El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX. 1965

ADVERTENCIA

El libro que debía escribir sobre las ideas argentinas en el siglo xx suponía un conjunto de problemas. Con ser muy graves, los de información no me parecieron los mayores. Más difícil creí que fuera llegar a establecer un método interpretativo y, luego, a edificar una estructura de cierto rigor. Decidido a resolver estas últimas cuestiones, me atreví a intentar la realización de un experimento.

Éste es el resultado, que, tanto por razones de sinceridad como de prudencia, quiero juzgar modesto.

El título mismo supone una cierta interpretación de la historia de las ideas, disciplina de escasa tradición y muy imprecisos contornos. Deliberadamente he eludido la exposición del pensamiento sistemático, porque creo que la historia de las ideas no puede ser una mera yuxtaposición de historias parciales de innumerables campos de la reflexión. Mi objetivo ha sido esbozar un cuadro de conjunto en el que se muevan las corrientes de ideas y de opiniones a través de los grupos sociales que las han expresado, defendido o rechazado, para descubrir cómo han obrado sobre las formas de vida colectiva, cómo operaron a través de grupos —mayoritarios o minoritarios— según el diverso grado de vigencia que alcanzaron, cómo inspiraron ciertas formas de comportamiento social o, en fin, cómo expresaron los contenidos de ciertas actitudes espontáneas.

Este planteo supone una opinión acerca de cuál es el enfoque con el que la historia de las ideas puede ayudar a la comprensión de la historia. Si ese enfoque abre una perspectiva nueva, es porque no se han explorado metódicamente las relaciones entre la realidad social y las corrientes de ideas y opiniones, fenómenos tan vigorosos que les es dado aglutinar individuos y grupos sociales de una manera singular, en ocasiones alterando las relaciones derivadas de la estratificación social.

Para desarrollar este planteo he debido utilizar muchos y muy diversos materiales, de los cuales algunos no me eran familiares. Con ser muchos, el ambicioso esquema que me propuse hubiera requerido muchos más. Debo considerar, pues, este estudio como un ensayo, como una especie de bosquejo sobre el que habría que trabajar largamente. Si, pese a las notorias deficiencias, me atrevo a publicarlo, es porque creo que constituye un intento antes no realizado de poner a la luz cierto tipo de relaciones que, a mi juicio, no han sido suficientemente destacadas.

El lector tiene, pues, ante los ojos, un experimento historiográfico. Su destino es ser superado. Pero creería haber alcanzado lo que me proponía si el lector atento advierte la riqueza de posibilidades que encierra el método propuesto para la comprensión de la realidad socio-cultural.

Capítulo primero

EL LEGADO DEL SIGLO XX: LA OBRA DE LA GENERACIÓN DEL 80

1

Tras el período de las primeras tres grandes presidencias constitucionales (1862-1880), la Argentina comenzó a acusar los resultados de la política programada desde la proscripción por los profetas de la nueva República —Echeverría, Alberdi, Sarmiento, entre otros— y puesta en ejecución durante los veinte años que siguieron a la batalla de Caseros, que puso fin a la dictadura de Juan Manuel de Rosas (1852). La era del saladero había concluido, y las actividades agropecuarias se orientaron hacia la cría de la oveja para la exportación de la lana; entre tanto comenzaba a desarrollarse la agricultura en campos a los que protegía poco a poco el alambrado, y progresaba, aunque con dificultades, una incipiente industria. En las zonas rurales, pero más aún en las ciudades y especialmente en Buenos Aires, crecía rápidamente la población a consecuencia de los ingentes grupos de extranjeros que llegaban cada día a los puertos, algunos para incorporarse a las faenas agropecuarias, otros para ejercer su artesanía, y todos para gozar de las promesas de bienestar que la zona litoral del país ofrecía. Por allí comenzaron a tenderse las vías férreas y a desarrollarse otros elementos del progreso técnico que alimentaban en los europeos recién llegados la ilusión de estar no sólo en un país tan adelantado como el suyo, sino acaso en uno de más brillante porvenir, en parte por la debilidad de las estructuras económicas tradicionales y en parte por la atracción que parecía tener América para quienes deseaban invertir capitales. Más allá del litoral, y excepción hecha de ciertos focos de civilización —algunos de tradición secular— subsistía el desierto al que nadie se sentía tentado de poblar. Y Buenos Aires, a punto de trasmutarse de aldea en metrópoli, fijaba en sus límites al mayor número de gentes, en sus actividades la mayor parte de la riqueza, y en sus puestos de mando casi todos los mecanismos que regían la vida económica y política del país.

Así comenzó a advertirse —en las vísperas de 1880— un cambio sustancial en la vida argentina. El país buscaba su camino a través de unas transformaciones profundas que se operaban en la organización económica, en la composición de la sociedad, en la vigencia de las costumbres y en la adhesión a ciertas ideas. No era empresa fácil pues, si abría sus ventanas a los vientos del mundo, eran muchas las alternativas que se ofrecían ante sus ojos, todas con perspectiva de futuro. La Argentina era una promesa o, mejor, todo un conjunto de promesas que escondían sus posibilidades en una tierra de extraordinaria feracidad, de clima atrayente y escasamente poblada. En un momento en que Europa se industrializaba aceleradamente y concentraba grandes masas en sus ciudades, un país de predominante población blanca y resuelto a seguir las huellas de la civilización europea, que se ofrecía para ser el granero y la dehesa de Europa, podía aspirar a recibir un bien ganado premio. Una generación señalada por sus gravísimas responsabilidades debió elegir un camino entre las múltiples alternativas que se le ofrecían al país: tal fue la misión histórica de la generación del 80, de cuya obra depende el destino argentino casi hasta nuestros días.

Hasta poco antes, solía frecuentemente el indio aproximarse a prósperas poblaciones del litoral en vertiginosos malones, para robar ganado y toda suerte de utensilios, y apoderarse de rehenes que luego llevaba en cautividad.

Todas las opiniones estaban contestes en que hasta que no desapareciera ese peligro no ofrecería el país las garantías suficientes como para que hombres y capitales de otras tierras acudieran al país en la proporción en que parecían necesarios para satisfacer los sueños de grandeza que se escondían en todos los espíritus. Ésa fue una de las causas que decidió al gobierno del presidente Avellaneda a preparar la definitiva expedición al desierto que emprendería el general Julio Argentino Roca. En los campos de la provincia de Buenos Aires crecían los ganados lanares con intenso ritmo, y nuevas tierras tentaban a quienes los explotaban. En 1879 el designio civilizador quedó cumplido. El general Roca llegó hasta las márgenes del Río Negro, y poco después quedaban incorporadas al horizonte de la ganadería unas quince mil leguas cuadradas de tierra que, graciosamente distribuidas entre los allegados al gobierno, convirtieron en poderosos a aquellos que las recibieron.

Las actividades rurales, estimuladas por la mayor seguridad obtenida gracias a la vasta operación militar de Roca, ampliadas gracias a las nuevas tierras ganadas con ella para su desarrollo, favorecidas por la mano de obra aportada por la inmigración europea, y alentadas por la gran demanda del mercado internacional, comenzaron a progresar con la firmeza propia de una empresa fundamental para la vida del país. El comercio, derivado especialmente de tales actividades productivas y animado por las exigencias de los centros urbanos, creció en volumen, vivificando a su vez las grandes ciudades litorales; y la industria, que apenas podía competir en importancia con las otras actividades económicas, se desarrolló lo suficiente como para que quienes la impulsaban se reunieran en 1875 en una activa institución de fomento y defensa llamada Club Industrial, con influencia bastante como para mover a algunas figuras prominentes de la política a intentar ya en 1876 —sin éxito, por cierto— la sanción de leyes proteccionistas, contra la tendencia general de los intereses agropecuarios.

La estrecha relación de la economía argentina con las demandas del mercado europeo otorgó a Buenos Aires un papel singularmente importante en la vida nacional.

Un viejo pleito entre porteños y provincianos se agudizó entonces, y el país quiso que la ciudad capital, que era además el primer puerto del país, fuese patrimonio de la nación entera y no tan sólo de la provincia de Buenos Aires, única beneficiaria hasta entonces de su múltiple actividad y de su rica aduana. El interior del país no era ya desierto, sino que agregaba a su antigua influencia política la influencia económica que ahora poseían algunas regiones, especialmente las del litoral, a causa de su creciente riqueza. La lucha se hizo inevitable y cristalizó alrededor de dos candidaturas presidenciales para las elecciones de 1880, en las que debía elegirse sucesor de Nicolás Avellaneda. Las provincias del interior sostuvieron la candidatura de un tucumano, el jefe de la expedición al desierto, el general Roca, al tiempo que manifestaban su decisión irrevocable de declarar la federalización de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, por su parte, levantó la candidatura presidencial de su propio gobernador, Carlos Tejedor, y se dispuso no sólo a defenderla contra el fraude que la amenazaba, sino también a defender a su capital como su propio patrimonio. El conflicto degeneró en guerra civil, y Tejedor se vio derrotado no sólo en sus aspiraciones al gobierno, sino también en el problema de la capital, pues Buenos Aires fue federalizada el 20 de septiembre de 1880. Pocos días después asumía la presidencia de la República el general Roca y se inauguraba una era de profundas transformaciones en la vida argentina.

2

Roca tenía entonces treinta y siete años. A su alrededor se empezó a mover una generación que comenzaba a entrar en la madurez y algunos de cuyos miembros habían dado ya pruebas de su definida orientación. No en balde fue su ministro del Interior Antonio del Viso, gobernador de Córdoba hasta poco antes, y cuya acción —en la que lo había acompañado Miguel Juárez Celman como ministro de Gobierno— había sido claro testimonio de progresismo liberal y emprendedor. No faltó algún católico en su ministerio —como Manuel D. Pizarro— pero predominaron en él los espíritus abiertos y liberales, entre los cuales se destacaron Eduardo Wilde y Carlos Pellegrini.

En la política, en la dirección de la vida económica, en las letras y en otras muchas actividades, una nueva generación se ponía en evidencia. Durante más de veinte años imprimió sus ideas y sus sentimientos a las distintas actividades de la vida nacional con ese aplomo que da la certidumbre de poseer, si no la verdad misma, al menos, esa verdad relativa que resulta del consenso general. Y su fuerza de convicción plasmó en un sentimiento colectivo que fue el espíritu de la época.

Muchos de sus miembros ejercieron carreras liberales, porque fue hábito en las buenas familias mandar a sus hijos a la Universidad de Córdoba o a la de Buenos Aires. En la época de estudiantes se crearon los vínculos temperamentales e ideológicos que funcionarían durante toda la vida y, ya hombres, intervendrían muchos de ellos en las múltiples y diversas actividades de la vida del país con la específica mentalidad del universitario y del profesional. Pero tales condiciones no agotaban la personalidad de los hombres de la generación del 80. Sus profesiones —la abogacía o la medicina— los pusieron en contacto con las funciones públicas, y las circunstancias favorecieron su encumbramiento. Ministros o altos funcionarios, trasmutaron en decisiones de Estado las opiniones que todos ellos sustentaban de antiguo en los claustros universitarios, en las columnas de la prensa o en las tertulias de los clubes, a los que como caballeros acudían. Algunos, como Lucio V. López, ejerció la defensa y asesoría de la Bolsa de Comercio, y otros las de las grandes empresas inglesas y francesas que comenzaban a organizarse, en las cuales alcanzaron, generalmente, a ser miembros de los directorios locales. Pero, como Lucio V. López, todos o casi todos mostraron inclinación por el periodismo y la literatura. Escribir para el público fue una de las preocupaciones fundamentales de esta nueva generación que asumió la dirección del país al alcanzar la presidencia de la República el general Roca.

Entre los hombres que por entonces se dedicaron a la política y ocuparon altas funciones casi todos poseyeron buena formación intelectual y participaron de las inquietudes filosóficas y estéticas de la época. Casi todos leyeron las mismas revistas —francesas en su mayoría— y frecuentaron los mismos autores. Pero algunos poseyeron además el impulso de desarrollar sus propias ideas, unas veces al calor de los acontecimientos cotidianos y con el ropaje ligero del periodismo, y otras de modo más pulcro y severo bajo la forma del ensayo o del relato.

Hubo numerosos periódicos, casi todos polémicos y con posición tomada frente a los candentes problemas políticos y espirituales del país, y no faltaron las revistas, populares unas y de altas ambiciones intelectuales otras. En unos y otras hicieron esgrima de ideas y ejercicios de pensamiento José Miró, que escribió en La Nación y publicó allí su novela La Bolsa con el seudónimo de Julián Martel; Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Lucio V. López y Paul Groussac, que formaban parte de la redacción de Sud América, periódico de intensa acometividad en favor de las ideas renovadoras y liberales, y cada uno de los cuales se destacó en la política o en la literatura; Miguel Cañé y Aristóbulo del Valle, que dirigieron El Nacional, sucediendo a Sarmiento, ágil escritor el primero y orador consumado el segundo; Joaquín Castellanos, Adolfo Saldías, Francisco Barroetaveña, que publicaron El Argentino para defender las ideas radicales; Olegario V. Andrade, que escribía en La Tribuna, dirigida por Mariano Varela; Pedro Goyena, José Manuel Estrada, Miguel Navarro Viola, Tristán Achával Rodríguez, Santiago Estrada y Emilio Lamarca, que se agruparon en La Unión para defender las posiciones del catolicismo.

Vicente Quesada y su hijo Ernesto dirigieron y animaron La Nueva Revista de Buenos Aires, en la que escribieron sobre filosofía, historia y literatura, además de sus directores, Navarro Viola, Gutiérrez, López, y cuantos manifestaron preocupaciones eruditas. Estrada y Goyena publicaron la Revista Argentina, de preocupaciones más ceñidamente literarias; Calixto Oyuela dirigió la Revista Científica y Literaria; Adolfo P. Carranza y Carlos Vega Belgrano la Revista Nacional, y Paul Groussac comenzó a editar en 1896 La Biblioteca, efímera pero fiel expresión de la vida intelectual argentina de las dos últimas décadas del siglo xix, en la que publicaron colaboraciones Francisco y José María Ramos Mejía, Lucio V. Mansilla, Juan Agustín García, Rafael Obligado, entre otros muchos.

En los negocios, en la política, en las letras o en la vida mundana, se constituyó así una generación que asumió la dirección de la vida argentina, aplicando criterios homogéneos y de sólidos fundamentos. Tras la crisis de 1880 y el comienzo de la presidencia de Roca su hegemonía se hizo indiscutida y duró acaso algo más de tres décadas, aunque en su transcurso se fueron fortaleciendo las raíces de un movimiento de adverso sentido. Su acción se realizó sobre un país cuya estructura económica cambiaba rápidamente, a causa sobre todo de importantes transformaciones en la estructura social, modificada por un acto deliberado de incorporación al país de una crecida masa inmigratoria. Ante tales cambios demográficos, sociales y económicos la nueva generación de dirigentes sólo opuso la persistencia de una única filosofía.

3

Quizá, sobre todo por poseer una sólida y arraigada filosofía espontánea de la vida, fue la generación del 80 una fuerza tan compacta y tan eficaz en la dirección de la vida argentina. Quizá podría —como hace notar Alejandro Korn— escribirse la historia del pensamiento filosófico sin mencionar los nombres de sus miembros, porque sufrían “el tedio de toda disquisición abstracta”; pero en la historia de las ideas ocupan un puesto singular, porque pocas veces fue tan firme un sistema de convicciones en el seno de una élite, y pocas logró influir tan profundamente sobre la realidad.

En los profundos estratos de esa filosofía espontánea de la vida hay, sin duda, inequívocos resabios de una filosofía sistemática, quizá no muy bien conocida en sus fuentes, pero aprendida a través de autoridades que le prestaban su personal prestigio. Era el positivismo, cuyos principios habían entrevisto como fruto de su propia reflexión algunos de los emigrados y que había arraigado luego en la generación siguiente a través de lecturas de Comte, de Spencer o de sus epígonos. Pero si la doctrina había mantenido el fervor militante en los hombres de la organización posterior a Caseros, en sus hijos apenas sirvió para justificar el éxito, y tras el éxito el conformismo.

Quizá la palabra conformismo moviere a error si indujera a pensar en cierta impotente resignación frente a circunstancias adversas; pero el de los hombres de la generación del 80 fue un conformismo de otra especie. La obra emprendida y llevada a cabo por sus padres había comenzado a dar sus frutos, y la promesa se había tornado sólida y brillante prosperidad. Sólo que era una prosperidad de tal suerte que debía incitar a la reflexión, a la crítica, al examen, a la vigilancia perpetua; pero, en lugar de eso, suscitó un fácil sentimiento de conformismo que cegó las posibilidades de descubrir las inevitables y bruscas mutaciones que necesariamente se preparaban en el seno de esa realidad, en cuyo desarrollo se advertía un vértigo que no podía asegurar ninguna estabilidad, ni acaso una curva regular en el desenvolvimiento de la vida social.

La nueva oligarquía se dejó mecer indolentemente por la vida porque dio por sentado que el proceso que sus padres habían desencadenado y guiado con tanto esfuerzo y tan madura reflexión correspondía a la naturaleza de las cosas y no necesitaba la constante corrección del rumbo. El proceso, empero, se desenvolvía como un torrente violento constreñido por terribles obstáculos, a los que al principio sorteó gracias a la habilidad de los timoneles y contra los que luego comenzó a chocar con creciente violencia; pero en las orillas del torrente quedaba abundante resaca, y la resaca pareció ganancia suficiente y estímulo bastante para quienes debían dirigir el proceso y se limitaban a seguirlo.

Hubo entre los hombres de la generación del 80 espíritus religiosos y no religiosos, pero sin duda predominaron y ejercieron mayor influencia estos últimos. A ellos se debe la acción de gobierno y sobre todo el aire singular que adquirió la época, en Buenos Aires y en Córdoba especialmente. Quizá fueran ateos, pero es más seguro que fueran tan sólo indiferentes, porque la despreocupación por cuanto implicara severos compromisos internos caracterizó su manera de ser. Si se dejaron llevar por el sensualismo, no fue sólo sin embargo porque fueran indiferentes en materia religiosa, sino más bien porque dieron rienda suelta a ciertos sentimientos de casta. Herederos de padres ilustres, creyeron merecer no sólo el prestigio que rápidamente conquistaron, sino también la dirección política del país —administrada por los jefes de los grupos provinciales— y sobre todo cierto diezmo que parecía corresponderles por derecho natural sobre las ganancias que el país obtenía de su ingente esfuerzo, obra ya de propios y extraños. El amor a la riqueza y el orgullo de casta engendró el sensualismo y éste tentó a los aristócratas de la modesta Buenos Aires con las infinitas vanidades que movían a las burguesías ricas de Londres o París. El refinamiento en las costumbres comenzó a regirse por normas diferentes de las que habían presidido la vida del patriciado porteño, alterada ahora por cierto amaneramiento que nacía de traducir a la atmósfera aldeana de Buenos Aires las modas, los usos y las convenciones de las grandes capitales europeas, entonces en la euforia del esplendor capitalista.

La construcción del edificio del teatro Colón, proyectado por el gobierno de Juárez Celman, simbolizó no sólo las preocupaciones por el goce estético sino más aún, el afán de construir los cuadros para el desarrollo de una existencia convencional en el más alto nivel de lujo. Julián Martel procuraba, en La Bolsa, reflejar la feria de las vanidades porteñas, y Lucio V. Mansilla daba el ejemplo de cómo adecuar la elegancia europea al marco de la ambiciosa ciudad que Lucio López, con ajustada precisión y acaso no sin melancolía, llamó La gran aldea.

Esta actitud vital entrañaba, ciertamente, cierto desprecio por las tradiciones vernáculas. La época de Juan Manuel de Rosas, que para las generaciones posteriores a Caseros parecía espejo de barbarie, había exaltado el amor a los hábitos criollos, a la vida rural y al modo de ser del hombre de la llanura, para quien la vida ciudadana era apenas un intermedio fugaz en su existencia tosca y bravia. Todo eso había sido condenado por el vigoroso estigma impuesto por los proscriptos al campo, considerado fuente de barbarie, y la derrota del tirano había significado a los ojos de los vencedores el triunfo de la civilización. Acaso por ese contraste fue tan notorio el desprecio de la tradición criolla, que los hombres de la primera generación posterior a Caseros sentían como un sentimiento espontáneo, y que para los de la generación del 80 fue un sentimiento heredado. Lo criollo era lo primitivo, lo elemental, y a poco, comenzó a ser lo pintoresco para estos hombres que empezaron a tratar de hacer de las ciudades activos centros de europeización del país.

careciendo de toda estimación por las formas criollas de vida, se propusieron suprimirlas y sustituirlas por las que, a sus ojos, representaban la civilización.

En realidad, los hombres de la generación del 80 no hicieron sino llevar hasta sus últimas consecuencias los principios de la política civilizadora cuyo más brillante paladín había sido Sarmiento. Para ellos, no era ésta ya una política discutible o una política entre varias, sino la política por excelencia, rara seguir impulsándola al ritmo de los tiempos —y para extremarla, en vista del éxito alcanzado— era inevitable entrar en el torbellino que poco a poco se formaba en el mundo occidental al compás del desarrollo industrial y capitalista. Europa y los Estados Unidos se habían lanzado a la carrera del desenvolvimiento técnico, y civilizar quería decir ahora imponer en mayor o menor grado la civilización técnica. La vieja fórmula sarmientina fue traducida ahora con amplia libertad y según los términos contemporáneos, abriendo las puertas de la nación al capital extranjero, introduciendo el país en el mercado internacional, poblando los campos y las ciudades con hombres venidos de todas partes del mundo. Y el país comenzó a tornarse cosmopolita, en las formas al menos, por obra del liberalismo ilustrado de su nueva oligarquía, y con olvido o desprecio de la masa popular, antes de pura cepa criolla y ahora hibridada poco a poco por el arribo de las masas inmigratorias.

Tan profundos trastornos económicos y sociales no podían dejar de influir sobre la vida espiritual. En ese orden, la tradición criolla no era sino la tradición hispánica colonial, que las influencias iluministas y liberales de la primera mitad del siglo no habían logrado desterrar ni aun debilitar demasiado. Cuando comenzó la ofensiva contra la tradición criolla, comenzó también, directa o indirectamente, el ataque contra la mentalidad colonial, que inspiraba no sólo la vida intelectual sino que respaldaba también todo el sistema de creencias y opiniones vigentes en la sociedad. El efecto no se hizo esperar. Sostenida por una vigorosa coherencia interna, la primera generación posterior a Caseros, y luego sus herederos de la generación del 80, arremetieron contra los esquemas mentales tradicionales. Prefirieron los autores franceses a los españoles y, algunos, los anglosajones a los franceses; tales lecturas alejaron muy pronto a las minorías cultas de la influencia de la Iglesia. Se ha dicho que el resultado de ese esfuerzo fue una “secularización” de la cultura; la expresión refleja claramente la intención de las clases dominantes y aun los resultados obtenidos, pues la notoria heterodoxia de los autores preferidos y casi canónicos reflejaba una decidida preferencia por un sistema de ideas arto distinto del que prevalecía hasta entonces.

Pero tal esfuerzo no se realizó sin oposición, y si puede hablarse de una efectiva quiebra de la tradición colonial entendiéndola como una “secularización” de la cultura, fue porque la nueva oligarquía triunfó en la batalla que le ofreció el frente católico. No vaciló éste en organizarse cuando el sentimiento moderno y liberal comenzó a traducirse en obras, a través de las medidas legislativas. Contaba con inteligencias claras, y contaba además con la experiencia de la lucha, pues la que se dio en el escenario rioplatense imitaba y seguía muy de cerca a la que se había desarrollado en Europa muy poco antes. Contaba, además, con la fuerza de la tradición, que le prestaba apoyo fuera de las clases dirigentes, en el seno de la naciente clase media, tradicionalista y acaso un poco asustada del vértigo innovador de la audaz minoría que dirigía el país; poco después se vería que también podía contar con el apoyo popular, pasivo pero eficaz, que se sumó a las fuerzas católicas en un frente complejo, sostenido por la indefinición de sus problemas generales, y que contribuyó a provocar el movimiento disconformista de 1890.

Quizá pudiera agregarse que aun la propia clase dirigente fue cobrando una especie de vago temor ante el curso de los acontecimientos. Algo tenía su actitud de la del aprendiz de brujo. Si los presupuestos de la política civilizadora y progresista estaban totalmente en pie, algunos fenómenos secundarios que resultaban de su aplicación adquirían proporciones inesperadas. Sarmiento señaló algunos en Conflicto y armonías de las razas en América, y todos los advertían en la vida diaria, en los fenómenos de la sociabilidad que podían observarse especialmente en el litoral. La población se hibridaba con caracteres no previstos, provocando situaciones y fenómenos no imaginados. Él país perdía, ciertamente, el primitivo estilo criollo, pero no adquiría otro y ofrecía cada vez más una fisonomía imprecisa e inasible. El estigma de la sórdida lucha por la riqueza se tornaba indeleble en la superficie misma de la vida y de los caracteres.

Pero la lucha por la riqueza no siempre adoptaba iguales caracteres. En la vieja clase de trabajadores criollos, en la nueva clase de los inmigrantes que acababan de incorporarse al país, y hasta en las clases medias que sufrían los embates de las transformaciones económicas y vivían dentro de un régimen de inestabilidad, la lucha por la riqueza tenía cierta visible sordidez que los espíritus refinados de la nueva oligarquía acusaban inmediatamente.

Quizá fuera por eso que sus miembros se acostumbraron muy pronto a suponer que pertenecían a otra clase, a otro mundo que éste de los que buscaban la riqueza en una lucha sin cuartel por medio del trabajo. Ellos no necesitaban descender a esos menesteres. Se convencieron de que constituían lo que quedaba de puro, de prístino, en el país, y que se merecían todo, a causa de ese mérito, que no era suyo, sino determinado por lo que había cambiado a su alrededor. La sordidez de su propia lucha por la riqueza parecía ocultárseles. Poco a poco, se sintieron los elegidos, los puros, en una sociedad que ellos mismos habían hibridado; fueron los aristócratas, en una sociedad donde se desvanecía rápidamente el sentido patriarcal de la vida y comenzaban a diferenciarse las clases económicas con creciente nitidez. Y ese sentimiento tuvo tal fuerza que muy pronto se tornaron casta y configuraron una típica oligarquía abismalmente separada de las clases que gobernaba. La tarea de civilizar el país debía encontrar poco después un obstáculo fundamental en la resistencia que los que debían ser civilizados comenzaron a oponer a los que querían civilizarlos. Cada vez más, la oligarquía adquiría la fisonomía de un grupo ilegítimo.

4

Por detrás de su filosofía espontánea de la vida, la nueva oligarquía fundaba sus convicciones —y sus dudas, por cierto— en un sistema de ideas de arraigada tradición intelectual. Era el que residía en las obras que leían los más inquietos de sus miembros, el que enseñaban —de primera o de segunda mano— los profesores mejor informados, el que sustentaba las opiniones que daban sobre sus materias específicas médicos, naturalistas, juristas, pedagogos y políticos.

La primera generación posterior a Caseros había contado en su seno con hombres de vasta y profunda cultura intelectual. Sus herederos mantuvieron arraigado el hábito de la lectura, aunque sin duda alguna predominaron aquellos a quienes atraía más la literatura que la filosofía. El esteticismo fue, en cierto sentido, la actitud espiritual propia de los hombres del 80, pero entendida solamente como predilección por la creación ajustada a las exigencias de su propia sensibilidad, pues es bien sabido que las obras con las que nutrieron su espíritu no eran propiamente de corte esteticista. Por el contrario, la novelística que leyeron —especialmente francesa— los saturó de ideas, en particular sobre problemas sociales, que contribuyeron a formar más de una opinión en algunos espíritus que se resistían al esfuerzo de la lectura de obras sistemáticas. Pero no faltaron, empero, quienes frecuentaran estas últimas.

Las fuentes predilectas de Sarmiento y Alberdi, las obras que, aun antes, habían nutrido a las inquietas minorías intelectuales y políticas, todas ellas mantuvieron algún prestigio porque su pensamiento mantenía cierta coherencia. Cousin, Leroux y Fourier siguieron despertando curiosidad y satisfaciendo preocupaciones filosóficas, sociales y políticas, en tanto que comenzaban a influir poderosamente sobre las inteligencias Taine, Drappel y Renán, con su interpretación de la sociedad, de la historia, de la literatura y el arte, con su alarde de sutil inteligencia, con su elegante escepticismo, aparente al menos, con su brillante despreocupación por todo lo que parecía vulgar o cotidiano. Pero las influencias más novedosas y profundas comenzaron a ser la del positivismo, por una parte, y la del evolucionismo darwiniano por otra. Tales doctrinas no tuvieron en un principio hogar apropiado en las universidades, pues ni la de Córdoba ni la de Buenos Aires dedicaban su atención a las disciplinas teóricas, y sólo en 1896 comenzó a funcionar en la segunda la Facultad de Filosofía y Letras.

Fue en la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870 y desarrollada bajo la inspiración de José María Torres y de Jorge Stearns, donde comenzaron a difundirse los principios de Spencer, ante todo en relación con la pedagogía, pero luego también en cuanto filosofía de lo social. Por el mismo camino, aunque un poco más tarde, comenzó a difundirse la doctrina de Comte; pero la enorme influencia de Spencer y de Comte no se manifestó a través del contenido teórico de sus doctrinas, sino en la que ejerció en las sucesivas generaciones de maestros que egresaban de las escuelas normales de Paraná o de Mercedes, y que difundieron, a su vez, su pensamiento en sus áreas de influencia, precisamente a partir de 1880.

Entretanto, las proyecciones del pensamiento teórico europeo se advirtieron también en el campo de las ciencias, y especialmente en el de las ciencias naturales, donde el evolucionismo darwiniano comenzaba a adquirir el valor de una explicación universal. En 1880 volvía al país, tras varios años de estudio en Europa, Florentino Ameghino, quien venía compenetrado de las doctrinas transformistas del evolucionismo. Por ese entonces predominaba aún en los círculos científicos la doctrina creacionista, que defendía sobre todo el sabio director del Museo de Buenos Aires, Carlos Burmeister. Dos obras publicó por entonces Ameghino que revelaron su precoz madurez: La formación pampeana y La antigüedad del hombre en el Plata. Más adelante, y junto a sus innumerables comunicaciones científicas y trabajos referidos estrictamente a sus investigaciones en el terreno, Ameghino ordenó en 1882 sus opiniones sobre el transformismo en la conferencia que pronunció con el título de A la memoria de Darwin, y dos años después sobre el problema general del evolucionismo en su Filogenia (1884), cuyo contenido definió como los “principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas”.

Más tarde Ameghino resumiría su posición científica y filosófica en escritos de mayor vuelo aún. Entretanto, proseguía sus investigaciones en relación con la Sociedad Científica Argentina, que se había fundado en 1872, y con la Academia de Ciencias de Córdoba, fundada en 1873. Estas instituciones agrupaban a los hombres de ciencia del país, aunaban sus esfuerzos y estimulaban las vocaciones. Función semejante cumplían el ya citado Museo de Buenos Aires —cuya dirección ejerció Ameghino desde 1902—, el Museo de La Plata, fundado en 1884 y organizado por Francisco Moreno y el Observatorio Astronómico de la misma ciudad, fundado en 1882. En Paraná funcionó desde 1884 un museo provincial de ciencias naturales; pocos años más tarde ejercería su dirección el sabio naturalista Pedro Scalabrini, a quien se deben las primeras divulgaciones de la doctrina de Augusto Comte.

Las influencias del cientificismo se advirtieron también en la obra histórica y sociológica de José María Ramos Mejía, que publicó en 1880 Las neurosis de los hombres célebres en la historia. Preocupado por los problemas de la psiquiatría, dio a luz diez años después unos Estudios clínicos sobre enfermedades nerviosas y mentales; pero sus indagaciones y las conclusiones de sus estudios lo llevaron preferentemente a aplicarlas al examen de la historia. Así publicó La locura en la historia (1895), Las multitudes argentinas (1899), Los simuladores del talento (1904) y Rosas y su tiempo (1907). Por debajo de su personal perspicacia —y casi genio, en ocasiones— Ramos Mejía reflejaba el vigoroso impacto de Taine primero y del positivismo luego, a través de cuya doctrina había aprendido a buscar el sustrato naturalista de la historia. Su obra histórica quería ser científica, llegar a ser un análisis descamado, metódico, implacable, de la realidad histórico-social, y hecho sin prejuicios que pudieran torcer la observación. Pero tenía, en rigor, un prejuicio fundamental: el prejuicio del naturalismo, propio de la actitud cientificista, adscripta al positivismo vigente ya en las minorías intelectuales, cuyas ramificaciones llegabañ hasta las ciencias sociales e históricas.

5

Como siempre, las nuevas corrientes de pensamiento se difundieron de preferencia en un principio entre las clases más cultas, que eran también las clases más ricas y poderosas. Por su parte, las clases medias —y las clases populares aún más— se mantenían ajenas y un poco insensibles a tales cambios de tendencias que implicaban una revisión de muchas creencias tradicionales y suponían, además, una actitud vigilante frente a procesos intelectuales que se desarrollaban en otros ambientes.

La actitud propia de las clases medias y populares consistió en cierta prevención frente a los cambios de actitudes demasiado repentinos y radicales en relación con costumbres, ideas y creencias arraigadas muy profundamente en su tradición. No formaba parte de sus hábitos mentales ni la adopción de actitudes críticas ni la aceptación rápida, entusiasta e impulsiva de opiniones intelectualmente elaboradas, como era propio de las minorías snobs. Y acaso por reacción, las clases medias y populares resistieron pasivamente la nueva postura espiritual de la oligarquía, abroquelándose pasivamente en sus sentimientos recónditos.

Sin duda vibraba aún en la clase media criolla, como en las masas populares de las ciudades, de los suburbios y de los campos, cierta sensibilidad romántica estimulada por la nostalgia de lo que solía creerse que representaba el criollismo. Acaso en algunos sectores el criollismo se simbolizaba en Rosas, cuya imagen había entrado ya en el reino de la leyenda. Pero la sensibilidad romántica se manifestaba sobre todo en una actitud de enérgica adhesión a lo propio y vernáculo e, inversamente, en cierto desdeñoso desapego a lo extraño que se ofrecía como moderno. La sensibilidad romántica se manifestó como reacción antipositivista y como retorno al pasado, y exaltó todo lo que el pasado guardaba en su seno.

La enérgica campaña que la oligarquía realizó en favor de los principios laicos, y que encontró sin duda decidido apoyo en importantes grupos sociales, suscitó el reagrupamiento de los sectores católicos de esa misma oligarquía; junto a ellos se aglutinó en seguida un importante sector de la clase media y de las clases populares, que no estaban, ciertamente, con el Syllabus, y menos por las razones que señalaba Pedro Goyena, pero que se resistían a moverse contra sus convicciones tradicionales y ocultaban, seguramente, cierto mágico temor frente a la libertad de espíritu que manifestaban quienes desafiaban a las creencias tradicionales. Por deliberada y consciente reacción unos, como resultado de las luchas doctrinarias que sacudían en ese momento al mundo; por pasiva y temerosa adhesión a las creencias tradicionales los más, el catolicismo apareció como una fuerza, en la medida en que había sido hostilizado, y actuó en los movimientos de opinión que provocaron la crisis de 1890 como una respuesta a la ofensiva lanzada contra él. José Manuel Estrada, que había sido separado de su cátedra por su vehemente defensa de la Iglesia contra la política estatal del presidente Roca, apareció como ferviente defensor de la democracia al lado de quienes levantaban las mismas banderas con otros objetivos más típicamente políticos.

Entre estos últimos estaban los que sabían que la oligarquía suscitaba también en las clases medias y populares cierto resquemor por su aire de superioridad y por su efectivo ejercicio de una superioridad social, económica y política. Aristóbulo del Valle recogía en el Senado ese impulso, mezcla de indignación y de resentimiento, que suscitaba la suficiencia de las clases ilustradas y renovadoras en la conciencia popular. Pero más fielmente representaba en la calle ese sentimiento Leandro N. Alem, tribuno de elocuencia intensa, en cuya prosa y en cuyo verso —porque también era poeta— vibraba el acento romántico que la oligarquía liberal solía desdeñar con apenas encubierta sonrisa. En Alem, como en las multitudes que lo siguieron desde 1890 hasta su trágica muerte, la vida revelaba más un contenido emocional que no un sistema estricto y riguroso de ideas. Esas multitudes eran las que, por la apelación que había sabido hacer al sentimiento, habían seguido a Adolfo Alsina, y acaso las que antes se habían sentido sobrecogidas por el paternalismo de Juan Manuel de Rosas. Para quienes componían esas multitudes, la decisión de “civilizarlos” que había adoptado la oligarquía no era tanto ofensiva como inhumana. Preferían una cierta simpatía por sus defectos, por su modo de vida, por sus preferencias y entusiasmos, hasta por sus errores, y adivinaban precisamente que esto era lo que faltaba en aquellos espíritus sagaces y orgullosos que descubrían inflexiblemente sus lacras, aunque vieran que se disponían a curarlas y a enmendar sus vicios.

La erizada reacción frente al desdén por la sensibilidad popular que mostraba la oligarquía, se trastrocó en una casi agresiva defensa del pasado criollo, en una agresiva resurrección de la rebeldía gaucha. Desde que la vida argentina se colocó bajo el signo del europeísmo —luego de Caseros y tras el acceso al poder de los emigrados— el gaucho y su estilo de vida habían comenzado a simbolizar para ciertos sectores un bien perdido: acaso solamente el de su libre espontaneidad, o acaso el de un sistema de valores que por instinto juzgaba el único válido. José Hernández había dado un sentido reivindicatorío a su poema Martín Fierro, lleno de intención contra la política dominante por entonces. Y ese movimiento recrudeció después de 1880, y se hizo visible en la voracidad con que los lectores de los periódicos leían los folletines de Eduardo Gutiérrez, en los que daba vida a los oscuros mitos del pasado gauchesco: Juan Moreira, Hormiga Negra, y tantos otros que cobraban vida en su fecunda y ligera pluma. Poco después sus personajes escalarían un grado más en su prestigio y en su popularidad, como si fuera inagotable la curiosidad del público e inagotables las reservas de emoción que las aventuras del gaucho rebelde ocultaban a los que ya descubrían que su país había dejado de ser la Pampa indómita. Bajo la lona de los circos, los Podestá comenzaron a animar, en memorables pantomimas, las aventuras de aquellos varones arrogantes que desdeñaban el naciente orden jurídico de la República y alzaban sobre él un enérgico y salvaje individualismo, apoyado en su coraje y en su cuchillo; y las gentes crédulas y humildes que rodeaban las pistas, expresaban, con su asombro y su admiración, su hermandad con quienes resistían a la enérgica y sistematizada presión de la nueva oligarquía.

A veces se entremezclaban en las filas de los admiradores de Juan Moreira o de Pastor Luna algunos de los inmigrantes que poco a poco se asimilaban a los viejos hábitos de la tierra. Ciertamente, no gozaban en general de la simpatía de los criollos, cualquiera fuera su clase; ya Hernández y los payadores populares habían estigmatizado al “gringo” que explotaba o traicionaba al paisano; y en el teatro el tipo de Cocoliche reflejaba al desprecio del nativo por el que todavía no se había asimilado a las condiciones del país; pero muchos lograban adecuarse a las costumbres locales y a los valores predominantes en su ámbito. Otros, sin embargo, resistían a la presión del ambiente, porque se mantenían fieles, no sólo a sus principios morales tradicionales, sino también a los objetivos que se habían fijado al decidirse a cambiar de habitat. “Hacer la América” era un designio imperioso e indeclinable. Su vigencia en la masa inmigrante suponía cierta primacía de los valores económicos, y, sobre todo, cierta sistemática indiferencia con respecto a los problemas de la vida nacional. Pero muy pronto sintió también esa masa inmigrante la presión de la oligarquía, cuya hegemonía pesaba no obstante cierto paternalismo todavía posible. Empero, a pesar de la situación análoga de dependencia en que se encontraban tanto la masa criolla como la masa inmigrada, no era demasiado fácil hallar una vía de coincidencia y de acción común: sólo la revolución del 90 ofrecería la ocasión de incorporarse a los movimientos ciudadanos al nuevo conglomerado social, en el que ya se notaba un sistema de ideas y de valores que comenzaba a hibridarse.

6

Puede decirse que, hacia 1890, se produjo una primera polarización por clases sociales de los elementos étnicos y culturalmente diversos que integraban por entonces la sociedad argentina. En el sentimiento antioligárquico se fundieron criollos, inmigrantes e hijos de inmigrantes, concordes todos en repudiar la despreocupada superioridad que se adjudicaba en el dominio del país la vieja oligarquía. De esa polarización de distintos sectores sociales y culturales nació un programa posible para la República, que rápidamente se encamó en un partido político: la Unión Cívica, que inspiraron Bartolomé Mitre, José Manuel Estrada, Francisco Barroetaveña, y, en especial, Leandro N. Alem.

Ese programa era, sobre todo, un programa distinto del que tenía por delante la oligarquía tradicional: distinto por los intereses que lo impulsaban, distinto por los sentimientos que lo envolvían. Entraban en él, entrecruzados, elementos sobrevivientes de la vieja tradición y elementos vivos impuestos por los nuevos contingentes sociales de origen inmigratorio; pero acaso lo más importante fuera su naturaleza de programa de clase, de clase popular, de clase no privilegiada, obligada a afrontar su situación económica en términos de dependencia frente a la oligarquía en trance de cristalizarse.

Ese programa entrañaba una cierta imagen del país. La Argentina debía ser en el futuro una tierra de trabajo y de producción, en la que la población aluvial se impregnara poco a poco de las virtudes nativas, pero en la que, de hecho, predominara el tipo de economía que había traído la clase inmigrante, con los ideales de vida que comportaba. Pero era evidente que tal perspectiva entrañaba un cambio en el sentido de la historia del país, aun cuando fuera difícil que se lo percibiera con claridad. Confusamente, al menos, el cuadro tradicional de la historia patria resultó alterado por las experiencias posteriores a la organización nacional y no pasó mucho tiempo sin que vastos grupos acusaran esa conmoción.

La oligarquía había heredado de la aristocracia republicana la certidumbre de que continuaba —a través de la obra y el pensamiento de los proscriptos— la tradición de los fundadores de la nacionalidad. Con sus trabajos sobre la historia patria, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López habían erigido los imperecederos monumentos que recordarían la memoria de los proceres fundadores de la nacionalidad, estableciendo las líneas de su formación y formulando sus ideales vernáculos e inmutables. En nada comprometió la solidez de la obra la polémica que después de 1880 desencadenaron los dos grandes historiadores. La versión oficial de la historia nacional —pues tal papel asumió en la vida argentina la obra de Mitre y López— establecía que la nación había nacido como obra de las clases ilustradas y liberales, que habían impuesto legítimamente a una población de escaso desarrollo un sistema de formas institucionales propias de las naciones civilizadas de la época. El momento culminante de la historia argentina era, pues, el de la fundación de la nacionalidad por obra de los grupos liberales, y la consolidación de la independencia por el esfuerzo del general San Martín.

La versión oficial de la historia argentina establecía, además, que el proceso de afloramiento y progresiva caracterización de distintos grupos sociales no constituía sino una desviación morbosa del recto camino que, teóricamente, correspondía a la historia argentina. El desarrollo del regionalismo y del federalismo, la disgregación final del Estado nacional, la irrupción y supremacía de las masas populares que obedecían ciegamente a sus caudillos y servían a sus intereses con prescindencia de los suyos propios, todo el profundo y vasto fenómeno social, en fin, que llenaba la historia argentina desde antes de 1820 hasta la caída de Rosas en Caseros, parecía como ajeno al destino argentino, cuyos celadores eran, entre tanto, los proscriptos que en tierra extranjera conservaban el fuego sagrado de la tradición liberal y el designio de encuadrar las fuerzas sociales rebeldes dentro de ceñidos y vigorosos marcos institucionales.

Parecía de estricta lógica considerar que el régimen constitucional empalmaba con la tradición de los proscriptos y la de Mayo, y la oligarquía posterior al 80 perpetuó esta creencia; pero a poco que se paseara la vista sobre el cuadro del país se descubría que ni la oligarquía continuaba tan exactamente la tradición ni el país mantenía la misma fisonomía que antes. El haber extremado la generación hegemónica del 80 la concepción liberal de la vida argentina suscitó contra ella aquel programa que suponía, en alguna medida, una primera revisión de las líneas de formación de la nacionalidad que habían trazado Mitre y López.

Algunos de los más ilustrados de esa generación percibieron que el problema tenía importancia, y José María Ramos Mejía analizó separadamente el problema de las multitudes argentinas y el extraño caso de Juan Manuel de Rosas. El asunto era susceptible de una explicación, y con la finalidad de encontrarla lo habían estudiado ya antes Alberdi, Echeverría y Sarmiento. Pero no había parecido hasta entonces susceptible de justificación, como comenzó a parecer para quienes emprendieron de nuevo su estudio a la luz de nuevas experiencias sociales, bajo el signo de inequívocas afinidades y fuera del sistema de ideas predominantes en el seno de la oligarquía.

Nada puede extrañar que el movimiento programático de 1890 descubriera que las minorías liberales habían sido antipopulares, en parte porque lo habían sido efectivamente, y en parte porque muchos de los que lo descubrían provenían de aquel movimiento del extinguido federalismo. Oradores de multitudes, como Adolfo Alsina y Leandro N. Alem, descubrían rápidamente en la sensibilidad de sus auditorios una receptividad simpática para cuanto expresara el resentimiento de las clases populares, antaño halagadas por el rosismo. Y el movimiento que surgía contra la nueva oligarquía quiso ser popular, aunque tuviera que declinar parcialmente su liberalismo doctrinario.

Nacido del autonomismo porteño en alguna medida consecuente con la política de Rosas —y mecido en las auras de las clases populares—, el nuevo movimiento comenzó a desdeñar la tesis oficial sobre la historia argentina. El regionalismo, animado por los caudillos y vivificado por el apego a la tradición, no pareció cosa tan desdeñable, y la peculiaridad local de la provincia de Buenos Aires mereció acaso más respeto que la edificación del común destino nacional. Y hasta la figura misma de Rosas comenzó a contemplarse de otro modo, desprendida del vituperio con que la había ensombrecido la tradición unitaria.

La obra más representativa en este sentido fue la de Adolfo Saldías, miembro del movimiento de la Unión Cívica y redactor después de 1890 de El Argentino, periódico que expresaba el pensamiento radical. En el primer capítulo de su Historia de la Confederación Argentina escribía Saldías: “No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado. Lo esencial es estudiar el cuerpo social que, a impulsos de su sangre y de los defectos de su educación, incubó y exaltó a los que tales odios inspiraron. Sólo así se pueden señalar las verdaderas causas de esa postración estupenda del sentido moral que llevó a un país fundador de cuatro repúblicas, a depositar sus derechos, esto es, su ser político, y a ofrecer su vida, sus haberes y su fama, esto es, su ser social, a los pies de un gobernante que los renunció infinidad de veces.

“La generación argentina que pugnó por autorizar con el prestigio del tiempo sus viejos y estériles rencores, cedía naturalmente al sentimiento egoísta de toda sociedad que graves culpas tiene ante el porvenir y ante la historia: se escudó tras el culpable que presentaba a la execración de la posteridad. Ella acusó, acusó siempre porque no podía acusarse a sí misma. Una sociedad, dice un eminente escritor francés, necesita arrojar siempre sobre alguno la responsabilidad de sus faltas. Cuanto mayor es el remordimiento que experimenta, mejor dispuesta se encuentra a buscar el culpable que por ella haga penitencia; y cuando lo ha castigado bastante, se acuerda el perdón a sí misma y se congratula de su inocencia.”

A estas reflexiones contestaba Mitre, en carta al autor: “Se ha propuesto Vd. la rehabilitación histórica, política y filosófica de una tiranía y de un tirano, en absoluto y en concreto, tratando de explicarla racionalmente por una ley anormal, dándole una gran significación nacional y orgánica y un carácter en cierto modo humano como potencia eficiente en la labor colectiva que constituye el patrimonio de un pueblo; y esto es, en presencia del siglo xix en que el mundo está gobernado por la libertad, por las instituciones, por la moral pública, que dan su razón de ser y su significación a los hombres que pasan a la historia marcando los más altos niveles en el gobierno de los pueblos libres.

“Cree Vd. ser imparcial. No lo es, ni equitativo siquiera. Su punto de partida, que es la emancipación del odio a la caída de la tiranía de Rosas, lo retrotrae al pasado, por una reacción impulsiva, y lo hace desandar el camino que lo conduciría al punto de vista en que se colocará la posteridad, colocándose en un punto de vista falso y atrasado. De este modo, el espacio en que se dilatan sus ideas está encerrado dentro del círculo estrecho de acción a que subordina su teoría como derivada del hecho, que es su fórmula concreta, y es pura y netamente el campo de la acción federal de los sectarios de Rosas sin más horizontes que la perpetuidad de la tiranía. De aquí, por un fenómeno psicológico que se explica por la ilusión óptica y por la limitación de vistas amplias, aprisionado dentro de este círculo de hierro, su corazón y su cabeza —no obstante sus instintos generosos— están del lado de los verdugos triunfantes y no de las víctimas rendidas.”

Y más adelante agregaba: “Caseros es una batalla final, lógica, necesaria y fecunda. Es el punto de partida de la época actual, de la evolución de la organización nacional, complementada por otra batalla, también necesaria y fecunda, en que triunfó la reorganización nacional, asentando a la República en equilibrio sobre sus anchas e inconmovibles bases constitucionales. Protestar contra el triunfo de Caseros, o poner en duda su necesidad y su razón de ser, es protestar contra sus resultados legítimos, y es protestar contra la corriente del tiempo que nos envuelve, y lleva a la Nación Argentina hacia los grandes destinos que se diseñan claros en el horizonte cercano.”

Los dos criterios estaban claramente expuestos. Para Mitre, no solamente no se debía evitar la imprecación contra el tirano, sino que no se debía intentar comprender ese trágico momento de la vida argentina —que, por cierto, ya había sido enfrentado con penetrante visión por Alberdi, Echeverría y Sarmiento—, para no caer en el peligro de justificarlo. Pero Saldías respondía a otra sensibilidad. Odiaba al tirano —no en balde había sido secretario y era admirador ferviente de Sarmiento—, pero tenía un sentimiento de viva simpatía hacia las masas populares, y buscaba descubrir el fenómeno por el cual habían caído en esa perversión. Así como apoyaba un movimiento programático que procuraba sacar al país de las manos de la oligarquía, intentaba al mismo tiempo revisar el pasado para determinar el camino que las masas populares habían seguido hasta entonces en el país. Pasado y futuro comenzaban a verse iluminados con una nueva luz.

7

La preocupación por el futuro colectivo cristalizó en concepciones políticas más o menos definidas que los grupos de acción postularon como soluciones eficaces para los problemas del país. Acaso todos los grupos coincidieron en la necesidad de poner al país en el camino de su desarrollo económico y en abrirlo a las influencias renovadoras de Europa; pero fuera de orientaciones tan generales, las direcciones de la acción asumieron aspectos muy diversos, e identificables sólo en relación con ciertos grupos sociales.

Para el grupo oligárquico —esto es, el grupo que representaba en política la casi totalidad de la clase propietaria y adinerada, de antigua raigambre y heredera a su modo de la generación de la organización nacional— la preocupación fundamental consistía en persistir en la creación de la nueva Argentina económica, tarea a la que coadyuvaban principalmente los capitales extranjeros y las masas inmigradas. Estaba persuadido de que, hasta entonces, las luchas políticas, las apasionadas contiendas por el poder que tanto habían ensangrentado la historia argentina habían absorbido excesivamente las energías nacionales, y que ahora debían postergarse para dejar lugar a un esfuerzo colectivo y eficaz en favor del proceso de expansión económica en que el país estaba empeñado: su éxito debía realizar a la larga aquel ideal expresado por Alberdi y Sarmiento de modificar la fisonomía de la realidad nacional para impedir que otra vez cayera el poder en manos de los representantes de la “montonera”.

Julio A. Roca, presidente desde 1880 hasta 1886, resumió esta posición al erigir como lema de su gobierno el de “Paz y administración”.

Estas dos palabras estaban llenas de sentido en el momento en que fueron pronunciadas. “Paz” significa imponer definitivamente el régimen de respeto a la Constitución y a las leyes por sobre las pasiones mal controladas de los que aún no descartaban la posibilidad de apelar a la fuerza en las contiendas por el poder. “Administración” significaba, sobre todo, la promoción del desarrollo económico y la organización del Estado para servir a la convivencia de la comunidad, y especialmente a los grupos dominantes, para los cuales el acrecentamiento del país era no sólo motivo de orgullo sino también causa de beneficio.

Este doble propósito de asegurar la juridicidad y el progreso correspondía bastante exactamente al sistema de principios liberales y positivistas que predominaba en el ambiente intelectual de la época. Se perfeccionaba con el designio inequívoco de extender el orden liberal hacia otros campos, como por ejemplo, el de la conciencia individual, imponiendo el laicismo en la educación, e imponiendo la jurisdicción del Estado en ciertos dominios donde antes imperaba la Iglesia.

Pero tales designios políticos, que provenían de una imagen preconcebida de lo que debía llegar a ser la República, suscitaban seguramente no sólo la resistencia de unos sino también la indiferencia de otros. Contra tales reacciones, la oligarquía retomó una vieja actitud que ya había aparecido antes en las minorías cultas —la del “despotismo ilustrado”— y decidió imponer sus designios con prescindencia del consentimiento popular. El hábito de operar discrecionalmente sobre la realidad social se vio favorecido, sin duda, por el indiferentismo que difundió la incorporación a la sociedad argentina de millares de inmigrantes. De la voluntad de todos disponía —ahora más todavía que antes— un pequeño grupo que se constituía en árbitro del destino nacional; y tal tendencia se extremó por épocas a través de regímenes presidencialistas que transformaban en ficción todo el régimen institucional.

Quizá lo más característico del sistema fuera, como se ha señalado ya antes, que la certidumbre de la validez de sus fundamentos originara cierto desdén por quienes no podían comprenderlos. La oligarquía pretendió civilizar al país, pero se mantuvo ajena a las preocupaciones y modalidades de las masas populares, por las que manifestó un vago desprecio. Los problemas sociales, que en otras partes del mundo eran ya no sólo graves sino también visibles, apenas preocupaban a una oligarquía económica y política que, contando con una ilimitada mano de obra, creía imposible que se produjeran en el país fenómenos que ya se habían manifestado en muchos lugares de Europa como consecuencia del desarrollo industrial.

Sin duda no se produjeron en la Argentina movimientos sociales de las características de los que se habían observado en Europa, pero la perspicacia de Sarmiento —que advirtió la peculiaridad nacional de los conflictos sociales— no volvió a darse en ningún estadista; de modo que comenzaron a incubarse las previsibles derivaciones del ingente fenómeno inmigratorio, sin que nadie reparara en él. Muy pronto, sin embargo, se advertirían los primeros síntomas de un cambio profundo.

Como reacción popular frente al absolutismo presidencialista, frente a la política de círculos cerrados, frente al fraude electoral, frente a la inmoralidad administrativa, se organizó poco a poco el movimiento que cristalizó poco antes de 1890 y que buscó ese año una salida por la vía de la revolución. Si el pensamiento político de la oligarquía revela fácilmente sus fuentes y manifiesta su coherencia, las ideas de este otro movimiento que se le enfrentó resultan más difíciles de precisar. Hecho en parte de resentimientos o de reacciones frente a una situación dada, hay en su contenido mucho de crítica y de sanción, y muy poco, en cambio, de clara orientación creadora.

La condenación del “fraude y la violencia” que lanzó Mitre contra el régimen situó las reivindicaciones del nuevo movimiento en el plano político: exigió una democracia pura, en la que el sufragio libre consagrara la voluntad soberana de la mayoría, y un ejercicio del poder que fuera responsable ante la voluntad nacional. Exigir el cumplimiento efectivo del principio del sufragio universal era afirmar el derecho inalienable de las clases populares a imponer su voluntad por encima de las oligarquías que se creían legítimas destinatarias del poder no sólo a causa de su capacidad e ilustración sino también a causa de su antiguo predominio. Se trataba, pues, de una afirmación revolucionaria, puesto que exaltaba el derecho del paisano, del pobre y, además, del hijo del inmigrante y aun del inmigrante naturalizado. De ese modo se hacía cargo de un naciente problema social, que se relacionaba con la progresiva y veloz transformación de la sociedad argentina.

Se ha dicho que el movimiento que dio origen a la Unión Cívica y que se escindió luego para dejar paso, como la más importante de sus fracciones, a la Unión Cívica Radical, expresó más un sentimiento que una ideología precisa. Así era en la palabra exaltada de Leandro N. Alem y lo fue luego en la frase esotérica de Hipólito Yrigoyen. La afirmación es, pues, exacta, pero no debe olvidarse que tal sentimiento era, en cierto modo, resultado de una toma de posición frente a la realidad social, de acuerdo con la cual se invertían los valores y se otorgaba el goce de todas sus facultades a nutridos grupos de ciudadanos no considerados hasta entonces como de pleno derecho. Era un sentimiento, sí, pero un sentimiento que provenía de una convicción profunda acerca de las condiciones que prevalecían en la sociedad. Y aunque era sólo un sentimiento, entrañaba la decisión de ofrecer soluciones a los problemas sociales, limitada, es cierto, a la solución formal de considerar a todos los ciudadanos, cualquiera fuera su condición económica o su origen, en el mismo nivel político, sin descender a problemas más profundos que arrancaban de la sustancial y progresiva diferenciación de los distintos grupos sociales.

Esos problemas, principalmente económicos y acentuados con el desarrollo del país, se insinuaban ya en las últimas décadas del siglo, pero seguramente sólo eran perceptibles para los que estuvieran avisados del curso del movimiento obrero. Entre 1885 y 1889 visitó los países del Río de la Plata Enrique Malatesta y poco más tarde, en 1898, le siguió Pedro Gori, ambas figuras destacadas y brillantes del movimiento anarquista europeo. Sin duda ejerció fuerte influencia la presencia de los dos luchadores, y poco a poco, bajo la influencia del último, el anarquismo individualista se inclinó hacia la acción organizada a través de los sindicatos: L’Avenire y La Protesta Humana fueron sus periódicos de lucha. Por la misma época comenzaba el movimiento socialista con el que el anarquismo entró en inmediato conflicto. El Club Vorwärts agrupó en 1882 a los socialistas alemanes, y en su seno el ingeniero Germán Avé Lallement procuró indagar, con criterio marxista, las peculiaridades del desarrollo económico-social argentino; una reflexión ya madura vio la luz en las páginas del periódico El Obrero, explicando el significado de la revolución del 90. Poco después, en 1894, aparecía La Vanguardia como expresión del grupo socialista, que se constituyó como partido político dos años después, bajo la inspiración de Juan B. Justo. Como en el caso del anarquismo —con el que continuó luchando, a imitación de lo que ocurría en otros países— el socialismo se organizó también dentro de la ortodoxia doctrinaria. Describiendo la situación social argentina escribía Justo el 7 de abril de 1894 en el primer editorial de La Vanguardia: “Junto con esas grandes creaciones del capital, que se ha enseñoreado del país, se han producido en la sociedad argentina los caracteres de toda sociedad capitalista.

’’Suprimida toda solidaridad de sentimientos e intereses entre los patronos y los trabajadores, éstos, que antes disfrutaban con cierta libertad de los medios de vida que ofrece el país, tienen ahora que someterse a la dura ley del salario si no quieren morirse de hambre. El trabajador, despojado de toda otra cosa, no puede ofrecer, en cambio de los medios de subsistencia que necesita, más mercancía que su fuerza de trabajo; y esa fuerza de trabajo es comprada, como cualquiera otra cosa, por el capitalista al más bajo precio posible y en la cantidad que le conviene. La existencia de la población trabajadora viene así a depender de leyes idénticas a las que rigen la producción y el cambio de una mercadería cualquiera, la lana o las vacas por ejemplo. Como en el mercado de los cambios el valor natural de una mercancía cualquiera es señalado por su precio de costo, el valor natural de la fuerza de trabajo consiste en los medios de vida necesarios para producir esa fuerza. Es decir, el jornalero no recibe como recompensa el producto de su trabajo, ni un valor equivalente, sino la parte que le es estrictamente necesaria para mantenerse, para seguir sirviendo como animal de carga. Todo lo demás se lo apropia el capitalista, cuya ocupación principal es la de gastar ese exceso de bienes de una manera más o menos antisocial.” Y concluía diciendo: “¿Qué se propone, pues, el grupo de trabajadores que ha fundado este periódico? ¿A qué venimos?

“Venimos a representar en la prensa al proletariado inteligente y sensato.

“Venimos a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de la clase trabajadora; la jomada legal de ocho horas, la supresión de los impuestos indirectos, el amparo de las mujeres y de los niños contra la explotación capitalista, y demás partes del programa mínimo internacional obrero.

“Venimos a fomentar la acción política del elemento trabajador argentino y extranjero, como único medio de obtener esas reformas.

“Venimos a combatir todos los privilegios, todas las leyes que, hechas por los ricos en provecho de ellos mismos, no son más que medios de explotar a los trabajadores, que no las han hecho.

“Venimos a difundir las doctrinas económicas creadas por Adam Smith, Ricardo, Marx, a presentar las cosas como son, y a preparar entre nosotros la gran transformación social que se acerca.”

8

En la oposición contra la oligarquía liberal y positivista comenzó a intervenir desde 1880 otro factor que había de cobrar notable desarrollo: el sentimiento religioso vigorizado por la organizada acción de la jerarquía eclesiástica. Era aquél, sin duda, un sentimiento tradicional que todos respetaban, inclusive los grupos liberales que, desde la Revolución de Mayo, defendieron posiciones regalistas y pretendieron limitar la influencia del clero. Pero en las situaciones críticas ese sentimiento tradicional se había exacerbado, y había servido como lema de guerra: “Religión o muerte” había sido el de Quiroga y fue frecuente que los federales acusaran a los unitarios de impíos. Ahora, al renovar la oligarquía liberal y positivista la política civilizadora, inspirada en los movimientos laicos franceses, el sentimiento religioso se exaltó —y fue exaltado— otra vez y se tornó bandera de combate.

Fue la legislación laica la que desencadenó el problema. Los grupos católicos se sintieron vulnerados y se levantaron contra la intromisión del Estado en problemas que antes se reconocían como del fuero de la Iglesia. La jurisdicción de las dos potestades fue otra vez motivo de disputa, repitiéndose por una y otra parte argumentos que ya se habían esgrimido en la polémica en otros lugares. Y en el ardor de la lucha, las posiciones se extremaron y llegaron a formularse de la manera más rotunda.

Se habló de un plan de descristianización del país. En rigor, el Estado, de acuerdo con el plan civilizador, se limitó a avanzar en ciertos aspectos al compás de las orientaciones de los países que la oligarquía tenía por monitores de su acción, pero al hacerlo, comenzó a afirmar el principio de neutralidad religiosa. La ley consagró el principio del laicismo en la enseñanza y estableció el Registro Civil para documentar el estado y la situación de las personas, instaurando más tarde el matrimonio civil. Los sectores católicos resistieron a esas innovaciones. Obispos, sacerdotes y el propio nuncio apostólico manifestaron su oposición a tales medidas, y la opinión católica se dejó oír en el Parlamento, en la prensa y en las tribunas del Congreso Católico de 1884, de la Asociación Católica de Buenos Aires y de la Unión Católica.

Las figuras predominantes de ese movimiento fueron José Manuel Estrada y Pedro Goyena, a quienes acompañaron Miguel Navarro Viola, Tristán Achával Rodríguez, Emilio Lamarca, Manuel D. Pizarra y otros. Si algunos años antes había parecido posible a Estrada adherirse a los principios del catolicismo liberal, ahora, frente a las tendencias que adoptaba el Estado, creyó imprescindible sujetarse a la más severa ortodoxia y regir su pensamiento y su conducta de acuerdo con las directrices de Roma. Como Goyena y sus demás conmilitones, Estrada comenzó a anatematizar los “errores modernos” de acuerdo con la doctrina enunciada en el Syllabus y en las encíclicas papales que combatían el liberalismo; y sin vacilar se dejó arrastrar hasta las últimas consecuencias de su doctrina. “Si los medios se subordinaran a sus fines —decía Estrada en el discurso de clausura del Congreso Católico de 1884—, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición; o la soberanía de la Iglesia, íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy en día delante del Cielo y de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la República.”

La posición ultramontana ganaba así a las mentes esclarecidas, aun hasta la de los que hasta poco antes habían tenido cierta elasticidad para comprender las demás posiciones intelectuales y políticas. Y desde aquélla, las instituciones y los principios consagrados por las nuevas leyes resultaban condenados por razones trascendentales.

9

Pese a la resistencia de los grupos católicos, la legislación liberal se abrió paso decididamente. En materia educacional, sus fundamentos fueron expuestos ya con claridad en el Congreso Pedagógico convocado por el gobierno en 1882, en el que el proyecto de resolución presentado por Nicolás Larrain establecía el laicismo como norma para las escuelas del Estado. Los católicos procuraron, sin éxito, que el Congreso declarara que la educación del Estado tenía que ser de carácter católico, y tal contraposición de opiniones agitó los debates y preparó los ánimos para la lucha parlamentaria, que se lanzó al año siguiente.

No era, en rigor, sino una repetición de las discusiones suscitadas por las leyes Ferry en Francia. Los católicos apelaron a los argumentos de la encíclica Quanta Cura y del Syllabus; los liberales a las ideas que aquellos textos combatían y que eran ya patrimonio de todas las minorías cultas en todas partes. Finalmente, en 1884, quedó aprobada la ley 1420 de educación común, que sentaba el principio del laicismo, y con ella quedó afirmada la concepción liberal del Estado, que ya había sido defendida al discutirse en 1881 los “recursos de fuerza”. Al mismo tiempo se creaba el Registro Civil, que sustraía a la Iglesia la vigilancia de la situación de las personas, y algunos años más tarde, en 1888, se establecía el matrimonio civil.

Como en el caso de la ley de enseñanza laica, esta última ley suscitó nuevas y apasionadas discusiones. Volvió a sostenerse, como en 1884, que el país era católico, que católica era la Constitución, y que ninguna ley podía, en consecuencia, contradecir esa tendencia general de la sociedad y de su carta fundamental. Pedro Goyena defendió la tesis católica fundándose no sólo en la doctrina que justificaba la concepción del matrimonio como un sacramento, sino también en la opinión de que era injustificable que “una ceremonia meramente civil, laica, desdeñosa de Dios” tuviera el mismo valor y la misma categoría que la ceremonia religiosa. Como Estrada, insistió en la permanente sujeción del país a las tradiciones católicas; pero la hábil dialéctica y el fervor de los defensores de las tesis tradicionales fracasaron frente a la opinión mayoritaria del Congreso que compartía los criterios liberales del gobierno, sostenidos de manera eminente por Eduardo Wilde.

No era, sin duda, la opinión mayoritaria del país. Los liberales que inspiraban la nueva legislación formaban una élite, y Goyena la definió exactamente al decir que tales innovaciones provenían “de los consejos de gabinete, de un círculo de hombres cuyo mérito intelectual no juzgo ahora, cuya sinceridad no escudriño, pero que yo veía aislados del concurso de la comunidad…; y se llegó, bajo las apariencias modestas de la reforma de un artículo legal, a malear esta cosa santa, esta cosa fecunda para el bien, que se llama la escuela, donde se forma el alma del hombre futuro, el alma del niño, que junto a sus coetáneos es la patria del porvenir. Y yo no veía otra razón para operar ese cambio que el prurito reformista de algunos hombres públicos imbuidos en la lectura de escritores irreligiosos, y amigos de imitar recientes leyes extranjeras”. Acaso no se equivocaba el militante católico; pero la política liberal estaba destinada a establecer los cuadros para el país del futuro que se estaba formando, con desdén —a veces exagerado, por cierto— por el país tradicional.

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La sanción de una ley de enseñanza popular correspondía a una preocupación profunda por el problema de la educación. Era la misma preocupación que Sarmiento había tenido durante toda su existencia y que había inspirado las páginas de Educación popular; ahora, en sus herederos, se mantenían algunos de los principios prácticos de quien había erigido en preocupación primera de su vida la de “educar al soberano”. Como criterio director de la actividad educacional, ninguno obraba tan enérgicamente sobre la acción como el de la exigencia social y política de elevar el nivel de civilización del país. Más que otra doctrina, la de la necesidad social de contar con hombres capacitados para la acción social y política mereció la atención de las minorías dirigentes porque así parecía exigirlo el programa civilizador.

Por eso se concentró la mayor atención alrededor de la enseñanza primaria. El mayor número posible de niños —y la totalidad, de ser posible— debían recibir no sólo las primeras letras sino también los conocimientos prácticos elementales para poder actuar con eficiencia en las actividades corrientes, servir al progreso colectivo, y capacitarse para entender los principios elementales de la vida democrática. Era, pues, una pedagogía guiada por preocupaciones prácticas la que inspiraba la educación primaria.

También lo fue la que inspiró la enseñanza secundaria, renovada en el país por Bartolomé Mitre, aunque ésta tuvo una orientación definidamente minoritaria. Los llamados “colegios nacionales” estuvieron destinados a la formación de pequeños grupos, “de modo que el saber condensado en determinado número de individuos obre en la masa de la ignorancia —había dicho Mitre en el Senado—, difunda en ella una ley más viva y sostenga con armas mejor templadas las posiciones desde las cuales se gobierna a los pueblos enseñándoles a leer y escribir, moralizándolos, dignificándolos hasta igualar la condición de todos, que es nuestro objetivo y nuestro ideal”. Sin duda era lo más a que se podía aspirar. El claro designio de elevar el nivel intelectual y social del país requería la formación de minorías, porque si no, “no tendríamos ciudadanos aptos para gobernar, legislar, juzgar ni enseñar, y hasta la aspiración hacia lo mejor se perdería porque desaparecerían de las cabezas de las columnas populares esos directores inteligentes, que con mayor caudal de luces, las guían en su camino y procuran mejorar su suerte animados por la pasión consciente del bien”.

Tal como fue concebida en su origen, la educación secundaria debía formar minorías cultas con una orientación decididamente humanística. Pero poco a poco se acentuó la tendencia al practicismo y la educación secundaria se orientó hacia la capacitación utilitaria del individuo. Aun cuando seguía sirviendo para la formación de una minoría, la enseñanza secundaria buscó satisfacer las necesidades inmediatas del individuo con un enciclopedismo superficial; muy pronto la influencia positivista se hizo sentir activamente, irradiándose desde la Escuela Normal de Paraná un sistema de principios de vigorosa ortodoxia que alcanzaría a todos los grados de la enseñanza. De inmediato se concentraron los fuegos sobre la concepción humanista de la enseñanza, y las primeras víctimas fueron las lenguas clásicas, que desaparecieron de los programas. Contra esa medida protestaron primero Paul Groussac y más tarde Juan Agustín García. Fundaba el primero sus opiniones en favor de la cultura clásica en razones de orden social: “En proporciones relativamente mayores y más rápida que los Estados Unidos —escribía Groussac—, la República Argentina ha venido a ser la encrucijada de las nacionalidades. Tan violenta ha sido la venida inmigratoria, que podían llegar a absorber nuestros elementos étnicos. Están sufriendo una alteración profunda todos los elementos nacionales: lengua, instituciones políticas, gustos e ideas tradicionales. A impulsos de un progreso spenceriano, que es realmente el triunfo de la heterogeneidad, debemos temer que las preocupaciones materiales desalojen gradualmente del alma argentina las puras aspiraciones, sin cuyo imperio toda prosperidad nacional se edifica sobre arena. Ante el eclipse posible de todo ideal, sería poco alarmarnos por el olvido de nuestras tradiciones: correría peligro la misma nacionalidad. Es tiempo de reaccionar contra la tendencia funesta y si ésta no fuera la hora propicia, sería porque habría pasado ya. Y es, sin embargo, esta hora suprema la que algunos eligen para ensalzar la educación utilitaria que nos ha traído donde estamos, y atajar la cultura clásica, que por sí sola constituye una escuela de patriotismo y nobleza moral.”

