acquire greater importance, and in 1621 Buenos Aires became a bishopric. Soon after, it was said that the cultivated area extended out to a distance of some ninety miles around the city.

Thus Buenos Aires and its province continued to grow during the seventeenth century. The port was constantly harried by the privateers of Spain’s enemies, while the land often saw invasions by menacing Indians. The population increased in an environment of vigilance and readiness; contraband trade provided the inhabitants with goods; the wealth of farm and pasture began to be appreciated, despite the shadow cast on them by the minerals of Peru. Suddenly, beginning in 1640, the city gained unsuspected political importance. The Portuguese, having recovered their independence from Spain, began to claim lands that had been in dispute since the earliest days of the discovery. In 1680, in an act of sovereignty over the east bank of the Río de la Plata, they founded opposite Buenos Aires the town of Colonia del Sacramento. The capital of the territory prepared to fight, defended its rights, and seized the Portuguese settlement, which, however, was returned to its founders under an agreement signed in the motherland. The situation remained unchanged until the War of the Spanish Succession at the beginning of the eighteenth century. But Colonia del Sacramento, the emblem of Portuguese aspirations and the base for a most active contraband trade, remained opposite Buenos Aires, and the motherland began to pay greater attention than before to its city and its problems. Buenos Aires at that time had somewhat more than 4,000 inhabitants, and a French traveler, Azcárate du Biscay, who visited it in 1658, described it as follows:

The town is located on land raised above the shores of the Río de la Plata. It contains four hundred houses, and it has neither rampart, nor wall, nor moat, nor anything by which to defend itself except a small earthen fort, which overlooks the river and is surrounded by a ditch and mounts ten iron cannon. There the governor resides, with a garrison composed of only one hundred and fifty men.

The houses of the town are made of mud, for one finds few stones in this area until one arrives in Peru; the houses are roofed with cane and straw and have no second story; all the habitations are on one floor and are very spacious; they have great patios, and behind the houses are large gardens full of orange, lemon, fig, apple, pear, and other fruit trees, and with vegetables in abundance.

The houses of the inhabitants of the upper class are adorned with draperies, paintings, and other ornaments and attractive furniture; those who are in more modest circumstances dine from silver service and have many servants —Negroes, mulattoes, mestizos, Indians, and those of mixed Indian and Negro blood— all these being slaves.

The slaves are employed in the houses of their masters or in cultivating their lands, since they have great farms abundantly sown to grain. All the wealth of these inhabitants consists of cattle, which multiply so prodigiously in these provinces that the plains are covered with them.

The forms of political and social life along the Río de la Plata

Unlike Mexico and Peru, the lands of the Río de la Plata did not startle the conquistadors with spectacular abundance, but, rather, with their poverty. The immense plains and their primitive inhabitants held promise of a mediocre and laborious future, in which hunger and physical fatigue could not be avoided by the hidalgos who had resolved upon the adventure of conquest in order to rip gold with their bare hands from the bowels of the earth. Disembarking with the men of Pedro de Mendoza on the shores of the Río de la Plata, the soldier Schmidel notes, referring to the Indians, that “they have nothing to eat but fish and meat.” Even these were sometimes lacking to the conquerors of a land that jealously hoarded its riches until it had to yield to stubborn forces.

Because of the scanty cultural and natural resources, the colonists had no difficulty in occupying the land. They began to organize their rudimentary existence according to their methods, and they took it for granted that the natives must enter into the new social complex in serving them and become adjusted to the conditions they laid down. But it was natural that the active or passive resistance of the natives should cause the colonists to think about the methods concerning their treatment, and from such reflection a policy resulted. At the outset the policy was aimed at colonization: it was necessary to explore the land’s possibilities, and so the colonists received in encomienda a certain number of natives with whom the task of colonization was accomplished, the colonists, in turn, having the obligation to indoctrinate the natives or, put in modern terms, to civilize them, and to try to incorporate them into the Spanish way of life. At times, brutal exploitation won out over the plan for colonization, especially in the sixteenth century when the conquest had scarcely gained firm footing and when it was still necessary to lay the foundations of the elementary organization of the colony. Frequently the colonists had unrestrained contempt for any form of control. But toward the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth centuries, a movement began along the Rio de la Plata that was destined to give order to the position of the natives, an issue on which depended their extinction or their incorporation within the social complex. A group of men emerged who were endowed with political vision and, at the same time, with a humanitarian attitude: Governor Hernandarias, Bishop Fernando de Trejo y Sanaberia, Royal Commissioner Francisco de Alfaro, Captain-General Don Luis Quiñones de Osorio, Provincial Diego de Torres, and others, who tried to regulate the labor of the natives, pointing out to the encomenderos that their mission was not to exploit but to assimilate that population.

The difficulties —one may say the failure— of this colonization policy next led the clergy to proclaim a policy of religious instruction. The outstanding representatives of a political concept that disdained wealth as an end in itself, the priests founded reducciones, in which the natives worked for the good of the community, without doubt under a less inhuman regime than the encomenderos were accustomed to impose upon them. The system aimed at imposing on the Indians a plan of religious and moral instruction that would permit their genuine incorporation into the new society, but it also presupposed a political education based on the sternest authoritarianism and, above all, the separation of the natives from all contact with the Spanish colonists. Thus, the system benefited the Indians, who did not suffer the toil of the encomienda, but it failed as a plan for their social adaptation because of the contrast between the way of life followed by the Indians in the reducciones and how they lived later outside the missions.

By means of this dual policy of colonizing and catechizing, the Spaniards tried to build in the colony a way of life within which the two peoples might coexist. There was no problem of cultural coexistence in these regions, because the weakness of the Indian value system scarcely allowed them to indulge in anything stronger than a passive resistance or in the survival of some superstitions that resisted the arguments of the preachers. Thus Hispanic culture was imposed as the only possible form of existence. But the colonist’s culture and his catechism had to face serious questions, particularly the ethnic problem, with all the social repercussions caused by the appearance of the mestizo and the creole. Then came economic problems, rising from the new conditions that afforded the possibility of wealth and its exploitation, and in turn entailed grave social problems. Finally, there was the political problem, the product of a regime that had been solidly structured in the homeland and now was imposed on a reality that was being modified day by day, creating situations dissimilar and alien to the experience of the motherland. During the era of the Hapsburgs those problems acquired a peculiar yet fitting character in the Río de la Plata region. Later actions would have to reckon on these conditions.

The earth, the sole source of wealth in this land without minerals, was taken by the conquistadors by virtue of the juridical title awarded to the Crown by papal cession and adjudication to the conquerors.

I, in the name of His Majesty [said Juan de Garay at the ceremony apportioning the land in Buenos Aires], have begun to allot and I do allot to said colonizers and conquistadors lands and sections of land and building lots and blocks upon which they may undertake their labors and the raising of all kinds of livestock; and the aforesaid lands and estancias and farm-plots and blocks I give and I grant in the name of His Majesty and that of the said governor, in order that as their very own they may erect on them houses as well as corrals, and put there whatever livestock and do whatever work they may wish to do and may hold to be useful … as if they had inherited these in their own patrimony.

This circumstance, joined to the legal position of the Spaniards, gave them an absolutely privileged position over the natives, who were not to possess any rights other than those derived from the regulations that charitable treatment demanded in accordance with Christian principles and natural law. This was a de facto situation, fortified by an abundance of political arguments, but rooted above all in the fact of the conquest. The inferior status of the natives was clear and undebatable; but the needs of colonization and the Crown’s policy of justice obliged the conquistadors not to content themselves merely with creating this situation; it stimulated them, on the contrary, to seek to incorporate the natives into the society so that, without threatening the privileges or security of the colonists, the Indians might contribute to the development of the settlements. There were plenty of royal decrees and ordinances, but reality was more powerful, and it went on creating a new order.

The character of the natives of the Río de la Plata contributed greatly to fixing their role. Their forceful submission caused them to withdraw within themselves. Their conquest spiritually annihilated them, and little by little they felt themselves despoiled and incapable of any real action against the conquistadors. They responded to the conquest with obedient passivity, yet full of mental reservations, which did not preclude unplanned revolts motivated by hate or desperation. But a marked indolence and a strange apathy caused them to accept their new role with a fixed determination not to offer to the conquerors any more support than was demanded of them.

Soon, however, there was added to these two ethnic groups another, which would markedly influence the economic, social, and political evolution of the colonies of the Río de la Plata: the mestizo. The mestizo had inherited as his predominant traits the native’s indolence, his incapacity in economic matters, and his disinterest in work, which was a function of an alien economic system. He also added to his make-up a strong resentment against the insolent, haughty, and domineering white European whose temperament he began to understand because of his Indian mother’s relation to her chance Spanish companion. A sediment of rebellion thus settled in the mestizo, to be stirred by the lingering remnants of ancient beliefs that were scarcely erased by a religious indoctrination whose content he was not able to understand but which caused him to consider himself to be a member of an inferior class in the new society. To a lesser degree, the white creole also found himself in the same position, demeaned by the commonly held belief that the Spaniards degenerated in America, and also by the continuing influx of Spaniards from the Peninsula, who restocked the privileged caste as a matter of right. Various circumstances tended to unite the creole with the mestizo, above all because for social reasons it was easier for him to marry an Indian or mestizo woman than a Spanish woman. Thus the creole also entered onto the path of racial intermixing, creating, between the Spaniards and the Indians, an intermediate element, the mestizo-creole, to whom certain rights were granted, but who did not attain a social position equal to that of the people from the Peninsula.

Among these social nuclei, the Spaniards preserved the monopoly of the sources of production and of wealth: theirs was the land suitable for livestock; and theirs was the control over the commercial activities that could convert their products into good ounces of gold. Ranching and commerce merited the highest social esteem, whereas agricultural labors seemed to be reserved —as in fact they were— to those unfortunate ones who had not been able to obtain grants of abundant lands suited for pasturage and located near the city. Agriculture in reality provided only a mere existence; its products lacked commercial value and, since it did not make men rich, labor in the fields seemed to be worthless compared with the ideal of wealth that was the polestar of the colonist.

Ranching and commerce gave very different meanings to the countryside and to the city, and to the population of each. The country was divided into great grants of land, which were held by the Spaniards who lived together in the cities; these lands were generally worked by creoles and mestizos, although there were a good many Spaniards who chose to supervise their own properties. The plains created a peculiar psychology in those who settled them. In constant danger from ambush by wild Indian tribes, far from the city and from any protection by the government, and forced, as a result, to be self-reliant, the colonists who lived in the country, the creole-mestizo peons, and even the pacified Indians acquired a barbaric air common to those living in a state of nature. Only individual might assured right, and even the preservation of life itself. The landowner became a despot, assuming a genuinely superior status that his men respected if it seemed to them that it was honestly acquired. No one opposed his power, since the authority of the State scarcely reached him and because no one had any real desire for civilization: the boss, because he was hoping to get rich in order to return to the place from which he had come; his subordinates, because they expected nothing from fate. A rural way of life was born that witnessed few changes with the passage of time; it was nurtured by distance, by sparse population, and by the impotence of unrealistic laws.

Spanish legislation looked on the colony as a group of cities; only urban life was efficiently regulated. In the cities there were Spaniards who sometimes lived by public office and commerce; at other times they depended on the exploitation of lands that were almost unknown to them. Life was tranquil in that setting, and a narrow, rapacious outlook evolved that was appropriate to those who were awaiting only opportunities to sell more bundles of hides or to take advantage of juicy contraband-running in order to pocket doubloons and find the chance to return to the homeland. But a political attitude was also formed with the stabilization of the authoritarian system that the Crown was forcing on the colonies. There, in the overseas possessions, the cult of omnipotent royal authority was maintained; there the strict mechanism of autocratic legislation was in operation, which was never violated without denying the fact. In this manner, in two entirely different spheres and from two radically opposed points of view, the authoritarian spirit was strengthened and defined as the political attitude of colonial life.

This spirit was nourished by an unusual moral code. The country people evolved a view of life marked by their frequent adventures on the plains, by their jobs in which they constantly put to the test the courage of strong men, the sense of honor of those who know that their chances depend on their own efforts, the arrogance of those who have prevailed by their own strength, the skill of those who entrust to that skill their own prestige and salvation. From this conception of life a certain pattern of moral norms was derived, which, because it was a response to daily existence, possessed a strength that the law lacked. Rules about catechizing or colonizing were valueless. The owner was master by unquestioned right, and he acquired, beyond his attributes as landlord, the inevitable jurisdiction over the laws and their application, which he exercised without limitations. Life itself was a forfeit to obedience and fidelity. But obedience and fidelity were valid currency in an environment in which the same ideals were widely shared, since subordinates tried to demonstrate in their own spheres the same arrogance, the same skill, the same sense of honor, and the same bravery as the undisputed master. The innumerable written laws were violated constantly, but never the law of the unvanquished plains. However, no one would have dared to place absolute value on such omnipotence. Above the omnipotence of the “Spanish countryman” the all-powerful authority of the Crown was recognized and revered—without being obeyed if it opposed rural customs. Basically a Christian morality, but on the surface a most primitive one, this code was supported by a violent, unshakable will to rule, which was born of the circumstances and which no one could abandon without risking his life.