El practicismo se tradujo en la enseñanza universitaria en una orientación decididamente profesional. Tanto en la Universidad de Córdoba, nacionalizada durante la presidencia de Urquiza, en 1856, como en la de Buenos Aires, nacionalizada durante la de Roca, en 1881, las escuelas profesionales fueron el cuerpo fundamental de la institución. Pese a eso, en 1896 pudo fundarse en la de Buenos Aires la Facultad de Filosofía y Letras, como sede de estudios desinteresados, donde se enseñaron las teorías positivistas en boga, a las que se sumó poco después el neokantismo.

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El practicismo, con todas sus limitaciones, era, empero, la actitud propia de una sociedad embriagada por una prodigiosa aventura económica. Como ante una invocación mágica, el país, antes de menguada riqueza y como estancado en su desarrollo, había comenzado a producir bienes que multiplicaban las fortunas de propios y extraños. Enriquecerse fue una obligación social, porque quien se enriquecía y creaba riqueza servía los planes de engrandecimiento del país, contribuía a su crecimiento y facilitaba su rápido ascenso hacia el acariciado ideal de país civilizado de tipo europeo. Por lo demás, la presión de los extranjeros, radicados todos en el país en persecución de la riqueza, contaminaba a los nativos y los incitaba a encaramarse en el proceso. Las circunstancias exigían no ignorar la tendencia general de la sociedad.

El fenómeno —justo es decirlo— no era solamente local: análoga tendencia revelaba la sociedad en el resto del mundo, en el momento en que se lanzaba la política económica del gran imperialismo. En todas partes la actividad económica alcanzó no sólo una enorme importancia sino también una altísima jerarquía que la situaba como una de las actividades fundamentales del hombre. Quizá contribuyera a ello la magnitud que alcanzaba la aventura económica en el mundo y las transformaciones que esa aventura originaba en la vida, debido a que ese desarrollo económico correspondía al período de expansión de la civilización técnica en vastas y unificadas áreas.

Como en otros lugares, en la Argentina pareció incontestable que la misión de la hora tenía que ser incluir el desarrollo económico local en la vasta órbita del desarrollo económico de las grandes potencias que se habían lanzado resueltamente por la vía del desarrollo industrial. Si hasta la caída de Rosas —y aún más tarde— el país había limitado sus exportaciones a los cueros y al tasajo, la renovación de la política económica propiciada por los teóricos de la mutación acelerada, como Alberdi y Sarmiento, permitía ahora producir lanas, carne vacuna y cereales en condiciones de calidad y cantidad tales como para transformarlo en un mercado de primera magnitud. Imposibilitado de adquirir de inmediato la capacidad industrial necesaria como para alcanzar por sí el grado de progreso material que cada generación pretendía, el país tenía que apresurarse —según los espíritus renovadores— a entrar en relación con las potencias que podían proveernos de los elementos necesarios para promover nuestro desarrollo y abastecernos de productos manufacturados. Esa relación no podía ser sino el resultado de una integración económica, en cuyo juego la Argentina debía ingresar como proveedora de materias primas de algunas de las grandes potencias industriales.

Si se lograba dar ese paso, la Argentina habría ingresado en la órbita del mercado mundial; y eran tales las ventajas que tal paso ofrecía, que fue dado resueltamente; y, por la acción deliberada de las minorías dirigentes, la Argentina entró de lleno en el área económica de Inglaterra.

En 1887, al abandonar la presidencia de la República, el general Roca decía en un banquete que le ofreció en Londres la casa bancaria Baring Brothers: “He abrigado siempre una gran simpatía hacia Inglaterra. La República Argentina, que será algún día una gran nación, no olvidará jamás que el estado de progreso y prosperidad en que se encuentra en estos momentos se debe, en gran parte, al capital inglés, que no tiene miedo a las distancias y ha afluido allí en cantidades considerables, en forma de ferrocarriles, tranvías, colonias, explotación minera y otras varias empresas.” Era la sensación y el juicio de las minorías que, al tiempo que se enorgullecían del acelerado progreso que alcanzaba el país, se enriquecían con la valorización de sus tierras y con la exportación de sus productos.

Frente a las posibilidades infinitas que ofrecía un suelo feraz y de inmejorable clima, el Estado no vaciló en girar sobre el futuro. Pensó que podía otorgar concesiones y solicitar empréstitos sin límite, aun corriendo el albur de provocar a corto plazo situaciones difíciles. Lo importante era traer capitales para despertar las riquezas dormidas. Para el intercambio, adoptó una política resueltamente librecambista, a pesar de la opinión y las demandas de los pequeños grupos industriales, reunidos y organizados desde 1887 en la Unión Industrial Argentina, patrocinada por Carlos Pellegrini. El Estado y las minorías que le prestaban su inspiración compartían los principios fundamentales del liberalismo económico y los aplicaban deliberadamente. El presidente Juárez Celman expuso su pensamiento doctrinario en el mensaje del año 1887: “Desde luego —decía en ese documento—, la explotación de los ferrocarriles no constituye una función del Estado; ella no tiene el carácter de los atributos que le son inherentes y que no pueden desprenderse de la soberanía, tales como la administración de justicia, la acuñación de moneda, la sanción de las leyes, la defensa nacional y demás, que constituyen la esencia del poder público. La confusión depende, como lo exponen pensadores y sociólogos, de una errada concepción de los deberes y derechos del Estado. La acción del Gobierno es indispensable como inicial allí donde ningún interés particular puede llevar a cabo obras de cierta magnitud, pero esta necesidad se hace discutible desde que aparecen los datos opuestos.” Y agregaba más adelante: “Lo que conviene a la Nación, según mi juicio, es entregar la industria privada, la construcción y explotación de las obras públicas que por su índole no sean inherentes a la soberanía, reservándose el gobierno la construcción de aquellas que no puedan ser verificadas por el capital particular, no con el ánimo de mantenerlas bajo su administración, sino con el de enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias oportunas a fin de recuperar los capitales invertidos para aplicarlos al fomento de su Banco, a la unificación de su deuda o a la consrtucción de nuevas obras reproductivas o necesarias para la administración.”

Este pensamiento presidió, en general, la política económica del Estado, con aprobación de los grupos económicos vinculados al comercio de explotación e importación, y con la pequeña resistencia de los nacientes grupos industriales. Empero, ante la crisis económica producida por la especulación y, sobre todo, por el desequilibrio financiero creado por la ingente y rápida introducción de capitales a cuyos intereses y amortizaciones había que hacer frente, el Estado intentó al año siguiente del citado mensaje de Juárez Celman quebrar su línea de conducta e intervenir en la actividad económica privada. El ministro de Hacienda, Rufino Varela, pretendió en 1888 contener la subida del oro y la depreciación del papel moneda mediante una disposición según la cual se prohibía a la Bolsa de Comercio practicar operaciones de compra y venta de oro. La medida causó sensación. La Bolsa resistió la disposición ministerial, las opiniones relacionadas con el mundo de los negocios apoyaron la conducta de la Bolsa y, finalmente, el ministro se vio obligado a renunciar.

El fracaso confirmó la tesis liberal, cuyos principios siguieron presidiendo la función del Estado en relación con la actividad económica privada.

En rigor, el Estado provocaba a conciencia un régimen de déficit, porque juzgaba preferible acelerar el proceso técnico del país a no contenerlo por temor a los desequilibrios inmediatos de la balanza comercial. El progreso técnico implicaba una política demográfica y una política inversora. La política demográfica consistió en omitir escrúpulos e introducir cuanto antes el mayor número posible de inmigrantes. En rigor, no consistía mucho más que en eso, pues los innumerables problemas que hubiera suscitado un plan de radicación de inmigrantes que supusiera además una selección de las actividades económicas preferibles y una distribución geográfica adecuada, tanto de esas actividades económicas como de la población inmigrante, fueron omitidos ante la presión de la avalancha y, en cierto modo, por el apremio de ciertos grupos económicos por poseer mano de obra barata. Por su parte, la política inversora estuvo presidida por la certidumbre de que el país produciría alguna vez riquezas suficientes como para reembolsar cualquier inversión productiva, sin calcular su monto. Esa confianza ilimitada en el porvenir económico del país —y en la perduración de la demanda de sus materias primas— movió a acelerar las inversiones para provocar el progreso técnico del país con un ritmo que no podía ser el de las rentas que las inversiones produjeran. Casi podría decirse que el país marchó adrede hacia el desequilibrio de la balanza de comercio, en el afán de no moderar el ritmo de su engrandecimiento y modernización.

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La Bolsa, la novela en la que Julián Martel glosaba las duras experiencias derivadas de las convulsiones financieras de los últimos años, procuró reflejar no sólo las condiciones de la sociedad sino también el estado de ánimo propio de los hombres de su generación, dentro de un cuadro que quería ser fiel expresión de la realidad.

Porque el realismo era la estética en boga.

Sin duda, la década que transcurre entre 1880 y 1890 ofrece algunos rasgos que la asemejan a la época del Segundo Imperio en Francia. La rápida transformación de la sociedad a causa de las posibilidades de enriquecimiento que se le presentaron a ciertos grupos, el lujo y el desorden que predominaban en los círculos más poderosos y la inestabilidad que amenazaba a los que tenían menos recursos, daban a la “gran aldea” un aire singular de sociedad anormal, alterada en su desarrollo por causas adventicias. El proceso parecía tentador para el observador curioso; pero lo era más para el artista que había comenzado a pensar que su misión consistía en reflejar fielmente el ambiente social. Bajo la influencia de Flaubert, de los Goncourt o de Daudet, bajo la de Millet o la de Courbet los pintores, la consigna de la hora —un poco retrasada, por cierto, con respecto a Europa— fue transcribir los fenómenos de la realidad en toda su crudeza, estudiando lo que se llamaba el documento humano mediante una observación rigurosa de la que se deseaba descartar en cuanto fuera posible la imaginación creadora. Balzac en cierto modo, y Taine, habían sido propulsores de esta estética a la que seducían los aspectos concretos, sensuales, instintivos de la vida. La filosofía positivista estimulaba esta actitud antisentimental como una escapatoria de los problemas íntimos y una inmersión en los problemas colectivos, un poco groseros pero decisivos tanto para el destino individual como para el destino común.

Al comenzar el gobierno de Roca, la nueva creación literaria y plástica puso inequívocamente de manifiesto su abandono de la tradición romántica —que aún sonaba en los versos de Olegario V. Andrade— y su preferencia por la estética realista. Eugenio Cambaceres publicó en el curso de la década Pot-Pourri, Música sentimental, Sin rumbo y En la sangre, novelas todas en las que reflejaba la incesante marea de las pasiones que azotaban la vida nacional, antes recoleta y moderada. Por entonces exponían sus obras los escultores Francisco Cafferata y

Lucio Correa Morales y los pintores Angel Delia Valle, Augusto Ballerini, Cándido López y José Bouchet. También ellos seguían la vía del realismo, con influencias francesas e italianas; pero en tanto que la novela, con Martel, Cambaceres, López, Ocantos o Sicardi, tendía a apoyarse en lo anecdótico y en una suerte de color local, la plástica utilizaba o temas europeos o temas históricos.

Hubo una literatura de viajes que también gustó de demorarse en los temas europeos. Mansilla, Santiago Estrada, Cané, García Merou relataron con inocultable nostalgia sus impresiones de los países que visitaron, maravillados por su esplendor, su pujanza o la finura de su espíritu. El realismo tenía una posibilidad de nostalgia. Si la plástica la satisfacía remedando el ambiente o los temas tradicionales de la pintura europea, la literatura buscaba la descripción directa. A veces, todavía llegaba a transferir los ambientes europeos a relatos porteños, cuyo marco resultaba a causa de ello convencional y artificioso. Y la nostalgia empujó también en sentido inverso hacia el tema del indio y del gaucho, en el que buscaron su camino Estanislao Zeballos, Eduardo Gutiérrez y Martiniano Leguizamón.

El realismo —el naturalismo, que poco a poco comenzaba a difundirse— entrañó en más de un autor cierto escepticismo y cierta amargura. El suicidio fue un tema frecuente y la angustia encubierta en el destino personal una nota permanente en la creación. Acaso porque el creador sentía su inadaptación en un país alucinado por la aventura económica, el realismo constituía la estética adecuada para aferrarse y huir de la realidad al mismo tiempo.

Escribía Sicardi en el prólogo de Libro extraño: “Porque es necesario que los hechos tengan sitio, fecha y criaturas, escribo estos capítulos del libro, que lleva por esto mismo en la entraña la simiente de la muerte, porque en el arte, no tienen vida duradera, sino las cosas sobrehumanas, que en todo tiempo y lugar sean reflejo de verdad. Requiescat in pace. Se irá en el montón, en buena compañía, a descansar en la huesa, que el olvido abre todos los años para los que escriben. Yo tengo conmiseraciones, llenas de respeto, por todas las ideas que se arrojan a la pelea diaria, y muy en mucho los campeones esforzados, que defienden iracundos la brecha, erguidos sobre el escombro… Me acerco a ellos siempre, leo sus libros, veo cómo se enflaquece el vigor intelectual, que echa a la hoguera sus aristas de diamante pulido y cómo sepulta el hombre todas las exuberancias pasionales de nuestro espíritu. Escribo a pesar de todo, con caricias en la frase y plasmo, en los soliloquios de creación, las figuras, que cruzan sonriendo la zona sombría del pensamiento. No hay frío en la pluma, ni desesperaciones: y, cuando resbala y cruje sobre el papel, saltan chispas de alegría, porque otros se emborrachan de alcohol y nosotros de visiones: es lo mismo. Lo importante es que el tiempo, que no puede llenarse siempre de trabajo material, pase en alguna forma, aunque sea poblado de deleznables fantasmagorías —el tiempo, que es tan largo, cuando la inercia y el tedio penetran los huesos… No importa lo que suceda después; escribamos. Sé que el sepulcro está siempre con la tapa de mármol levantada y pendiente en actitud de caer… pero yo digo que esos libros muertos, que han enriquecido nuestra inteligencia con el esplendor de sus pasiones, son los amigos desinteresados de las horas solitarias; y a medida que se van borrando de la memoria humana, se concentran y retiran en tropel y entran por las puertas iluminadas de nuestras casas, como hijos pródigos que vuelven moribundos de la lucha a buscar otra vez el seno tibio de nuestros cariños. Yo los he visto después, en las urnas, donde están guardadas las cenizas de los dioses tutelares, al lado de los retratos, sobre el escritorio de los hijos. ¡Sobrado galardón es éste! ¡Qué bien están los libros muertos allí!… Porque el arte no vive, si es estéril vanidad y exhibición burda y fugaz; pero es eterno, cuando es fragua calentada en todos los amores del corazón, cuando, hecha de dolor y de recuerdos, diseca una por una las tristezas del espíritu humano. ¡No haya miedo, hermanos míos; dejad esa síntesis a vuestros hijos, aunque no viva fuera nunca!

“Allí bien guardados, dentro de las cuatro paredes, donde han sido escritos, tienen la vida inmortal, a pesar de todos; y, cuando suenan las alegrías de íntimos festivales, siempre hay quien estira la mano a recogerlos. Yo he visto estas familias… En la noche del santo de los padres, se reúnen todos alrededor de la mesa con esos libros, que son a veces la única herencia… Los genios amables del hogar, con alas blancas y grandes, se ciernen en la atmósfera tibia y la vieja sobreviviente está sentada en la cabecera. Tiene en los ojos pensativos toda su historia de alma resignada y tranquila, mientras los mayores, con tez morena y ojos negros, leen en voz alta las páginas adorables… Pasa el alma del padre en los rasgos extraños y los arabescos y las curvas y los círculos y las líneas de las letras… formando rayas pequeñas y grandes, separadas por blancos espacios, que van cantando apresuradas, las unas después de las otras, las divinas estrofas, mientras su sombra melancólica vaga por los comedores, donde se sienten ruidos de besos cariñosos.” Esta sensibilidad encendida era la de su generación, volcada a la defensa de una vocación irreprimible en un ambiente estremecido por la fiebre del oro y las bruscas transformaciones de la sociedad.

Capítulo segundo

EL ESPÍRITU DEL CENTENARIO

1

A medida que finalizaba el siglo xix se acentuaban los signos de la transformación que se operaba en el ambiente social e intelectual del país. El vasto movimiento de disconformismo político que se había manifestado a través de la conmoción de 1890 en Buenos Aires crecía y se diversificaba, alcanzando a todos los aspectos de la vida nacional y definiendo cada vez más sus caracteres. Quienes constituyeron entonces la promoción de los disconformistas y de los rebeldes —tanto en la política como en el pensamiento— comenzaron a gravitar un decenio más tarde en la vida del país, proporcionándole a su existencia colectiva algunos matices diferentes.

Este nuevo giro que tomó el curso de las ideas mantuvo su dirección durante los primeros quince años del siglo, aproximadamente, y encontró su expresión simbólica en el espíritu que presidió las fiestas de celebración del Centenario de la Independencia, en 1910. El “espíritu del Centenario”, nacido de múltiples factores se incubó a partir de la crisis que la oligarquía predominante sufrió en 1890, tanto en su estabilidad política y social como en sus convicciones y perspectivas. Y a lo largo de los gobiernos de Julio Argentino Roca —en su segunda presidencia—, de Manuel Quintana, de José Figueroa Alcorta y de Roque Sáenz Peña, se lo vio madurar, expresa Jo un vigoroso aunque contradictorio sentimiento colectivo, y diluirse luego en la marea de nuevas fuerzas y nuevas influencias que comenzaron a advertirse al coincidir el triunfante ascenso político del radicalismo con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.

No se crea, empero, que el espíritu del Centenario constituyó una corriente esencialmente contradictoria con respecto a las que predominaban hasta entonces. Por el contrario, las continuó en lo fundamental, pero vigilándolas severamente en sus deformaciones posibles y en sus vertientes peligrosas, bajo la impresión de los clamores que comenzaron a escucharse en 1889 y que volvieron a oírse una y otra vez en los años siguientes. Se fortaleció por entonces lo que Alejandro Korn llamó el “positivismo nacional”; pero las minorías —especialmente los grupos intelectuales, ahora un poco escépticos y alejados de la política— creyeron que la tradición positivista y liberal no tenía por qué conducir necesariamente a un estado de inmoralidad colectiva y a un estancamiento intelectual, y se convencieron, por el contrario, de que tales corrientes podían conducir hacia un progreso general que, en la Argentina, debía necesariamente tomar formas acentuadas y definidas: no sólo las de un progreso material sino también espiritual. Juan Agustín García, que será una de las figuras eminentes de este período, dijo en el solemne discurso pronunciado en la colación de grados de la Facultad de Derecho de Buenos Aires del año 1899: “Si al pensar en el porvenir de la República la imaginara como una colosal estancia cruzada de ferrocarriles y canales, llena de talleres, con populosas ciudades, abundante en riquezas de todo género, pero sin un sabio, un artista, un filósofo, preferiría pertenecer al más miserable rincón de la tierra, donde todavía vibra el sentimiento de lo bello, de lo verdadero y de lo bueno.”

En el fondo, tanto las minorías intelectuales como las nuevas promociones de políticos percibían no sólo la presencia de algunas nuevas ideas sino también de ciertos imprecisos anhelos en el seno de una colectividad que mudaba su fisonomía de manera inequívoca. El país se transformaba visiblemente; y así como subsistía el ideal del progreso material, nacían a su vera nuevas aspiraciones suscitadas por las alternativas del cambio de la realidad social y espiritual del país.

Las minorías intelectuales acusarían desde 1900 la influencia del Ariel de José Enrique Rodó, cuyo contenido exaltaba la función de la inteligencia y afirmaba el principio de la aristocracia del espíritu. Entretanto, ciertas minorías sociales, que formaban parte de la oligarquía política pero que comenzaban a sentir ciertas preocupaciones por su propia situación en el complejo social, empezaron a examinar con nuevos ojos el problema de la convivencia social en el país. Carlos Pellegrini, Joaquín V. González, Roque Sáenz Peña representaban eminentemente este sector. Ciertamente, la situación de la vieja oligarquía era cada vez más difícil. El aluvión inmigratorio seguía creciendo y desbordaba los cauces de la vieja sociedad criolla, en la que introducía nuevos elementos y provocaba nuevas combinaciones sociales de imprevisibles consecuencias. Una nueva clase media se constituía poco a poco con elementos diversos y con una distinta concepción de la vida, y al aparecer y al acentuar su gravitación en la vida nacional, ponía al descubierto la creciente ilegitimidad de la autoridad que ejercía la vieja oligarquía.

Este fenómeno se puso de manifiesto cada vez más desde la revolución de 1890. Hasta ese momento, los conflictos armados —como el de 1874 o el de 1880— enfrentaban fracciones de la misma clase social que disputaban entre ellas el poder dentro de un sistema político en el que valían ciertas reglas convencionales de juego; pero el movimiento disconformista que condujo a la rebelión armada de julio de 1890 reveló la existencia de distintas proyecciones sociales detrás de las fracciones oligárquicas en lucha. La clase media, que se renovaba y reorganizaba poco a poco, buscaba una salida apoyando a aquella fracción de la oligarquía que mejor parecía defender sus ideales y, desde entonces, la misión de la oligarquía y sus métodos quedaron sometidos a revisión. Ya se verá cómo esta actitud engendró tendencias encontradas en el seno de una clase que, habiéndose tenido por liberal y progresista hasta entonces, se halló convertida desde ese momento en la fracción conservadora de la sociedad.

Quedaron, así, enfrentados quienes consideraban legítima y quienes consideraban ilegítima la situación de predominio de la vieja oligarquía. Por su parte, la clase media no formaba tampoco un grupo compacto. Poco a poco, sobre el tronco de la vieja clase media criolla, de escasa influencia y significación, se había comenzado a sentir la gravitación de los grupos inmigrados que, habiéndose localizado en las ciudades y habiéndose entremezclado con los grupos nativos, habían alcanzado un alto nivel económico y, con él, habían logrado activar la función general de la clase media. Pero, aunque en su conjunto, tenía frente a la oligarquía una situación general de hostilidad, la clase media no mostraba una gran coherencia interna en sus ideas y actitudes, precisamente porque su composición social era confusa e inestable. Radicaba en ella el germen fundamental del disconformismo, pero las soluciones que parecían deseables variaban según los distintos sectores, y debían seguir variando según las alternativas de la integración de los grupos inmigrados en el complejo social autóctono.

Si esta última circunstancia robaba eficacia a la renovada clase media, más aún influía sobre las clases populares. Formaban éstas un conglomerado de caracteres cada vez más confusos, en el que los designios tradicionales se habían visto sacudidos por la agresiva preocupación económica de los grupos inmigrados que se habían proletarizado. Sólo algunos pequeños sectores demostraron tener ideas claras en cuanto a su posición social en el cambiante complejo nacional; pero el mayor número aspiró resueltamente al ascenso de clase por el camino del éxito económico, tras el cual corrieron millares de hombres, anhelantes de hallar lo que habían venido a buscar a América, e indiferentes en su gran mayoría a la suerte de la colectividad a la que se habían incorporado.

En esa lucha fracasaron muchos y las clases populares acentuaron su aire proletario; comenzó así a tomar una fisonomía moderna, como no la tenía hasta poco antes. De la mezcla de los recién llegados y de los nativos sacó el suburbio de Buenos Aires su aspecto peculiar, y allí nació el tango, acaso la expresión más fiel de una sensibilidad que fue conquistando cada vez más adeptos. Almafuerte cantó las miserias y las grandezas de ese grupo social al que la vieja oligarquía llamaba despectivamente la “chusma”; la palabra tomó en labios del poeta un significado diferente, en el que rezumaban el resentimiento y la legítima indignación que casi nadie alcanzaba a ver cuando Almafuerte los descubrió. Él mismo se sentía surgido de esa clase despreciada:

Aquí salgo del seno proficuo

De la cósmica chusma sagrada,

Como surgen los rudos poceros

Ungidos en greda del pozo que cavan Con el acre sabor de la simple,

Desolante sentencia judaica:

La ansiedad de la luz en los hombres Recién aparece después que se sacia.

En términos dramáticos definía Almafuerte la peculiaridad de ese grupo:

Jadeante, grotesca, inasible,

Por tenaz, por insólita y vaga,

Soportando por siglos de siglos,

Minuto a minuto la cúpula humana:

Así está la misérrima plebe,

La inmortal, invencible alimaña

Que los tercos lebreles vigilan

acosan y aturden y aprietan y aplastan.

Esta plebe —la “chusma sagrada”— comenzaría poco a poco a precisar la fisonomía y, ante el asombro de los desprevenidos, exigiría su lugar en la vida pública. Muy poco después, en un primer rapto de entusiasmo nacionalista, Leopoldo Lugones —en el estudio que tituló El payador— proclamaría epopeya nacional al casi olvidado Martín Fierro de José Hernández.

2

El aspecto heteróclito y los rasgos confusos y contradictorios de la realidad social argentina, atrajeron la atención de los espíritus inquietos y reflexivos hacia los problemas sociológicos. Acaso pueda llegar a decirse que el sociologismo orientó las preocupaciones intelectuales de este período —como, por lo demás, ocurría en Europa—, fijando alrededor de su problemática las más profundas y vivientes preocupaciones. A diferencia de los hombres de la generación del 80, ahora los grupos a los que atraía el trabajo científico acusaban cierta displicencia con respecto a la política. Pero en la medida en que abandonaban la acción —por la que no ocultaban cierto desdén— los grupos intelectuales satisfacían su necesidad de militancia en una crítica insobornable de la actividad política concreta y en un esfuerzo por indagar las fuerzas secretas que la movían y le prestaban sus rasgos peculiares. El sociologismo fue, así, un sustitutivo de la acción, algo así como una política crítica y ejercitada desde cierta distancia, pero cuya intención distaba mucho de proyectarse hacia la utopía y movía más bien los ánimos hacia una comprensión de las realidades profundas, en cuya entraña debía obrarse si se aspiraba a actuar sobre las relaciones de convivencia.

Fue usual que se distinguiera como primer síntoma de la conmoción social lo que solía llamarse la “crisis moral”. Lucio V. Mansilla, que se había expatriado tras la revolución de 1890, volvió al país en los primeros años del siglo y señaló, entre confundido y alarmado, la pérdida de los tradicionales “estambres morales” de la Argentina criolla. El hecho se imponía, y hasta quienes evolucionaban dentro del ambiente local lo advertían. Acaso fue Agustín Álvarez el más severo censor de una sociedad que juzgaba enferma y cuyos males denunciaba con tanta entereza como perspicacia. Ricardo Rojas decía en La restauración nacionalista que “la desnacionalización y el envilecimiento de la conciencia pública han llegado a ser ya tan evidentes que han provocado una reacción radical en muchos espíritus esclarecidos de nuestro país”. Pero fue sin duda Juan Agustín García quien enfocó el problema con más rigor científico, acomodando a sus inquietudes ciudadanas sus preocupaciones intelectuales. Escribía en la Introducción a las ciencias sociales argentinas: “La sociología debe ser una ciencia nacional. El primer problema es determinar las fuerzas sociales que en las diversas épocas han presidido la evolución argentina”. Este designio orientó su actividad de historiador y de sociólogo y culminó en La ciudad indiana. Fue hombre de extremado rigor en la investigación y de suma prudencia en las generalizaciones; pero tenía una contenida pasión por el tema de su país y de su época. Era explicable, pues el espectáculo, en Buenos Aires sobre todo, convidaba a la reflexión por la novedad de los hechos y la magnitud de sus repercusiones posibles. Por entonces señalaba Carlos Octavio Bunge en Nuestra América que la población argentina se dividía en tres grandes sectores: la antigua clase directora residente en las grandes ciudades, la gente rural del interior, y el elemento inmigratorio radicado preferentemente en el litoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Las relaciones entre los tres sectores se modificaban a simple vista y en términos extremadamente variables, de modo que no sólo era dado observar las mutaciones en la fisonomía del conglomerado social sino también percibir los cambios en las reacciones emocionales de los distintos grupos frente a las incitaciones del ambiente colectivo. Las actitudes de los observadores del fenómeno variaban considerablemente. El propio Bunge podía decir esta frase significativa: “El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean!— han diezmado a la población indígena y africana de la provincia capital, depurando sus elementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos.” Para otros —como Agustín Álvarez— la peor calamidad residía, precisamente, en esa tradición española que Bunge, por su parte, consideraba estimable; y muy pronto otros creyeron que el cosmopolitismo surgido de la inmigración arrastraba a gravísimos peligros a la sociedad argentina: Ricardo Rojas, en La restauración nacionalista, señalaba los riesgos por los que atravesaban entonces la familia, la lengua, el país todo.

Estas preocupaciones fueron, pues, las que impulsaron las inquietudes intelectuales hacia los grandes planteos de la sociología, y en los grandes sociólogos europeos se trató de hallar el método de análisis e interpretación de una realidad tan original. Comte y Spencer fueron, naturalmente, los autores más solicitados, y a cada uno de ellos dedicó Ernesto Quesada una monografía destinada a difundir su pensamiento. Circulaba por entonces, dirigida por Estanislao S. Zeballos, la Revista de Derecho, Historia y Letras, en las que tales materias hallaban excelente acogida. Y tanto Quesada, como Antonio Dellepiane, Juan Agustín García, Carlos Octavio Bunge y Alfredo Colmo, publicaron en los primeros años del siglo tratados y monografías sobre el estado de la sociología y de la psicología social en el cuadro del saber europeo. La influencia de L’anné sociologique era notoria. A los nombres de Comte y Spencer se agregaban los de Le Play, Vignes y Le Bon, y luego, poco a poco, los de Durkheim, Lévy-Bruhl y Simmel. La teoría de Taine sobre la influencia del medio ambiente y las ideas histórico-filosóficas de Renán y Fustel de Coulanges nutrían también el pensamiento de quienes buscaban las herramientas adecuadas para penetrar en el misterioso y seductor problema de la vida social argentina en un momento de audaces experimentos. Las tres proposiciones sentadas por Bunge en la Introducción de Nuestra América pueden considerarse como típicas del pensamiento de su generación y de su grupo: a) Cada pueblo posee una psicología social propia; b) La psicología colectiva de cualquier sociedad, aunque susceptible de transformaciones evolutivas, es relativamente neta y estable, y c) Las cualidades típicas que constituyen la psicología social de un pueblo no son privativas de él sino en cuanto a su intensidad y forma. Desde estos presupuestos emprendieron el análisis de su país y de su tiempo.

El hecho que los sociólogos consideraron más significativo fue la singular mecánica política en uso por entonces en el país. Por la originalidad de sus rasgos se la llamó “política criolla”, y precisamente cuando el fundador del socialismo, Juan B. Justo, la fustigaba y procuraba contrarrestarla en la acción, Carlos Octavio Bunge creía definirla con estas palabras: “Llamo política criolla a los tejemanejes de los caciques hispanoamericanos, entre sí y para con sus camarillas. Su objeto es siempre conservar el poder, no para conquistar los laureles de la historia sino por el placer de mandar.” El fenómeno era de larga data, pero había adquirido nueva fisonomía en el país tras el ingreso de los crecidos grupos de inmigrantes, porque había cambiado el tipo de las clientelas políticas y también el tipo de las relaciones de dependencia. Un nuevo caciquismo se organizaba, y con él una nueva “política criolla”. El sociólogo se afanaba por descubrir sus rasgos con objetividad, y aunque con frecuencia se traslucía cierta actitud aristocratizante que alguna vez permitió juzgar como “reaccionariamente democrática” una política que trataba de apoyarse en las clases populares, el criterio predominante fue el de justificar el fenómeno a través de las peculiaridades del medio ambiente.

La teoría del medio debía tentar a sociólogos que se enfrentaban con un proceso de transformación provocado por el acceso de numerosos grupos de inmigrantes al seno de una comunidad de definida tradición. Para el sociólogo, para el político y para el observador vulgar, el dilema que se ofrecía a la vida argentina era simple pero decisivo: o la sociedad criolla absorbía plenamente al conglomerado inmigratorio o éste disolvía la sociedad tradicional. Pero los grupos intelectuales de comienzos del siglo, como herederos directos de la generación del 80 y nietos de la generación que había organizado el país desde 1852, pensaban que la sociedad tradicional tenía defectos gravísimos, heredados todos —según opinaban muchos— de la tradición colonial española. Hubo por entonces, ciertamente, un fuerte movimiento antihispánico, pues se atribuía a la Iglesia católica, a las supersticiones y aun a las costumbres españolas, el escaso desarrollo económico del país y la perduración del ambiente colonial: tal era, sobre todo, el punto de vista de Agustín Álvarez y de Juan Agustín García. “Los extranjeros —escribía el primero en 1904— nos han mejorado infinitamente menos por la sangre que han mezclado con la nuestra, que por las ideas y los sentimientos superiores que han aclimatado en nuestro espíritu, y por la influencia que esto ha ejercido en nuestro entendimiento de la vida.” La gran preocupación de Agustín Álvarez era, precisamente, que el medio ambiente de tradición española concluyera por absorber la inmigración extranjera. Carlos Octavio Bunge, en cambio, creía que esta absorción, que estaba seguro que había de producirse, sería beneficiosa para el país, “pues ese elemento inmigratorio —escribía— una vez nacionalizado y acriollado, acomodándose a los sentimientos e ideas del litoral, los mejora y tiende a formar una psicología argentina, la más bella y poderosa, la que amalgamará y refundirá en su crisol todos los factores y regiones para que fluyan en purísimo oro”; por su parte, Ricardo Rojas decía en La restauración nacionalista: “La anarquía que nos aflige ha de ser pasajera. Débese a la inmigración asaz numerosa y a los vicios de la inmigración. Pero el inmigrante europeo es hoy como el de la época colonial: vuelve a su tierra o muere en la nuestra. Lo que perdura de él es su hijo y la descendencia de sus hijos, y éstos, criollos hoy como en tiempos de la Independencia, tienen ese matiz común que impóneles el ambiente americano.” Eran distintos resultados de un mismo método y de una misma doctrina. La lectura de Taine, de Renán y de Fustel de Coulanges confluía con la de los sociólogos positivistas en una imagen del contorno espiritual y material de las sociedades que solía expresarse bajo la denominación de “mundo moral”. Alojado dentro de esos marcos desenvolvía su vida una colectividad que, poco a poco, creaba en el devenir de la historia su “psicología social” y acuñaba las ideas y tendencias que regirían su vida colectiva. La determinación del “carácter nacional” y de las “ideas predominantes” debía ser, pues, uno de los temas principales del sociólogo.

Juan Agustín García se preocupó por filiar el origen de las instituciones y de las costumbres morales y, entre los resultados de su estudio, anotó los cuatro factores que él consideró fundamentales de la vida argentina. Eran la fe profunda en la grandeza futura del país, la preocupación económica con exclusión de todo otro interés, el culto del coraje y el desprecio de la ley. Era la época en que José María Ramos Mejía escribía su libro sobre Las multitudes argentinas y Lucas Ayarragaray su estudio sobre La anarquía y el caudillismo. El criollismo parecía robustecerse en la imaginación de los sociólogos, acaso porque se advertía en la realidad la intensa arremetida que contra sus contenidos espirituales lanzaba la ola inmigratoria, pero también porque se observaba la aparición de formas híbridas en las que las tradiciones vernáculas se trasmutaban en el nuevo ambiente creado por la inmigración: así el coraje del gaucho se prolongaba en las actitudes viriles y jactanciosas del hombre del suburbio, del “compadrito” que destacaba su inconfundible figura en el sainete y en el tango; y las peculiaridades del criollismo parecían seguir vigentes a los ojos de los sociólogos, todos ellos, por lo demás, pertenecientes a una minoría intelectual que se reclutaba, en general, en las filas del patriciado. Así, aunque el argentino era ya para entonces un tipo indescriptible a causa de las diversas influencias que comenzaban a cruzarse en él, Joaquín V. González afirmaba que lo que lo distinguía era el ser “impetuoso, caballeresco y sentimental”, en tanto que, con análogo criterio, sostenía Carlos Octavio Bunge que lo caracterizaban “la pereza, la tristeza y la arrogancia”. Más categórico, Agustín Álvarez, en su Manual de patología política, se atrevía a llamar a las peculiaridades de sus compatriotas, simplemente, las “imbecilidades argentinas”.

3

Quizás haya sido en la afirmación —polémica y generalmente retórica— de lo nacional como se haya manifestado más resueltamente el espíritu del Centenario. A medida que se acercaba la celebración de los cien años de la Independencia nacional maduraban y adquirían inequívoca evidencia los frutos del movimiento inmigratorio. Un aspecto, sobre todo, influyó considerablemente en ciertas repercusiones del problema: la organización de los grupos anarquistas y socialistas que desencadenaron importantes movimientos entre las masas trabajadoras.

Se comenzó entonces a hablar de doctrinas exóticas y maléficas; y el coro de elogios convencionales que solía oírse alrededor del tema de los inmigrantes que venían a labrar la fértil tierra argentina, comenzó a apagarse por los recelos que suscitaba la “mala inmigración”, la de los “extranjeros desagradecidos” que organizaban huelgas y difundían doctrinas socialistas o anarquistas. Contra ellos se dictó en 1902 la llamada “ley de residencia”, que autorizaba al gobierno a expulsar a los extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”, y en 1910, la “ley de defensa social que legislaba sobre admisión de extranjeros, asociación de personas para la difusión de ciertas ideas y actos de propaganda y terrorismo. Aunque tales medidas llevaron alguna tranquilidad a los timoratos, no faltó quien denunciara el alcance de tales hechos. Es revelador el manifiesto que lanzó el Partido Socialista en mayo de 1909, con motivo de algunos hechos de violencia y de las explicaciones que dio el gobierno sobre ellos. “El gobierno responsable de la masacre obrera del 1° de mayo —decía el manifiesto— proclama con fruición que casi todas las víctimas eran extranjeras.

“Hijo del predominio político de las provincias de tierra adentro, la obra sanguinaria de sus genízaros le parece excelente procedimiento de argentinización. Quiere nivelar el proletariado de Buenos Aires con el de las zonas del país donde es más abyecto y servil; quiere que el nivel mental de los trabajadores de la Capital no exceda al de los inconscientes parias que trae del interior y arma para su nefasta obra de exterminio.

“Es cierto que, con dineros sustraídos al pueblo trabajador, fomenta la inmigración que ha de abaratar la mano de obra. Pero, como trabajadores, no le parecen buenos sino los extranjeros sumisos siempre agradecidos a la pitanza que les permite vivir, sin más preocupación que la de llenar las necesidades más elementales.

’’Denunciamos ese concepto mezquino y retrógrado como uno de los más grandes estorbos a nuestro desarrollo nacional, como el torpe disfraz que malamente disimula la desenfrenada codicia y las bajas ambiciones de los hombres de la oligarquía.

”Su patriotismo les permite pedir a los patronos extranjeros que manden sus peones argentinos a votar por las facciones de la política criolla; les permite vender el país entero a empresas extranjeras, cuyos abogados son altos personajes políticos, y de cuyos directorios salen ministros y presidentes; les permite también valerse de extranjeros para la obra nefanda de la corrupción y anulación del voto argentino. Pero les hace mirar con odio tanta altiva reclamación obrera, toda tendencia política genuinamente popular, y en su incapacidad para comprender el movimiento obrero, y adaptar a él sus actividades de clase gobernante, no encuentra argumento mejor que acusarlo de extranjero.

“Denunciamos esa acusación como una baja maniobra tendiente a perpetuar la oligarquía. Los que así hablan son vulgares politicastros para quienes la patria es fuente inagotable de enriquecimiento personal y de vanos honores, que, al agigantarlos, empequeñecen al país; intrigantes hechos a todas las malas artes, desde las elecciones falsas hasta la revueltas simuladas con soldados de línea; pobres espíritus absorbidos por sus menguadas luchas de camarillas.

“El movimiento obrero argentino es obra de hombres nacidos aquí y en otros países, como tiene que ser toda sana actividad colectiva en un país cosmopolita. El movimiento obrero da a todos los hombres del país un alto ejemplo de conciencia histórica y política, solidarizando a los hombres de igual condición social, cualquiera sea su patria de origen. El movimiento obrero hace obra de argentinización librando a nativos y extranjeros de prejuicios de raza, y haciéndolos trabajar de consuno en la elaboración de un más fuerte y más alto pueblo argentino. Circulan ahora en el mundo los sentimientos y las ideas con la misma libertad que los hombres y las mercancías. ¿Cómo podrían entonces alcanzar los nuevos ideales y los nuevos métodos? ¿Si copiamos de Europa las artes y las ciencias, si de allá traemos las semillas y las crías que refinan nuestros cultivos, no son también para este país una bendición las nociones y prácticas importadas que han de sacarnos del pantano de la política criolla?

“Somos los continuadores de la obra de la Independencia, y cuando llegue la hora del Centenario, la tierra argentina, fuera de sus trigos y sus lanas nada podrá presentar que la acerque tanto a los pueblos cultos como su agitación proletaria.

“Pese a la clase gobernante, ha de formarse en este país un pueblo trabajador de los más inteligentes y libres del mundo.”

Ciertamente, la reacción contra el cosmopolitismo y las agitaciones sociales originó un movimiento farisaico encubierto de nacionalismo. Pero es innegable que un movimiento nacionalista auténtico, sincero y profundo se desarrollaba en el seno de los viejos grupos criollos, cada vez más alarmados por la influencia de la ola inmigratoria y por el progresivo desvanecimiento de los rasgos de la personalidad nacional.

Fue el uruguayo José Enrique Rodó quien pronunció —en Ariel— las primeras palabras de alarma contra la “afluencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil”; el fenómeno suscitó en el ánimo del ilustre ensayista un sentimiento de aristocracia, porque creyó que entrañaba la “degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del número toda noción de calidad”. Y tras las huellas de Rodó algunos grupos autóctonos comenzaron en la Argentina, como en otros países del Continente, a afirmar su “arielismo”, su sentimiento minoritario, aristocrático y espiritualista, modelado en áspero contraste con el poco elegante apremio de quienes llegaban a “hacer la América”.

Ricardo Rojas expresó ese sentimiento con profundidad, sólidos fundamentos y justa medida en La restauración nacionalista. Recogiendo la apesadumbrada pregunta de Sarmiento relacionada con el mismo problema: ¿Argentinos? Desde cuándo y hasta dónde, bueno es darse cuenta de ello”, Rojas decía: “Antes de que la respuesta pueda ruborizamos, apresurémonos a templar de nuevo la fibra argentina y vigorizar sus núcleos tradicionales. No sigamos tentando a la muerte con nuestro cosmopolitismo sin historia y nuestra escuela sin patria.” Esta actitud entrañaba un nacionalismo, pero no el nacionalismo farisaico de quienes se ocultaban los problemas del país, ni el nacionalismo agresivo de quienes se jactaban de una superioridad no probada. Había en Rojas una reacción sentimental —la de “los que a fuerza de ser argentinos empiezan a sentirse extranjeros en su propia patria”—; pero había sobre todo una apreciación objetiva y clara del problema, que concluía en un pronóstico y en un programa para su solución.

Sin embargo, no fue la ola creciente del cosmopolitismo lo único que desencadenó el sentimiento nacionalista. Rodó lo tradujo también en otros términos cuando, lo concibió como una oposición frente a Estados Unidos y al practicismo norteamericano. Diez años antes, por su parte, los representantes argentinos ante la primera Conferencia Panamericana reunida en Washington en 1889 manifestaban ya la orgullosa decisión de no aceptar la tutoría de Estados Unidos. Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña levantaron su voz contra las pretensiones hegemónicas enunciadas por el secretario de Estado, Blaine, y definieron un innegable sentimiento de resistencia frente a su país, que era ciertamente compartido por muchos. Acaso esconda cierta clave de ese sentimiento un párrafo de la crónica que, sobre la conferencia, envió José Martí a La Nación de Buenos Aires de la que por entonces era corresponsal: “Son acá levadura viva los celos de Inglaterra” —escribía—, y el Sun maligno, aliado demócrata de Blaine, denunciaba a los que se le opusieron en la sesión como “empleados e instrumentos de Inglaterra”; pues, en efecto, buena parte de aquella resistencia contra Estados Unidos nacía en ciertas élites argentinas de su solidaridad con Inglaterra y de su consustanciación con los modos de vida ingleses. Pero de todos modos, nació de esta extraña coyuntura una manifestación de nacionalismo latino, que se lanzaba contra los admiradores del utilitarismo norteamericano y detractores, al mismo tiempo, de la tradición española. Tuvo ese sentimiento ocasión de precisarse con motivo de la guerra de Cuba en 1898, y por esa época desarrolló Rodó en Ariel su antinomia entre utilitarismo e idealismo que arrastraba la contraposición entre la América anglosajona y la América hispánica.

La celebración del Centenario forzó las posiciones frente a la realidad nacional. Se afianzaron en sus convicciones quienes, a la luz de severo análisis, renegaban de las tradiciones hispanocriollas, y siguieron esperándolo todo del ejemplo anglosajón; se robustecieron en sus ideas los que temían la influencia del cosmopolitismo y propiciaron una política de decidida absorción de la población de origen extraño; y no faltaron quienes cerraron los ojos a todo examen y se dejaron ganar por un optimismo fácil y un conformismo superficial, que derivaron en formas groseras de patriotismo muy a tono con las formas externas del regocijo oficial propio de la fecha. En El juicio del siglo, Joaquín V. González reseñaba con rara objetividad y aguda penetración las alternativas de nuestra evolución histórica, y señalaba al final que “aunque a veces hubiera pretendido con tenaz empeño apoderarse de la opinión la tendencia chauvinista, tan llena de peligros y falsas sugestiones, ella no ha pasado de esferas secundarias”. Pero ciertamente predominaron esas esferas secundarias por encima de las opiniones ponderadas y críticas precisamente en ocasión del Centenario. La retórica oficial acuñó definitivamente el tópico de “la grandeza nacional”, de nuestro envidiable destino y de nuestras innatas virtudes; y grupos irresponsables desataron una ola de xenofobia como complemento aparentemente indispensable del orgullo oficial. La idea de la patria adquirió un valor convencional en las frases hechas; pero arrastraba un sentimiento auténtico e innegable que se difundía y operaba en el complejo social como un vivo estímulo para la reducción de lo heterogéneo en lo homogéneo, para la absorción de los grupos humanos de diverso origen en la colectividad. Era el sentimiento de confianza profunda que había comenzado a obrar en un poeta de tradición anarquista, Leopoldo Lugones, y que lo movía a escribir en 1910, en la primera de sus Odas Seculares:

Patria, digo, y los versos de la oda

Como aclamantes brazos paralelos,

Te levantan Ilustre, Única y Toda

En unanimidad de almas y cielos.

El robustecimiento del patriotismo pareció a muchos el arma necesaria para contrarrestar los peligros del aluvión cosmopolita. Como presidente del Consejo Nacional de Educación, José María Ramos Mejía echó las bases de una reforma destinada a transformar la escuela elemental en un eficaz instrumento de acción para lograr la incorporación profunda y sincera de los hijos de inmigrantes a la colectividad nacional. El nacionalismo fue una respuesta, una convicción elaborada en la experiencia, y adquirió un aire combativo y dinámico. Ricardo Rojas, enviado por el Gobierno a Europa para interiorizarse del desarrollo de los estudios históricos —”problema relacionado con los más vitales intereses de nuestra nacionalidad”, decía— defendió en su informe la urgente necesidad de rever los principios fundamentales de la educación argentina. Y con amplia doctrina y profundo convencimiento, afirmó que una educación basada en la historia era el único camino capaz de crear el sentimiento colectivo que el país requería para fundir sus heteróclitos elementos. Ese pensamiento es el que desarrolló en La restauración nacionalista.

4

Pero las ideas sobre la historia no eran unánimes, ni en cuanto a sus principios fundamentales ni en cuanto a los contenidos específicos de la historia argentina.

Ricardo Rojas, pese a su vasta cultura y a su curiosidad por las ideas y las cosas de Europa, adoptó un punto de vista concordante con el que había sostenido Joaquín V. González en La tradición nacional. Hallaba éste en el desarrollo de la cultura hispanoamericana inequívocas reminiscencias que lo llevaban a pensar en la perpetuación de un destino autóctono; y Ricardo Rojas continuó esa línea no sólo en las páginas ya citadas sino también en las de Blasón de Plata y de Argentinidad, dos libros en los que negaba la presunta influencia, tantas veces señalada, de las ideas extranjeras en el desarrollo de la democracia argentina, afirmando en cambio la existencia de una continuidad interna en el proceso de su formación.

Fiel a esta convicción íntima, Ricardo Rojas procuró estudiar a fondo en Europa las críticas a las ideas historiográficas del Romanticismo; el pensamiento de Taine, de Renán, de Lavisse, de Monod; el proceso de “integración’’ de la historia —como él dice, “desde el poema homérico a la Kulturgeschichte alemana”— pero mantuvo viva en su espíritu su concepción originaria de la historia, en la que latía la esperanza de que sirviera a la formación del alma colectiva. La conciencia de la nacionalidad —decía— se forma por la cenestesia colectiva y la memoria colectiva. “He ahí el fin de la historia —agregaba—: contribuir a formar esa conciencia por los elementos de tradición que a ambas las constituyen. En tal sentido, el fin de la historia en la enseñanza es el patriotismo, el cual, así definido, es muy diverso de la patriotería o el fetichismo de los héroes militares.” Y agregaba luego: “Para ello la Historia no necesita deformarse: bastaríale presentar los sucesos en la desnudez de la verdad. Los desastres merecidos de la patria, los bandidos triunfantes, las épocas aciagas, las falsas glorificaciones, todo habría que contárselo a la juventud. En este afán por descubrir y decir lo verdadero, iría por otra parte implícita una admirable lección de moral.”

Este clamor en favor de una historia veraz, ajena a los intereses de bandería y cuyo contenido fuera el fruto de una indagación seria y objetiva, se generalizó y amplió sus alcances. La preocupación por la historia posterior a la Independencia y el interés que suscitaba el fenómeno rosista se acrecentaba a medida que se hacía más compleja la realidad social del país y más enigmático su futuro. Joaquín V. González definía los cien años de la historia argentina independiente con estas terribles palabras: “El historiador deberá cruzar este infierno, guiado por las altas virtudes que sólo el estudio, el raciocinio y el amor de la patria y la humanidad engendran y mantienen, tanto más en el siglo vivido por la Nación Argentina, en el cual, como ha de verse en este breve estudio, acaso más que en ninguno de sus contemporáneos, la pasión de partido, las querellas domésticas, los odios de facción, la ambición de gobierno o de predominio personal, constituyen una de las fuerzas más permanentes y decisivas en el dinamismo general de todo el país.” Para emprender esta labor, advertía González que era necesario “empezar el análisis científico que procure arrancar la historia del dominio de las causas accidentales, transitorias o personales”, pero no sólo por el placer de la objetividad o por la gravitación del pensamiento crítico que dominaba ya el saber histórico en Europa, sino por otras causas que explicaban esa singular actitud en ese instante de la cultura argentina.

La primera era, sin duda, de orden intelectual. Si con el período histórico de la Independencia habían podido construir Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López una obra de sólidos fundamentos, parecía ya llegada la hora de incluir en el dominio de los estudios históricos de base científica el período rosista, en el que se escondían tantos y tan graves problemas que repercutían sobre la realidad de su tiempo. La segunda era que, para la época del Centenario, la problemática incluida en la polémica del rosismo perdía interés y vigencia a pasos agigantados. Poco a poco habían desaparecido los últimos protagonistas de la ardua lucha, y las condiciones sociales, económicas y políticas del país planteaban nuevos y muy diversos interrogantes. Y la tercera era que se vislumbraba la esperanza de que un análisis desapasionado y objetivo del pasado argentino ofreciera —por encima de toda preferencia— una clave para entender los nuevos procesos; por eso González pedía un ejercicio científico de la historia, “para ensayar la deducción de leyes constantes o periódicas, radicadas, ya sea en los caracteres étnicos y territoriales invariables, ya en las propias enseñanzas del pasado más remoto, ya, por fin, en la sistematización de las ideas, principios o teorías expuestas por los escritores de la época, en todas las direcciones en que la masa nacional se ha agitado, ha evolucionado o ha marchado con rumbos más o menos conscientes”.

Los movimientos de masas y las relaciones entre las clases inquietaban, sin duda, al autor del Juicio del siglo, cuyos esfuerzos de político y de jurista se habían concentrado poco antes en la preparación de un proyecto de código del trabajo que afrontara los problemas sociales que inquietaban la vida argentina de aquellos días. Con intereses semejantes buceaba en la historia Adolfo Saldías, a quien también se le encargó por entonces un estudio retrospectivo de la vida argentina, que publicó con el título de Un siglo de instituciones; el autor de la Historia de la Confederación reiteró entonces sus puntos de vista y ofreció sistemáticamente, en un significativo pasaje del capítulo XI, una interpretación de las crisis sociales argentinas. Sostenía Saldías que el movimiento revolucionario de 1810 estaba caracterizado por el predominio de las clases aristocráticas, que se habían independizado apoyadas en el derecho municipal español; la crisis de 1820, en cambio, había sido una “reacción tumultuaria de las clases medias, de las inferiores clases sociales, contra la oligarquía de los hombres y partidarios de los Triunviratos y Directorios”, y la de 1830, en cambio, había sido una reacción más radical que contó con la plena solidaridad de las clases populares. “Por los auspicios de estas tres grandes proporciones —terminaba Saldías— se ha desenvuelto la sociabilidad argentina desde 1810 hasta 1830, en virtud de lo que se podría llamar la ley de las renovaciones políticas, las cuales se han ajustado a principios cuya originalidad y cuya lógica son dignas de estudio para meditar con fruto sobre la filosofía histórica.”

Un intento semejante había realizado en los últimos años del siglo anterior, y siguiendo el camino abierto por la obra fundamental de Saldías, el historiador Ernesto Quesada en su libro La época de Rosas. También él colocaba su estudio sobre principios de absoluta objetividad, y aducía en favor de su tesis que sólo en el estudio sereno del pasado podía hallarse “la enseñanza del porvenir, y causas análogas pueden producir fenómenos semejantes en cualquier época”. Atraído por las consecuencias —próximas y remotas— del fenómeno, se interesó por las circunstancias que lo explicaban, guiado por la influencia de los sociólogos y de los historiadores de tendencia sociológica, hasta llegar a la conclusión de que Rosas había sido tan sólo un hijo de su época y ésta a su vez el fruto de inevitables encadenamientos que suponían largos procesos.

Con una doctrina más precisa y más elaborada intentó Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista, ex

plicar en 1898 el desarrollo de la vida social del país en un conciso y madurado estudio que tituló La teoría científica de la historia y la política argentina. Una brevísima caracterización de la doctrina económica —designación que él prefería a la de materialismo— hecha con palabras de Marx y de Engels, abría el estudio, al que sirve de regla esta acotación: “Al afirmar el papel fundamental del modo de producción y de cambio en la historia, Marx y Engels han estado muy lejos de formarse del desarrollo histórico un concepto unilateral”. “La situación es la base”, dice Engels, “pero… las formas del derecho… las teorías políticas… las opiniones religiosas… etc., ejercen también su acción sobre el curso de las luchas históricas, y en muchos casos determinan su forma en primer término.” Y sorteando el peligro de un criterio unilateral estrechado por la reducción a ciertos principios elementales, Justo se introducía en el análisis de la vida argentina desde el punto de vista de los fenómenos de la producción y de las luchas de clases que la caracterizan. Analizaba la revolución de 1810 en relación con lo que López había llamado la “burguesía decente”; examinaba las guerras civiles en relación con los gauchos, que identificaba como “la población de los campos acorralada y desalojada por la producción capitalista, a la que era incapaz de adaptarse, que se alzaba contra los propietarios del suelo, cada vez más ávidos de tierra y de ganancias”; estudiaba a Rosas en relación con la población campesina, que “fue dominada por los mismos que ella había exaltado como jefes”; consideraba la situación de su tiempo como el resultado del “progreso económico [que] nos había incorporado de lleno al mercado universal, del que somos una simple provincia”. Y a lo largo de este examen replanteaba los grandes problemas de la política de la hora con meridiana claridad e inflexible lógica.

Los fundamentos de su interpretación de la historia los expuso Juan B. Justo más tarde en su obra fundamental, Teoría y práctica de la historia, que vio la luz precisamente en 1909, el mismo año en que publicó Ricardo Rojas La restauración nacionalista. En aquélla, desarrolla Justo los puntos fundamentales del marxismo, pero

enriqueciendo y variando sus fundamentos con una teoría biológica de las sociedades humanas que justifica la interpretación económica que él propone y desarrolla. El punto de partida, empero, de la indagación histórica es una inquietud acerca del destino futuro de la humanidad. “No sabríamos siquiera qué preguntar al pasado sin nuestros anhelos para el porvenir.” De aquí que la historia se instrumentalice frente a las exigencias de la acción, en la que Justo ve, como Goethe, el comienzo de toda cosa.

El conocimiento del pasado debe ajustarse a su propia naturaleza. “El mundo de la historia —dice— es una masa de hombres y cosas movidos y moldeados por fuerzas tan regulares como las que mueven el sistema solar y han moldeado la corteza terrestre. Los fenómenos históricos son también lógicos y necesarios, consecuencias fatales de combinaciones de circunstancias dadas. Una neoformación social, una revolución, la expansión o decadencia de una raza, deben producirse en condiciones tan regulares y determinables como la cristalización de un mineral, una descarga eléctrica, la evolución de una especie.

“Más que una simple deducción, impuesta al raciocinio por la regularidad que descubrimos en los fenómenos de otro orden, ésta es una inducción directa de los hechos, cuya basa se extiende a medida que conocemos mejor el pasado de la Humanidad y dedicamos más atención a su desarrollo presente.” Esta regularidad se apoya en la regularidad del comportamiento biológico, en el que ve el fundamento de las sociedades humanas. Pero sobre esa base se producen variaciones fundamentales. “Encontramos, pues, condicionada la acción de los principios biológicos en la especie humana por las actividades intencionales del hombre, que obedeciendo a las leyes generales de la vida, al mismo tiempo que las altera, y, en bien o en mal, les imprime un sello peculiar.

“El predominio de las funciones vegetativas toma en la Humanidad una forma superior, en relación con la altura mental del hombre, y se manifiesta en fenómenos sociales de un orden propio, que no reflejan sino mediata e indirectamente las leyes de la biología.

“La acción intencional crea el mundo técnico-económico, que se superpone al ambiente físico-biológico.” Justo estudia aquellos fenómenos, y sus derivaciones a través de la guerra, la política, la lucha de clases y las relaciones entre capitalistas y asalariados, para concluir con una fervorosa profesión de fe en la vida. “La última conclusión de la ciencia es la del sentido común: prácticamente el hombre es el centro del mundo, y nada tanto como el hombre mismo debe preocupar al hombre. Mas no descubre la ciencia en el mundo un fin bueno e inteligente, una moral. Seres infinitos nacen, sin responsabilidad, para una vida frustrada. Lo que para nosotros es enfermedad y muerte, es para los microbios un festín. Los caprichos de la atmósfera hacen de la agricultura un juego de azar. Dentro mismo de la sociedad humana, chocan ciegos y furiosos los elementos.

”¿A qué tiende la Historia? ¿A dónde va la vida? A su propio incremento, a su propia expansión. Como los organismos elementales, propende el hombre a multiplicarse con toda su potencia. A cada rotación lunar, florece la mujer en su inmanente anhelo de maternidad; vigorizado por los gérmenes de la generación que lleva en sí, mantiene el varón siempre tensa la cuerda de su esfuerzo hacia el crecimiento infinito de la especie. Forma superior de la vida, llévala el hombre y la acrecienta por doquier. Para ello crea su técnica, para ello establece y cambia sus relaciones sociales. En su eterno impulso vegetativo, invade el mundo entero, sujeta las fuerzas físicas, reduce o extiende, según sus propias necesidades, las otras formas de la vida. Lucha también consigo mismo. ¡Ay de las aristocracias que estorban al aumento de la población! ¡Ay de los pueblos que no saben sacar del suelo que habitan todo lo que en el cultivo de la vida puede dar! Ellos serán barridos o dominados por otras clases y otros pueblos más enérgicos. ¿Para qué son las revoluciones y las conquistas? Vano es todo derecho a la vida que no se afirme en su propio ejercicio. La conciencia está al servicio del aumento inconsciente e instintivo de la materia organizada. Adquirimos y desarrollamos funciones de relación, para vegetar mejor. Una fuerza primordial domina a la Historia: la tendencia al crecimiento indefinido del protoplasma.”

La interpretación económica de la historia sirvió algunos años más tarde a Juan Álvarez para renovar el estudio de la época de las guerras civiles y la tiranía. Sin plantear problemas teóricos, Álvarez organizó el análisis de todo el período alrededor del problema de la navegación de los ríos interiores, y de las consecuencias económicas que tuvo el régimen de esas vías para las provincias del litoral; de allí dedujo la explicación de las situaciones políticas creadas entre las provincias litorales y Buenos Aires, más allá de toda la rica y variada historia anecdótica que solía ilustrar el período.

Preocupado por otros problemas, José León Suárez publicó en 1916 una monografía titulada Carácter de la Revolución Americana: Nuevo punto de vista sobre la independencia hispanoamericana. Siguiendo las reflexiones de los hispanizantes, Suárez dio forma a la doctrina de las relaciones entre el movimiento liberal en las colonias y en España. Tuvo su obra mucho eco —en relación, por cierto, con los planteos políticos antiimperialistas— y dejó abierta una vía de estudio y de interpretación del fenómeno de la independencia hispanoamericana, incomprensible, a su juicio, fuera del cuadro de las ideas y las luchas que se producían en España misma.

5

La oposición entre nacionalismo y universalismo, entre nacionalismo y clasismo, entre idealismo y materialismo, fue, en todos los aspectos de la vida y de la cultura argentina, y con diversos matices, un fenómeno característico del momento del Centenario. Si la ocasión era propicia para examinar el destino histórico del país desde el punto de vista de su pasado, no lo fue menos, sin embargo, para despertar la conciencia pública frente a los nuevos fenómenos sociales que se manifestaban y que se interpretaban de diversa manera. Huelgas y movimientos de agitación alteraban la calmosa vida pública, promovidos por los grupos proletarios que cada día cobraban más firmeza, mejor organización y más clara conciencia de su posición político-social. Los grupos tradicionalistas, reaccionarios salvo pocas y honrosas excepciones y ya preocupados por la amenaza de la Unión Cívica Radical, sólo atinaron a proponer la represión como maniobra política de defensa frente a los nuevos fenómenos de masas. No faltaron en el campo político ni en el doctrinario quienes se preocuparan por el problema obrero. Joaquín V. González proyectó la Ley Nacional del Trabajo en cuya redacción colaboraron hombres de diversas tendencias: Del Valle Iberlucea, Manuel Ugarte, Augusto Bunge, Leopoldo Lugones y Juan Bialet Massé; este último, profesor de la Universidad de Córdoba, había publicado un Tratado de la responsabilidad civil en el Derecho argentino bajo el punto de vista de los accidentes de trabajo, y un Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, ambos en 1904. Pero las soluciones sutiles que de esos estudios podían inferirse no fueron halladas a tiempo. Y frente a los grupos reaccionarios, los sectores anarquistas y socialistas, de sólida doctrina y rica experiencia internacional en relación con los procesos sociales derivados de la transformación técnico-industrial, asumieron la representación de las nuevas fuerzas que surgían en el país.

El anarquismo, bajo la ya señalada inspiración de Gori, emprendió una acción organizada y llegó en 1905 a predominar en el Consejo de la Federación Obrera Argentina. La base doctrinaria del socialismo era en la Argentina la misma que en otros países, pero las circunstancias históricas eran tan diversas que no fue poco esfuerzo adecuar los principios teóricos a la realidad. El naciente desarrollo comercial e industrial aceleraba la definición social de un proletariado que tenía, como característica esencial, estar constituido en buena parte por extranjeros, a causa de la afluencia de inmigrantes al país. La oligarquía planteó entonces el problema de los conflictos del trabajo y las reivindicaciones obreras no como un conflicto de clases sino como un encuentro entre nativos y extranjeros, movidos estos últimos por el designio de disolver la sociedad a cuyo seno se habían acogido. Pero el socialismo salió al encuentro de tal tesis aplicando una doctrina universal que correspondía a la universalidad del hecho económico-social, y trasladando con ello el problema al terreno en que debía enfrentarse.

El planteamiento concreto del asunto giró alrededor de una ley de extrañamiento de extranjeros —conocida como “ley de residencia”— que la oligarquía sancionó en noviembre de 1902 a raíz de fuertes movimientos obreros. El gobierno quedaba facultado por ella para expulsar del país a todo extranjero que considerara peligroso para la seguridad nacional y el orden público, de modo que desaparecían todas las garantías que la Constitución ofrecía al que había decidido radicarse en el país. La ley fue objetada por razones institucionales, pero fue sancionada. Su enjuiciamiento ocurrió más tarde, cuando en 1904 llegó al Parlamento el primer diputado socialista, Alfredo L. Palacios. Al fundar un proyecto de derogación de la ley, formuló el problema de las huelgas en sus verdaderos términos; expuso entonces ante los representantes de la oligarquía los fundamentos de la doctrina económica de la historia y derivó de ella una interpretación de los hechos sociales que ocurrían en ese momento en el país.

Eran, sin duda, hechos de escasa magnitud si se usaban como vara de medir los procesos europeos análogos; pero tenían creciente gravedad, sobre todo por la estrechez de criterio de ciertos sectores oligárquicos que confiaban en la posibilidad de mantener una situación de privilegio ya sobrepasada en muchas partes del mundo. Fue una trabajosa conquista del diputado socialista obtener la sanción de una ley que estableciera el descanso hebdomadario y otra que protegiera el trabajo de las mujeres y los niños. Y si la interesada oligarquía local podía equivocarse justamente al interpretar los nacientes fenómenos nacidos de la transformación económica del país, extraña que se equivocara también el sociólogo italiano Enrique Ferri, que visitó el país en 1908 y diagnosticó apresuradamente que el “socialismo argentino es una flor fuera de estación”, agregando que “es un producto de la civilización industrial y ustedes [los argentinos] pasan todavía por la era pastoril”. Estas palabras de Ferri provocaron no sólo una intencionada y aguda respuesta de Juan B. Justo, sino también una reafirmación de la interpretación socialista de la realidad nacional. En un desafío verbal, Justo refutó la tesis de Ferri y sostuvo, analizando el último capítulo de El Capital, titulado “La teoría de la colonización”, que en países agrarios se forma un proletariado rural que lucha contra la clase poseedora de los medios de producción y que debe ser esclarecido para orientar su lucha clasista. Concluyendo su discurso, agregó Justo: “Ferri presenta como obstáculo al socialismo la actual economía agrícola argentina; dediquemos, pues, mayor esfuerzo a la política agraria, que ha de acelerar la evolución tecnicoeconómica del país, y también su evolución política, enrolando en nuestro partido a los trabajadores del campo.”

Si la visita de Ferri dejó como saldo positivo para el socialismo el autoexamen de su validez, la que realizó en 1911 Jean Jaurés sirvió para que desde un escenario tan prestigioso como el del Teatro Odeón se hablara a la opinión media argentina de ideas que no quería oír de labios de sus compatriotas. El socialismo se robusteció, y en las elecciones de 1912, tras un cambio de régimen electoral, llevó al Parlamento dos diputados: Alfredo L. Palacios y Juan B. Justo.

Ciertamente, la opinión de Ferri sobre el socialismo argentino era compartida por muchos que advertían el abismo entre las reformas que exigía y el estado social e institucional del país. Para los espíritus esclarecidos, progresistas y guiados por el ejemplo europeo, el cuadro de la situación política del país parecía entristecedor. “Esos males —decía Indalecio Gómez en el Congreso— son, para decirlo en una palabra, la muerte del espíritu cívico, el anonadamiento completo de la democracia argentina. ¿Es que existe la democracia argentina? ¡Absolutamente no!” Algunos optaron por desentenderse de la actividad política, refugiándose en un elegante escepticismo al que no era ajeno, por cierto, la influencia de Anatole France; y otros mantuvieron su militancia convencidos de que los fenómenos que se ofrecían a sus ojos estaban dentro de la rigurosa lógica del proceso demográfico, económico y espiritual del país. Estos últimos recibieron el estímulo de los historiadores que intentaban una nueva interpretación histórica de nuestro pasado y de los conocedores de nuestras instituciones que se mostraban capaces de interpretarlas a través de la historia. Entre éstos, José Nicolás Matienzo ocupó un lugar de excepción con su obra sobre El gobierno representativo federal en la República Argentina, aparecida en 1917, en la que analizaba las instituciones políticas a la luz de la evolución de la sociedad, a la que consideraba sometida a leyes naturales.

Pero cualquiera que fuese la explicación que pudiera darse sobre la situación institucional, las opiniones comenzaban a agruparse con distintos matices que entrañaban definiciones netas y actitudes categóricas. La revolución de 1890 había conmovido la fácil seguridad de la oligarquía y en su seno los más inteligentes comenzaron a descubrir que el cuadro político había sufrido un cambio de inocultable profundidad: pareció, pues, necesario un cambio de actitud. Pero ajena e insensible al proceso social que empujaba hacia la primera línea a los nuevos grupos proletarios, y alarmada tan sólo por los problemas institucionales que le suscitaba la clase media en ascenso, representada por la Unión Cívica Radical, la oligarquía se escindió entre los que pretendían conservar ilegítimamente y a cualquier precio los privilegios manteniendo la perversión de las instituciones y los que aspiraban a mejorarlas, acaso con la esperanza de purificar sus privilegios y conservarlos en buena ley.

En el seno del Partido Nacional, que no era sino una vasta organización electoral, seguía ejerciendo fuerte autoridad el general Roca. Pero ya al acercarse las elecciones de 1892 se vio aparecer un grupo —llamado “modernista” y encabezado por Roque Sáenz Peña— que representaba el afán purificador de las instituciones frente a la organización electoral que Roca representaba. Era Roque Sáenz Peña un espíritu ecuánime y vigoroso, de clara visión y sentimientos honrados; conservador a la inglesa, creía en la democracia y acaso confiaba en que la democracia conduciría a un robustecimiento de su política moderada. Pero la organización electoral volvió a funcionar eficazmente y frustró el intento de mejorar el sistema institucional. El primer paso había sido dado, sin embargo. Todavía triunfó el general Roca en las elecciones de 1898, pero poco después se separó de él su más fuerte aliado, Carlos Pellegrini, que adoptó puntos de vista análogos a los de Roque Sáenz Peña, y los manifestó explícitamente en más de una ocasión. Sus palabras revelan un momento fundamental en el pensamiento político argentino, porque ponen de manifiesto el juego en que se vinculaban las principales tendencias de la opinión. En primer lugar los grupos obreros que hacían un nuevo planteo de la situación social, ahora modificada y preñada de promesas para el futuro; en segundo lugar, la clase media, esencialmente representada por la Unión Cívica Radical, que aspiraba a intervenir en el poder y que, sabiéndose mayoría, pedía pureza electoral y perfeccionamiento de las instituciones; y en tercer lugar una oligarquía que se dividía entre los que querían mantener la dirección tradicional como si nada hubiese ocurrido desde 1890, y los que, como Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, habían obtenido una lección de los hechos y aspiraban a modificar el rumbo quizá con la esperanza de que la mayoría prefiriera su posición moderada en un régimen parlamentario bipartidista. No son desdeñables estas palabras que pronunció el ministro Indalecio Gómez al defender en el Parlamento el proyecto de ley electoral: “No es el haber traído hombres eminentes al Congreso el único elogio que pudiera hacérsele, aun con las reservas expresas que he hecho, al sistema actual.

“Él ha contribuido a la formación de las clases conservadoras del país. En este Congreso, en las legislaturas de provincias, se han formado las clases conservadoras del país. Aquí, en el Congreso, ha estado la voluntad, la energía para resistir a todos los embates de la anarquía, de la revolución, del desorden. ¿Por virtualidad propia del sistema? No. Esa virtualidad corresponde a todos los sistemas —fíjese en esto la Cámara—, corresponde a todos los sistemas en los cuales el candidato a diputado pasa por métodos de selección que permiten designar a los más dignos.

“La misma razón explica también cómo es que la calidad de los elegidos fue siempre superior.

“Así, pues, si queremos que las clases conservadoras se encuentren siempre representadas aquí, y si queremos que este Congreso sea una base inconmovible de la formación de esa clase representativa, es menester que no nos separemos de los sistemas que permiten esa selección.”

En un gesto simbólico, Pellegrini se había negado a votar en 1902 la ley de Residencia de Extranjeros. Cuando poco después se trató en el Senado una reforma electoral que prometía una expresión más fiel y segura de la opinión popular en el Parlamento, Pellegrini no vaciló en enfrentarse con la realidad político-social del país, uniendo en un haz la inquietud social de las clases trabajadoras, manifestada a través de huelgas violentísimas, y la inquietud de las clases medias que aspiraban a llegar al poder y no vacilaban en buscar una salida a sus inquietudes en la conspiración. “La situación presente —decía Pellegrini— es la obra de todos los partidos y de todos los hombres públicos que hemos tenido actuación política en el país desde Caseros hasta la fecha; todos tenemos responsabilidad de lo que hoy pasa, y la única manera de evitar que esa responsabilidad se haga histórica es propender honradamente a la reforma, producir la reacción para suprimir y corregir estos males y devolver a nuestro país la verdad de sus instituciones, el ejercicio de su soberanía popular.”

Pellegrini volvería sobre este tema otras veces. En la misma línea política se alineó Roque Sáenz Peña, y cuando llegó a la presidencia en 1910, concretó sus esfuerzos en una ley electoral que, aprobada en 1912, instauró el voto secreto y obligatorio y el sistema de la lista incompleta, con el que tenían acceso a la representación parlamentaria las minorías. Pero no fue sin lucha. Pellegrini no había podido llegar a ser candidato a presidente en 1904 por la fuerza de la organización electoral que no quería abandonar sus métodos para conservar el poder; y durante el gobierno de Manuel Quintana, el gobernador de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, extremó los recursos para controlar los resultados de los comicios y mantener a cualquier precio el uso del gobierno, seguro de que le pertenecía de derecho a la vieja oligarquía y de que carecía de derecho para reemplazarla esa clase media que se constituía con el aporte humano de la inmigración extranjera.

Estas dos corrientes en pugna reflejaban la preocupación que en el seno de la oligarquía producía la actitud de la Unión Cívica Radical. Desaparecidos en 1896 Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle, el partido que fundara el primero quedó librado a las inspiraciones de Hipólito Yrigoyen, que reforzó la posición intransigente negándose en 1897 al acuerdo político con Roca. El nuevo jefe del partido quería la lucha y no la transacción, porque consideraba que eran incompatibles la tradicional concepción de la sociedad argentina, basada en el privilegio y el falseamiento de las instituciones, y la concepción radical y revolucionaria que él encarnaba, basada en la igualdad política y la autenticidad del régimen representativo. Por eso no vaciló en desencadenar la revolución en 1905. Pero al mismo tiempo su acción y su labor persuasiva contribuyeron a precipitar la maduración de la idea de que era necesaria una reforma electoral. La oligarquía disidente e ilustrada no pudo dejar de prestar oídos a esa doctrina que coincidía con sus aspiraciones; Pellegrini y Sáenz Peña escucharon al revolucionario que quería que se le ofreciera el camino de la legalidad. Y la ley electoral, promovida por Sáenz Peña, condujo poco después al poder a Hipólito Yrigoyen y al radicalismo.

6

Roque Sáenz Peña, en quien los observadores del proceso político argentino veían el espíritu superior capaz de romper una tradición arraigada para ofrecer nuevas formas de convivencia a la colectividad, mereció no sólo el reproche de algún sector de la vieja oligarquía que veía en él un traidor a su causa, sino también el sarcasmo ocasional de un filósofo. Con el título de El hombre mediocre escribió una encubierta diatriba contra el entonces presidente de la República por razones accidentales, el psiquiatra y filósofo José Ingenieros, espíritu burlón y apasionado por la vida cotidiana, pero profundo y sagaz en el estudio de los problemas filosóficos. Fue Ingenieros, sin duda alguna, la figura más significativa del pensamiento argentino en los años del Centenario, y la publicación de su Psicología genética en 1911 constituyó un hecho singular en la vida intelectual del país. Ya en 1903 había dado a luz su estudio sobre La simulación en la lucha por la vida, con el que se incorporaba a la corriente cientificista del positivismo. Su Psicología, que reeditó en 1913 con el título de Principios de psicología biológica, acentuó esta orientación, tras de la cual formaron densos grupos de estudiosos, pues la influencia personal de Ingenieros fue extraordinaria. “La psicología es una ciencia natural concordante con las hipótesis más generales de la filosofía científica”, escribía. Partiendo de la biología, Ingenieros aspiraba a formular leyes generales en el campo de la psicología, a través de las cuales pudiera establecer los fundamentos de la lógica, la ética o la sociología. Esta relación condicionaba todo el saber dentro de una concepción decididamente naturalista. Empero no entrañaba una actitud tan decididamente positivista, porque no cerraba totalmente la posibilidad para una metafísica, como se advertiría en sus trabajos posteriores.

Dentro de una corriente cientificista análoga a la de Ingenieros estaba el sabio paleontólogo Florentino Ameghino, desde 1902 director del Museo Nacional de Buenos Aires. En 1906 leyó en la Sociedad Científica Argentina el trabajo en el que fijaba sus opiniones filosóficas y científicas y que se conoce con el nombre de Mi credo. Afirmaba en él que el cosmos se compone de cuatro infinitos, dos tangibles y dos intangibles. “Materia y espacio —decía— tienen la relación de contenido y continente. El espacio existe, es una realidad, puesto que en el Universo es lo único inmóvil, perenne, inmutable, sirviendo de receptáculo a la materia. Concebir algo que sea menos que el espacio o que se encuentre fuera de él, es un imposible. La materia es la sustancia palpable que llena el Universo, y no podemos figurárnosla sino ocupando espacio; es evidente que la porción del espacio ocupada por un átomo de materia no puede a la vez ser ocupada por otro. La materia no tuvo principio, ni tendrá fin. Que es indestructible, es evidente, puesto que no es concebible la posibilidad de sacarla fuera del espacio. Como inseparable del espacio tenemos el intangible infinito tiempo, que podemos definir como la sucesión infinita de la nada corriendo paralelamente a las sucesivas fases de la eterna transformación de la materia. Como inseparable de la materia tenemos el infinito movimiento, que aunque inmaterial, a diferencia del infinito tiempo, es sensible y tangible.”

Los fenómenos naturales —afirmaba Ameghino— obedecen todos a las distintas combinaciones de dos movimientos que predominan en la materia: uno radiante y otro concentrante. Si es posible enunciar leyes de la naturaleza, es contando con que su validez sólo durará mientras dure cierto régimen de equilibrio entre aquellos dos movimientos, régimen que no es inmutable. La vida misma no es sino un aspecto del movimiento, y la diferencia entre el mundo de lo orgánico y lo inorgánico es accidental.

Con esta doctrina se alineaba Ameghino en las filas del cientificismo, con cuyos principios aspiraba el sabio naturalista a crear un cuerpo de doctrina que reemplazara a las creencias religiosas. Había en él, como en Ingenieros, una preocupación por los interrogantes últimos, cuya legitimidad no negaba; de aquí que sólo parcialmente se vincularan uno y otro al positivismo clásico.

Positivista ortodoxo y consecuente fue, en cambio, J. Alfredo Ferreira, acaso en esta época el más documentado y representativo de los que seguían las doctrinas comtianas. Otros muchos expusieron las ideas del positivismo, pero se atuvieron fundamentalmente a sus derivaciones educacionales; Ferreira, tuvo, en cambio, decidida vocación filosófica y aunque escribió poco y publicó menos aún, vivificó sus enseñanzas con un contacto asiduo con los textos y un análisis de las proyecciones posibles del pensamiento comtiano.

La plenitud del predominio de las concepciones positivistas apenas parecía discutible al concluir la primera década del siglo. Si algo les hacía sombra, era la intrépida tenacidad de algunos profesores —especialmente en la Universidad de Córdoba— que seguían enseñando filosofía según los textos de Balmes y Donoso Cortés. Empero, en la Universidad de Buenos Aires se iniciaba una rebelión de otro carácter. Rodolfo Rivarola, profesor de ética y metafísica en la joven Facultad de Filosofía y Letras, había comenzado a abandonar los textos usuales y empezaba a exponer en su cátedra el pensamiento de Kant, que transportaba a otro plano el planteo de los problemas filosóficos. Por su parte, Alejandro Korn se incorporó a la Facultad como profesor suplente en 1906 y como titular tres años después en la cátedra de Historia de la Filosofía, desde la que comenzó a ampliar el horizonte filosófico, sobrepasando el reducido y casi dogmático planteo que solían hacer los profesores de la época. Su sólido conocimiento de la filosofía del racionalismo, del empirismo y del criticismo, le permitió mediante un retorno a lo antiguo, salir del círculo vicioso de una filosofía que había logrado confundirse en la mente de muchos con “la” filosofía.

La influencia de ambos maestros fue pequeña al principio; pero la llegada de Ortega y Gasset en 1916, con la revelación filosófica que trajo consigo, la multiplicó y la hizo decisiva a través de las nuevas generaciones. Entretanto, atacaba también la vigencia del positivismo y el cientificismo la corriente católica, que se oponía no sólo a las doctrinas que respaldaban la escuela laica sino también a las que habían osado desafiar las enseñanzas de la teología. Ameghino, el sabio, era hostilizado por su calidad de sostenedor del evolucionismo, de modo que no sólo se combatía su pensamiento filosófico sino también su pensamiento y su obra científica.

Esta última, sobre todo, adquiría sin embargo cada vez más relieve. Los numerosos estudios paleontológicos y antropológicos de Ameghino, muchos de ellos publicados en los Anales del Museo Nacional, merecieron la atención de los círculos científicos extranjeros. Y en vísperas del Centenario comenzó a ocuparse del problema de la antigüedad del hombre en el Río de la Plata, publicando en 1907 su Tetraprothomo argentinus. En 1910 se reunió en Buenos Aires el decimoséptimo Congreso Internacional de Americanistas, y allí defendió con ahínco sus ideas, que expondría finalmente en La antigüedad del hombre en la República Argentina.

7

Diez años antes, en 1900, se había reunido también en Buenos Aires el Congreso Pedagógico Popular, en el que se expusieron los principios de la pedagogía triunfante, también de definido sentido positivista. Correspondió exponer allí los puntos de vista de la escuela filosófica y pedagógica predominante a J. Alfredo Ferreira, cuya juventud no obstaba para la madurez de sus ideas. Resumiendo la labor ya realizada decía: “Partiendo de las investigaciones de los sabios que estudian el alma en los laboratorios; sabiendo que sólo una tercera parte de la zona cerebral es conocida en sus funciones, estando más explorados los cielos; conociendo, sin embargo, que el cerebro colectivo ha producido monumentos de ideas y de acción que se elevan un palmo cada año, como la columna de Pozzuoli en Italia, según lo comprueba el conjunto de la ciencia abstracta y concreta, de la poesía, derecho, religión, trabajo; contando con la diferenciación constante de los cerebros individuales, que es progresiva, se ha ensayado en las escuelas argentinas que, dentro de una dirección comprensiva del maestro, los discípulos trabajen e investiguen libremente, en la medida de su complexión cerebral y aun corporal, sin respeto por la uniformidad y la igualdad que no son leyes de la naturaleza ni de la vida.

’’Como consecuencia de este mismo concepto orgánico, está herido de muerte el método exclusivo y absoluto preconizado por la escuela clásica, en nombre de la lógica abstracta. Respetándolo como valor en lo que vale como factor de juicio definitivo y guía de procedimiento, se lo ha transformado en relativo, pues los hechos corrigen los razonamientos, y los medios de educación deben armonizarse con el temperamento del que enseña y del enseñado, de la región y de los ideales de cada tiempo. Todos los medios son buenos, cuando son adaptados, y malos, cuando inadaptados o inadaptables.”

La preocupación por la educación y por las reformas en el sistema educacional para servir a las nuevas e imperiosas exigencias de la colectividad, fue intensa a principios de siglo. Pablo Pizzurno escribió por entonces La reforma de la enseñanza secundaria y normal, Leopoldo Lugones, La reforma educacional y Carlos Octavio Bunge, La educación. Con algunos matices se procuraba responder con un pensamiento coherente a la necesidad de una acción intensiva sobre las masas populares para que se compenetraran del espíritu nacional y se transformaran sus miembros en hombres útiles a la sociedad que progresivamente se constituía. Sólo una orientación utilitaria —afirmaba Bunge— podía asegurar un progreso social. Y el mismo autor, con el que coincidiría Ricardo Rojas unos años después, afirmaba que la educación nacionalista era una de las necesidades fundamentales del país.

Por esos mismos años —exactamente en 1905— fundó Joaquín V. González la Universidad de La Plata, cuya orientación general estaría dada por las doctrinas positivistas y las experiencias educacionales norteamericanas, en cuya difusión trabajaron intensamente Ernesto Nelson y Amaranto Abeledo. La nueva casa de estudios no debía ser una universidad más, análoga a las de Córdoba y Buenos Aires, sino una creación original en el país, en la que se desterrara la enseñanza verbalista y se la reemplazara por el aprendizaje directo. Rafael Altamira, el eminente historiador español, contribuyó a definir la fisonomía de la nueva Universidad. La teoría que presidió la organización fue estudiada, profundizada y expuesta en una sección pedagógica agregada a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la que trabajaron las figuras más representativas del positivismo pedagógico: Rodolfo Senet, Víctor Mercante, Leopoldo Herrera, Alejandro Carbó, Carlos Rodríguez Etchart.

En su Educación y evolución, como en La educación primaria y en los Apuntes de pedagogía, Rodolfo Senet difundió los elementos de la doctrina positivista; Mercante abordó los mismos temas y ahondó los problemas metodológicos; por esa vía influyeron ambos —y a través de ellos la universidad platense— en la orientación escolar del país, que cedió cada vez más a esa influencia. Desde 1908 hasta 1912 ejerció la presidencia del Consejo Nacional de Educación José María Ramos Mejía; fue preocupación fundamental suya introducir una orientación nacionalista en la escuela elemental para contrarrestar la acción del cosmopolitismo ambiente; pero no lo fue menos ordenar los planes y programas escolares de acuerdo con la pedagogía en boga, practicista y racional. Contó para ello con las nutridas promociones de maestros que formaban las escuelas normales, en las que desde las últimas décadas del siglo xix predominaba el positivismo difundido desde los centros de Paraná, Mercedes y La Plata. La formación de maestros fue un problema que se consideró resuelto, y la orientación doctrinaria fue positivista con exclusión de toda otra.

En otros aspectos de la enseñanza media la orientación no fue por entonces tan definida. Casi todos los ministros de Instrucción Pública que se sucedieron desde la segunda presidencia de Roca —Osvaldo Magnasco, Juan Ramón Fernández, Joaquín V. González, Juan M. Garro— se preocuparon por revisar los planes y programas del bachillerato; pero aunque afirmaron reiteradamente que la enseñanza debía ser práctica, no lograron introducir tal principio en un sistema que tuviera vida larga y vigorosa como el que presidió la vida de las escuelas normales. Subsistía la idea de que el bachillerato, puesto que era el camino de acceso a la universidad, tenía como misión la formación de las minorías dirigentes, y esa opinión robustecía la tradición humanista y formativa tradicional. De aquí la indecisión entre las dos concepciones educativas en el campo de la enseñanza media.

El cuadro de los grandes problemas educacionales y de su evolución práctica y doctrinaria fue trazado con precisión por Juan P. Ramos en su libro Historia de la instrucción pública en la República Argentina, aparecido en 1911.

8

Los últimos años del siglo xix trajeron una renovación profunda en las corrientes estéticas. Buenos Aires fue, naturalmente, su primer escenario, acaso porque la ciudad abandonaba aceleradamente su ritmo provinciano para adoptar otro más ágil y nervioso. Y dentro de él una bohemia, un poco imitada de la de París, introducía un nuevo rasgo en la fisonomía de la vida espiritual de la urbe y del país. En los cafés y en las redacciones comenzaron a circular con más audacia y desenvoltura ideas novedosas y revolucionarias, que abarcaban todos los temas, desde el arte hasta la filosofía pasando por la política. La “revolución” —una revolución indefinida en su alcance y en su sentido— atraía a muchos espíritus, acaso porque ocultaba en su seno cierto matiz estético, como se le adivinaba a la filosofía o a la sociología misma. Y el sentido militante que tales ideas despertaban desembocó en la publicación de revistas de avanzada, entre las cuales merecen recordarse —al lado de La Biblioteca, que dirigía Groussac— la Revista de América de Rubén Darío, El Mercurio de América de Eugenio Díaz Romero, El Sol de Alberto Ghiraldo, Ideas de Ricardo Olivera y Manuel Gálvez, Hebe de Ernesto Morales y Novillo Quiroga y finalmente la más duradera, Nosotros de Alfredo Bianchi y Roberto F. Giusti, que comenzó a aparecer en 1907.

Predominaba en todas ellas un aire de renovación; quizá sin brusca ruptura con el pasado, puesto que la generación de principios de siglo vivía del rico y sustancioso legado de las generaciones precedentes; pero estaba animada también por la certidumbre de poseer un mensaje original y un modo de expresión aún desconocido. Comenzaban a disiparse las influencias del realismo, hasta poco antes decisivas, encarnadas en Flaubert, en Daudet o en los Goncourt, y también se desvanecían las de Zola, pese a la persistencia de su influencia como crítico de la sociedad. Otras las reemplazaban ya, aureoladas con el signo inequívoco del buen gusto, en cuya coincidencia se hermanaban los espíritus formando verdaderas sectas, no por efímeras menos vigorosas.

La sabia ironía de Anatole France —que visitó Buenos Aires en 1909— pareció la actitud propia del hombre que estaba al cabo de los secretos del mundo. Se sumó a su influencia la de Oscar Wilde y la de Eça de Queiroz entre otros, coincidentes con aquél en el escepticismo y en el entrevisto descubrimiento de cierto misterio del espíritu que comenzaba a tentar el vuelo más allá de las experiencias cognoscitivas de las ciencias. Traían nuevos mensajes de ese mundo, en distinta cifra, los oscuros poetas del simbolismo. D’Annunzio y Maeterlinck renovaban el encanto de Poe y Hoffman, en tanto que Verlaine y Samain deslumbraban con su riqueza y su comunicativa profundidad. Todavía hubo más: los novelistas rusos que abismaban con sus audaces descensos a las profundidades del alma y ennoblecían el espíritu con su militancia moral. Dostoiewski, Tolstoi, Gorki atraían tanto, y acaso más, como los dramaturgos nórdicos: Strindberg, Bjoernson, y sobre todo Ibsen. Y junto a las lecturas de Stirner y de Nietzsche, se deslizaban las de Unamuno, Azorín y Valle Inclán, testimonios de la renovación del espíritu español.

La confluencia de tantas corrientes extrañas y la efervescencia interna de los espíritus juveniles facilitaron la rápida difusión del “modernismo”, la nueva estética literaria de estirpe latinoamericana que representaban eminentemente Silva, Gutiérrez Nájera, Del Casal y, sobre todo, Rubén Darío. El poeta nicaragüense residía en Buenos Aires —que amaba y llamó “regio” en Prosas profanas—, y allí publicó ese libro en 1896, desencadenando una vigorosa renovación poética que atrajo a Ricardo Jaimes Freyre, a Leopoldo Díaz y a otros muchos jóvenes poetas. Su influencia personal fue grande, y la de su poesía no menor, en parte por el amor que traslucía su palabra y su obra y en parte por el ardor polémico que la animaba. Cantó Darío a la Argentina en el Centenario de la Independencia y a Bartolomé Mitre en ocasión de su muerte en 1906; pero muchos poemas de Prosas profanas revelan la dedicación amistosa a los hombres de la bohemia literaria que compartían con él la nueva inquietud por la expresión moderna de la belleza. El Epitalamio bárbaro está dedicado a Leopoldo Lugones, el revolucionario anarquista de La Montaña que en 1897 publicó Las montañas de oro; con ese libro inició una escuela que él mismo enriqueció luego con Los crepúsculos del jardín, el Lunario sentimental y las Odas seculares, y que acogió a innumerables imitadores.

El modernismo, hijo de América, revelaba un viraje en la sensibilidad. Se buscaban nuevas formas de expresión con nuevas alusiones, pero se descubría que debajo de ellas se erguía por sobre todo, una nueva sensibilidad. Tras de Lugones, con mayor o menor fidelidad a la estética del modernismo, siguieron Ricardo Rojas —con La victoria del hombre—, Enrique Banchs, Rafael Alberto Arrieta. Era el triunfo de una sensibilidad, pero también de un mensaje, de un cuerpo de ideas y de ideales.

Sonaron también por entonces otras voces de distinto timbre. Una fue la de Evaristo Carriego, que representó el demorado amor por las pequeñas cosas y los pequeños dramas, así como el amor por la singular existencia del barrio porteño, tan representativo de los fenómenos sociales propios de principios de siglo. Y otra fue la de Pedro B. Palacios, conocido con el seudónimo de Almafuerte, que representó la afirmación de una eticidad radical por encima de todo el sistema de convenciones sociales. Así como en el modernismo parecía primar el lenguaje sobre el mensaje, en estos dos poetas se imponía un dramático mensaje de humanidad, que daba a su poesía un tono diferente al de la refinada poesía de sus contemporáneos.

La nueva estética influyó también en la prosa e inspiró La gloria de don Ramiro, que Enrique Larreta publicó en 1908. Pero el relato conservó más fielmente que la poesía las influencias tradicionales. Roberto J. Payró y Manuel Gálvez las mantuvieron en sus cuentos y novelas, en los que se presentaba la realidad social de su tiempo con decidida intención crítica, el primero especialmente en Divertidas aventuras del hijo de Juan Moreira y el segundo en La maestra normal. Esta línea siguió también preferentemente el teatro, que adquirió gran repercusión popular a partir del estreno de La piedra de escándalo de Martín Coronado, ocurrido en 1903. Gregorio de Laferrére, Vicente Martínez Cuitiño, Enrique García Velloso estrenaron por esos años con éxito obras de crítica social, género en el que alcanzó alto vuelo el uruguayo Florencio Sánchez, que ofreció en Buenos Aires algunos dramas de intenso vigor, como La Gringa y Barranca abajo.

Las artes plásticas adquirieron fuerte impulso por entonces. En 1910 se instaló en el Pabellón del Retiro el Museo Nacional de Bellas Artes, que dirigió Cupertino

del Campo. De poco antes es la introducción del impresionismo, que llegó al país a través de la paleta de Martín Malharro y del modelado de Rogelio Irurtia. La influencia fue profunda en quienes acertaron a descubrir el nuevo mensaje; Eduardo Sívori y Ernesto de la Cárcova —este último con el ejemplo inequívoco de su óleo titulado Sin pan y sin trabajo— mantenían la tradición del realismo, pero cedieron luego a las influencias impresionistas. Se vieron por entonces en Buenos Aires las obras de los pintores españoles: Sorolla, Zuloaga, Anglada Camarasa. Su influencia fue grande, y comenzaron a seguir sus huellas muchos artistas como Cesáreo Bernaldo de Quirós y Alfredo Guido, algunos seducidos tan sólo por el pintoresquismo y otros atraídos especialmente por la sombría paleta de Anglada y la dramática potencialidad de su dibujo.

Por entonces comenzaron a difundirse nuevas influencias en la estética musical. Junto a las de la operística, empezó a advertirse la de la tradición sinfónica, cuya última expresión era la de César Franck. Alberto Williams y Ricardo Rodríguez representaron esas nuevas tendencias que incidirían tangencialmente en Julián Aguirre, en quien se mantenía el gusto por lo folklórico.

Capítulo tercero

LA REVOLUCIÓN DE POSGUERRA

1

Por sí misma, y por lo que entrañaba, la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, promulgada por el presidente Roque Sáenz Peña en febrero de 1912, estaba destinada a modificar la fisonomía del país. La ley realizaba un viejo anhelo político, cuya fuerza había llegado a ser con el tiempo suficientemente grande como para que ciertos grupos conservadores consintieran en satisfacerlo; y su cumplimiento abría el camino a algunas fuerzas sociales que habían tenido escaso relieve, hacia posibilidades de acción que hasta entonces les habían estado vedadas. Comenzaron, pues, a producirse nuevos cambios en la fisonomía de la sociedad argentina, determinados por el desplazamiento de ciertos grupos hacia situaciones de mayor influencia. Una sorpresa profunda y creciente empezó a cundir entre quienes debían ceder posiciones que creían pertenecerles indiscutiblemente.

Poco después de aprobarse la ley Sáenz Peña se renovó el gobierno de la provincia de Santa Fe, y por primera vez llegó al poder la Unión Cívica Radical. No mucho después debía renovarse la Cámara de Diputados de la Nación. Los resultados de las elecciones permitieron que el Parlamento de 1912 tuviera una fisonomía muy diferente de los anteriores. No mucho antes, tras asistir a una sesión del Senado, Jean Jaurés había dicho a Juán B. Justo que el cuerpo era “una reunión de personas bien educadas, que no quieren contradecirse recíprocamente”; tai era, ciertamente, el aire del parlamento argentino tradicional, del que sólo participaba la oligarquía, dividida, todo lo más, en grupos rivales. Pero las cosas habrían de cambiar: la Cámara de Diputados de 1912 vio incorporarse a su seno a varios diputados radicales —José Luis Cantilo, Vicente C. Gallo y Marcelo T. de Alvear entre ellos—, a los socialistas Juan B. Justo y Alfredo L. Palacios, y al jefe del partido santafecino de la Liga del Sur, Lisandro de la Torre. Desde ese momento, las contradicciones fueron frecuentes y las polémicas sostenidas y en ocasiones violentas.

Los cambios que se advertían en la vida política correspondían a transformaciones profundas que se producían en la estructura económica y social del país; derivaban éstas fundamentalmente de la continua afluencia inmigratoria y de los extraños y variados procesos de su absorción por la población tradicional, y fueron puestos de manifiesto por el censo nacional de 1914. En menos de veinte años la población del país, que era de 3.954.900 en 1895, alcanzó a los 7.884.900 habitantes. Más de los dos tercios de ese aumento de población había correspondido a la zona Este del país, zona litoral caracterizada por sus excelentes puertos y por la buena calidad de la tierra para la producción agrícola: allí estaban localizados casi seis millones de habitantes. Había por entonces en el país alrededor de dos millones y medio de extranjeros, y el 81% de ellos estaba radicado, precisamente, en la zona litoral. La presencia de este numeroso grupo de extranjeros —casi el 30% de la población total del país en una determinada región— le daba a ésta una singular fisonomía que se precisaba aceleradamente, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez de la incorporación, pues en el quinquenio comprendido entre 1906 y 1910 habían entrado al país 1.200.000 inmigrantes.

También desde el punto de vista de su distribución había sufrido cambios importantes la población argentina en los veinte años que transcurrieron entre el censo de 1895 y el de 1914. Alcanzaba la población rural en la primera fecha a 2.300.000 habitantes, y llegó en 1914 a 3.300.000 con lo cual, de ser el 58 % de la población total pasó a ser solamente el 42%. La población urbana creció con ritmo inverso: alcanzaba al 42% en 1895, con una cifra absoluta de 1.661.000 habitantes, y llegó al 58% en 1914 con la cifra de 4.573.000. Cosa explicable, Buenos Aires crecía velozmente, y encerraba ya el 25,2% de la población total del país.

Estos fenómenos de distribución estaban acompañados por una creciente diferenciación en las distintas capas sociales. La industrialización se acentuaba y se instalaron —precisamente en los veinte años que preceden al censo de 1914— grandes empresas a cuya sombra se creó, junto al viejo artesanado, una clase asalariada muy numerosa. Se ha calculado en 1.780.000 la cifra de trabajadores asalariados a la fecha del censo, esto es, el 55% de la población ocupada. Por su parte, también las clases medias crecieron en número y se diversificaron cualitativamente, en tanto que perdía significación la vieja clase oligárquica que, por lo demás, no monopolizaba ya enteramente los medios de producción.

Las consecuencias de esta persistente transformación demográfica y social se advirtieron en los resultados de la primera elección presidencial realizada bajo el imperio de la nueva ley electoral. El candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, triunfó sobre sus adversarios de la derecha y de la izquierda, aunque su partido no obtuviera un triunfo tan categórico que le permitiera disponer de la mayoría en las Cámaras: los representantes de la oligarquía tradicional siguieron predominando, aunque hostilizados por los partidarios del gobierno y por los socialistas, que aumentaban su representación y habían logrado llevar al Senado a Enrique del Valle Iberlucea. Quizá por esas circunstancias el régimen radical no cuajó en una definida y compacta obra legislativa que modificara a fondo la fisonomía social del país. Pero hubo, sin duda, otros factores que contribuyeron a ese fracaso.

El régimen radical duró desde 1916 hasta 1930. Al asumir el poder, Yrigoyen debió optar entre ejercerlo dentro de las condiciones políticas creadas por la ley o ejercerlo de manera revolucionaria, basándose en la incontrovertible tesis de que era su elección presidencial la primera que reflejaba verdaderamente la voluntad popular y que tanto la representación existente en el Parlamento como los gobiernos provinciales estaban viciados de nulidad. Yrigoyen optó por la primera tesis, y aunque intervino algunas provincias, limitó la acción económica y social que algunos sectores esperaban de él. Sin duda el propio Yrigoyen y cierta parte de su partido pertenecían a la vieja oligarquía; pero sobre todo participaban, en principio, de las ideas generales del liberalismo y carecían de una política económica y social renovadora como la que confusamente parecían esperar ciertos sectores del radicalismo.

No hubo, pues, una obra legislativa y administrativa que respondiera acabadamente a las imprecisas aspiraciones populares; pero hubo, inequívocamente, un cambio en la actitud del Estado con respecto a las clases medias y a las gentes humildes, que determinó una transformación del ambiente social del país. No se advertían en 1916 —al llegar el radicalismo al poder— exigencias muy urgentes por parte de los sectores del trabajo ni acaso podían preverse las graves consecuencias que traería aparejado el conflicto mundial, todavía incierto, sobre las condiciones locales de vida. Y no hubo una política decidida; pero hubo decididamente una nueva manera de enfrentarse con el pueblo, que el pueblo advirtió y que advirtió, sobre todo, la vieja oligarquía.

Espíritu humanitario y caritativo, el presidente de la República alcanzó un prestigio casi legendario y fue considerado el “padre de los pobres”. No faltó el gesto demagógico; pero sin duda alcanzaron las magistraturas de la República y los empleos administrativos muchas personas de humilde condición en las que el pueblo vio a los suyos. El Estado dejó de ser sentido como algo fatalmente hostil y se abrió como una esperanza, que, por cierto, no fue defraudada del todo.

Ciertamente, eran tiempos de renovación general, en el mundo y en el país. El radicalismo coincidió con ella y contribuyó a desencadenarla, beneficiándose y perjudicándose con la crisis. El positivismo comenzaba a declinar y nuevas doctrinas filosóficas comenzaban a difundirse, así como nuevos gustos y preferencias en las artes. Grupos más o menos extensos empezaban a despertar a nuevas maneras de pensar y de sentir, que entraban en conflicto con aquellas que cobijaban los grupos cultos tradicionales. Se preparaba sordamente cierta transformación profunda, y la ocasión para que estallara apareció cuando comenzaron a sentirse las primeras influencias de la revolución rusa de 1917 y las primeras consecuencias de la paz.

A los dos años del gobierno radical, estos sucesos tuvieron repercusión profunda en las conciencias y motivaron múltiples y encontradas reacciones, a las que el nuevo régimen, hostigado por la vieja oligarquía desplazada del poder, tuvo que hacer frente sin haber alcanzado una idea clara —como casi todos los grupos políticos en el resto del mundo, por lo demás— de lo que estaba pasando y de las consecuencias que los nuevos fenómenos podrían llegar a tener.

Ciertos hechos económicos, tales como el reducido desarrollo industrial, la falta de ciertos productos de primera necesidad, el encarecimiento producido por la escasez y la especulación, la desocupación creciente, los bajos salarios y, finalmente, la crisis de algunas industrias artificialmente desarrolladas durante la guerra, crearon delicadas situaciones que se manifestaron muy pronto en el seno de la clase obrera. Comenzaron los problemas del trabajo, y en tanto que la oligarquía se preparaba para afrontarlos con la energía con que había solido hacerlo hasta entonces, el gobierno se dispuso a hacerlo con más comprensión y cordura. Hubo huelgas, y su desarrollo culminó en los sangrientos episodios de enero de 1919, en los que participaron la policía, el ejército y, sobre todo, numerosos grupos organizados por las empresas y por la oligarquía, que sintió al mismo tiempo el peligro de lo que solía llamarse “la revolución social” y la impotencia o la inoperancia del gobierno. Hubo un terror auténtico y un terror fingido en las clases poseedoras, y cierta indecisión en el gobierno, que quería, a la vez, resguardar el orden establecido y satisfacer los anhelos populares. Pero lo que se percibía por todas partes era un anhelo de renovación y cierta inequívoca certidumbre de que muchas ideas y muchos grupos habían perdido su vigencia en virtud de inexorables dictados de los tiempos.

Otro signo claro fue la rebelión que se desencadenó en las universidades. Cuando más vigorosa era la inquietud obrera, al promediar el año 1918, los estudiantes se echaron a la calle en Córdoba para protestar contra las Academias, los académicos y las doctrinas que enseñaban. Los estudiantes buscaron la confraternidad con los obreros, y se declararon solidarios con sus inquietudes y anhelos. Y a medida que avanzaba el movimiento, era más difícil descubrir dónde terminaba el conflicto universitario y dónde empezaba el movimiento social. Poco después la inquietud había ganado a todo el país, y en los años siguientes fue canalizándose como un aspecto más del anhelo colectivo de transformación que vibraba sobre todo en las clases trabajadoras y en las nuevas generaciones.

El régimen radical no canalizó todo ese vigoroso fermento ni supo aprovecharlo para tonificar su propia obra, que se había anunciado también como de transformación profunda. Si acaso, se limitó a no extinguirlo, y, en ocasiones, a aprovecharlo para una política que poco a poco se hacía más electoralista y más semejante, en lo profundo, a la política de la oligarquía. Sólo la actitud la salvaba, y la actitud, por esa misma contradicción íntima, debía tornarse demagógica.

Cuando Marcelo T. de Alvear sucedió a Hipólito Yrigoyen en 1922, el régimen radical comenzó a girar lentamente hacia la derecha. Las obras no fueron ni más ni menos revolucionarias que en el gobierno de su antecesor, pero el aire popular del gobierno fue perdiéndose. El divorcio entre las dos orientaciones políticas originó un cisma en la Unión Cívica Radical, que se dilucidó a través de múltiples vicisitudes a cuyo calor se perdió de vista el objetivo fundamental del movimiento. Un ala del radicalismo se aproximó a los conservadores, en tanto que la otra se aglutinó fuertemente alrededor de la personalidad de Yrigoyen, ya muy anciano, pero cada vez más capaz de desatar la idolatría de las multitudes a través de su obstinado silencio. Al producirse la renovación presidencial de 1928, un verdadero plebiscito lo llevó otra vez al poder, ya casi octogenario.

Los dos años en los que ejerció la autoridad presidencial fueron estériles. El estado se inmovilizó, y sólo quedó del impulso originario del movimiento radical, un insaciable apetito de poder y una lastimosa venalidad. El sentimiento popular se sintió defraudado, y las voces de sirena de la vieja oligarquía comenzaron a encontrar benévolos oídos. La confluencia de varias corrientes determinó la irrupción y el triunfo de una revolución militar el 6 de septiembre de 1930, tras de la cual surgió un gobierno conservador que, al cabo de muy poco tiempo, mostró su escondida propensión hacia el fascismo.

2

Desde 1911 hasta 1914, los conflictos sociales disminuyeron tanto en número como en intensidad; pero las condiciones económicas suscitadas por la guerra volvieron a desencadenarlos, en un ambiente, por cierto, menos amenazador para la clase obrera, pues el gobierno radical no extremó sino ocasionalmente las medidas represivas. Desde 1916, especialmente, las huelgas se hicieron numerosas y frecuentes: en 1917 llegaron a 138, en 1918 a 196 y en 1919 a 367. Una huelga ferroviaria llegó a inmovilizar el tráfico en 1918 durante veinticuatro días, y en 1919 llegaron a abandonar el trabajo más de 300.000 obreros. Estos hechos, así como los acontecimientos de la misma índole que agitaban por entonces al mundo y repercutían en la Argentina, suscitaron diversas corrientes de ideas, de distinto valor y diferentes fundamentos, sobre los fenómenos sociales, su interpretación general y las posibilidades y formas de intervenir en su desenvolvimiento.

Los movimientos obreros —con su corolario de huelgas y de actos de violencia— eran ya una respuesta a la realidad que implicaba cierta teoría acerca de las relaciones de clase. Los trabajadores se mostraron inclinados a suponer que sólo una acción enérgica podría ser eficaz frente a la clase patronal, y aunque en ocasiones confiaran en la benevolencia del Estado, diversas circunstancias los apartaron de esa opinión. Había en las huelgas de la época un movimiento espontáneo, aunque había también un enérgico impulso promovido y organizado por una vigorosa institución sindical, la Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista, que aplicaba sus concepciones rígidas a la interpretación de los fenómenos económicos, sociales y políticos de la hora. Una vez más, la experiencia inmediata desencadenaba la preocupación por los problemas sociales; y en esta ocasión confluían las explicaciones espontáneas con las interpretaciones doctrinales más rigurosas y penetrantes.

En cierto modo, esas corrientes de ideas correspondieron a sectores bien definidos y caracterizados de la opinión pública, y se pusieron de manifiesto en el debate parlamentario que originaron los sucesos de la llamada “semana trágica”, en enero de 1919. El radicalismo explicó el fenómeno objetivamente, como derivado del rápido desarrollo industrial, tan acelerado que sorprendió al país sin la legislación social necesaria. Pero —por boca de Horacio Oyhanarte— dejó entrever que las proyecciones del fenómeno eran desproporcionadamente superiores a las causas que las habían determinado y quedó señalada una influencia que se consideraba maléfica y que se atribuía a los “agitadores”, quizás ácratas o maximalistas. Para los radicales, la solución no era ni la legislación social ni la acción organizada del proletariado, sino la alianza de los trabajadores con el jefe del Estado, en cuya protección debían confiar. “¿Por qué los obreros —decían— no escucharon ahora como otras veces la palabra paternal del Presidente de la República, que les dijo con la lealtad de un estadista y de un hombre bueno: cada vez que sientan ustedes la necesidad de mejoras o de reclamaciones justas vengan a mí, que en mí encontrarán un juez, y un juez cariñoso?” Este paternalismo tenía, naturalmente, sus límites, porque entrañaba la legitimidad de la represión del movimiento obrero organizado que pretendía obtener por su propio esfuerzo las conquistas sociales a que aspiraba.

La derecha, naturalmente, apoyaba este punto de vista, y atribuía todos los fenómenos sociales del momento a dos causas: la inexistencia de una legislación social apropiada y la acción de agitadores extranjeros movidos por lo que se llamaban “ideas extremistas” o “avanzadas”, o sea las que preconizaban los anarquistas o los maximalistas. Como los radicales, estimaban las fuerzas conservadoras que tales ideas eran “exóticas”, y que no sólo habían sido importadas por extranjeros sino que eran absolutamente inadecuadas a la realidad nacional. De ahí la conclusión de que se requería una enérgica acción contra quienes obraban como instigadores y, secundariamente, contra quienes se dejaban seducir o engañar por ellos. El Estado, presidido por Hipólito Yrigoyen y conducido según aquellos principios paternalistas, parecía no ser una garantía suficiente, como no lo había sido en otras ocasiones en que se habían producido conflictos semejantes; era, pues, necesaria la organización privada de la defensa, y para eso se constituyeron organizaciones como la Asociación del Trabajo y, sobre todo, la Liga Patriótica Argentina que presidió Manuel Carlés. En el referido debate decía el diputado conservador Matías Sánchez Sorondo: “Yo hago aquí acto de homenaje a la virilidad, a la decisión y al patriotismo de los jóvenes que se constituyeron en el Centro Naval, pero encuentro en esa misma actitud la crítica más seria a los procederes del Ejecutivo. ¿Por qué la juventud de Buenos Aires se congregaba para defenderla?” Y a un tiempo mismo criticaba al gobierno radical y justificaba la acción de los grupos conservadores que, por la fuerza, trataban de romper las huelgas y ejercían violencias sobre las personas, especialmente sobre los obreros extranjeros, a los que responsabilizaban de la inquietud social, desatando con ello una verdadera ola de xenofobia.

Ya algunos meses antes había protestado en el Congreso contra los excesos de la Liga Patriótica el diputado socialista Nicolás Repetto. “Dije —cuenta en Mi paso por la política— que la Liga Patriótica fomentaba la desunión de los habitantes de nuestra tierra, al emplear la expresión despectiva de extranjería; que introducía el desasosiego al lanzar proclamas en las que hablaba de malos extranjeros y de malos argentinos; que tendía a favorecer a los capitales extranjeros, negando a los peones criollos del interior los beneficios del salario mínimo; que negaba a los extranjeros el derecho de intervenir en política, permitiendo esta intervención a aquellos que vendían el voto a los caudillos de la política criolla. ¿Y qué decir de la organización militar que se había dado la Liga, de sus fichas de adhesión, de sus brigadas nacionales, de los grupos armados y de sus servicios a la policía, a la cual pretendía sustituirse? Pero lo que asumía gravedad extrema era la colaboración que ciertos elementos del ejército prestaban directa o indirectamente a la propaganda de la Liga Patriótica. Esta colaboración se había manifestado por la adhesión pública, a la Liga, de jefes y oficiales del ejército y del Centro Naval; por la propaganda realizada por algunos agregados militares y por ciertas conferencias tendenciosas dedicadas a oficiales para instruirlos acerca de determinados problemas políticos, obreros y sociales. Recordé que esta propaganda había originado una protesta de los estudiantes universitarios contra la adhesión y la colaboración pública de los jefes y oficiales a los trabajos de la Liga. Terminé mi discurso llamando la atención del gobierno sobre el artículo sexto de la Ley Orgánica Militar, según el cual ‘los oficiales, clases y asimilados de todos los grados y de todas las armas del ejército permanente no pueden tomar directa ni indirectamente participación alguna en política’.” Así apreciaban los socialistas los inequívocos fenómenos de polarización y lucha de clases que se presentaban ante los ojos.

Más resueltamente aún aplicaron sus criterios doctrinarios frente a los hechos de enero de 1919. Mario Bravo, Nicolás Repetto y Enrique Dickmann sostuvieron que los conflictos del trabajo eran fenómenos normales en la sociedad moderna como consecuencia del desarrollo industrial, y que no debía darse a esos episodios más importancia de la que tenían. Sostuvieron, además, que era impropio usar ahora la violencia para reprimir el malestar obrero cuando la sociedad toda era responsable de no haber salido al encuentro de las necesidades urgentes de la clase trabajadora con medidas eficaces, señalando la insensibilidad de amplios sectores frente al problema de la jornada de trabajo, del seguro social y de los salarios. Dentro de su concepción doctrinaria, sostuvieron la necesidad de una urgente y eficaz obra legislativa para producir la reforma de la sociedad.

En realidad, y a pesar de los rótulos, todos los sectores de la opinión coincidían en percibir la relación estrecha que existía entre la situación económica del país al concluir la guerra, los fenómenos económico-sociales que se sucedían en el mundo y las reacciones de las clases trabajadoras. “Todos los señores diputados —decía Enrique Dickmann el 9 de enero de 1919— sienten en su intimidad que hay un estado de inquietud, de intranquilidad, producido por los acontecimientos del mundo y por la situación local. Nuestra clase obrera, que hace cuatro años sufre de falta de trabajo, reducción de salario y un encarecimiento de la vida imposible, se ha creado un estado tal que es imprescindible proceder con la mayor prudencia, cordura y sensatez.” La situación económica era, efectivamente, difícil, pero era, sobre todo, nueva, y los criterios tradicionales tenían que ser revisados totalmente.

Ya había señalado la peculiaridad del momento Manuel Augusto Montes de Oca al finalizar el año 1918: “El progreso de nuestras industrias —decía—, combinado con las consecuencias de la guerra en los mercados manufactureros proveedores de la República, ha tenido como resultado feliz que durante los años de la terrible contienda quedara en el país un saldo comercial favorable de diez mil millones de pesos oro, que han dado nervio, robustez y empuje a la economía nacional. Pero desaparecidas las circunstancias anormales que nos han producido ese activo, será de temer que el fiel de la balanza se incline del lado opuesto, si no ponemos el mayor empeño en dar a nuestras industrias cimientos robustos y organización científica.” Tal era, en buena parte, el origen de la crisis. En el cuadro de una economía presidida, en general, por los principios del liberalismo, comenzaron a aparecer ciertos principios proteccionistas en defensa de las industrias locales. En relación con esas nuevas orientaciones económicas, apareció después otra forma de intervencionismo estatal en el mercado de subsistencias, política que llegó al extremo de resolver la expropiación de determinados productos alimenticios. Pero tales medidas fueron consideradas transitorias, y la doctrina liberal recobró su predicamento, hasta que se produjo la crisis mundial de 1928. Para entonces se habían normalizado las relaciones económicas entre la Argentina y sus mercados, y a la bonanza económica había seguido cierta tranquilidad en el orden social. Sólo pequeños grupos habían mantenido la intensa inquietud propia de los años de posguerra, y se habían adherido a las actitudes revolucionarias adoptadas por los bolcheviques en Rusia.

Frente a éstos, la derecha procuró también definir sus posiciones y organizar sus fuerzas sobre sólidos fundamentos. A fines de 1919, y con el objeto de encauzar la acción, organizó —bajo la inspiración de la Iglesia Católica— lo que se llamó la “Gran Colecta Nacional”, cuyo manifiesto ponía de relieve la interpretación de los fenómenos que la movía. Afirmaba que los obreros honestos eran esclavos de ciertos perturbadores que los utilizaban para la lucha de clases y la revolución social. “El bien de los obreros y la seguridad del capital exigen, pues, como el orden público —agregaba luego—, que la iniciativa privada proporcione a los obreros honestos una defensa activa. Ella debe ser permanente, organizada, poderosa. Es preciso ayudar al obrero que no quiere pertenecer a una sociedad de resistencia socialista, ácrata o sindical revolucionaria, dándole medios para arrancarse a su despotismo.” Para lograr esa finalidad, proponía la organización de una oficina general de servicios sociales que “centralice la información del bien que se hace” con el objeto de darle “eficacia social”, y además, la construcción de casas para obreros, la creación de instituciones de cultura para los obreros, las mujeres y los jóvenes. Para sostener ese vasto esfuerzo, se exhortaba a los ricos a contribuir a la formación de un importante fondo y apelaba no sólo a la generosidad sino al instinto de conservación de aquellos a quienes se solicitaba la ayuda. “¿Quién —decía—, en medio de un naufragio, se pone a regatear con las olas y calcular con espíritu de avaro, meticulosamente, si ha de dar, o cuánto ha de perder, para salvarse? ¡En medio de un naufragio social, de una de las tempestades más horribles, estamos todos, todos, todos! Las pasiones más bravas, las iras del populacho, el rencor de las masas obreras, la sed de venganza anarquista, el huracán de la revolución antisocial, la loca ambición de ejercer la dictadura en nombre de las heces de la sociedad, todo un conjunto de fieros males —contra todos y cada uno de nosotros— nos amenaza.”

El manifiesto identificaba el orden social vigente y los intereses de la Iglesia, amenazados no sólo por los efectos disolventes de la revolución social sino también por la miopía de las clases conservadoras que no sabían salir al paso del peligro. “¡Tú das a Dios! Pero ¿no ves que hasta ahora has dado según lo que te ha dictado tu generosidad, tu celo, tu bien parecer, tu capricho? En esto has hecho tu voluntad. Pero hoy es Dios quien te pide que hagas la suya, que des lo que Él te pide y exige, no para un altar o una capilla o el adorno de un templo, sino para salvar la sociedad y con ella su Iglesia Santa. Por eso te pide por boca de aquellos a quienes el mismo Dios ha puesto para regir la Iglesia y anunciar a los fieles el querer y beneplácito divinos. Tú das para el culto, pero ahora los obispos no te piden en nombre de Dios para eso. Saben muy bien los prelados que de nada servirán las iglesias ni lo demás que has querido dedicar al Señor si la sociedad y el orden público padecen naufragio. Si en realidad has dado mucho para gloria del Señor, no niegues ahora lo que la misma Iglesia te pide para que no se malogren tus dádivas. ¿Ves toda esa multitud de hermosas iglesias, de preciosos asilos, de grandes colegios, de tantos y tantos edificios dedicados a hacer el bien?… Pues todo eso en un solo día de revolución social puede quedar arruinado para siempre.” Y terminaba la invocación con estas frases apocalípticas: “Pero, en fin, si nada te mueve de lo dicho, si aún te muestras insensible a tanto y tan nobles requerimientos, volvamos al egoísmo humano; el tuyo, invoquemos: Dime: ¿qué menos podrías hacer, si te vieras acosado, o acosada, por una manada de fieras hambrientas, que echarles pedazos de carne para aplacar su furor y taparles la boca? ¡Los bárbaros ya están a las puertas de Roma!”

La tesis, pese a todo, entrañaba un elemento positivo: la necesidad de prevenir los males sociales, que se consideraban inherentes al desarrollo de la sociedad moderna, en oposición a las tesis simplistas que preconizaban la represión brutal y ejemplarizadora. En otro orden de ideas habían triunfado ya los mismos principios. Bajo la influencia del pensamiento jurídico-sociológico del positivismo, un nuevo Código Penal, sancionado en 1922, suprimía la pena de muerte y reconocía la influencia del ambiente en la conducta del delincuente.

3

En condiciones tan excepcionales, en medio de tanta inquietud social y frente a problemas tan novedosos, era inevitable que las ideas políticas cobraran claro perfil y se acentuaran los matices y las contradicciones.

El acceso del radicalismo al poder permitió confrontar la concepción del conservadorismo tradicional con la del partido que hacía sus primeras armas en el gobierno, después de largos años de espera. Hipólito Yrigoyen, indiscutido jefe del radicalismo, llamaba “el régimen” a la época y al sistema político de los conservadores. En esta vaga fórmula llegó a encerrarse para muchos una preciosa caracterización de la vida pública. El “régimen” era, en síntesis, un sistema de gobierno basado en el privilegio, desarrollado en favor de la clase patricia de origen local, que se sentía superior tanto a las clases medias de desdibujada fisonomía que se constituían con el aporte de la inmigración, como a las clases populares de origen tanto criollo como inmigratorio; solía admitirse que el sistema era “liberal y progresista”, esto es, capaz de promover el progreso económico y de mantener la vigencia de las instituciones republicanas; pero había pleno acuerdo —inclusive entre vastos sectores del conservadorismo— en que el “régimen” constituía una superestructura inadecuada a la realidad social del país y que el sistema representativo estaba absolutamente falseado.

El radicalismo —que su jefe denominaba “la causa”— sostenía, precisamente, que su misión histórica era cumplir lo que Yrigoyen llamaba “la reparación”, esto es, el proceso mediante el cual un régimen de sufragio libre diera a las instituciones representativas su genuino valor. La larga lucha sostenida contra el fraude electoral terminó por hacer de este problema la médula del problema político, y del respeto formal de las instituciones el único plan de gobierno del radicalismo. Poco o nada se había pensado —mientras el partido aspiraba al poder— sobre los grandes problemas del país, y acaso pueda decirse que ni Yrigoyen ni los hombres de los cuadros superiores del partido habían advertido la intensidad de los cambios económicos y sociales que se producían en el país; de modo que al llegar al gobierno afrontaron los problemas institucionales y políticos según aquellas preocupaciones, y entretanto se limitaron a marchar a la zaga de los problemas nuevos, propuestos por la situación creada por la Guerra Mundial.

El radicalismo no tenía, efectivamente, programa, ni sentía la necesidad de tenerlo. Movía a esa fuerza política la certidumbre de que sus ideales —vagos, por cierto, y no expresados formalmente— eran los ideales de la inmensa mayoría de los argentinos, y parecía esperar que frente a las exigencias de la realidad, su reacción sería ajustada a la sensibilidad media. Pero en el fondo, esta ausencia de programa —que Lisandro de la Torre reprochó al radicalismo— entrañaba una vaga posición ideológica y política que acaso —con limitaciones— podría ser llamada antiliberal.

Los rasgos fundamentales de esa postura son diversos, y no se descubren siempre a primera vista, pues acaso sean más el fruto de reacciones negativas que de posiciones positivas. Pero, sin duda, la noción de la soberanía política y económica del Estado que regía los actos de Yrigoyen no era la que tradicionalmente presidía la acción del “régimen”. “Mientras dure su período —manifestaba el presidente Yrigoyen en 1920— el Poder Ejecutivo no enajenará un adarme de las riquezas públicas ni cederá un ápice del dominio absoluto del Estado sobre ellas.” Esa línea de conducta correspondía a cierta afirmación resuelta de los inalienables derechos de la Nación en otros planos. Era época de avance del imperialismo, y el radicalismo pretendía defender los principios de la soberanía nacional, tanto en relación con sus propios intereses como en relación con los de países latinoamericanos, amenazados más de cerca que la Argentina especialmente por los avances de los Estados Unidos. A veces sus actos no correspondían a la doctrina, pero ésta seguía presente en la retórica oficial.

Era evidente que la nueva concepción política entrañaba una actitud favorable a la intervención estatal en materia económica. También introducía el principio del arbitraje en las relaciones entre el capital y el trabajo; pero en este aspecto alcanzaba su más definida expresión la concepción paternalista del poder, que alcanzó con Yrigoyen un grado incompatible ya con el desarrollo y las condiciones de la vida del país. El paternalismo arrastraba consigo una tendencia acentuadamente personalista del poder que no provenía de doctrina alguna, sino de la indiscutida autoridad del jefe del partido gobernante, pero que de todos modos condicionaba la concepción política y obligaba a una justificación forzada del sistema. Había en tal actitud cierto retardo, cierta adhesión a formas tradicionales que, aun teniendo cierto arraigo, no constituían ya expresión viva de los sentimientos reales, pero que el jefe del partido del gobierno consideraba reflejo fiel del sentimiento nacional; y de esa actitud derivaba cierta fisonomía del viejo caudillo, un poco anacrónico, que sin embargo atraía por sus virtudes personales, por la bonhomía y acaso también por su indiscutible autoridad. En virtud de aquella predisposición, se opuso categóricamente al proyecto de establecimiento del divorcio y vetó la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1921, sobre todo porque contenía algunas prescripciones que afectaban a la situación preeminente de la Iglesia Católica,

Después de seis años de gobierno, Marcelo T. de Alvear sucedió en el poder a Yrigoyen, llevado por el mismo partido. Pero su actitud política fue diferente. Las formas externas volvieron a ser sensiblemente parecidas a las del “régimen”, y el paternalismo personalista cedió el lugar a un desarrollo más libre de las instituciones, cuyo recto funcionamiento fue celosamente vigilado para que no se apartara de la ortodoxia constitucional y legal.

La doctrina radical mostró entonces su ambivalencia en cuanto doctrina y en cuanto política práctica. Las incitaciones de la realidad permitieron que pusieran de manifiesto las distintas tendencias que ocultaba potencialmente el movimiento popular, y la consecuencia fue que, poco a poco, se preparó un nuevo reagrupamiento de las opiniones políticas.

Frente al gobierno de Yrigoyen, el viejo conservadorismo había enarbolado algunas banderas que le permitieron renovar su fisonomía. De los defectos de sus enemigos —especialmente la lentitud administrativa, cierta despreocupación por las formas, el paternalismo personalista— supo hacer virtudes de su propio régimen, y la ironía fue su mejor arma, especialmente a partir de la fundación del diario La Fronda en 1919, fecha en la que el conservadorismo comenzó a reordenar sus filas.

La prédica de La Fronda no agregó en un principio nada nuevo a la tradicional doctrina conservadora: en lo económico, librecambismo, sujeción a los intereses del mercado internacional que absorbía nuestra producción agropecuaria y defensa del crédito; en lo político, una crítica despiadada a la peculiar deformación que el paternalismo personalista de Yrigoyen introducía en el régimen representativo, republicano y federal, con alguna vaga y tímida defensa del monolítico sistema de la oligarquía. Pero tras esa actitud de La Fronda hubo un desarrollo creciente de ciertas ideas definidas. El conservadorismo creyó advertir que el radicalismo contenía —acaso potencialmente— los gérmenes de una política estatista y reaccionó enérgicamente contra ella, aproximándose entonces a los grupos conservadores ciertos sectores del radicalismo que no compartían aquella tendencia; poco después estos últimos se separaron del viejo tronco radical y fundaron una disidencia que tuvo estrechos puntos de contacto con el conservadorismo.

Con estos sectores se reconstruyó lo que bien pudiera llamarse la derecha clásica. Pero a medida que transcurría el tiempo y se advertían las consecuencias de la Guerra Mundial y de la Revolución rusa de 1917, ciertos sectores de la derecha comenzaron a afinar su posición, descubriendo que no sólo los separaba del radicalismo la vaga tendencia al intervencionismo estatal de éste sino también cierta innegable vibración popular que había en él y que podía facilitar la recepción de las doctrinas revolucionarias. Comenzaron entonces a abandonar las tesis liberales y a preferir las soluciones enérgicas, desembozadas unas y enmascaradas otras. A la inspiración de esos sectores correspondió la creación de la Liga Patriótica, que encabezó Manuel Carlés, movimiento originariamente destinado a combatir la influencia de los sectores obreros organizados, a los que fustigaba por estar compuestos principalmente de extranjeros: grupos de choque organizados para la acción directa fueron lanzados a la calle para quebrar la resistencia obrera. Poco después, la experiencia europea proporcionó nuevos elementos de juicio, y el fascismo italiano encontró muy pronto imitadores. En 1923, Leopoldo Lugones pronunció en el Teatro Coliseo tres conferencias sobre Mussolini y el fascismo, de las que se desprendía como corolario no sólo la adhesión del conferenciante y su público por las doctrinas del dictador italiano sino también la necesidad de aplicarlas a la realidad argentina. Este punto de vista del poeta quedó definitivamente expresado al año siguiente, en la conferencia que pronunció en Lima con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho y en la que proclamó que había llegado “la hora de la espada”. Así comenzó a constituirse en la Argentina la nueva derecha, la derecha fascista.

Pero fuera del pleito que sostenían conservadores y radicales por la posesión del poder y del que resultó un progresivo esclarecimiento de sus respectivas posiciones políticas, otros grupos se agitaron también tratando de expresar las tendencias de determinados sectores de la opinión. Fue muy característica la posición de Lisandro de la Torre, jefe del Partido Demócrata Progresista, de definida tendencia liberal y que representaba a la burguesía más evolucionada de la provincia de Santa Fe. Enemigo tenaz de Yrigoyen, se había separado del radicalismo en 1897 y desde entonces su pensamiento político había tratado de precisarse con creciente claridad.

Refractario a las oscuridades y a los programas confusos, se empeñó en establecer los problemas concretos de la vida argentina y en formular las soluciones posibles, siempre con un criterio liberal y progresista, análogo al del radicalismo francés. Ante la magnitud de los problemas sociales que se sucedían en el mundo y en la Argentina, De la Torre señaló su categórica disidencia frente a los conservadores: “No caben ya equívocos sobre las cuestiones sociales y del trabajo, por más que los conservadores argentinos no lo comprendan todavía”, escribía. Pero lo que más claramente reveló su singular filiación y su equidistancia de conservadores y radicales fue su posición claramente laicista frente al problema religioso.

En cierta ocasión, absolvió posiciones frente a la derecha en frase categórica: “Ustedes son conservadores, clericales, armamentistas, antiobreristas, latifundistas, etcétera… y nosotros somos demócratas y progresistas, de un colorido casi radical-socialista.” Bajo su predominante inspiración se sancionó en Santa Fe una nueva constitución provincial en 1921, que suponía un notable avance en materia institucional. Establecía que el poder legislativo se convocaba por sí mismo, afianzaba el régimen municipal, echaba las bases del derecho obrero, propiciaba la reforma agraria y declaraba la neutralidad religiosa del Estado. Pero bajo la presión de Hipólito Yrigoyen, el gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca, vetó la Constitución y quedó planteado un conflicto que llegó al Parlamento. Allí tocó a Lisandro de la Torre defender la Constitución, haciendo hincapié en el punto que había desencadenado el conflicto: la cuestión religiosa. Sus palabras fueron reveladoras: “Yo que ignoro las pasiones antirreligiosas; yo que pasé otra vez cuatro años en esta Cámara sin promover jamás un debate sectario y sin intervenir en los que se promovían, entonces con más frecuencia que hoy, entre católicos y socialistas; yo que nunca creí en el peligro clerical ni en la necesidad de precaverlo; yo que aspiraba ingenuamente a que cada cual creyera en lo que su conciencia le dictase; hoy alarmado, angustiado, ante una conjuración de intereses clericales que pretende con mentiras y tergiversaciones destruir la Constitución de mi provincia, reconozco que he estado en un error; que el clericalismo es un peligro para nuestras libertades… Esto lo pongo ante los ojos de la Cámara: ¡una Constitución argentina está en peligro de ser anulada por una conjuración clerical!”

Si la agitación de la época incidió en las actitudes de los partidos de la derecha y del centro, más debía incidir sobre las opiniones de los de la izquierda, cuyos planteos quedaron sometidos a dura prueba a raíz de los hechos que se sucedían en el mundo. El primer episodio se desarrolló alrededor del problema de la posición argentina en relación con la Guerra Mundial, que el gobierno había resuelto sobre el principio de la más estricta neutralidad. La opinión pública se dividía entre aliadófilos, germanófilos y neutralistas, pero sin duda los primeros reunían la mayoría; y contra la pertinaz neutralidad del presidente Yrigoyen, se polarizaron los sectores aliadófilos y expresaron reiterada y públicamente su opinión.

Posición semejante adoptó en 1917 el grupo parlamentario socialista, encabezado por el senador Enrique del Valle Iberlucea y el diputado Juan B. Justo. Afirmando el derecho y la necesidad de proteger el comercio exterior argentino, sostuvo que el gobierno debía asegurar enérgicamente esa protección con todos sus recursos, en términos tales que podían considerarse violatorios de la neutralidad. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista respaldó esa declaración, pero en el seno del Partido una poderosa corriente de opinión comenzó a manifestarse en sentido contrario, de modo que el asunto pasó a un Congreso Extraordinario donde predominó la tendencia neutralista, opinión fundada en una interpretación económica de la guerra y en la idea de que estaba movida por los intereses capitalistas de ambos lados.

Juan B. Justo redactó la renuncia que, con ese motivo, presentaron los legisladores, y estampó en ella ciertos principios teóricos: “No creemos que la Guerra Mundial —como dice el considerando primero de la resolución presentada por la minoría del Comité Ejecutivo y aprobada por el Congreso Extraordinario— sea consecuencia, simple y fatal, de la propiedad privada y la producción mercantil. En el inmenso Imperio británico, en un país tan vasto y poblado como los Estados Unidos, la propiedad privada y la producción para el mercado, existen y se desarrollan libremente, en proporciones jamás vistas en el mundo, sin que en esos países o imperios, haya guerras. Concebimos y deseamos entre las naciones la solidaridad que existe ya entre los estados o regiones de esas grandes unidades políticas, y que así la guerra sea imposible ya, aun bajo el régimen capitalista.”

Esta polémica, desarrollada en abril de 1917, anunciaba ya la repercusión en la Argentina de los debates que se desarrollaban en el seno del socialismo internacional para examinar las causas del drama contemporáneo y las perspectivas para el futuro. Las posiciones se extremaron como consecuencia del triunfo de la revolución maximalista en Rusia, y gracias sobre todo a la influencia que el grupo Clarté —organizado en Francia por Anatole France y Henri Barbusse— tuvo en algunos sectores intelectuales del país y especialmente en el que encabezaba José Ingenieros. La definición se produjo en el acto público que se realizó en el Teatro Nuevo el 22 de noviembre de 1918, en el que Ingenieros disertó sobre el experimento ruso en términos de inequívoca simpatía. Describió los orígenes del conflicto militar y las oscilaciones de la opinión pública, inadvertida frente a los móviles secretos que empujaban a los contendientes; luego explicó la revolución rusa como típica reacción de las clases populares, ajenas a los intereses que se debatían en la guerra, y la formación en su seno de dos corrientes de opinión: la de los que aspiraban a mantener el mismo régimen social y económico y la de los que aspiraban a transformarlo profundamente. Ingenieros no vaciló en defender la solución maximalista y llamó calurosamente a la juventud y a los trabajadores para que tomaran la defensa de las nuevas ideas. “Esa conciencia sólo puede formarse en una parte de la sociedad, en los jóvenes, en los innovadores, en los oprimidos, que son ellos la minoría pensante y actuante de toda sociedad, los únicos capaces de comprender y amar el porvenir.”

El proceso de polarización de las tendencias fue acentuándose en el seno del Partido Socialista. Algunos afiliados que se denominaban “internacionales” se habían separado ya del partido a raíz de la polémica de 1917, pero la disidencia se ahondó después de la creación de la Tercera Internacional y del establecimiento de las “veintiuna condiciones” para el ingreso de los partidos socialistas, y finalmente se resolvió en el Congreso celebrado en enero de 1921 en Bahía Blanca: la mayoría resolvió rechazar el proyecto de adhesión a la Tercera Internacional y, como consecuencia, abandonó el socialismo un sector que constituyó poco después el Partido Comunista.

A la polarización de las simpatías alrededor de la causa de Rusia soviética acompañó una enérgica reacción contra la política imperialista de los Estados Unidos, que por entonces se había manifestado bajo la forma de una activa intervención en los asuntos latinoamericanos. El gobierno radical de Yrigoyen había definido sus ideas sobre la soberanía nacional en términos muy categóricos y las había traducido en actitudes muy enérgicas. Afirmó que “los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”, y sostuvo que en una organización internacional como la Sociedad de Naciones, todas debían ser puestas en un pie de igualdad, sin distinguir entre beligerantes y neutrales o entre pequeñas y grandes potencias. Aplicadas estas ideas a la situación latinoamericana, la Argentina se colocaba en una situación cada vez más definida frente a los Estados Unidos; la política del gobierno se veía respaldada por importantes sectores, especialmente de las minorías intelectuales, y el Ateneo Hispanoamericano, fundado en 1912, fue la tribuna que se ofreció a sus opiniones. Allí se escuchó la voz de José León Suárez, al tiempo que Manuel Ugarte defendía su pensamiento en libros de resuelta militancia como El porvenir de América española (1920), La campaña hispanoamericana (1922), El destino de un continente (1923) y La Patria grande (1924).

Al margen de la organización panamericana, el gobierno radical propuso en 1917 la formación de un bloque de naciones latinoamericanas no beligerantes; el intento fracasó, pero llegó a visitar Buenos Aires una delegación de México —que con Cuba eran los únicos países que finalmente habían aceptado la invitación— y la simiente quedó echada. Años más tarde, en 1922, llegó a la Argentina José Vasconcelos, secretario de Educación en el gobierno del general Obregón y uno de los teóricos de la revolución mexicana. El 11 de octubre, en un banquete que le ofrecieron los intelectuales argentinos, José Ingenieros pronunció un discurso en el que analizó la situación creada en el Continente por los intentos de expansión y de intervención de los Estados Unidos, y propuso algunas formas concretas de acción para los países latinoamericanos. Habló de fortalecer la unidad y la cooperación, para lo cual sugirió la creación de un Alto Tribunal que dirimiera las cuestiones entre países, y un Supremo Consejo Económico que estimulara y dirigiera la cooperación económica; de ese modo América latina estaría en condiciones de enfrentar el poderío de los Estados Unidos. Para difundir estas aspiraciones propuso la fundación de la Unión Latinoamericana, organismo que quedó organizado y en cuyas filas trabajaron más tarde, entre otros, Alfredo L. Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, Aníbal Ponce y Gabriel del Mazo.

Fueron expresión de estas ideas los conceptos que Hipólito Yrigoyen desarrolló frente a Herbert Hoover, cuando lo recibió en Buenos Aires como presidente electo de los Estados Unidos en 1929: “La Argentina —¿por qué no decir la América y el mundo?— espera que vuestra Nación, ya en el cénit de su engrandecimiento, en la cumbre misma de su pujanza y de su expansión, irradie altos valores espirituales y pacifistas, como el que llevara a vuestro insigne presidente desaparecido, a convocar en Ginebra, después de la trágica hecatombe de la civilización contemporánea, a todos los pueblos, para que —como bajo el santuario de una solemne basílica— reafirmaran para las naciones el precepto eterno y luminoso que el Divino Maestro promulgó: Amaos los unos a los otros. Tales son los anhelos de los pueblos sudamericanos, los cuales aspiran a avanzar siempre por el sendero de los perfeccionamientos hacia la misión que en la Historia le han deparado los designios de la Providencia; realizándose como entidades regidas por normas éticas tan elevadas, que su poderío no pueda ser un riesgo para la justicia ni siquiera una sombra proyectada sobre la soberanía de los demás estados.”

Pocos meses después, al inaugurarse la línea telefónica entre los Estados Unidos y la Argentina, Yrigoyen volvió a los mismos temas, y concluyó su mensaje con estas palabras: “…reafirmando mis evangélicos credos de que los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, y en común concierto reconstruir la labor de los siglos sobre la base de una cultura y una civilización más ideal, de más sólida confraternidad y más en armonía con los mandatos de la Divina Providencia…”

4

La afirmación y la defensa de los rasgos peculiares del espíritu latinoamericano correspondía a un sentimiento cada vez más intenso de la peculiaridad del espíritu nacional. Expresa o tácitamente, la reacción contra el cosmopolitismo invasor, propio de la formación aluvial del país, se tradujo en una sostenida tendencia de ciertos sectores a indagar y establecer las etapas fundamentales en la formación espiritual del país y los rasgos que ese proceso había terminado por imponer a los argentinos.