A distinctive moral code also evolved in the urban centers. The authority of the State acted more directly there, and the specter of royal authority loomed nearer; but there, too, circumstances caused royal autocracy to become transformed into an autocracy of those who exercised the royal will, often in secret accord with the oligarchy of peninsular Spaniards. A clergy armed with weapons of the Counter-Reformation gave that authority solid theological backing, but reality had its way even against them. Neither the royal will nor the laws and decrees in which it was expressed received other than the most obsequious submission; but neither royal authority nor laws availed against misery and hunger, against the appetite for riches, against the irritation that was caused by the semi-failure of those who had come to America to escape poverty and to triumph. Authoritarian in his political views and authoritarian in his personal beliefs, the Spaniard violated boldly, although with a mask of submissiveness, the laws that constrained his appetites. There is nothing more characteristic of this psychology than the continuing practice of contraband, which was engaged in by governors, by bishops, and by the most faithful vassals, without any more pretense than that counseled by prudence. Reality incited men to free themselves from the multitude of petty restrictions, while good judgment advised them that obedience be loudly proclaimed. In this manner, an authoritarian view of public power grew up that, by restraining free initiative, forced men to act on the margin of the law. This was the moral order that was created in the country and in the cities by royal authoritarianism and by the policy of principles. Doubtless the special characteristic of the colony, in accord with the concepts prevailing in the motherland, was the creation of subjects who were essentially urban and authoritarian. All the colonial institutions and their applications reflect these constituent elements; it is impossible to understand their evolution and the influence they exercised in Argentine society without insistently pointing to the conflict between the two characteristics and reality. In effect, although the colonial system was thought of as a set of institutions aimed at creating an essentially urban order, the economic life of the colony was supported in great part by the countryside, which escaped inclusion in the more rigid state structure; and although the system was thought of as authoritarian, the masses were obliged to pursue an existence that created, within the authoritarianism of the state, an individual authoritarianism that was the product of circumstances. These intrinsic contradictions hide the secret of the configuration of the Argentine political spirit.

One may say that the municipal State was imposed on Argentine reality before that reality had been shaped, and without thought of the forms it might acquire. Organized to defend the homogeneity and cohesiveness of the colonists, the municipality received a juridical structure that contradicted to a certain degree the authoritarian regime maintained by the Crown, since organizations were being created in the colony that were being restricted or even annulled in the Peninsula. However, it was imperative to predetermine the forms of colonial life given the conditions under which the colony was populated, and to ignore the fact that the opportunities for exploiting the land tended to disunite the population to some degree. Thus, the municipal regime was bound to conflict with the Crown, which, in effect, as exercised by the conquerors and by the royal officials, above all in Buenos Aires, invalidated the royal juridical organization, depriving it of its normal attributes and eventually conferring on it others that in fact lay outside its true jurisdiction. But the Crown had to struggle even more with rural reality, which not only lay outside the framework of municipal government but, in consequence, remained practically outside the law, if it were not already true by reason of accidental circumstances. In this way, individual authoritarianism was able to grow among the rural people. The will of the state was displayed in laws whose minute details usually made them impractical; if this occurred in urban centers, it occurred with greater justification in the almost deserted backlands, where the very presence of authority was occasional and inoperative.

This characteristic of Spanish legislation in general, and in particular in the Indies, is significant. Antonio Perez had already pointed out how the number of laws and royal proclamations had grown during the sixteenth century, a phenomenon that without any doubt was accentuated in the seventeenth century. Even the authorities in the motherland came to understand that it was essential to overhaul the laws of the Indies, and they ordered the laws to be compiled into a code, which was not promulgated until 1680. Then, and later, their multiplicity, the fact that the same provisions were not applicable to all America, and the casuistry of their terminology rendered the laws useless, and they remained all too frequently as merely ideal outlines, in spite of the efforts of jurists who, like Solórzano and León Pinelo, struggled to accommodate the laws to reality.

In practice, the royal officials exercised power broadly and, at times, with absolute arbitrariness. Devoid of mineral wealth, these lands offered scant prospects to the conquerors. At the beginning of the seventeenth century, Ruy Díaz de Guzmán summarized the fortunes of the conquistadors of the Río de la Plata: “More than four thousand Spaniards came over in various fleets, and among them were many noblemen and persons of quality, all of whom ended their lives in this land in the midst of the greatest misery, hunger, and warfare that has been suffered in the Indies.”

It is not strange, therefore, that little by little the idea took hold that the colonial adventure ought to be brief and profitable. First the conquistador and later the officeholder considered it a bit of bad luck to come to this colony, which was humble and held back by fear of losing its privileges and profits to the Viceroyalty of Peru. When these men did come, they aspired to stay a short time and to make the most of it. Because of that attitude, their rule was marked by a systematic forgetfulness of the abundant legislation that not only would have interfered with their own gains had it been enforced, but would have restricted their inclination to act at their own discretion, a tendency that was certainly accentuated by the demands of reality. Despite the royal laws and ordinances, the colonial officials took up local ways and thus, with rare and honorable exceptions, by protecting the ranching and mercantile oligarchy of the peninsular Spaniards, they grew rich at the price of tolerating the illegitimate enrichment of the Spaniards. Bribery and contraband were not unknown to the royal officials who, by engaging in them, recognized the relative legality of certain ways of life on the margins of the solemn provisions of the laws.

Nonetheless, this discretional use of power and this abuse of privilege were masked by a solemn acknowledgment of the monarch’s absolute authority, which, when it was able to make itself felt, operated in fact with those same characteristics. The royal officials, like the conquistadors, were most faithful subjects of the king, and they did not believe that they were negating the king’s authority by breaking his laws. The Crown was held in the most absolute respect and given the most abject devotion, since there was no other philosophy of power prevailing in Spain. But above all, there was a lack of ideas that might negate royal authority, because the precepts of the Faith seemed to support that political concept. The Faith had been the theoretical foundation which gave authority to the conquest, and the just title of the Crown resided in a delegation of rights made by the Pope. During the Reconquest, Spain had conceded a preponderant position to the Church, and that position had been extended into the Indies, where the Church appeared to be an institution as powerful as the organs of the state itself, to such a degre that there were frequent jurisdictional conflicts between them. As the doctrinaire support of royal authority, the Church in the colony was the depository of the juridical and moral principles that the Crown upheld.

The Church in this capacity, and under the influence of the concepts of the Counter-Reformation, received dictatorship over spiritual affairs from the Spanish State. It may be said that during the first two centuries in the colonies there was no other system of thought than that instilled by the Church in accordance with the most rigorous orthodoxy. Because of the circumstances of the conquest and colonization, it is certain that the population lived in a state of general ignorance, to which the clergy was the only relative exception. From this it follows that in all but rare instances there was no public education other than that provided by the Church. Its authority, furthermore, was based on its influence in the midst of the uninterrupted calamities that plagued the colonists and, above all, on the fanaticism that characterized the Spaniard, which he instilled into the natives whom he indoctrinated, supplanting their traditions and beliefs with those of Christian doctrine, without, however, completely erasing their deep superstitions. Spiritual dictatorship began to be converted into a social hegemony that was unanimously acknowledged and placed the Church in an exceptional situation in colonial society.

The prestige of the Church supported the state insofar as the Church proclaimed the divine bases of royal power, but on the other hand it undermined the authority of the royal officials to the extent that it tried to intervene for its own benefit, and that of is members, to the detriment of the civil authorities. In principle, the Church recognized the right of royal patronage, but in fact it aspired to override political authority each time it could, and it was accustomed to make use not only of the prestige it enjoyed with the people, but also of the influences it possessed at court and the threats of the Inquisition. Owing to this attitude, antagonism between the two powers was common, with evident harm to the authority of the crown officials although not to the theoretical authority of the king, which the Church defended as an article of faith despite customarily denying it in fact. This conflict was a further symptom of the dissociation between principles and reality.

Everything contributed to the assertion of the authoritarian spirit during the colony’s first years; nothing developed the belief that other political forms might exist. Yet, in the shadows, the social realities of the colony were at work, setting out the seeds of dissidence that were destined to flourish later. In the time of Charles V, the Crown recognized the right of the settlers to elect their own governor when the office had become vacant and pending arrival of the royal appointment. But this concession, which was based on the principle that power derived from the people and returned to them when it was not exercised by the official to whom the Crown had delegated sovereignty, was seldom put into effect. Gradually the principle of replacement by appointment from among the constituted authorities was established. Beginning with the reign of Philip II, the increased emphasis on the principle of royal autocracy destroyed that right, and the exercise of that power came to appear to be subversive. On the juridical level, therefore, there was not the slightest suspicion of rebellion against the absolute authority of the Crown, or a hint of any ideas that might suggest the suitability of some other form of political organization. On the other hand, on the level of reality, life went on creating a de facto situation that gave the colonists almost complete independence from the Crown. The colonist had the feeling of being an orphan, despite the thickets of legal prescriptions around him. Here where the rule of law did not reach he did not hesitate to live in his own manner, which created beneath the de jure political system a de facto system that included extensive regions in which the colonist exercised his own authority with the same autocratic will that the royal official applied in the name of the king. Legally, nothing authorized that conduct, but no one could avoid it in the vastness of the plains and, in truth, the development was scarcely noted, unless one considers its repercussions in shaping a peculiar psychology. Furthermore, this psychology soon began to find justification: it was the jurist León Pinelo who at the beginning of the seventeenth century began to speak of the right to life, by virtue of which acts seemed to be lawful, even though they constituted violations of the law, when they did not imply the wish to deny royal authority. Symptomatically, this viewpoint was adopted especially by the country people, among whom the creoles were increasing in number and becoming more aware of their own position. Inconspicuously there developed among this underestimated element of society a way of life and of work that was different from what prevailed in the more populated urban centers, and an attitude was evolving that would mature with time until it became a definite political force.

The era of the colonizer was thus the era of the formation of the authoritarian spirit throughout society: the royal autocracy upheld by the Hapsburg States; the autocracy of the conquistadors and of the officials; the autocracy of the rural people, free to assert their own integrity and their capacity for overcoming a thousand hostile forces. Political consciousness was invariably shown to be an energetic and undisputed authority, exercised within an immobile order as the result of existing realities. To those holding this political view, any attempt at innovation was contrary to the established order and constituted a revolutionary act. Any change of the prevailing conditions seemed to be an attack on the general security and a violation of the juridical order, a mask that concealed, in truth, the actual situation. For that reason the colony became violently reactionary when it was confronted by any idea that presumed an alteration of economic, social, and political circumstances: only what existed seemed to have the right to exist. A simplistic political doctrine, these ideas were destined to be modified in some respects but in others would remain fixed, to crop out when there was an attempt to replace them by more complex and subtle systems, which were aimed at making the common will valid in the face of the indomitable autocratic will of those in power.

II
THE BOURBON EPOCH

THE SHAPE OF THE LIBERAL SPIRIT

The seventeenth and eighteenth centuries throughout Europe were marked by profound changes in attitudes. A crowned head had fallen in England, and monarchy had been replaced by an ephemeral republic that left in its wake the principle of the limitation of royal power. In 1688 the Declaration of Rights was acknowledged as the basis of the new monarchic structure, and a little later, in 1690, Locke would write categorically in his Two Treatises on Civil Government’. “It seems clear from all we have just said that absolute monarchy, which is considered by some to be the only type of government that ought to exist in the world, is incompatible with civil society.”

Louis XIV was reigning in France, Emperor Leopold I in Austria, Peter the Great in Russia, and Charles II in Spain. The rumor of the English catastrophe raced menacingly through the absolutist courts, and Locke’s ideas began to germinate in restless minds. Rousseau and Montesquieu soon launched into the world the principles of a new order, accompanying them with clamorous cries against the European ruling system.

Meanwhile, Spain was bearing the cross of an imbecilic king, whose inheritance was being pursued by the chancelleries of the most important powers. At the close of the seventeenth century, Charles II died in Madrid, willing his kingdoms to the Duke of Anjou, the grandson of Louis XIV, by means of a will whose clauses injured the ambitions of the Holy Roman Emperor and brought on the War of the Spanish Succession. France poured all its power into the conflict, and succeeded, with English aid, in settling the war in its own favor. Thus the era of the Bourbons began in Spain.

Enlightened and progressive, the Bourbons had tried to assimilate some of the sound economic, administrative, and political principles that were then beginning to be developed. The Spanish kings of this house sought to introduce those ideas into their states, and the consequences were favorable both in Spain and in her colonies. The liberal spirit, still hesitant and restricted, began to spread, but not without violent opposition in Spain and in the colonies from groups representing and supporting the old, theocratic concepts. But the seed produced better fruit than had been expected —or desired— by those who had planted it, because it took firm hold in the minds of certain men who wished to carry its principles to their ultimate consequences. And the ultimate consequences were economic and political liberalism, the latter taking the form of republicanism. A radical transformation thus was engendered in the Hispanic world, out of which emerged a new political attitude: liberalism.

The intellectual environment of the hispanic world

Toward the middle of the eighteenth century, when Ferdinand VI, the third ruler of the House of Bourbon, was reigning in Spain, Voltaire wrote in his Age of Louis XIV:

Spain, governed by the eldest branch of the House of Austria, had aroused more fear after the death of Charles V than had the Germans. The kings of Spain were incomparably more absolute and more wealthy. The mines of Mexico and of Potosi seemed to furnish the means for buying Europe’s freedom. The Spanish plan of monarchy, or rather of universal superiority over our Christian continent, was begun by Charles V and maintained by Philip II.

Under Philip III, Spain’s greatness was no more than that of a body without substance, having more reputation than strength.

Philip IV, heir of his father’s feebleness, lost Portugal by his negligence, Roussillon by the weakness of his armies, and Catalonia by his abusive despotism. Such kings could not long be fortunate in their wars against France. If they gained some advantages because of the dissensions and defects of their enemies, they lost their fruits because of their incapacity. Furthermore, they ruled over people whose privileges gave them the right to serve their kings badly: the Castilians had the privilege of not fighting outside their own country; the Aragonese ceaselessly disputed with the royal council over their rights; and the Catalans, who looked upon kings as enemies, would not permit the former to recruit troops in their provinces.

But Spain, united to the Empire, placed a fearful weight on the scales of Europe.

Voltaire was already able to measure the scope of Spanish decadence. Contrasting with the magnitude of Spain’s international aspirations and its political schemes, its economic and administrative organization during the era of the Hapsburgs had been fatal, and had led to the loss of its position in Europe and to its serious internal debility. Furthermore, as if a stern fate were pursuing it, Spain had to support for forty years the rule of Charles II, whose physical and mental incapacity had put the throne at the mercy of courtesans and advisers, more than had been the case even in the times of Philip III and Philip IV. Political feebleness, unstable conduct, and meager plans characterized his reign, which gave Europe the impression that the ancient mistress, Spain, was now at the mercy of whoever might wish to make himself her master.