Durante algún tiempo pareció que el camino para aproximarse a esos fines era el análisis psicosocial; pero pronto se advirtió que había otras vías no menos promisorias. Tres vigorosas personalidades emprendieron casi al mismo tiempo, aunque con criterios distintos, otras tantas investigaciones sobre las ideas argentinas, agregando a las tradicionales historias políticas nuevos panoramas del desarrollo del país: Alejandro Korn había comenzado a publicar en 1912 sus Influencias filosóficas en la evolución nacional, que terminó de escribir en 1919; Ricardo Rojas trabajaba desde la misma época en su Historia de la literatura argentina, que vio la luz entre 1917 y 1922; y finalmente José Ingenieros publicó entre 1918 y 1920 La evolución de las ideas argentinas. Estas tres obras entrañaban un enriquecimiento considerable de la perspectiva histórica y renovaban la imagen del pasado argentino.

Hombre de formación científica y filosófica, Alejandro Korn se interesó por el proceso de formación de la cultura argentina partiendo de las influencias que las distintas escuelas y tendencias europeas habían tenido en el ambiente local. Desdeñando todas las explicaciones simplistas, Korn no creía —como Comte— que las ideas ejercieran un papel rector en la evolución histórica; pero estaba persuadido de que tenían una acentuada influencia y de que valía la pena señalar el proceso de su aparición y desarrollo en relación con otros aspectos de la vida del país. Pero a diferencia de los psicosociólogos que anhelaban descubrir la irreductible singularidad del carácter nacional, Korn afirmaba que la personalidad colectiva sólo se delineaba progresivamente como un matiz del espíritu occidental. “Hemos sido colonia y no hemos dejado de serlo, a pesar de la emancipación política. En distintas esferas de nuestra actividad aún dependemos de energías extrañas y la vía intelectual, sobre todo, obedece con docilidad, ahora como antaño, al influjo de la mentalidad europea. El genio nacional rara vez ha encontrado una expresión genuina e independiente; sólo en la selección de los elementos que asimila se manifiestan sus inclinaciones nativas. El pensamiento de nuestro pueblo ha debido seguir, desde luego, una evolución paralela a las ideas directoras de la cultura occidental, y a investigar cómo se reflejan en nuestro ambiente se encamina este ensayo.” Partiendo de estos principios, analizó las influencias de la escolástica, la filosofía moderna, el romanticismo y el positivismo, y no sólo en el terreno puramente intelectual sino también en los de la política y la educación. Gracias a este esfuerzo, las corrientes que impulsaron la vida nacional comenzaron a ser descubiertas en sus secretos mecanismos, y se difundió una nueva claridad sobre muchos fenómenos de la historia política, misma.

Entretanto, Ricardo Rojas emprendía una indagación semejante a través de nuestra expresión literaria. Su plan era ambicioso, pues junto a la inexcusable búsqueda erudita, aspiraba a elaborar un sistema de ideas que demostrara el sentido general de la literatura argentina. Pretendía “estudiar la literatura argentina como una función de la sociedad argentina” y estaba persuadido de que lograría expresar los rasgos profundos del espíritu nacional. “Una literatura nacional —afirmaba en el prefacio de su obra— es fruto de inteligencias individuales, pero éstas son actividades de la conciencia colectiva de un pueblo, cuyos órganos históricos son el territorio, la raza, el idioma, la tradición. La tónica resultante de esos cuatro elementos se traduce en un modo de comprender, de sentir y de practicar la vida, o sea en el alma de la nación, cuyo documento es su literatura.” En el fondo aspiraba a elaborar una historia de la cultura argentina a través de la creación literaria, pero acudiendo a otras fuentes cada vez que le parecía necesario. Él mismo lo señalaba en el citado prefacio: “Hay, pues, en esta obra —decía— un principio retrospectivo, cuyo espíritu es la historia, y un principio prospectivo, cuyo espíritu es la filosofía. Lo primero, reconstituyendo el pretérito de nuestra cultura, ha dado vida de verdad en la ciencia a las formas literarias del pasado argentino. Lo segundo, ensamblando esas formas según el sistema orgánico de su propia vida pasada, ha procurado descubrir la ley de nuestra ulterior evolución estética. Para ello no me he reducido a la poesía solamente (épica, dramática y lírica), sino que he incluido en mi tema los géneros didácticos que le sirven de base en la organización social, y las bellas artes que le sirven de coronamiento en la naturaleza humana. Así hallaréis que aquí, cuando llega el caso, hablo también de la filosofía, de pedagogía, de artes plásticas y de música.”

Rojas distinguía cuatro líneas de inspiración literaria que eran como cuatro expresiones del temperamento nacional: la de los gauchescos, que correspondía a la tradición vernácula; la de los coloniales, que se entroncaba con la tradición hispanoamericana; la de los proscriptos, que representaba la tradición democrática de Mayo, y la de los modernos, que correspondía a las nuevas inquietudes del país, abierto sin límite a las influencias europeas. En esas cuatro líneas exploraba Rojas no sólo las peculiaridades personales de los autores, sino las corrientes de pensamiento que los envolvían y las circunstancias sociales que moldeaban su expresión. De ese modo su historia de la literatura sobrepasaba los límites que parecía circunscribir su título y se tornaba una exploración de la vida argentina en el campo de la cultura.

Con referencias más directas a la vida política, pero tratando de señalar sobre todo el juego de las ideas y las tendencias, organizó José Ingenieros la obra que tituló La evolución de las ideas argentinas. Era el suyo un libro militante, destinado no sólo a descubrir las grandes líneas ideológicas que movían —así lo creía él— la historia nacional sino también a inclinar a sus lectores en favor de una de ellas: de la que representa la libertad, la justicia y la verdad, frente a la que representa el absolutismo, el privilegio y el error. Veía Ingenieros en la historia argentina dos concepciones de la vida que luchaban reiteradamente. “Son dos filosofías —escribía—, dos sistemas de ideas generales. Toda política que lo ignore, pasada esta hora sombría en la historia mundial, será un ciego andar a tientas, sin rumbo y sin esperanzas.” La mentalidad colonial y la mentalidad revolucionaria, el antiguo y el nuevo régimen, la feudalidad y la democracia, son expresiones que Ingenieros usa para caracterizar esa dialéctica cuyo descubrimiento le parecía deslumbrante. “Después de mucho leer y meditar sobre las corrientes ideológicas que han inspirado a las minorías cultas durante la formación de la sociedad argentina, el autor ha creído llegar a una arquitectónica de su asunto, sólo modificable por retoques de albañilería.” Por este camino creía alcanzar una visión sintética de la historia argentina, en la que los hechos cuidadosamente indagados por los historiadores cobraban sentido. “Lo que ocurre sobre el tablado no es igual para quien admira los títeres y para el que observa los hilos.” A la luz de las peripecias dramáticas de su tiempo, Ingenieros descubría en el juego de los hilos no sólo una clave sino también una consigna.

Acaso con propósito semejante comenzaron por entonces José Ingenieros y Ricardo Rojas a publicar sendas colecciones de autores argentinos: en La Cultura Argentina el primero y en la Biblioteca Argentina el segundo. El momento parecía ser de examen y recapitulación, de revaloración de la vida espiritual argentina, y justificaba el esfuerzo de ofrecer al país las ediciones de los autores que habían forjado trabajosamente la tradición intelectual del país. Así comenzaron a difundirse nombres olvidados y a organizarse las líneas del pensamiento argentino.

Entretanto, los estudios de historia política comenzaban a sufrir un cambio trascendental. Frente a las influencias de la sociología y de vagas filosofías de la historia, había comenzado a desarrollarse la escuela erudita, a la que habían dado un buen impulso Bartolomé Mitre y Paul Groussac. En la Facultad de Filosofía y Letras surgió luego la Sección de Historia, y allí, bajo la dirección del padre Antonio Larrouy, comenzó a formarse un conjunto de investigadores de rigurosa concepción erudita. La preocupación fundamental de la Sección —que fue luego Instituto de Investigaciones Históricas— fue la publicación de documentos dentro de las más severas normas críticas, y la elaboración de monografías de base documental, en la que el texto se ciñera fielmente a datos comprobables. Este criterio fue acentuándose con el tiempo. Tras la Reforma Universitaria asumió la dirección del Instituto Emilio Ravignani, que desarrolló una ímproba labor de investigación y precisó el método dentro del cual debían trabajar los equipos de investigadores que paciente y oscuramente acarreaban los materiales para la historia. Se destacaron a su alrededor Rómulo D. Carbia y Diego Luis Molinari, que en 1917 publicaron con Luis María Torres y Emilio Ravignani un Manual de historia de la civilización argentina en el que quedó de manifiesto el punto de vista de lo que comenzó a llamarse la “nueva escuela histórica”. Se trataba de hallar una actitud equidistante entre la simple erudición y las fáciles generalizaciones de los “sociólogos”. Con análogo criterio afrontaron cada uno de los miembros de la escuela sus temas particulares: Carbia su Historia eclesiástica del Río de la Plata (1914), Molinari su estudio sobre El gobierno de los pueblos (1916) que servía de introducción a la reedición de las actas del Congreso de 1816, Carlos Correa Luna su ensayo sobre Don Baltasar de Arandia (1914) y su Historia de la Sociedad de Beneficencia (1923); y al mismo tiempo aparecían densos, pulcros y numerosos volúmenes de documentos y apretadas monografías sobre temas muy circunscriptos.

Tangencialmente vinculado a la “nueva escuela histórica”, Ricardo Levene publicó en 1920-21 su Ensayo sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno; con una sólida estructura documental, Levene adoptó en algunos aspectos una actitud polémica, objetando la importancia que Juan Agustín García, Carlos O. Bunge, Juan B. Justo y José Ingenieros concedían a los factores económicos en el desarrollo de la Revolución. Tratando de refutar esas tesis, Levene afirmaba que el movimiento de Mayo no era una revolución burguesa sino una revolución popular, a la que se opuso lo que él llamó “la alta burguesía”.

Planeaba sobre los nuevos y los viejos historiadores la figura ilustre de Paul Groussac, maestro de la crítica pero poseedor además de un profundo sentido de la reconstrucción histórica y de una vasta cultura general. Por esos años publicó dos volúmenes de ensayos: Estudios de historia argentina (1918), en el que reunía sus estudios sobre el padre José Guevara, Diego de Alvear, el doctor Diego Alcorta, que había enseñado filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y sobre las Bases de Alberdi; y Los que pasaban (1919), en el que reunía los estudios sobre las grandes figuras de la generación del 80: Goyena, Avellaneda, Pellegrini y Sáenz Peña. Ambos volúmenes consagraban la figura del maestro francés, conocedor profundo de la vida y la historia argentinas, y mentor de varias generaciones a las que impulsó hacia el más exigente rigor intelectual.

5

Durante la época de la crisis mundial y nacional que acompañó a la guerra se advirtió la aparición de una profunda insatisfacción en las generaciones jóvenes, en cuanto a la actitud frente a la vida y especialmente en cuanto a la orientación de las curiosidades intelectuales. En 1914 se constituyó en Buenos Aires, en el seno del Ateneo Hispanoamericano, una sección de estudiantes universitarios que adoptó una nueva actitud frente a la política y la cultura; la presidía José María Monner Sans y la integraban entre otros Francisco de Aparicio, Carmelo Bonet, Tomás D. Casares, Gabriel del Mazo y Lidia Peradotto. En 1915 comenzó a publicar la revista Ideas y poco después se independizó adoptando primero el nombre de Ateneo de Estudiantes Universitarios y luego el de Ateneo Universitario. Por la misma época comenzaba José Ingenieros, llegado poco antes de Europa, a publicar su Revista de Filosofía, con la que se proponía —según decíaraba— imprimir unidad al naciente pensamiento argentino. Eran signos de nuevas preocupaciones, en un ambiente poco sensible todavía a las inquietudes intelectuales.

Las nuevas generaciones habían comenzado a percibir con claridad y con pesadumbre esa atmósfera que solían llamar cartaginesa. De pronto saltaba a la vista que el país estaba obsesionado por el afán de lucro y presidido por una adocenada clase de ricos dominados por la sensualidad. El hecho era exacto, aunque no nuevo; pero era nuevo, en cambio, el descubrimiento y la irritación que ahora suscitaba, reveladora del advenimiento de una nueva sensibilidad. José Ortega y Gasset señalaría el hecho en la conferencia que pronunció en el Instituto Popular de Conferencias el 6 de diciembre de 1916, para despedirse del público argentino: “Quien viniendo, como yo, de fuera, aspire a aclararse los problemas de la vida argentina, así en lo colectivo como en lo individual, creo que deberá partir, como de un hecho central, de la desproporción enorme que existe entre la preocupación económica de vuestra sociedad y el resto de sus actividades.” Pero advertía el sutil filósofo español otro hecho no menos revelador: “Yo no creo que exista en parte alguna —decía— un público de sensibilidad más pronta y limpia de prejuicios, de mayor perspicacia, que el que encontrará en la Argentina todo el que venga con un poco de pureza en el corazón y otro poco de arte en su expresión. No es esta alabanza mía convencional y reflexiva, porque al punto añado que es un problema para mí explicarme el desequilibrio que existe entre esa sensibilidad difusa y anónima pero exquisita y la producción ideológica y artística de este pueblo, que es más reducida y menos densa que lo que tiene obligación de ser.” El diagnóstico era exacto. Frente a una sociedad poco sensible a las cosas de la cultura y a unas minorías conformistas y académicas, comenzaba a advertirse el ímpetu difuso de una nueva sensibilidad; incapaz aún de dar frutos, mostrábase en su disconformismo, en su rebeldía, en su afán de novedad y renovación, en su insaciable curiosidad y, naturalmente, en su superficialidad. Pero no era menos cierto que con esa actitud se preparaba una vigorosa revolución intelectual.

A la sombra del movimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos que se produjo como consecuencia de su política latinoamericana a partir de fines del siglo xix, comenzó a desarrollarse un vivo sentimiento de simpatía hacia España, vencida en el Caribe y en Filipinas en 1898 y renaciente por el esfuerzo de la nueva generación. Tras la fecha del Centenario, el prestigio hispánico comenzó a acentuarse gracias al conocimiento de los nuevos valores del pensamiento, la literatura, las ciencias y la educación. La fuerte influencia ejercida por Sanz del Río y Francisco Giner, proyectada a través de la Institución Libre de Enseñanza, de la Junta para Ampliación de Estudios y del Centro de Estudios Históricos, comenzó a llegar hasta América con la aureola de una esforzada y profunda renovación. Y en plena guerra europea, mientras se interrumpía la corriente que nos unía tradicionalmente a Francia, las nuevas minorías intelectuales comenzaron a descubrir la transformación espiritual de Europa a través de la renovación espiritual de España. Precisamente España se llamaba el semanario que en 1915 comenzaron a publicar Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors, Baroja, Azorín y Pérez de Ayala, y que tanta influencia ejercería en España y América.

Al comenzar el año 1916, José Ingenieros dictó en la Universidad de Buenos Aires un curso sobre La cultura filosófica en España. Habló en las dos primeras clases del pasado, y dedicó la última a señalar los esfuerzos realizados por el pensamiento libre contra la tradición dogmática desde el siglo xviii; se detuvo Ingenieros en el estudio de las figuras de Sanz del Río y Ramón y Cajal, luego en las de Joaquín Costa y Francisco Giner, describiendo finalmente los esfuerzos y los primeros frutos de la generación del 98.

Se había fundado por entonces en Buenos Aires la Institución Cultural Española, destinada a difundir los nuevos valores hispánicos, y había inaugurado en 1914 la cátedra de Cultura Española de la Universidad de Buenos Aires, Ramón Menéndez Pidal, historiador y filólogo, y director del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Su influencia fue considerable en amplios círculos; pero mucho mayor fue sin duda la del joven filósofo que ocupó la misma cátedra en 1916: José Ortega y Gasset.

Antes de su llegada sólo Rodolfo Rivarola y, sobre todo, Alejandro Korn, se habían atrevido a abandonar la ortodoxia positivista en las cátedras argentinas de filosofía. Volvieron ambos a Kant, según el ejemplo de la escuela de Marburgo; y esta misma actitud, enriquecida con otros retornos y nuevas conquistas, trajo en su mensaje Ortega y Gasset. Formado en el movimiento neokantiano, su devoción por Kant igualaba a la que profesaba por Platón, pero sus enseñanzas estaban marcadas por los nuevos enfoques, especialmente por los de Husserl y Meinong. Creía firmemente Ortega que había un pensamiento propio del siglo xx, y se propuso difundirlo en la Argentina a través de las ideas que juzgaba fundamentales. Habló del sentido de la filosofía, del sentido de la historia y de la cultura. Opuso al evolucionismo nuevas teorías: “La vida —dijo— es una actividad creadora que consiste en el aumento de su propio ser.” La vida es además la que selecciona lo que nos interesa en cada instante, y esta selección en el percibir se traduce en una cierta manera de intervención en la realidad, porque el ser humano es acción. Ortega combatió el evolucionismo, el positivismo y el escepticismo propio de la época moderna. Afirmó que no sólo cada individuo sino también cada pueblo y cada época tienen su propia perspectiva de atención. “Una época —señaló— es un genuino sistema de preferencias y de pretericiones. Hay épocas cuya atención gravita hacia la práctica; épocas que omiten la acción. Hay siglos que prefieren vivir bien y otros que prefieren pensar bien.” Analizó el siglo xix, la herencia del idealismo y los planteos positivistas; señaló luego la trascendencia de “la vuelta a Kant, a Fichte, a Hegel”, y el alcance de la filosofía de Edmundo Husserl, cuyo escepticismo fue transformado en instrumento creador. “A la verdad por el escepticismo” podría ser —dijo— el emblema de la filosofía. El problema de la verdad lo condujo al problema del “sentido”, y en él se detuvo, estudiándolo a la luz de los planteos que constituían una de las grandes conquistas filosóficas de la época, y relacionándolo con el problema de los objetos, tema también novedoso y apasionante por entonces. Buscó luego el tema de la psicología, y descalificó la psicología fisiológica a la que opuso los nuevos planteos, a partir de Brentano. Así pasó revista a los principales problemas de la filosofía y enunció las nuevas corrientes de pensamiento que empezaban a atraer apasionadamente por entonces a las mejores mentes filosóficas de Europa. Eran esas nuevas corrientes, precisamente, las que Ortega consideraba específicamente expresivas del espíritu del siglo xx.

La repercusión que tuvieron las conferencias de Ortega en el ámbito universitario y en los círculos intelectuales del país fue inmensa. En diversas ocasiones habló sobre temas generales y manifestó opiniones antes no escuchadas sobre el valor de los clásicos, sobre el sentido de la vida de la época, sobre la política, sobre España, sobre la misión de la universidad; y en ese público que lo escuchó y en el que él descubrió una insaciable curiosidad y una vaga intuición de las nuevas preocupaciones que cruzaban el mundo, fermentaron inquietudes que cuajaron finalmente en el seno de pequeños grupos que descubrieron o creyeron descubrir una vocación intelectual, que no era como la de sus padres y sus maestros, sino más viva, más en contacto con las renovadas preocupaciones que recorrían el mundo. Así nació lo que se llamó el Colegio Novecentista, bajo la advocación del pensamiento nuevo, representado eminentemente a los ojos de sus miembros por José Ortega y Gasset y por Eugenio D’Ors.

Formaron parte del Colegio Julio Noé, Carlos Malagarriga, Adolfo Korn Villafañe, Baldomero Fernández Moreno, Juan Rómulo Fernández, Benjamín Taborga, Jorge Max Rohde, Carmelo Bonet, Tomás Casares, Roberto Gaché, B. Ventura Pessolano, Vicente D. Sierra y José Gabriel. Los unía una nueva sensibilidad que se encerraba en la expresión “novecentismo”, cuyo significado se esforzaron por precisar. “Novecentismo” —decían— quiere ser una suerte de nombre o seña de la actitud mental de unos cuantos hombres de hoy —nuevos y del Novecientos— a quienes no conforma ya el catón espiritual vigente.” Y tras eficaces respuestas a sus dudas, se lanzaron a toda clase de lecturas, variadas en cuanto a calidad y tema, y a la elucidación de toda suerte de problemas a través de ensayos y artículos.

De aquellos jóvenes, algunos se dedicaron a la literatura, otros a la historia, a la filosofía o al derecho. En el campo de las ideas filosóficas, algunos de ellos realizaron esfuerzos estimables. Casares se orientó hacia la filosofía tomista y Pessolano hacia la estética y la filosofía del derecho, alcanzando ambos la cátedra universitaria; Gabriel reunió algunos ensayos en el volumen que tituló La educación filosófica (1921) y Taborga, que ya antes había dado pruebas de su madurez filosófica en sus Glosas sobre la posibilidad de un novísimo órgano, publicó en los Cuadernos del Colegio Novecentista un ensayo de gran valor sobre El espacio, la geometría y la lógica.

Inspiró en gran parte al grupo Alejandro Korn, que no había vacilado en asistir, junto con Rodolfo Rivarola, al seminario que sobre la filosofía de Kant dictara Ortega y Gasset en la Facultad de Filosofía y Letras, al margen de sus conferencias públicas. Korn conocía a fondo los clásicos de la filosofía y comenzó a enseñar sus doctrinas dejando de lado la tradición positivista. Hacia 1918, su pensamiento había madurado, tanto en el orden de las ideas filosóficas como en el de las ideas generales relacionadas con la vida y la cultura argentinas; y en marzo de ese año, en el primer número de la revista Athenea que publicaban los ex alumnos del Colegio Nacional de La Plata y dirigía Rafael Alberto Arrieta, escribió un breve artículo, con algo de proclama, titulado Incipit Vita Nova, en el que expuso sus puntos de vista fundamentales sobre filosofía e, implícitamente, sobre otros problemas: “He ahí —decía— los varios motivos del resurgimiento de una nueva filosofía, ya no de carácter científico sino de orientación ética. La gran labor realizada no por eso se pierde. Ella ha cumplido su misión histórica, nos ha dado la conciencia de nuestro poder, nos ha dado los instrumentos de la acción y ahora se incorpora a las nuevas corrientes como un elemento imprescindible. El cambio de rumbo, sin embargo, se impone; un nuevo ritmo pasa por el alma humana y la estremece.

“Es que una ética supone un cambio fundamental de las concepciones filosóficas. No se concibe una ética sin obligación, sin responsabilidad, sin sanción y, sobre todo, sin libertad. La nueva filosofía ha de libertarnos de la pesadilla del automatismo mecánico y ha de devolvemos la dignidad de nuestra personalidad consciente, libre y dueña de su destino. No somos la gota de agua obediente a la ley del declive, sino la energía, la voluntad soberana que rige al torrente. Si queremos un mundo mejor, lo crearemos.

“La sistematización, no fácil, de este pensamiento, es la tarea del naciente siglo. Ruskin y Tolstoi han sido los precursores; Croce, Cohen y Bergson son los obreros de la hora presente. No han de damos una regresión sino una progresión. Y a la par de ellos los poetas. De nuevo ha renacido la poesía lírica, pero con una intuición más honda del alma humana, con mayor sugestión emotiva, en formas más exquisitas. ¡Qué trayecto no media de Zola a Maeterlinck! Y en las ciencias sociales ha terminado el dominio exclusivo del factor económico y vuelve a apreciarse el valor de los factores morales. El mismo socialismo ya, más que el socorrido teorema de Marx, invoca la solidaridad, es decir, un sentimiento ético.

“Cuando la serenidad de la paz retorne a los espíritus, quizá florezca la mente genial cuya palabra ha de apaciguar también las angustias de la humanidad atribulada.

“Entretanto, nuestra misión no es adaptamos al medio físico y social como lo quiere la fórmula spenceriana, sino, a la inversa, adaptar el ambiente a nuestros anhelos de justicia y de belleza. No esclavos, señores somos de la naturaleza.”

La posición adoptada hizo de Korn un maestro de la juventud, que lo rodeó con amor y respeto; en la cátedra siguió esa misma línea de pensamiento, de conducta y de vida, y en sus escritos fue desarrollando poco a poco sus ideas con progresiva profundidad. Mientras ponía fin a sus Influencias filosóficas en la evolución nacional, elaboraba La libertad creadora, que salió por primera vez en 1920 y luego, muy ampliada, en 1922. El filósofo se sublevaba contra el realismo ingenuo, y afirmando que tanto el orden sensible como el inteligible pertenecen al plano de la conciencia, infería que también la coerción y la libertad son estados de ánimo. Estos dos términos constituyen la clave de su pensamiento. “La libre expansión de la voluntad —dice— la cohíbe la coerción de la necesidad, y ésta no consiente arbitrariedad alguna. El sujeto es autónomo, pero no soberano; su poder no equivale a su querer y por eso tiende, sin cesar, a acrecentarlo. La aspiración a actualizar toda su libertad no abandona al eterno rebelde. La naturaleza ha de someterse al amo y el instrumento de esta liberación es la ciencia y la técnica.”

En los años siguientes, Korn escribió sobre Kant, sobre el concepto de ciencia y sobre la gnoseología; más adelante, en 1930, publicó su Axiología, acaso su obra más original y profunda. El problema de los valores lo apasionaba, y Valoraciones se llamó la revista que, inspirada por él, editó desde 1923 el grupo de estudiantes “Renovación” de La Plata.

Contemporáneamente enseñaron filosofía Coriolano Alberini y Alfredo Franceschi. Alberini comenzó a dictar la cátedra de Introducción a la filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1922, y desde allí lanzó sus sañudos ataques contra el positivismo. Renouvier, Bergson, Croce y Gentile fueron sus autores predilectos, y tras ellos se alineó en las filas del pensamiento nuevo, a cuyo desarrollo contribuyó originalmente con su Introducción a la axiogenia. Franceschi, por su parte, ocupó la cátedra de Lógica por la misma época y en la misma Facultad, empeñándose también en la querella contra el positivismo.

Por la fuerza de la tradición, el positivismo parecía representado de manera eminente en el país por José Ingenieros, y en buena parte se dirigían contra él y contra su pensamiento las críticas del antipositivismo. Alberini no dejó de dirigirle algún sarcasmo hiriente; pero en cambio Alejandro Korn, que no ocultaba sus convicciones, saludó sin embargo con respeto la aparición de las Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, que Ingenieros publicó en 1918. “Un nuevo libro de Ingenieros —escribía al reseñarlo en la revista Athenea— no es, en nuestro reducido mundo intelectual, un asunto baladí del cual pudiéramos desentendemos con una frase amable o irónica; es siempre el fruto de una labor tan intensa como sería; es con frecuencia el alumbramiento de ideas iniciales, nunca el flojo hilván de conceptos adocenados.” Ciertamente, el estudio que ahora veía la luz era de un interés excepcional. Preciso en la expresión, su contenido revelaba una profunda crisis en el pensamiento del autor.

Ingenieros acusaba el impacto que produjo en su espíritu la reaparición del espiritualismo, en abierto contraste con el positivismo vigente. Para explicarse el fenómeno recurría al renunciamiento a toda metafísica —“a toda explicación de lo inexperiencial”— en que había caído el positivismo. El espíritu, señalaba, se resiste a “excluir la perennidad de lo inexperiencial” y aunque admitía que los problemas de la metafísica estaban entonces “inexactamente formulados”, se atrevía a afirmar la necesidad de la metafísica. “Donde no lleguen las hipótesis experienciales de las ciencias, decía, empezarán las hipótesis que la metafísica prolonga en lo inexperiencial.” Así quedaba señalado el lugar de la metafísica, de la que insistía en decir que no es ciencia, que tiene un objeto distinto al de las ciencias, y de cuyas distintas formulaciones aseguraba que “sólo aspiran a ser lógicamente legítimas, sin que se considere posible su demostración experiencial”. Cuatro rasgos señalaba Ingenieros en la “metafísica del porvenir”: la universalidad, la perfectibilidad, el antidogmatismo y la impersonalidad; y afirmaba que para plantearla correctamente sería necesario renovar el lenguaje filosófico.

Alejandro Korn hizo algunos reparos al pensamiento de Ingenieros, especialmente en relación con la tesis de que la metafísica es la continuación de la ciencia. “La raíz de la divergencia que desarrollamos —escribía— estriba probablemente en el hecho de considerar Ingenieros la metafísica, en primer lugar, como una cosmología y nosotros, ante todo, como una axiología. De ahí distinta apreciación de las ciencias físicas y psíquicas, distinta gnoseología, distinto método y distinto concepto de la metafísica.” Pero quedaba señalado el tránsito del pensamiento de Ingenieros hacia posiciones más amplias y profundas que las de su primera época.

Siguieron los discípulos de Ingenieros su evolución, y hallaron su tribuna en la Revista de Filosofía. Los positivistas ortodoxos, encabezados por J. Alfredo Ferreira, se mantuvieron fieles a la doctrina y organizaron en 1924 el Comité Positivista Argentino, del que formaron parte, además, Maximio Victoria, Avelino Herrera, Rodolfo Senet, Víctor Mercante, Ángel Acuña, Horacio Damianovich, Ángel M. Giménez y Américo Ghioldi. La revista El Positivismo, a través de la que divulgaban su pensamiento, siguió apareciendo hasta 1938.

Pero la revolución filosófica que había desencadenado en buena parte Ortega y Gasset y que acusaban las Proposiciones de Ingenieros, cobraba vuelo y aglutinaba especialmente a los grupos juveniles. El que había desencadenado en Córdoba el movimiento de la reforma universitaria invitó en 1921 a Eugenio D’Ors para que dictara un ciclo de conferencias en la vieja Universidad. También esta visita resultó memorable. El filósofo catalán tomó partido frente al positivismo y al mecanicismo. Habló de la necesidad de retornar al clasicismo, de la dialéctica, de la metafísica, de la libertad; explicó los secretos de la fenomenología y se explayó sobre la belleza. Luego, en Buenos Aires, habló sobre el probabilismo y las ciencias, seguido por su público con la misma reverente atención de quien descubre un mundo de ideas antes ignoto.

El fermento obró intensamente en el ambiente intelectual del país. Uno tras otro, los grupos de jóvenes inquietos se lanzaron a la apasionada lectura, y no faltaron los que se decidieron a buscar en las casi legendarias universidades alemanas los zumos apenas gustados a través de los profetas del pensamiento nuevo.

La aparición de la Revista de Occidente fue una fecha en la historia de la cultura argentina, y sus lectores —casi sus fanáticos, podría decirse— se distinguieron pronto por el elenco de ideas que utilizaban, y hasta por el lenguaje en que las vertían. La segunda visita de José Ortega y Gasset, en 1928, acentuó su influencia y el prestigio del pensamiento renovador. El autor de El tema de nuestro tiempo coincidió entonces con otros ilustres visitantes, que daban al ambiente intelectual de Buenos Aires un aire cosmopolita y moderno: la Universidad de Buenos Aires agasajó el 1° de septiembre a José Ortega y Gasset, a Celestin Bouglé, a Paul Langevin, a Hans Driesch y a Federico Enriques en un banquete al que asistieron personalidades destacadas de diversas especialidades. Y cuando Ortega y Gasset comenzó sus conferencias en el salón de Amigos del Arte, en la calle Florida, se tuvo la sensación de asistir a un acontecimiento que haría fecha en la vida cultural argentina. El filósofo español abordó el tema de “qué es nuestra vida” y lo relacionó con la trascendencia y la significación del “ahora” para cada conciencia. Así quedó señalada también la significación de “nuestro tiempo” —esto es de “nuestras circunstancias”— del que comenzó a ocuparse luego con detenimiento. Analizó “la edad de nuestro tiempo” y trató de circunscribirlo y precisar su “sexo y edad” glosando la teoría de las generaciones. Nuestro tiempo fue calificado como un tiempo de jóvenes, y relacionó con esta peculiaridad el culto del cuerpo y “ese aspecto deportivo de la vida que se denomina elegancia”. Señaló luego que era un tiempo de juventud masculina y que estaba caracterizado por el ascenso de las masas que provocaba una nivelación que juzgó peligrosa. “El problema capital de nuestra época es, pues, el de crear nuevas minorías capaces de contener ese proceso”, dijo refiriéndose al de la estatificación que compromete la espontaneidad de la historia. Poco después, en la Facultad de Filosofía y Letras, habló sobre ciencia y filosofía planteando no sólo nuevos conceptos epistemológicos, sino también jugosas observaciones sobre el sentido de la metafísica y de la filosofía en general. Su palabra siguió despertando inquietudes y sembrando sugestiones en quienes tenían alguna inclinación por la meditación sobre los problemas de la vida y la cultura.

Ortega y Gasset significó el comienzo de la influencia filosófica alemana. Por esos años comenzaban ya a mostrar su amplio saber y su vocación profunda por la filosofía Luis Juan Guerrero, Francisco Romero y Carlos Astrada, que serían luego los maestros de las nuevas generaciones y los celadores de aquella corriente de pensamiento, bajo la advocación de Alejandro Korn. La fundación de la Sociedad Kantiana de Buenos Aires en 1929 fue la señal de aglutinamiento, tras la cual el tiempo separó las escuelas por razones ajenas por cierto a la sola doctrina.

Por la misma época hubo una intensa renovación de la vida científica. En 1917 llegó a la Argentina, donde se radicaría, el gran matemático español Julio Rey Pastor que, en la práctica, inauguró los estudios superiores de matemática, en los que se destacaron después Juan Blaquier y J. C. Vignaux.

Poco después, en 1925, visitó el país Alberto Einstein, cuya presencia fue estímulo para los estudios físicos, que cultivaron Ramón G. Loyarte —que dirigió el Instituto de Física de la Universidad de La Plata—, Teófilo Isnardi y Enrique Gavióla. En el campo de los estudios biológicos constituye una fecha la fundación del Instituto de Biología por Bernardo Houssay en 1919, y en los estudios botánicos desarrolló una vasta labor de investigación Miguel Lillo, con cuyas colecciones se constituiría en 1930 un importante instituto en la Universidad de Tucumán.

6

La actitud rebelde que la juventud comenzó a tomar frente a un ambiente que consideraba cartaginés y la posición polémica que adoptó frente a las ideas tradicionales y a las instituciones educacionales del país, desencadenaron una revolución profunda en la vida cultural del país que se conoce con el nombre de “Reforma Universitaria”.

El movimiento fue obra de un grupo juvenil que se sintió a sí mismo como expresión de una “nueva generación” y poseedor de una “nueva sensibilidad”; un grupo que declaraba enfáticamente: “Estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana.” Todas las alusiones a una visión nueva del mundo y de la vida —y especialmente la que Ortega y Gasset había dejado deslizar en sus conferencias de 1916— hallaban en él simpática repercusión. Su primera irrupción se produjo en Córdoba, cuya Universidad mantenía porfiadamente algunos rasgos de la universidad colonial, y en la que era más fuerte que en la de Buenos Aires o La Plata la gravitación de las familias de la oligarquía tradicional y de las fuerzas clericales. Precisamente en relación con los vagos fermentos que empezaban a advertirse en la vida intelectual argentina, habíase constituido en Córdoba un movimiento católico para defender la tradición, conocido con el nombre de “Corda Frates”, bajo cuya inspiración se organizó un congreso de estudiantes católicos en julio de 1917. De allí salió la Federación de Estudiantes Católicos, cuya finalidad era apoyar el movimiento “en favor del restablecimiento de la enseñanza moral y religiosa en las escuelas”, “combatir eficazmente el normalismo a cuyo amparo prosperan tantos ateos, anarquistas. y extranjeros”, y procurar que “los cargos directivos en las facultades y en los consejos superiores de las universidades sean ocupados por profesores adictos a la tendencia [católica] para llegar a la libertad de enseñanza universitaria”. Este movimiento suscitó una enconada polémica, que se agudizó en el clima político, social e intelectual que se había comenzado a formar desde 1916 y que culminó al comenzar el curso académico de 1918.

Al promediar ese año, los estudiantes de Córdoba no vacilaron en llegar a la violencia para desalojar de las posiciones directivas y de las cátedras a quienes tradicionalmente las detentaban. Precisamente cuando se producían otros fenómenos de no menor trascendencia en el orden social y político, y confluían nuevas corrientes de ideas en el campo de la teoría y en el de la acción política, el movimiento cordobés se extendió a otras universidades del país y llegó a crear un ambiente de desusada gravedad en la vida nacional. Una incontenible corriente de renovación profunda ganaba el país.

El movimiento de reforma universitaria fue desde un comienzo un fenómeno complejo en el que se entremezclaron distintas y difusas aspiraciones y tendencias. Los grupos juveniles que se insubordinaban contra sus maestros, se levantaban, en rigor, contra la generación de sus padres, contra el estilo de vida que se les ofrecía como impuesto por la tradición, contra el ambiente que predominaba en el país y que parecía coartar sus posibilidades futuras. Por eso los vagos anhelos sobrepasaban las fórmulas que sus representantes acertaban a expresar, y por eso el movimiento revestía los caracteres de una verdadera revolución.

En lo que coincidían todos, y constituyó el punto de partida de la insurrección estudiantil, fue en la incapacidad de los profesores, su insolvencia intelectual, su tendencia dogmática, su indiferencia frente a los problemas nuevos de la vida y de la cultura. En ocasiones la palabra juvenil adoptó un aire formal y enjuició el desquicio administrativo de las universidades. Pero sobre todo enjuició el régimen del profesorado, que constituía a sus ojos una casta que detentaba las cátedras universitarias y los cargos directivos como si los poseyeran “por derecho divino”. Los jóvenes querían buenos maestros, honestos y capaces. Pero en cuanto el movimiento fue cobrando volumen descubrieron que todo eso no bastaba. Eran “las estructuras, los métodos y la orientación” de la universidad lo que ya parecía insuficiente e insatisfactorio, era la universidad tradicional en su conjunto lo que parecía haber caducado. Sobre todo resultaba intolerable la concepción autoritaria que la presidía: los rectores y los decanos inasequibles, los profesores seguros de la distancia que separaba la cátedra de los escaños, los textos dogmáticos, las reglamentaciones rígidas. Tras el autoritarismo, la autoridad confesional resultaba no menos dura en algunos lugares, como Córdoba, donde la Universidad parecía una dependencia de las congregaciones religiosas. El manifiesto reformista del 21 de junio de 1918 hablaba de “la opresión clerical”, de “la tiranía de una secta religiosa”, de la “advocación de la Compañía de Jesús”, bajo la cual se realizaban ciertos actos. La respuesta no se hizo esperar. El propio obispo de Córdoba, fray Zenón Bustos, se encargó de darla en una pastoral en la que expresaba su estado de ánimo: “Dominando en tales circunstancias el ruido de la marea liberal empeñada en profanar la cultura y humillar las creencias reverendas y tradicionales, vejando a la religión y a su clero, sólo cabía apretarnos el corazón y callar”; y formulaba una admonición: “He visto negados los blasones que Córdoba tenía ganados de alta cultura, de católica y de Roma argentina. Se ha sentido amenazada de perderlos y los perderá si no despierta y emprende un movimiento reaccionando contra sus descuidos en la educación cultural, religiosa y moral de sus hijos.”

Aunque acaso no fuera sustancial, el conflicto cordobés entre la juventud liberal y el movimiento católico revelaba la médula del problema. Era un conflicto generacional, un movimiento de insurrección contra el pasado. Pasado era la tradición dogmática, autoritaria y esclerosada de los profesores de Córdoba que, como decía en la Cámara de Diputados Juan B. Justo, seguían en sus cursos ideas tendenciosas como las que contenían los Principios de economía política del padre Liberatore, S. J., y la Filosofía del derecho del obispo Fernández Concha. Pero pasado era también la tradición cartaginesa y la filosofía positivista. “Las penúltimas generaciones —decía Deodoro Roca al clausurar el Primer Congreso de Estudiantes Universitarios de Córdoba, en julio de 1918— estaban espesas de retórica, de falacia verbal, que trascendía a las otras falacias, pues lo que en el campo literario era grandilocuencia inútil, en el campo político era gesticulación pura, en el campo religioso rito puro, en el campo docente simulación cínica o pedantería hueca, en la vida comercial fraude o escamoteo, en el campo de la sociabilidad ostentación brutal, vanidad cierta, ausencia de real simpatía, en la vida familiar duplicidad de enseñanza, y en el primado moral enajenación de rancias virtudes en favor de vicios ornamentales.” Y poco antes, hablando del ambiente de los años del Centenario, había dicho: “La generación anterior se adoctrinó en el ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, en la superficialidad cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el desdén por la obra desinteresada, en las direcciones del agropecuarismo cerrado o de la burocracia apacible y mediocrizante.”

Para superar el pasado, la juventud se creía no sólo imprescindible como fuerza social renovadora sino también suficientemente eficaz como para torcer el curso de las cosas. Por eso quiso intervenir en el gobierno de la Universidad: porque estaba segura de que era más madura que los hombres maduros para adoptar decisiones fundamentales; y por eso no vaciló en aceptar las responsabilidades de la dirección de la vida universitaria, al tiempo que las reclamaba también en otros órdenes de la vida nacional.

Bien mirado, el movimiento se mostró en sus primeros momentos contradictorio en algunos aspectos. Originado en cierta repugnancia contra la superficialidad suficiente de la aristocracia ganadera y contra la mediocridad desafiante de las clases medias en ascenso, el movimiento juvenil de la reforma universitaria no pudo sustraerse a cierto sentimiento de superioridad que lo mostró como nacido de una nueva élite del espíritu. Se pensaba en el “santo amor por la belleza pura”, en la dignidad de los estudios desinteresados. Pero era una élite que se sentía cargada de responsabilidades y que descubría hora a hora los problemas que traía consigo la renovación de ideas que perseguía. “Por vuestros pensamientos pasa —decía Deodoro Roca en el discurso citado—, silencioso casi, el porvenir de la civilización del país. En primer término, el soplo democrático bien entendido. Por todas las cláusulas circula su fuerza. En segundo lugar, la necesidad de ponerse en contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo, ya sea abriéndole las puertas, de la universidad o desbordándola sobre él.”

Así nació una nueva inquietud, quizá más definida en unos que en otros, pero innegable en todos, en relación con los fenómenos de cambio social que se producían en el país y en el mundo entero. No mucho después se advertía el alcance nacional y americano de las ideas que movían las aspiraciones estudiantiles, y no mucho más tarde sus implicaciones de todo orden. La Universidad se sintió desde entonces vanguardia de todos los movimientos progresistas, aun de aquellos que eran eminentemente políticos si entrañaban una defensa de la libertad, y al cabo de poco tiempo hubiera sido difícil señalar los límites justos entre las preocupaciones universitarias y las que excedían esos límites.

Si la reforma universitaria excedía en mucho los límites de una reforma educacional, la preocupación específica por esta última se advirtió especialmente en el campo de la enseñanza primaria y secundaria. Ernesto Nelson y Amaranto Abeledo recogieron algunos experiencias ñorteamericanas y procuraron adaptarlas a la realidad nacional por vía de ensayo, sobre todo en la Universidad de La Plata. Pero fueron sobre todo los pedagogos europeos Decroly, Ferriére, Gentile, Montessori, los que inspiraron una preocupación más intensa en el país. Para difundir su pensamiento comenzó a publicarse, como suplemento de la revista educacional La Obra, una entrega mensual titulada Nueva Era cuyo director fue José Rezzano, profesor de Didáctica General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, donde contribuía a formar un nuevo espíritu. En Nueva Era conocieron los maestros argentinos por primera vez —hacia 1925— los nombres de los grandes reformadores contemporáneos de la educación y donde se difundieron las nuevas técnicas, con el método Decroly, el de proyectos, la escuela activa, etc. Fue a Clotilde Guillén de Rezzano a quien le correspondió hacer los primeros ensayos sistemáticos de esos métodos, cuyo valor y cuyos principios difundieron por entonces Juan Mantovani, Hugo Calzetti y otros. Ejercía sobre todos ellos marcada influencia la Revista de Pedagogía de Madrid, que dirigía Lorenzo Luzuriaga. La visita que realizó en 1928 el pedagogo español reavivó el entusiasmo por el movimiento de reforma y contribuyó a robustecerlo, pero, pese a todo, habrían de pasar algunos años antes de que lograra influir en la organización de la educación pública.

7

Si la intensa transformación que se operaba en Europa después de la Primera Guerra Mundial repercutió en el plano de las relaciones sociales y en el de las ideas sistemáticas, era inevitable que influyera también en el orden de la sensibilidad. Modernismo e impresionismo eran las corrientes que predominaban en el campo de la creación, pero ya un poco modificadas ambas tendencias. A Lugones le seguían Enrique Banchs, Baldomero Fernández Moreno y Arturo Capdevila, posmodernistas de singulares caracteres, y a Malharro los artistas que, seducidos por Sorolla, Zuloaga o Anglada, buscaban su fuente de inspiración en España, como Bemareggi, Quirós, López Naguil, Larco o Centurión. Pero hacia 1921 comenzó a producirse una rápida transformación en los gustos. La música de jazz comenzó a difundir el acelerado ritmo del shimmy, del fox-trot, del charleston; el cinematógrafo comenzó a atraer a vastos sectores del público, que por esa vía tomaban contacto con la afiebrada sensibilidad de posguerra, y a través. de argumentos y actores, se percibían nuevas maneras de reaccionar frente a la vida y de entender la acción y las pasiones humanas.

El fenómeno, como es natural, debía manifestarse más rápida y nítidamente en las minorías, y especialmente, en los grupos juveniles de espíritu minoritario.

Fue en ellos en quienes prendió, como una fiebre tropical, la que ya se llamaba “nueva sensibilidad”. En contacto con los escritores franceses y españoles, algunos argentinos habían ya comenzado a escribir a la nueva manera. Ricardo Güiraldes había publicado su Cencerro de cristal en 1915, y Raucho en 1917; Oliverio Girando había escrito los versos —que luego publicaría con el título de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía—, entre 1920 y 1922, y en marcha por diversos países; Jorge Luis Borges y Francisco Luis Bernárdez asistían en España al nacimiento de nuevas escuelas guiadas por una estética heterodoxa, en la que influía mucho Rafael Cansinos Assens; y jóvenes pintores y escultores recomenzaban sus estudios en Europa bajo el signo de la escuela de París.

Un día los viajeros comenzaron a regresar: Gómez Cornet, el pintor; Borges y Bernárdez, los poetas; Sibellino, el escultor. Un ambiente preparado para recibir sus sugestiones los esperaba. Alberto Prebisch había comenzado a estudiar la arquitectura de Le Corbusier; Oliverio Girando conocía los secretos de la nueva poesía francesa. Gauguin, Modigliani y Bourdelle eran ya figuras entrevistas por los curiosos, y Picasso empezaba a intrigar a algunos inquietos, a quienes acaso seducían también Paul Morand, Valle Inclán o Gómez de la Sema. El “ultraísmo” o “vanguardismo”, como otros dijeron, halló de pronto un cálido hogar en Buenos Aires, custodiado por una generación de veinte años, la misma de los que se sublevaban en Córdoba contra el academicismo universitario o en Buenos Aires contra los salarios de hambre de la fábrica de Vasena.

Sus primeras manifestaciones fueron las revistas: Prisma, que editaron Borges y González Lanuza; Proa, que inspiraron el mismo Borges, Brandán Caraffa, Pablo Rojas Paz, y a los que luego se unió Ricardo Güiraldes; Inicial, Valoraciones, dirigida la primera por Roberto Ortelli y la segunda por Carlos Américo Amaya bajo la inspiración de Alejandro Korn y Pedro Henríquez Ureña. Cada uno definía su posición estética como si asumiera una terrible responsabilidad. Llegaban a ellas, seducidos y resueltos, grupos de jóvenes que amaban las letras bajo sus nuevas formas; y poco después la nueva generación había adquirido conciencia de sí misma y tomaba posiciones definitivas.

Los hechos sustanciales ocurrieron en 1924. Ese año Emilio Pettoruti expuso por primera vez sus telas de inspiración cubista; el grupo de “Florida” fundó la revista Martín Fierro y el de “Boedo” Claridad y La Campana de Palo. “Florida” y “Boedo” son dos calles de Buenos Aires, aristocrática la primera, popular la segunda. Sus nombres fueron signos —apresurémonos a decirlo— de sendas tendencias literarias: arte puro y arte de contenido, fueron fórmulas expresivas de una y otra. Y más lejos, en el popularísimo barrio de la Boca, sobre el Riachuelo donde se fundó una vez Buenos Aires, se agrupaba otro núcleo que cultivaba el romanticismo del suburbio entre callejuelas y barcos. La obra empezó a cuajar.

Acaso el acontecimiento literario más significativo de la época fue la publicación de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, en 1926. Ese año publicó también Enrique Larreta su Zogoibi, de análogo ambiente. Fue la confrontación de dos estéticas, y la de Güiraldes descubrió que había triunfado. Y no solamente en el seno de los jóvenes de Martín Fierro sino en más amplios escenarios, como si la “nueva sensibilidad” fuese un estado de ánimo generalizado. El mismo Güiraldes —y seguramente sus amigos— se sorprendió ante el fenómeno. “No sé cómo puede llamarse esto —escribía a Valery Larbaud— porque nunca le puse nombre por lo inesperado. Me palmean todos los días. No veo sino sonrisas que están tan conmigo que son casi yo mismo. Don Segundo lo hemos escrito todos. Estaba en nosotros y nos alegramos de que exista en letra impresa. No hay más que felicitaciones por este estado de cosas y estoy ¿cómo he de estar? contento y un poco como dormido en esta simpatía ambiente tres veces rara en la breve historia de mis libros. De los palos esperados, ninguno ha caído. ¿Qué es todo esto? Cualquier cosa hubiera esperado en mi vida menos un asentimiento general por una obra mía.” Porque, ciertamente, la intención era esotérica; pero la transcripción de la Pampa según la “nueva sensibilidad” había triunfado sobre la transcripción posmodernista de Larreta, que casi cayó en el vacío.

Era un signo de los tiempos. El grupo de Florida triunfaba no sólo con Güiraldes. El Borges poeta de Fervor de Buenos Aires y de Cuaderno San Martín ganaba adeptos entusiastas de la nueva estética, tanto como el prosista de Inquisiciones y de El tamaño de mi esperanza. En el mismo año de 1926 en que aparecía este último libro, publicaba Pablo Rojas Paz La metáfora y el mundo, Nicolás Olivari La musa de la mala pata, Leopoldo Marechal Días como flechas, Enrique González Tuñón El violín del diablo. Ese mismo año, todavía, el dramático Roberto Arlt publicaba en Boedo El juguete rabioso.

Para satisfacer otras inquietudes, la Asociación de Amigos del Arte, que representaba la “nueva sensibilidad” y cuyo salón de Florida era un centro de difusión de nuevas influencias, ofreció ese mismo año una exposición de pintura francesa moderna; Jean Aubry disertó en la sociedad musical Diapasón sobre la música francesa moderna, algunas de cuyas obras cantó Jean Bathori; y el director suizo Ernest Ansermet hizo conocer otros autores, entre ellos el más revolucionario, Arthur Honegger. Fue un año de revelaciones de la nueva sensibilidad, del espíritu nuevo.

La “nueva sensibilidad” no era sólo un libre y desenfrenado impulso: poseía su teoría, y por cierto obraba claramente en el espíritu de sus defensores. Ciertamente, el primero de sus elementos era negativo: el desdén por el pasado sin discriminación de matices y la defensa entusiasta por todo lo nuevo. Casi todo el pasado pareció culpable del más terrible de los pecados: el “pasatismo”, como se usó decir con expresión heredada del futurismo de Marinetti; y la revista Nosotros, por ejemplo, mereció una solicitud de disolución firmada por Marechal, Bernárdez y Vallejo, quienes, además, insinuaban “que con los bienes del finado se dé nacimiento a una revista de vanguardia”. Por lo mismo merecieron signos ostensibles de desdén Capdevila, Banchs y Fernández Moreno, Larreta, Rojas y otros muchos que recibieron duro castigo en el “Parnaso Satírico” de Martín Fierro. “Mortíferas” se titulaba un epigrama que enumeraba calamidades:

El ómnibus. El cianuro.

Zogoibi. Víctor Antía.

Ricardo Rojas. Y el duro

desdén de la amada mía.

Caso singular fue el de Lugones, pues Martín Fierro comenzó reverenciándolo y concluyó combatiéndolo y rechazándolo para afirmar la independencia estética del grupo, al mismo tiempo que agredía a sus discípulos, a los que consideraba demasiado reverentes.

Pero no todo era negativo en la estética del grupo de Florida que editaba Martín Fierro. Había también una actitud de combate en defensa de ciertas posiciones. Si todo lo nuevo era, en principio, valioso, era porque lo nuevo nacía con un signo inconfundible después de la Primera Guerra Mundial, un signo que aludía a las actitudes vitales además de las estéticas. Nueva era la línea de un Hispano-Suiza, nuevo era el ritmo del jazz-band, nueva la línea de Norma Talmadge o de Pola Negri. En los Estados Unidos o en Europa, lo nuevo se imponía, como si un mundo hubiera desaparecido y fuera necesario aceptar el que se creaba todos los días. Y la “nueva sensibilidad” aceptaba en Florida esa fatalidad con regocijo, como si el campo virgen facilitara la dura creación.

Si algo distinguía al grupo de Florida era la tendencia hacia la literatura pura, hacia el arte no comprometido, hacia la afirmación de lo arbitrario. El arte parecía pasatiempo. Y si el artista se ponía serio, parecía ridículo. “Ningún prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo sublime”, escribía Girondo a manera de epígrafe en sus Veinte poemas. En la “Carta abierta a ‘La Púa’ ” que servía de prólogo al libro señalaba ese trance: “Lo que sucede entonces es siniestro. El pasatiempo se convierte en oficio”; y agregaba más adelante: “¿Publicar? ¿Publicar cuando hasta los mejores publican 107 % veces más de lo que debieran publicar? Yo no tengo, ni deseo tener, sangre de estatua. Yo no pretendo sufrir la humillación de los gorriones. Yo no aspiro a que me babeen la tumba de lugares comunes, ya que lo único realmente interesante, es el mecanismo de sentir y de pensar. ¡Prueba de existencia!”

Sin duda había en esta actitud mucho de espíritu de élite, de élite intelectual, ciertamente, pero de élite social también. El arte era un lujo del espíritu, que sólo podían darse —¿o acaso sólo tenían derecho a darse?— quienes estuvieran libres de subalternas preocupaciones. La “nueva sensibilidad”, como lo prueba la sorpresa de Güiraldes, creía ser una sensibilidad esotérica, capaz de descubrir la poesía, ciertamente, en las cosas vulgares, pero en virtud de una aptitud que sólo tenían unos pocos y podían descubrir unos pocos. Por eso requería y buscaba un lenguaje críptico, un lenguaje de imágenes y metáforas; todo cuanto exigiera lógica racional parecía desdeñable para la poesía, que no podía expresarse sino a través de imágenes capaces de traducir estados intermedios de la conciencia o sensaciones imprecisas. Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña —entonces en Buenos Aires— alentaban con su ingenio y sabiduría la nueva experiencia literaria.

Algo semejante perseguía el músico que desdeñaba la melodía o el pintor que abandonaba el tema anecdótico. La nueva sensibilidad amaba a Honegger y a Picasso, a los “Six” y a la “Escuela de París”. Tenía, sin duda, preocupaciones metafísicas, que expresaban poetas y prosistas de manera vaga, y entre todos Macedonio Fernández con rara profundidad. Metafísica y arte puro se unían de manera imprecisa en una estética que expresaba Güiraldes en la célebre carta que publicó en el número 25 de Martín Fierro, en enero de 1925: “En arte hay dos actitudes: la de mirar al público y hacer las pruebas del histrión necesarias para que los espectadores le arrojen moneditas de su simpatía (gloria mundana) y la de encararse con el misterio inexpugnable del arte mismo, siempre capaz de ennoblecer con su perenne juventud a los que se dan de cuerpo y alma. En el primer caso la actitud es de pedido; en el segundo nada puede pedirse que no venga de uno mismo y la ruta se prolonga aumentando paso a paso sus exigencias, endureciéndose a medida que el artista se hace capaz de cargar con mayor peso. Toda palabra contiene en sí un misterio total. La conjunción de las palabras es el campo infinito que jamás venceremos sino con pasajeras vislumbres. Esto para los escritores.

“¿Quién puede resolver por uno el problema que uno se impone? Todo problema resuelto por otro se ha hecho ajeno a nuestros propósitos y no puede servirnos sino para aumentar por el ejemplo nuestra ansia de llegar. Y además llegar no significa sino haberse creado nuevos motivos de partir. ¿Quién sería tan presuntuoso para creer que ha resuelto totalmente un problema de arte? Unicamente un engreimiento delimitado puede suponer límites definitivos. La eternidad no se concibe sino como un constante andar. El que quiera enfrentarla debe decirse a diario, en alegre confianza: ‘levántate y anda’.

“Y para concluir: los que atacan todo gesto de independencia son los sometidos a ideas de otros en quienes creen haber encontrado una verdad definitiva. Sea de quien sea esa idea y sea como sea, están en un error.

“El que cree saber ha creado en sí una muerte. Saber es en el hombre un estado de relación con una ignorancia anterior. Todo saber, adquirido como conocimiento transitorio, se modifica por una duda y llega a ser una ignorancia de la cual se parte hacia un conocimiento futuro.

“El que acopia los saberes transitorios como inamovibles, va osificando poco a poco su inteligencia, hasta llegar a una completa incapacidad de comprender y se convierte en un más o menos ameno predicador de verdades lastre.

”La memoria no es un oráculo infalible. Sus conocimientos no son, sino que han sido y no pueden servirnos para negar la adquisición constante de nuevos datos que nos atrae el hecho mudadizo de vivir.

’’Del saber interno y del saber que a cada momento vamos adquiriendo surge el proceso de nuestra inquietud intelectual. Los que creen en las verdades definitivamente adquiridas, matan la vida del pensamiento. Los que en cambio no admiten sino verdades del momento crean a la inteligencia una razón de vivir.

”No hay en el hombre un solo saber absoluto; hay una actual comprensión de un aspecto de verdad, dentro de ciertos factores inseparables de esa verdad relativa, sin los cuales no se hubiera presentado. Si admitimos este conocimiento como inmutable, desatendiendo las circunstancias especiales que nos lo trajeron, sólo habremos muerto nuestra capacidad de ver otro aspecto de la verdad en beneficio de una mentira.”

Cosa curiosa, el artepurismo del grupo Martín Fierro, en ocasiones aristocratizante, tenía una cara popular. La “nueva sensibilidad” amó la realidad inmediata, la de la ciudad de Buenos Aires, con sus suburbios y sus resabios de ciudad de campo.

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires.

La juzgo tan eterna como el agua y el aire,

decía Jorge Luis Borges, Y en el manifiesto de Martín Fierro se decía: “Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación.” En todo lo nuestro. Olivari y los González Tuñón descubrieron el valor expresivo del “lunfardo” —la lengua de los barrios bajos—, el valor dramático de la expresión popular, el valor metafísico de la actitud del hombre del suburbio. El mismo Borges descubrió su apego a la realidad urbana. Y el periódico creado para defender una estética depurada, debió disolverse el día en que estalló en su seno una disputa política, porque algunos redactores deseaban defender la candidatura popular de Hipólito Yrigoyen: “El corralón seguro ya opinaba Yrigoyen”, como decía Borges en “La fundación mitológica de Buenos Aires”.

Esta aceptación del compromiso con la realidad se había manifestado resueltamente, desde un comienzo, en el grupo llamado de Boedo. La revista Claridad lo aglutinaba, bajo el signo del grupo Clarté que presidían Henri Barbusse y Anatole France. Eran los intelectuales inquietos por el problema social, comprometidos en la lucha o ansiosos de comprometerse. El relato de Roberto Arlt o de Leónidas Barletta, el poema de José Portogalo o de Alvaro Yunque, el ensayo de Elias Castelnuovo, revelaban la influencia de los autores finiseculares o de principios del siglo a quienes preocupaba más el análisis y la descripción de la sociedad que el logro de sutiles imágenes. Los autores rusos, y Dostoiewski especialmente, seducían la imaginación de quienes, reunidos en una barriada popular, veían hervir las inquietudes sociales del mundo a través de su propia experiencia inmediata; pero también la atraían los ultraístas revolucionarios que sostenían, como había dicho Tristan Tzara, que “el valor poético más alto es aquel que coincide con la revolución proletaria”.

Más elemental y primario, el grupo de La Boca afirmaba directamente el valor de la creación popular. Benito Quinquela Martín pintaba sus paisajes del Riachuelo, que querían ser una versión, épica unas veces y lírica otras, del trabajo portuario, aunque sólo lograba, generalmente, un colorido primario y un aire sentimental; como sentimental era también la música popular de Juan de Dios Filiberto, autor de canciones populares de fácil emoción. Este grupo trasladó su base hacia el centro de la ciudad e instaló lo que llamó “La Peña”, en el café Tortoni de la Avenida de Mayo. Fue obra de un miembro del grupo de Florida la travesura de poner un día sobre un cuadro de Quinquela Martín un letrero en el que se leía la siguiente inscripción: “Cuidado con la pintura”.

Esta lucha de grupos estéticos tuvo diversas alternativas. En La Campana de Palo, Alfredo Chiabra Acosta, sutil crítico de arte que firmaba con el seudónimo de Atalaya”, defendía lo que se llamaba el “arte de contenido”, en el que trabajaba con más calidad que otros el escultor Luis Falcini, aún en Europa. En Claridad, entretanto, se difundían no sólo los fundamentos del marxismo, sino muy especialmente las teorías sobre el arte social, sobre cuya base se polemizaba con los partidarios del arte que solía llamarse puro o de vanguardia. Alberto Prebisch en Martín Fierro y Julio E. Payró en la correspondencia a La Nación difundieron los principios de las nuevas escuelas plásticas y los nombres de las grandes figuras.

Después de la desaparición de Martín Fierro y especialmente después del triunfo del radicalismo en 1928, el panorama intelectual comenzó a cambiar. Ese mismo año, la línea aristocratizante fue recogida por dos publicaciones católicas: Criterio, dirigida por Atilio dell’Oro Maini primero y por monseñor Gustavo Franceschi luego, y Número, en el que escribían Ignacio B. Anzoátegui y Julio Fingerit entre otros. Aristocratismo no era para ellos artepurismo; por el contrario, manifestaron una intensa preocupación por la política, y en esas páginas comenzaron a difundirse las ideas de la extrema derecha mezcladas con las nuevas direcciones religiosas y estéticas de los grupos católicos.

Más decididamente en favor del arte puro se mostró el grupo de poetas y escritores que rodeó a Alfonso Reyes, que tuvo vigorosa influencia literaria mientras ejerció en Buenos Aires la embajada de México. En la revista Libra halló camino la poesía pura, y allí pudo advertirse la inestimable calidad poética de Ricardo Molinari.

Leopoldo Lugones, entretanto, pese a sus posturas políticas, servía de centro de atracción a un grupo de escritores que comenzaron a expresarse desde 1929 en La Gaceta Literaria que fundó y dirigió, bajo la inspiración del maestro del modernismo, Enrique Espinoza. Allí publicaron Conrado Nalé Roxlo y Ezequiel Martínez Estrada, a quienes Lugones en su momento había señalado como figuras promisorias de la literatura. El periódico dialogó en ocasiones con las revistas católicas y aludió a las peripecias políticas de la segunda presidencia de Yrigoyen; pero su preocupación fue literaria, a la manera de Lugones, esto es, con vigorosos arranques de preocupación social y política a través de las inquietudes telúricas que él mismo acusaba, que se descubrían en Horacio Quiroga —figura reverenciada en el periódico— y que pondría de manifiesto poco después Martínez Estrada.

Capítulo cuarto

LA IRRUPCIÓN DEL CAMBIO

1

El movimiento militar que estalló el 6 de septiembre de 1930 y llevó al gobierno provisional al general José F. Uriburu, inauguró una nueva época en el país, caracterizada por la restauración del conservadorismo. La vieja oligarquía terrateniente, que mantenía el poder económico aun a pesar de la derrota política que había sufrido en 1916, volvió al gobierno para recuperar la totalidad de sus privilegios; pero la experiencia del período radical no había pasado en vano, y el retorno de los grupos conservadores trajo consigo nuevas actitudes frente a muchos problemas de la vida nacional.

El cuadro de la sociedad argentina en los años inmediatamente anteriores había despertado en algunos sectores cierta invencible repugnancia por las masas populares, a las que el régimen democrático impulsaba hacia los primeros planos de la vida colectiva. La influencia de las doctrinas aristocratizantes y nacionalistas de Barres y Maurras había sido penetrante en ciertos ambientes literarios que se deslizaban poco a poco hacia la política, y desencadenó la formación de grupos que comenzaron a ordenar sus ideas frente a los problemas del país, puestos cada vez más al desnudo por el desorden propio del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Un diario,

La Fronda, encarnó el propósito de reagrupar a las fuerzas conservadoras, y sirvió de vehículo, junto con otras publicaciones más selectas, a esta nueva corriente de opinión que encontraba, además, excelente acogida en grupos militares naturalmente inclinados hacia el autoritarismo. Muy pronto se tornó cabeza de esos grupos el general Uriburu, al tiempo que esa corriente comenzaba a acusar la fuerte influencia del corporativismo fascista italiano.

Poco a poco las fuerzas conservadoras, así teñidas de nacionalismo y fascismo, se acostumbraron a la idea de que era posible adueñarse del poder. El desorden reinante y Ja ineficacia de la administración radical ofrecíanles una atmósfera favorable, y algunos fenómenos de la vida económico-social parecían aconsejar la urgencia en las decisiones. Los arrestos antiimperialistas de algunos sectores del radicalismo —representados por el senador Diego Luis Molinari—, que se relacionaban estrechamente con una política nacionalista respecto del petróleo, entrañaban una actitud hostil hacia los Estados Unidos que no satisfacía a otros sectores de la economía vinculados con los capitales norteamericanos; y como aquel movimiento coincidió con la aparición en el mercado de ciertos productos de origen soviético a precios de difícil competencia, la situación pareció amenazadora para determinados intereses. El espectro del comunismo comenzó a preocupar sinceramente a algunos, y resultó una cómoda bandera para otros, que creían o fingían creer que el desorden reinante podía ser favorable caldo de cultivo para el virus soviético. No faltó quien llegara a creer que la democracia conducía inevitablemente al comunismo, y que, en consecuencia, era necesario acabar con ella.

En esta situación, la aglutinación de las fuerzas hostiles al gobierno radical no fue difícil. Junto a los grupos de visible catadura fascista se agruparon las fuerzas conservadoras de corte tradicional, y no faltaron los aventureros de diversa laya que se agregaron al cortejo. La libertad de prensa permitió una campaña muy activa contra el presidente de la República y contra indefendibles actos de su gobierno. En la Capital, sobre todo, se creó una atmósfera popular favorable a las soluciones violentas, porque nadie —o casi nadie— sospechaba las consecuencias que podían traer consigo. Y el 6 de septiembre de 1930 salieron a la calle unas pocas fuerzas militares que, casi sin lucha, llegaron a la Casa de Gobierno y se adueñaron del poder.

El gobierno que encabezó el general Uriburu consideró que lo más urgente era la aplicación de ejemplificadoras medidas contra los culpables de corrupción administrativa. Se dispusieron investigaciones y se aplicaron sanciones. Entretanto se aplicó a normalizar los servicios de la administración, que debían afrontar las dificultades suscitadas por el largo período de desorganización y otras nuevas que comenzaban a hacerse patentes y que no eran ajenas por cierto a la génesis de la crisis. La otra preocupación urgente fue la vigilancia de las fuerzas que procuraban conspirar contra el régimen; el general Agustín P. Justo, considerado como la figura militar de más alto prestigio profesional, fue encargado del Comando en Jefe del Ejército para hacer frente a un posible movimiento inspirado por la Unión Cívica Radical.

Pero a medida que el gobierno se decidió a afrontar los problemas fundamentales se advirtió que pugnaban en su seno dos grupos de distintas tendencias; uno que aspiraba a promover una transformación institucional profunda y otro que deseaba solamente el reemplazo del gobierno radical por otro que representara los intereses conservadores. A esta lucha ideológica y política acompañó una acción unitaria contra la penetración económica de la Unión Soviética y en favor de los capitales ingleses y norteamericanos. La crisis mundial de 1929 había empezado a hacer sentir sus consecuencias en la Argentina y el mercado de los productos agropecuarios se había resentido considerablemente, con el agravante de que resultaban gravísimas para el país las derivaciones de la política monetaria de Gran Bretaña. El gobierno modificó fundamentalmente el sistema impositivo, estableciendo el impuesto a la renta para fortalecer las finanzas públicas, habitualmente sostenidas por las rentas de aduana y por entonces en grave crisis. Y frente a la urgencia, recurrió a un empréstito popular, signo de las dificultades por las que atravesaba el país.

No eran menores las dificultades políticas. Las dos tendencias que dividían al gobierno acentuaron sus divergencias, y finalmente comenzaron a predominar los partidarios de mantener intacto el sistema institucional. Fueron ellos los que poseídos de un infundado optimismo, decidieron al gobierno a llamar a elecciones para el 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires. Inesperadamente, la Unión Cívica Radical obtuvo un franco triunfo, y a partir de entonces se robusteció en el gobierno la convicción de que era inevitable recurrir al fraude si se deseaba mantener la apariencia de la democracia.

Así se preparó la situación institucional que caracterizaría al país durante un largo período. Fracasadas las posibilidades de una transformación corporativista —a la que aspiraban algunos—, el gobierno se dedicó a organizar metódicamente el fraude electoral para las elecciones en las que debía elegirse presidente de la República. El candidato radical —Marcelo T. de Alvear— fue vetado, y su partido decidió abstenerse, de modo que compitieron solamente el candidato de las fuerzas conservadoras y del ejército, general Agustín P. Justo, y el de la Alianza Demócrata-Socialista, Lisandro de la Torre. La organización gubernamental se adjudicó el triunfo, y comenzó con el general Justo una era de ficción democrática durante la cual se emprendió la organización de la economía del país con la intención de ponerla al servicio de los intereses de la vieja oligarquía agropecuaria.

Apoyaban políticamente al gobierno no sólo las clases conservadoras sino también algunos sectores de la clase media, que vieron en el nuevo gobierno una garantía de orden, de estabilidad y hasta de progreso económico; pero sus principales sostenes fueron el ejército, que cobró entonces un papel decisivo en la política, y la Iglesia Católica, que fue haciéndose cada vez más influyente, sobre todo a partir de la celebración del Congreso Eucarístico de Buenos Aires en 1934.

En el orden económico, el nuevo gobierno tuvo que afrontar las consecuencias de la nueva política adoptada por Gran Bretaña después de la Conferencia Imperial de Ottawa en 1932. Ante la amenaza de una retracción general, se consintió en establecer con aquélla acuerdos comerciales que subordinaban la economía del país a los intereses del mercado inglés. Se consideró necesario vigilar de cerca la producción y la estructura financiera del país, y se puso en funcionamiento un audaz plan de intervencionismo estatal por intermedio de los controles cambiarios, el Banco Central de la República y las llamadas Juntas Reguladoras de la producción. Los sectores más avisados de la oposición contemplaban alarmados no tanto el desarrollo de una política económica dirigida, como su orientación tan desembozada en favor de los intereses de las clases conservadoras. Lisandro de la Torre promovió en el Senado un memorable debate sobre el problema de las carnes, que probó que el gobierno obraba como si estuviera sujeto a los intereses de los grandes ganaderos y del mercado británico. Pero la oposición probó también que carecía de fuerza para quebrar una estructura política que, en la práctica, estaba garantizada decididamente por la mayoría del ejército.

Constituían la oposición al gobierno algunos sectores muy definidos. Había en el Congreso demócratas progresistas, que seguían a Lisandro de la Torre, y socialistas. La oposición más numerosa en el país era, sin embargo, el radicalismo, que no tenía representación parlamentaria pero que combatía desde las tribunas públicas y que, en ocasiones, conspiraba con la lejana ilusión de triunfar mediante un golpe de Estado. No eran los únicos que acariciaban esta esperanza. Los sectores fascistizantes del ejército, derrotados en sus pretensiones en la época de Uriburu, trabajaban permanentemente tratando de aunar voluntades para un movimiento “nacionalista” y debilitando los fundamentos verdaderos de la autoridad del gobierno. Poco a poco tendía a establecerse un acuerdo entre ciertos sectores radicales y nacionalistas, que aunque quedó frustrado más de una vez, ganó cuerpo en el grupo político radical que se denominó “Forja” y que adquirió cierta claridad en los planteos políticos, sociales y económicos relacionados con la vida nacional.

El ejemplo más ilustrativo de la situación política durante este período lo ofrecía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidido por Manuel A. Fresco. De vieja tradición conservadora, el gobernador se hizo cargo de la responsabilidad de sostener el armazón de la democracia fraudulenta, y no faltó entre sus colaboradores el que defendiera la legitimidad del método. Pero en el ejercicio del poder comenzaron a introducirse algunas modificaciones con las que se extremaban las direcciones fundamentales que subyacían en la política nacional, haciéndose más notables sus vicios. Los primeros signos de un Estado prepotente y de una organización fascista aparecieron en la provincia de Buenos Aires durante esa época, provocando la alarma de la mayoría democrática del país, que estaba reducida a silencio por una situación de fuerza.

Para la renovación presidencial, el viejo sistema del fraude volvió a funcionar, y resultó elegido presidente para el período 1938-1944 el candidato gubernamental, Roberto Ortiz. Al hacerse cargo del poder, cundió, sin embargo, una vaga esperanza; poco más tarde pudo comprobarse que el Presidente aspiraba a normalizar la vida política del país y que estaba decidido a afrontar las consecuencias de su decisión, que implicaba romper con la estructura política que lo había llevado al poder. La esperanza se hizo realidad cuando el gobierno nacional resolvió intervenir la provincia de Buenos Aires en 1940. Era. la primera etapa del plan; pero una enfermedad incurable obligó a Ortiz a abandonar el poder en el mismo año, cediendo el lugar a su vicepresidente, Ramón S. Castillo, de neta extracción conservadora y de imprecisa simpatía por el nacionalismo.

El gobierno de Castillo coincidió con los comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y frente a ella adoptó una actitud de neutralidad que, sin embargo, no llegaba a ocultar la simpatía que sectores allegados al régimen sentían por la Alemania nazi. Por intermedio de innumerables agentes influía ésta en la vida del país; pero los intereses de los países que tradicionalmente mantenían vinculación económica con la Argentina trataban por todos los medios de defender sus posiciones, y la lucha por el predominio vino a incidir en la lucha entre los sectores democráticos y los sectores reaccionarios que detentaban el poder mediante el falseamiento de la voluntad popular. Entre estos últimos, inclusive, surgió el conflicto, pues en su propio seno se opusieron, sobre todo a partir del momento en que la suerte de Alemania comenzó a declinar, los partidarios de la neutralidad y los partidarios de una aproximación a los Estados Unidos.

Esta lucha se proyectó fuera de los ambientes estrictamente políticos. El viejo movimiento nacionalista que se gestaba en el seno del ejército desde algunos años antes comenzó a inclinarse bajo la influencia alemana, lo que motivó un nuevo reagrupamiento de sus miembros y la salida de algunos de ellos. Y cuando pareció que el gobierno de Castillo no era suficientemente sensible a sus exigencias, lo derrocó mediante un golpe de Estado producido el 4 de junio de 1943.

El gobierno que surgió entonces —encabezado por el general Pedro Pablo Ramírez— intentó extremar la política favorable a Alemania, aunque dentro de una neutralidad formal. Sin embargo, a medida que el curso de la guerra se fue mostrando cada vez más favorable a los Aliados, se vio obligado a modificar su línea internacional. Siguió, en la política interior, su inspiración conservadora, introdujo en las escuelas la enseñanza religiosa, intervino las universidades para alterar su régimen, persiguió a la opinión independiente; pero, en cambio, no tuvo más remedio que romper relaciones con los países del Eje en enero de 1944, y llegar finalmente hasta la declaración de guerra.

Nada podía impedir, con todo, la creciente impopularidad del gobierno. Para remediarla, cierto sector, encabezado por el coronel Juan D. Perón, decidió buscar nuevas bases de sustentación para el gobierno mediante una política de halago a las masas populares. Era algo inusitado en la política argentina. El desarrollo industrial había sido considerable en los últimos años y había comenzado a formarse en los alrededores de Buenos Aires un cinturón fabril de alguna importancia. El éxodo rural había agrupado allí fuertes contingentes de población originaria de las provincias, que padecía las consecuencias de la política sórdida y mezquina de las clases patronales, a lo que se agregaba el escepticismo político suscitado por el largo período de fraude electoral. La inesperada reacción del gobierno en favor de mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, sedujo a sectores cada vez más numerosos de la población obrera, que vio en el nuevo secretario de Trabajo y Previsión —que era el propio ministro de Guerra, coronel Perón— una esperanza insospechada. La revolución impopular se transformó con rapidez vertiginosa en un movimiento de fuerte apoyo popular, y el 17 de octubre de 1945 se manifestó sorpresivamente como una nueva fuerza política que desconcertó a los partidos tradicionales. El gobierno cedió entonces a las demandas de normalidad, y convocó a elecciones para el 24 de febrero de 1946, en las cuales triunfó Perón frente a la llamada Unión Democrática, que aglutinaba a todos los partidos tradicionales, desde el conservador hasta el comunista.

Entonces comenzó una dictadura de masas que cambió radicalmente la fisonomía del país. Vastos sectores populares que apoyaban al nuevo presidente militar asomaban en la ciudad, en ciertas ocasiones, para reafirmar su solidaridad con el “conductor” y proclamaban su agradecimiento por los aumentos de salarios y las otras ventajas de carácter social que el nuevo régimen otorgaba. Las ciudades tomaron un aire tumultuoso, y los sectores populares y obreros, antes deprimidos en su gran mayoría frente a la clase patronal y a los sectores conservadores, adquirieron un inusitado aplomo que éstos consideraban rayano en la insolencia. Ese inequívoco apoyo de las masas populares permitió a los grupos que gobernaban en su nombre instaurar un severo control sobre los grupos disidentes: la libertad de opinión fue progresivamente suprimida, la prensa controlada, los actos públicos impedidos, las universidades desnaturalizadas y la acción política, social y gremial permitida sólo con innumerables trabas.

Esta acción, acompañada por una fuerte intervención del Estado en todas las actividades, caracterizó el período de los diez años que transcurrieron desde que el general Perón subió al poder hasta que fue depuesto por la revolución de septiembre de 1955.

2

A lo largo de tantas vicisitudes en el terreno práctico de la lucha por el poder, se iban perfilando vigorosas y definidas corrientes políticas animadas por un pensamiento diferenciado y claro: todo el período fue de tensión intensa entre posiciones antagónicas, en lucha sorda con una estructura de poder que se hacía cada vez más vigorosa.

Frente al sector que había canalizado hacia sus intereses la revolución de septiembre de 1930, se situó el sector revolucionario que había perdido la partida: era el nacionalismo, que enfrentaba a la organización política pretendidamente democrática, entre civil y militar, que detentaba el poder.

El nacionalismo reconocía varias raíces ideológicas: el viejo autoritarismo alemán, infiltrado en el ejército a través de la formación prusiana que primaba entre los oficiales, la tradición nacionalista de Maurice Barres, Charles Maurras, León Daudet y Charles Benoist, el fascismo corporativista de Benito Mussolini, la tradición aristocratizante española. Todo esto conformaba un haz de ideas que, si al principio pudo parecer heterogéneo, adquirió unidad a lo largo del tiempo.

Acaso el rasgo más saliente del movimiento —o por lo menos el primero— fue la alarma ante la extremada movilidad social que comenzó a advertirse tras el primer gobierno radical. Pareció a algunos que se producía no sólo una alteración en las relaciones entre los grupos sino también una subversión de valores. A eso aludía Carlos Ibarguren, el más alto teórico del movimiento, cuando decía que se necesitaban gobiernos de fuerza “que mantuvieran el orden social, las jerarquías y la disciplina para evitar la amenaza del comunismo soviético”. El sacudimiento del orden social tradicional, la quiebra de la vieja disciplina, la indiferencia frente a las jerarquías antes consideradas vigentes, eran hechos innegables; pero en lugar de imaginar salidas dinámicas capaces de canalizar las inquietudes en un sentido positivo, la tradición autoritaria y conservadora que constituía el fondo del nacionalismo sólo pudo inspirar una política destinada a inmovilizar el proceso de cambio que se acentuaba en el país.

Por lo demás, las soluciones que se entrevieron no correspondían a la naturaleza misma del cambio, y consistían exclusivamente en reformas institucionales, como el establecimiento del régimen corporativo en los cuerpos representativos cuya única finalidad era acallar las voces de los sectores sociales que se agitaban más intensamente. De esta reforma se hizo adalid el jefe revolucionario: “Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente los representantes de los comités políticos —decía Uriburu en un manifiesto— y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra.” La teoría del corporativismo argentino la desarrolló Carlos Ibarguren en un discurso pronunciado en Córdoba el 15 de octubre de 1930, en el que sostuvo la tesis de la compatibilidad entre el sistema de la representación de la opinión pública y la de los gremios. “En el Parlamento —decía— puede estar representada la opinión pública y acordarse también representación a los gremios y corporaciones que están sólidamente estructurados. La sociedad ha evolucionado profundamente del individualismo democrático en que se inspira el sufragio universal, a la estructuración colectiva que responde a intereses generales más complejos y organizados en forma coherente dentro de los cuadros sociales.” Era una doctrina conciliatoria que no sólo trataba de evitar las suspicacias que suscitaba en la opinión pública la tesis corporativista estricta sino también resolver, dentro de los criterios conservadores, el problema de la justa representación. Un ilustre poeta, Leopoldo Lugones, abordaba el mismo problema en su libro El Estado equitativo que publicó en 1932.

Sin duda predominaban en el nacionalismo argentino algunas ideas fundamentales y arraigadas en ciertos sectores; de todas acaso la más importante fuera la de que el Estado constituía el único mecanismo capaz de obrar rápidamente frente a la acentuación de los fenómenos de hibridación espiritual derivados de la afluencia de inmigrantes de distintos orígenes. Pareció necesario conservar la tradición hispanocriolla, amenazada por tantas influencias extrañas, y dejando a un lado los alardes más o menos retóricos, se creyó que la única vía era impedir el acceso al poder de las nuevas fuerzas populares cuya primera presencia se había advertido durante la época radical. Así nació el nacionalismo como corriente de opinión política. Otros temas le preocuparon, sin duda. Entre las influencias extrañas —o “foráneas”, como comenzó a decirse— la del comunismo parecía naturalmente la más peligrosa. Se organizó un fuerte movimiento contra los comunistas, pero sus derivaciones alcanzaron primero a todas las formas de pensamiento libre y luego a buena parte de los opositores. La exageración llevó el descrédito al movimiento, que se concretó en un proyecto de represión presentado en el Senado. Hablando del peligro que representaba el comunismo y del uso que se hacía de él, decía en el Parlamento Lisandro de la Torre: “El peligro comunista es el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como de una tabla de salvación. Bajo esa bandera se pueden cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos”. Pero el propósito de limitar la libertad de pensamiento no cejó, en la medida en que los grupos nacionalistas lograron influir en los gobiernos conservadores.

Otro tema grato al nacionalismo fue el de la influencia del capitalismo británico. Enfrentándose con la actitud que ciertos círculos próximos al gobierno mostraban en relación con los intereses ingleses, Rodolfo y Julio Irazusta plantearon el problema de la subordinación económica del país en su libro La Argentina y el imperialismo británico. La singular situación de dependencia que creaban a nuestra producción agropecuaria las relaciones con el mercado inglés se presentaba como una disminución de la soberanía, en la que se veía el resultado de un designio sistemático de Inglaterra para hacer servir la economía argentina a la suya. Era lo que en términos explícitos y categóricos sostendría algunos años más tarde Raúl Scalabrini Ortiz en su Historia de los ferrocarriles argentinos: “Los ferrocarriles argentinos —escribía— obedecen a la estrategia comercial inglesa y no a los reclamos de la economía política argentina. Inglaterra quiere que seamos pastores y labriegos, exclusivamente, y durante setenta años hemos producido lanas, cueros, carne, trigo, maíz y lino, y hemos sido incapaces de elaborar hasta los más indispensables artículos de consumo local cuya manufactura sólo requiere desarrollo de artesanía y empleo de la abundante y hábil mano de obra nacional”.

Un resumen orgánico de todos los principios del nacionalismo apareció en el “Estatuto del Estado nacionalista”, que redactó luego Carlos Ibarguren, y cuyos principales puntos eran:

”1) Los intereses de la Nación constituyen el supremo orden público argentino que el Estado debe garantizar, difundir y desenvolver. Nadie puede invocar derechos contra el orden público argentino.

”2) Deberá darse al Estado una estructura según la cual en vez de ser expresión de los partidos políticos y de sus comités, como lo es actualmente, sea la representación de la sociedad en todos sus elementos integrantes organizados; todo lo cual deberá estar consagrado por la voluntad de la Nación expresada en comicios, previo empadronamiento o registro de los grupos sociales conforme a la función que desempeñan en la vida argentina y en el orden económico, espiritual, profesional y del trabajo.

”3) El Estado reconoce y garantiza todas las libertades y derechos del hombre como persona humana y del ciudadano como elemento político de la Nación, de acuerdo al orden establecido en este estatuto.

”4) La economía nacional, constituida por la totalidad de la producción y del comercio, ha de tener por fin primordial el bienestar de la colectividad y la potencialidad de la Nación.

”5) El Estado así integrado por todas las fuerzas sociales organizadas, será auténtica expresión de ellas y deberá coordinar y racionalizar la producción del país, su distribución y su economía.

”6) El Estado debe amparar y asegurar el trabajo, su retribución equitativa, y constituir sólidamente la previsión y la asistencia social, de modo que todos los trabajadores puedan tener una existencia digna conforme a su nivel de vida que será verificado periódicamente en las diversas regiones del país. Por intermedio de los respectivos grupos sociales organizados —gremios, sindicatos, corporaciones, profesiones— el Estado coordinará y reglamentará los intereses patronales y del trabajo, en paridad de condiciones, homologará los contratos colectivos que se acuerden, dirimirá las cuestiones que se susciten, a cuyo efecto instituirá la magistratura del trabajo, evitando así los conflictos y la llamada ‘lucha de clases’.”

Esta concepción del Estado entrañaba una aguda crítica del Estado liberal, concorde con la que las fuerzas de la derecha hacían en Europa por entonces y con la que jusificaban los ensayos autoritarios en diversos países.

Alfredo L. Palacios salió al encuentro de los sostenedores del corporativismo en un discurso que pronunció en Córdoba el 6 de diciembre de 1930, en el que analizó sus fundamentos teóricos y lo rechazó finalmente, aun cuando aceptaba una modificación de la Constitución —una vez restablecida la normalidad— con el objeto de ampliar la democracia. “Nosotros —decía— apenas empezábamos a vivir la democracia. Se nos entregó un instrumento que organiza los comicios y les da garantías y es eso lo indispensable para el comienzo. Si se nos quita pasarán siglos sin que tengamos una democracia. Pero ese instrumento no basta. Es necesario que el sentimiento de libertad, en cada ciudadano, se convierta en una actitud reflexiva, pues de otra manera ignoraría siempre lo que espiritualmente significa el sufragio. Y para que el ciudadano aprenda a votar es menester una intensa labor de cultura que realizará, no el gobierno provisorio, sino los partidos que no tengan por objeto exclusivo el logro de los puestos públicos: que se sientan impulsados por una fe, que realicen una acción idealista. Así los partidos serían la energía motriz que determine la acción de los órganos de gobierno.

“Después, dentro de la normalidad, vendrán las reformas a la Constitución, que no es, por cierto, intangible. Pero, entiéndase bien, dentro de la normalidad, para que no aparezcan las imitaciones fascistas. La representación profesional, no para suprimir el Parlamento político sino para completarlo ha sido estudiada por publicistas de autoridad.

“De ahí el sindicalismo de Duguit que es un movimiento social tendiente a dar estructura jurídica a los diferentes núcleos profesionales, es decir, a los diversos grupos sociales compuestos por individuos unidos ya, unos a otros, por la comunidad de tarea en la división del trabajo social. Así el movimiento sindical sería la integración y diferenciación de los intereses profesionales, formando grupos homogéneos en razón de la homogeneidad de los fines. Es la ampliación del pensamiento de Marx, a quien Duguit llama soberbio idealista que puso el porvenir proletario en la organización colectiva de los asalariados, pues vio claro en la trama de la historia y convirtió en programa la sustancia misma de la realidad social que imponía al mundo la acción reconstructiva de los grupos sociales sobre bases económicas.

“Recientemente Georg Bernhard ha abogado por los Consejos Económicos, y, antes, la Constitución alemana afirmó el carácter democrático del Estado mediante un amplio sufragio y ensayó la incorporación al régimen jurídico, de los elementos sociales organizados: sindicatos, asociaciones, etcétera.

’’Pero todo esto es para ampliar la democracia, no para suprimirla.

”En cambio, el gobierno provisorio, con sus reformas, auspiciadas por los teóricos de la revolución, se inspira en el fascismo y en parte en la Constitución de 1819, donde se disponía que el Senado estaría formado por los senadores de provincias, cuyo número sería igual al de éstas; tres senadores militares, un obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el director del Estado, concluido el tiempo de su gobierno. No olvidemos que el presidente del Congreso explicaba tal desgraciada reforma con estas palabras: ‘Llamando al Senado a los ciudadanos distinguidos ya por pertenecer a la clase militar y a la eclesiástica, ya por sus riquezas y talentos, aprovecha lo útil de la aristocracia’.

“Soy partidario de la democracia y acepto la representación funcional que ya está consagrada en algunas constituciones, pero bien entendido que ella no se refiere a la representación legislativa que tiene su firme sostén en el sufragio universal. La democracia debe completarse y así lo he sostenido en mi Nuevo Derecho, auspiciando la creación de Consejos de Técnicos que preparen los proyectos de carácter económico, para que, después, los representantes del pueblo coordinen las funciones y con un concepto amplio y una visión clara de conjunto, gobiernen como estadistas.”

La defensa del Estado liberal y de sus principios tradicionales fue lo que aglutinó a los grupos políticos que resultaron beneficiarios de la revolución, a pesar de que, en el ejercicio del poder, desmintieron sus principios, ensayando una política económica intervencionista. En principio, trataron, simplemente, de impedir que se impusiera por la fuerza un régimen político corporativo que se sabía que había de ser impopular. Pero era necesario fundamentar esa posición, puesto que la crítica del Estado liberal contaba a su favor con una sólida argumentación muy en boga, ocasionalmente corroborada en el país por la crisis del régimen radical. Y los representantes de los partidos tradicionales de centro-derecha ofrecieron esa fundamentación reiterando la defensa de la democracia formal y apoyándola en un argumento circunstancial que señalaba Federico Pinedo: “Aunque el sistema vigente no tuviera otros méritos para ser mantenido, sería decisivo en su favor el hecho de que no hay cómo reemplazarlo, porque el país nunca aceptaría que un grupo de personas resuelva declararse superior a sus semejantes y pretenda imponer su predominio amenguando el poder político de los demás por calificaciones o cercenamiento del derecho de sufragio.”

Con ese planteo se llegaba a la médula del problema. Se reconocía que la opinión predominante en el país apoyaba el orden democrático y liberal vigente; se admitía que sólo el principio de la soberanía podía sustentar suficientemente el orden político; pero se reconocía también la presencia de grupos de presión que imposibilitaban el rápido retorno a ese orden, y la existencia de circunstancias que daban a esos grupos cierta fuerza. Ahora bien, esas circunstancias eran, precisamente, las que abrían el camino hacia el poder a los grupos que, próximos al gobierno revolucionario, sostenían la tesis del orden democrático y liberal.

Tal contradicción terminó en una doctrina de compromiso, que era, al fin, menos original de lo que parecía, porque entroncaba con la vieja tesis de lo que he llamado el “despotismo ilustrado” propio de la oligarquía de las últimas décadas del siglo xix. Consistía en sostener teóricamente el principio de la soberanía popular y la vigencia formal del sistema democrático, admitiendo, sin embargo, como un sobrentendido, la incapacidad de las masas para ejercitar de inmediato la plenitud de sus derechos y la necesidad de que las “minorías selectas” mantuvieran la dirección del Estado. De hecho había, pues —como decía Pinedo— un grupo de personas que decidía declararse superior a sus semejantes, pero que no se atrevía a manifestarlo abiertamente. Empero, no faltó quien asumió, imprudentemente, la responsabilidad de hacerlo, y se atrevió a hablar de “fraude patriótico”; refiriéndose a los métodos apropiados para llevar a la práctica la doctrina de compromiso; pero la doctrina, puesto que era contradictoria y vergonzante, exigía la continuación de la ficción, y como tal fue mantenida por sus defensores.

La doctrina de compromiso, esto es, la doctrina de la democracia fraudulenta, fue combatida enérgicamente por vastos sectores que defendían la pureza de los principios; pero no hubo nuevos planteos doctrinarios en el seno de los partidos que denunciaron a diario las violaciones del orden democrático. Sólo se registró en el seno de la Unión Cívica Radical en 1935, la formación del grupo llamado “Forja” que pretendía continuar la línea política de Hipólito Yrigoyen, pero acusaba, dentro de un esquema político inequívocamente democrático, las influencias del nacionalismo económico. Era un movimiento que aspiraba a renovar la vida interna del partido, a tonificar su posición intransigente, a proveerlo de un programa y de un sistema de soluciones para los grandes problemas.

Todo ello trascendía de la Declaración que aglutinó a sus miembros: “Somos una Argentina colonial; queremos ser una Argentina libre”, rezaba al comenzar la Declaración. Y decía su texto:

“La Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, considerando:

”1° Que el proceso histórico argentino en particular y el sudamericano en general, revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de la soberanía popular, para la realización de los fines emancipadores de la República Argentina, contra las oligarquías como agentes virreinales de los imperialismos políticos, económicos y culturales, que se oponen al total cumplimiento del destino de América.

”2° Que la Unión Cívica Radical ha sido, desde su origen, el instrumento continuador de esa lucha por el imperio de la soberanía popular y la realización de sus fines emancipadores.

”3° Que el actual recrudecimiento de los obstáculos puestos al ejercicio de la voluntad popular, corresponde a una mayor agravación de la realidad colonial, económica y cultural del país,

’’Declara:

”1° Que la tarea de la nueva emancipación sólo puede realizarse por la acción de los pueblos.

”2° Que corresponde a la Unión Cívica Radical ser el instrumento de la tarea, consumando hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen.

”3° Que para ello es necesario en el orden interno del Partido dotarlo de un estatuto que, estableciendo el voto directo del afiliado cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical, y en el orden externo, precisar las causas y los causantes del enfeudamiento argentino al privilegio del monopolio extranjero, proponer las soluciones reivindicadoras y adoptar una táctica y método de lucha adecuados a la naturaleza de los obstáculos que se oponen a la realización de los destinos nacionales.

”4° Que es imprescindible luchar dentro del Partido, para que éste recobre la linea de intransigencia y principismo que lo caracterizó desde sus orígenes, única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y determinan su perduración histórica al servicio de la Nación Argentina.”

De ese modo se comenzaba a producir la primera aproximación entre ideas que circulaban por distintos cauces, definiéndose una vigorosa corriente que aspiraba a la emancipación económica, pero que se escindía entre quienes creían que era posible alcanzarla dentro del orden democrático y los que creían que requería el comando de las minorías selectas. Muy pronto aparecerían los que admitirían que su única posibilidad era el gobierno de un “conductor” providencial. Pero entre las brumas de una atmósfera que no parecía ofrecer ninguna salida, se sumó a las influencias tradicionales la del comunismo trotskista, animado por una tesis de la revolución nacional, que hizo viva impresión en algunos sectores juveniles. En el radicalismo/ sobre todo, apareció, junto a “Forja”, otra dirección más resueltamente revolucionaria que coincidiría, finalmente, con los que fundaron el grupo llamado “Intransigente”, adherido aunque más tibiamente a esas ideas.

El movimiento radical, con todas sus variantes, destinado a adecuarse a un inocultable movimiento de masas que se producía en el país, se vio, sin embargo, arrollado por otro movimiento más amorfo pero más simple en sus postulados, y cuyo atractivo político fincaba, precisamente, en la eficaz presencia de un “conductor”.

Precisamente, la actitud fundamental del coronel Perón, que llegó al poder como presidente en 1946, consistía en respaldar su papel de magistrado constitucional con el poder de caudillo innato que le conferían sus intransferibles aptitudes personales y la irracional confianza que depositaba en él la masa. “El conductor nace, no se hace”, gustaba decir; lo consideraba como un artista, cuya misión es “crear, crear siempre, estar siempre dispuesto a crear”; y creía que su influencia era tan grande que la masa no podía sino reflejar su personalidad: “Como él sea, será la masa”, decía.

En el mensaje con que acompañaba el proyecto para el “Segundo Plan Quinquenal” desarrollaba la teoría de la conducción. “La conducción como tal —decía— importa toda una filosofía de la acción. Yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En ese sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir una cosa u otra. Es el mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o a pintar caballos y no supiera pintar otra cosa. Para ser pintor hay que pintar todo, y el que es pintor pinta lo mismo una casa que un perro o un edificio. En el arte de la conducción se sabe o no se sabe conducir, como en el arte de la pintura se sabe o no se sabe pintar.

”En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, algunos se extrañan de que habiendo sido guerreros fueran también grandes gobernantes. Eso es lo común; ellos sabían pintar y pintaban cualquier cosa.

”Así es el arte: universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, pero no se saben determinadas cosas y se ignoran otras. La conducción y, por lo tanto, el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, conocer su doctrina, su teoría y su técnica. Lo demás es acción, puramente acción.

”Toda acción humana puede ser objeto de la conducción: la acción económica, la social, la política, la empresa científica, se conducen todas. Ahora, señores, el secreto está en conducirlas bien, orgánica y racionalmente, y por sobre todas las cosas, saberlas conducir.

”La conducción de un país no difiere fundamentalmente, en sus principios generales, de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que, mediante la unidad de concepción, se logre un germen: la unidad de acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción; cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio Pueblo.”

La masa, por cierto, era para él solamente un conjunto informe y sin designios propios. De ahí la significación del conductor. “Cuando la masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y produce los grandes cataclismos políticos.” El camino para que la masa se transforme en “pueblo” debía ser el de la “organización”, que él concebía dentro de esquemas de acentuado carácter militar. La “masa” debía situarse en la órbita del “conductor”, y funcionar dentro de sus planes mediante los “cuadros”, o sea los intermediarios a través de los cuales debían trasmitirse las inspiraciones del “conductor”. Así cobraba forma la “masa” y se transformaba en “pueblo”.

Esta doctrina —huelga repetirlo— denunciaba las influencias de las concepciones de Estado Mayor sobre las ideas políticas. Perón intentó llevarlas a la práctica promoviendo —no sin coacciones, por cierto— la formación de diversas “organizaciones del pueblo”, esto es, agrupaciones de entidades y personas que representaban los intereses del trabajo, las profesiones, las empresas, etcétera, en un vago intento de preparar el camino para una remota transformación del régimen democrático sustituyéndolo por un régimen corporativo como el que soñaban los hombres de la revolución de 1930. En el orden nacional, las resistencias fueron, aunque indirectas, vigorosas. Pero una vez, al redactarse la Constitución de la provincia del Chaco, influjo a sus partidarios a ensayar, junto a la representación ciudadana, la representación gremial o corporativa.

Así se constituía, poco a poco, lo que se venía llamando desde hacía algunos años, “el nuevo orden”. Era en el fondo una política reaccionaria y autoritaria enmascarada gracias al apoyo de ciertos sectores populares; pero apenas podía disimularse su esencia profunda. Perón había declarado en 1944: “La República Argentina es producto de la colonización y conquista hispánica, que trajo hermanadas a nuestra tierra, en una sola voluntad, la cruz y la espada. Y en los momentos actuales parece que vuelve a formarse esa extraordinaria conjunción de fuerzas espirituales y de poder que representan los dos más grandes atributos de la humanidad: el Evangelio y la Espada. Tal era, en el fondo, su pensamiento político, y sólo para disimular su contenido profundo fueron inventadas nuevas fórmulas verbales.

Sin embargo, no quiere esto decir que las masas que seguían fervorosamente al “conductor” participaran de su pensamiento profundo. Participaban de las ideas que creían descubrir en su retórica intencionadamente confusa, elaborada sabiamente para estimular las legítimas aspiraciones y para despertar la militante adhesión de unas masas que se habían sentido postergadas y sometidas durante largos años, y que carecían de experiencia política como para apreciar la sutil maniobra mediante la cual se procuraba instrumentalizarlas para servir ocultos designios.

La Constitución de 1949 —llamada “Constitución Justicialista”— mantenía la forma republicana, representativa y federal de gobierno; pero establecía en su artículo 78 que el presidente podía ser reelegido indefinidamente. Mediante una ley del Congreso, se estableció que los principios que presidían la política del gobierno constituían la “doctrina nacional”, es decir, un cuerpo de ideas con el que, finalmente, no se podía disentir sin contrariar el mandato legislativo. Era la consagración formal del principio muchas veces declarado y esencialmente negativo de la democracia, de que quien no apoyaba al “conductor” traicionaba a la patria. Así, el resultado fue un régimen personalista, autoritario y encubiertamente fascista que negó las más elementales libertades, desconoció a las minorías, y que, por hallarse sustentado en una vigorosa corriente de opinión popular, se presentó como una dictadura de masas. Pero los objetivos fundamentales de quienes las conducían provenían de actitudes políticas y económicas muy distintas y ajenas a los auténticos intereses de las clases populares.

3

Las tendencias políticas encontradas que entraron en abierto conflicto durante el segundo cuarto de siglo, escondían ciertos supuestos profundos relacionados con la fisonomía social del país. Como en otras partes del mundo, la tendencia al nacionalismo se acentuaba, acompañada de ciertos extremismos que forzaban una interpretación de la vida, del hombre y de las situaciones argentinas como absolutamente peculiares e irreductibles. La contracción económica que comenzó a producirse a partir de 1928 obligó a muchos países a volverse hacia sí mismos, y algunos grupos argentinos creyeron que ésa era la política que convenía a la nación. Fruto de ella fue la decisión de interrumpir el flujo inmigratorio, con lo cual se pretendió, por una parte, prevenir la desocupación, y, por otra, inmovilizar el proceso social de cambio que, en los últimos decenios, se advertía cada vez más claramente, con su secuela de ideas e ideologías, en inocultable relación con las conmociones que se habían producido en el mundo no mucho antes. Ya señalaremos más adelante cómo correspondió a esta política la exaltación de cierta imagen del carácter argentino, o más exactamente, del carácter criollo, en el que se vio el carácter nacional por excelencia, como si la ingente masa inmigratoria que se había incorporado al país no perteneciese ya definitivamente a la Argentina. Los grupos nacionalistas, en un principio, le negaron valor, pero muy pronto otras corrientes sociales quisieron salir a su encuentro y capitalizar en su provecho los crecientes anhelos de esa masa que los nacionalistas pretendían ignorar, que se había concentrado preferentemente en la zona litoral del país y que buscaba su salida económica por entre los vericuetos de una economía en pleno proceso de contracción. Ignorada o postergada, esa masa se insinuaba como una fuerza decisiva en la vida de la colectividad nacional.

Los grupos que originariamente desarrollaron las tesis nacionalistas se caracterizaron por su decidida posición aristocratizante y, al mismo tiempo, por el deliberado ocultamiento de la creciente diferenciación de clases que se producía en el ambiente social argentino. Las exigencias del país como totalidad parecían tan graves e importaban tanto a la clase poseedora que sus miembros fingían creer que era absolutamente lícito exigir el sacrificio de todos para resolver la llamada crisis nacional sin ofrecer al mismo tiempo nada que constituyera una esperanza para los distintos niveles de la clase trabajadora. La creciente influencia que el nacionalismo alcanzó en el seno del gobierno conservador —al menos como grupo de presión— contribuyó a que triunfara esa orientación económica y social; pero a pesar de ello las fuerzas políticas populares pudieron mantener vivo el fuego de las reivindicaciones de la clase obrera luchando en el Parlamento por la sanción de leyes protectoras del trabajo. El Congreso votó en 1932 la ley que prolongaba el descanso hebdomadario incluyendo la tarde del sábado; al año siguiente otra por la que se obligaba a los patronos a permitir que sus empleados y obreros tuvieran una silla para sentarse cada vez que las exigencias del trabajo lo permitieran; y poco después la que obligaba a indemnizar al obrero despedido. Eran pequeñas grandes conquistas, promovidas en buena parte por la acción tesonera de Alfredo L. Palacios y de Mario. Bravo, que representaban al Partido Socialista en el Senado. Fruto de la misma inquietud fueron la ley de protección a la madre y al niño sancionada en 1935, y el vasto movimiento que impulsó Palacios en favor de las provincias del noroeste, las menos favorecidas del país, para las que pidió un esfuerzo sistemático de la nación toda a fin de remediar sus necesidades inmediatas y estimular en lo futuro sus riquezas y sus fuentes de trabajo. Un libro, El dolor argentino aparecido en 1938, fue, además de la acción parlamentaria, el instrumento que usó Palacios para difundir lo que había visto en sus viajes y las soluciones que propiciaba para los problemas regionales. “Un criterio equivocado e inhumano —escribía—, y una política extraviada de los verdaderos intereses nacionales han conducido al país a una inflación ostentosa, en las grandes urbes, a costa del olvido de las condiciones de existencia de las provincias del interior, a la vez que a un refinamiento y selección de los ganados, junto a un empobrecimiento progresivo de la raza que ha poblado nuestro suelo y que con su abnegación y sacrificio ha cimentado y nutrido la grandeza de la Nación.

”Esto no es una simple apreciación, ni una hipótesis aventurada: es un hecho consumado, difícil de corregir.

”Frente a él, se levanta una perspectiva pavorosa: la del porvenir de innumerables pequeñuelos argentinos, tarados por las enfermedades que engendra la miseria y condenados a una existencia tan estéril como deleznable y dolorosa.

”Hoy estamos a tiempo, todavía, si enfrentamos el problema con la urgencia angustiosa que requiere, de rectificar la orientación suicida en que se encuentran comprometidos la vida y el porvenir de nuestro pueblo.

”Es preciso, para ello, que arranquemos a la servidumbre del hambre y de la ignorancia a las futuras generaciones de esos humildes argentinos que mañana pueden ser los defensores del sagrado patrimonio de nuestras libertades.

”Es innegable ya, para todos, que la fuerza y la riqueza de un país se basa, más que en las fuentes naturales y en la extensión de sus tierras, en la cantidad y la calidad de su elemento humano.

”Nada vale la naturaleza si no existe quien la explote y la transforme, y nada vale la máquina siquiera, sin el hombre que ha de dirigirla.

”No podremos ser jamás un pueblo grande, responsable y progresista si carecemos de ciudadanos íntegros, física y moralmente, que sean capaces de explotar nuestras ingentes riquezas y de administrar y defender el patrimonio de nuestra cultura hereditaria.

”El lema proclamado por Alberdi y que ha inspirado hasta hoy nuestra política inmigratoria: ‘Gobernar es poblar’, hemos de corregirlo así: ‘Gobernar es fortalecer, instruir y educar al ciudadano’.

”Estamos en una época en que la brusca invasión de la mecánica en las producciones industriales y en las relaciones económicas va colocando a los pueblos en presencia de esta disyuntiva: educar a los hombres para que sean capaces de dirigir y manejar a la máquina, o conducirlos a la desocupación y el hambre para eliminarlos indirectamente.

”Para esta última solución, que es absurda, aparte de que entraña la amenaza de hondas perturbaciones sociales, nosotros no tenemos ni siquiera la excusa del excedente de población.

”Como ya he dicho otras veces, en esta noble tierra nuestra, el gran desocupado es el suelo.

”Entre nosotros la máquina, si la sabemos utilizar en beneficio común, cumplirá eficazmente su misión de elevar al obrero, dándole la dignidad de administrador inteligente de las fuerzas naturales, y con ellos podremos realizar la maravilla de fertilizar nuestros desiertos.

”Lograremos, de este modo, redimir a la tierra de su esterilidad, y de su dolor y su miseria, al hombre.

”Para conseguirlo, sólo es necesario que procedamos con un concepto de economistas, sabiendo que el elemento humano es el fundamento de nuestra riqueza.

”Disponemos de todos los recursos que se requieren para formar un pueblo eminente, poderoso, libre y próspero, que sea un ejemplo en el mundo.

”Bastará para alcanzar el propósito superior de formar ese pueblo, que a su servicio pongamos el aliento generoso y el impulso constructivo y fraternal que reclama toda gran empresa.”

La acción de los sectores populares en el Congreso ni podía ser de largo alcance —dada la minoría a que los reducían las maniobras del fraude electoral— ni se desenvolvía fácilmente, obstruida de diversas maneras por los grupos conservadores que predominaban.

La intensa acción de Alfredo L. Palacios en la tribuna y en el Parlamento no distrajo su atención de los problemas doctrinarios. Incorporado al Partido Socialista desde los primeros años del siglo, elaboró poco a poco una teoría del desarrollo del socialismo en la Argentina que adquirió bastante nitidez después de 1930. Como Korn señalaba en Alberdi un precursor del positivismo, Palacios descubría en la tradición política argentina una tendencia hacia el socialismo, que le permitía empalmar su propia acción y la de su partido con la de Esteban Echeverría, sobre quien escribiría más tarde un estudio exhaustivo. El socialismo no era para él ajeno a la línea de evolución democrática del país. “Los jóvenes que combaten la orientación de nuestro partido —decía Palacios en 1934— se desentienden de todos los problemás argentinos, y esperan con ingenuidad sorprendente la hora revolucionaria de la catástrofe ineluctable, predicha por Marx, en que frente a un pequeño grupo de capitalistas se encuentre la multitud paupérrima. Yo niego el economismo exclusivo y no acepto esa representación del movimiento emancipador proletario en la forma de una trasposición hegeliana del cristianismo, por la cual sería necesario sufrir en la miseria para, después, engrandecerse, enalteciendo a la humanidad. La redención del proletariado ha de producirse, no por el renunciamiento sino por la elevación y ennoblecimiento de las condiciones de vida, por la intensificación del espíritu revolucionario que no nace de la miseria y la abyección, donde despierta el instinto, sino de la satisfacción de necesidades materiales y espirituales que determinan la reflexión serena y la fuerza.

“El socialismo aspira al noble y armónico desarrollo del individuo y su fin es la libertad, lo que significa proclamar el principio ético de Kant de que cada hombre debe ser considerado como un ‘fin en sí mismo’, carácter absoluto que no corresponde a las cosas materiales. El hombre tiene su personalidad individual, pero es claro que tiene también una colectiva.

“El socialismo aspira a realizar la síntesis entre la libertad del individuo y la actividad social.

“Pero los jóvenes han hablado aquí de la lucha de clases con una rigidez que desconcierta y un desconocimiento imperdonable de la realidad argentina. Y han invocado otra vez a Marx.” Y agregaba después: “En nuestra Argentina, hemos de trabajar en el sentido de la transformación social, orientados por la justicia, convencidos de que el sentimiento y la idea de patria espiritualizan la vida e impulsan a la abnegación y el sacrificio.

“Por la patria, que es una realidad cuyas bases morales aparecen con nitidez en nuestra tierra generosa, marchamos hacia la humanidad para engrandecerla.

“En 1912, cuando en el Parlamento sólo había dos bancas de nuestro Partido, la del doctor Justo y la mía, dije en un discurso que yo era argentino antes que socialista, y cuando terminé mi exposición, el maestro, que era un censor severo, estrechó mi mano con afecto. Él había dicho ya en 1909, que ‘el antipatriotismo es una monstruosidad’, y en su testamento, cerca de dos décadas después, disponía que su cadáver fuera envuelto en la Bandera argentina.

”En ningún país sería tan absurdo el antipatriotismo como en éste, donde debemos tener el orgullo de nuestra nacionalidad, porque nuestra patria posee una tradición tan idealista y depurada que representa la más alta tendencia y la más avanzada, hoy, en el mundo. Su naturaleza intrínseca consiste en no separar la idea de patria de la idea de justicia, y en no concebir siquiera que puedan contraponerse ambos conceptos ni menos aún que la patria deba sobreponerse a la justicia. En esto estriba la fuerza moral de la Argentina, y ese principio debemos sostenerlo por América contra todos los azares y peligros.

”La juventud argentina, lejos de estancarse en un doctrinarismo anacrónico, debe afrontar la ruda pero eminente labor de construir una gran democracia social, repudiando la actitud recelosa, defensiva y de crítica excluyentes, para adoptar la acción afirmativa y constante.

”La argentinidad es un sentimiento expansivo, de índole creadora, que ha marcado una línea recta de idealismo.

”Agustín Álvarez, cuyos talentos y virtudes admiro, dijo cierta vez, con evidente error, que el resorte de las instituciones norteamericanas era el ‘interés’, divisible, transable y compatible con el buen sentido práctico, mientras que lo que mueve a las nuestras, es la hidalguía, la altivez, el honor, móviles, todos, de una pieza, indivisibles, inconciliables, incompatibles con el buen sentido y totalmente ocasionados a quijotismo.

”El propósito del escritor era combatir la ficción y la artificialidad, pero incurría en el error lamentable de criticar lo que está en nuestra sangre y constituye el orgullo de nuestra argentinidad.

”Advierto que Jaurés, alto exponente de la raza, hablando sobre Alberdi, entre nosotros, defendió nuestro espíritu que pone, por sobre todos los combates,. una idealidad de gloria tan alta como para que los hombres se elevaran hasta ella por la audacia noble y el heroísmo.

”Hemos combatido el mal llamado derecho de conquista; hemos proclamado y aplicado, de acuerdo a un ideal de armonía y de justicia, el arbitraje, resolviendo por él todos nuestros pleitos de límites; hemos sostenido que ‘la victoria no da derechos’, repudiando las compensaciones materiales por el esfuerzo realizado, pues nos bastó saber que habíamos libertado a otros pueblos; hemos combatido el brutal cobro compulsivo de las deudas internacionales con la doctrina Drago. Hemos trabajado para el espíritu, incorporando al ejercicio de la vida pública de los pueblos, y arraigándolo profundamente, el concepto de ‘dignidad’, realizando con ello una conquista humana. Nos hemos hecho, así, fuertes, no por el poder de los cañones que otros cañones pueden contrarrestar, sino por el prestigio que infunde nuestra conducta y que nadie puede arrebatarnos.

”¿Cómo no ha de ser una monstruosidad el antipatriotismo en nuestro país?

”Si todos los hombres deben amar a su patria, con más razón nosotros, porque los pabellones de la Argentina son limpios y sus blasones espirituales no han sido igualados.”

Por entonces las condiciones de vida empeoraban para la clase trabajadora, sobre todo a partir de 1939, cuando la Guerra Mundial trajo consigo la inevitable escasez y los aumentos de precios. El éxodo rural era ya un fenómeno intenso que repercutía sobre las ciudades, en las que comenzaba a formarse un cinturón suburbano de creciente densidad. Así se constituía un sector inconfundible de la sociedad argentina, vinculado por cierto a la naciente industria y sometido a las duras condiciones que le imponía la política reaccionaria de la vieja oligarquía: ése sería el que habría de constituir el blanco de la propaganda demagógica cuando la revolución impopular de 1943 trató de convertirse en revolución popular por obra del coronel Perón.

Muchos síntomas manifestaban, hacia 1944, que la masa trabajadora y los estratos más modestos de las clases medias estaban en el límite de sus posibilidades económicas. Pero los partidos políticos populares, fieles a sus tradiciones y costumbres, creían conservar su ascendiente sobre esos sectores apelando a sus meras aspiraciones políticas, a sus convicciones profundas y a sus ideales de democracia y libertad. Los tiempos, empero, habían cambiado. Una nueva sensibilidad se había desarrollado en esas masas de reciente formación, y las reivindicaciones económicas y sociales contaban más para ellas que las nociones de democracia y libertad. Por entonces —en 1945— Carlos Sánchez Viamonte se enfrentaría con el problema teórico que esas nociones suscitaban, en un libro de vasta repercusión que tituló El problema contemporáneo de la libertad. Sostenía allí que “el problema de nuestro tiempo debe plantearse así: máximum de derechos relativos a la personalidad humana; mínimum de derechos relativos al patrimonio, sometidos al control del Estado regulador, para impedir todo abuso de fuerza económica y para asegurar a cada miembro de la sociedad los medios indispensables a fin de obtener el desarrollo completo de su capacidad y el mayor rendimiento posible en beneficio común.

”A nuestro juicio, la solución del doble problema de la libertad y de la justicia social requiere un nuevo planteamiento de la cuestión jurídica y una nueva técnica, cuyo punto de partida consiste, como hemos dicho, en deslindar con nitidez la libertad y el patrimonio. De esta manera se podrá dar a la sociedad una organización jurídica en que la libertad dejará de ser un privilegio económico, y la prosperidad no será ya un instrumento de injusticia y opresión.”

En el desarrollo de las tendencias que caracterizaron a las nuevas formaciones de masa tuvieron mucha influencia las condiciones cívicas en que se habían educado las nuevas generaciones, dentro de la opresión del fraude conservador, y acaso también la impotencia de las fuerzas políticas populares para llegar con un nuevo lenguaje a su espíritu. Pero de cualquier manera, el hecho innegable era que la nueva sensibilidad predominaba, y respondió al llamado de la demagogia que se hizo pasar por auténtico espíritu revolucionario sin serlo, aunque para poder fingirlo tuvo que satisfacer en parte las necesidades más imperiosas de la masa que aspiraba a conquistar.

Es indudable que, más que otra cosa, el éxito político del coronel Perón, a lo largo de 1944, residió en el impacto psicológico que logró hacer. Las masas desilusionadas oían proclamar desde la Casa de Gobierno y por las radioemisoras oficiales principios revolucionarios que, poco antes, se consideraban delictuosos a fuerza de parecer “comunistas” —como decían invariablemente los sectores conservadores—, y, lo que es más importante, obtenían decisiones efectivas que redundaban en beneficio de los trabajadores y en perjuicio de la clase patronal, hasta entonces siempre privilegiada. El convencimiento fue instantáneo.

Casi todas las medidas adoptadas entonces fueron el resultado de viejas aspiraciones populares a las que los grupos conservadores que detentaban el gobierno se habían resistido empecinadamente.

Tal es el caso de los Tribunales del Trabajo, creados en 1944 y por cuyo establecimiento se venía clamando hacía mucho tiempo: había solicitado su implantación en 1931 el Primer Congreso Nacional del Trabajo; en 1935 la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y en 1941 se habían fijado las bases para su establecimiento en un meduloso conjunto de estudios preparado por el Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad del Litoral, bajo la dirección de Mariano Tissembaum.

En otro aspecto, las medidas que más contribuyeron a asentar el prestigio del coronel Perón fueron el “Estatuto del peón de campo”, por el que se establecía un sueldo mínimo bastante crecido en comparación con el que habitualmente se pagaba, y el decreto que estableció la obligatoriedad del pago del aguinaldo anual a obreros y empleados. Una política semejante condujo a ajustar el régimen de jubilaciones, el sistema de vacaciones y otros aspectos que contribuían efectivamente a la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Poco después, en 1947, fueron proclamados los “Derechos del Trabajador” en cuyos fundamentos se decía: “Hasta nuestros días no se había estabilizado en principios claros, incontrovertibles e irrenunciables el derecho que los trabajadores tienen a una mejor vida y a una mejor organización del trabajo y del descanso. Entregamos hoy a los legisladores y a los juristas argentinos las bases sobre las cuales han de construir la futura legislación argentina, para fijar de una vez por todas, como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado a los individuos. ‘Los derechos del Trabajador’ que acabamos de enunciar se fundamentan, teóricamente, en la doctrina filosófica y jurídica, pero sólo se cumplen con medios económicos. Crear esos medios económicos será, pues, la base para el cumplimiento de esos diez postulados fundamentales del derecho obrero. Y para ello, para lograr ese cumplimiento, una sola debe ser la finalidad del pueblo trabajador: trabajar y producir.” Los diez postulados a que se hacía referencia eran los siguientes: derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.

La enunciación de estos derechos se incorporó a la Constitución en el texto reformado de 1949, en el que también figuraban los Derechos de la Familia, los Derechos de la Ancianidad y los Derechos de la Educación y la Cultura. Incluía también el nuevo texto constitucional, en su artículo 38, una declaración categórica acerca de la “función social” de la propiedad privada. “La propiedad privada —decía— tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.” Estas disposiciones se complementaban con las que establecía el artículo siguiente con respecto al capital cuando decía: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.”

Estas ideas no cristalizaron en actos que alteraran sustancialmente la vida nacional, pero sin duda expresaban un sentimiento profundo que, de manera imprecisa, latía en la conciencia de las clases populares. En toda la acción que éstas desarrollaron en favor del régimen del general Perón se escondía un impulso vehemente de rebeldía contra las clases privilegiadas, que encontraba su formulación en la fraseología oficial. Pero si esta última concluía en vagos principios —con todo, de innegable eficacia política— aquel impulso se fue robusteciendo y adquiriendo, poco a poco, los caracteres de una actitud social militante.

Los fenómenos demográficos, que en parte provocaron la crisis de 1945 y en parte fueron provocados por ella, fueron objeto de atención por parte de algunos sociólogos. Un enfoque singular, en el que lo cuantitativo quería destilarse en apreciaciones cualitativas, fue el de Bernardo Canal Feijóo en su libro De la estructura mediterránea argentina, relacionado con los trabajos del “Congreso Regional de Planificación Integral del Norte Argentino”, dedicado a estudiar los fenómenos en la región donde mayor gravedad había adquirido. Más tarde, y con gran rigor científico, Gino Germani abordó el problema general de la situación del país en su estudio sobre Estructura social de la Argentina.

4

Los problemas sociales —como los políticos— se agudizaron con motivo de la crisis económica mundial que se desencadenó en 1928. En la Argentina comenzaron a percibirse sus efectos hacia comienzos de 1930: bajaron fuertemente los precios de los granos en el mercado internacional y la moneda se depreció considerablemente, fenómenos a los que acompañó una fuerte contracción del crédito y una grave crisis bancaria. Contribuyeron a agravar la situación otras circunstancias, especialmente las medidas que en salvaguardia de su propia economía, también amenazada por la crisis, tomó Gran Bretaña. En 1931 resolvió el gobierno inglés abandonar el patrón oro —como lo harían luego casi todos los demás países— y establecer la inconvertibilidad de la libra esterlina.

Tratándose del principal comprador de los productos agropecuarios de la Argentina, esta medida sacudió profundamente su estructura económica y financiera, pues consistían precisamente en libras los créditos que el país poseía en el exterior para comprar en diversos mercados. Un año más tarde, cuando la crisis de deflación se hacía más aguda, Gran Bretaña y sus dominios se reunieron en la Conferencia Imperial de Ottawa, en 1932, y resolvieron que la metrópoli acordaría preferencia en la adquisición de materias primas a sus dominios, para lo cual se establecerían las correspondientes diferencias tarifarias.

Estos hechos, que afectaban al país entero, pero muy directamente a la oligarquía terrateniente, contribuyeron a provocar la revolución de septiembre de 1930, mediante la cual recuperó aquélla la conducción del Estado. Como era de esperar, tanto el gobierno revolucionario del general Uriburu como los gobiernos constitucionales que lo heredaron, presididos por el general Justo primero y por Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo después, se dedicaron a remediar los males que sufría la economía argentina, pero con una notoria preocupación en favor de ciertos sectores de la producción. Se produjo entonces un cambio fundamental: los viejos preceptos de la economía liberal, sostenidos por Alberdi y por la Constitución de 1853, comenzaron a ser sustituidos por otros nuevos, que inspiraron un tipo de economía dirigida.

En tanto que se resistía a la tentación de caer en la moratoria o la emisión, se arbitraron algunos medios para hacer frente a las exigencias fiscales. Uno de ellos significó una modificación sustancial en la concepción de la vida económica argentina: la creación del impuesto a los réditos, que poco después pasaría a ser la principal fuente de ingresos fiscales, más cuantiosos que los impuestos de aduana. Con estos recursos, y con un empréstito interno, se salvaron las primeras necesidades fiscales derivadas de la crisis.

Pero más graves aún que las dificultades fiscales eran las económicas. Los productores, especialmente los del sector agrícola, exigían la fijación de precios, en tanto que los del sector comercial solicitaban la regulación del cambio. La consecuencia fue una política destinada a agotar las posibilidades de mantener la antigua vinculación con la economía inglesa. Fruto de esa política fue la negociación de un nuevo tratado con Gran Bretaña, por el que se reajustaba el comercio de carnes relacionándolo con otras actividades en las que Gran Bretaña obtenía crecidos beneficios a costa de los intereses nacionales. La reacción fue enérgica. Los grupos nacionalistas organizaron un decidido frente antibritánico, cuyos principios defendieron Julio y Rodolfo Irazusta en La Argentina y el imperialismo británico y Raúl Scalabrini Ortiz en Política británica en el Río de la Plata y en Historia de los ferrocarriles argentinos. Principios análogos defendían la agrupación radical “Forja” y, desde 1936, la “Escuela de Estudios Argentinos”, presidida por Adolfo D. Holmberg, que editó la revista Servir en la que vieron la luz numerosos y excelentes estudios sobre problemas económico. La preocupación por la defensa de los intereses nacionales era en sus redactores la predominante. “El hombre argentino —escribía Holmberg en el primer número de Servir— está lejos de haber conquistado la naturaleza argentina. Es hora de síntesis y de inventarios. Hay que levantar inventario de todas nuestras riquezas y de todas nuestras posibilidades y poner en orden de síntesis todos nuestros conocimientos sobre el país; hay que saber en lo que estamos en punto a relaciones ecológicas con nuestro medio ambiente; sopesar nuestra capacidad científica y nuestra idoneidad técnica; también hay que someter a un riguroso examen nuestros valores espirituales. Podremos, así, fijar puntos de vista seguros, establecer bases firmes para los futuros desenvolvimientos económicos y culturales.” Y había afirmado antes: “Nunca fue más indispensable que ahora la unión de pensamiento y acción. El país había crecido desmesuradamente al margen de las leyes de equilibrio y armonía que regulan el desarrollo de los organismos y de las sociedades; rechazado ahora de su condición efectiva de factoría o de colonia seudoindependiente, por la acción de las fuerzas anárquicas que disocian al mundo, se ve obligado a retraerse y a concentrarse en sí mismo, para reorganizarse y reconstituirse una vida y un espíritu nuevos. Tendrá que hacerlo en plena catástrofe.”

Pero la voz que más trascendió entre las que se resistieron a la entrega de la economía nacional a Gran Bretaña fue la del senador Lisandro de la Torre, cuando denunció los términos del tratado de Londres en relación con las carnes argentinas. “Si estábamos a merced de la Gran Bretaña después de los acuerdos de Ottawa —decía— seguimos a merced de la Gran Bretaña después del convenio de Londres, y el empeño puesto imprudentemente en realizar el tratado ha conducido a empeorar la situación, obligándonos a renunciar al control de los embarques de carnes, sin dejar por eso de sufrir una disminución de la cuota básica de Ottawa.” Y agregaba: “En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios tienen cada uno su cuota y la administran ellos… La Argentina es la que no podrá administrar su cuota; lo podrá hacer Australia, lo podrá hacer el Canadá, lo podrá hacer hasta el África del Sur. Inglaterra tiene respeto de esas comunidades de personalidad internacional restringida, que forman parte de su imperio, más respeto que por el gobierno argentino. No sé si después de esto podremos seguir diciendo: ¡Al gran pueblo argentino, salud!”

Al mismo tiempo que el Estado neoconservador se empeñaba en la defensa de los intereses de la oligarquía mediante una política de sujeción al más importante de sus compradores, se desarrollaba también la tendencia a desenvolver en el orden económico y financiero una política de intervencionismo estatal. Los grupos que dirigían la política económica hallaron en las teorías de la escuela de Cambridge, representada sobre todo por Keynes, el sistema de soluciones que, como en otros países, parecía apropiado para la crisis. Y dentro de esa línea se proyectaron diversas medidas para dirigir las finanzas y regular la producción.

En cuanto a la dirección de las finanzas, las medidas fundamentales giraron alrededor de la creación de un Banco Central. Ya en 1931 se había creado una “Comísión de cambios” cuyas funciones fueron creciendo poco a poco; pero la etapa decisiva se cumplió en 1935, con la creación del Banco Central y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. La primera de esas instituciones era dirigida por un directorio cuya mayoría representaba a bancos no oficiales, pese a lo cual se le encomendaba regular el crédito, vigilar el funcionamiento de los bancos y, sobre todo, actuar como agente financiero del Estado en las operaciones de crédito y en la emisión de moneda. El Instituto Movilizador, cuyas autoridades designaba el Banco Central, estaba autorizado para adquirir los inmuebles y créditos inmovilizados o congelados en los bancos para devolverlos a la productividad.

En cuanto a la regulación de la producción, las deciciones fueron no menos drásticas. Por intermedio de numerosas “juntas reguladoras”, el Estado dispuso unas veces —como en el caso de la vid— destruir una cierta parte de la materia prima producida; otras veces —como en el caso de la yerba mate— limitar estrictamente la producción; y otras —como en el caso de los cereales y la carne— decidió fijar precios máximos y mínimos. Esta política culminó en septiembre de 1939 con la sanción de la ley 12.591 por la que se facultaba al Poder Ejecutivo para fijar precios máximos, comprobar la existencia de productos y expropiar cualquier clase de artículo.

Si el ministro de Agricultura, Antonio de Tomaso, fue quien orientó la regulación de la producción, correspondió la reorganización financiera al ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Este último se mostraba satisfecho de su labor cuando, en 1946, escribía en su libro En tiempos de la república: “Pero si de toda la labor realizada por la empeñosa y progresista administración de que tuve el honor de formar parte, la más espectacular fue la que tuvo por mira poner límite a los males de la depresión económica producida por la crisis mundial, creo poder afirmar sin inmodestia, aunque se halle vinculada a mi propia acción, que la que tuvo efectos más permanentes fue la obra de saneamiento y reorganización bancaria, cuyas piezas principales de carácter estable fueron el Banco Central de la República y la ley de bancos, completados por el Instituto Movilizador de Inversiones Bancadas como instrumento transitorio.

“No tengo intención de reabrir en este lugar la áspera polémica a que dieron lugar esas iniciativas, ni de pasar revista a las objeciones que se les formularon, ni demostrar lo infundado de terroríficos pronósticos que con motivo de esas creaciones legales se echaron a rodar, porque aparte de que mucho de ello está contenido en los escritos y discursos recopilados, ese trabajo sería más propio de un estudio especializado en materias económicas que de apuntes como éstos. Pero hay además esta otra consideración que me exime de ocuparme de esa cuestión: los que fueron los más enconados adversarios de la creación del Banco Central son los que hoy lo proclaman piedra angular del edificio económico de la República e identifican su conservación y su buen manejo con el cuidado de los más fundamentales intereses nacionales.”

Se refería el autor al equipo económico del gobierno de Juan D. Perón, que, en el momento en que escribía Pinedo, iniciaba una enérgica política intervencionista en materia económica. Pero las fuentes de donde procedía esa tendencia no eran las mismas que habían nutrido la política de Hueyo y Pinedo durante el gobierno de Agustín P. Justo. Acaso podían identificarse vagamente con los principios de “economía de guerra” que sustentaba la ley 12.591, pero más seguro es que consistiera fundamentalmente en las concepciones de Estado Mayor que conformaban la mentalidad política de Perón. Había dentro de esa concepción muy precisas nociones económicas, que informaron sin duda la exposición que hizo Perón, como ministro de Guerra, al inaugurarse la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata. Fue en esa ocasión cuando se esbozó por primera vez lo que luego sería programa de gobierno entre 1946 y 1955. “Referido el problema industrial —decía— al caso particular de nuestro país, podemos expresar que él constituye el punto crítico de nuestra defensa nacional. La causa de esta crisis hay que buscarla de lejos, para poder solucionarla.

”Durante mucho tiempo, nuestra producción y riqueza han sido de carácter casi exclusivamente agropecuario. A ello se debe en gran parte que nuestro crecimiento inmigratorio no haya sido todo lo considerable que era de esperar, dado el elevado rendimiento de esta clase de producción con relación a la mano de obra necesaria. Saturados los mercados mundiales, se limitó automáticamente la producción y, por ende, la entrada al país de la mano de obra que ella necesitaba.

”El capital argentino, invertido así en forma segura pero poco brillante, se mostraba reacio a buscar colocación en las actividades industriales, consideradas durante mucho tiempo como una aventura descabellada y, aunque parezca risible, no propia de buen señorío.

”El capital extranjero se dedicó especialmente a las actividades comerciales, donde todo lucro, por rápido y descomedido que fuese, era siempre permitido y lícito; o buscó también seguridad en el establecimiento de servicios públicos o industrias madres, muchas veces con una ganancia mínima respaldada por el Estado.

”La economía del país reposaba casi exclusivamente en los productos de la tierra, pero en su estado más innoble de elaboración, que luego, transformados en el extranjero con evidentes beneficios para sus economías, adquiríamos de nuevo ya manufacturados.

”El capital extranjero demostró poco interés en establecerse en el país para elaborar nuestras riquezas naturales, lo que significaría beneficiar nuestra economía y desarrollo, en perjuicio de los suyos y entrar en competencia con los productos que se seguirían allí elaborando.

”Esta acción recuperadora debió ser emprendida evidentemente por los capitales argentinos, o por lo menos que el Estado los incitase, precediéndolos y mostrándoles el camino a seguir.

”Felizmente la Guerra Mundial de 1914-18, con la carencia de productos manufacturados extranjeros, impulsó a los capitales más osados a lanzarse a la aventura y se estableció una gran diversidad de industrias, demostrando nuestras reales posibilidades.

”Terminada la contienda, muchas de estas industrias desaparecieron por artificiales unas, y por falta de ayuda oficial otras que debieron mantenerse; pero muchas sufrieron airosamente la prueba de fuego de la competencia extranjera dentro y fuera del país.

”Pero esta transformación industrial se realizó por sí sola, por la iniciativa privada de algunos ‘pioneros’ que debieron vencer innumerables dificultades. El Estado no supo poseer esa evidencia que debió guiarlos y tutelarlos, orientando la utilización racional de la energía; facilitando la formación de la mano de obra y del personal directivo; armonizando la búsqueda y extracción de la materia prima con las necesidades y posibilidades de su elaboración; orientando y protegiendo su colocación en los mercados nacionales y extranjeros, con lo cual la economía nacional se hubiera beneficiado considerablemente.

”Para corroborarlo no me referiré más que a un aspecto. Hemos gastado en el extranjero grandes sumas de dinero en la adquisición de material de guerra. Lo hemos pagado a siete veces su valor, porque siete es el coeficiente de seguridad de la industria bélica y todo ese dinero ha salido del país sin beneficio para su economía, sus industrias o la masa obrera que pudo alimentar.

”Una política inteligente nos hubiera permitido montar las fábricas para hacerlos en el país, las que tendríamos en el presente, lo mismo que una considerable experiencia industrial y las sumas invertidas habrían pasado de unas manos a otras, argentinas todas.

”Lo que digo del material de guerra, se puede hacer extensivo a las maquinarias agrícolas, al material de transporte terrestre, fluvial y marítimo y a cualquier otro orden de actividad.

”Los técnicos argentinos se han demostrado tan capaces como los extranjeros, y si alguien cree que no lo son, traigamos a éstos, que pronto asimilaremos todo lo que puedan enseñarnos.

”El obrero argentino, cuando se le ha dado oportunidad para aprender, se ha revelado tanto o más que el extranjero.

”Maquinarias, si no las poseemos en cantidad ni calidad suficientes, pueden fabricarse o adquirirse tantas como sean necesarias.

”A las materias primas nos las ofrecen las entrañas de nuestra tierra, que sólo esperan que las extraigamos.

”Si no lo tenemos todo, lo adquiriremos allí donde se encuentre, haciendo lo mismo que los países europeos, que tampoco lo tienen todo.

”La actual contienda, al hacer desaparecer casi en absoluto de nuestros mercados los productos manufacturados extranjeros, ha vuelto a florecer nuestras industrias, en forma que causa admiración hasta en los países industriales por excelencia.

”La teoría que mucho tiempo sostuvimos de que si algún día un peligro amenazaba a nuestra Patria, encontraríamos en los mercados extranjeros el material de guerra que necesitásemos para completar la dotación inicial de nuestro Ejército y asegurar su reposición, ha quedado demostrada como una utopía.

”La Defensa Nacional exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria pesada.

”Para ello, es indudablemente necesaria una acción oficial del Estado, que solucione los problemas que ya he citado y que proteja a nuestras industrias si es necesario. No a las artificiales que, con propósitos exclusivamente utilitarios, ya habrán recuperado varias veces el capital invertido, sino a las que dedican sus actividades a esa obra estable, que contribuirá a beneficiar la economía y asegurará la Defensa Nacional.”

En términos correlativos se expresaba, en sendos capítulos, sobre la acción comercial, la acción económica y la acción financiera. El supuesto de tales ideas era la necesidad de que toda la economía de la nación estuviera dirigida preventivamente hacia la posibilidad de una guerra; pero alejada esa sombra por las circunstancias internacionales, esa concepción siguió funcionando como una expresión más aguda aún del ya viejo nacionalismo económico, manifestado en la decidida tendencia a la estatización.

En cumplimiento de tales designios, el gobierno de Perón nacionalizó en 1946 el Banco Central, sustrayéndolo a la influencia de los bancos particulares, e invirtió crecidas sumas en la nacionalización de algunos servicios públicos. Acaso la medida más significativa fuera la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), cuya misión era la de adquirir las cosechas a un precio remunerativo y gestionar su venta en el exterior; pero poco a poco se convirtió en el agente comercial del Estado para la mayor parte de las importaciones y exportaciones.

Dentro de la misma corriente de ideas, se estableció en el nuevo texto constitucional de 1949 una disposición sobre la función social de la propiedad y otra estableciendo que el capital debía estar al servicio de la economía nacional. Pero la más categórica de las disposiciones constitucionales fue la que se consignó en el artículo 40, que resumía ciertas ideas defendidas desde hacía mucho tiempo por diversos sectores antiimperialistas y luego erigidas en consignas propias y exclusivas por los nacionalistas de tendencia filonazi, algunos de los cuales formaban parte del movimiento adicto a Perón: “La organización de la riqueza —decía el citado artículo constitucional— y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

”Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

”Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

”El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Estas disposiciones eran categóricas: mucho menos resuelta fue la acción del gobierno para cumplirlas. Pero los principios —que correspondían a vagas tendencias innegablemente arraigadas en la opinión popular— hacían su camino y conquistaban nuevos adeptos. Dentro de la misma línea el gobierno esbozó un plan de acción en el llamado “Segundo Plan Quinquenal” y procuró completarlo en 1953 con dos acuerdos internacionales, uno con Chile y otro con Paraguay, que tendían a realizar la complementación de las respectivas economías.

Una política semejante en relación con las fuentes de energía propuso en 1954 Arturo Frondizi, jefe de la Unión Cívica Radical Intransigente, en su libro Petróleo y política, en el que sostenía la necesidad de realizar una revolución profunda “para transformar el viejo orden social en una nuevo”. Puntos fundamentales de ese cambio debían ser la reforma agraria, la industrialización y la democratización económica. La reforma agraria debía encarar una revisión de las formas de la propiedad, del régimen de explotación y del sistema de comercialización de la producción, para sustraer la economía agraria a las fuerzas negativas de los terratenientes y de los consorcios ajenos a los intereses nacionales y populares. La industrialización debía partir del logro de la “autonomía energética” y dirigirse hacia la creación de una “industria nacional independiente”, fundada especialmente “en el ahorro, en el trabajo, en la voluntad y en la inteligencia del pueblo argentino”, la industria pesada sería el objetivo final de ese proceso. La democratización económica debía orientarse hacia la destrucción de los monopolios privados por medio de la “nacionalización de las concentraciones capitalistas” en virtud de la cual se obtendría una intensa capitalización social. Los sectores nacionalizados deberían ser administrados por entes autárquicos con participación de usuarios, técnicos y obreros; los sectores privados se verían estimulados por la desaparición de los grandes monopolios. En todo caso la participación de técnicos, obreros y empleados en la dirección del proceso económico se consideraba fundamental para que la economía quedara subordinada a las necesidades del desarrollo nacional y del bienestar social, y no solamente ‘‘al limitado beneficio de los poseedores”.

Esta doctrina, fuertemente impregnada de antiimperialismo, fue la que orientó un importante movimiento dentro de la Unión Cívica Radical. Su inspirador, Arturo Frondizi, sostenía que debía desarrollarse en toda América latina en términos análogos, puesto que eran análogas las condiciones económicas, y depositaba grandes esperanzas en sus resultados. “Se darán así —decía en Petróleo y política— las condiciones materiales y políticas para corregir las deformaciones económicas creadas por un desarrollo subordinado a los intereses imperialistas, pará terminar con las injusticias sociales propias del régimen capitalista agudizadas por la acción de los grupos oligárquicos; para terminar con la ausencia de la cultura, base ideológica de la injusticia social y del atraso económico; y para acabar de una vez con la carencia de derechos y libertades, imposibilitando las formas dictatoriales de cualquier grado y contenido.”

5

Los cambios profundos y fundamentales que se operaron en todos los planos de la vida argentina suscitaron nuevas y distintas preocupaciones sobre su fondo y su sentido; muy pronto repercutieron en el análisis del pasado argentino suscitando en el campo de los estudios históricos inquietudes hasta entonces poco visibles, puntos de vista casi inéditos y criterios renovadores; pero suscitaron además otro género de reflexiones, menos sistemáticas pero más profundas, a través de las cuales se pretendía hallar, una vez más, las peculiaridades del carácter nacional y las pautas para la conducta social.

En el campo de la historiografía se acentuó la producción erudita. La labor de los institutos universitarios, de los archivos, de la Academia Nacional de la Historia —fundada sobre la base de la antigua Junta de Historia y Numismática Americana— así como de algunas instituciones privadas, permitió la publicación de un ingente caudal de documentos inéditos. Ejemplo significativo fue la edición de las Asambleas constituyentes argentinas que realizó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Emilio Ravignani. Con criterio semejante trabajaron muchos historiadores que hicieron importantes aportes al conocimiento del pasado nacional, entre los cuales debe señalarse a Rómulo D. Carbia, Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Roberto Levillier, Diego Luis Molinari, José Torre Revello, Ricardo Piccirilli, Julio V. González y muchos otros.

Otros temas y otras orientaciones aparecieron por entonces en el campo del conocimiento histórico. El estudio biográfico tentó a algunos que, como Ricardo Rojas o Alfredo L. Palacios, se ocuparon de figuras clásicas de la historia argentina: San Martín, Sarmiento o Echeverría. Pero también atrajeron a otros ensayistas ciertas figuras del pasado más reciente, cuyas biografías —de diverso valor erudito— cumplieron sin embargo la misión de atraer la curiosidad hacia una época poco estudiada pero de candente interés. Bernardo Canal Feijóo y Pablo Rojas Paz escribieron sobre Juan Bautista Alberdi, Manuel Gálvez y Félix Luna sobre Hipólito Yrigoyen, Raúl Larra sobre Lisandro de la Torre, Dardo Cúneo sobre Juan B. Justo, Alvaro Yunque sobre Leandro N. Alem, Agustín Rivero Astengo sobre Carlos Pellegrini y Miguel Júárez Celman. A veces la intención política predominó sobre la actitud erudita, pero en todos los casos medió una inequívoca intención de actualizar la historia argentina, en relación con los intereses vivos de la colectividad.