Charles Ill’s last testament, and an armed conflict, gave the Spanish throne to a French prince, who ruled under the name of Philip V. With him began the dynasty of the Spanish Bourbons —recognized first by the treaties of Utrecht and Rastatt, and later by the treaty of Vienna— under whom Spain tried to regain its position in Europe. Progress, that ideal of the Enlightenment then attracting cultivated, lively minds, preoccupied the Bourbon kings and their ministers, and in economic, administrative, and political fields their activities were many and sustained, in an effort to bring the country out of the lethargy in which it was sunk.

The circumstance that the king was a foreigner, and the still luckier circumstance that his Italian wife Elizabeth Farnese of Parma thoroughly dominated him, opened up the kingdom to all manner of European influences that had been contained until then beyond the wall of the Pyrenees by the Hapsburgs, who were consumed with a holy fear of reform. The enlightened outlook was maintained until the reign of Charles IV; thus the eighteenth century was characterized in Spain by a vigorous ideological revival.

Perhaps most surprising was the enthusiasm for scientific thought, which had hitherto been proscribed. In educational institutions the most modern ideas of natural science began to be taught, and an excitement for knowledge of nature rapidly invaded enlightened minds. As Gaspar Melchor de Jovellanos told his disciples:

The sciences will always be in my eyes the first and most worthy object of your education: they alone can illuminate your soul; they alone can enrich it; they alone can communicate to it the precious treasures of truths that antiquity has transmitted to us; and they alone can dispose your spirit toward acquiring other new truths and further enlarging this rich depository; they alone can put an end to so many useless disputes and so many absurd opinions; finally, by dissipating the dark clouds of errors that float above the earth, they alone may some day disseminate fully the enlightenment and knowledge which ennobles the human species.

Nonetheless, this was not the dominant doctrine among the masses, who continued to be tied to the prejudices and the spiritual tutelage of the clergy, although it was accepted by the select elements who, up to the reign of Charles IV, predominated at court, and with royal approbation imposed many of these ideas.

These new ideas had a somewhat restricted influence in government administration, despite the fact that they were being accepted insofar as they involved a progressive attitude, because it was evident that if they were carried to their final results, they would lead to a political position considered extremely dangerous by the monarchy. The progressive attitude was shown primarily, as has been indicated, in education and in economic development. It was this latter aspect of national life that most profoundly disturbed and irritated sensible Spaniards who knew that impoverishment and general backwardness were corroding the nation. Father Feijoó, who was one of the most enlightened minds of the century, stated the situation in these mournful words: “Most Eminent Lord: Spain is gout-ridden. The poor feet of the kingdom are suffering great pain, and because of their misery, weakened and afflicted as they are, they can support neither themselves nor the body.” Perhaps this evil condition was the result of a cause already pointed out by the same author: “When the stomach and intestines of this body politic [the administrators] drink or gulp down too much, innumerable, incurable illnesses follow, which put the entire body in danger of final ruin.” In another place he writes:

What need is there to ponder the usefulness of agriculture? Who does not know it? Yet judging by the neglect that is suffered in this regard, it may be said that almost everyone is ignorant of it. I weep over the neglect of Spain, because the fate of Spain pains me. The poetic lament in which Lucan complained that the lands of Hesperia in which he dwelt —that is, Italy— were uncultivated, may be applied most literally today to that Hesperia where Lucan was born: I mean Spain.

The outcry raised by such far-sighted spirits was echoed by the statesmen who, motivated by these same ideals, gathered around the first Spanish Bourbons: Alberoni, Patiño, Carvajal y Lancaster, the Marquis de la Ensenada, the Marquis de Esquilache, the Conde de Floridablanca, Cabarrús, Gálvez, the Marquis de Campomanes, the Conde de Aranda —all of them in various ways tried to raise the economic level of Spain. It was necessary to mobilize all productive forces and involve all progressive men in the task of national improvement; thus the “Societies of the Friends of the Country,” technical schools, and specialized organs of the state sprang up. But it was also essential that the wave of progress should not undermine the political foundations of the monarchy; to that end a vigilant watch was kept so that the premises of the Enlightenment were not applied to the problem of the origin and the historic forms of royal power. This attitude was naturally more energetically demonstrated after 1789.

Yet the Bourbons had modified to some extent the tenor of their political views. Absolutism maintained its vigor, but the principles supporting it underwent a transformation by comparison with the regime of the Hapsburgs. Between the medieval absolutism of the Hapsburgs and the enlightened absolutism of the Bourbons there was a marked difference, especially in the supplanting of the spiritual forces that served as the doctrinal support of the former. The theological basis of temporal power, which had so much force in the epoch of the Hapsburgs, began to weaken and give way to an increasingly secular conception of civil authority. Little by little, Spanish theocracy became attenuated under the impact of enlightened thought, and the result was a perceptible diminution of the importance of the Church as a political power. Without making a frontal attack on the Church itself —because religious feeling in that period was not much weaker than it had been earlier— royal power took a strong stand on the policy called “regalism,” according to which, as an institution, the Church was not recognized as having any right to interfere with the royal will. The consequences of this attitude were considerable: in addition to its significance on the political and administrative level, it contributed to some extent toward shaking the Church’s rigid spiritual dictatorship, and thus gave an opportunity for a freer diffusion of ideas of reform.

However, it is necessary to note that the predominance of theology was strongly maintained in opposition to the reforms inspired by the State. The importance of the uprising that caused the fall of the Marquis de Squillace is well known; and with no less zeal the Church tried to limit the dissemination of modern literary works, particularly those of French origin. The Church’s activity bore fruit at the outbreak of the Revolution of 1789, and fear grew that the dangerous principles that had motivated it might spread. The reign of Charles IV, who came to the throne in 1788, may be considered as a backward step —a return of the most reactionary forces. The fate of Cabarrús, Jovellanos, and many other liberals is a sign of that attitude, and is corroborated by the governmental acts of Queen Maria Luisa and Prime Minister Godoy, whose concern with keeping his dominant position demanded the elimination of the enlightened leaders. Then it was that Manuel Jose Quintana recalled the peerless glory of Juan de Padilla and exclaimed in inflammatory verse:

You were the only one

who dared resist with stout brave chest

the violent hurricane

of despotism on our sad shores.

What was the use of those

seven centuries of zeal and our blood

shed in torrents? Thrust out in vain

the inclement Arab was from Spain,

if another oppressor, more treacherous, vile,

prepares to yoke her wretched head meanwhile.

But Godoy was not alone; in trying to oust the most enlightened figures to satisfy his own ambition, he was supported by all the reactionary forces that, following the banishment of French ideas, fought for the return of the theocratic principles formerly prevailing in the kingdom. Spanish anti-Jacobinism became a national attitude that clung to the most elemental traditions and rested on the most primitive instincts of the masses. And while the incompetent and cowardly monarchy gave way before the Napoleonic threat, the masses followed those leaders who stuck by the common beliefs and thus held back the process of enlightenment the liberal monarchy had begun. A new era was getting under way in Spain: a new duel between the spirit of reform, represented by the Cortes of Cádiz, and the spirit of the masses, blinded by a presumed tradition that incited them to acclaim Ferdinand VII with the cry of “Long live our chains!”

Meanwhile, in the colonies along the Río de la Plata, the same liberal influences had borne fruit and had succeeded in creating an atmosphere of rebelliousness among small but determined groups of creoles. They also had to suffer the reaction to the old authoritarian spirit, but conditions were favorable for carrying out their ideals, since the crisis through which Spain was passing weakened its chance of taking action. Thus the liberal preachings of the Bourbons took form in a political movement that was destined to turn against the motherland itself.

The development of the colonies of the Río de la Plata

At the beginning of the eighteenth century, the colonies of the Rio de la Plata entered a period of rapid demographic and economic development. The arrival of new Spanish settlers, added to the natural growth of the population, enlivened the cities and the countryside, increased their economic opportunities, and to a certain extent drew together the people of the region. Buenos Aires, which in 1744 had slightly more than ten thousand inhabitants, reached a population of forty thousand at the end of the century. According to Azara, Montevideo reached a population of fifteen thousand at about the same time, and there were ten towns, each of which had between four and five thousand inhabitants.

Various circumstances contributed to the expansion of the Rio de la Plata colonies. Economically, the area witnessed a notable, energetic growth of farming and ranching. Ranching without doubt held first place, since it was the basic activity of the countryside and its products constituted the principal index of commerce. The aspiration of the Spaniards and the creoles in these parts was to own a piece of land suitable for ranching; only those who could not achieve this goal devoted themselves to the less productive tasks of farming. Azara wrote:

The Spaniards who live in the country are divided into farmers and ranchers, or estancieros. The latter say that the former are foolish, since if they were to become ranchers, they would live without labor and without needing to eat grass like horses —for so they call lettuce, vegetables, and greens. In fact, only those who cannot afford land and livestock, and thus cannot become estancieros, or those who find no other way of living, cultivate the soil. More than half the Spaniards of Paraguay and those who dwell near the Rio de la Plata and near the cities are farmers. These may be distinguished from the ranchers because their houses are much closer to one another, and are cleaner and better furnished, and their clothes are somewhat better. Also, they know how to make their stews with meat and with vegetables and they eat bread, foods that are little known among the ranchers. In Chapter 6 I described their agricultural system, and in my study of animals I explained what pastoral activities amount to there —the care of eighteen million head of cattle, three million horses, and plenty of sheep. I estimate the numbers of livestock to be that great, one-sixth of them within the government of Paraguay and the remainder in that of Buenos Aires. Although I include in these figures the livestock of the Indians, which are cared for by them, I do not include in that number another two million head of wild cattle, or the innumerable runaway or ownerless horses.

However, as time went on, farming got a warmer welcome, especially because some of its products began to sell better, and because the State, nourished on physiocratic thought, began to stimulate it. Mariano Moreno recognized this in 1809 when he said, in defense of the rights of the farmers and the hacendados, who were being threatened by the monopolistic policies of the merchants: “The Crown has given repeated proofs of its conviction that we cannot be happy except by means of agriculture, and it has frequently encouraged the zeal of our officials so that they may protect and develop such an important resource.”

Because of their complete influence over the public authorities, and because they were Spaniards from the Peninsula, the Spanish merchants of Buenos Aires, who were the agents of the merchants of Cadiz or connected with them, were the most important economic force. Their wealth and power had been achieved in the shadow of the protection afforded by their monopoly, thanks to which ranching received strong encouragement and agriculture did not. Trade in hides, lard, and other animal products brought fat profits to the Spanish merchants, which were increased when they invested their money in manufactured articles destined to be sold at high prices in Buenos Aires and in the other cities of the Rio de la Plata. For everyone else, the monopoly was a fiction.

The products that came from Spain by the routes laid down in accordance with the monopolistic regime did not satisfy consumer needs; from the seventeenth century on, the frequent practice of open contraband was carried on, a trade that in itself provided substantial profits to those who exploited it. Despite this, the commerce along the Rio de la Plata showed such vigor that it attracted the attention of the Crown, which could no longer avoid demands for better administration of the region.

In order to increase trade, piecemeal measures were decreed that were aimed at abolishing the restraints weighing upon it. In 1778, Charles III promulgated the Law of Free Commerce; other partial measures followed, thanks to which traffic between the ports of Spain and the colonies developed rapidly. At the same time, quite different events gave greater importance to the Rio de la Plata. Difficulties with Portugal, which was bent on obtaining bases on the eastern shore of the Rio de la Plata, stirred the Spanish government to make Buenos Aires the seat of a new Viceroyalty, established in 1776. Paraguay, Tucuman, and Cuyo were included in the new jurisdiction; thus an economic and political region was organized that tended to be oriented toward Buenos Aires. All these events contributed notably to transforming the Rio de la Plata into a colony of some importance, which it had not been previously.

The forms of social and political life in the Río de la Plata colonies

This economic change involved progressive modification of the political and social arrangements in the colony. Those who began to live in a certain style, and to suffer from or enjoy their new positions, started to think about the problems of their mutual existence as a function of the new, conditioning factors. A relationship between economic problems and social and political aspirations was soon established; this relation was polarized according to special ties: for the beneficiaries of the old, monopolistic regime the attempt to modify the economic situation meant —or they pretended to believe that it meant— the inversion of the political, social, and moral content of the traditional order. They believed in the unconditional submission of the society to a system that benefited only themselves, and they considered this submission, which entailed total stagnation, to be the only attitude befitting the colonists. For their part, those who aspired to attain a regime of economic liberty within which they might better their circumstances discovered, after a little reflection, that such liberty would not be granted to the colony except to the extent that suited the motherland. It was only a step from that point to the discernment of the possibilities and the advantages of political independence —a step that events shortened day by day beginning from the moment of the outbreak of the French Revolution.

Thus the growing differences between the various social groups were emphasized. Upon the social stratum made up of Indians and African Negroes, on which the economy rested, were erected the two groups that, in spite of their differences, possessed influence in the society of the Río de la Plata: the Spaniards and the creoles.

Those groups were not cohesive. The Peninsular Spanish group was notoriously split between those who were transient and generally held public offices with the sole hope of moving on to better jobs, and those who had decided to root themselves in this land. The latter were singled out by the English traveler, Alexander Gillespie, as being disposed to “uphold revolutionary objectives,” precisely because “they had said a permanent good-by to Europe and had thus identified their fortunes and their happiness with South America.” He emphasized that whereas the former were indifferent to the fate of the colony, the latter were preoccupied with its future and were thinking about the conditions under which their existence might evolve more favorably. In general, the Spaniards preferred urban life, few of them settling in the country; those who did so soon abandoned themselves to a degrading indolence that, together with their isolation from urban centers, put them in an ineffectual position in the social order. At the end of the eighteenth century, Azara mentioned a singular characteristic of the Peninsular Spaniards in these lands, which everything else seems to confirm: “All men agree that they have equal rights, without any distinction being recognized between commoners and noblemen who have connections and entailed estates, or any other distinction than the personal one of the kind of work one does, which may bring with it a more or less large fortune or a reputation for probity or talent.” So it was that the only aristocracy that emerged in the Río de la Plata was a new one, founded on the individual worth of the colonist.