Esta dimensión de la historia estaba presente también en las preocupaciones por la historia económica. Tras los trabajos de Luis Roque Gondra y de Juan Álvarez, aparecieron nuevas investigaciones Sobre temas particulares. Raúl Scalabrini Ortiz escribió sobre la Historia de los ferrocarriles argentinos y la Política inglesa en el Río de la Plata; Rodolfo y Julio Irazusta se ocuparon de La Argentina y el imperialismo británico; Adolfo Dorfman estudió la Historia de la evolución industrial argentina, y Ricardo Ortiz intentó con éxito una visión ordenada y objetiva del conjunto en su Historia económica de la Argentina.

Esta preocupación por aclarar los caracteres del desenvolvimiento económico del país daba a la historiografía un nuevo matiz, al que desde otro punto de vista contribuían también obras como las de Mariano de Vedia y Mitre, Juan Balestra y Luis V. Sommi sobre la revolución de 1890 en cuanto ponían de manifiesto no sólo la incidencia de los fenómenos económicos sobre los sociales sino también la dependencia de la política contemporánea con respecto a complejos procesos que sólo la historia podía aclarar.

La militancia política inspiró, resueltamente, ciertas revisiones de la historia. La palabra “revisionismo” quedó adscripta específicamente a un movimiento que tendía a combatir las tesis generalmente admitidas sobre la época colonial y la época de Rosas, períodos que se trató no sólo de justificar sino, más aun, de presentar como los únicos momentos positivos de la historia argentina. El “hispanismo” tuvo su principal adalid en el padre Guillermo Furlong y el “rosismo” los tuvo en Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, Rodolfo y Julio Irazusta, José María Rosa y Ernesto Palacio. Ambas tesis estimaban fundamentales la perpetuación de los contenidos espirituales de la tradición española y combatían las influencias de otras corrientes europeas: la del liberalismo francés o la del imperialismo británico.

A estas tesis polémicas salieron al paso otros historiadores. Ricardo Piccirilli, Alberto Palcos, Abel Chaneton, Alfredo L. Palacios, Ricardo Rojas, Aníbal Ponce, Bernardo Canal Feijóo y otros defendieron las figuras de Rivadavia, Echeverría, Alberdi, y afirmaron que continuaban los ideales de la Revolución de Mayo, cuyos principios pondría en movimiento la generación de la Organización Nacional, a la que combatía encarnizadamente el revisionismo.

Fue Ernesto H. Celesia el que arremetió directamente contra la figura de Rosas, mostrándolo ajeno a los intereses de la Independencia. Por su parte, otros estudiosos que se apoyaban en los principios del marxismo emprendían un nuevo análisis de la historia argentino, siguiendo en parte la huella de Juan B. Justo. Analizaron la sociedad virreinal Eduardo Astesano en Contenido social de la Revolución de Mayo y Rodolfo Puiggrós en De la colonia a la Revolución. Este último enfrentó el tema de Rosas en dos libros de análisis, Rosas el Pequeño y La herencia que dejó Rosas al país, en tanto que con análogo punto de partida trataba el mismo tema Luis L. Franco en El otro Rosas y El general Paz y los dos caudillajes. Dentro de la misma línea se ocuparon de épocas más próximas Alvaro Yunque y Luis V. Sommi, este último en su Yrigoyen y La Revolución del noventa. Una visión de conjunto sobre la interpretación marxista de la historia argentina esbozó Puiggrós en su Historia económica del Río de la Plata, en la que mostró cómo se encadenaban las actitudes políticas con los intereses económicos, y cómo las grandes mutaciones que se observan en aquéllas se relacionan con los cambios que se producen en los sistemas de producción.

Entretanto, la revisión de los contenidos espirituales de la sociedad argentina era abordada desde otro sector, que quería trascender el minucioso análisis histórico y prefería las intuiciones profundas para llegar al descubrimiento de las constantes de la personalidad colectiva. Fueron ensayistas, escritores de vocación eminentemente literaria, quienes emprendieron este análisis. Justo es decir que algunos de ellos no desdeñaron anteponer a sus generalizaciones una investigación cuidadosa. Luis L. Franco, escritor eximio, aceptó totalmente las cargas de la investigación; Ezequiel Martínez Estrada acumuló cuantiosa información sobre nuestro pasado para documentar ciertas intuiciones fundamentales sobre la vida argentina, y Raúl Scalabrini Ortiz se lanzó más tarde a una verdadera cruzada histórico-política con bien elaborados materiales. Pero el género de la interpretación intuitiva del ser argéntino prosperó en los ensayistas a despecho de la erudición, y a veces con una militante posición contra ella. Parecía que la urgencia de llegar al fondo de una ontología nacional podía ser obstaculizada por el afán de extremar el análisis de la realidad económica, social, política y espiritual del país. Y la respuesta fue un intento de síntesis global apoyada en ciertos elementos que pareció que podían considerarse típicos.

Se unieron a los estímulos producidos por cierta inequívoca sensación de cambio, las reflexiones que sobre el país hicieron dos visitantes extranjeros, cuya palabra ejerció alrededor de 1930 una inmensa influencia: fueron el filósofo español José Ortega y Gasset y el ensayista alemán Hermann Keyserling.

En el volumen VII de El espectador, y poco después de su regreso de la Argentina, publicó Ortega y Gasset dos ensayos, uno sobre el paisaje, que tituló La pampa… promesas, y otro sobre el hombre y la sociedad, que llamó El hombre a la defensiva. Terminaba el primero luego de sabrosas digresiones sobre la llanura, afirmando que “una de las cosas menos frecuentes en la Argentina es hallar alguien que tenga puesta su vida primariamente a vivirla y sólo secundariamente a esta o la otra meta parcial dentro de su vida”. Y desarrollaba esta idea en el segundo ensayo con nuevas y acaso más jugosas observaciones, que expresaba, además, en incisivas fórmulas. El argentino —decía— vive a la defensiva porque no se siente seguro en su situación y se siente, en cambio, dispuesto a mantener la que ha decidido tener o adoptar. Por eso no vive con autenticidad, ni se entrega definitivamente a un destino. Esta característica de la situación del individuo proviene de la inestabilidad de la sociedad, propia de su pujanza y vertiginoso desarrollo, tanto como de las óptimas calidades intelectuales que lo caracterizan. El argentino vive atento a “una figura ideal que de sí mismo posee”, y hasta tal punto, que “el argentino típico no tiene más vocación que la de ser ya el que imagina ser”. Esta observación se unía a la que constituía el fondo del primer ensayo: el paisaje de la pampa explica que el argentino viva volcado hacia el futuro, despegado de su realidad concreta y embargado por la promesa que él mismo se hace.

Poco después publicó Keyserling sus Meditaciones sudamericanas, que también impresionaron profundamente. El pensador alemán definió a Sudamérica como “el Continente del tercer día de la Creación” sobre el que se desenvuelve una “vida primordial”. No se vive allí desde el espíritu —decía—, sino desde la tierra. “El sudamericano es absolutamente hombre telúrico.” Desde ese punto de partida analizaba las formas de vida sudamericanas y la significación que en ellas tenían las fuerzas que, simbólicamente, llamaba el “Mal original”, el “Hambre original” y el “Miedo original”. Una atmósfera singular rodea a unos hombres “que no podían aun cuando quisieran”, esto es, hombres prisioneros de la “gana” del impulso orgánico apenas asociado a las decisiones del espíritu. Y el conjunto de las formas de la conducta individual y social revelaba a sus ojos que el hombre telúrico vivía no dentro de un orden racional sino dentro de un orden emocional.

Alrededor de estas ideas —algunas ya apuntadas por algunos ensayistas argentinos— había de girar toda la insistente preocupación acerca del ser nacional que surgió y se desarrolló por esos años. En el ensayo que titulaba Para una caracterología argentina, Homero Guglielmini salía al paso de las observaciones de Juan Agustín García, de Agustín Álvarez y otros escritores de principios de siglo, señalando que los rasgos que tradicionalmente se habían atribuido a los argentinos, tales como el culto al coraje o el desprecio por la ley o la llamada “política criolla”, no debían considerarse despectivamente sino interpretarse como signos del predominio del sentimiento sobre la racionalidad. La política —señalaba— no se orienta en la Argentina según ideas o principios, sino según sentimientos; y como el argentino —agregaba— tiene mayor aptitud para lo concreto que para lo abstracto, concluye por encarnar los sentimientos en un hombre, de donde proviene el predominio de la política personalista sobre la principista. Guglielmini seguía las consecuencias de su afirmación fundamental, y señalaba que ciertas tendencias características —el entusiasmo, el olvido, el hastío— derivaban precisamente de la preeminencia del orden emocional en la vida argentina.

Este rasgo, en el que habían coincidido los observadores extranjeros, fue observado por otros ensayistas argentinos que pusieron, además, su empeño en señalar que no constituía un elemento negativo, como podía hacerlo suponer un cotejo superficial con las formas de vida europeas, sino, por el contrario, una actitud positiva. Raúl Scalabrini Ortiz proclamaba a Macedonio Fernández, el autor de No toda es vigilia la de los ojos abiertos, como “el primer metafísico de Buenos Aires”, precisamente porque su pensamiento “es un alegato pro pasión, un ataque al intelectualismo extenuante”. Y él mismo, en El hombre que está solo y espera, desarrollaba a su vez la teoría del carácter argentino siguiendo el hilo de esa reflexión.

“El hombre que está solo y espera”, el símbolo porteño ideado por Scalabrini Ortiz, llamado también “el hombre de Corrientes y Esmeralda”, no es un hombre que se deje guiar por ideas abstractas ni, en general, por reflexiones o cálculos. Es hombre de impulsos, de presentimientos, de intuiciones. “El porteño no piensa, siente”, decía categóricamente Scalabrini Ortiz. Tampoco ama la cultura intelectual de tipo europeo, sino que prefiere la improvisación. Y aun las severas normas éticas le parecen postergables ante los imperativos de la amistad o del agradecimiento. De aquí una especie de clemencia frente al que viola las convenciones y las normas, porque más valor parece tener un rasgo generoso, un rapto de audacia, una entrega radical a un sentimiento, que la más severa sujeción a rígidos principios racionales. Todo esto es algo propio del “hombre de Corrientes y Esmeralda”, pero parece provenir de la actitud vital del gaucho o acaso del “espíritu de la tierra”.

Scalabrini Ortiz pensaba que el espíritu de la tierra es suficientemente poderoso como para amalgamar las múltiples influencias que penetran un país de inmigración. “El hombre porteño tiene una muchedumbre en el alma”, decía. Y consideraba que las cuatro razas de las que desciende “se anulan mutuamente y sedimentan en él sin prevalecimientos”. Y en una definición llena de sentido, agregaba que la sociedad está formada sólo por individuos yuxtapuestos congregados solamente por la esperanza de llegar a ser en lo futuro una raza de definida e inconfundible fisonomía.

Scalabrini Ortiz insistía —a través de muchas glosas— en destacar la importancia de dos aspectos fundamentales del carácter nacional, en lo que, por lo demás, coincidía con otros ensayistas: el predominio del sentimiento sobre la razón y la entrega a la imagen futura de sí mismo más que a la propia realidad. Eran, a su juicio, como todas las otras que describía, notas positivas, pues Scalabrini Ortiz reaccionaba ante el carácter nacional con una íntima satisfacción.

Inversamente, Eduardo Mallea reaccionaba con un intenso amor, pero también con desaliento e indignación. Tales fueron las actitudes que inspiraron su Historia de una pasión argentina escrita al calor de una angustia profunda suscitada por la crisis moral del país. Mallea señalaba los males de su tierra y su propia reacción: “me levanto contra ella, la reprocho, la llamo violentamente a su ser cierto, a su ser profundo cuando está a punto de aceptar el convite de tantos extravíos”. El libro era una apelación a los espíritus responsables, a los “argentinos insomnes”, a quienes quería llevar “hacia un estado de inteligencia; no hacia un estado de grito”, desde el que enfrentaran “la comprensión total de nuestra obligación como hombres, la inserción de esta comprensión viva en el caminar de nuestra nación, la inserción de una moral, de una espiritualidad definida, en una actividad natural”.

El examen de Mallea revelaba la existencia de muchos y muy graves y profundos males; tantos que costaba trabajo mantener alguna esperanza. El más grave de todos era la crisis del “sentido de argentinidad”. Mallea recordaba que la conciencia argentina había conocido un momento de madurez, precisamente cuando el país nacía como pueblo. Entonces, las minorías cumplían la misión de encauzar a las masas con su alto ejemplo; pero luego, por una involución, el país aceptó las actitudes vitales de quienes se incorporaban a nuestra sociedad sin más propósito que alcanzar la riqueza. La “vida cómoda”, el tranquilo goce de los bienes materiales, el abandono de toda preocupación superior, la indiferencia frente a todo lo que fuera inquietud moral, caracterizó la existencia colectiva, sin que hubiera minorías que se sobrepusieran a esas debilidades; por el contrario, admitieron el primado de las mismas normas. Así alcanzó preeminencia ese conjunto humano que Mallea llamaba “la Argentina visible”, constituida por los que han sustituido “un vivir por un representar”. Influyentes en la vida colectiva porque actúan, dirigen y opinan, alcanzan precisamente su mayor penetración a causa de su espontánea coincidencia con los más elementales prejuicios y las más vulgares tendencias. Sólo atraídos por la figuración, falsean cuanto tocan y pervierten a los que los imitan. Mallea señalaba que, entre todos los peligros, el mayor era el ejemplo que esta “Argentina visible” ofrecía a quienes se incorporaban a la sociedad. “La sucesión racial, ética y política de nuestro pueblo estaba, por decirlo así, librada a sus manos.”

Si Mallea no se entregaba definitivamente a la desesperanza, era porque confiaba en lo que, antitéticamente, llamaba la “Argentina invisible”, compuesta de hombres que han mantenido una enérgica vigilancia moral, y se conservan imperturbables frente a las tentaciones primarias; la formaba —decía— un tipo de hombre sensible, “grave sin solemnidad, silencioso sin resentimiento, alegre sin énfasis, activo sin angurria, hospitalario sin cálculo de trueque, naturalmente pródigo…, humanamente solidario hasta el más inesperado y repentino sacrificio; lleno de exactas preciencias y zumos de sabiduría, simple sin alardes de letras”. Su firme y esperanzada confianza provenía de que veía en ellos la verdadera y permanente expresión del alma argentina, cuya actitud fundamental era la “exaltación severa de la vida”.

Recordaba Mallea muy de cerca las opiniones de Waldo Frank y de Hermann Keyserling; ricas a veces en intuiciones justas y en apreciaciones sutiles, y que sin duda habían contribuido a suscitar en él las reflexiones que hilaba sobre el tema del destino colectivo. Al terminar su libro, expresaba así su esperanza: “Tu silencio es una pausa honda, no muerte, no desaparición; una pausa honda. La pausa fundamental, la pausa de la reflexión dramática del que vela antes del alba, la pausa del que ominosamente trabaja en el destierro creador. Pueblo profundo de la Argentina, lo que vale en ti es tu exaltación severa de la vida. Está honda, muy honda; inexpugnable, muy inexpugnable; íntima, muy íntima en el silencio y la soledad de tu vida recóndita. Lo que eres, en verdad, es eso: exaltación severa de la vida. Lo contrario de tu floración, vegetación beocia, de tu moho, de tu áureo cardenillo.”

Ezequiel Martínez Estrada adoptaba una actitud más definitivamente pesimista en su Radiografía de la pampa, concebida en cierto modo bajo la sugestión de Oswald Spengler. Sobre la inocultable base de un estudio minucioso de los hechos, Martínez Estrada intentaba sobrepasar los límites de un mero conocimiento empírico de las circunstancias de la vida argentina mediante un examen fisiognómico que le permitiera captar sus íntimos y perdurables secretos. Por esa vía llegó a cierta visión fatalista del destino de la colectividad argentina, en la que influía mucho cierta misteriosa gravitación telúrica y acaso aun más la perpetuación de algunos estigmas psicológicos. Ese fatalismo suscitaba algo que podría llamarse un “sentimiento de culpa”, cuya presencia se adivinaría en las formas del comportamiento de la colectividad.

Martínez Estrada rastreaba la actitud psicológica del argentino —en la que veía, por lo demás, la raíz de su actitud social y cultural— a través de su singular relación con la tierra. La tierra tiene una realidad brutal. “Es lo más seguro bajo el pie y bajo la espalda, cuando ha concluido la marcha. Es lo que afirma que vive, al bruto, al posar sobre ella las patas y al alimentarse. La tierra es la verdad definitiva, la primera y la última: es la muerte.” Por eso posee un secreto que es necesario desentrañar si se pretend^ acordar la existencia humana con los sones de la armonía cósmica. Ahora bien, las circunstancias históricas no han querido que el argentino desentrañe el espíritu de la tierra, y esta inconexión explica fundamentalmente el sentido de su vida.

Fue la actitud del conquistador, primero, la que creó esa relación, porque vino a buscar oro y no encontró sino una llanura inconmensurable, de la que buscó “el dominio como represalia”. Y ese dominio fue brutal, ajeno a todo amor. Luego fue el colonizador, que vino también a buscar la riqueza, pero sabiendo ahora que dependía de sus brazos, y que luchó con la tierra para arrancarle cuanto tuviera, sin el designio de asentarse en ella, también en tránsito, como el conquistador. Los que sí quedaron fueron los criollos y los mestizos, “que tomaban partido por la horda contra la factoría, por la factoría contra la metrópoli, por América contra España. Se le había engendrado en la infamia, con la repugnancia del que satisface apetitos en carne vil”. Y este estigma sería definitivo.

Para el criollo, para el mestizo, el pasado no significaba sino vergüenza y odio. De aquí una actitud de perpetuo resentimiento frente a lo que parecía conservar el recuerdo de su origen paterno: la civilización, las formas establecidas para reprimir la vida indómita. Es el resentimiento del “hijo humillado” lo que explica ese comportamiento, el de los caudillos, el de las “multitudes anárquicas argentinas”, el del gaucho.

Pero las minorías europeizantes cubrieron la tierra incomprendida y las sociedades penetradas de miedo y de odio con una máscara de lo que se llamaba civilización. Eran instituciones, normas, principios, que nadie acataba espontáneamente sino bajo las fuerzas constrictivas. “Todavía el indio era una realidad más fuerte que la Constitución sobre la tierra ruda, inculta, salvaje, que sólo podían poblar los que habían permanecido renitentes a la civilización, en regiones bárbaras del mundo civilizado.” Pero el rico —aquel que había “trasmutado su vida en oro”— quería orden y deseaba las satisfacciones que dan el poder y el dinero, en tanto que el azar amenazaba destruir las conquistas logradas con la misma rapidez con que habían sido conseguidas. Para afirmarlas era necesario fijarlas institucionalmente, y así apareció una vasta red mediante la cual se aisló al hombre de la dura realidad de la tierra, permitiéndole su evasión del oscuro drama de resentimiento y de temor que lo asolaba. “La única estructura solidificada —escribía Martínez Estrada—, el único segmento de la esfera en que las tierras aparecen diferenciadas de las aguas, es la administración pública, las restringas del Estado. Sus perfiles y relieves demárcanse con nitidez; ahí pueden hacer pie los que temen la vida; pero es la masa un camalote sin consistencia interior.” Éstas son en realidad seudoestructuras que no alcanzan a fijar las relaciones entre el hombre real y las circunstancias reales. De aquí la angustia y la inquietud, el narcisismo, la actitud defensiva, la irrupción de la sensualidad. Un escepticismo radical acerca de las posibilidades del encuentro del argentino consigo mismo parece caracterizar la actitud profunda de Martínez Estrada.

Tal fue la opinión de Bernardo Canal Feijóo cuando escribió sobre Radiografía de la pampa, cuya concepción fundamental consideró desesperada y negativa. Por entonces enjuiciaba severamente Saúl A. Taborda todo el régimen institucional del país en un ensayo que titulaba La crisis espiritual y el ideario argentino, y en el que señalaba el anacronismo entre la estructura formal y la vida social del país. “Vivimos bajo el imperio de una ideología que ya ha hecho su ciclo”, decía. “El sistema parlamentario servido por los partidos políticos es un sistema que corresponde al período pastoril de nuestra historia institucional. Estuvo bien entonces y floreció en aquel momento de los grandes debates cuyo recuerdo acentúa la añoranza de las glorias pasadas; pero no corresponde ni se adecua a la realidad de estos días.” E insinuaba que era menester hallar otras vías para ajustar el sistema representativo a una más exacta funcionalidad. Taborda trataba de ahondar en los secretos de nuestra crisis. En sus Investigaciones pedagógicas analizaba los valores de lo que llamaba el “hombre precapitalista” argentino, para él de inequívoca raíz hispánica, y deducía del ensombrecimiento de esas virtudes las vicisitudes espirituales de nuestra existencia colectiva.

Así, en el plano profundo de la cultura, en el de las realidades sociales o en el de las instituciones, advertíanse signos de una crisis profunda. Las reacciones de los observadores eran unas veces optimistas y otras pesimistas, en tanto que simultáneamente se apreciaban como valiosos o desprovistos de valor los elementos espontáneos de la vida y de la cultura nacional. Así fue múltiple y diversa la reacción frente al cambio, manifestado inequívocamente en el plano de la vida político-social y revelado más oscuramente en otros horizontes de la vida argentina.

6

En el plano de la especulación filosófica, una renovada exigencia de severo rigor y una decidida aspiración a incorporar al ambiente intelectual del país las últimas conquistas del pensamiento especulativo, indujeron a los espíritus más inquietos a tomar contacto con las corrientes filosóficas que prevalecían en Alemania, en cuyas universidades una generación excepcional realizaba un intenso esfuerzo para desarrollar hasta sus últimas consecuencias los puntos de vista esbozados poco antes por los grandes maestros de principios del siglo. Rickert, Windelband, Dilthey, Simmel, Husserl habían abierto nuevos caminos a la reflexión, y sus discípulos y continuadores trabajaban empeñosamente en elaborar las vastas perspectivas que se entreveían.

Alejandro Korn, de ascendencia alemana, había tomado contacto con esas nuevas corrientes, aunque sin dejarse seducir excesivamente por ellas. Pero otros estudiosos más jóvenes le prestaban total adhesión. Francisco Romero desde el país, y Carlos Astrada, Saúl A. Taborda y Luis Juan Guerrero en las aulas de las universidades alemanas, se familiarizaron con el nuevo pensamiento filosófico alemán y comenzaron a difundirlo en las páginas de las revistas y más tarde desde la cátedra, favorecidos por el padrinazgo de José Ortega y Gasset, quien, desde la Revista de Occidente, desde la Biblioteca que la misma revista editaba, y desde la tribuna —en las conferencias que dictó en Buenos Aires en 1928— consagraba las nuevas orientaciones filosóficas como las únicas que podían responder a las inquietudes auténticas y profundas del hombre contemporáneo. Dos instituciones, la Sociedad Kantiana de Buenos Aires y el Colegio Libre de Estudios Superiores —este último fundado en 1930 e inspirado por Luis Reissig— sirvieron como tribuna para las nuevas corrientes, junto a las aulas universitarias. Y en todos esos ambientes fue figura monitora Alejandro Korn, que alcanzaba por aquellos años la culminación de su prestigio intelectual y personal.

Ciertamente, cuando desaparecieron de las cátedras universitarias las doctrinas positivistas, fue la orientación de Alejandro Korn la que prevaleció. Hubo en los círculos intelectuales un momento de exaltación, cuando, en 1930, dio a luz el anciano maestro su primer libro, en el que, con el título de Ensayos filosóficos, reunía sus estudios más logrados, y entre ellos su Axiología, hasta entonces inédita. Su peculiar posición espiritual quedó condensada en el brevísimo prólogo con que quiso abrir el volumen, en el que decía: “Aunque se circunscriba a una minoría, lentamente crece en nuestro país la difusión y la intensidad de los estudios filosóficos. Todavía prevalece la asimilación de doctrinas exóticas. Pero un pueblo con personalidad propia, no ha de vivir en perpetua tutela; sus intereses, su índole, sus ideales, en hora propicia, han de hallar también una expresión propia. Por eso dedico la edición restringida y reservada de este libro, no como un ejemplo, sino como un estímulo a los hombres jóvenes en cuyas manos se hallan los destinos de la cultura patria.

“Algunos me distinguen con su amistoso afecto, otros seguirán distinta huella. Pero la vocación filosófica ha de surgir. Ésa es mi fe y mi esperanza. Si dentro de la nueva generación pudiera distinguir al predestinado, sonriente me inclinaría a ajustarle el cordón de la sandalia para que emprenda la marcha victoriosa.”

En cuanto a su posición filosófica —por lo demás indisolublemente unida a su actitud vital— acaso quedó fijada mejor que en parte alguna en la carta que en 1927 escribió a otro ilustre filósofo, Alberto Rouges: “Todo mi afán —decía— en la modesta esfera de mi actuación, se ha encaminado a destruir la concepción determinista y mecanicista que la chatura seudocientificista del positivismo y su realismo ingenuo, como una calamidad nacional, han infiltrado en el ambiente.” Para su lucha había usado a Kant como arma: “No se le ocultará que me acojo a la sombra de Kant, y aun a la de un Kant un poco pedestre que, asimismo, prefiero a cuantos han tratado de superarlo, muy especialmente a la sofisticación audaz de los neokantianos.” Y rechazaba olímpicamente las nuevas direcciones que conducían a distintas posiciones metafísicas: “He terminado en estos días una lectura metódica de la Filosofía de Rickert. En doscientos páginas de una exposición prolija, honesta y aburridora, protesta contra toda intención metafísica, trata de convencernos de que el valor, independiente de la valoración, es un objeto irreal, y luego en una página, a la vez trágica y ridicula, confiesa que no sabe cómo lo irreal actúa sobre lo real. Nos encomienda a la religión. Husserl, a quien Ortega y Gasset ha proclamado el más grande de los filósofos vivientes, también asegura no hacer metafísica y ayunta la lógica pura con una vaga intuición, en busca de la quididad esencial de las cosas. En tanto Max Scheler, su discípulo más destacado, acaba de refugiarse en el regazo de la fe católica. Para llegar a semejante puerto hay caminos más breves. Todo esto me interesa sobremanera; de la angustia metafísica, bien se ve, no se ha de librar la humanidad ni el más ínfimo de sus integrantes. No lo ignoro; pero, con Pascal me limito a decir: II y a des raisons que la raison ne connait pas.”

Su problema fundamental era el de la libertad, que él llamó creadora, y que oponía como finalidad del hombre a la necesidad natural. “Cuando entrego el mundo objetivo —o sea espacial— a la interpretación causal y aritmética de la ciencia, por fuerza determinista y mecanicista, no entiendo haber resuelto un problema ontológico ni me refiero a la esencia desconocida del proceso cósmico. Si luego atribuyo a la personalidad humana como finalidad la conquista de la libertad, tampoco entiendo referirme, como el idealismo romántico de los alemanes, a una libertad noumenal, opuesta a la finalidad fenomenal. Tomo ambos conceptos, el de necesidad y el de libertad —sin hipostasiarlos—, en un sentido relativo, no como integrantes de la ‘realidad en sí’, sino como integrantes de nuestra concepción de la realidad sin comillas. Pues, kantiano relapso, no identifico el Ser con el Yo aprisionado en los moldes del entendimiento humano. La realidad, reflejada en el tiempo y en el espacio, la concibo como un conflicto, no como una armonía.”

Estas ideas terminaban en una toma de posición: “La filosofía argentina se afirma tres veces en el segundo verso de nuestro Himno Nacional, acompañada del ruido de rotas cadenas. Humanizarse es aproximarse a la realización íntegra de nuestra libertad. Entiendo que eso es ser argentino. ¿Cuál es la vía? En las soluciones universales y perpetuas no creo. Los problemas se plantean dentro de su medio y de su época. La Voluntad —más o menos instintiva, más o menos consciente— impone la solución. De la vida surgirá y no de la cátedra.”

Korn había desarrollado estas ideas en los trabajos —no muchos— que fue publicando a lo largo de su vida. En 1935 las ordenó en su segundo libro, Apuntes filosóficos, en el que precisaba, de manera casi geométrica y en estilo vehemente, sus puntos de vista fundamentales acerca de una filosofía que desembocaba en la acción fundándose sobre la ética. Era su filosofía viva y de ahí su ascendiente personal, más allá de toda disidencia teórica.

Alberto Rouges, a quien Korn dirigía la citada carta, era acaso menos propenso aún a las sugestiones de las nuevas corrientes filosóficas, que, por lo demás, conocía profundamente. Su punto de partida fue la consideración de ciertos problemas agustinianos, especialmente el del tiempo, sobre el que meditó en su único libro titulado Las jerarquías del ser y la eternidad, publicado en 1942 y acaso nacido de la frecuentación del pensamiento bergsoniano. En cambio, Saúl A. Taborda estaba totalmente comprometido con la nueva filosofía alemana, y en esa línea —aunque con asombrosa originalidad en ocasiones— escribió sus Investigaciones pedagógicas, cuyo primer volumen apareció en 1930, y La crisis espiritual y el ideario argentino, que vio la luz en 1933. Taborda perseguía tras el análisis de la crisis de la cultura occidental y el examen de la coyuntura nacional, la definición de una nueva idea del hombre. Se sublevaba contra la determinación económica del hombre moderno y descubría en lo que llamó “el hombre precapitalista” las reservas que pueden deparar la reconquista de un nuevo sentido total de lo humano, la reconquista del “hombre entero”. Llena de sugestiones sobre la vida argentina, a la que consideraba frustrada por el abandono de sus fundamentos hispánieos, su obra se orientó hacia la determinación de los nuevos ideales pedagógicos. Taborda los buscaba sobre todo para erigirlos en principios de la educación argentina; pero los buscaba con tan ambiciosa fundamentación que Alejandro Korn pudo reprocharle que desenvolviera “una teoría abstracta destinada a la salvación pedagógica de la humanidad”. Sin duda, se alineaba Taborda en las corrientes culturales y pedagógicas que inspiraba Eduard Spranger, a quien admiraba particularmente, y acaso esta filiación de su pensamiento, unida a cierta casi escondida vocación religiosa, suscitaba la crítica de Korn, quien, sin embargo, saludó las Investigaciones pedagógicas como valioso esfuerzo intelectual. Y lo era, sin duda, y el tiempo ha ido descubriendo la solidez de la doctrina y la agudeza de la observación inmediata.

Próximos a estos maestros, pero decididamente orientados hacia la filosofía alemana contemporánea, desarrollaron sus investigaciones y su enseñanza Francisco Romero, Luis Juan Guerrero y Carlos Astrada. Cupo a Francisco Romero la misión de difundir —y no sólo en la Argentina— las nuevas corrientes de pensamiento que adquirieron relieve después de la Primera Guerra Mundial. En innumerables artículos llamó la atención sobre filósofos y problemas, en los que descubría enfoques originales, valiosos, y, además, adecuados a las inquietudes del hombre contemporáneo. Pero al lado de esa labor fue perfilando su propio pensamiento, que orientó en general hacia ciertos temas de la metafísica, de la teoría de la cultura, y, sobre todo, de la antropología filosófica. Buen conocedor del pensamiento de Dilthey y de Hartmann, avanzó en el análisis del problema de la trascendencia. Por esa vía penetró en los problemas del hombre y de la cultura, que analizó detenidamente en su obra fundamental, Teoría del hombre, publicada en 1952. Francisco Romero analizaba en ella las nociones de intencionalidad y de espíritu, y se detenía en el examen del espíritu, que concluía en una metafísica de la trascendencia; finalmente se introducía en el tema mismo del hombre, que estudiaba a través de algunas notas que estimaba fundamentales: dualidad, enmascaramiento, justificación, sociabilidad, historicidad, sentido.

Sensible originariamente a influencias semejantes, Carlos Astrada se orientó progresivamente hacia el existencialismo de Heidegger. Desarrollando ese punto de vista con audacia y originalidad, centró sus preocupaciones en lo que llamó “el juego existencial”, expresión con la que tituló un libro publicado en 1933. Largos años de labor en el mismo sentido dieron origen a otras obras: Idealismo fenomenológico y metafísica existencial, La ética formal y los valores, y Ser, humanismo, “existencialismo”. Luis Juan Guerrero —como Astrada— estudió largamente en Alemania y dedicó poco a poco sus esfuerzos a la estética, cuyos resultados cristalizaron en su densa Estética operatoria, de la que en vida sólo alcanzó a publicar el primer volumen.

Más jóvenes, constituyeron la siguiente promoción filosófica, entre otros, Vicente Fatone, Ángel Vassallo, Miguel Ángel Virasoro, Risieri Frondizi, en todos los cuales las influencias se entrecruzaron con preocupaciones originales que, finalmente, prevalecieron en su obra. Inclinado a los problemas religiosos, Fatone estudió los místicos y se detuvo largo tiempo en la profundización de la filosofía hindú, sin descuidar por eso las corrientes más modernas del pensamiento occidental, especialmente el existencialismo. Vassallo, que publicó en 1939 su Elogio de la vigilia, halló en Maurice Blondel y en su “método de la inmanencia” una fuente de inspiración consustanciada con sus propias preocupaciones. Virasoro, dentro de la dirección existencialista, escribió La libertad, la existencia y el ser.

Frondizi, preocupado por el problema del empirismo primero, analizó la cuestión a fondo en El punto de partida del filosofar, deteniéndose luego preferentemente en el problema de los valores.

Otras direcciones cobraban, entretanto, algún desarrollo. La filosofía tomista y las diversas variantes de las corrientes católicas inspiradas en Berdiaef, en Blondel o en Maritain, encontraron adeptos en la Argentina. Tomás D. Casares publicó en 1928 Jerarquías espirituales, donde analizó el problema de la inteligencia y la fe, luego el de la acción, el conocimiento y la contemplación, y finalmente el de la política y la moral. En sus estudios posteriores profundizó los temas propuestos por el tomismo, línea en la que también trabajaron Octavio N. Derisi —cuya obra Filosofía moderna y filosofía tomista, publicada en 1941, planteó el problema de sus relaciones recíprocas y la defensa de las tesis católicas— y Juan Sepich, entre otros.

Tomó también cierto vigor la filosofía marxista, a través de las obras de Emilio Troise y, especialmente, de la de Aníbal Ponce. Discípulo y continuador de Ingenieros, continuó Ponce trabajando en temas psicológicos; pero muy pronto se adhirió a las tesis marxistas, que defendió con sólidos fundamentos y clara inteligencia en algunos trabajos de rara profundidad: Educación y lucha de clasas y Humanismo burgués y humanismo proletario. En la misma línea insinuó luego algunas reflexiones Carlos Astrada, mientras otros estudiosos se afirmaban en ella gracias a las sugestiones del ilustre filósofo italiano Rodolfo Mondolfo, radicado en la Argentina.

Después de la Segunda Guerra Mundial se difundió considerablemente el existencialismo sartreano, pero sin que originara un movimiento vigoroso de pensamiento; como en otras partes, fueron más bien las derivaciones literarias las que apasionaron y atrajeron las adhesiones; pero es innegable que el existencialismo en general —según Heidegger o según Sartre— conformó la actitud intelectual de buena parte de la generación posterior a 1945. Junto a esta influencia europea, debe señalarse la que ha ejercido la filosofía científica, generalmente por la vía de los Estados Unidos. La epistemología, la filosofía científica, la lógica matemática y simbólica han sido frecuentadas asiduamente por estudiosos formados, generalmente, en las universidades norteamericanas.

Los estudios psicológicos, que se habían desarrollado considerablemente bajo la influencia de José Ingenieros, Norberto Piñero y Aníbal Ponce, cambiaron de orientación en alguna medida en relación con el conocimiento de nuevas corrientes modernas. Una influencia importante fue la de la psicología de la estructura; pero más notable fue la del psicoanálisis, que encontró amplia adhesión en los ambientes médicos y psiquiátricos, y pasó de allí a capas más amplias de curiosos y aficionados. Interesada en problemas psicológicos y médicos, Telma Reca logró hacer escuela en el campo de los problemas de conducta de niños y jóvenes.

El conocimiento de las nuevas ideas filosóficas y pedagógicas engendró un movimiento de cierta importancia en el campo de la educación. José Rezzano lo estimuló desde Nueva Era, publicación vinculada a la “Liga Internacional de Nueva Educación”, en tanto que buscaban aclarar su contenido, tanto en el orden de los problemas generales como en el de sus aplicaciones particulares, Juan P. Ramos, Saúl A. Taborda y Juan Mantovani.

En Los límites de la educación, publicado en 1941, Juan P. Ramos profundiza la noción de cultura en el ámbito del pensamiento contemporáneo y, considerándola como una especie de saber olvidado, la distingue y separa de la educación. La educación no es para él un problema de instrucción intelectual sino un sistema de valores morales, lo cual, inesperadamente, conduce a Ramos a una posición aristocratizante que, por cierto, correspondía a sus preferencias políticas de tipo nacionalista. Saúl A. Taborda, que se ocupó del problema de la educación en sus Investigaciones pedagógicas, partía también de la necesidad de afirmar los principios éticos, pero trataba de definirlos por la vía del delineamiento de los ideales. Atento a los esquemas de Spranger, sobre todo, meditó sobre un sistema de ideales argentinos, en el que creía poder hallar el camino para una educación que se propusiera desarrollar lo que llamó “el hombre entero”. Una preocupación semejante condujo a Juan Mantovani hacia afirmaciones análogas en su libro Educación y plenitud humana, de 1933, que se reiteran en La educación y sus tres problemas, publicado en 1943. No sólo debe huir la educación de los fines exclusivamente prácticos —decía Mantovani—, sino también de fines desinteresados que alteren la suprema armonía de lo humano; por eso la educación debe satisfacer el plano de lo vital, pero trascendiendo hacia la libertad, la creación y la moralidad.

Estas doctrinas tenían su correlato metodológico. Muchos educadores intentaron transformarlas en orientadoras de la acción educacional del Estado, y procuraron que se aplicaran los nuevos métodos. Diversas circunstancias hicieron que este proyecto no se cumpliera nunca de una manera decidida. Pero dejó por lo menos la inquietud de que es necesario rever totalmente la orientación de la educación popular.

Diversas revistas de ensayos aglutinaron por entonces a los hombres de pensamiento, renovando la labor que habían realizado Nosotros y Síntesis; entre ellas Criterio, de orientación católica; Dialéctica, de orientación marxista; Realidad, dirigida por Francisco Romero y que se definía como “revista de ideas”; Cursos y Conferencias, editada por el Colegio Libre de Estudios Superiores; [mago Mundi, cuyo subtítulo la identificaba como una “revista de historia de la cultura”, y muchas otras, entre las cuales alcanzaron gran significación algunas publicadas por las universidades o por sus distintas facultades. Editaron éstas también libros y colecciones importantes. Pero en este campo, la novedad trascendental se produjo hacia 1937, cuando Buenos Aires comenzó a transformarse, rápidamente, en uno de los centros editoriales más importantes de habla hispánica.

No faltaban en Buenos Aires algunas sólidas casas editoras como Peuser, Estrada, Coni o Kraft, capaces de lanzar ediciones pulcras; no habían faltado tampoco editores audaces que, como Manuel Gleizer o Samuel Glusberg, habían emprendido la noble tarea de dar a conocer los autores argentinos, junto a las grandes figuras de la literatura universal. Pero fue después de 1937 cuando se organizó la producción de libros argentinos en gran escala, y fue en gran parte debido al esfuerzo de algunos emigrados españoles, como Gonzalo Losada o Antonio López Llausás. La tesonera e inteligente labor de ellos y de otros muchos contribuyó a crear una nueva aventura: la de editar libros. Hubo un momento —hacia 1946— que pasaban de cuatrocientas las editoriales argentinas. Un público lector que crecía rápidamente acompañó este esfuerzo, que se decantó luego y dejó como saldo una vigorosa industria editorial.

También se desarrolló al calor de esta industria una vasta posibilidad de trabajo intelectual y artístico: redactores, traductores, diagramadores e ilustradores se asociaron a la aventura editorial. Y no fue poca la influencia que tal movimiento ejerció en el estímulo de las vocaciones literarias.

7

En 1931, Victoria Ocampo fundó la revista Sur. Figuraban en su Consejo de Redacción, entre otros, Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea y Guillermo de Torre, quienes compartían la orientación de la revista con un Consejo Extranjero del que formaban parte Ernest Ansermet, Drieu La Rochelle, Leo Ferrero, Waldo Frank, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Jules Supervielle y José Ortega y Gasset. Estos últimos, vinculados de alguna manera a la actividad intelectual argentina, representaban las preferencias estéticas de Victoria Ocampo y del grupo redactor. Atento a la renovación que en todos los órdenes de la creación se advertía tanto en los países europeos como en los Estados Unidos, el grupo de Sur constituyó una minoría refinada que en ocasiones adquirió el aspecto de una élite un poco esotérica. Sin duda quienes se reunieron en él tenían, en general, una evidente predilección por la creación pura, con lo que perpetuaban el más saliente de los rasgos de la generación llamada “martinfierrista”, sobre la cual, por cierto, había de discutirse mucho, sin que faltaran quienes negaran su existencia como grupo homogéneo; y fue precisamente Sur el baluarte donde se hicieron fuertes quienes habían afirmado la necesidad de una renovación estética, y en sus páginas donde se manifestó la lenta maduración de los jóvenes escritores que habían comenzado su carrera como heterodoxos. En ellas, sus colaboraciones se alternaban con las de autores extranjeros de gran dignidad, cuyos nombres revelaban sus propias preferencias; y las ediciones que Sur comenzó a lanzar permitieron al público culto familiarizarse con la mejor literatura contemporánea.

Es innegable que, a medida que maduraban, acusaban más netamente los escritores del grupo Sur una mayor influencia de la literatura de pensamiento. Ésa fue la que prefirió Jorge Luis Borges, consumado conocedor de la literatura inglesa y escritor consumado él mismo. Poeta casi metafísico, reveló su dramática concepción de la experiencia intelectual a través de un verso impecable, en el que cada palabra escondía el secreto de una elaborada y profunda intuición de sus posibilidades expresivas. Y en el cuento, denso de contenido hasta cuando desarrollaba paradójicamente un tema trivial, alcanzó su prosa la perfección que buscaba. El tema del tiempo, el del retorno y tantos otros de vieja alcurnia filosófica, aparecían incluidos en un cuadro de impecable estructura en el que Borges no desdeñaba introducir él más sutil humorismo y la más refinada versión de las peculiaridades caracterológicas y verbales de su contorno bonaerense. En él culminó la aspiración estética de su generación.

La poesía metafísica había atraído también a Macedonio Fernández, oscuro y profundo adivinador de arcanos. Ricardo Molinari persiguió una expresión hermética, laberíntica a veces, para volcar su subjetividad conmovida por el paisaje y por la propia introspección. Francisco Luis Bernárdez, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal y Eduardo González Lanuza completan el cuadro de la mejor poesía de su generación, hostigada por un vigoroso llamado lírico y por una vehemente obsesión de perfección formal.

De esa generación, Eduardo Mallea fue el más asiduo y denso novelista. También a él lo atraía la novela de pensamiento, y si algunas veces se dejó llevar por los problemas de su contorno, como en la ya citada Historia de una pasión argentina, fueron los problemas psicológicos, los de los caracteres y las situaciones, los que suscitaron sus temas y sus vastas construcciones novelísticas, en ocasiones demasiado saturadas de reflexiones, pero animadas siempre por su vigorosa veta de narrador. Más ágiles en el relato, y poseedores de un fino estilo, Norah Lange y Adolfo Bioy Casares dieron a la novela una atmósfera fresca, en la que la primera supo alojar una delicada corriente de sensibilidad, casi de ternura. Y la viva experiencia de todo ese movimiento literario, recogida con profundidad en ocasiones y con acritud otras veces, fue volcada por Leopoldo Marechal en Adán Buenosayres, una novela de excelente arquitectura y de gran aliento narrativo.

El innegable esteticismo, cierto sentimiento de élite y una predominante tendencia a prescindir del contorno inmediato, fueron los caracteres que otros sectores descubrieron en el grupo de escritores de Sur. Aun vinculado a ellos, Ezequiel Martínez Estrada siguió otro camino y se volvió hacia el análisis de sus circunstancias. Poeta y estilista, poseía el secreto de las fórmulas profundas y expresivas para destacar la significación de los rasgos típicos de la vida argentina, descubiertos en parte por la vía del análisis sociológico y en parte por el camino de una intuición desusadamente sagaz. Poco a poco fue elaborando un sistema de pensamiento para comprender los fenómenos sociales y culturales, en el que se advirtió una fuerte tendencia a las interpretaciones telúricas. Apasionado, vibrante y lleno de coraje intelectual, su literatura se fue tornando denuncia y su voz alcanzó cierta modulación profética. A medida que pasaba el tiempo, cuando el esteticismo comenzó a parecer condenable y nuevas preocupaciones sociales empezaron a difundirse en las nuevas generaciones, Martínez Estrada atrajo la atención de los jóvenes y sus ensayos llegaron a ser punto de partida para el encauzamiento de las nuevas vocaciones intelectuales.

Entretanto, la tradición de la literatura social, que el llamado “grupo de Boedo” había opuesto al esteticismo “martinfierrista”, fue recogida con distinta intensidad por nuevos novelistas en quienes se conjugaban también otras influencias, como las del realismo norteamericano. Leónidas Barletta seguía produciendo y Roberto Arlt recogía la devoción de nuevos lectores; y en una línea semejante iniciaban su obra Bernardo Verbitsky, Carlos Ruiz Daudet, Juan Goyanarte y Juan Carlos Onetti. Con ellos entraba otra vez en la literatura el mundo subsumido, el de los dramas oscuros y sórdidos, el de la pequeñez y la miseria, o el de la inadaptación frente a los ininteligibles mecanismos de la realidad, temas que se revelaban a través de una expresión directa y en ocasiones deliberadamente brutal.

Era la de estos últimos una generación más joven, en la que surgió un fino poeta, Vicente Barbieri, lírico delicado y profundo. Pero todavía se daban por entonces —hacia 1940— las mismas direcciones estéticas que se enfrentaban quince años antes. Los que entonces comenzaron a escribir poesía siguieron todavía las huellas de los que ya solían llamar sus maestros: Borges, Bernárdez, especialmente, y se agruparon con cierta insistente tenacidad a la sombra de un rótulo, el de “la generación del 40”, que no llegaba a precisar en ellos una orientación poética distinta de la de sus modelos. Juan Rodolfo Wilcock, Olga Orozco, Enrique Molina, César Fernández Moreno, Jorge Vocos Lescano, Daniel Devoto, Alberto Girri, María Elena Walsh, Fernando Guibert, se volcaron hacia una lírica que fue llamada posromántica, elegiaca a veces, esteticista siempre, en la que se advertía la influencia de Juan Ramón Jiménez y de la primera época de Neruda. Canto, Huella, Fábula, Verde Memoria, fueron las revistas que fundaron, y en ellas, como en las obras individuales, se advirtió una actitud irreductiblemente subjetiva.

Pero esta actitud había de cambiar profundamente cuando, al fin de la Segunda Guerra Mundial, coincidieron nuevas influencias literarias con nuevas situaciones sociales. A la generación del 40 sucedió la del 45, tan opuesta a ella por sus predilecciones literarias como por el tipo de reacciones que la caracterizaron con respecto al destino colectivo y al papel del escritor. Luchas políticas y estudiantiles, militancia resuelta y sentimiento de crisis conformaron, con nuevas experiencias, las nuevas actitudes literarias, en las que la “situación” desempeñaba un importante papel.

Influido por Huidobro y el surrealismo, un grupo de poetas proclamó la necesidad de una poesía mágica y creadora de realidades. En la revista Poesía Buenos Aires se concretó esta actitud mezclada con preocupaciones sociales, a la que poco después se sumó otra de ortodoxo acento surrealista, y que giró alrededor de otras revistas: A partir de cero y Letra y línea. Pero el movimiento más vigoroso fue el que recogió la nueva sensibilidad de los jóvenes militantes, y buscó expresarse a través de un nuevo estilo, más directo, más comprometido. Centro, Contorno, Ventana Buenos Aires, fueron las revistas de los nuevos. La actitud telúrica halló su inspiración remota en Keyserling y Spengler, y su suscitador en Martínez Estrada. H. A. Murena y Rodolfo Kush representaron eminentemente esta dirección, que el primero llevó al ensayo y a la ficción más tarde. El realismo, en el que resonaban los ecos de la novela norteamericana e italiana y hasta un vago soplo existencialista, atrajo a nuevos grupos de novelistas que se esforzaron por volcar a la literatura los problemas vivos con una acentuada intención social. Primero Ernesto L. Castro, Alfredo Varela, luego David Viñas, Beatriz Guido, Alberto Rodríguez, irrumpieron con un lenguaje nuevo y una temática distinta, que proporcionó a la novelística un sabor de inmediata realidad de que antes había carecido. Y esa tendencia predominó en el teatro —con Carlos Gorostiza, Agustín Cuzzani, Carlos Carlino— que ofreció la ocasión de expresar la profunda renovación de inquietudes que caracterizaba a las nuevas generaciones.

Un fenómeno análogo al de las letras se observó en el campo de la plástica. Después de 1930 maduraron las figuras que habían dado la batalla por las nuevas corrientes estéticas y, en la sociedad de “Amigos del Arte”, sobre todo, ganaron el favor del público conocedor los artistas que traían la inspiración de la “escuela de París”: Alfredo Guttero, Horacio Butler, Héctor Basaldúa; o un constructivista, como Lino Eneas Spilimbergo, o un cubista como Emilio Pettoruti.

Hacia 1939 comenzó a difundirse el surrealismo, en el que sobresalieron Leopoldo Presas y Juan Batlle Planas. Por entonces también comenzó a advertirse el vigor de otra escuela, la del realismo, que en algunos fue “socialista”, y que defendieron con su obra Carlos Giambaggi, Antonio Berni y Juan Carlos Castagnino. Pero sólo después de 1945 comenzaron a aparecer las primeras muestras de pintura no figurativa, y más tarde la decididamente concreta, en la que se destacaron Sarah Grilo, Miguel Ocampo, Fernández-Muro, Tomás Maldonado y Alfredo Hlito. En el análisis de las nuevas corrientes plásticas trabajaron los críticos de arte Julio E. Payró —de vasta obra también como historiador del arte— y Jorge Romero Brest.

Un vigoroso desarrollo musical permitió que los compositores argentinos de la renovación, como José María y Juan José Castro, Carlos Gianneo, Alberto Ginastera y otros, lograran la aceptación del público. Entretanto, sus discípulos perpetuaron su misma dirección estética y, en abierta oposición a ella, Juan Carlos Paz difundió como músico y como crítico la nueva música dodecafónica.

El pensamiento político de la derecha latinoamericana. 1970

El pensamiento político de la derecha

El examen del pensamiento político de la derecha latinoamericana suscita un conjunto de problemas que se relacionan tanto con las situaciones socioeconómicas como con las corrientes políticas y los movimientos de opinión. Sería una abstracción peligrosa realizar ese examen en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales, o sorteando el análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas. Ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y de controversias en que surge y se desarrolla. Pero en el caso particular del pensamiento de la derecha el riesgo se acentúa, porque con ese nombre no se define una doctrina concreta —como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo— sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes bá-sicas, y el conjunto configura una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente sólo por sus contrarios. De todos modos, este ensayo debe ceñirse a su tema específico, y las incursiones en otros terrenos serán tan breves como la claridad lo permita, limitándose su desarrollo a lo estrictamente necesario para ofrecer el cuadro de las circunstancias, los hechos y las ideas indispensables. Tiene, sin duda, el pensamiento político de la derecha un interés singular en Latinoamérica. Pero empecemos por decir que tiene un interés fundamental en todas partes y en todas las épocas, en relación con ciertas peculiaridades del conocimiento histórico social que vale la pena destacar.

Tal como se conciben los procesos históricos sociales desde la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo, tal como se concibe su examen y su exposición, parece normal que el acento se coloque sobre los fenómenos de cambio, esto es, sobre las fases dinámicas de los procesos. Es esto una consecuencia del predominio de la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso, tal como la elaboraron Voltaire o Condorcet. De esa concepción ha quedado como una secuela —aun después de haber perdido vigencia— la tendencia a suponer que el análisis histórico se relaciona casi exclusivamente con los procesos de cambio. Sin duda, las escuelas institucionalistas y sociologistas y últimamente el estructuralismo, han manifestado una inequívoca proclividad a la descripción de situaciones y estructuras, respondiendo a aquella tendencia con otra —acaso igualmente peligrosa— que supone cierta inmovilidad en las situaciones y estructuras. Pero ambas entrañan el mismo riesgo de falsear la imagen de la vida histórico social.

Es explicable que el examen de los procesos de larga duración parezca tolerar su descripción como si se tratara de situaciones inmutables. Pero es bien sabido que no son tales y que el proceso de cambio es permanente. Hay, sí, estructuras y situaciones que sólo cambian con ritmo muy lento; en tanto que otros planos de la vida histórica cambian con ritmos más acelerados. Esta diferenciación es lo que solía estar ausente en la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso. La descripción de los fenómenos de cambio —entre los que parecían necesariamente más importantes los más acelerados— predominaba sobre el análisis de las situaciones en las que el cambio se realiza y, en consecuencia, dejaba en la penumbra los fenómenos que la resisten, generalmente pasivos y poco visibles, pero cuya persistencia explica las violentas irrupciones de fuerzas que, en cierto momento, interrumpen el sentido del cambio, operan pretendidas restauraciones y modifican la dinámica de la vida histórico social.

Sin duda han sido los historiadores pertenecientes a la derecha ideológica los que han subrayado más insistentemente la capacidad de perduración de ciertos planos de la vida histórica en relación con los procesos de cambio, con las revoluciones. No es difícil observarlo a través de la historiografía relacionada con las revoluciones inglesas del siglo XVII, con la Revolución Francesa de 1789, con las revoluciones latinoamericanas de principios del siglo XIX, con la Revolución mexicana de 1910, con la Revolución rusa de 1917. Cierto es que con frecuencia sólo hallamos una inversión en el sentido de la apologética; pero aun así es importante, puesto que ayuda a incluir en el análisis objetivo y científico de la dinámica de la vida histórico social los elementos situacionales e ideológicos que revelan la resistencia activa al cambio y, además y en particular, los que revelan la perduración de situaciones que no fueron alcanzadas por el proceso de cambio acelerado, estableciendo el alcance deliberado o espontáneo del cambio mismo: para este objetivo es, pues, singularmente importante el examen de las actitudes y del pensamiento de la derecha, como expresión y testimonio del significado social y cultural que cierto sector asigna a aquello que, en el proceso de cambio, logra permanecer casi inalterable.

Advirtamos desde ahora que este examen no es fácil. La derecha, por su propia naturaleza, no suele elaborar proyectos y es reacia a fundamentar doctrinariamente su conducta. Un historiador y sociólogo brasileño que la representa bien, Oliveira Vianna[1] define muy explícitamente esa tendencia, refiriéndose a los estadistas conservadores del Brasil, pero en términos que tienen validez general:

Al concebir y realizar su monumental sistema de gobierno y administración del país, los grandes políticos imperiales obran como espíritus positivos, jugando con los datos de la realidad objetiva, teniendo a la vista los hechos concretos de nuestra vida nacional. Pueden invocar, para justificar sus actos o sus creaciones, el apoyo de teorías extranjeras, de sistemas e instituciones de otros pueblos, pero eso es apenas por condescendencia hacia el espíritu de la época, para dar un color doc-trinario y filosófico a las ideas sugeridas por el mundo objetivo que los rodea. Los constructores de nuestra unidad política son ante todo hombres prácticos, políticos experimentales, que nunca pierden de vista las condiciones reales del pueblo ni las particularidades de su mentalidad.

La observación puede, ciertamente, generalizarse, no sólo porque, de hecho, es más difícil encontrar textos reveladores del pensamiento político de derecha que de cualquier otra corriente de opinión, sino también porque es evidente que ciertas actitudes y opi-niones encuentran en las situaciones reales un fundamento mucho más sólido que el que puede ofrecerle el pensamiento doctrinario. Por lo demás, el uso de ideas tradicionales para la defensa y justificación de las ideas vigentes no origina, en general, sino una literatura de propaganda de escasa originalidad. No obstante, la derecha ha producido testimonios de extraordinario valor, especialmente por su coherencia interior; pero no siempre es fácil distinguir cuándo son simples reiteraciones de un pensamiento de elaboración secular y cuándo son juicios nacidos del examen de las situaciones reales. Acaso el interés general que, por las razones señaladas, tiene el análisis del pensamiento político de la derecha, se acentúe actualmente en Latinoamérica por el hecho de que, en muchos países, los grupos que lo sustentan han tomado la iniciativa en los últimos tiempos. Conviene establecer claramente el sentido de esta afirmación, porque entraña una posición metodológica que habrá de advertirse a lo largo de todo este ensayo. No me refiero aquí solamente a los netos partidos políticos de la derecha, cuyo poder de iniciativa puede ser equivalente al de otros sectores. Me refiero, específicamente, a las fuerzas económicas y sociales de la derecha, enérgicamente resueltas a defender sus posiciones contra la ofensiva de vastas mayorías no poseedoras y que operan especialmente como grupos de presión a través de diversos regímenes políticos, aun cuando no sean estos específicamente de derecha. Esas fuerzas buscan sus propias soluciones, pero a través de un sistema de ideas —que suelen llamar su “filosofía” — que entraña un diagnóstico del sentido general que deben seguir las sociedades latinoamericanas en el curso de su desarrollo. Hay en ese sistema de ideas un ajuste de viejos esquemas a las circunstancias nuevas; pero este ajuste es muy variable y siempre significativo, porque aunque la derecha responde a la situación menos cambiante, pone, empero, de manifiesto el nivel de cambio producido en las estructuras a través de los procesos de larga duración: y aunque expresa la resistencia al cambio, pone de manifiesto también el nivel de tolerancia que ha alcanzado, en virtud del cual erige en cada caso una nueva línea de defensa, transaccionalmente establecida.

La perduración de estructuras socioeconómicas muy antiguas en Latinoamérica otorga particular gravitación a los grupos de derecha y a su pensamiento político. Pero no es esa la única causa de la influencia de esos grupos. Las estructuras arcaicas se combinan con otras más modernas, pero que han engendrado ya en su seno sectores resueltamente adversos a nuevos cambios. De aquí la proteica figura que ofrece la derecha latinoamericana, cuya composición, como grupo social, será necesario señalar antes de exponer su pensamiento.

Como se habrá observado, y sin perjuicio del análisis que constituye el tema del primer capítulo de este ensayo, la idea de derecha aparece necesariamente unida a la idea de resistencia al cambio, con lo cual parecería clara la identificación entre derechas y grupos conservadores. Empero, no es absolutamente así. A veces ha sido imprescindible usar otros criterios más matizados, de modo que la caracterización de un movimiento o de una persona como perteneciente a la derecha puede obedecer a uno de ellos, lo cual puede engendrar ciertas confusiones, y las conclusiones extrañar al lector.

Conviene, pues, no perder de vista los criterios utilizados en cada caso, y las relaciones, a veces aparentemente contradictorias, entre ellos.

Para resolver algunos de los problemas que acabo de mencionar, he utilizado una nomenclatura no siempre ortodoxa. Pero confío en que las caracterizaciones de cada grupo social y de cada corriente de pensamiento servirán para proveerlas de un contenido inequívoco. Grupos sociales y corrientes de pensamiento serán presentados históricamente, incluso cuando en cada momento se señalará que ni unos ni otras se extinguen, conviene insistir aquí en que la idea que preside este análisis es que los grupos de la derecha tienen una composición acumulativa, en virtud de la cual coexisten situaciones y tradiciones de diferente data. Sólo teniendo presente este carácter podrá entenderse bien el comportamiento y las ideas de la derecha latinoamericana.

1. Cuestiones previas

Dos problemas conceptuales parecen previos al análisis del pensamiento político de la derecha latinoamericana.

El primero es el problema del área, puesto que la idea misma de Latinoamérica, concebida como una unidad, requiere algunas precisiones.

El segundo, y más importante, es el de la caracterización de la derecha como grupo socioeconómico, político y cultural, puesto que, a poco que se ajusten los criterios, se advierte que se trata de un complejo heterogéneo al que no se puede asignar una sola línea de pensamiento.

La cuestión de la unidad y diversidad del área latinoamericana

La posibilidad de analizar, caracterizar y describir el pensamiento político de la derecha latinoamericana supone cierta homogeneidad en esa área que no es absolutamente obvia. No sería fácil, por ejemplo, incluir en una sola formulación los caracteres de las clases medias en Chile y Colombia, en Paraguay y México, en Argentina y Ecuador; del mismo modo es difícil incluir en una sola formulación los caracteres de las clases altas tradicionales en esos mismos países, teniendo en cuenta, además, que el examen debe incluir al Brasil; y de tales dificultades puede inferirse que deberá matizarse mucho la caracterización del pensamiento político de la derecha, del que puede decirse que es el más apegado a las situaciones y, en consecuencia, el menos ideológico —en sentido estricto— de los pensamientos políticos. Empero, precisamente, por ser el pensamiento más apegado a las situaciones vigentes, permite un cierto grado de generalización, puesto que lo que más unidad confiere al área latinoamericana son, sin duda, las situaciones originarias, en tanto que los desarrollos posteriores tienden a una acentuada diversificación. Vale la pena detenerse un instante en esta observación.

La unidad del área latinoamericana fue postulada por la Europa conquistadora y colonizadora. No existía antes ni existió intrínsecamente después. Pero los impactos europeos sí fueron homogéneos en toda su extensión y crearon cierta unidad en el armazón del área de mestizaje y aculturación que se constituía. Con ligerísimas variantes, el régimen de la tierra y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas se establecieron según normas semejantes en toda el área hispánica y en el área lusitana, y condujeron a la creación casi súbita de una singular estructura socioeconómica que constituyó el fundamento casi inconmovible de la vida social latinoamericana. El vigor con que esa estructura resistió, ya en 1542, a los esfuerzos de la corona española por modificarla, explica cómo ha podido sobreponerse a otros embates posteriores, modificarse ligeramente para adecuarse a nuevas circunstancias externas e internas, y subsistir, incluso hasta hoy, en algunas regiones.

Pero no fue este impacto originario el único de los impactos europeos que contribuyó a prestarle unidad al área latinoamericana. Un fenómeno semejante ocurrió por la misma época en el campo de la organización política y en el campo de la cultura. Un sistema de formas institucionales, un haz de principios morales y políticos y de tradiciones culturales —con los pequeños matices que separaban en el siglo XVI a España y Portugal— crearon un conjunto de ínsulas análogas a través del vasto continente, fuera de las cuales, sin embargo, empezó a elaborarse trabajosamente un mundo marginal, en el que se fueron insinuando nítidas diferencias regionales que crista-lizarían poco a poco y alcanzarían claros perfiles en el siglo XVIII.

Pero ya mientras se producía esa diversificación, nuevos impactos europeos crearon otros principios de unidad. El mundo de la economía mercantil reclamó del mismo modo a las distintas regiones, ofreció los mismos incentivos, ejerció las mismas coacciones, y contribuyó a operar en el seno de las diversas sociedades las mismas transformaciones de las que surgieron nuevas burguesías urbanas que, al par que introducían nuevas líneas de desarrollo en el seno de la comunidad, arrastraban hacia sí a las viejas clases poseedoras de la tierra para inducirlas a modificar sus actitudes y su mentalidad. Pero aquel desarrollo homogéneo en cuanto a las presiones que lo habían desencadenado, adoptó muy pronto formas regionales diferenciadas, que se definieron fuertemente al producirse la emancipación. A partir de entonces la diferenciación se acentuó; pero no sólo, ni principalmente, dentro de los nuevos marcos nacionales creados por el principio del uti possidetis, sino dentro de las áreas regionales que se habían esbozado espontáneamente, según determinaciones geográficas más o menos estorbadas o favorecidas, por las peculiaridades del desarrollo económico o la arbitrariedad del sistema administrativo. Los fenómenos de anarquía y de guerra civil y los vagos clamores en favor de una organización federativa reflejaron ese conflicto entre nación y región, entre orden institucional y sentimiento comunitario, que se había gestado en el seno de otro conflicto más profundo entre el orden uniforme impuesto desde fuera y el desarrollo espontáneo y diferenciado que la vida social había suscitado, al margen de las coacciones externas.

Empero, nuevos impactos externos contribuyeron a robustecer ciertos rasgos comunes a toda Latinoamérica. Con la Revolución industrial, Europa modificó rápidamente tanto los sistemas de producción como las formas de vida, y tales cambios repercutieron sobre toda su periferia. Latinoamérica sintió otra vez los estímulos y las coacciones que provenían del foco alrededor del cual giraba su vida económica, social y cultural, y respondió operando ciertos cambios para adecuarse a la nueva situación. Pero no fueron en todas partes los mismos. Nuevas diversificaciones se operaron con las va-riadas respuestas ofrecidas a los mismos estímulos, y una vez más las contradicciones se acentuaron entre el desarrollo local espontáneo y las determinaciones exógenas que colocaban toda el área latinoamericana en situación análoga con respecto a los núcleos de los que dependía.

Fenómenos semejantes se produjeron en el orden de la cultura. El sistema de ideas medievales que ordenó la vida de los primeros grupos colonizadores fraguó con los esquemas de la estructura socioeconómica señorial en el siglo XVI. Casi no hubo fisuras en él; pero los impactos del pensamiento moderno, de la Ilustración, del liberalismo, del romanticismo, del positivismo, del socialismo, del fascismo, no sólo produjeron sucesivamente enfrentamientos vigorosos con aquel sistema y sus secuelas, sino que provocaron curiosos y variados casos de reelaboración doctrinaria, al compás del uso que se hacía de cada sistema ideológico para interpretar y modificar la realidad.

Es lícito, pues, considerar en el conjunto latinoamericano una corriente de pensamiento tan arraigada en las situaciones reales como lo es el pensamiento político de la derecha, porque tales situaciones fueron homogéneas y subsistieron en buena parte a pesar de todos los cambios operados desde el siglo XVIII. Pero es necesario atender a esos cambios, porque ellos no fueron homogéneos. Por eso sólo se advierte en sus fibras profundas cierta unidad en el pensamiento de la derecha latinoamericana, en tanto que en otras se advierten peculiaridades evidentes que obligan a una constante matización.

Empero, no es éste el más confuso de los problemas que se presentan. Es necesario, antes de atribuir a la derecha un cierto tipo de pensamiento, indagar qué grupos sociales la componen y, sobre todo, qué tradiciones arrastran. La derecha es hoy un conjunto proteico, y cada una de las fisonomías que ofrece esconde un enigma histórico.

La cuestión de la caracterización de la derecha

No abundan los estudios dedicados específicamente al análisis de la peculiar composición de las formaciones o movimientos considerados como de derecha en Latinoamérica. No se trata, en efecto, de un partido, sino de una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política. Hay en su seno, quizá, partidos; y éstos han sido estudiados en muchos casos dentro de los procesos políticos generales.

Pero esas conjunciones sobrepasan el alcance de los partidos. Para entender su composición es menester, pues, no limitarse a ver en ellas grupos políticos de opinión; sin descuidar éstos, es necesario, sobre todo, establecer cuáles son los grupos sociales que se movilizan políticamente para constituirlas.

A primera vista se advierte que la expresión “derecha” corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios —los grupos “democráticos“, “progresistas”, “izquierdistas”, “liberales“, o como en cada ocasión se califiquen—, los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. De aquí una cierta tendencia a definir la derecha, en el plano teórico, como un conjunto homogéneo.

Una fórmula usual es asimilar la derecha a la burguesía, entendida ésta como parte del sistema burguesía-proletariado. Esta fórmula es metodológicamente inapropiada en el caso particular de Latinoamérica, porque supone que el concepto “burguesía” es inequívoco y que conocemos claramente su contenido. Es bien sabido, en cambio, que no hemos precisado bien los contenidos del concepto “burguesía”, y si aceptamos la asimilación, no hacemos, en rigor, sino trasladar el problema, del concepto “derecha” al concepto “burguesía”. El problema se complica aún más, pues su antítesis en Latinoamérica no es lo que entraña en otras áreas el concepto “proletariado” ; y no constituye una tarea menos compleja establecer qué es exactamente lo que se opone a la derecha.

Menos inapropiada, aunque en pequeño grado, es la asimilación de la derecha a lo que vagamente se suelen llamar las clases dominantes. En Latinoamérica las clases dominantes se han constituido a través de un proceso singular que le ha prestado una fisonomía equívoca, cuya expresión es un comportamiento político confuso.

Derechas e izquierdas se han diferenciado, por lo demás, en el seno de las clases dominantes, a través de la oposición de los distintos sectores que procuraban alcanzar el poder político para perfeccionar y consolidar su poder económico social. Parecería, en consecuencia, ser lícito un uso absoluto y otro relativo de la calificación. Conviene, pues, renunciar por ahora a una definición simplista y atenerse a los resultados matizados, aunque quizá menos precisos, que ofrezcan un examen empírico de los grupos sociales y políticos que han sido considerados como de derecha. Pero aun este método presenta serias dificultades, porque la asignación de tal calificación no ha obedecido siempre a un mismo criterio; por lo contrario, parece evidente que han funcionado indistintamente dos: un criterio político y un criterio socioeconómico.

Si analizamos el criterio político, se observa que han sido considerados como de derecha los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, estableciendo dictaduras o perpetuando oligarquías, que han negado —sea a la mayoría del pueblo, sea tan sólo a la mayoría de los sectores con participación en la vida política— los derechos y las libertades que consagraban el derecho natural y, en especial, los que consagraban las doctrinas racionalistas elaboradas desde el siglo XVII.

Ha sido la mentalidad liberal, tal como funcionó desde mediados del siglo XVIII, la que prefirió este criterio. A partir de muchas experiencias concretas, quedó tácitamente admitido que la dictadura o la oligarquía definen una actitud de derecha, y que la existencia de un vigoroso aparato represivo, la inexistencia de la libertad de conciencia o, en general, la violación o la negación de los derechos del hombre y del ciudadano, constituyen signos inequívocos de esa actitud política.

Empero, el criterio político no ha sido coherentemente utilizado. En ocasiones se ha admitido como legítima una “dictadura liberal“, esto es, el ejercicio autoritario del poder por parte de un grupo dispuesto a imponer un sistema liberal. Las circunstancias han sido proporcionadas por la vigorosa oposición de ciertos grupos antiliberales de raíz señorial, unas veces, o por la amenazadora actitud de grupos democráticos de pequeña burguesía o grupos populares con vagos anhelos de justicia social, otras. La necesidad de defender lo que se entendía por libertad pareció justificar la restricción de la libertad. Este principio reconoce como antecedente y fundamento la concepción del despotismo ilustrado, que sin duda inspiró a muchos grupos liberales latinoamericanos, especialmente frente a la vigorosa influencia de la Iglesia Católica, apoyada por los grupos sociales superiores.

Si analizamos el criterio socioeconómico, se observa que han sido considerados de derecha los grupos que han defendido el mantenimiento incólume de las tradicionales estructuras socioeconómicas y socioculturales, cuyo fundamento arraiga en el ordenamiento colonial. Esta defensa supone una acción política, emprendida al insi-nuarse un ataque que amenace o vulnere esa estructura, esto es, un intento de cambio socioeconómico, de modo que esa política puede ser definida como un movimiento de resistencia o de oposición al cambio.