As the gap opened between the transient and the settled Spaniards, the creoles sank their own roots deeper. There was a widespread belief in Spain that Spaniards degenerated in America. Father Feijoó believed it was important to dispel this absurd belief by the light of prudent arguments, but its mere existence shows how difficult the situation of the children of Spaniards was in the colonies in the eyes of those from the Peninsula. The creoles more than repaid this attitude: by the eighteenth century they regarded the Peninsular Spaniards as the enemies of their legitimate rights and fondest hopes, hating even those peninsulares who were their kin. Kept out of public office, relegated to lowly social tasks, the ambitious and capable creoles, whether they were white or, as was more frequent, mestizo, preferred a rural existence in which they did not have to bear constant witness to their inferiority. On the plains they led primitive lives, out of contact with cities and still less in touch with the current of civilization, which reached them only by reflection. The creole-mestizos developed indomitable, untamable spirits, stimulated both by their pastoral activities and by the spectacle of the open pampas. Their feelings of social inferiority, inherited by the large majority of the mestizos from their Indian mothers, created in time a special psychological attitude that united the creoles, endowing them with a sense of class that was soon to become significant in the political struggles for independence and in civil wars. Their great ally was their numbers: the creole population increased rapidly, and they came to comprise the solid nucleus of the colonial mass and even of the well-to-do class. The creoles in the cities tried to overcome the social conditions that bound them by pursuing studies at Córdoba, at Chuquisaca, or in the motherland, so that they might later engage in the liberal professions and thus open their way through the prejudices by which they were restrained. A creole core-group was formed, urban in its way of life and liberal by tradition, which added its efforts to those of the other creole elements in the strong, common desire to attain predominance within colonial society. If they had an ally in their numbers, they had another in the force of their convictions and in the interrelationship between their aspirations and the most important collective interests of the colony. In the end they triumphed, and the first stage of Argentine history may correctly be called the creole era.

The power of the creole element lay in their deep-rooted and precisely delineated ideals, which were in sharp relief to those held by the Peninsular Spaniards, especially the Spaniards who daily renewed the adventure of colonization by their hasty passage through the colony. In general, these were the men of authoritarian outlook j they were the ones who came to hold public office, which was the principal way to rule the land; they were the ones who came to manage trade, in close relationship with the merchants of Spain, which was the principal way to exploit the land. Furthermore, the Spanish clergy was in complete agreement with their ideas, and in the colony the clergy had a considerable cultural tradition and enjoyed a privileged position because of the moral and political influence that its members exercised over political affairs. The appearance of a new sort of liberal official whom the Spanish Bourbons sent to the Río de la Plata made little impression. The liberals, including some creoles, who succeeded in the eighteenth century in introducing Bourbon reform ideas into the colony, struggled to neutralize the influence of the most reactionary elements among the priests and the merchants, who clung most closely to their privileges. But the liberals did not always succeed, and frequently they were bitterly attacked by those who were injured by their policies. Yet the liberal point of view had an impact on the creole groups, and soon contributed to shaping their ideals and aspirations. It that influence did not reach the rural creoles, who also were authoritarian and untamed in their own way, it was felt decisively among the urban creole groups, who began to take a strong stand on the most important social problems in the Río de la Plata.

The creole bourgeoisie became fervently liberal because liberalism, even with the restrictions imposed on it by Spain, offered solutions to the most immediate problems and provided a system of ideas for the dim aspirations stirring in the boldest minds. The urban bourgeoisie began to sketch out a program of reform for rural life in the light of physiocratic doctrines and liberal thought, and aimed at the development of agriculture according to the latest methods. As Mariano Moreno said: “He who knows how to discern the true principles that affect the prosperity of each province cannot deny that our wealth depends principally on the bounty of our fertile fields.” These urban people wanted free trade, which, by neutralizing the burdensome influence of the monopolists, would assure ready sales for the farmers’ products, and they even wanted to develop small rural industries —all of which implied a profound change in the way of life that had been followed up to then by the rural creole group. Urban life, however, was the form that the bourgeoisie considered to be the ideal of civilized existence; they believed that in such an environment they could attain the degree of enlightenment that permits societies to rise from primitive conditions to the highest levels. It was in the cities along the Rio de la Plata that the creoles were able to achieve the formation of a political conscience capable of facing the problem that was felt by every creole in a more or less express form: namely, the proper direction of his own destiny.

The liberal reforms of the Bourbons contributed more than any other factor to shaping, among the creoles, a revolutionary conscience for emancipation. The establishment of the Viceroyalty, which was the result of the expedition of Don Pedro de Cevallos against the Portuguese in 1776, gave political unity to an extensive region theretofore incohesive. To the areas administered from Buenos Aires and Paraguay was added all the land that formerly fell under the jurisdiction of the audiencia of Charcas, together with Tucumán, Potosí, and Santa Cruz de la Sierra. The city of Buenos Aires was made the capital of the Viceroyalty. A new, extensive, and rich political unit was thus created, part of which had previously been oriented toward Peru, but would henceforth be polarized toward the Rio de la Plata. The vast region in which this bi-polarity was to endure for a long time —with Charcas and Lima at the opposite pole from the capital— little by little began to gain political importance. It was precisely its diversity that identified it: the different parts, rather arbitrarily combined, became aware of their personality when confronted by their subordination to Buenos Aires, and they showed their incipient political consciousness by passive resistance to the city that was soon to attain a high destiny.

The organization of the Viceroyalty into administrative areas called intendencias accentuated this activity, for each of these quickly acquired a well-defined unity. Following the Bourbon principles of centralization, the Crown had decided in 1782 to divide the territory of the Viceroyalty of the Rio de la Plata into seven intendencias and a Supervisory Government. Buenos Aires, Asunción, Salta, Córdoba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, La Plata, and Potosí became administrative and political units in which a local spirit quickly emerged. The old, primitive municipal organization of the colony was replaced by a territorial and regional organization that notably weakened the preponderance of the cabildos, which until then had been the most important bodies for the transmission and execution of the royal will and the only ones in which public opinion had some influence. Henceforth, the governor-intendent, who was the executive responsible for war, justice, and police, became the supreme regional authority. Subordinate to the governor, the cabildos were limited to strictly urban tasks, while his policies contributed to the definition of the aspirations and desires of the population of the region.

This administrative reorganization, child of Bourbon political beliefs, sowed the seeds of serious political problems by creating a new situation. While the creoles in the capital were hardening their belief that they were the nerve center of the Viceroyalty because they were cultivated men, informed in modern thought (a position indirectly recognized by the liberal policies of the Crown), the people in the several intendencias began to open their eyes to the actual condition being created by the accelerated process of centralization operating from Buenos Aires. The way of life and the traditional influences coming from Lima and Charcas, and that endured in Asuncion, did not coincide with those prevalent in Buenos Aires after the middle of the eighteenth century. Vague unrest appeared in the last years of the colonial period: later, when the creoles of the interior joined the creoles of Buenos Aires in the desire for emancipation, the appearance of this long-matured divergence of ideas was to smash their united front.

The most transcendent fact in the political existence of the Rio de la Plata in the eighteenth century is precisely the limited imposition of liberal policies by the Crown and their reception by the enlightened creoles —particularly in Buenos Aires and in Charcas— who tried to carry those ideas to their logical conclusions.

The general lines of Spanish Bourbon policy were those of enlightened despotism, but various conditions retarded their achievement, especially in the colonies. The policies were progressive and were motivated by the ambition to stimulate the development of the colonies and to benefit the American subjects of the Crown; but both in the colonies and in the motherland this desire was subjected to the necessity of not favoring the diffusion of a doctrinaire line that might end by weakening the bonds of absolute power and of Catholic thought. The result was that the greatest progress was made in the economic field, although there too with some limitations, and also in the area of social action and education.

The defense of absolute power, which implied a mistrust of the free-thinking philosophes, also involved an energetic policy directed against the Jesuits, whose theocratic conception of power clashed with the official view, and whose growing economic and political strength seemed to threaten the State. The Jesuits were eliminated, and with them fell the strongest prop of authoritarianism in the colony. Perhaps this fact more than any other favored the growth of liberal views first noticeable in officials who, like the Viceroys Bucareli, Basavilbaso, or Vértiz, had responded to the tendencies prevailing at the Bourbon court and had come to impose them upon the colony. Later, these opinions began to appear among creoles of keen intelligence and deep restlessness. As examples, there were Juan Baltasar Maciel or Manuel Belgrano, who, at the end of the eighteenth century, began to study the works of the most significant modern authors, many of whom they could read only in secret because of the zealous vigilance of the reactionary clergy who upheld Jesuitical beliefs.

Maciel, a studious and reflective man, felt himself drawn to thinkers such as Descartes, Gassendi, and Newton, who stimulated him to face fundamental issues on which the University of Córdoba, where he had studied, had offered him training only in the Aristotelian and scholastic tradition. Some works of the Encyclopedists must also have been in his library. This kind of reading, however, did not begin to affect these men until a little later, particularly after the revolutionary explosion of 1789 in France. The economists and political philosophers of the eighteenth century exercised immense influence over Manuel Belgrano’s generation. The future secretary of the consulado of Buenos Aires became aware of political economy in Spain, and he accepted the position in the consulado because, as he put it: “I knew that such bodies had no other object than to supplement the work of the economic societies that dealt with agriculture, industry, and commerce.” While he showed in this fashion his enthusiasm for the kind of studies he had recently discovered, he was seized at the same time by “the ideas of liberty, security, and property. I saw only tyrants in those who opposed enjoyment by any man, no matter who he might be, of the rights that God and Nature had granted him and that even society itself had agreed upon directly or indirectly in its establishment.” With this background, Belgrano was bound to exercise enormous influence among the porteños. Around him gathered questioning minds —men who secretly read Montesquieu or Rousseau, and who did not hesitate to advance in public the economic principles of free trade, and physiocratic doctrines.

The outgrowths of this restlessness were colonial periodicals, of which the first, El Telégrafo Mercantil (Commercial Telegraph) directed by Francisco Antonio Cabello, lengthened its masthead by describing itself also as “Rural, Political, Economic, and Historiographic.” Manuel Belgrano wrote for it, and so did Juan Jose Castelli; the engineer, Pedro A. Cervino; the naturalist, Tadeo Haenke; the poet, Manuel de Lavardén; and Canon Luis Chorroarín. As was the case with the Semanario de Agricultura (Agricultural Weekly),which Hipólito Vieytes published in 1802, and the Correo de Comercio (Commercial Mail),which Belgrano edited in 1810, the chief characteristic of this colonial journalism of the Río de la Plata is the attempt to apply to local needs and problems the doctrines learned from European writers. The colonials were just discovering and posing a great number of these questions, precisely in the light of the new doctrines. Although it was true that these problems were almost exclusively economic, this fact should be interpreted by recalling that the attribute of the Bourbon liberal movement was the limitation of reform to a field that would not injure the bases of royal power. But there could be no doubt that liberal thought constituted a unified doctrine, and that whoever was touched by its influence could not easily resist extending his inquiry into political phenomena, confronting them with the same point of view that he took toward economic data. The urban bourgeoisie of Buenos Aires and of Charcas, made up mostly of creoles who had received formal education or were self-taught, had the specific, immediate ideal of social and economic betterment and material progress; but there was also present the implicit and remote ideal of the attainment of a liberal government—for which emancipation was a prerequisite. This idea slowly evolved in the minds of the bourgeoisie.

In the closing years of the eighteenth century, events began to encourage the urban creole minority in its ideological stand. The most important of these occurrences was the French Revolution, which from the first aroused extraordinary enthusiasm among those who understood the theoretical principles that motivated the revolutionists. There can be no doubt that this enthusiasm was evident in Argentina: first, Viceroy Arredondo and, later, Viceroy Avilés believed it was essential to take strong measures to prevent the spread of news about events in France and about the beliefs motivating them. The Marquis de Avilés explicitly stated in an edict promulgated in August 1799:

I am informed of the introduction into this capital, and into other cities and places of the district under my command, of various foreign pamphlets from different parts of Europe and even from the settlements of our enemies in America, which not only contain odious accounts of insurrection, revolutions, and disturbances of governments that have been established and generally acknowledged, but also espouse matters that are false and injurious to the Spanish Nation and to its wise and just government. This extremism, in addition to being contrary to the fundamental laws of these kingdoms, demands special vigilance these days in order to avoid every motive or occasion for the deception or seduction of these faithful and distant vassals, so that they may not be taken by surprise by similar abominable materials. Therefore, I order and command that whichsoever inhabitant of this capital or of the other cities and places of this Viceroyalty to whom such papers are directed under the name of gazettes or under whatever other name shall immediately hand them over to me without communicating them to any other person; this under penalty of a fine of five hundred pesos for the first offense and of being dealt with, on the second offense, as nuisances and disturbers of the public peace.

By this time the course of revolutionary events, particularly the decapitation of Louis XVI, had to some degree chilled the enthusiasm of many people; but the Declaration of the Rights of Man remained as a political program that attracted men who until then had not foreseen the possibility of giving realistic form to the doctrines taught by the political philosophers.

The urban creole minority was anti-Jacobin, as in Spain, except in rare instances. The principles laid down by official Bourbon liberalism prevailed in the thinking of the creole liberals, who had a traditional respect for monarchy and a no less vigorous regard for religion. Liberalism had taken this form in Jovellanos, the guiding light of the liberal creoles, and this was the way it was generally conceived. These characteristics became still more defined as a result of the English invasion of the Rio de la Plata in 1806, which, by hastening action by those who wanted independence, effectively contributed to clarifying aspects of the creole liberal movement.

The result was that in spite of the sympathy that some English ideas, particularly on economic matters, awakened among the creoles, to them the English appeared to be the criminal advocates of religious heterodoxy. An impassable chasm opened in the way of any direct and definitive understanding between the two peoples. Gillespie tirelessly refers to “this land of fanaticism and ecclesiastical domination,” and it is well known how the popular masses reacted to Protestants even after independence was gained. Owing to this circumstance and to the pride and sense of revenge aroused by the English attacks, the English invasion contributed to the delimitation of creole liberal ideas: extensive in economic affairs, restricted in religious and political matters, even though in the latter area there was discrimination between reality and abstract aspirations.

It is worth pointing out that the English invasions of 1806 and 1807 had other no less significant results. The attacks caused the creoles, the group whose participation in the Reconquest and Defense was decisive, to move to the forefront of society. Social progress was achieved not only by the bourgeois minority, which partially assumed the leading role, but also by the popular mass, which linked itself to that minority, beginning to recognize it as its authentic ruling class. A notion of nationality based on the principles of birth in the colony and of adherence to its way of life thus became increasingly clear. That was the creole spirit; that was the fatherland.

No matter how sturdy the liberal movement in the colony may have appeared, authoritarianism had not abandoned all its positions. The traditional authoritarian spirit of the Hapsburgs had solidified among different social groups who adopted it because they perceived the danger of the road that had been opened by liberal Bourbon policies. The officials of the old stamp who could not conceive of any way of life for the colony other than what derived from its condition as a colony of the motherland; the monopolistic merchants who shared the profits provided by that regime; the Jesuits, and those who inherited and maintained their theocratic views —all of them agreed that if the floodgates were opened to liberal ideas, a torrent of aspirations would pour from the Spanish Americans, who were thirsting for justice and for their individual and collective development. This belief was correct, for such aspirations existed, latent and hidden beneath a resentment, already old, felt by the creoles toward those born in the Peninsula. Moreover, there is little doubt that the evolution of liberal thought unequivocally led to ideas of self-determination and independence. But the authoritarian concept, which had developed native forms, persisted with remarkable vigor in the rural environment and in the hearts of the rural creoles. Liberal political ideas could not penetrate into the back country because the people there had nothing but the primitive political experience of man abandoned to nature and to his own physical resources. The problems of crowded living conditions had never been posed in the deserted pampa. On the other hand, the rural creole, authoritarian as he might be in his daily adventure of existence, grasped the postulates of liberal political economy because those were involved with problems whose gravity he had felt personally. In this, as in his dim desire for self-determination, he was in agreement with other creole groups.

This coincidence of views created a battle front between the creoles and the Peninsular Spaniards, which was most obvious in the economic area. There, merchants and hacendados (the first more likely peninsulares, the latter generally creoles) struggled over their conflicting interests, which were scarcely reconcilable without loss for one side or the other. Whatever benefited the former, who were represented by the consulado, damaged the interests of the latter, represented by the Junta de Hacendados. In this silent struggle it was difficult for the creole hacendados to take the initiative because they were victims of their subordinate social and political role; but the Crown, motivated by liberal ideas and by the desire to stimulate the development of the colonies, took the initiative for them, and gave wing to their high hopes, not without having their rivals complain bitterly and violently and try to impede whatever measures the Crown proposed. The day came when the hacendadostried to carry out their economic ambitions, and they frankly solicited, through the pen of Mariano Moreno, free trade with England for their products. “Those who believe that opening trade with the English in these provinces is an evil for the nation and for the province of Buenos Aires should be covered with shame; but even should that evil be conceded, it ought to be recognized as a necessary evil, which is impossible to avoid by aiming at the general good, in an effort to benefit from it by making trade serve the security of the State.” Thus Moreno wrote in 1809 in his historic Representación de los Hacendados (Memorial of the Hacendados).

But the monopolistic traders were not shamed. They persisted in their attitudes, and pointed out two types of evils in the economic policy that the others were trying to impose: one, that it injured the native Spaniards, who were proud of their rank and jealous of their privileges; the other, that they saw the dangers to which this policy was leading. Martín Alzaga, the leader of the monopolists, expressed this point of view to the consuladowith undeniable clarity:

The trade we have had up to now is what the law has permitted as useful and beneficial for maintaining and tightening the relations between the vassals of these remote regions and the motherland by means of the reciprocal dependence of their commercial activities. This is an indisputable truth, as evident as the risk that by allowing (1) the exportation of goods and money directly from the ports of Spanish America to the Northern powers, and equally, (2) the importation of goods bought from their factories (as the author of the paper [Cerviño] implies), the relationship I have mentioned would be extremely attenuated and weakened in a short time, with irreparable damage to the monarchy.

Matters having arrived at this point, the polemic moved from the purely economic level to the political plane, where lines were not well defined.

The creole position on political issues had not yet been established: above all, because the Hispanic group possessed the enormous force of legality; next, because the subversive nature of reform ideas impeded many people from expressing their thoughts; finally, because only sentiment for the fatherland was common to all the creole groups, since liberalism had taken root only among the cultivated minority in certain cities and was probably not assimilable by the rural groups. This meant that the system of political ideas was structured cautiously, deep in individual thought or in small meetings, and this explains the inexperience that has been commented upon as being characteristic of the first acts of the independent government. From this source also stemmed the aggressiveness of the Peninsular Spaniards, who were sure of their own strength. But in each creole conscience there was silently at work a more or less obscure ideal, cast out upon the wide future. The creoles designed an objective, sketching out the golden age of the rationalist philosophers: a free and happy world in which the human being would enjoy indefinite progress and the most extensive liberty. The spirit of liberalism had taken definitive shape in this land.

PART TWO

The Creole Era

The revolutionary movement of 1810 opened a new era in Argentine history. Henceforth, the chief concern of the enlightened groups would be to give structure to the country —to organize it politically and to reform it socially and economically. This undertaking involved enormous difficulties, some of them almost insoluble without the aid of time. In the minds of the men of the revolution not even the geographic boundaries of the new-born state had been defined; their doubts were revealed in their preoccupation with the adoption of its name. Discounting the abortive attempts to include the Banda Oriental and Paraguay the boundaries in the north were notoriously uncertain because of the influence of Upper Peru in many provinces, and because of the changing fortunes of the patriot armies; but the geographic problem was insignificant compared to the social problem brought on by emancipation.

The revolution for emancipation was to some degree a social revolution aimed at facilitating the rise of the creoles to the top level of the country’s life. Enlightened creoles had been the makers of the revolution, but it was necessary for them to appeal to the provincial creoles, mainly from the rural masses, because of the strength of their convictions and the need to get solid support for the movement. The rural people responded to the call and joined the movement, but the nucleus of porteños had already established the fundamental principles of the political-social order, and the masses who answered the call did not believe that they were being faithfully represented by a system that naturally gave leadership to the educated groups who had a European background. Thus began the duel: on the one side, the institutional system advocated by the enlightened minority, on the other side, the imprecise ideals of the popular masses.

The struggle between the two political-social concepts led to civil war and to the triumph of the ideas of federalism, which in turn ended in autocracy. Then a moderate tendency began to appear, seeking to conciliate the two hostile currents and to formulate a political doctrine that would permit the unification of the nation. This compromise position was worked out slowly; it triumphed with the constitution of 1853, and was permanently accepted in 1862. Beginning in 1862, the country put in play all its resources, hurling itself into a vast constructive program. But its very development, carried on with unity of opinion from 1862 to 1880, led to the formation of a new social reality. European immigration and profound economic changes struck a mortal blow to creole Argentina and obstructed the normal working of the institutional system that had been created at the cost of so much effort and so much bloodshed. Around the year 1880 the creole era ends, but in its final stages it gave birth to the second Argentina.

III
THE COURSE OF DOCTRINAIRE DEMOCRACY

THE DIFFUSION AND CRISIS OF LIBERALISM AND CENTRALISM

“June 20,1789, was France’s most glorious day, and would have been the beginning of the happiness of all Europe if an ambitious man, who was endowed with extraordinary talent but also with violent passions, had not forced a million men to serve the aggrandizement of his brothers by shedding their blood for their country.” So Mariano Moreno wrote at the end of 1810, revealing the state of mind then dominant among the liberals. At its outset, the French Revolution had appeared to be the triumph of the ideals of fraternity and of justice for which Rousseau and Montesquieu had struggled, but the course of events compelled calm thought, since it now seemed that French genius was incapable of preserving the dignity of its principles. This circumstance moved men to look toward England, in whose political structure the doctrinaire French liberals had found their own inspiration, and who in spite of revolutionary buffeting, followed by reaction, had maintained equilibrium between liberty and authority. In Spanish America, the English example was, at different times and in different degrees, the standard of political thought for more prudent minds. This explains the swing toward monarchy, which was to be observed in trying times —a tendency that was not at all discordant with liberal and democratic sentiment— and the sympathy shown by Great Britain, which was both a protection and a hope for the newly created countries of Hispanic America.

Napoleon’s conduct, on the other hand, spurred concern for the danger of Jacobinism (which was seen as the ultimate cause of the reaction), and the adoption of a moderate policy was counseled, of which the Spanish Cortes of Cádiz in 1812 and the acts of the Argentine governments between 1810 and 1814 were evidence. From that moment on a wave of absolutist and conservative reaction swept Europe and America. The restoration of Ferdinand VII in 1814 was the warning sign of the policy of both the Quadruple Alliance and the Congress of Vienna —a policy aimed at erasing the recent past by one powerful effort. War without quarter began between liberalism and absolutism. “I believe I have said enough,” Bernardino Rivadavia wrote in 1817, “to explain the new kind of war that shook Europe, a war in which one-quarter or one-third of the Continent was struggling for the interests and claims of arbitrary, absolute power against the others who, armed with the advances that man has made in all fields, fought firmly and vigorously against fanaticism and against the false ideas and vices of all the old institutions.” This war also contributed to strengthening England’s position in the eyes of the American countries because it demonstrated her lack of enthusiasm for the cause of absolutism, which was contrary to her own political tradition. And when Spain, after the brief period during which the constitution of 1812 was in effect, received the support of the “Hundred Thousand Sons of Saint Louis” to restore absolutism, England prepared to remove herself from the absolutist coalition, and showed her position to the extent of recognizing the independence of the United Provinces of the Río de la Plata in 1824. The Quadruple Alliance virtually disappeared two years later, deprived of English support, and the cause of American emancipation, which had been sealed with the victory of Ayacucho, entered a new phase in which the impact of European politics was less severe.

Emancipation and political-social problems

The revolutionary movement leading to Argentine independence occurred within this political and ideological framework. A very brief period of elaboration, dating from the English invasions of 1806-7 to the beginning of 1810, served to clarify the ideas, invigorate the collective conscience, and define the political and social objectives of the creoles. A very short series of events imposed a revolutionary situation upon Buenos Aires that radically modified reality. Finally, the fortunes of all the people were sealed by the movement of May 25,1810.

But this rapid progress was the work of a small group —the liberal and enlightened minority of Buenos Aires. After May 1810, on the other hand, a period of convulsions began that shook the entire community and led to the adaptation of society to the newly created situation. The fact is that if independence was the result of a state of mind that gestated surreptitiously during the colonial era and matured in the nineteenth century, emancipation, in its turn, caused radical social and political alterations in the country.

In a sense, the revolution for independence was as much a social event as a political one; and perhaps because it was, above all, social in nature, it gave birth to a complicated and difficult political problem whose solution occupied a half-century. In the closing years of the colonial period, Peninsular Spaniards and creoles were two groups separated not solely by their origins, but primarily by their social statuses. It is significant that Bishop Lué dared to say at a critical moment of the revolution that the government of the American colonies “can be taken over by the sons of this country only when not a single Spaniard remains.” The opinion of Cornelio Saavedra, who three years earlier had summarized the psychological situation created by the defense of Buenos Aires against the English, is no less revealing: “I make bold to congratulate the Americans: to the proofs that they have already given of valor and loyalty, they have added this last— that by exalting the merit of those who were born in the Indies, they have given convincing evidence that their spirits are not kin to humiliation, that they are not inferior to the European Spaniards, and that they cede to no one in loyalty and valor.” Creoles and peninsulares were two social classes who felt themselves to be enemies because of their relationship: the privileges of one determined the inferiority of the other.

The revolution was not politically significant at the beginning because of its limited scope, but it was a social upheaval that dislodged the men of the Peninsula from authority in order to give their power to the creoles. That was the idea behind Mariano Moreno’s interpretation of the Spanish royalist reaction:

The great obstacle to the surrender of our rivals is their refusal to have the sons of this country enter into the government of these provinces at the highest levels. The Spaniards, surprised by such a strange and novel concept, believe that nature itself is being turned upside down, and they obstinately insist on maintaining our traditional inferior status, engaging in war against and in the extermination of the men who have aspired to command, contrary to natural laws that condemn them to perpetual obedience. Here one finds the principle that provoked the Viceroy Abascal’s outburst against us as “men destined by nature to vegetate in lowly obscurity.”

The sensation of having yesterday been an oppressed class and of today being triumphant conditioned the attitude of the creoles after May 1810. Now they could give free rein to old resentments and their long-accumulated, silent rancor. The rancor was soon translated into open hostility against the Spaniards, and later was extended into strong xenophobia. Spanish laws were called “monuments of our degradation,” and were rejected; Spaniards were quickly excluded from public office as foreigners. Only the “sons of the fatherland” now possessed indisputable rights in the country they had just reconquered. “Since nature has created us for great things, we have begun to do them,” Moreno said with angry pride. A new self-awareness —overflowing with self-esteem— henceforth motivated the creole leaders and masses.

If that common sentiment explains the attitude of the classes liberated at the outset of independence, later events may be explained by the diversity that is easy to find in the creole mass, each one of whose groups had quite different psychological, social, and economic characteristics with which they reacted to the revolution they had made. In principle, the creole mass was divided into two great nuclei: the urban porteño group, whose thinking was echoed in some other enlightened centers, and the groups in the back country, both urban and rural, among whom profound regional differences could be distinguished.