Así caracterizada, la derecha no manifiesta fundamentalmente una actitud política sino una actitud socioeconómica y sociocultural. Usando este criterio, el ejercicio autoritario del poder no es necesariamente de derecha: lo es cuando tiene por objeto impedir el cambio, y no lo es, por lo contrario, cuando está puesto al servicio del cambio.

La utilización del criterio socioeconómico modifica, entonces, sustancialmente el enfoque del problema, y suscita nuevas cuestiones que es necesario tener presente. Si en diferentes circunstancias la adjudicación de la calificación de “derecha” ha sido equívoca se debe, sin duda, a la diversidad de los tipos de cambio que se han insinuado o producido en Latinoamérica. Descartemos los simples reemplazos de grupos o personas que disputan el poder dentro del mismo sistema, porque en ese caso parece lícito aplicar el primer criterio. Cuando se trata de cambios socioeconómicos pueden distinguirse dos instancias claramente diferenciables, aun cuando admiten, a su vez, varios matices importantes. La primera instancia es el conato de cambio de las estructuras señoriales de raíz colonial por una estructura liberal-burguesa, con supresión de los mayorazgos, del esclavismo, del sistema servil del trabajo indígena, de los monopolios y, al mismo tiempo, con una modernización del sistema empresarial, con la participación de capitales extranjeros, con incorporación al mercado mundial y con una vasta renovación del aparato técnico: es la instancia liberal-burguesa, promovida por las burguesías urbanas y, a veces, por los sectores progresistas de las clases terratenientes. La segunda es el conato de cambio de la estructura señorial o de la estructura liberal – burguesa, indistintamente, por otra en la que predominen, sobre los principios de la libre competencia, los principios de la justicia social, con intervención estatal, unas veces, o con control de las clases no poseedoras, otras. Estas dos instancias entrañan, como se ha advertido, algunos matices intermedios sobre los que será menester detenerse en el análisis particular, pero constituyen la trama gruesa del proceso de cambio.

Según el tipo de cambio propuesto, sus promotores definirán como derecha a grupos diversos: los grupos liberalburgueses, solamente a las clases señoriales; pero los grupos partidarios de sistemas fundados en el principio de la justicia social —sean nacionalistas, nazifascistas o izquierdistas de tipo marxista en cualquiera de sus grados, demócratas cristianos o liberales evolucionados— definirán como derecha no sólo a las clases señoriales sino también a los grupos liberalburgueses sostenedores de las teorías del neoliberalismo o, simplemente, del libreempresismo. Este distingo explica claramente el uso equívoco de la calificación de derecha —que es fluido y a veces aparentemente contradictorio—, así como la notoria heterogeneidad que suelen tener, de hecho, los grupos caracterizados unívocamente con esa calificación por sus adversarios.

El análisis de los dos criterios utilizados de manera habitual —con frecuencia poco rigurosa— demuestra no sólo que ninguno de ellos es suficiente, sino también que los dos son imprescindibles y deben combinarse para intentar un examen objetivo de la cuestión.

La cuestión propuesta supone, en primer lugar, una caracterización de los grupos sociales que integran las fuerzas políticas que reciben en cada caso la calificación de “derecha” y, en segundo lugar, una caracterización del pensamiento político que, en cada caso, esas fuerzas políticas adoptan, expresan o, simplemente, ponen de manifiesto a través de su comportamiento. Pues bien, para el primer aspecto de la cuestión, el criterio político permite identificar ciertos grupos sociales que no corresponden exactamente ni a las burguesías ni, en forma más general, a las clases dominantes, y que se suman a las fuerzas políticas de derecha.

En primer lugar, se advierte la presencia de grupos estrictamente ideológicos, cuyos miembros participan de ciertas ideas que no están necesariamente vinculadas con su origen o su posición social. Son unas veces temperamentos religiosos o metafísicos cuya forma mentís está caracterizada por la creencia vehemente en la existencia de orden perenne y para quienes, psicológicamente, el cambio supone siempre un mal: la decadencia, la perversión, el caos. Ese orden posee a sus ojos fundamentos absolutos, y ha sido amenazado sucesivamente, según ellos, por los disidentes religiosos, por los librepensadores volterianos, por los masones, por los liberales, por los demócratas, por los comunistas. Contra todos ellos, en cada caso, han sentido la necesidad de organizar una cruzada para lograr su exterminio, y con él, la preservación o restauración del orden eterno. En segundo lugar, se nota la presencia de grupos, cuyos miembros son psicológicamente autoritarios y partidarios de la acción violenta. Sin duda, comparten en el fondo la certeza de la existencia de un orden, pero no siempre alientan vehementes convicciones religiosas o metafísicas, sino simplemente una vocación autoritaria y jerárquica orientada hacia un activismo irracionalista.

Estos rasgos explican la adhesión a las fuerzas de derecha de quienes, por vocación o por costumbre —y cualquiera que sea su origen o posición social—, han aceptado la conformación impuesta por instituciones fuertemente autoritarias, jerarquizadas y activistas como son, especialmente, la Iglesia y el ejército, así como otras en menor escala, como la administración pública y las grandes empresas.

En tercer lugar, se observa la incorporación de grupos conformistas de clase media, para los cuales el orden constituido significa una garantía de estabilidad —en la ocupación, en el ahorro, en las costumbres, en el modo de vida— en tanto que el cambio entraña una perspectiva oscura cuyo riesgo se resisten a afrontar. Tales hábitos caracterizan a la pequeña burguesía en sociedades estabilizadas, y de sus filas se nutren con frecuencia los movimientos que reivindican la defensa del orden.

En cuarto lugar, se comprueba la adhesión de grupos populares de mentalidad paternalista: unas veces masas urbanas más o menos marginales y escépticas; otras, grupos acostumbrados a formar parte de clientelas políticas; otras, grupos conformistas de actitudes primariamente religiosas, mágicas o supersticiosas; y otras, en fin, grupos de militancia política ingenua que buscan protección a través de regímenes paternalistas que les prometen satisfacciones inmediatas a cambio de su apoyo político. Estos grupos pueden ser numerosos, y en ocasiones nutrir movimientos activos y pujantes, a los que pueden proporcionar no sólo su apoyo numérico sino también su presencia tumultuaria para justificar en sus líderes un cierto tipo de representatividad ajena a los métodos de la democracia liberal.

El criterio político es, entonces, útil para revelar la presencia de grupos como los señalados en la constitución de las fuerzas de derecha. Empero, es evidente que tales grupos no constituyen su armazón ni las proveen de legitimidad y fuerza. Es necesario recurrir al criterio socioeconómico para descubrir cuáles son los grupos fundamentales que las constituyen; y valiéndose de él se observa la presencia de los distintos sectores que dominan y controlan la compleja estructura socioeconómica latinoamericana, a veces en conflicto entre ellos para asegurar el predominio de un sector sobre otro, pero generalmente predispuestos —salvo situaciones críticas— a ofrecer un frente capaz de resistir las presiones de los grupos sociales no participantes en el control de la vida socioeconómica.

Esos grupos fundamentales de las fuerzas políticas de la derecha son, pues, grupos socioeconómicos que, en situaciones caracterizadas por la existencia de un consenso general con respecto al orden establecido, ejercen el poder silenciosamente a través de diversos partidos políticos operando como grupos de presión, pero que en situaciones críticas se movilizan como fuerzas políticas recabando para sí el monopolio del poder —antes compartido, delegado o consentido— y asumiendo de manera activa la defensa del orden vigente, dentro del cual tienen una posición privilegiada.

En Latinoamérica, como en otras áreas, las fuerzas políticas de la derecha se han constituido históricamente incorporando nuevos grupos, cada uno con sus correspondientes tradiciones y sus correspondientes proyectos de acción, de modo que a través del tiempo su fisonomía se ha tornado cada vez más compleja y proteica. Analizadas en la situación propia de las postrimerías del siglo XVIII y en la época de los movimientos emancipadores, se advierte que su composición era más homogénea. Si la izquierda, llamémosle así, estaba constituida por las burguesías urbanas progresistas y liberales, la derecha estaba compuesta fundamentalmente por la clase señorial, apoyada en las instituciones coloniales que representaban la concepción hispanolusitana tradicional, y además en las clases populares especialmente rurales que desconfiaban de las burguesías urbanas y preferían el mantenimiento de la vigencia del orden paternalista tradicional. Esa derecha se oponía al cambio liberalburgués; pero, en cada etapa de ese cambio, consentía estratégicamente en el que ya se había operado y trataba de impedir que se consumara definitivamente, manifestándose entonces como una fuerza conservadora dentro del nuevo sistema, especialmente después de la emancipación.

La fisonomía de las fuerzas políticas de la derecha cambió cuando, operados los cambios propuestos por las burguesías urbanas progresistas y liberales, se desprendieron de éstas los grupos dominantes que trataron de monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Constituidos en oligarquías, esos grupos se entrecruzaron con las clases señoriales, dominándolas en parte, puesto que se constituyeron en las intermediarias de su actividad productiva tradicional, sirviéndolas en cierto modo y, además, utilizándolas para legitimar socialmente, con el entrecruzamiento, su nuevo status de grupo separado del resto del conjunto social. Como la clase señorial, también las nuevas oligarquías liberalburguesas se opusieron a la prosecución indefinida del cambio, preocupadas sobre todo por mantener el monopolio del poder; de modo que, aunque subsistieran las tensiones que existían entre ellas y la clase señorial, coincidieron en una misma actitud, aunque el nivel de los cambios tolerados fuera diferente en uno y otro grupo.

A partir de ese proceso—que, en general, se da en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX— las fuerzas políticas de la derecha muestran, independientemente de los matices locales y de los que les proveen los distintos sectores incorporados por razones simplemente políticas, una dualidad interna que resulta de esta conjunción propia de las situaciones creadas especialmente por la Revolución industrial. El entrecruzamiento de los grupos significó, naturalmente, un entrecruzamiento de actitudes y de doctrinas. Las clases señoriales se aburguesaron y las oligarquías liberalburguesas se señorializaron, pese a lo cual subsistieron definidos matices diferenciadores, algunos de los cuales permitieron que las oligarquías liberalburguesas siguieran llamando en alguna ocasión “derecha” a las formaciones políticas propias y exclusivas de las clases señoriales. Pero las clases medias y las clases populares con vocación de cambio —generalmente tan sólo político, pero algunas veces también so-cioeconómico— confundieron en un haz al conjunto y lo identificaron como una sola derecha, socioeconómica y política.

Esta fisonomía dual de las fuerzas políticas de la derecha subsistió hasta que se hicieron notar en Latinoamérica las influencias de la crisis europea de entreguerra, tanto en el orden económico como en el orden ideológico. En el seno de las clases señoriales preferentemente —aunque no únicamente— aparecieron grupos, generalmente juveniles, que denunciaron la crisis del liberalismo y optaron por algunas de las muchas filosofías antiliberales que aparecieron entonces: unas veces con fuerte matiz aristocratizante e inspirados en Maurras, y otras con varias tendencias sociales según modelos hispanolusitanos, italianos o alemanes. Pero muchos de ellos se desprendieron del simple ropaje ideológico y se introdujeron —o fueron introducidos— en el mecanismo socioeconómico de su país y de su situación, y apelaron a las masas escépticas y marginales que habían contribuido a formar las oligarquías liberalburguesas con su exclusivismo político y su libreempresismo. La apelación tuvo éxito en muchas partes, y esta corriente se vio apoyada por vigorosas masas que asombraron a los políticos de la democracia liberal, que no las esperaban en el escenario político. Por sus objetivos, los cuadros dirigentes parecían pertenecer inequívocamente a la derecha, puesto que aspiraban a la restauración de un orden jerárquico, al fortalecimiento del nacionalismo —que muchos habían dado por muerto a principios de siglo— y a un sistema de normas y principios en el que se mezclaban herrumbrados prejuicios señoriales con los más vulgares y adocenados prejuicios burgueses. Pero el conjunto pareció poseer un carisma especial, y halló repercusión en vastos sectores, porque, junto a eso, aparecieron signos de cierto antiimperialismo nacionalista, de una admisión de los principios de justicia social, de una reivindicación hispánica y de una inequívoca tendencia a denunciar la falacia de una democracia liberal, que más de una vez había sido utilizada como máscara por las oligarquías para su propio beneficio. El haz de la derecha quedó, pues, integrado con una fibra más, que introducía en el conjunto una nueva inflexión: la aceptación del cambio para orientarlo de acuerdo con un sistema tradicional de fines, entre los cuales aparecían los que un catolicismo renovado, o en trance de renovarse, revestía de modernidad.

Así se constituyó históricamente la derecha tal como hoy la descubrimos, multiforme y contradictoria; con cierta vocación de cambio lo suficientemente acentuada como para que los sectores populares —que parecían puntal seguro y necesario de la izquierda marxista— la consideren como una opción válida; con soluciones viables, puesto que, siendo relativamente avanzadas, encuentran un apoyo inesperado de grupos tradicionales, especialmente de ciertos sectores del clero católico y de ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y con una capacidad de acción, aparentemente dentro del sistema, que le asegura grandes posibilidades de éxito para intentar su transformación sin provocar excesiva alarma en los sectores poseedores.

De esta fuerza política proteica es de la que nos proponemos exponer el pensamiento político, señalando en cada etapa la situación en que la fuerza se constituye o se renueva y las influencias ideológicas que recibe.

2. Las raíces del pensamiento político de los grupos señoriales

Cualesquiera que hayan sido los cambios operados en la composición de las fuerzas políticas que, una y otra vez, han sido consideradas como de derecha, sus raíces penetran siempre en Latinoamérica hasta las profundidades de la estructura colonial. Aun en aquellos países donde esa estructura ha sufrido mayores modificaciones, la derecha —tanto en sentido socioeconómico como en sentido político— conserva claros vestigios de sus orígenes. En rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras.

La colonización hispanolusitana adoptó, en rigor, dos políticas divergentes. Por una parte, promovió la fundación de ciudades —especialmente la española— e hizo de ellas centros defensivos, no sólo del grupo colonizador, sino en especial de sus costumbres, sus normas, su religión y su lengua. En ellas, debía constituirse lentamente una burguesía urbana que no alcanzaría, empero, cierta fuerza hasta el siglo XVIII. Pero, al mismo tiempo, constituyó desde el primer momento una sociedad señorial, mediante el otorgamiento de inmensos privilegios a los conquistadores y colonizadores, quienes recibieron no sólo enormes extensiones de tierras o importantes regalías mineras, sino también la mano de obra gratuita que se necesitaba para hacer retributiva su explotación mediante la asignación de crecidos contingentes de indios confiados en encomienda.

Así quedó organizada una sociedad dual en la que los señores pertenecían a la raza conquistadora y la clase sometida a la raza indígena. Se agregó luego a ésta el contingente de esclavos negros que empezó a incorporarse por razones económicas y políticas, cuando resultó evidente la ineficiencia de la población indígena, o cuando el clamor contra su explotación pareció comprometer el prestigio de los conquistadores y debilitar los principios en que se fundaba la legitimidad de la conquista, sin que los argumentos en favor de los indios parecieran valer para los negros. Y, en favor de tal sistema, la clase poseedora de la tierra y de las poblaciones sometidas adquirió los caracteres de una aristocracia poderosa “renaciendo en las Indias —observa Ots Capdequí—[2] usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de superación en la España peninsular”.

Una intrincada combinación de intereses, necesidades y prejuicios moldeó las formas de comportamiento de esa clase. El designio de un rápido enriquecimiento —como el que hubiera producido un saqueo feliz en Flandes o en Italia— incitó a sus miembros a ejercitar una despiadada explotación de la población indígena. Mientras en la metrópoli se discutía sobre la condición espiritual y jurídica de los indios, el encomendero se valía de ellos para resolver su urgente problema de enriquecerse y volver cuanto antes a la civilización, a Lisboa o a Sevilla, para gozar del fruto de su esfuerzo. Refiriéndose al Brasil escribía a principios del siglo XVII Fray Vicente del Salvador:[3]

De este modo hay pobladores que, por más arraigados que estén en la tierra, todo lo pretenden llevar a Portugal; porque todo lo quieren para allá, y esto, no vale solamente para los que de allá vinieron, sino también para los que de aquí nacieron, pues unos y otros aprovechan la tierra, no como señores, sino como usufructuarios, y sólo para disfrutarla la dejan destruida.

El mismo estado de ánimo prevalecía entre los españoles. Aquel apremio y el complejo haz de opiniones sobre los infieles que poblaba la mentalidad del conquistador, acentuó su convicción de que pertenecía a una especie diferente de la de los conquistados, a quienes juzgó lícito someter y explotar. Esa convicción era ya vigorosa cuando, en 1510, pronunció Fray Antonio de Montesinos en la Española el famoso sermón que conserva Las Casas,[4] en el que denunció los excesos cometidos por los conquistadores:

Para darlos a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más suave que nunca oísteis, la más áspera y dura.

Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, y con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día … ? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No son obligados a curallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen u no quieren la fe de Jesucristo.

Los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo —cualquiera que fuese su originaria condición social— una posición de riqueza y privilegio semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura. El cronista anónimo[5] que compuso la Descripción del Virreinato del Perú a principios del siglo XVII decía refiriéndose a los españoles de ese territorio: “Son soberbios, jactanciosos, se precian de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra”.

Y en el siglo siguiente escribía el viajero holandés Van Vliervelt[6] sobre los portugueses del Brasil: “Lo cierto es que en todos los tiempos se vieron en el Brasil portugueses que habían nacido en Europa en la oscuridad y la pobreza, y que vivían con un lujo y una grandeza que los principales nobles de Lisboa no hubieran osado ostentar en la Corte”.

La costumbre consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la Colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró —ni, en rigor, se lo propuso— contener el proceso de señorialización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes.

Los conquistadores y colonizadores alcanzaban poder económico, social y político al recibir tierras, indios en encomienda y jurisdicción, y en tales poderes sentaron una posición tan alta y tan sólida que el paso del tiempo no hizo sino vigorizarla. Las rebeliones indígenas fueron escasas, ocasionales, y revelaron la total impotencia de los sometidos. Por su parte, los grupos mestizos se constituyeron como tales, aunque muy lentamente, durante el período colonial, y sus miembros se limitaron a buscar la posibilidad de lograr alguna vía de ascenso dentro del sistema. Lo mismo hicieron los blancos —peninsulares y criollos— que carecían de tierras, o los que poseían pequeñas parcelas de escaso número de indios encomendados, o los que habían perdido lo que tuvieron. De este modo, el sistema se consolidó en el juego de las situaciones reales, y dentro de él los grupos señoriales cristalizaron como un conjunto definido y netamente separado del resto.

Al finalizar el siglo XVIII la situación social del mundo colonial hispanolusitano ofrecía el cuadro de una rígida sociedad dual. Refiriéndose a la sociedad mexicana, decía por entonces, en un notable documento, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo[7] —el mismo que lanzaría más tarde el edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo—:

… la Nueva España se componía, con corta diferencia, de cuatro millones de habitantes que se pueden dividir en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles comprendían un décimo total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas, y uno de indios puros. Los indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes, hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones: son todos ricos o miserables, nobles o infames… En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte es poco y en todas las demás los daña mucho.

No tienen propiedad individual… separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas… En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insul-tos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

Poco después Alejandro de Humboldt visitaba la isla de Cuba, sobre cuya sociedad, fundada en el trabajo esclavo, escribiría años más tarde unas páginas penetrantes en las que señalaba los rasgos de los grupos señoriales:[8] “…pero en todas las islas, los blancos se creen los más fuertes; porque les parece imposible toda simultaneidad (en la acción) por parte de los negros, y consideran como una cobardía toda mudanza y toda concesión hecha a la población sujeta a la servidumbre”.

Así consolidados a lo largo de tres siglos, firmemente delineados los límites que los separaban del conjunto social y rigurosamente codificados sus privilegios, los grupos señoriales adquirieron los rasgos de una aristocracia incapaz de imaginar la posibilidad de que se produjera cambio alguno en la estructura socioeconómica en la que ocupaba el más alto nivel. Pero durante esos tres siglos, y mientras se consolidaba la estructura socioeconómica, también se diferenciaban y desarrollaban grupos diversos por debajo de la clase señorial. Apenas hubo, antes de la crisis de la Independencia, ocasión para que los grupos señoriales tuvieran que justificar o defender sus privilegios, puesto que todo el sistema absolutista de fundamento religioso vigente en el mundo colonial comportaba una justificación suficiente. Todo desafío al privilegio suponía un desafío a la totalidad del sistema. Pero de hecho, los otros grupos sociales crecían y aprovechaban las posibilidades de movilidad social que ofrecía una sociedad que, aunque fundada en la hegemonía de una clase señorial, participaba del sistema mercantil que ajustaba y perfeccionaba sus mecanismos en el área de expansión europea y pugnaba por quebrar la rigidez del sistema monopolístico colonial.

Frente a esos grupos, y especialmente frente a las nacientes burguesías urbanas —burguesías letradas que a fines del siglo XVIII recibían la influencia del pensamiento político de los filósofos franceses—, los grupos señoriales estrecharon sus filas alrededor de los principios fundamentales del sistema. Horrorizados ante el regicidio y ante la posibilidad de una limitación del poder monárquico que introdujera la representación popular, los grupos señoriales adhirieron ferviente y activamente a las ideas que expresó mejor que nadie, a fines del siglo XVIII, el arzobispo de Chuquisaca, San Alberto:[9]

El rey no está sujeto, ni su autoridad depende del pueblo mismo sobre quien reina y manda, y decir lo contrario sería decir que la cabeza está sujeta a los pies, el sol a las estrellas y la suprema inteligencia motriz a los cielos inferiores… La cárcel, el destierro, el presidio, los azotes o la confiscación, el fuego, el cadalso, el cuchillo y la muerte son penas justamente establecidas contra el vasallo inobediente, díscolo, tumultuario, sedicioso, infiel y traidor a su Soberano, quien no en vano, como dice el Apóstol, llevaba espada.

El apoyo prestado por los grupos señoriales al principio de la monarquía absoluta de derecho divino no sólo expresaba su adhesión al sistema institucional vigente en la metrópoli y el mundo colonial, sino que significaba también su identificación con el principio de la inmutabilidad del orden universal, cuya proyección en el mundo social era la ilegitimidad de todo cambio. Esa concepción, de tradición cristianofeudal, fraguaría como una de las notas fundamentales de su actitud política, y luego de su pensamiento, y perduraría, expresada de diversas maneras enmascarada a veces, a través de las cambiantes situaciones históricas. Como actitud, fue intensamente vivida y se ma-nifestó en su comportamiento político, y cuando las circunstancias desafiaron ese principio, fue racionalizada, formulada en términos doctrinarios y defendida, polémicamente.

Pero mucho antes de que pareciera necesario defender la totalidad del sistema —en cuanto garantía última de la posición de los grupos señoriales en el seno del conjunto social— debieron éstos defender esa posición y justificarla. En términos doctrinarios la justificó, en los primeros tiempos de la conquista, el teólogo español Juan Ginés de Sepúlveda,[10] sosteniendo el principio de la desigualdad social. Decía en el Democrates alter:

Nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comuni-dad de derecho… lo cual se ha de evitar no sólo en los hombres tomados particularmente, sino también en la totalidad de las naciones, porque la varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a los hombres libres, o el poder regio que imita al paterno: a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en ciertas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados.

Y agregaba en otro lugar:[11]

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! Si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes elementalísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres.

Este principio general de la superioridad de los europeos civilizados y cristianos sobre los indios y los negros bárbaros e infieles, fue traducido a términos específicos cuando peligraron los privilegios concretos que la conquista había deparado a aquéllos. Los conquistadores y colonizadores fundaban su condición social en la posesión de tierras y de indios encomendados, y muy pronto consideraron que tales privilegios, formalmente concedidos, eran inalienables y constituían la condición inexcusable de su status. Así lo manifestaron ya en 1542 cuando la corona española pretendió despojar a los encomenderos de los indios que trabajaban en su beneficio, con argumentos que el cronista Agustín de Zárate[12] recogió de los españoles del Perú:

…estas ordenanzas se hizieron y publicaron en la villa de Madrid, en el año de quinientos y cuarenta y dos, y luego se embiaron los treslados dellas a diversas partes de la Indias, de que se recibió muy gran escándalo entre los conquistadores dellas, especialmente, en la provincia del Perú, donde más general era el daño, pues ningún vecino quedaba, sin quitársele toda su hazienda, y tener necesidad de buscar de nueuo que comer; y decían, que su Magestad no auía sido bien informado en aquella prouision, pues si ellos auianseguido dos parcialidades, auia sido parecien- doles que las cabeças dellas eran Gouernadores, y se lo mandaban en nombre de su Magestad, y que no podían dejar de cumplir por fuerca o por grado sus mandamientos, y así no era aquella culpa, porque debiessen ser despojados de sus hazien- das, y que demas desto al tiempo que a su costa descubrieron la provincia del Perú, se auia capitulado con ellos, que se les auian de dar los Indios por sus vidas, y des- pues de muertos, auian de quedar a su hijo mayor, o a sus mugeres no teniendo hijos, y que en confirmación desto, pocos días antes su Magestad auia embiado a mandar a todos los conquistadores que dentro de cierto tiempo se casassen, so pena de perdimiento de los Indios, y que en cumplimiento dello, los más se auian casado, y que no era justo, que despues que estauan viejos y cansados, y con mugeres pensando tener alguna quietud y reposo, se les quitase sus haziendas, pues no tenian edad ni salud para ir a buscar nueuas tierras y descubrimientos.

Esta certidumbre de la legitimidad del privilegio, concedido originariamente por gracia real pero conquistado luego y legitimado en la acción mediante el esfuerzo y el sacrificio, fraguó definitivamente en la concepción social y política de los grupos señoriales, y los transformó en una casta de poseedores radicalmente separada de los no poseedores. Cada uno de los poseedores lo era de su hacienda y de sus indios y esclavos; pero la casta en conjunto era la poseedora de la comarca, la depositarla de sus únicas tradiciones legítimas, la representante de las virtudes supremas. Era inevitable que la casta se considerara también como el cuerpo político, con exclusión de los demás grupos sociales. Así se conformaron una actitud, primero, y luego, cuando fue necesario un pensamiento político, que obraron a través de los grupos señoriales transformándolos en una fuerza política de derecha, cuando aparecieron enfrente de ellos los grupos so-ciales insurgentes que negaban la inmutabilidad del orden y la legitimidad de una estructura socioeconómica fundada en la desigualdad.

3. El pensamiento político de los grupos señoriales y burgueses desde la Independencia

Tras algunos frustrados intentos, los grupos sociales desposeídos o disconformistas irrumpieron en la vida política —en alguna medida— al producirse los movimientos emancipadores. Algunos de esos grupos los promovieron, reclamando paladinamente una participación política a la que juzgaban tener derecho y que antes les había sido negada; otros, se sumaron a ellos o procuraron aprovecharlos de alguna manera para mejorar su condición. Pero el conjunto de tales acciones pareció amenazar no sólo el orden político tradicional, fundado en la dependencia colonial, sino también el orden social y económico, puesto que era lícito prever que los nuevos grupos incorporados al gobierno —generalmente liberales— infundirían a su acción un sentido más favorable a los intereses de los sectores medios y populares. Hubo, en consecuencia, una vigorosa reacción de los grupos señoriales contra los movimientos emancipadores. Empero, una vez consolidados éstos, los grupos señoriales aceptaron el hecho consumado y siguieron operando dentro del nuevo régimen para conservar o recuperar su ascendiente político y, sobre todo, para defender la estructura socioeconómica tradicional que ellos controlaban. Con respecto a ambos objetivos hubo grados diversos de intensidad en la acción y varia-das actitudes políticas; pero todas ellas configuraron una política de derecha antiliberal con respecto a los grupos que aspiraban a consumar o a extremar los cambios operados.

Al mismo tiempo se constituyó una nueva derecha, liberal, monárquica, o republicana según los casos. Nació el patriciado revolucionario, y su desplazamiento hacia la derecha fue fruto del inevitable descontento que produjeron, en quienes habían desencadenado el cambio, las imprevisibles consecuencias que la dinámica del cambio suscitó. Por eso se caracterizó por su intento de contener el proceso que había lanzado, tratando además de consolidar el nuevo régimen político y económico en beneficio de esa alta burguesía que comenzaba, por cierto, a estrechar sus vínculos con los grupos señoriales, aun cuando algunas diferencias los separaran.

Esos vínculos crearon una superficial identidad entre las dos alas de la derecha, la antiliberal y la liberal. Pero su comportamiento fue distinto, y las perspectivas que cada una de ellas abrió para el futuro, distintas también.

La continuidad de la situación social

Frente a la insurgencia, los grupos señoriales descubrieron diversos peligros. Ante todo, la amenaza de la ruptura de los vínculos de dependencia colonial pareció un cataclismo cuyos resultados serían nefastos, puesto que sustraían al orden vigente sus fundamentos tradicionales y hasta entonces indiscutidos. La reacción se manifestó como un alarde de lealtad respecto a la metrópoli, a la corona, a las instituciones y a los principios del absolutismo, que se creyeron obligados a hacer, antes que nadie, quienes ejercían la autoridad eclesiástica, militar y civil.

En el Río de la Plata, el ex virrey Santiago de Liniers,[13] francés de origen, progresista dentro del sistema colonial y héroe de la resistencia contra los invasores ingleses pocos años antes, encabezó la oposición al movimiento revolucionario de Buenos Aires, declarando que:

…aquel que adhiriese al partido de la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y aprobase la deposición del Virrey y demás que se había hecho, debía ser tenido por un traidor a los intereses de la Nación; que la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria en la crítica situación en que se hallaba por la atroz usurpación de Napoleón, era igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo.

Análoga apelación a la fidelidad debida a España hizo el obispo de Michoacán al fundamentar la excomunión que lanzó contra el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, alzado en armas:[14]

La Nueva España, que había admirado a la Europa por los más brillantes testimonios de lealtad y patriotismo a favor de la Madre Patria, apoyándola y sosteniéndola con sus tesoros, con su opinión y sus escritos, manteniendo la paz y la concordia a pesar de las insidias y tramas del tirano del mundo, se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía, y con todas las desgracias que la siguen y ha sufrido la citada isla de Santo Domingo. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas (no quisiera decirlo), el cura de dolores D. Miguel Hidalgo (que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad), asociado de los capitanes del regimiento de la Reina D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama y D. José Mariano Abasolo, levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas… E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando Vil, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ‘Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Femando VII. Viva la América y muera el mal gobierno’.

Y luego declara:

Que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del canon: siquis, suadente Diabolo… Item declaro que el dicho cura Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo y calumniadores de los europeos… Los europeos no tienen ni pueden tener otros intereses que los mismos que tenéis vosotros los naturales del país, es a saber, auxiliar a la Madre Patria en cuanto se pueda, defender estos dominios de toda invasión extranjera para el soberano que hemos jurado o cualquiera otro de su dinastía bajo el gobierno que le representa según y en la forma que resuelva la nación representada en las cortes que, como se sabe, se están celebrando en Cádiz o Isla de León con los representantes interinos de las Américas, mientras llegan sus propietarios.

Pero estas apelaciones a la lealtad sólo correspondían a uno de los riesgos que se avistaban. Además del peligro de la ruptura del vínculo de dependencia, se advertía que los grupos insurgentes enarbolaban una filosofía política nueva, aprendida en la obra de pensadores a quienes la Revolución Francesa había otorgado siniestra fama a los ojos de los tradicionalistas, y que gozaban de extraordinario prestigio, en cambio, para las nacientes burguesías urbanas y, en general, para los criollos que soñaban con el gobierno propio como instrumento para una política que los libertara de la sumisión. Eran los que creían que los europeos tenían “otros intereses”, según la frase recogida por el obispo de Michoacán. Esos europeos —o los que por solidarizarse con el orden vigente se consideraban europeos— vieron en los movimientos emancipadores no sólo esa intención, sino sobre todo la de instaurar nuevos regímenes de gobierno, fundados en principios que amenazaban no sólo la vida política sino también el orden económico y social. Por eso se opuso al movimiento emancipador el autor de los Recuerdos sobre la rebelión en Caracas, José Domingo Díaz,[15] nacido en esa ciudad, que la execraba por los grupos de insurgentes que habían aparecido en ella. Díaz, escribiendo en 1829, reseñaba la prosperidad de la Venezuela colonial y agregaba luego:

Por desgracia estos mismos bienes trajeron consigo males de unas conse-cuencias incalculables. Se olvidó por los gobernantes el severo cumplimiento de una de las leyes fundamentales de aquellos dominios, prohibitiva de la introducción de extranjeros, y se encontró en la concurrencia mercantil el medio de relajar el de la de los libros prohibidos. La ignorancia, la imprecaución, la malicia o la novelería hacían ver entonces como llenas de sabiduría las producciones de aquella gavilla de sediciosos llamados filósofos, que, abrigados en París como en su principal residencia, había medio siglo que trabajaban sin cesaren llevar al cabo su funesta conjuración: la anarquía del género humano. El mundo entero estaba anegado con estos pestilentes escritos, y ellos también penetraron en Caracas, y en la casa de una de sus principales familias. Allí fue en donde se oyeron por la primera vez los funestos derechos del hombre, y de donde cundieron sordamente por todos los jóvenes de las numerosas ramas de aquella familia. Encantados con el hermoso lenguaje de los conjurados creyeron que la sabiduría era una propiedad exclusiva para ellos. Allí fue y en aquella época cuando se comenzó a preparar, sin prever los resultados, el campo en que algún día había de desarrollar tan funestamente la semilla que sembraban; y entonces fue también cuando las costumbres y la moral de aquella joven generación comenzó a diferir tan esencialmente de las costumbres y la moral de sus padres. Yo era entonces muy niño, condiscípulo y amigo de muchos de ellos: los vi, los oí, y fui testigo de estas verdades.

La Revolución Francesa, sucedida por entonces, fue el triunfo de la conjura-ción, y el resultado de cien años de maquinaciones. Las escandalosas escenas de aquella época llevaron el asombro y el espanto a todos los pueblos del mundo: ate-rraron a los hombres de bien con la imagen de un porvenir inconcebible, y exaltaron las cabezas del necio, del presumido ignorante y del hombre perdido, que creía llegado el momento, o de representar en la sociedad un papel que no le pertenecía por sus vicios o su incapacidad, o de adquirir una fortuna a costa de los demás.

El sentimiento antiliberal, mucho más que el de lealtad a la metrópoli, fue el que movió a ciertos grupos tradicionalistas a oponerse al movimiento emancipador; hasta tal punto que, cuando la metrópoli cedió a la presión de los grupos liberales, los tradicionalistas promovieron la independencia allí donde habían conseguido mantener la sujeción. Tal fue el caso de Nueva España y la capitanía de Guatemala, en donde la independencia fue promovida por la alta jerarquía militar y eclesiástica y los grupos señoriales después de la Revolución de Riego en 1820, que restauró la constitución aprobada por las cortes de Cádiz en 1812; a ella achacaba todos los males de México Lucas Alamán:[16]

La primera desgracia de nuestra Independencia, la causa principal de que no haya producido mejores frutos, no es otra cosa que haber nacido después de publicada y comenzada a ejecutar la constitución española (de 1812). España quedó harto vengada del agravio que recibió con nuestra separación, dejándonos por herencia ese funesto presente.

Caso análogo, en cierta medida, fue el del Brasil, donde la agitación independentista se precipitó con motivo de la Revolución que estalló en Portugal en 1820 —la Revolución de Oporto— y a la que siguieron las Cortes de Lisboa y la nueva legislación liberal. En ambos casos resultaron de las revoluciones americanas dos regímenes monárquicos: el de Iturbide en México y el de Pedro I en el Brasil.

El tumultuoso proceso revolucionario y las crisis civiles que hubo luego en muchos países no fueron, empero, suficientemente profundos como para provocar un cambio en la estructura social y económica: los grupos radicales fueron neutralizados o se abstuvieron por sí mismos de llegar hasta allí. Un ligero examen de la situación durante la segunda mitad del siglo XIX muestra que las condiciones de vida de los esclavos —donde aún existían—, de los libertos, de los indios y de los grupos derivados, así como de vastos sectores de población blanca desposeída y vinculada a la actividad rural, conservaban los mismos rasgos de la época colonial, así como se conservaba el régimen de la tierra. Importantes testimonios son ciertos novelistas de ese período: el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, el guatemalteco José Milla, el ecuatoriano José León Mera, el brasileño José de Alençar, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, pero acaso más que ninguno el colombiano Jorge Isaacs, que ofrece en María un cuadro explícito de la persistencia de la so-ciedad tradicional.

Algo había cambiado, sin embargo. Los grupos señoriales de raíz colonial aceptaron la emancipación como un hecho consumado, y también los regímenes políticos que surgieron de ella; pero trabajaron desde dentro del sistema para influir en él, tratando de recuperar la situación perdida a través de un duelo constante con sus adversarios: esta tensión más que el pleno dominio de antes, caracterizó ahora la situación. Pero, además los grupos señoriales habían comenzado a cambiar de fisonomía. Las revoluciones y las guerras civiles proporcionaron la ocasión para que ascendieran gentes antes desposeídas, mediante la apropiación de tierras, el ejercicio deshonesto del poder o los matrimonios ventajosos. La carrera militar abrió las puertas a muchos mestizos y mulatos que se incorporaron así a las clases ricas, y las actividades comerciales —y en particular el aprovisionamiento de los ejércitos— sirvieron a otros para acumular fortunas que pronto fueron reinvertidas en tierras. Así se modificaron sensiblemente los grupos señoriales. Por su nueva composición se mantuvieron dentro del sistema moviéndose con soltura y eficacia, y por su antigua tradición se constituyeron en la derecha del sistema. Entretanto, aquellas mismas causas habían emancipado en alguna medida a ciertos sectores populares del mundo rural, arrastrados por las levas militares o enganchados en las rebeliones de las aristocracias rurales.

El conjunto social de ese mundo rural quedó alterado por la presencia de estos grupos. Los caracterizó, en el Río de la Plata, Domingo F. Sarmiento en el Facundo[17] con motivo de la secesión de José Artigas; y en Venezuela, Fermín Toro en sus Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1884.[18] En ese ámbito, las actitudes políticas se tornaron fluidas, indefinibles, porque el ámbito social fue hostil a toda regulación. Pero en todo caso, los grupos señoriales, con su cambiante fisonomía, no sólo mantuvieron su posición hegemónica dentro de una estructura económica conservada en lo fundamental, sino que recuperaron su poder político una y otra vez, en juego alterno con otras fuerzas, aprovechando cada oportunidad para robustecer su posición.

La continuidad del pensamiento político

A la continuidad de la situación socioeconómica correspondió una marcada continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales. La tradición hispánica y lusitana ofrecía una imagen armoniosa de la vida política ordenada y estable, cuyos sólidos e indiscutibles fundamentos aseguraban el tranquilo goce de sus bienes a quienes los poseían. Los grupos señoriales mantuvieron como espejo de toda política este cuadro, siempre idealizado, y procuraron corregir el agitado juego de la lucha por el poder imponiendo, cada vez que las circunstancias lo permitían, una pausa asegurada por la vía del autoritarismo. Los viejos y tradicionales grupos señoriales trajeron a este programa a los grupos nuevos surgidos al calor de las luchas revolucionarias y las guerras civiles.

Pero recibieron, además, el apoyo y la solidaridad, no sólo de los grupos populares que se mantuvieron políticamente inertes, sino también de algunos grupos urbanos medios que aspiraban a consolidar las primeras etapas del cambio, a conservar su nuevo status sin más riesgos y a impedir que sucesivas olas de radicalización perjudicasen su posición o alterasen la paz y el orden.

Así, integrados dentro del nuevo régimen y apoyados por grupos de intereses coincidentes en distinta escala, los grupos señoriales constituyeron los partidos conservadores en un sistema que, en principio, se manifestó como bipartidista. Sarmiento explicaba esta mecánica de los partidos en 1845:[19]

Cuando un pueblo entra en Revolución, dos intereses opuestos luchan al principio; el revolucionario y el conservador: entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían, patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos que querrían llevar la Revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones, que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores.

Las divisiones expresaron la oposición entre los que disputaban el poder; pero la oposición entre liberales y conservadores siguió expresando, netamente, una diferenciación ideológica, o, más aún, dos concepciones de la vida y de la historia, como lo expresaría a través de un largo examen pocos años después Juan Montalvo en un agudo ensayo.[20]

Un periódico quiteño[21] definía, en 1868, el pensamiento de los partidos conservadores en estos términos:

El Partido conservador, en las Repúblicas americanas, lo mismo que en las Monarquías europeas, es el partido que sostiene el orden, que predica la paz, que defiende los sacrosantos principios de la justicia y el derecho; en una palabra, que conserva la sociedad en vez de desquiciarla y anarquizarla como sucede cuando se proclama la insuficiencia de las instituciones y se aboga por la dictadura que es la muerte de la República.

La conservación de la sociedad significaba, en general, el mantenimiento de la sociedad vigente. En las elecciones colombianas de 1848, el candidato conservador, “…el doctor Cuervo era reputado como la personificación más completa del sistema que aspiraba a conservar sin cambio el actual orden de cosas”.[22]

Y esta expresión —”orden de cosas” — aludía particularmente a algunas cuestiones fundamentales que los adversarios del conservadurismo cuestionaban.

Ante todo, parecía imprescindible asegurar el mantenimiento de la gran propiedad con todos sus privilegios, entre los cuales figuraba, fuera de los propiamente económicos, una vaga jurisdicción política y administrativa del señor dentro de su propiedad y aun en su zona de influencia, resabio del sistema colonial. Cualquier transformación política, electoral, administrativo o judicial que conspirara contra esa imprecisa jurisdicción señorial repercutía sobre el uso que el señor podía hacer de su propiedad, y suscitaba una enconada resistencia por parte de quienes se sentían amenazados.

Entre tales amenazas, ninguna tan grave como la abolición de la esclavitud. Desde los primeros tiempos de la Independencia, el abolicionismo dividió las opiniones, porque los poseedores de la tierra creyeron que sin esclavos los beneficios de sus explotaciones disminuirían notablemente. Los argumentos en favor del mantenimiento de la esclavitud fueron esgrimidos por los grupos señoriales con habilidad y cierto cinismo. En 1823 mientras se discutía el problema en el Senado chileno, escribía Santiago Muñoz Bezanilla en el periódico santiaguino El Tizón Republicano:[23]

El senado ha sancionado la libertad de los esclavos: deseamos saber las razones en que se funda para disponer de las propiedades particulares, o el derecho que para él se hayan conferido los pueblos que han depositado en él la protección de su seguridad.

Entre atacar el sagrado derecho de propiedad y consultar el alivio de nues-tros semejantes, sólo había el arbitrio que el Congreso adoptó en 1811: éste fue el de la libertad de los vientres; pues el hombre es el príncipe de la naturaleza; y aunque siempre miraremos aquella disposición como dictada por la filantropía y por la primera de las ideas liberales, no dejaremos de decir que padeció de un vicio insondable, como llaman en el foro al hecho vicioso que consta de autos, que es decir indudable, y fue el de no haber antes reglado exactamente el importante ramo de policía.

Muñoz Bezanilla reforzaba sus argumentos a favor de la propiedad privada de los señores esclavistas enumerando los perjuicios que traería a los libertos la falta de protección. Esos y otros argumentos semejantes se esgrimieron también en Colombia en 1849:[24]

Los esclavos, se decía, son una propiedad de los amos, y el legislador no tiene derecho para suprimirla, porque el derecho de propiedad es anterior y superior a la ley: la propiedad es un dogma de las sociedades civilizadas. Si la raza negra no está sometida al trabajo forzado, se entregará a la ociosidad y a los crímenes. No se podrán cultivar las haciendas por falta de trabajadores, La suerte de esa raza será mucho más desgraciada en la libertad, porque no tendrá quien los vista y los mantenga: será una crueldad emanciparlos.

Y tales razonamientos parecían valer aún en las postrimerías del siglo, cuando en el Brasil, Ruy Barbosa los examinó minuciosamente y los condenó en su memorable discurso de 1896, en la muerte de José Bonifacio.[25]

No menos decidida fue la defensa contra la amenaza de cualquier legislación que procurara la liberación del siervo rural. La guerra civil suscitada en México por la Reforma, que halló forma legal en la constitución de 1857, probó la decisión de la clase señorial. Durante las discusiones del Congreso Constituyente de 1856, Ignacio L. Va-llarta,[26] que se opondría a que figuraran las reformas sociales en el texto constitucional, señalaría las formas de la opresión. Decía:

El propietario abusa cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no creados por la ley que representan los valores, cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado, para indemnizar deudas anterio-res; cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; cuando… es muy largo el ca-tálogo de los abusos de la riqueza en la sociedad.

Y los propietarios, con el fuerte apoyo de la Iglesia propietaria, resistieron enérgicamente las medidas reformistas, desencadenando la guerra civil.

Vallarta se opuso sólo por razones técnico-jurídicas a la inclusión de los derechos sociales en la constitución, pero la opinión conservadora se oponía por otras razones; en primer lugar, porque sentía en peligro sus intereses, pero más aún porque no comprendía que pudiera proponerse una legislación que iniciaba o proseguía el camino hacia la disolución de la sociedad fundada en la desigualdad, en cuya legitimidad creía. Esta creencia era muy profunda; arraigaba en la concepción colonial, y se mantenía vigorosa pese a la difusión de las ideas liberales y a la gravitación de principios jurídicos institucionalizados que establecían taxativamente una sociedad igualitaria. Los grupos señoriales permanecían impermeables a ellos, precisamente porque se trataba de una convicción arraigada en una situación social y económica inconmovible.

Quizá ningún teórico político haya expresado esta actitud de manera tan contundente como lo hizo el poeta peruano Felipe Pardo y Aliaga a mediados del siglo XIX, en una poesía que tituló A mi hijo en sus días:[27]

Dichoso, hijo mío,

tú, que veintiún años cumpliste:

dichoso que ya te hiciste

ciudadano del Perú.

Este día suspirado

celebra de buena gana,

y vuelve orondo mañana

a la hacienda y esponjado,

viendo que ya eres igual,

según lo mandan las leyes,

al negro que unce tus bueyes

y al que te riega el maizal.

Y vale la pena citar otra obra del mismo autor, porque perfecciona la imagen que el grupo social que él representaba se hacía de la legitimidad y las ventajas de un sistema político igualitario en una sociedad que juzgaba necesariamente desigual. Decía Pardo y Aliaga en el soneto titulado El Rey Nuestro Señor:[28]

Invención de estrambótico artificio,

existe un rey que por las calles vaga:

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

a la licencia y al motín propicio;

voluntarioso autócrata, que oficio

hace en la tierra, de ominosa plaga:

Príncipe de memoria tan aciaga,

que a nuestro redentor llevó al suplicio.

Sultán que el freno de la ley no sufre

y de cuya injusticia no hay reintegro;

rey por Luzbel ungido con azufre;

Cruza de tres tintas,

indio, blanco y negro,

que rige el continente americano,

y que se llama Pueblo Soberano.

No puede dudarse de que yacía tras esa burla un vigoroso pensamiento político, heredado de los encomenderos.

El pensamiento político de la derecha antiliberal

Incorporados al nuevo régimen suscitado por la Independencia, los grupos señoriales se convirtieron en el núcleo conservador que se dispuso a participar en la vida política para defender y consolidar sus posiciones. La expresión más genuina de su pensamiento estuvo representada por la derecha antiliberal, extremista y fanática, en cuyas ideas pesaba no solamente su tradicionalismo y su predisposición a la conservación del orden, sino también el horror que le causaba la experiencia de los regímenes surgidos del liberalismo o establecidos sobre sus principios. El liberalismo era para ellos ateísmo, caos, desenfreno; era también el signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica. Su reacción fue idéntica a la del romanticismo europeo, y como él creyó en la necesidad y en la posibilidad de una restauración del mundo, que había sido destruido. Este intento restaurador exigió cierto precio, y los grupos señoriales aterrorizados no vacilaron en pagarlo, aun cuando a veces comprobaron después que había sido excesivo.

Entre tantos temores, cada grupo puso el acento sobre el problema que más amenazante le parecía. Hubo numerosos matices en la reacción antiliberal. Pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, esa reacción conducía siempre a la instauración de un poder fuerte, del que se esperaba que operara la soñada restauración del pasado. Ahora bien, el poder fuerte —como los gobiernos europeos de la Restauración— no logró restaurar mucho. Como poder político pactó con las situaciones reales y en cada caso elaboró soluciones transaccionales de diverso alcance. Sólo la tendencia a detener el proceso de cambio fue común a todos, aun cuando en cada caso asumiera caracteres diversos.

Los grupos representativos de la derecha antiliberal actuaron en todos los países latinoamericanos después de la Independencia. Pero su actitud alcanzó singular significación en tres casos que conviene analizar separadamente: el del Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López, el de la Argentina en la época de Rosas y el del Ecuador en la época de García Moreno.

El Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López

El Congreso de 1814 consagró Dictador Supremo de la República del Paraguay al doctor Francia por cinco años; pero en 1816 otro congreso lo proclamó dictador perpetuo. La población de las áreas rurales apoyó una y otra designación, confiada en su capacidad de asegurar el orden. No pareció obstáculo que el doctor Fran-cia fuera notorio volteriano, porque el anhelo de orden fue superior a cualquier otro. Sólo las minorías ilustradas aspiraban a un régimen republicano. Pero “el astuto doctor adulaba la vanidad y estimulaba la codicia de todos ellos —escribe Robertson— El alcalde indio, el pequeño chacarero, el ganadero, el pulpero, el comerciante y el hacendado, todos fueron presas suyas”.[29] Es decir, toda la sociedad tradicional y su vasta clientela. Así fundó su dictadura, que duraría hasta 1840.

El doctor Francia, lector de Voltaire, Rousseau y Volney, y hostil a la tradición jesuítica del Paraguay, se enfrentó con la Iglesia, redujo sus privilegios y sometió a los religiosos a la tutela del Estado. El gobierno —decía con motivo de haber suspendido al obispo— “…no está, ni puede, ni debe estar ligado y ceñido a ninguna de las llamadas prácticas y disposiciones canónicas: siendo y debiendo ser solamente su regla el interés de Estado”.[30]

Pero fue ése el único vestigio de su formación liberal. A la inversa de lo que ocurrió con el movimiento de la Ilustración en España, la religión fue el único campo en el que el doctor Francia adoptó las ideas francesas del siglo XVIII; en los demás se mantuvo adherido al pensamiento tradicional español, y particularmente en el campo po-lítico.

Quizá creyó ser el doctor Francia un déspota ilustrado. Pero los grupos sociales esperaban de él, solamente, que fuera un déspota, con la consigna de impedir que la anarquía predominante en otras regiones de la América española ganara también el Paraguay. autoritarismo y centralización fueron los rasgos fundamentales de su largo gobierno, tan extremados bajo la forma de un poder tiránico que, al fin, también sufrieron sus consecuencias los grandes grupos señoriales. Algunos años después de su muerte decía el presidente Carlos Antonio López refiriéndose al doctor Francia:[31]

Por la concentración desmedida que estableció en la Administración, no había establecimiento ni institución alguna de las que en todas partes del mundo culto sirven de resortes a la Administración y ayudan la acción del Gobierno. Así es que no habían sino meros escribientes, ni se habían podido formar capacidades administrativas, judiciales, policiales, que pudiesen secundar las miras y trabajos del gobierno. No había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y religiosa; había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas y el tiempo había reducido al clero a un número muy diminuto de sacerdotes.

Pero nadie dio una imagen tan exacta de su autoritarismo y de sus designios centralizadores como él mismo, en un oficio que dirigió en 1828 al comandante de Itapúa:[32]

Aquí, cuando recibí este desdichado Gobierno no encontré de cuenta de Tesorería, ni dinero, ni una vara de género, ni armas, ni municiones, ni ninguna clase de auxilios, y no obstante he estado y estoy sosteniendo los crecidos gastos, la provisión y apresto de artículos de guerra que demanda el resguardo y seguridad general a más de costosas obras y faenas a fuerza de arbitrios, de maña, de diligencia aún con otros países, y de un incesante trabajo y desvelo supliendo por oficios y ministerios que otros debían desempeñar en lo civil, en lo militar y hasta en lo mecánico, recargado por todo esto aún de ocupaciones que no me corresponden, ni me eran decentes, todo esto por hallarme en un país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo por sacar al Paraguay de la infelicidad, y abatimiento en que ha estado sumido por tres siglos.

Tenía esta actitud política una finalidad: sustraer el país a la anarquía y asegurar el orden: pero, en rigor, no era una finalidad en sí misma, sino que estaba destinada a servir a otros objetivos fundamentales. El rasgo más característico de la política del doctor Francia fue su etnocentrismo feroz —antecedente de los nacionalismos latinoamericanos—, su vigorosa convicción de que la región —más que el país— poseía una personalidad definida e intransferible que había que conservar en toda su pureza, sobre todo librándola del contacto con las regiones vecinas. Ese etnocentrismo era el de los viejos conquistadores arraigados en la tierra durante tres siglos, con un fuerte sentimiento igualitario, por cierto, pero de todos modos adheridos a una concepción paternalista y a un profundo regionalismo. El doctor Francia aspiró a que el Paraguay se bastara a sí mismo. Su autoritarismo sirvió no sólo para que reinara la paz en las campañas y no se resquebrajara la estructura económica sino también para asegurar los monopolios del Estado para la explotación y comercialización de las riquezas naturales: las “estancias de la Patria” para la producción agraria y las maestranzas del Estado para la producción de artículos manufacturados. Y esta concepción de la vida económica aseguraba la independencia de la región y el mantenimiento de la fisonomía nacional, que tanto irritaba al dictador que no fuera reconocida desde el exterior.

Esta concepción etnocentrista era el fruto de un antiuniversalismo romántico, paradójico en un lector de Voltaire y de Rousseau, y por eso interesó tanto a Carlyle. Pero no era, en rigor, suyo, sino de un grupo social de raíz colonial, y era tan vivo que fue extremado hasta concluir en un enclaustramiento total del país con el que el viejo regalista terminó imitando a los jesuitas.

Decía a uno de los Robertson: “Usted sabe cuál ha sido mi política con respecto al Paraguay; que lo he mantenido en un sistema de incomunicación con las otras provincias de Sudamérica, e incontaminado por aquel malvado e inquieto espíritu de anarquía y Revolución que más o menos ha asolado a todas”.[33]

Pero evitar el espíritu de anarquía y Revolución suprimió hasta la raíz todos los derechos individuales que pregonaba el liberalismo, las formas de vida política y económica, la educación, el juego de las ideas. ¿Cuál era, el orden que quería asegurar? Un orden anterior a la Revolución, y que no podía quebrarse sino al precio de caer even-tualmente en la anarquía, o sea el orden social y económico de la Colonia. Por eso se le opusieron en un principio los grupos ilustrados, especialmente de Asunción. Pero su impotencia fue total, y el doctor Francia extremó el sistema sin oposición, sobrepasando, sin duda, los límites deseados por los mismos grupos que lo impulsaron y sos-tuvieron.

A la muerte del doctor Francia la dictadura subsistió, aunque Carlos Antonio López se manifestara un poco más progresista y menos violento. Estaba, sin embargo, persuadido de la necesidad de perpetuar el gobierno fuerte sin extender las libertades. Hacia 1861 el periódico oficial de Asunción, El Semanario, inició una campaña en favor de la monarquía, expresando en uno de los artículos en que se refería a los países sudamericanos: “Pueblos educados por la monarquía y para la monarquía, no han podido acostumbrarse a las formas republicanas, porque cada una de las páginas de su historia envuelve una elocuente protesta contra este género de gobierno”.[34]

Su hijo y sucesor, Francisco Solano López, recogió y maduró la idea. Sus modelos fueron la corte de Río de Janeiro, donde pensaba encontrar esposa en la familia imperial, y la corte de Napoleón III, cuyo lujo lo fascinaba.

Pero de ninguna manera se disponía a establecer una monarquía parlamentaria, sino absoluta y apoyada en una vigorosa fuerza militar. Pese a algunos signos de progresismo, su gobierno mantuvo en la política interna la misma orientación de los anteriores tanto en lo referente a las libertades como al ordenamiento económico y social.

b. La Argentina en la época de Rosas

A diferencia del doctor Francia, Rosas no apareció en el escenario político argentino sino veinte años después de la Revolución, cuando ya se había consumado la disgregación de lo que fuera el antiguo virreinato del Río de la Plata y cada región había alcanzado de hecho una casi total autonomía.

La provincia de Buenos Aires era, sin duda, la más rica y la mejor situada, puesto que poseía un puerto y una aduana que recogía los beneficios de toda la riqueza del país. Allí surgió Rosas como gobernador en 1829, ejerció el poder durante tres años, y después de un intervalo fue reelegido en 1835 con “la suma del poder público”, que ejerció hasta su derrota en la batalla de Caseros en 1852.

Rosas era un típico estanciero. Lo que esto significaba lo explicó en 1845 Sarmiento en Facundo,[35] en un texto que ofrece todos los elementos necesarios para un análisis social:

Rosas desciende de una familia perseguida por goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años; el silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidum-bre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y eso se ha reproducido en D. Juan Manuel y dos de sus hermanas.

Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia, y su padre lo destierra a una estancia. Rosas con cortos intervalos ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de treinta años; y ya en el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban, en materia de arreglos de estancias.

Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina, sospecho que de toda la tierra: porque ni un equitador, ni un árabe tienen que habérselas con el potro salvaje de la Pampa. Es un prodigio de actividad; sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la Pampa, lanzar gritos descompasados, rodar, hasta que al fin extenuado el caballo, sudado a mares vuelve él a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo… Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de siembra de leguas de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso, y sobre todo por la administración severa, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno, que ensayará más tarde para la ciudad misma… La autoridad ante todo: el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo; diez años estará en Buenos Aires y en toda la República haciendo azotar y degollar hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo, como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás, en cada comunicación oficial: ¡Mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios!, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa.

¿Dónde pues ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su Gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia, y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco: pero esta idea me domina hace tiempo: en la Estancia de Ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos: la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el degüello, a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campaña; la prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerrándolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta prolijidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a D. Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones, y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra; muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso, su manejo de una estancia, sus prácticas y administración, con el Gobierno, prácticas y administración de Rosas: hasta su respeto de. entonces por la propiedad, es efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respe-taba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable sin duda; yo sólo explico el origen de la antipatía.

Aun restando de esta descripción el apasionamiento que pueda haber puesto el polemista, quedan inequívocamente puntualizados en ella algunos de los caracteres fundamentales del régimen de Rosas. Todo su sistema de ideas derivó no sólo de su tradición señorial sino también de su inconmovible adhesión a los valores que esa tra-dición entrañaba y de su innata aversión a los principios del liberalismo. Creyó, como el doctor Francia, que la comunidad no debía albergar sino a los que compartían los sentimientos y las ideas tradicionales; y uno y otro creyeron que la proscripción de los adversarios era justa y lógica. Hubiera podido decir como el doctor Francia;[36] “Yo no llamo ni reputo paisanos a unos infames que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su patria..”., aun olvidando que la condición para permanecer era la sujeción y el conformismo.

Pero el respeto a los principios del derecho natural —al que solía apelar— o la consideración a los derechos individuales que el pensamiento liberal consagraba, parecíanle menos importantes que la defensa del patrimonio y del orden tradicional. Fue visible su desprecio por los hombres ilustrados de las ciudades y por sus ideas de origen europeo, como fue visible su adhesión a las formas de la vida criolla, a las normas y a los valores que ella entrañaba. Esta adhesión significaba —como lo destaca Sarmiento— una concepción autoritaria de la vida pública, y tal fue el rasgo predominante de su pensamiento y de su comportamiento político.

Rosas resumió sus opiniones sobre la acción de los regímenes liberales en unas pocas líneas de una famosa carta escrita a Juan Facundo Quiroga, en la que decía:[37]

Obsérvese que al haber predominado en el país una fracción que se hacía sorda al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los medios y recursos que teníamos para proveer a ella, porque ha incitado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque; los intereses particulares, propagando la inmoralidad y la intriga, y fraccionando en bandos de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de ningún vínculo, extendiéndose su furor a romper hasta el más sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los demás, cual es el de la religión; y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones, para entablar después un sistema general que lo abarque todo.

Rosas advertía sagazmente que el individualismo liberal rompía los vínculos de la vieja sociedad dual y paternalista; que la libertad de opinión creaba sectores politizados que progresivamente afirmaban sus derechos frente a las viejas estructuras de poder; que la libertad de conciencia debilitaba, no tanto el sentimiento religioso, sino la influencia paternalista de la Iglesia. Una de las armas políticas más afiladas que usaron sus partidarios contra los grupos liberales fue la acusación de ateísmo. Así los definía el cura párroco de la Iglesia porteña de San Nicolás, en unas décimas recitadas en una fiesta popular:[38]

Ellos son incendiarios,

De corazón asesinos,

De religión libertinos,

Herejes que han blasfemado

De lo más santo y sagrado

De nuestro culto divino.

Pero acaso lo que definió más claramente el pensamiento político de Rosas fue su resistencia a aplicar las concepciones iluministas a la organización del país. Hostil al racionalismo y a toda la filosofía política del siglo XVIII, sostuvo que la organización constitucional no era una solución eficaz —y menos la solución necesaria— para fijar el orden nacional. Sostuvo que la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias. Decía Rosas, en unas instrucciones que comunicaba a Quiroga:[39]

…el señor Quiroga debe aprovechar las oportunidades de hacer entender por todos los pueblos de su tránsito que el progreso es de desear que cuanto más antes pueda celebrarse; pero que al presente es en vano clamar por congreso y por constitución bajo el sistema federal, mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás. Porque en este sistema el gobierno federal no se une sino que se sostiene por la unión, representando en este estado los pueblos que componen la república para con las demás naciones; tampoco decide las diferencias de unos pueblos con otros sino que se reducen sus funciones a hacer cumplir los pactos generales de la federación, a cuidar de la defensa de toda la república, y dirigir sus negocios e intereses ge-nerales en relación con los de otros estados, pues para los casos de discordia entre dos provincias la constitución suele tener acordado un modo particular de decidirlas, cuando los contendientes no lo arbitran con su mutuo consentimiento.

Era, en el fondo, una concepción nacida de las ideas del romanticismo social; pero era, por eso mismo, una concepción propia de los grupos señoriales, aferrados a la realidad y reacios a su transformación. Representante y miembro eminente del grupo de estancieros que obtenía pingües ganancias con la preparación y exportación de carne salada, Rosas impidió la modernización de las explotaciones agropecuarias y se opuso a la formación de una burguesía urbana. Más consecuente que el doctor Francia, su polí-tica económica coincidió con su formación intelectual y con sus tradiciones sociales.

c. El Ecuador en la época de García Moreno

Dueño del poder desde 1861 hasta su violenta muerte en 1875, García Moreno gobernó el Ecuador dictatorialmente. Como Rosas y Francia, vivió obsesionado por el fantasma de la anarquía, y culpó de ella a las libertades que ofrecía y proporcionaba el régimen liberal. Pero, a diferencia del segundo, fue consecuente con sus principios ideológicos, recibidos de De Maistre, de Donoso Cortés y, sobre todo, de los sacerdotes jesuitas que fueron sus confidentes, sus instrumentos y sus consejeros: y a diferencia de los dos se preocupó por estimular ciertas formas de desarrollo económico moderno.

García Moreno poseía una vigorosa formación científica. Había estudiado química y geología y le apasionaba la investigación de la naturaleza. De esos principios de su formación intelectual derivó su preocupación por la difusión de la enseñanza, y especialmente la enseñanza científica. Creó la Escuela Politécnica, fundó laboratorios, colecciones de ciencias naturales, un observatorio; y sacudiendo la modorra tradicional, levantó edificios públicos y, sobre todo, construyó carreteras y caminos. Pero, al mismo tiempo, su formación católica y política lo llevó a la posición más extrema en la lucha contra el liberalismo, en una década —la del sesenta— en que se habían visto muchos excesos y en la que aparecería el Syllabus. En el discurso que pronunció después de jurar como presidente en 1869 se preguntaba:[40] “¿Cómo gobernar donde gobernar es combatir? ¿Cómo asegurar la civilización y el progreso a pesar de los que desean el desorden para medrar, porque saben que cuando el agua se revuelve el cieno es el que sube?”

Civilización y progreso son palabras que no pertenecieron ni al léxico de Francia ni al de Rosas. Pero García Moreno las usó, creía en sus contenidos y procuró que inspiraran su acción de gobierno. Dentro de estrechos límites, sin embargo. No creía que el progreso supusiera la modificación de la estructura agraria tradicional, y quienes lo empujaran hacia el poder, confiaban en el para que evitara las transformaciones que en la vecina Colombia, por ejemplo, había traído la legislación liberal. Tampoco creía que el progreso y la civilización requiriera o entrañara un régimen de libertades públicas. Por lo contrario, creía que no hay progreso sino dentro de un orden estricto, y en eso coincidía con el vigoroso sector señorial que exigía seguridad y estabilidad, con o sin progreso, y también con amplias capas de población conservadora, educadas bajo la influencia de la poderosa Iglesia Católica. Juan León Mera, el novelista autor de Cumandá y colaborador de García Moreno, a quien dedicó un en-cendido panegírico,[41] explicaba su posición política y su adhesión a las doctrinas conservadoras:[42]

Yo soy católico, no porque mis padres tuvieron la dicha de serlo, sino por el profundo convencimiento que tengo de la bondad y verdad del catolicismo. En cuanto a mis principios políticos; he aceptado los conservadores después del más duro examen, de haber visto que son los que más armonizan con los católicos… Y no porque soy católico y conservador… dejo de ser fervoroso republicano, amante y defensor de toda libertad pública bien entendida.

García Moreno expresó este sentimiento muy generalizado en una sociedad de la que se decía que, tras la Independencia, se había constituido en un convento, en tanto que la sociedad colombiana se había constituido en un colegio y la venezolana en un cuartel. Fue esa sociedad la que consagró constitucionalmente, una y otra vez, un tipo de poder ejecutivo en extremo vigoroso, que Juan Montalvo caracterizaba así:[43]

El presidente del Ecuador no es hombre como cualquiera; las leyes le dan cien ojos: es un Argos; las leyes le dan cien brazos: es un Briareo. Gigante en todo caso, a quien invisten de su fuerza todos los poderes, despojándose ellos mismos; a quienes amayoran los ciudadanos, menoscabando su propia elevación, para vol-verle hijo de la Tierra. Como tiene cien ojos, todo lo ve, todo lo sabe el presidente. Las paredes han de conservar sus mechinales por donde él meta un ojo averiguador y siniestro: conciencia, honra, amor son contrabandistas: allí les tema infraganti, y da con ellos en la casa del dolor, ésa que él ha levantado amasando los sesos de sus hermanos con lágrimas y sangre: argamasa a prueba de pico, secreto horrible descubierto por un operario del demonio.

En nombre del rey, en nombre de la ley, el presidente puede echar puertas abajo, y las echa. Si hay quien resista, ¡eh de mi guardia! llegan alabarderos y ma-ceras, y allí fue una familia. Tiene derecho de allanamiento. Para él lo sagrado del hogar doméstico es profano: entra a cualquier hora, sorprende a la doncella a medio vestir, pasa por sobre los niños, remueve, levanta las cenizas del fogón dormido. Los dioses lares son jocós y babuinos: ¡fuego sobre ellos! Y el templo, el templo de la pudicia femenina que en Roma era el más santo e inviolable, no alcanza más respeto que una casa de mancebía. El candado es el sello de la conspiración: puerta cerrada, puerta criminal: ¿no quiere romperse? ¡por las ventanas! ¡Arriba, valientes! El gobierno es un héroe; corona los balcones: extiende el brazo, vuelan las vidrieras. ¿Dónde están los traidores? ¿dónde los bandidos? Ni el lecho, ese mueble respetable donde se refugia la vergüenza, goza de fuero alguno contra la investigación impía que descubre secretos y desgracias, estos genios del traspatio que suelen dejarse estar en un rincón enfermos y abatidos. El presidente tiene derecho de allanamiento: debe saberlo, debe constarle todo, para castigar, para escarmentar, para exterminar. El presidente tiene derecho de exterminio. Los hombres, como no sean de los suyos, todos son proscritos: ¿les hallaron? a la plaza, donde les den azotes, o les vuelen la tapa de los sesos.

García Moreno ejerció ese poder sin vacilaciones. Pero aun así creyó que era necesario reforzar las disposiciones sobre el estado de sitio, argumentando vehementemente:[44]

Existe en las repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos, por desgracia, ciertos hombres a quienes debe lla-marse especuladores revolucionarios, por el propósito de hacer fortuna en las revo-luciones, y es indispensable contenerlos por el temor del castigo. Para evitar que se derrame sangre, es preciso armar al poder; la compasión por los criminales es la mayor crueldad contra los ciudadanos honrados y pacíficos, se ha visto la insufi-ciencia de las leyes comunes para contener los trastornos y se quiere todavía tener inerme al poder, en favor de los que atacan y hacen derramar sangre.

Ninguna de las libertades individuales subsistió, y todo fue sacrificado a la vigencia del orden, que era no sólo orden político sino también estabilidad social. Para consolidarlo, era necesario proveerlo de un fundamento inamovible, y apelando a la tradición hispanocolonial, se le dio un fundamento religioso en términos nunca alcanzados en otro país latinoamericano. La constitución de 1869 estableció en su artículo primero que “para ser ciudadano se requiere ser católico”; y en otro, que “la religión de la República es Católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Pero aún así no pareció suficiente. García Moreno, provisto de todas las armas legales para ejercer un poder omnímodo, inflexible en la ejecución de sus designios, implacable en la represión de todas las libertades políticas y civiles proclamadas por el liberalismo, creyó necesario fortalecer todavía más la estructura que inmovilizaba al país, a pesar del aparato técnico que se creaba. García Moreno asumió la defensa del Syllabus y el compromiso de dar cumplimiento a sus prescripciones; asumió la defensa de la Santa Sede, protestando ante el gobierno de Italia por la ocupación del Estado Pontificio; y en 1873 la legislatura consagró el Corazón de Jesús como patrón y protector de la nación.

Así se fue consolidando un Estado teocrático, montado para reprimir todo vestigio del espíritu liberal que había animado los primeros movimientos revolucionarios de Quito y Guayaquil, y prosperado con Rocafuerte y Urbina. Es sabido que Juan Montal- vo dijo, al tener noticia del asesinato de García Moreno: “Mi pluma lo mató”. Y aunque no fuera totalmente cierto, el anhelo de la restauración de las libertades civiles y políticas, que Montalvo defendía incansablemente, fue sin duda lo que movió el brazo de los homicidas.

El pensamiento político de la derecha liberal

La perspectiva abierta por la coyuntura favorable incorporó a la Revolución grupos diversos, de variadas predisposiciones y tendencias. Podría decirse que todos compartían en alguna medida los principios fundamentales del pensamiento iluminista de la filosofía política francesa del siglo XVIII. Pero en el curso del proceso revolu-cionario algunos grupos precisaron y defendieron convicciones muy moderadas, y constituyeron el núcleo de la derecha liberal. Se aglutinaron a su alrededor otros sectores que, habiendo sostenido posiciones más avanzadas, comenzaron a desplazarse hacia posturas menos aventuradas: unos porque consideraban haber logrado los fi – nes que se habían propuesto y querían consolidarlos, y acaso consolidar sus nuevas posiciones individuales; otros porque la experiencia del proceso revolucionario los había fatigado y buscaban poner fin a la fluidez de la situación introduciendo un principio de orden.