Europeanized and liberal, the creoles of Buenos Aires comprised a minority of considerable influence. Its members had achieved a degree of economic well-being, especially in commerce and the liberal professions, that gave them a solid foundation for their prestige, and some of them had risen to positions of importance in the colonial administration. Ideologically, this group descended directly from the liberal Spaniards of the Bourbon era. Certainly, some of the more questioning minds had been in direct touch with French or English thought, studying it at its sources. But if it is easy to prove that Mariano Moreno added Jean-Jacques to his careful reading of Jovellanos, it is not difficult to observe that he also read Rousseau with the same preconceptions as the liberal Spaniards. The result was that the enlightened porteños developed a liberal doctrine that was sui generis, but so deeply rooted that it showed itself from the outset as an unbending political and institutional system that included a conviction in the necessary hegemony of Buenos Aires, the propitious dwelling place of this constructive creed. From this fact stemmed the later clash with the creoles of the interior, with whom the porteño minority agreed on the ideal of emancipation and the motives for social change, but from whom they were separated in the field of political realities.

The population of the interior in general lacked both the doctrinal preparation and the political experience to assimilate the institutional system that the porteños wanted to impose on the new state. The predominantly rural mass was split into two groups that geographically and in other ways corresponded to the Littoral and to the land-locked interior. If the first was nearer to Buenos Aires because of common problems and even because of a common political attitude, it was separated from Buenos Aires by the old problem of controlling customs and the economically important rivers, a problem that soon provoked deep antagonism between Buenos Aires and the Littoral. The second group, in the beginning, had fewer direct motives for hostility against the former capital of the Viceroyalty but was, on the other hand, further from it ideologically. The northwest and central regions of the country, zones of Peruvian influence, repudiated the modern spirit that had taken hold in the area of European influence. Thus, both provincial groups potentially shared the same attitude toward the enlightened element of Buenos Aires.

Neither the leaders nor the back-country masses had political experience or training in ideas j theirs was a simple existence bordering on the primitive, and characteristic of rural Argentina. This condition was only slightly modified in a few populated centers and hardly affected more than their immediate surroundings. Primitivism was sharply demonstrated in politics, since both the colonial tradition and the natural organization of rural life had favored the development of an authoritarian regime, as shown by the liberties taken by officials, landowners, and ranchers. Primitivism was even more developed in the moral order. Authoritarianism was the nerve center of clerical education, the only system of education in the colony. Dogmatic and demanding spiritual authority over the secular world shaped a mentality, resistant to reality, that soon flung itself into fanaticism and superstition. Confronted by the outburst of liberal ideas, this mentality reacted with all the force and vigor of blind conviction, rejecting analysis and repudiating anything that presupposed liberty of conscience and political self-determination. For the most varied reasons disagreement between this attitude and that of the enlightened group in Buenos Aires soon broke out.

Local sentiment contributed much to the antagonism between the two sectors of the creole population. The Revolution of May aroused patriotic emotions, but while Buenos Aires advocated a national view of the fatherland, the groups of the interior showed marked indifference for what was, in their eyes, still a vague abstraction. On the other hand, they overvalued their pequeña patria —their “little fatherland”— which they could sense and to which they were united by daily existence. Local sentiment showed itself quickly, not only in support of parochial interests but also in defense of the local psychology and the modes of daily life. This amalgam of emotions threw the rural groups into conflict with Buenos Aires, the symbol and bulwark of hostile interests, of reform, and of a strong tendency toward economic and political hegemony. Hostility grew, silently at first, openly later, between the city that had unleashed the revolutionary movement and the rest of the country, which had to decide whether or not to join the regime favored by the city. Buenos Aires did not want to acknowledge the depth and vigor of localism, believing it was enough to proclaim the brave new world in order to have the rural masses submit to those who had summoned them. But the reply proved that the “people” conceived in the imaginations of the intellectuals of the revolution were quite different from the people of national reality. Buenos Aires wanted to dominate and to educate, but the people shut their ears to such voices, replying with their own conception of the revolutionary movement.

Gradually the panorama became clear, displaying all the difficulties. The creole mass agreed with the educated group in the belief in emancipation and in the deep desire to achieve leadership of the country, but they dissented radically from the political organization of the new State. The sons of the homeland were united, yet disjoined.

Despite the caution and prudence of the men who were to make the Revolution of May, engaged as they were in masking their wish for independence by feigning loyalty to the person of Napoleon’s sovereign prisoner, the idea of independence stood forth in their words and deeds. Belgrano declared in his memoirs that the idea had appeared as early as 1808, and if, only a few days after the installation of the Junta de Gobierno, Moreno was able to say that its members “sought nothing more than to uphold with dignity the rights of king and country,” a justifiable indignation caused by the royalist reaction soon led to the unanimous opinion that Americans possessed the same rights as the Spaniards to decide upon their own destiny, once the sovereign had disappeared. The men of May defended the justice of their pretensions to a government ruled only by the “sons of the country” and by those who “care for the glory of their homeland.” Soon this sentiment would tear aside the mask that hid it. At the end of the year 1810, Moreno would wrathfully challenge his enemies: “Do you believe that the sons of this country will return to the chains they have just broken?” As a profound social revolution, the movement by its very nature aimed at independence, since only emancipation could elevate the hitherto disdained and oppressed creole mass.

Independence posed the urgent problem of the organization of the new State. The entire political tradition of the colony had been impregnated with injustice toward the rebellious but finally triumphant creole class j now it was necessary to decide how to form the new nation to fit it to the new social realities. At this point, difficulties emerged, born from the conflict between the different sectors of the creole population, which were divergent and even hostile in their political experience, their ideological formation, and their conception of life. “A people that suddenly passes from servitude to liberty,” Bernardo Monteagudo wrote at the beginning of 1812, “is in near danger of falling into anarchy and slipping back into slavery.” The prediction of this Argentine Jacobin was based on events that were already occurring, and on tendencies among the leading elements that would shortly be fulfilled. The problem was extremely serious and the solution most difficult, despite the fact that no one could escape the consequences of failure. The problem was “to give new form to an old state; to pull up by the roots an established order and to introduce another, wholly or in great part distinct; to extinguish with a blow the ancient custom; and even to destroy certain principles that are irreconcilable with those that ought to be introduced by such a reform, despite the fact that the ideas of the men who must build the new structure are often in unhappy conflict,” Friar Cayetano Rodríguez wrote in 1816 in El redactor del congreso (The Congressional Reporter): “These issues persisted for fifty years. The difficulties, which they had ambitiously hoped would be settled immediately, were, nonetheless, eliminated bit by bit, and at the end of that long time ideas and methods of conciliation appeared that were capable of unifying the creole mass, its interests, its aspirations, and its ways of living and thinking.

Currents within the “porteño” group

No matter how loudly its ideas resounded in the interior of the country, the Revolution of May was a porteñomovement created by the initiative and the decisions of an enlightened minority —that is, men who were educated in the principles of the Enlightenment. It was this group that inherited the liberal policies of the Bourbons, enriching them in many instances by reading directly from the principal authors of the movement. Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Mariano Moreno, and others composed this group at the outbreak of the revolution. But if the background of their beliefs was purely liberal, their firmest convictions were primarily and sometimes solely rooted in the forms of liberalism that the ideology and conditions of politics and society had encouraged in Spain. Liberal economic objectives, for example, were stated in that form.

Belgrano and Moreno were supporters of liberal economic policies during the closing years of the colonial period, the former as the secretary of the consuladoof Buenos Aires, the latter as the defense attorney of the hacendadosand farmers against the monopolists. When they gained control of the government, the men of the progressive group favored the development of free trade and the stimulation of all forms of production. In other aspects, liberal ideas were bound by certain limitations, the same ones, in fact, that were imposed in Spain by the fixity of traditional beliefs and by a respect for monarchical power (the latter precisely the source from which these innovations had come). For example, Rousseau’s opinions in religious matters were deemed unacceptably extreme. Moreno, in the prologue of the edition that he ordered printed of the Social Contract,declared: “Since Rousseau had the misfortune to rant and rave when he dealt with religion, I suppressed that chapter and the principal passages in which he has treated these matters.” The Spanish tradition of respect for authority also seemed to be perpetuated among the liberals. Both areas were made exceptions by Moreno when, in his article Sobre la libertad de escribir (On the Freedom of the Press), he asserted: “At last we perceive that the masses of the people will exist in shameful barbarism if they are not given complete liberty to speak on any matter, as long as it is not in opposition to the holy truths of our august religion and the decisions of the government, which are always worthy of our greatest respect.” Also, despite the fact that the Assembly of 1813 suppressed the Inquisition, some inhibitions persisted toward religious dogma and political authority.

Considering these facts, it can be said that the porteñoliberals adopted a moderate attitude. Moderation seemed to be one of the preoccupations of Moreno, who was the nerve center of the Junta of May, and whose opinions in this regard were frequently and categorically stated. Yet this surely was not his personal inclination, but rather the result of a planned political orientation. In essence, Moreno was a Jacobin like the other men of his group such as Chiclana and Castelli and the later heirs of his policies such as Monteagudo and Alvear. If Moreno favored moderation, at the outset taking pride in the measured calm of the revolutionists, he shortly gave way to his emotions at the signs of royalist reaction, and advised the violent imposition of revolutionary precepts. Referring to the plotters of the uprising at Cordoba, he said, “Only terror of the executioner can serve to warn their accomplices”; and in another passage: “The conspirators who agitate this land with their far-reaching plans and plots are beyond the bounds of compassion and justice. They will be the gravest threat to the State and to public safety if remedies are not efficiently applied to counter, impede, and weaken their influence.”

The experience of the French revolutionists may have counseled moderation among their emulators in Buenos Aires, or the porteños may have taken a moderate course for fear of the reaction of lukewarm followers who would perhaps support a reactionary despotism; but most of all they feared counterrevolution and anarchy. They preferred to make arrests in Jacobin style rather than pursue the ideal of moderation, which seemed inappropriate under the circumstances. The extremist policy was followed most vigorously by Castelli in his role as delegate of the Junta in Upper Peru, and it was taken up again later by Bernardo Monteagudo, who called leniency a crime and who, in April 1812, in the pages of Mártir o libre (Martyr or Freeman), advised the establishment of a dictatorship in order to consolidate the revolution.

Events frustrated the Jacobin tendency and compelled a moderate policy, which soon became reactionary. The restoration of Ferdinand VII, the fall of Napoleon, and the establishment of the Holy Alliance contributed indirectly toward displacing the Jacobins, and they gave up leadership to the moderates and even to the reactionaries. Nonetheless, the principles and tendencies of the enlightened group remained alive below the surface, and even when they were not followed faithfully, they sufficed to contain and mitigate reaction.

Their principles were derived from the deep-seated conviction among the enlightened porteños that America offered optimal conditions for a republican political system. The dissolution of the Spanish monarchy had in fact set the community back to its condition prior to the founding of Spanish sovereignty; consequently it would be possible to establish on new bases a social compact like that ideally conceived by Rousseau as lying at the foundation of society.

“The world,” said Moreno, “has seldom seen a setting like ours in which a constitution can be modeled that will give happiness to the people.” He believed that the revolution had eliminated the colonial tradition and the psychological attitudes that the past had created in the people. On this basis, the enlightened group categorically and unanimously affirmed that sovereignty had returned to the people and that only by a new delegation of sovereignty could public authority again be constituted. Thus only a congress representing the popular will could settle the destiny of the commonwealth. The liberals struggled to convene that assembly, certain, even when lacking any basis, that the entire population shared their views and had sufficient political experience and ideological preparation to assure a republican system founded on modern and efficient representative institutions.

The republican concept rapidly took root among the people, but the principles and techniques of institutional organization presumed a tradition and preparation that the people lacked. Burdened with theories, the educated porteños and some of their followers in the interior began to spread their ideas and to reform institutions. They proclaimed the dogmas of equality, liberty, and security, ideas Belgrano had absorbed from the liberals in Spain, and they were heatedly defended by Moreno and Monteagudo with forceful arguments that they succeeded in writing into laws and decrees, chiefly in the memorable declarations made by the Assembly of 1813. Even Indians, Negroes, and slaves regained full rights under the theory of the revolutionary State —rights that were, nevertheless, grudgingly granted in practice because of pressure from established interests. To assure these public benefits and to lay the foundations of political power, the liberals asserted that “true sovereignty has always resided in the general will of the people,” and, as a corollary, that “the general welfare will always be the sole object of our vigilant care.” In the eyes of these exacting patriots, the public officials possessed importance and authority only insofar as they were executors of the general will, and they could exercise their offices only to serve the common good. As El redactor de la asamblea (The Assembly Reporter) put it in 1813: “All those who have been faithful to their high duties shall enter the temple of fame and receive public tributes of admiration and gratitude; but if there is anyone who, by confusing the goals of the popular will with his own self-interest, has degraded the principal offices of civil authority, he shall be delivered up to the remorse of his conscience and forever reside in the shadows where crime dwells.” It was in obedience to this highest republican conception of public responsibility that Mariano Moreno resigned as secretary of the Junta, with a statement whose wording reveals the vivid actuality of democratic and republican beliefs.

For the enlightened men of Buenos Aires, in contrast to those of the interior, democratic views were indissolubly tied to institutional principles and to a particular conception of the country. Molded by visionary political theories, they firmly believed that only organic democracy, put into effect according to such norms, could express genuine democratic opinion. Confusing form with essence, they opposed as enemies those who agreed with them in fundamentals, but who differed with them superficially.

Institutional principles

An attitude clearly derived from the Enlightenment guided the political thinking of the educated class in Buenos Aires: the horror of anarchy and of unchecked, turbulent democracy. Order seemed to be the finest attribute of a rationally based society, a conviction that appeared to be certified in practice by the French political experience, in which excited popular emotions had led to an absolutist dictatorship. Only law and correct institutional arrangements seemed to offer proper solutions for preventing the social and political upheaval in the Rio de la Plata from degenerating into chaos. The most informed political thinkers tried hard to point out the two dangers entailed in the lack of governing principles: anarchy and despotism.

But the solution was not attainable. Would the new regime be a mere continuation of its predecessor? If tactical reasons obliged Moreno to declare that “internally our government is the same as that prescribed by royal law,” it was not long before his study of the problem of the future organization of the nation caused him to affirm openly that it was necessary to revise the bases of the social and political system. This task, urgent and inescapable in his view, ought to result in an orderly arrangement of principles and regulations, since laws were not sufficient to give structure to a new society: it was necessary to lay the foundations and to construct the crowning feature of the edifice —in other words, a constitution was needed.

As early as 1810, this decisive problem had been posed. The enlightened porteños maintained that a constitution was the key political objective of the revolution, and they had already thought out its general lines. In 1812 Monteagudo wrote: “Any constitution that does not bear the seal of the general will is arbitrary: no reason, no pretext, no circumstance can give it authority. The people are free, and they will never err if they are not corrupted or done violence.” But this line of thought, which coincided with Moreno’s, implied conviction that the people not only shared the beliefs in independence and democracy held by the enlightened minority, but also shared their opinions about its institutional framework. When Moreno contends that without a constitution “the happiness that is promised to us is a fantasy,” he is saying that it is essential to elaborate a constitution on the basis of historical experience and political science, in order to know with certainty “why some institutions have given some nations a degree of prosperity that the passage of many centuries has not been able to erase from the memory of men.” Those institutions, the result of theoretical elaboration, ought to be the ones imposed by a constitution that establishes “honest customs, personal security, the preservation of rights, the duties of the authorities, the obligations of the subjects, and the limits of obedience.” From the beginning Moreno pointed to two fundamental ideas that must become the basis of the institutional order: the division of power and the representative system.

Rooted in liberal theory, the two principles seemed undebatable and, indeed, were never negated as doctrine. But reality put obstacles that were long insurmountable in the way of their application. The division of powers in fact clashed violently with the remnants of authoritarianism surviving among the masses —vestiges partly of colonial origin and in part born of the conditions of rural life. The representative system, in its turn, was impractical because of the dispersion of the population, the widespread ignorance, and the lack of the technical skills demanded for its correct use. Thus it happened that the constitutional principles advocated by the enlightened groups appeared to be the illusions of visionaries or the mad fixations of intellectuals.

Perhaps they were, to some extent; but from the Revolution of May to the Assembly of 1813, the enlightened leaders persevered in their legislative and educational labors, and they succeeded in establishing a political system that at times conflicted with reality but constituted an immovable position against which the forces of anarchic democracy crashed. The laws were held in low esteem, their provisions violated, and their principles criticized; but a segment of the conscience of Argentina rallied around the body of political doctrine contained in the laws. Much later that conscience would return as by right to restore the constitutional system, once the democratic masses had evolved away from turbulent forms of political power and had grasped organic law.

Nationalism and Centralism

The fact that those principles originated with the enlightened group in Buenos Aires no doubt contributed greatly toward arousing the resistance to them. Various reasons provoked suspicion of the former capital of the Viceroyalty: in part because of the antagonistic interests of different economic groups that disputed control of the customs and the port of Buenos Aires, and in part because of a different mentality in the landlocked interior that was shaped by the influence of Upper Peru. The government created by the May Revolution inherited the spirit of resistance that the men of the Bourbon regime had aroused at the close of the colonial era. The conservatives and those who considered all innovations to be dangerous closed ranks in opposition. And slowly another force began to organize against Buenos Aires, made up of elements in the creole mass who were in fundamental agreement with the government but dissented over its methods of achieving its objectives. These sectors reacted against the pride of Buenos Aires, against its self-assurance, against the domination, real or imaginary, which they saw in the city’s attitude.

The poets who sang of the heroism of the resistance to the English invaders or who rhetorically exalted the glory of the city that was the cradle of independence were echoing the genuine emotions of people of the city of Buenos Aires:

Let Sparta speak not of her virtues;

nor Rome her grandeur flaunt;

Silence: on the world’s stage appears

the mighty capital of the south!

So wrote Vicente Lopez y Planes, the same man whose words are sung in the National Anthem:

Buenos Aires marches at the front

of the people of the illustrious union,

a reflection of a state of mind which, because it was justifiable, was no less irritating to the people of the interior, who saw in it an avowal of the right to supremacy. They were not mistaken. When Juan José Paso claimed in the cabildo abierto of May 22, 1810, that Buenos Aires was assuming the role of elder sister to the other provinces of the Viceroyalty, he was skillfully raising the thesis of political tutelage, which the men of May considered justifiable. They did not discuss its validity, but derived it from facts and existing realities; yet its projection into the interior took on marks of arrogance, which very shortly made it seem oppressive.

The revolutionary regime wanted from the outset to bring the people of the interior into the movement but, in spite of its leaders’ measured words and studied generosity, it was obvious that Buenos Aires was very sure of its right to political hegemony. Moreno wrote:

It was reserved to the great capital of Buenos Aires to give a lesson in justice that the Peninsula itself had not accomplished in the days of its finest glory. This example of moderation at once confounds our enemies and ought to inspire in our brothers the most profound confidence in this city, which looks with horror on the conduct of those hypocritical capitals that declare war on tyrants only to seize the seats of power that should have remained vacant upon the extermination of the despots.

While guaranteeing the mildness and justice of its conduct, Buenos Aires left no doubt that it had secured for itself the role of capital and the right to lead the new State that was being formed.

To all appearances this attitude was motivated solely by the ambition to ensure a centralized regime that would perpetuate control of the government in the hands of the men of Buenos Aires. Although appearances were susceptible to that interpretation, the truth was quite different. Buenos Aires had conceived and initiated the revolution; therefore, in the beginning, circumstances required it to take leadership of its revolutionary phase on the assumption that only in this way would the movement not be perverted. But to Buenos Aires belonged the honor of having regarded the revolution from the outset as a national movement into which all the people should be incorporated, a principle that impelled the city to maintain its traditional position as head of the State in order to prevent its dissolution. The idea that the entire area of the Viceroyalty should be preserved as a unit, in order to make itself into a nation, was specifically voiced by Moreno when he lashed out at the conduct of Montevideo, which had rebelled against Buenos Aires: “The arrangement of the provinces and the interdependence of the people who comprise them,” he said in the Orden del día of the Junta on August 13, 1810, “is a constitutional law of the State. Whoever tries to attack it is an opponent of the solemn pact by which we swore to guard the constitution. What would become of public order if the lesser towns were left to decide for themselves the selection of the capital, when the Sovereign has already established the center for all their affairs?” Already the idea of the continuity of the nation was seen to be inseparable from the idea of centralizing political power, and this doctrine became more strongly rooted before the threatening spectacle of the disunity of the former Viceroyalty. In 1813, the Assembly took up Moreno’s idea, and its journal, El redactor, indignantly asked: “Can one ignore the fact that there is no salvation without strength, no power without subordination and unity, and that these do not exist among people who are at odds with each other or internally disorganized?” El redactor pointed out that the congress had met precisely “to establish a center of unity for the opinions and the scattered resources of the provinces, in which our true strength lies; and to lay a solid foundation for the tranquillity and the future happiness of the nation.”

This concept of the State, and of centralized rule as the only sure way of guaranteeing its existence, constituted, with its liberal principles, the political platform of the enlightened leaders of Buenos Aires. But if liberal ideas aroused resistance, the belief in centralization provoked still more energetic hostility. The rural groups of the Littoral and of the interior were beginning to display their patriotism in the form of extreme localism. Regionalism, which was determined to some degree by geographic and economic conditions, grew strong, and the nation, if it had to be created at the price of centralism, appeared to many as an ideal that could be repudiated. The theory of federalism was soon raised in opposition to centralism, but it was rejected for sound reasons by the enlightened group in Buenos Aires. First Moreno and later Monteagudo studied in detail the reasons that they believed stood in the way of its adoption. But federalism was more than a theory. It represented a view of life and of political and social problems, and it grew and spread without being affected by the arguments of those most knowledgeable in political science. However, as with the principle of organic democracy, the principle of centralism remained as an unsurrendered flag, and in due course would be raised again.

Buenos Aires imposes its principles

Secure in its role as the standard-bearer, proud of its conduct, and convinced of the universal validity of its political beliefs, Buenos Aires summoned the people of the future nation, of which the city was dreaming, to collaborate in the task of founding and defending that vision —but Buenos Aires from the beginning set up the institutional system and the main political lines which should rule that nation. When the people began to awaken from their lethargy and answer the call of Buenos Aires, they discovered that the main lines of the political structure were already drawn, and they found at the same time that the outline did not fit their own spiritual and material situation. Buenos Aires abounded in statesmen and thinkers, but it lacked prudent, realistic policies. Its ideological orientation was rigid, incapable of making concessions.

The ideas preached by the enlightened group seemed to be so universally true that none of the liberals thought that social and economic realities or the defects of the colonial mentality might work against them. “Dedicate your thoughts to understanding our needs,” Moreno advised the representatives to the congress; but in his opinion there was no need, other than to educate the people, to convince them that his magic system would provide the soundest doctrines and the most just government. The progressive men of Buenos Aires believed in the people, as Rousseau had believed in them, but they did not suspect the influence exercised by new conditions or realize that the past had not been destroyed by mere political collapse, any more than the power of ideas imbedded in the populace by dogma and authority. They believed in the efficacy of words, in their own good faith, and in their personal disinterest; yet they could accomplish nothing without eliminating the stubborn opposition between the two political divisions that existed in the creole mass, which had now won control of public life: organic and doctrinaire democracy, on one side, and on the other, turbulent, inorganic democracy.

It was a fatal error on the part of Buenos Aires to act disdainfully and violently against those who did not seem able to understand its ideas. Convinced of the social nature of the revolution, the leaders of the city believed that it sufficed to “raise up the creole population and force it to take an interest in our labors,” as Moreno told Chiclana —and also to support the creoles with armed force wherever they might be under pressure from their former masters. Nevertheless, experience quickly demonstrated the inefficacy of these measures. The Junta de Gobierno decided to resort to the severest violence to prevent a Spanish counterrevolution. Castelli was inflexible in fulfilling his rigid instructions, not only at Cabeza de Tigre, when he fought against Liniers, but also at Potosí, when he fought against Córdoba, Nieto, and Sanz. Soon the men of Buenos Aires became convinced that a resistance movement against them existed, and they decided to act with like energy, which only inflamed hatreds. The overthrow of the Junta Conservadora in November 1811, and of reactionary elements in the Triumvirate on October 8, 18123 the categorical opposition of Moreno to the inclusion in the Junta of the deputies from the interior; the radical policies of the Assembly of the year 18135 the campaign against Paraguay; and finally the rejection of the deputies sent by Artigas to the Assembly —all these events were bound to breed a climate of violence, which began to develop in 1814. And at this moment appeared the other specter that had been so dreaded from the first days of the revolution, unchained precisely by those who had warned of the danger: the military dictatorship attempted by Alvear, but aborted by the energetic reaction of the force of anarchic democracy.

After that, the group of enlightened leaders in Buenos Aires lost their well-defined structure. They had called the people to revolt and the people had responded, but a set of political beliefs had sprung up that conflicted with those of the optimistic followers of Rousseau. Each group responded in its own way to this phenomenon. The result was that the emergence of the people destroyed the initial plans of the revolution and began to lay out another course, one that was extremely complicated and was incomprehensible to those men of Buenos Aires who were wedded to the objectives of their original program.

The call to the people

On the eve of the revolution, a representative of the military leaders invited Belgrano to meet with them because (as Belgrano recalls in his Autobiografía), the officer said that “it was necessary to count not only on force but also on the people, for they would be the arbiters. When I heard the military leader talk thus, trying to take the people into account, my heart swelled and I had a pleasant vision of a favorable future.” The ingenuousness of one of the representative men of the enlightened group shows the state of mind of the revolutionists of May. In their eyes the people were not only the source of sovereignty, but also a reality to which the intellectuals attributed ideal qualities and in whom they saw the hope of redemption. It was a Rousseau-like conception, and it was firmly rooted in the minds of the revolutionists and impenetrable to evidence.

However, facts to modify this opinion were not lacking. Moreno knew and feared the consequences of the political ignorance of the masses, but his doctrinaire convictions were stronger than experience and his optimism was immediately applied to balance the evidence. “Happily,” he wrote in October 1810, “our people have ended their long slumber and are displaying a noble spirit disposed to accomplish great things and capable of any sacrifice for the general welfare.” Firm in this belief, the men of Buenos Aires hoped that the people would rally to their call, full of enthusiasm for independence and democracy, and prepared to grasp the noble ideals of the enlightenment and the far-reaching ideas of freedom of thought and political self-determination.

The educated people in the capital were profoundly mistaken. The men of the interior answered their call because in fact they shared the belief in democracy and in emancipation from Spain and because they sensed their triumph in a revolution that had overthrown the old ruling class and had raised them to a position of authority. But for many reasons the provincials opposed the doctrinaire positions and the institutional principles of the en-lightened group. To these ideas the people of the interior opposed a profoundly colonial mentality and local sentiments, by which they demonstrated their new-born patriotism. They were primarily opposed to the anti-religious Jacobinism of Castelli and the men of the Assembly of 1813, and in politics they were hostile to the complex institutions that inevitably placed authority in the hands of the best-educated men. Their hostility deepened as the plans of Buenos Aires became more apparent — revolutionary policies that nonetheless correctly presupposed the continuation of a centralized regime for the nation. Faced by these deep antagonisms, the people chose to obey the call of the caudillos of their class and of their own kind who sprang up on all sides, which gave support to a new authoritarianism that had some vaguely democratic characteristics, since, in fact, the caudillo exalted the ideals of his people and carried to power with him a mandate to impose and defend their wishes. The caudillos satisfied the basic desires of the people, who did not hesitate to deny their support to liberalism.

Faced by a population that quickly showed tendencies both discordant with and in agreement with the government of Buenos Aires, the liberals acted indecisively. Although the liberals were correct in appealing to the creole population and in awakening anti-Spanish resentment —policies that assured the full support of the people for the revolution as a movement for independence— they were mistaken in collaborating so closely with the most progressive creoles, who reminded the rural masses of their former condition and inclined them to rally around their own caudillos. The result was that the representatives sent from Buenos Aires frequently did not gain the people’s esteem, for whereas these delegates were usually chosen from among the best educated, the caudillos and the people often disagreed with the logical decisions the representatives had made. By political instinct the people reacted stubbornly to any agreement.

The men of the educated class did not act any differently; they did not try to understand the aspirations of the people or attempt to discover how to reach accord, and their fault was all the graver because of their greater talents. The terms of the conflict involved such contradictions that agreement was unattainable. The men of Buenos Aires believed that only by political education and by spreading the theories of the enlightment could they attract the rural masses, ignorant but stubborn in their vague idealism. Great as he was, it was nothing less than ingenuous of Moreno to distribute the Social Contract among people who had scarcely any other moral training than the very slight amount — if any— provided by the rural clergy. However, Moreno had naive faith in the doctrine of public law, not wishing that those ideas “should continue to be mysteriously reserved to ten or twelve men of letters.” In his newspaper, the Gaceta, he taught the rudiments of liberal political theory, with the intention that the priests might read and comment upon his ideas from the pulpits.

This was the road to total misunderstanding or, better said, to proof that there was a gap between the masses of the interior and the enlightened group of Buenos Aires, which no one felt like closing. The urban groups of the interior gathered around their caudillos and isolated themselves; meanwhile, beginning in 1814, a vigorous antipopular reaction started among the educated people in Buenos Aires.

Antipopular reaction of the cultivated, liberal minority

Confronted by serious internal problems and by the certainty that it would be impossible to fit the popular mass into a pre-established system, the intellectuals of Buenos Aires began building up an increasingly hostile attitude toward the popular movement. Local conditions impelled them to that position, and they were also heavily influenced by the torrent of political reaction that poured across Europe with the restoration of Ferdinand VII to the throne of Spain, the later defeat of Napoleon, and the hegemony of the Holy Alliance. These developments brought on a dual movement in the Rio de la Plata. On the one hand, they stirred the moderates to adopt a reactionary policy that perhaps was consonant with the natural inclinations they had repressed because of the prevailing revolutionary climate; on the other hand, everyone began to search for an accommodation with the new circumstances, hiding their republican sentiments in order not to excite the allied European absolutists. Thus a reactionary current was born that advocated monarchy, without denying, one should remember, democratic beliefs, since monarchy was never conceived except in its limited and constitutional form.

Locally, the growing power of Artigas over the Littoral and Cordoba deeply disturbed the porteño intellectuals. To them, Artigas represented the triumph of chaotic democracy, resulting in dictatorship by local bosses. This possibility horrified the men who had dreamed of maintaining the unity of the former Viceroyalty as an independent nation, and of assuring a republican and democratic government by means of the enlightened leadership of the capital. Only chaos could be expected from the rise of the caudillos, and the intellectuals began to resist that possibility. “Anything is better than anarchy,” Alvear’s envoy told the British minister in Rio de Janeiro —even the abandonment of independence.

Taking up suggestions from Europe, some of the liberals turned monarchist. Alvear, the head of the government, as Director, believed that the victories of the liberals could be ensured by putting the country under the protection of the English, in whom he saw —with reason— the sole bulwark of liberal principles against the wave of reaction that threatened the other European countries. But his plan got nowhere because he was overthrown by a coup shortly after he had taken power and had begun to initiate the necessary measures. The same tendency showed itself among several groups that sought other solutions with the aid of emissaries sent to different European courts. It was not long before there seemed to be unanimous opinion favoring monarchy, judging by the tactics prevailing in the Constituent Congress that met in Tucuman at the beginning of 1816.

However, appearances again are contrary to fact. Missing from the congress were the representatives of all of the provinces under the influence of the Uruguayan caudillo, Jose Gervasio Artigas, who despite events kept his faith in republicanism. The only delegates from the interior who were present came from the provinces that showed warmest support for colonial ideas and were markedly antiliberal, and the representatives of Buenos Aires, who also had turned away from their principles, in reaction to inorganic democracy. The congress was monarchical, Unitarian, and antiliberal. General San Martin, who was in Cuyo preparing the expedition to liberate Chile, declared that the needs of war demanded a strong executive power, and he stated that he favored monarchy even at the risk of losing the gains of liberalism, which could be re-established in less difficult times. Pressed by his demands, congress declared Argentine independence on July 9, 1816 —because San Martin did not want to be a mercenary but rather the leader of the army of a free nation. Beyond this, the congress did nothing to join its policy to the traditions of the porteño intellectuals.

In fact, the reactionary elements of the interior dominated the meeting. They hated anarchy but they hated Buenos Aires more, and their policy was guided by the two aversions. The result was that they proposed the establishment of a monarchy and considered naming as king a member of the ancient family of the Incas, and locating the capital of the State at Cuzco. But the times were too disturbed for such a grave step, and the indecision of many of the delegates prevented them from going through with an act that not only was unworkable, but would have worsened a situation that still seemed soluble. Therefore, the system of rule by the Directory was retained, and the delegates agreed to name as Director Juan Martin de Pueyrredón, a weak conservative who appeared to reconcile the interests of all parties. But the deliberations at Tucuman were evidence of the differences between the hopes of the interior and the fears of the old progressive group in Buenos Aires. A decree of the congress in August 1816 faithfully reflects the state of affairs by describing as its objectives:

an end to revolution; a beginning to order; recognition, obedience, and respect for the sovereign authority and the decisions of the provinces and of the people represented in the congress. Those who may promote insurrection or attack the powers of congress or the other authorities that have been established or may be established among the people, those who similarly provoke or work to sow discord among the people, and those who may aid or cooperate or favor such activities will be deemed enemies of the state and disturbers of public order and tranquillity, and they will be punished with all the force of the law, including death and expatriation, according to the gravity of their crime and their role or influence in it.

This was a recommendation to the future Supreme Director to save national unity because “anything is better than anarchy.”

In the eyes of the different types of reactionaries —those who were so by nature and those who were becoming so out of horror at the eruption of inorganic democracy— anarchy was embodied in the people, especially in the masses of the interior who were emerging as ferocious republicans and blind democrats. Pueyrredón attacked the Federalists, and exiled Manuel Dorrego, who was the representative and head of the only liberal group that continued to be republican and to defend federalism for Buenos Aires, still hoping to find a formula for conciliation with the people. Against the Federalists of the Littoral, Pueyrredón was even more energetic, giving to the civil war an especially violent character, which daily deepened the hostility between the two bands. The result was the polarization of the antagonists. The Federalists and the Unitarians were two irreconcilable groups; their aspirations and ideologies began to emerge with increasing sharpness.

As a definitive solution, the portenos, who were almost all temporarily inclined toward reaction, could think only of recourse to force and the establishment of monarchy. Rivadavia advised this, from Europe, and was supported by Pueyrredón, who hurried negotiations in favor of the Prince of Lucca and at the same time urged the congress, which had been moved from Tucuman to Buenos Aires, to draft a unitary —that is, centralistic— constitution.

The task of drawing up the constitution was not easy. Its guiding principle had to be the creation of a legal order to assure the authority of a central government residing in Buenos Aires, but the condition of the country was evidence that such a constitution would be utopian and therefore would be rejected before it was written. The congress understood this, and some sensible men pointed out that these were not the times to proclaim a constitution; but the antipopular movement was growing in Buenos Aires and was welcomed by many men in the interior who were appalled by the rising power of the caudillos. The thesis of a centralized constitution therefore triumphed; at the end of 1819 a constitution was decreed that ignored the serious political problem that had arisen almost simultaneously with the Revolution of May. An institutional system that was technically unobjectionable hid the complete inability to deal both with the social forces unchained by independence and with the ideals, no matter how imprecise, that rejected the political formulas imposed by Buenos Aires. On the other hand, everything indicated that the constitution of 1819 was written to provide for a monarchy if the negotiations to that end should be successful. But the caudillos of the Littoral strongly opposed the policies behind the constitution, and it was an outright failure. The mere mention of monarchy irked the men whose republicanism had awakened the people. And just as the men of Buenos Aires had considered the demands of the people to be nonexistent, the popular mass regarded the constitution of 1819 to be nonexistent, and their chiefs, the faithful interpreters of their ideas, set off at a gallop toward Buenos Aires. Thus ended the first cycle in the history of the Buenos Aires liberals, who had abandoned their principles in inexplicable surprise at the people whom they had called to action and whom, like the sorcerer’s apprentice, they could not control.

National disintegration

The adoption of the constitution of 1819 brought a worsening of the conflict. The troops of the caudillos of the Littoral arrived at the frontiers of the province of Buenos Aires and defeated the army of the Directory at the battle of Cepeda on February 1, 1820. That day put an end to the first act of the Argentine drama, for it saw the breakup of the area of the former Viceroyalty and the beginning of an era of autonomy for each province. But the drama was far from its end: the enemy-brothers could not live separately. Once the links between them were broken, the struggle to reconstruct the nation on fresh foundations was resumed. Yet civil strife continued to threaten; the future of the country darkened. San Martin, sadly contemplating the fratricidal conflict on the eve of his departure from Chile for Peru said, “An evil genius has inspired this delirium of federation —a word full of death, signifying nothing but ruin and devastation.” In another place he wrote, “I fear that we may tire of anarchy and in the end long for oppression and accept the yoke of the first successful adventurer who comes along.” These prophetic words were not slow in being fulfilled.

Free to follow their natural impulses, each province fitted itself to the political scheme of the caudillos who, with greater or less accuracy, interpreted the will of the people. Many of the provinces issued constitutions that concealed true circumstances but testified to the profound strength of republican and democratic beliefs; others did not scruple to keep their almost feudal systems, or to proclaim constitutions that did not achieve a moment of effective existence. For its part, the city and province of Buenos Aires, disjoined from the problems that had been born out of their own relationship to the other provinces, saw the re- emergence of their former leadership group —now composed of new men and freed from the concerns that had inclined it to conservatism. Shortly after the battle of Cepeda there thus began what Governor Las Heras would call, four years later, “a happy experiment” —a constructive epoch which by contrast with earlier times caused Juan Cruz Varela to write:

Buenos Aires! My country! One day

the curse of heaven

flooded your land, and shrouded

your immortal glories in darkling veil.

In her frightful carriage

Anarchy, rolling through your streets,

drenched them in blood and tears,

and with fratricidal hand waved aloft

the infernal torch of impious Discord. Then it was

when not even son respected father,

nor brother to brother

gave his due share of love.

Crime mounted triumphant

to the sovereign throne,

and the altar of the law fell in an instant

shattered into bits,

in degradation sunk into the dust.

The tutelar gods gazed upon us

with pitiless eyes, and to her misfortune

abandoned the wretched city.

That time has flown, and in our history

the honor of your memory will not be erased,

immortal Buenos Aires: today your grandeur

rises above all other peoples’,

like the cypress, midst

small shrubs and plants that

scarcely rise above the ground,

lifts its head to the clouds.

The administration of Governor Martin Rodriguez, which began shortly after Cepeda, depended on the inspiring work of its ministers, Bernardino Rivadavia and Manuel José García, who began a large-scale program of reform. Rivadavia was the intellect of the government. Following the inspiration of liberal thinkers such as Bentham, Benjamin Constant, and Destutt de Tracy, he inaugurated reforms that reached into all parts of public life: the problem of the allotment of public lands by means of the system of emphyteusis; the development and stimulation of agriculture, ranching, and mining; the organization of charitable works; the reform of the clergy and the army. All these merited the calm and careful attention of the tireless minister whose progressive labors were to endure, and who deserved Bartolomé Mitre’s claim that Rivadavia was “the greatest civic leader of the land of the Argentines.”

Eager to improve the lives of his fellow citizens, Rivadavia sketched out and began to apply a vast plan of public education at all levels; at the same time he supported every effort to develop scientific studies. But he was interested above all in political problems, and he did not hesitate to establish universal suffrage in the province, an innovation opposed to the restrictive colonial tradition. He had a wide-ranging, open mind and the talent of a farsighted statesman who grasped the great future problems of the country. Even before Sarmiento and Alberdi (to some extent his heirs) had proclaimed that the desert was Argentina’s evil, Rivadavia tried to bring immigrants to the Rio de la Plata, accurately pointing out the numerous benefits that could thereby be gained without harm to the economy or to the moral order.

Rivadavia’s policies, continued by the government of Las Heras, quickly produced such good results that people began to cherish the illusion that the entire country was in a favorable position to be reunited under liberal auspices. Once again the differences between the social and economic conditions of Buenos Aires and those of the interior were forgotten, an error from which Rivadavia would shortly gather bitter fruit. But the problem of forming the nation tormented enlightened minds, and no one who held such attitudes could abandon the effort to find a solution.

Rivadavia’s state

One circumstance stimulated the desire to re-establish a national State: the conflict with Brazil that had originated over Brazil’s annexation of the Banda Oriental, which had been approved in 1821 by an Argentine congress that met under the pressure from Brazilian arms. Although it is true that the problem demanded unified efforts and diplomatic and military action, it is no less certain that Rivadavia and his group thought that they could take advantage of the affair in order to subjugate the caudillos and the provincial governors. Julián Segundo de Agüero, Manuel José García, and the poet, Juan Cruz Varela, were perhaps the most significant men around Rivadavia, to whom General Alvear was added after his long eclipse from the Argentine scene. The negotiations for summoning a congress in Buenos Aires, whose mission would be to create a new national State and to approve a constitution that would try to conciliate the interests and aspirations of the interior and of Buenos Aires, stemmed from the influence of this enlightened group. In 1826, the congress created a national executive authority and elected Bernardino Rivadavia as president.

Perhaps the original intention

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