Esta derecha liberal vaciló entre la forma monárquica de gobierno y la forma republicana. Pero los matices eran muy tenues. En ambos casos se buscó fortalecer el poder político, y las diferencias se plantearon alrededor del problema del origen de la soberanía. No hay duda, sin embargo, de que quienes prefirieron la forma republicana, aun bajo su variante más autoritaria, demostraron mayor predisposición a un tránsito futuro hacia regímenes más liberales.

El pensamiento monárquico liberal

Bajo la influencia del modelo francés, pero sin duda porque los grupos rebeldes deseaban fervientemente encontrar una manera de consolidar el movimiento desencadenado. Haití creó un imperio mediante la constitución de 1805 y luego una monarquía en 1811, ambos efímeros. Sus sostenedores enfrentaron otros grupos republi-canos de un liberalismo más avanzado y consecuente, y propusieron la vigencia de la estructura militar para la administración del país.[45]

En México, tras el fracaso de Hidalgo y de Morelos. sólo se volvió a la idea de la independencia tras la Revolución de Riego en España. Esta vez fueron los grupos más conservadores quienes la promovieron. El Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821 por Iturbide. contenía “tres garantías” fundamentales: la conservación de la religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna, la Independencia bajo un régimen monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos. En defensa de su punto de vista monárquico. Iturbide declaró:[46] “Las desgracias y el tiempo liarán conocer a mis paisanos lo que les falta para poder establecer una república como la de los Estados Unidos”.

Y sobre la base de estas ideas liberales se instauró su efímera monarquía.

Un representante típico de la derecha antiliberal, Lucas Alamán, que escribía algunos años después, observaba que Iturbide creyó prudente atender a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando “la forma de gobierno a que la nación estaba acostumbrada”: y agregaba:[47]

Por haberse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la Independencia las teorías liberales más exageradas, se ha dado lugar a todas las desgracias que han caído de golpe sobre los países hispanoamericanos, las cuales han frustrado las ventajas que la Independencia debía haberles procurado, siendo muy de notar que los dos hombres superiores que la América española ha producido en la serie de tantas revoluciones, Iturbide y Bolívar, hayan coincidido en la misma idea, levantando el primero en su Plan de Iguala un trono en México para la familia reinante en España, e intentando el segundo llamar a la de Orleáns a ocupar el que quería erigir en Colombia.

Fundada en la fuerza militar y en el apoyo de los sectores más conservadores, la monarquía moderada de Iturbide no pudo resistir a los embates de grupos ligeramente más avanzados, cuya posición aseguraba un equilibrio más estable entre los diversos sectores en pugna. Quizá, la explicación más exacta del fracaso monárquico esté en las palabras que Bolívar escribió a Santander en setiembre de 1822:[48]

…creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de Méjico; pero a costa de la tranquilidad y aun de la dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento, porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador, que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En Méjico se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que libertar los campos de la monarquía.

Parece lícito interpretar que los “realistas” eran grupos de tradición señorial y monopolista y vehementemente antiliberales.

Razones semejantes a las que en México movieran a tales grupos, impulsaron a los moderados del Brasil a proclamar la Independencia y a organizar luego un régimen monárquico constitucional. Consumada la proclamación y convocada la Asamblea General Constituyente en mayo de 1823, se advirtió que la fórmula política hallada, satisfactoria para los grupos tradicionales, provocaba la irritación de sectores liberales que señalaron los peligros que la fórmula entrañaba y las aspiraciones que la fórmula no contemplaba: “antilusitanismo, restricción del poder personal del Soberano, libertades civiles amenazadas, conciliación del principio monárquico con el democrático y por eso hostilidad al grupo conservador y portugués que rodeaba a D. Pedro I”, según señala Pedro Calmón.[49]

El cuadro se completó con la Revolución de Pernambuco de 1824. Pero el nuevo Imperio sorteó las dificultades y se situó en un punto de equilibrio que resultó justo. El régimen se consolidó y su teoría fue explicada por el propio emperador en un proyecto elaborado por él o por sus colaboradores inmediatos en 1823 en el que se declaraba:[50]

Todos los publicistas de más crédito en Europa reconocen como una verdad indestructible en política que el sistema monárquico constitucional es el único que se debe adoptar en un gran Estado como el Brasil cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no estuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad.

El Imperio debía funcionar, en cuanto a las formas, como una democracia parlamentaria; en la práctica, sin embargo, expresaba la voluntad y los intereses de un sector relativamente reducido de la población, que, en efecto, gozaba de la posibilidad de canalizar políticamente sus designios. Por sobre el sistema de los poderes flotaba el poder del emperador, institucionalizado de una manera singular, según lo estableció el artículo 98 de la constitución de 1824, que —como dice Oliveira Torres— “parece una fórmula doctrinaria, pero es un mandamiento expreso del legislador constitucional al monarca en el ejercicio de su noble oficio de reinar”.[51]

El artículo expresa: “El Poder Moderador es la clave de toda la organización política, y es delegado privativamente al Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su primer representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la independencia, equilibrio y armonía de los demás poderes políticos”.

Colocada fuera del ancho campo de las actividades políticas, la monarquía parecía asegurar un fundamento inconmovible a las nuevas naciones, montadas sobre viejas estructuras sociales y económicas que, de esa manera, salvaban su existencia y se sustraían a las luchas.

En el Río de la Plata, la profunda crisis que siguió a la Independencia desalentó a los tímidos partidarios de la organización republicana y liberal y robusteció las convicciones de quienes tenían, por tradición y formación, opiniones favorables a la monarquía moderada. Desencadenadas las luchas entre las regiones del antiguo virrei-nato, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, liberales insospechables y originariamente republicanos, se manifestaron favorables a la instauración de una monarquía que pusiera fin a la disgregación, contuviera el senti-miento federalista y asegurara el orden interno. Esta idea fue sostenida con mucha vehemencia por José de San Martín y Carlos de Alvear, militares ambos de formación liberal incuestionable, pero monárquicos seguramente por tradición y autoritarios por su concepción profesional.

En 1815 escribía Carlos de Alvear:[52] “Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía”.

Y San Martín se preguntaba al año siguiente:[53] “¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil…; sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos?”

La solución que ambos buscaban no fue alcanzada en el Río de la Plata. Pese a ello, San Martín perseveró en su convicción y se propuso formalmente instaurar una monarquía en el Perú, coincidiendo con Bernardo Monteagudo, antes inflamado republicano. Una misión diplomática debía buscar un monarca en Europa; ajustándose a instrucciones precisas cuyo primer punto establecía:[54]

Para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este estado adquiera la respetabilidad exterior de que es susceptible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia, y la alianza o protección de una de las potencias de primer orden de Europa. La Gran Bretaña por su poder marítimo, sus créditos y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo un carácter más atractivo que las demás: están por consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex-Cobourg, o en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bretaña pase a coronarse emperador del Perú.

Por análogas razones surgieron sospechas de que Bolívar, pese a sus categóricas opiniones anteriores, comenzaba a deslizarse hacia la aceptación de la solución monárquica. De todos modos, el límite que separa un régimen monárquico del sistema republicano instaurado en la constitución boliviana de 1826 es casi imperceptible, como era tenue, efectivamente, la diferencia que percibían entre la monarquía y la república todos los que, habiendo tenido una formación liberal, se sentían empujados por la experiencia a una corrección de sus puntos de vista.

Razones semejantes, también, aunque más relacionadas con las ambiciones personales, pudieron nutrir ciertas tendencias monárquicas, más o menos ocultas, en los generales de Bolívar: Paéz, Flores y Mosquera. Hacia 1846 creció la sospecha de que acariciaban la intención de volcarse hacia la monarquía. Se recordaba que Páez había insistido ante Bolívar para que aceptase la corona, y que Mosquera se había manifestado partidario entusiasta, en 1826, de que Bolívar asumiera la dictadura absoluta y vitalicia. Pero lo indudable es que Flores gestionó en España, en 1846, la creación de una mo-narquía en el Ecuador, y obtuvo la promesa de que aceptaría el trono un príncipe español.

Hasta entonces las tendencias monárquicas respondían a los modelos de monarquía constitucional o parlamentaria que sedujeron a los liberales de principio de siglo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX esas tendencias se renovaron bajo la influencia del modelo de la monarquía burguesa que erigieron en Francia Luis Felipe y Napoleón III.

Frente al avance de las reformas sociales y políticas que triunfaron hacia 1857 en México, fuertes sectores tradicionales volvieron a acariciar la idea de instaurar un poder fuerte, apoyado no sólo en las fuerzas militares que respondieran a esos sectores, sino también en las fuerzas de ocupación que pudiera enviar alguna potencia extranjera, en defensa de la hegemonía de la Iglesia y de la tradicional estructura social. El proyecto tuvo éxito y así se instauró el imperio con Maximiliano. Las ideas políticas de los militares y de los grupos señoriales que lo apoyaron se relacionaban básicamente con una denodada defensa de la situación tradicional, amenazada, sobre todo, por una política de liberación de los indígenas y de restricciones a la hegemonía de la Iglesia. Pero el imperio fracasó, no sólo frente a la obstinación de Juárez y sus partidarios, sino a causa de la limitación del apoyo militar de las potencias europeas, cada vez menos predispuestas a las intervenciones políticas cuando aparecía la posibilidad de operar sobre su periferia mediante los mecanismos económicos.

Tres años antes de la coronación de Maximiliano: en México, en 1861, el presidente del Ecuador, García Moreno, solicitó por su parte a Napoleón III el establecimiento de una monarquía en Sud- américa, que no sólo incluiría el Ecuador sino también el Perú y acaso otros países, “bajo un príncipe designado por Su Majestad el Emperador”,[55] con cuya garantía pensaba organizar el orden interno del país.

El vasto esfuerzo para erigir regímenes monárquicos fracasó en todas partes, como concluyó finalmente, después de casi sesenta años, el régimen instaurado en el Brasil. La definida fisonomía institucional de la monarquía parecía ofrecer, por sí sola, una garantía de estabilidad; pero la sociedad latinoamericana no respondió a ese es-tímulo. Fue, pues, el monarquismo liberal un espejismo, alimentado por quienes consideraban que era posible; en América latina, detener el vigoroso cambio que habían suscitado sucesivamente el mercantilismo y la Revolución industrial por la sola fuerza de un mecanismo institucional.

El pensamiento republicano autoritario

El republicanismo autoritario fue la inversa del monarquismo liberal. Sus sostenedores comprendieron que el problema del origen de la soberanía —cualesquiera que fueran los términos en que se lo formularan los distintos grupos sociales— no podía plantearse en América, en los albores de la Independencia, como una enajenación gratuita en beneficio de una dinastía europea o de cualquier general afortunado. Los grupos populares y burgueses que promovieron y sostuvieron los movimientos revolucionarios pudieron disentir en cuanto al significado y contenido de la palabra democracia, o en cuanto al alcance y al valor de las ideas liberales; pero es innegable que los grupos regionales tuvieron la intuición profunda de que recuperaban o conquistaban la soberanía para decidir lo que quisiesen con respecto a su destino. La enajenación de la soberanía en beneficio de una organización monárquica repugnaba en el fondo a todos los grupos liberales, excepto a los más conservadores, y no fue suficiente para hacerla aceptable ningún adjetivo que la transformara en templada, constitucional, parlamentaria o moderada. El doctor Francia, en el Paraguay, y José G. Artigas en el Uruguay, fueron los exponentes más representativos de este sentimiento de repugnancia frente a cualquier intento de renunciar a la soberanía popular.

Sensibles a esta reacción, otros grupos conservadores buscaron la instauración de regímenes autoritarios —tan vigorosos como podía serlo la monarquía misma o quizá más— pero asumiendo la forma republicana, que suponía el mantenimiento de la soberanía popular, quizá temporalmente bajo tutela, pero dentro de un sistema que no implicaba una delegación y la hacía siempre reivindicable.

Estas ideas habían sido sostenidas vehementemente por Bolívar. Sin duda pensaba él que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra constituía el más perfecto de los sistemas políticos posibles en la época; pero un análisis de la situación imperante en el mundo hispanoamericano le aconsejaba, según sus puntos de vista, desecharlo. Otras razones fortalecían, además, su opinión de que la monarquía era inconveniente en América; y resumiéndolas, escribía en 1815, en la Carta de Jamaica:[56] “Por estas razones pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa“.

Pero de modo más vehemente aún rechazaba Bolívar una organización republicana en la que prevaleciera una “libertad ilimitada” y una “forma federal”.[57] Su concepción política quedó señalada ya en la citada Carta de Jamaica, donde decía, refiriéndose al régimen que entreveía para el futuro:[58]

Su gobierno podrá imitar al inglés: con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempes-tades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios.

Quedó expresada en ese pasaje su preferencia por dos instituciones fundamentales que revelaban las tendencias de su pensamiento político, y que hicieron suponer que acariciaba ocultamente ideas monárquicas: el senado hereditario y el poder ejecutivo vitalicio. Sus adversarios juzgaron, sin duda con algún fundamento, que dentro del cuadro de las ideas liberales, Bolívar había adoptado una posición de derecha y por eso lo consideraron inspirador del que luego sería el partido conservador.

En el discurso de Angostura[59] caracterizó Bolívar las ventajas del senado hereditario:

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades polí-ticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go-bierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magis-trados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses, y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios: el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido, y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.

Los peligros que significaba la constante renovación de las aspiraciones populares se conjugaban, en su opinión, con las pretensiones del poder legislativo, necesariamente sensible a la presión de sus mandantes para limitar las facultades del poder ejecutivo. Era, pues, necesario a sus ojos que dispusiera éste de todos los instrumentos necesarios para evitar los peligros de la anarquía, y que tuviera la estabilidad necesaria para enfrentar al pueblo. Decía en el discurso de Angostura:[60]

Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la ne-cesidad de atribuir a un Magistrado Republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.

Un Magistrado Republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del Pueblo hacia la licencia, la propensión de los Jueces y administradores hacia el abuso de las Leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al Pueblo; es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses, y de las pasiones del Estado social, que como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de sustraerse a la dominación. Es al fin un atleta lanzado contra multitud de atletas.

Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de una República. Si no se oponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del Gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía.

>Así quedó constituido el modelo del Estado republicano autoritario, que consagró en lo fundamental la constitución boliviana de 1826, elaborada por el propio Bolívar. El fundamento de la soberanía popular quedaba salvado, los principios de la división de poderes respetados, las libertades individuales consagradas, pero el poder político podía regular las presiones de los distintos grupos políticos y prevenir los riesgos de la tan temida anarquía, que no solía ser sino el fruto de las tensiones sociales, en busca de un nuevo equilibrio.

Como en el caso boliviano, los jefes militares que en otros países llegaron al poder y mantuvieron las preferencias republicanas y los principios institucionales de Bolívar, pugnaron siempre por fundar su autoritarismo espontáneo en prescripciones constitucionales. Los grupos liberales se opusieron sistemáticamente, y acaso podría de-cirse que así se definieron las diferencias entre los partidos conservadores y los partidos liberales de allí en adelante. Pero, aun violando las instituciones, las dictaduras militares ejercieron de hecho un tipo de poder, que correspondía al mismo esquema. Pocos testimonios tan ilustrativos como el de la señora de Francés Erskine Inglis de Calderón de la Barca,[61] esposa del primer ministro plenipotenciario que España envió a México, y que ha dejado un vivo y minucioso relato del golpe militar encabezado en 1849 por el general Santa Anna. Una sabia retórica republicana y liberal encubría el establecimiento de un poder fuerte sin otras limitaciones que las que impusieran los grupos de poder, cuyos portavoces eran los mismos que se hubieran sentado en los parlamentos que se hubieran reunido.

Pero Bolívar no quiso la dictadura sino el poder constitucional fuerte. Ese esquema no fue desdeñado por los liberales, muchos de los cuales, llegados al gobierno, adoptaron un estilo autoritario aun cuando su política estuviera destinada a instaurar los principios del liberalismo. Tal fue el caso de Rocafuerte en el Ecuador, de Castilla en el Perú, de Mosquera en Colombia y, más tarde, de Barrios en Guatemala. Para sobreponerse a la fuerza de los grupos conservadores y, especialmente, a la de la Iglesia, apelaron todos ellos a procedimientos considerados a veces dictatoriales, y sus gobiernos, en efecto, fueron juzgados como dictaduras más de una vez, y acaso con bastante fundamento. No se sabría decir categóricamente, y sin establecer muchos matices, si fueron éstos, gobiernos de derecha, aun cuando les corresponda esta caracterización por el tipo de comportamiento político, puesto que, por lo contrario, se mostraron favorables a la promoción de cambios económicos y sociales.

No menos dudas suscita el diagnóstico del más notable y conflictivo caso de republicanismo autoritario: el de Chile durante la época de Diego Portales, que fue considerado por sus contemporáneos como ejemplo de gobierno conservador y adoptado como modelo por muchos regímenes conservadores latinoamericanos.

Escribiendo veintiséis años después de su asesinato, su biógrafo Vicuña Mackenna[62] —un liberal— se preguntaba cuáles habían sido realmente las tendencias políticas de Portales, refiriéndolas a los dos partidos clásicos, conservadores y liberales, que él designaba con sus nombres populares de pelucones y pipiolos:

Y aquí salta a la vista una cuestión de lógica histórica, más bien que de tradición, porque el escritor crítico se pregunta, delante de los singulares y marcados contrastes de aquella rara existencia, cuál fue su verdadero carácter político, aparte de círculos y afecciones puramente personales. Y en verdad, aunque la tradición vulgar esté en esta parte completamente sancionada. la historia todavía duda. ¿Fue Portal es pelucón? ¿Fue pipiolo? He aquí el dilema que chocará a los unos como blasfemia y a otros como una cruel ironía.

Don Diego Portales, es verdad, tuvo por aliado el bando histórico llamado de los pelucones, pero nunca fue su caudillo. Fuéronlo de aquél, a la vez, Egaña y Rodríguez Aldea, y como intermediario entre ambos, el acomodaticio ministro Tocornal, su verdadero organizador político en la administración, pues los primeros eran sólo las dos antiguas columnas de su vetusto pórtico. La historia que hemos trazado en estas páginas está revelando, por cada una de sus faces, aquella verdad inmutable, que coloca a su protagonista en una posición única y excepcional delante de todas las facciones hostiles y de la propia que lo aclamaba como jefe. Casi no se menciona, en verdad, el nombre de uno solo de esos graves personajes del peluconismo, a quien no impusiera don Diego Portales alguna humillación, o de quien no tuviera a escondidas o en sus labios una sincera queja.

Por más que se busque, no existía ciertamente punto alguno de contacto ni de afinidad de hábitos, carácter o ideas, con los hombres que eran las lumbreras o los pilares de aquel poder que sólo apareció compacto más tarde sobre la arena, armado para combatir, como en 1840, o armado para la resistencia, como en 1851.

La historia del peluconismo propio comienza únicamente en la tumba del Barón. Don Diego Portales, en verdad, no tuvo más señal del tipo genuino pelucón, que el tupé postizo con que cubría su calvicie (calvicie de pipiolo…), y si a este solo título se le reconoce aquel nombre, es indudable que la historia no tiene ya para qué hacer valer su severa lógica en la duda.

Y tras de señalar algunos rasgos característicos de la contradictoria personalidad del ministro, concluía:

¿Y era éste, ni podría ser tal hombre, el caudillo de los pelucones, de aquel partido pretencioso de la aristocracia de los blasones y de las talegas, cuando él ha-cía mofa de pergaminos y no tenía a veces dinero suelto para comprar cigarros? ¿Del partido fastuoso y regalón de las tertulias de malilla y rocambor en salones de oro, cuando vivía en cuartos de alquiler y sus favoritos cortesanos eran Adalid Za-mora, don Isidro Ayestas y Diego Bórquez? ¿Del partido, en fin, timorato y com-pungido de las sacristías y de las sotanas cuando era reconocido por un ‘hereje’ (lenguaje de Santiago), y el clérigo Meneses temblaba al escuchar sus blasfemias, que es fama no excusó aun en presencia de su primo, el pulcro y modesto Obispo Vicuña?

o innegable es que Portales fue hombre de acción, refractario a la seducción de las ideologías y partidario de un sistema ordenado en el que las luchas políticas no esterilizaran el desarrollo económico. Sus opiniones políticas quedaron claramente expresadas en una carta que escribió desde Lima en marzo de 1822, en la que decía:[63]

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda vir-tud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y, ¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensa-rá igual.

Estas opiniones se asemejaban notablemente a las de Bolívar, y por ellas fue considerado conservador por los liberales. Respetaba, por cierto, los principios de orden heredados de la Colonia, pero no es igualmente exacto que procurara consolidar el sistema económico y social de la Colonia, porque, comerciante él mismo, y admirador de los Estados Unidos, promovió el desarrollo de nuevas formas económicas que abrían el camino de las burguesías. El liberal Vicuña Mackenna[64] resumía así su acción de gobierno:

Portales aparece entonces, desde cualquier horizonte que se le mire, como el coloso de la historia. Está solo, y por lo mismo, se ve más grande. Va a hacer la mudanza de la sociedad, después de haber hecho su trastorno; pero no consiente, ni auxiliares, ni consejos, ni inspiración alguna superior, porque se encuentra capaz de hacerlo todo, con tal de hacerlo todo por sí solo. Así, su labor pública es inmensa; sin límites su consagración al bien de la patria: su abnegación a todos los egoísmos que aquejan al hombre, verdaderamente sublime y ejemplo. Sin hacer cuenta ni de los ‘pipiolos’, a quienes su espíritu, lisiado casi siempre de incomprensibles extravagancias, llama peleajanos; ni de los ‘pelucones’, a quienes denomina huemules; ni de los presidentes, a quienes da el nombre de Ayestas; ni de él mismo, pues a sí se llama dictador plebeyo, o según su propia frase, ministro Salteador, él va a un fin dado, con todas las fibras del corazón palpitantes de energía, con la sonrisa de su genial humor sobre los labios, y no le importa que, al pasar, en su ardiente carrera sus propios amigos le llamen loco i ni que los adversarios que le combaten con una obstinación suprema, le apostrofen de tirano!

Portales en alas de su genio, entre tanto, viene atravesando el caos, y a medida que pasa, va dejando los cimientos de una prodigiosa creación, de la que los bandos que luchan o se acechan no se aperciben de pronto, pero que la historia desentraña cuando penetra con su linterna de luz en los arcanos del pasado. Anula el ejército y crea la Academia Militar; somete a la plebe y crea la guardia nacional; destruye el favoritismo financiero, herencia de la Colonia, y crea la renta pública; persigue la venalidad, plaga de la magistratura española, y regulariza la adminis-tración de justicia; desbarata el favoritismo de los empleos y crea la administración. Portales inicia así la más grande de las revoluciones a que aspira la República hoy mismo, la Revolución contra la rutina. No quiere el polvo de lo antiguo ni en los códigos, ni en las costumbres, ni en la educación pública, ni siquiera en las oficinas del Estado.

Casi sin riesgo de ser vulgar podría el escritor político describir a Portales en aquella época, armado del ‘plumero’ (mueble que él aclimató en las regiones oficiales, donde parecía exótico), y pasando por todas partes, sacudió la espesa capa de hollín que dejó la Colonia; sólo que a veces empleaba el mango, cuando la mancha no estaba en los muebles sino en los hombres…

Si Portales no fue por esto un gran revolucionario, fue más todavía, porque fue un gran innovador. Se ocupó poco de las leyes y de los principios, que su funesta ignorancia no le permitió comprender en todo su alcance; pero todo lo demás lo cambió de lugar, lo hundió en la nada o lo sustituyó por una de sus creaciones propias. Eran éstas, por lo común, toscas e imperfectas construcciones, parto de su genio inculto, pero en su conjunto bastarían a formar el andamio de hierro en que dejó sentadas las bases de la República que antes habían sido arena. Don Diego Portales fue el gran revolucionario de los hechos, fue el ejecutor práctico y tenaz de todo aquello que en el gobierno de sus antecesores había sido una bella teoría o un turbulento ensayo; en una palabra, hizo la Revolución administrativa, en el tercer período de crecimiento del país, después que los liberales habían hecho en su pubertad la Revolución política, v los primeros patriotas, en su cuna, ese cambio de nodrizas que se ha llamado la Revolución de 1810 y que nos dio una madre en lugar de una madrastra.

Y lo que maravilla en todo esto es que Portales realizase cosas tan nuevas y tan extraordinarias en el país, sin previo aprendizaje, sin ideas preconcebidas, sin maestros, sin estudio, sólo por la fuerza de un instinto poderoso y creador, al que no puede menos de reconocérsele la índole del genio. Portales, se ha dicho como un reproche, fue un hombre improvisado; pero fue más que eso, un extraordinario improvisador. Todo lo hizo a carrera y más o menos bien, pero lo hizo él solo con un esfuerzo de laboriosidad y dedicación, al que no ha alcanzado en Chile ningún hombre público, y atiéndase que todo lo que llevó a cabo fue sin sueldo, habiendo perdido su fortuna en la Revolución, y rehusando, a la vez, todos los honores y todos los empleos que se le conferían sin reparo.

La vasta polémica alrededor de Portales pone claramente de manifiesto el difícil problema de la caracterización de la derecha en Latinoamérica. Ciertamente, la aparición de una alta burguesía mercantil modifica los criterios y los complica, pues sus intereses no sólo la acercan poco a poco a ciertos grupos señoriales sino que la separan de los grupos liberales eminentemente ideológicos.

Portales se situó a la derecha de esos grupos liberales eminentemente ideológicos porque creyó necesario postergar la consumación del establecimiento de un sistema de plena libertad y de democracia política. Pero no trabajó menos que Rocafuerte o que Castilla a favor de una burguesía que prometía sacudir el viejo sistema señorial. Por esto último no podría decirse de él que fuera una expresión típica de la derecha. Una última salvedad podría hacerse: su comportamiento podría considerarse de derecha si se lo considerara un precursor de una política calculada para permitir la formación y consolidación de una alta burguesía sin que se abrieran las compuertas para el ascenso de nuevos sectores medios y populares. Tal fue precisamente la tendencia de las altas burguesías de muchos países latinoamericanos hacia fines de siglo, que concluyen constituyendo cerradas oligarquías.

4. El pensamiento político de las oligarquías liberalburguesas desde fines del siglo XIX

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la estructura socioeconómica de Latinoamérica mantuvo ciertos caracteres constantes. En términos muy generales la caracterizaba una sociedad dual en las áreas rurales y una burguesía urbana en la que el sector mercantil no alcanzaba a tener poder económico suficiente como para interferir en el sistema inspirado y dirigido por las clases poseedoras de la tierra; era, por lo contrario un sector dependiente de éstas, con una función intermediaria en la economía, y generalmente también en la política.

Sólo a partir de mediados del siglo XIX la burguesía urbana empezó en algunos países a tener mayor independencia, al producirse ciertos cambios de importancia en la vida económica. Si hasta entonces su papel había sido pasivo y cumplía funciones dentro de un sistema que no controlaba, de allí en adelante empezó a tener iniciativa propia y a diseñar otro sistema en el que las clases poseedoras de la tierra, aún siendo piezas fundamentales del juego, debían reconocer una zona, a veces extensa, de control. Era, naturalmente, la alta burguesía vinculada al comercio de exportación e importación, a la banca, a la especulación y a la administración pública. Apresurémonos a decir que muchos miembros de los grupos señoriales no vacilaron en incorporarse a esas actividades y operaron simultáneamente en los dos sectores de la economía, el primario y el terciario: pero el terciario incorporó a mucha gente que venía de otro origen: eran a veces extranjeros, radicados o no; gentes de clase media a quienes el dinero, las profesiones liberales o la política habían permitido alcanzar posiciones que el sistema hacía importantes o acaso decisivas; y el sistema mismo, más dependiente del mercado comprador que de los sectores de la producción, al escapar al control de los grupos po-seedores de la tierra, ofrecía importantes posibilidades de decisión, de lucro y de influencia a quienes llegaban a los puestos desde los cuales se ejercía su control.

Al cabo de poco tiempo —hacia la última década del siglo— se había diferenciado en el seno de los sectores medios una alta burguesía que tenía ya una inequívoca figura como clase económica y social, y claros designios que, en algunos aspectos, no coincidían con los de los grupos señoriales. Mantuvieron éstos sus convicciones básicas y sus ideas políticas, y cuando aceptaron su nuevo papel dentro de la economía en cambio, pretendieron conservarlas aun cuando colaboraban en la modificación de la estructura económica. Esta contradicción se advirtió en sus relaciones con la nueva burguesía liberalburguesa que, cada día más, alcanzaba mayor preponderan-cia. Hubo alianzas y oposiciones, pero los dos grupos, aún procurando coincidir ante la perspectiva de adversarios comunes —las clases medias y populares en ascenso— delinearon posiciones distintas. Cada vez más se perfiló la existencia de dos derechas.

La renovación de la situación social

Los cambios que se produjeron en la situación social de la mayoría de los países latinoamericanos fueron la consecuencia de la Revolución industrial operada en Europa, y que modificó rápida y profundamente tanto su estructura económica como la de los Estados Unidos. No sólo se produjo un acelerado incremento en la demanda de las materias primas que se relacionaban con las nuevas industrias, sino que creció mucho la de productos alimenticios. Los propietarios europeos de tierras elegían cuidadosamente el destino que le darían, y diversas circunstancias los alejaron en alguna medida de su antiguo tipo de producción. Por lo demás, los campesinos se sintieron atraídos por las ciudades, y produjeron un intenso éxodo rural de doble consecuencia: disminución de la producción de alimentos y creciente demanda de éstos en las zonas urbanas, cada vez más intensamente pobladas.

La consecuencia fue un cambio importante en la posición de Latinoamérica con respecto a Europa y los Estados Unidos. Esos mercados consumidores exigieron determinados productos dentro de un gigantesco plan de producción concebido en escala mundial, y esa exigencia, mucho más remunerativa que antes, fijó ciertas condiciones a la producción. El mercado consumidor estableció el o los productos exportables; prefiriendo en cada país un sistema de monoproducción estableció altos precios, pero fijó también altos niveles de calidad que requerían nuevas técnicas no sólo en la etapa de la producción sino también en la de la distribución; estableció relaciones de dependencia financiera que importaban dependencias inevitables y regímenes de importación de productos manufacturados; exigió privilegios y garantías que le fueron acordados a través de gobiernos a los que transformó en sus personeros; pero, sin duda, promovió una activa modernización de los países latinoamericanos, aunque al precio de una dependencia económica que muy pronto implicó, directa o indirectamente, una cierta dependencia política.

Esa dependencia convirtió al Brasil en un exportador de café. La Argentina, abandonando la elaboración de tasajo, se dedicó a la producción de cereales y de carnes, según las exigencias del mercado inglés; Cuba y Puerto Rico a la de la caña de azúcar; los países centroamericanos, a la de café y maderas; México, Perú, Bolivia, a la de minerales. La producción tenía comprador seguro, pero como a veces era el comprador único, fijaba los precios, estipulaba las calidades e imponía condiciones accesorias. La más importante fue la de equilibrar la balanza comercial mediante la importación de productos manufacturados, contrariando las posibilidades de desarrollo manufacturero local.

Las últimas décadas del siglo constituyeron una época de desarrollo en casi todos los países latinoamericanos y de formidable enriquecimiento de sus clases altas: las clases poseedoras de la tierra que suministraban el producto y las clases burguesas que intervenían en el complejo mecanismo de la distribución y el crédito. En algunos países aparecieron poco a poco algunas actividades manufactureras relacionadas con esa producción; pero, en casi todos, los sectores que más se enriquecieron fueron, además de los productores, los exportadores e importadores, y los que tuvieron éxito en la desorbitada especulación que acompañó el proceso de desarrollo.

Efectivamente, las nuevas posibilidades que se abrían exigían una renovación del dispositivo técnico. Era menester hacer caminos y puentes, puertos, edificios y, sobre todo, ferrocarriles. Las ciudades exigían además obras públicas importantes: aguas co-rrientes, desagües, pavimentos. Para todo eso, los países compradores ofrecieron a cada uno de los países con los que mantenían relación, fuertes y renovados empréstitos que originaron, junto con otros factores, graves problemas financieros. El crédito y la espe-culación contribuyeron también a renovar la fisonomía de la nueva sociedad.

En la euforia del desarrollo, el crédito adquirió también caracteres de especulación. Aparecían y desaparecían empresas y sociedades destinadas a la ejecución de ambiciosos proyectos, que creaban fortunas y las hacían desaparecer; y en el otorgamiento de los créditos, de las concesiones y privilegios, quienes estaban vinculados al poder tenían la posibilidad de obtener ventajas que significaban quizás el enriquecimiento repentino. Cosa semejante ocurrió con la especulación en tierras, hecha en previsión de la expansión de las ciudades, de la fundación de colonias y, sobre todo, de la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles.

Reflejo indirecto de la expansión europea y norteamericana, la nueva riqueza operó cambios sociales de gran trascendencia en Latinoamérica. Quizás el más notable y visible fue el que resultó de una importante inmigración europea: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. México; países de clima templado y semejante al de algunos países europeos, fueron los preferidos. En pocas décadas se incorporaron a las sociedades tradicionales contingentes numerosísimos de italianos, españoles, alemanes, judíos y, en menor escala, de otras nacionalidades. El desarrollo económico implicaba el problema de la mano de obra; y al tiempo que se desechaba definitivamente el trabajo de los esclavos, se buscaba otra mano de obra más eficiente, abriendo algunos cauces nuevos para la economía, como la producción del café en Brasil o de los cereales en la Argentina.

Pero, al mismo tiempo, la inmigración buscó las ciudades, acrecentó el complejo de las poblaciones urbanas y formó vastos sectores de pequeña clase media, artesanal o comercial, que codificaron la fisonomía de las ciudades. Esas clases medias, sustentadas por la vasta empresa de intermediación que suponía la producción en gran escala de productos exportables y la importación de artículos manu – facturados, suscitaron toda clase de problemas derivados; compuestas, naturalmente, no sólo de inmigrantes, sino también de población criolla —mestizos muy especialmente en algunos países—, revelaron la fuerte tendencia de sus miembros a mejorar su posición social y económica. Fueron sectores de gran movilidad en muchos países, y no sólo hubo deslizamientos desde situaciones de baja clase media hacia sectores profesionales y comerciales en una o dos generaciones, sino que hubo una marcada tendencia de sus miembros a lograr cierta participación política.

En el seno de las clases populares se advirtieron también algunos cambios. Los sectores rurales criollos o indígenas fueron quizá los más estáticos. Pasaron a veces del sistema paternalista de las viejas haciendas a un sistema industrial despersonalizado que agravó aún más su situación. En las ciudades, en cambio, mejoraron algo los sectores asalariados. Donde hubo éxodo rural, los criollos, indios y mestizos se incorporaron a actividades nuevas: fueron generalmente peones en las grandes obras públicas, o en la construcción, o ejercieron pequeñas manufacturas y aun cierto comercio. Donde hubo in-migración europea, los inmigrantes que no lograron ascender de clase, ni siquiera al sector artesanal, fueron también peones en obras, trabajaron en las artesanías —como panaderos, herreros, etcétera—o se ocuparon de servicios públicos. También ellos manifestaron cierta tendencia a la participación política acompañando a quienes iniciaron movimientos de resistencia antipatronal —que fueron preferentemente artesanos— o integrándose en la clientela de los caciques o caudillejos políticos.

Por sobre esta masa activada por el impacto del desarrollo económico se situaba, según la escala de prestigio social, una clase media tradicional; profesionales, comerciantes, pequeños propietarios, burócratas, que se mantuvieron al margen de la ola de ese desarrollo. Atada a sus costumbres y a sus prejuicios, declinó por el solo hecho de mantenerse estable, y no quiso o no fue capaz de encontrar un camino para salir de su posición. Pero por encima de ella se situó otro sector de la clase media que sí supo encontrarlo. De sus filas salieron quienes integraron la primera o la segunda fila de esa alta burguesía, un poco aventurera, que se puso a la cabeza de la sociedad en cambio.

Esa alta burguesía, sin embargo, tenía también en su núcleo un sector de las clases altas tradicionales, vinculado ya a la riqueza mercantil o al poder, dos puertas que abrieron el paso a la formación del nuevo grupo. De mentalidad moderna, llamémosle así, desencadenó el cambio o contribuyó a su logro, sin escrúpulos y con audacia, alcanzando pronto un nivel de influencia y riqueza que lo separó del conjunto de su clase. Ese sector fijó una posición, y a su alrededor se aglutinaron grupos más altos y más bajos: algunos provenientes de las clases señoriales que quisieron participar de la aventura de la nueva riqueza en todos los niveles —y no sólo en el de la producción— y otros provenientes de las clases medias. Este conjunto fue el sector dinámico de la sociedad y creó las nuevas fórmulas políticas que adoptaron casi todos los países latinoamericanos al finalizar el siglo XIX, tan variadas como puedan ser sus apariencias.

La continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales

A pesar de la profundidad de los cambios que se operaron en la estructura socioeconómica de los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos señoriales se resistieron a modificar sus convicciones políticas. Este hecho, tan simple como pueda parecer en apariencia, explica muchos aspectos de la vida social y política latinoamericana.

Como poseedores de los medios de producción, la tierra en primer lugar, los grupos señoriales —o la casi totalidad de sus miembros— aceptaron un cambio que los beneficiaba y se prestaron a sumarse a él en el plano estrictamente económico. Fueron capaces de modificar la organización de las haciendas, de adoptar nuevas técnicas de producción, de abandonar ciertas tradiciones a las que parecían atados. Pero pretendieron mantener su concepción del mundo, su sistema de valores, su concepción de la política, aun cuando por vía intelectual advirtieran la contradicción que ello implicaba.

Sin duda esa contradicción estaba latente desde los tiempos de la conquista. Esos grupos señoriales, dotados de vastas extensiones de tierra en un mundo colonial que se insertaba en el área del desarrollo mercantilista, adoptaron una actitud feudal hacia adentro —en sus haciendas y con respecto a la sociedad colonial—, pero aceptaron y siguieron una actitud mercantilista hacia afuera. Acaso esta dualidad explica la polémica acerca de si la conquista hispanoportuguesa fue feudal o capitalista, sobre la que no es oportuno entrar aquí. Parece evidente que sí fueron las dos cosas: una hacia adentro y otra hacia afuera. Y, cuando tres siglos después, el mundo mercantil —esto es, el mercado mundial integrado— adoptó una nueva fisonomía, los grupos señoriales pretendieron mantener la contradicción, aceptando los nuevos requerimientos de la economía mundial sin modificar su concepción política y social en relación con la sociedad en que vivían. Esta pretensión ya era un poco anacrónica en el siglo XVI; lo fue aún más a comienzos del siglo XIX al producirse los movimientos emancipadores; pero resultó absolutamente insostenible después de promediar el siglo XIX, cuando se sintieron los efectos no ya de la Revolución mercantil, sino los de la Revolución industrial.

Con todo, los grupos señoriales latinoamericanos abandonaron su pretensión, y así como habían sabido —y podido— resistir las influencias de la ideología liberal, intentaron resistir las situaciones de hecho que creó el impacto de los nuevos requerimientos económicos.

Esta vez el proceso de secularización fue más vigoroso aún, porque su peculiar dinámica creó en los diversos países latinoamericanos una burguesía urbana muy móvil, y con una especialización funcional en el proceso de intermediación que aseguró las posibilidades de una nueva opción para los sectores sociales dependientes de los grupos señoriales. El proceso de movilidad social fue intenso, el éxodo rural se aceleró, y los grupos señoriales perdieron buena parte de los recursos que poseían para asegurar la perduración de su hegemonía y el primado de sus concepciones políticas.

Empero, no cedieron. Ciertamente, perdieron fuerza sus convicciones, y perdieron también eficacia sus principios, que comenzaron a adquirir un aire anacrónico. Pero igualmente no cedieron y buscaron refugio donde pudieron hallarlo, aun cuando la defensa de los ideales tradicionales cobró a veces un tono romántico y nostálgico, y otras veces un aire de confesada impotencia, y en ocasiones una agresividad eficaz.

La debilidad del pensamiento político de los grupos señoriales residía en que pretendía defender la legitimidad del orden social y político tradicional y las formas de vida y los ideales tradicionales, pactando sin embargo con una nueva estructura económica mercantilista, organizada como dependencia de una estructura industrial foránea. La contradicción era tan obvia que los grupos señoriales no asumieron frecuentemente la defensa doctrinaria de sus posiciones, sino que se limitaron a sostener estas últimas en los hechos, disfrazando generalmente sus fundamentos con una nueva retórica más o menos eficaz. Quizás el más brillante episodio de la defensa de la concepción tradicional de la vida, intentada tardíamente en el seno de una sociedad que había girado resueltamente hacia su inclusión en la periferia de la sociedad industrial europea, sea la Revolución que desató en el Uruguay, en 1897, Aparicio Saravia, “…hijo de una opulenta familia del departamento de Cerro Largo, fuerte hacendado y de reputación personal altamente favorable”.[65]

El cronista de la Revolución fue Luis Alberto de Herrera, más tarde jefe del Partido Nacional —o Partido Blanco— y heredero político del caudillo rebelde, que caracterizó así el movimiento:[66]

Sin embargo, el Partido Nacional no se encontraba preparado para entrar en liza.

Treinta y tantos años de derrota, llevan cierto desorden a las filas, empalidecen el brillo acerado de los ideales y dejan muchos claros y vacíos difíciles de llenar.

Pero de cualquier manera, hubiera o no hubiera elementos, el sacudimiento vendría. La doctrina evangélica no puede rezar con los pueblos altivos ni con los hombres de honor. ¿Quién no castiga un bofetón en la mejilla?

En efecto, el 25 de noviembre se supo en Montevideo con indecible sorpresa, que acababa de alzarse en armas casi en el centro de la República ya militarizada, don Aparicio Saravia en compañía de su hermano Antonio Floricio, alias Chiquito, y seguido por algunos centenares de paisanos, en su casi totalidad desprovistos de recursos de guerra.

Nadie dudó que se trataba de una sublime locura, cuya audacia infinita sabría castigar el afilado sable de los escuadrones bordistas. Idéntica apreciación flotaba en todas las esferas. Ya estaba cerrado el periódico de los levantamientos a lanza; ya había caducado la supremacía de los caudillos; ya los gobiernos eran invencibles.

Por lo demás ¿de dónde salía aquel rebelde de sombrero blando y poncho campero, general improvisado de un movimiento estrafalario?

Quizá no lo sabían las clases burguesas de la capital, aquellas personas que se agitan en esta inmensa colmena sin conocer otro camino que el de sus tareas, ni horizonte más alto que el tapete de su escritorio; pero para quienes reciben alguna vez los ecos de la rica campaña y siguieron las fases trágicas de la Revolución riograndense, poseía talla propia el infatigable guerrillero que ya atraía sobre sí, envidias y nacientes admiraciones.

La referencia final de Herrera puntualizaba la recepción del contraste entre dos formas de vida, rural y urbana, la primera de las cuales entrañaba una concepción lúdica y heroica: la segunda, en cambio, era propia de las “clases burguesas” de Montevideo y aparecía rutinaria y mezquina. Este dualismo, que había descrito, entre otros, Sarmiento, solía darse en los teóricos europeizantes como una oposición entre civilización y barbarie, de la que el término valioso era la civilización, esto es, la vida urbana, la vida de las burguesías. Herrera recogió el dualismo pero invirtió el signo de valor. Y tanta importancia le atribuyó, que explicaba con él —como los sociólogos burgueses— el curso de la historia de su país:[67]

Cada vez que leo la historia de mi país, pienso cuando llego a los promisorios acontecimientos de 1851, que ese año de cualquier modo memorable, debió ser para nuestra nacionalidad altísimo mojón denunciador de amplio y glorioso porvenir.

Sin indagar los motivos originarios, tienen explicación a nuestro juicio, los recios choques de bando que sucedieron y hasta precedieron a la declaratoria de la Independencia.

El país era muy reducido, muy temerarias las aspiraciones dominantes y en las edades viejas no eran pocos los soldados que ganaban cada ascenso al precio de una cicatriz.

Los prestigios militares cobraban vigor con facilidad, en tierra donde el valor había dejado de ser virtud por lo vulgar, donde se mecía a los niños cantándoles odio hacia el opresor, donde morir al enristrar la nativa lanza en defensa de los dioses lares, colmaba los anhelos de todos.

La espada pesaría de manera decisiva, cuando cristalizara un organismo político dentro de nuestros disputados límites; y el espíritu selvático de nuestros abuelos, las proverbiales rebeldías de antaño, perpetuadas y obedientes a la voz de los caudillos, importaban una seria amenaza de dislocamiento social.

Esas robusteces guerreras, el cariño al terruño que durante las épicas campañas por la emancipación amasó tantos heroísmos y tan beneficiosas resistencias, habían relajado los vínculos de la común disciplina.

Llegado el momento de la organización sólida y definitiva, ¿habría brazo bastante fornido, capaz de encauzar apetitos ilimitados y voluntades sin muelles, que sólo entendían de bolear potros, correr cuchillas y vivir en desafío a muerte con propios y extraños?

La vez que eso se quiso, quedó hoscamente señalada la prevención campesina a los hijos de las ciudades.

La ignorancia de las muchedumbres andariegas, exigía que para ser buen ciudadano se fuera antes buen gaucho. ¿Acaso quien no sabía dominar un caballo estaba en aptitud de dirigir los negocios comunes?

El dualismo se había planteado, y en esa antagónica disparidad de factores encontraremos la causa verdadera de las acciones y reacciones, de los desórdenes y conflictos que conmovieron la vida nacional durante medio siglo.

Pero el desprecio de los grupos señoriales por las clases burguesas no ocultaba poco de resentimiento, porque se habían visto obligados, para subsistir o para enriquecerse, a aceptar cierta tutela de los sectores mercantiles que dominaban la vasta red del comercio internacional, sin la cual nada valía su riqueza. Ese resentimiento condujo a una exaltación no sólo de los valores criollos tradicionales —rurales, lúdicos, heroicos— sino también a una exaltación de las familias y los hombres de aquellos grupos, a quienes se les confirió una superioridad natural sustentada con variados argumentos. Gilberto Freyre habla del “arianismo casi místico de Oliveira Vianna”,[68] porque el sociólogo brasileño fundó en razones de raza la superioridad de las viejas clases señoriales del Brasil. Decía en 1930 en su obra Evolución del pueblo brasileño,[69] refiriéndose a la época colonial :

En su estructura social, esos latifundios poseen tres clases perfectamente distintas: la señorial, la de los hombres libres, arrendatarios de la propiedad, y la de los esclavos, que son los obreros rurales.

En la primera clase figuran los señores del ingenio, su familia, sus parientes —muy numerosos, por demás, en esos tiempos de gran solidaridad familiar— y los individuos blancos agregados al señor del ingenio. Son todos casi enteramente de raza aria.

Oliveira Vianna[70] descubría en las familias de los señores de ingenio rasgos raciales inequívocos, pero también rasgos eugenésicos que perpetuaban virtudes excepcionales a lo largo de generaciones:

Esos grandes señores territoriales son, como sabemos, extremadamente celosos de sus linajes aristocráticos; procuran mantener lo más posible la pureza de la raza blanca de la cual descienden. Ahora, como blancos puros, el temperamento aventurero y nómade que los impele hacia los ‘sertoes’ a la caza de oro de indios, no les puede venir sino de una ancestralidad germánica: sólo la presencia en sus venas de glóbulos de sangre germánica puede explicar su combatividad, su nomadismo, esa movilidad incoercible que los hace irradiar por todo el Brasil, al norte y al sur, en menos de un siglo. Los braquicéfalos peninsulares de raza céltica, o los dolicocéfalos de raza ibérica, de hábitos sedentarios de índole pacífica, no parecen haber podido darles ni esa movilidad, ni esa belicosidad, ni ese espíritu de aventura y de conquista.

Otro hecho que parece reforzar también la presunción de la presencia de dolicocéfalos rubios, con celtas e íberos, en la masa de nuestra primitiva población, es el soberbio eugenismo de muchas familias de nuestra aristocracia rural. Los Cavalcanti en el norte, los Prados, los Lemes, los Buenos en el sur, son ejemplos de casas excepcionales que han dado al Brasil, desde hace trescientos años, un linaje copioso de auténticos grandes hombres, notables por el vigor de la inteligencia, por la superioridad del carácter, por la audacia y la energía de la voluntad.

Así se constituyó una clase social que Oliveira Vianna[71] veía predominar, legítimamente, durante el Imperio, perpetuando sus calidades tradicionales:

La afición por la vida rural, por otra parte, se acentúa y se refina, deshaciéndose de los aspectos groseros de la conquista: la posesión de una propiedad agrícola se convierte en aspiración común de todos los espíritus amantes de tranquilidad y de paz. Los elementos de la flor y nata de la sociedad, los políticos en evidencia, los estadistas, como todos los que quieren poseer un poco de autoridad social, procuran el punto de apoyo de una finca rural, de modo que en la vida pública y privada, obran con el decoro, la independencia y la hombría que sólo pueden tener aquellos para quienes el problema de la subsistencia está resuelto de un modo estable y cabal. ‘El brasileño que puede —dice un publicista del 2° Imperio— es agricultor; ejerce la única profesión verdaderamente noble de la tierra. Los empleos serviles los pospone. Recordad los aires señoriales y ciertos modales aristocráticos del gran propietario: es el tipo del brasileño rico’.

Esa aristocracia rural es la que provee todos los elementos dirigentes de la política en el período imperial. Los cargos de la administración local, en los municipios y las provincias, son llenados por ella. De ella salen la nobleza del Imperio y los jefes políticos que reúnen y organizan en los municipios y las provincias los elementos electorales y partidarios locales. De ella proceden también las juventudes que afluyen a las academias superiores del norte y del sur, a Recife, a Bahía, a San Pablo, a Río y siguen su carrera hacia las profesiones liberales y las altas esferas de la vida parlamentaria y política del país.

Y resumiendo el papel que esa aristocracia había desempeñado, concluía:[72] “En un país en que los elementos dirigentes tienen tal relieve y estatura, o se gobierna con ellos o, sin ellos, no se gobierna”.

Una reminiscencia, más o menos sublimada, de las creencias tradicionales en la superioridad de las viejas aristocracias en proceso de decadencia económica y social, apareció en las literaturas vernáculas cultas; escritores de familias tradicionales recogieron sosegadamente, sin espíritu polémico sino con un fuerte sentimiento nostálgico, los recuerdos de un pasado rural algo desvanecido y evocaron las formas de vida y las virtudes que entonces caracterizaron a los hombres de ese ambiente. Ricardo Güiraldes, Benito Lynch y Enrique Larreta en la Argentina y Carlos Reyles y Javier de Viana en el Uruguay intentaron la resurrección poética de los valores predominantes en una sociedad precapitalista.

Pero aun ellos, en su mayoría asiduos visitantes de París —un París burgués—, ponían de manifiesto la íntima e irresoluble contradicción de los grupos señoriales. Menos sublimada y más explícita fue la actitud de los que emprendieron lo que se ha llamado el “revisionismo histórico”, intento de aniquilar la obra de las burguesías ilustradas en el que, evitando el problema de las relaciones entre la burguesía de hoy y las nuevas clases populares, se las fustigaba por su actitud contra los grupos señoriales en virtud del apoyo que en el pasado recibieron éstos de las masas rurales.

La defensa de las viejas aristocracias y de sus descendientes y herederos llevó a algunos a defender también las ventajas de la estructura latifundista. En México, Francisco Bulnes atacó a la Revolución desde un punto de vista conservador, y no sólo fustigó a la “burguesía burocrática”, a la que atribuía la línea revolucionaria triunfante, sino también a quienes, como Zapata, pretendieron hacer una “Revolución racial” en beneficio de la clase indígena. En cambio, afirmó que México necesitaba una “dictadura organizada”, un gobierno de las clases acomodadas, y defendió el latifundio afirmando que cuando es trabajado por hombres libres —y no por siervos— crea riqueza y ofrece prosperidad a las clases populares. Citando estos pasajes, agrega Víctor Alba[73] que las ideas sociales de Bulnes “sintetizan las de una parte considerable de la sociedad mexicana, que jamás las formuló explícitamente”. Una vez más se advierte este curioso rasgo de la actitud señorial.

También sostenía Bulnes que tanto el partido conservador como el liberal eran “facciones corruptas”. Afirmaciones semejantes formularon en diversos países los sectores señoriales, a partir del momento en que los fenómenos de ascenso de clases medias y populares tornaron imposible su ascenso al poder por el camino del sufragio. El ejercicio de la democracia y los mecanismos por medio de los cuales se ejercitaba parecían ofrecer un espectáculo degradante a los ojos de quienes se sentían poseedores no sólo de los medios de producción sino también de un grado casi sublime de dignidad. En rigor, los grupos señoriales no poseían en su tradición más que la política del poder. Cuando tuvieron que descender a las formas competitivas de la política, no sólo perdieron el aplomo que les era peculiar, sino que tuvieron que aceptar —como en el campo económico— la intermediación de los grupos burgueses para evitar su desplazamiento en situaciones normales. Apelaron con frecuencia al recurso de provocar situaciones anormales, y para justificar ese proyecto, denunciaron el aspecto degradante de las luchas en las que hacían su aprendizaje político las clases medias y populares en ascenso. Empero, cuando aceptaron la intermediación de los sectores burgueses para participar en el poder, transigieron con las prácticas propias de las democracias incipientes, y coadyuvaron al triunfo ofreciendo sus clientelas sociales en calidad de clientelas políticas.

Algunos espíritus refinados y sin vocación por el poder —hijos sensibles de padres poderosos— renunciaron abiertamente a la política y transfirieron sus sentimientos aristocráticos a las actividades del espíritu. Al comenzar el siglo XX, exactamente en 1900, el escritor uruguayo José Enrique Rodó publicó un profundo ensayo que tituló Ariel,[74] en el que denunciaba los peligros de las democracias igualitarias:

Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación con el allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.

Con relación a las condiciones de la vida de América, adquiere esta necesidad de precisar el verdadero concepto de nuestro régimen social un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita: por la influencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación y encauzar el torrente humano con los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden político seguro y los elementos de una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando su ordenación jerárquica a la torpeza del acaso, conduce forzosamente a hacer triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías.

De todos los riesgos que la democracia implicaba, ninguno le parecía más grave que el predominio del espíritu utilitario:[75]

La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolví – miento democrático de nuestro siglo, ni se ha opuesto en formas brutales a la sere-nidad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, a la manera de una bestia feroz, en cuya posterioridad domesticada hubiérase cambiado la acometividad en mansedumbre artera, e innoble, el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo igualitario y lo vulgar, puede ser un objeto real de acusación contra la de-mocracia del siglo XIX. No se ha detenido ante ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar angustiosamente algunos de sus resultados en el aspecto social y en el político. Expulsando con indignada energía del espíritu humano aquella falsa concepción de la igualdad que sugirió los delirios de la Re-volución, el alto pensamiento contemporáneo ha mantenido al mismo tiempo, so-bre la realidad y sobre la teoría de la democracia, una inspección severa que os permite a vosotros, los que colaboraréis en la obra del futuro, fijar vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar el espíritu del régimen que encontráis en pie.

El consejo se dirigía a los jóvenes. Lo recogieron todos los que buscaban una justificación para sus vocaciones intelectuales y estéticas en una sociedad efectivamente orientada hacia el lucro. Pero el sentimiento que generó fue en cierto modo una especie de transferencia de la actitud señorial y la cálida receptividad que hallaron las ideas de Ariel revelaron que esa actitud perduraba. En el campo de las ideas y de la creación justificó un vivo sentimiento de elite, que constituyó sólido fundamento, precisamente, para las aristocracias del espíritu a la que se acogían, por cierto, no sólo quienes pertenecían a los tradicionales grupos señoriales sino también los que aspiraron al ascenso social acercándose a ellos como epígonos más o menos farisaicos. Y trasladado al campo de la política promovió un escepticismo frente a las incipientes democracias, que avivó no mucho después los designios de los que, como el poeta argentino Leopoldo Lugones, juzgaron que había llegado “la hora de la espada”.

La acometida más beligerante de los grupos señoriales —o mejor, de quienes intentaban salvar lo que de esa tradición parecía rescatable— adoptó los caracteres de un ataque frontal contra la política liberal, en nombre de los principios del catolicismo, al que los liberales respetaban pero trataban de confinar, secularizando la vida pública.

La apelación a los problemas últimos de la fe implicaba una absolución de posiciones que los políticos liberales rehuían, puesto que, siendo católicos o conociendo la fuerza social del catolicismo, fundaban su laicismo en una prescindencia religiosa y de ningún modo enfrentaban los problemas de la fe. Pero los grupos católicos, alarmados por los progresos del regalismo y preocupados por lo que parecía, en las últimas décadas del siglo XIX, la liquidación final de los fundamentos tradicionales del orden social, apelaron a la más severa ortodoxia siguiendo las orientaciones de la política del Vaticano, trazada a través de las encíclicas Mirare vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus (1864).

Triunfó en el Ecuador García Moreno e impuso la ortodoxia con tal vigor que se ha dicho del Ecuador que fue el único país donde el Syllabus tuvo fuerza de ley. En Colombia, el movimiento que se llamó la “Regeneración”, encabezado por el presidente Rafael Núñez, logró oponer en la constitución de 1886 una concepción católica del Estado. En Uruguay y en la Argentina, en cambio, aunque la polémica fue encarnizada, los liberales se sobrepusieron a los católicos.

Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de Tabaré, defendió el punto de vista católico en el Uruguay; Joaquín Larrain Gandarillas y Abdón Cifuentes en Chile. En la Argentina la polémica se planteó alrededor del problema de la educación pública y del Registro Civil, que sustraía a la Iglesia Católica el control de las personas: pero en su transcurso los diputados católicos enjuiciaron la totalidad del orden liberal y la civilización moderna.

Pedro Goyena[76] defendió en un debate parlamentario la doctrina pontificia del Syllabus:

¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál la civilización que el Syllabus condena, al decir que el Pontífice romano no puede ni debe transigir con ellos?

Señor: el liberalismo que se condena es lo que en nuestros días se entiende por tal. habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con la libertad, v que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del Estado.

El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa. El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente desvinculados de la religión.

Pero no sólo el Estado liberal era lo condenable. Era la civilización moderna en su conjunto, con sus ideales y sus formas de vida, lo que merecía la condenación y exigía la vigilancia de la Iglesia:[77]

¡He ahí la civilización: el desarrollo de la sociedad bajo el aspecto material, bajo el aspecto moral!

Pero ¿es ésta la civilización moderna? ¡Ah, señores, no, mil veces no! ¡Todos lo sabemos; liberales y no liberales, creyentes y no creyentes, todos podemos dar testimonio del espectáculo de la vida a que asistimos y en que nos mezclamos como actores!

Contemplad la civilización moderna. ¿Qué es ella sino el predominio absor-bente de los intereses materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el esplendor de sus virtudes.

La ciencia, a la que jamás la iglesia fue hostil, ha tomado una dirección ex-traviada, por la influencia de un orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo: que se lanzan al espacio aéreo y navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz. desconocidos a los antiguos, como decía un orador argentino; que analizan los aspectos lejanos; que descubren la vida en organismos ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso; y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la pobreza, la debilidad de sus elementos morales! ¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que en el siglo XIX, gobernando la materia. dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos, el cielo no tiene promesas para la esperanza; el astro brillante no simboliza la fe: la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para una existencia efímera y fugaz. El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!

Las doctrinas; el progreso; la civilización que a tan lamentables resultados conducen, eso es lo que el Syllabus, eso es lo que la Iglesia ha condenado; y bien clara se ve ahora la justicia de tal condenación.

Este cuadro exigía una actitud resuelta de quienes no creían en la llamada civilización moderna, sino en los ideales tradicionales, incompatibles con ella. Los católicos pusieron a los liberales en la disyuntiva de optar, pero no entre una u otra forma de vida, sino entre la salvación y la condenación, entre el paraíso y el infierno, dispusie-ron a la acción para alcanzar lo que, en la Argentina como en Colombia, llamaban la “Regeneración”. Tal fue también la requisitoria de José Manuel Estrada[78] durante la discusión parlamentaria de las leves liberales:

¡señores! Si los medios se subordinan a sus fines, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición: o la soberanía de la Iglesia. íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy día delante del cielo v de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso, las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la república!

Los ideales heroicos, la posesión de la tierra, la desigualdad social, la aristocracia del espíritu y la sumisión de las conciencias a la Iglesia Católica: tal era el haz de las ideas fundamentales que el espíritu señorial se empeñaba en defender frente a los cambios que se habían operado en la sociedad de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha no fue a muerte, y los grupos señoriales se acomodaron poco a poco, sin confesarlo, a las nuevas situaciones, esperando filosóficamente que la crisis del orden nuevo devolviera periódicamente a sus manos el control de la economía, del poder y de las conciencias. Con frecuencia, un golpe militar solía contribuir a la restauración renovando la retórica del heroísmo.

El predominio del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Si los grupos señoriales pretendieron conservar sus tradicionales tendencias políticas a pesar del profundo cambio socioeconómico y social que se había operado, los grupos burgueses, en cambio, elaboraron las suyas en el proceso mismo; y aquéllos que las llevaron hasta sus últimas consecuencias lograron poder económico y poder político. Con ello, impusieron su pensamiento sobre el conjunto social, arrastrando tras de sí densos grupos sociales de variado origen.

Quizás el más importante problema, entre los que suscita el análisis del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa, sea el de cómo se constituyó ese sector. En términos generales, es evidente que hubo núcleos burgueses, extranjeros unos y nacionales otros.

que se fundieron con grupos señoriales renovadores para intentar la gran empresa. En cada país esa fórmula significó algo diferente. Los distintos grupos sociales operaron de distinta manera en México y en Argentina, en Chile y en Brasil, en Uruguay y en Colombia. Según la rigidez de la estructura social anterior fue más o menos fácil la formación de esas clases medias fluidas que generaba el proceso económico, y más o menos fácil la conquista del nuevo status social que ofrecía a los grupos en ascenso sus nuevas posibilidades económicas. Y del seno de esas clases medias surgió el conglomerado que rodeó el núcleo originario, se fundió con él, y constituyó finalmente la alta burguesía, cuyo poder la impulsó a forzar su distanciamiento del resto de las clases medias y constituirse en oligarquía política y eco-nómica. Esta tendencia al distanciamiento es lo que la transformó en una fuerza de derecha. Muchos de sus miembros provenían, sin duda, de sectores liberales que admitían la necesaria continuidad de ese proceso de ascenso social que podía asegurar la vigencia de un sistema democrático.

Pero la conquista del poder económico y político por un pequeño grupo puso una valla entre éste y el resto del conjunto social.

Justo Sierra hizo una descripción acabada de la burguesía mexicana de fines del siglo, polarizada políticamente, en su opinión, pero sin distinguir suficientemente los grupos de alta burguesía que asumieron activamente el poder y los grupos medios y populares que, aunque solidarios con aquéllos, sólo tenían una actitud pasiva. Decía en su Evolución política del pueblo mexicano.[79]

En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños al dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó formada: con un buen número de descendientes de las antiguas familias criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo con los analfabetos.

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y, además, el segundo, al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de razas que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente ficticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una osmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni del alcohol ni de la superstición. Son éstos, microbios sociopatogénicos que pululan por colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la reaccionaria, cuyo génesis hemos estudiado en otra parte, esta burguesía tomó con – ciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias, liberales, reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su organización: un gobierno resuelto a no dejarse discutir, y es, a su vez, la creadora del general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su obra no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía mexicana.

En la Argentina, Juan B. Justo[80] identificaba por la misma época, con precisión, y en términos económicos, los componentes de la alta burguesía:

Necesitamos, ante todo, que cada grupo social adquiera conciencia de sus intereses políticos.

Contra lo que se afirma comúnmente, en nuestro país las agrupaciones so-ciales son tan definidas y tan netas, que cualquiera las distingue a simple vista con más facilidad que a un autonomista de un cívico o un radical, aunque los conozca íntimamente y los siga en sus enredadas contradanzas políticas.

Hay quienes producen para la exportación y quienes para el consumo: en general, los unos tienen el más claro interés en fomentar el comercio exterior del país, los otros en restringirlo.

Hay propietarios que quieren mantener todos los privilegios inherentes a la propiedad legal del suelo, y arrendatarios interesados en que la ley favorezca su ocupación y cultivo efectivos.

Esta puntualización ilustra los conflictos internos que caracterizaron a la alta burguesía, integrada por grupos productores, generalmente de tradición y mentalidad señoriales, y grupos mercantiles intermediarios típicamente burgueses. Pero a pesar de esa contradicción la alta burguesía fue adquiriendo coherencia a través de una suerte de complicidad con el monopolio del poder, en su uso para sus propios fines, y en la coincidencia en un estilo de vida que suponía la progresiva elaboración de un sistema de normas y valores comunes. Definida su actitud y consolidada su posición, la alta burguesía adquirió los caracteres de una oligarquía liberalburguesa. Su presencia se hizo notoria en muchos países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo, siempre en relación con las transformaciones económicas y, sobre todo, con la penetración del capital extranjero: en Brasil, en relación con el establecimiento de la república y el auge del café: en Argentina y Uruguay, con los cereales y las carnes; en Chile, con el salitre y con la Revolución contra Balmaceda; en Colombia, con la crisis de 1870 y la “Regeneración” de Rafael Núñez; en México, con los metales y el “porfiriato”; en Guatemala, con el banano y Estrada Cabrera; en Venezuela, con Guzmán Blanco. Vagos principios del liberalismo quedaron en pie, más o menos disminuidos según el grado de consentimiento que las oligarquías lograron y el grado de represión que debieron ejercitar; y vagos principios de progreso fueron enarbolados, aunque delimitados siempre por los márgenes que el capital extranjero quiso señalarles. Una gran eficacia los caracterizó casi siempre, y muchos países latinoamericanos hicieron por entonces su primera experiencia de esplendor económico, aun cuando la distribución de la riqueza fuera notoriamente injusta.

Uno de los más brillantes representantes de la oligarquía chilena, Enrique Mac-Iver, definió en un debate parlamentario su carácter y defendió su papel con profunda convicción:[81]

La oligarquía, ésa de que tan seriamente se nos habla, vive en un país repre-sentativo parlamentario, que tiene sufragio universal o casi universal, donde todos los ciudadanos tienen igual derecho para ser admitidos al desempeño de todos los empleos públicos y en que la instrucción, aun la superior y profesional, es gratuita. Agréguese que no existen privilegios económicos ni desigualdades civiles en el derecho de propiedad y convendrán, mis honorables colegas, conmigo, en que un país con tales instituciones y con oligarquía, es muy extraordinario; tan extraordinario que es verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que los honorables diputados que nos dieron a conocer esa oligarquía, hayan sufrido un ofuscamiento, que les ha impedido mirar bien, confundiendo así lo que es distinción e influencias sociales y políticas de muchos, nacidas de los servicios públicos, de la virtud, del saber, del talento del trabajo, de la riqueza y aun de los antecedentes de familia, con una oligarquía. Oligarquías como ésas son comunes y existen en los países más libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontrarán oligarquía de esta clase en Inglaterra y aún en los Estados Unidos de América. A esas oligarquías que son cimientos inconmovibles del edificio social y político, sólo las condenan los anarquistas y los improvisados.

También definió y defendió a la oligarquía chilena, desde Buenos Aires, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge[82] en Nuestra Amé-rica, asignándole a la coalición que derrocó al presidente Balmaceda un neto carácter de aristocracia tradicional e ignorando —o disimulando— los otros elementos que la integraban. Pero, en todo caso señalando que la oligarquía se enfrentaba decididamente con las clases medias y populares:

La Revolución que derrocó a Balmaceda puede considerarse un triunfo de un partido históricamente aristócrata, en el carácter, si no en el nombre, contra la nueva tendencia reaccionariamente democrática de un gobierno que, resistido por la clase rica y blanca, buscó el apoyo de la clase pobre y mestiza: del pueblo, de los “rotos”…

Fue un rasgo peculiar de esas oligarquías repudiar, si no los principios, las consecuencias, al menos, de la democracia igualitaria. Cierta vez le preguntaron a Eduardo Wilde, finísimo escritor y político argentino, qué era “la universidad del sufragio”; su respuesta fue: “el triunfo de la ignorancia universal”. Fue en 1885.

Doce años más tarde, el vizconde de Saboia escribió en sus Tragos da política republicana que, en el Brasil, la república estaba compuesta de “rateros, bandidos y asesinos”. Hubo, como se advierte en la frase de Carlos Octavio Bunge, una invencible aversión a las clases populares, que adquirió caracteres de odio y desprecio cuando se trataba de población indígena. El mismo Bunge[83] decía refiriéndose a ella: “Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean! — habían diezmado a la población indígena y africana…”.

Y no menos categórico era el escritor boliviano Alcides Arguedas, que, en Pueblo enfermo,[84] decía del indio: “Hoy día, ignorante, de-gradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía… y oyendo a su alma repleta de odios, desahoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”.

También manifestó la oligarquía un marcado desdén por las clases medias en ascenso, en las que veía, sin duda, un adversario potencial puesto que demostraba una decidida tendencia a participar en la vida política.

El conservador chileno Rafael Egaña decía, refiriéndose a Balmaceda:[85]

Personificaban la resistencia a la dictadura (de Balmaceda) las personalidades más altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio… y se rodeaba (Balmaceda) de advenedizos y desconocidos, gente de posición indefinida, sin títulos para entrar en la alta sociedad, pero con pretensiones de sobreponerse al bajo pueblo…

Con tales convicciones, la oligarquía liberalburguesa pudo ejercer el poder con la seguridad de que constituía una clase elegida. En verdad, era la clase eficaz para afrontar la empresa económica a la que los distintos países latinoamericanos eran llamados por la organización capitalista mundial; y con este título, desdeñó no sólo a los grupos señoriales que procuraban mantener la estructura tradicional —a los que llamaba reaccionarios y oscurantistas— sino también a los grupos de clase media y popular que mantenían su adhesión a los principios del liberalismo y contemplaban atónitos a qué extremos los habían conducido las oligarquías.

No faltó, desde uno y otro sector, quienes denunciaron la entrega de las economías nacionales al capital extranjero. José Batlle y Ordóñez enjuiciaba en su periódico El Día, de Montevideo, al presidente Herrera y Obes:[86]

Si se examinan los rasgos culminantes de toda la conducta de los Poderes Públicos y de toda la propaganda orista, se verá claramente que los verdaderos intereses nacionales nunca se han tenido en cuenta; se verá que han sido sacrificados a los intereses de lo que aquí llaman ‘alto comercio’, o sea, los intereses de un grupo de dependientes y factores de fábricas extranjeras cuyos productos introducen.

Y el chileno Luis Aldunate decía, refiriéndose a la enajenación de las salitreras:[87]

El remate de las propiedades salitreras fiscales tiene que producir dolorosas consecuencias, no sólo porque no hay capitales en el país que puedan competir en concurrencia libre con la masa de recursos de los cuales disponen los extranjeros, sino porque necesitábamos precisamente de las oficinas, de las máquinas del Esta-do para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y los azares de esa industria, que requiere de grandes medios de desenvolvimiento y que está sujeta a sacudidas violentas.

Para promover el desarrollo de la economía, impulsar la prosperidad y crear un ambiente de seguridad para los inversores extranjeros, las nuevas oligarquías, acaso recogiendo los signos de cierta generalizada fatiga de tantas querellas internas, proclamaron un lema que la república del Brasil inscribió en su bandera: “Orden y progreso”.

Era lo mismo que afirmó el presidente argentino Julio A. Roca al hacerse cargo de la presidencia: “Paz y administración”. Y el presidente de Colombia Rafael Núñez, declaraba que era propósito de la “Regeneración” establecer “la paz verdadera y científica’. Era un anhelo de quienes entreveían un porvenir de riqueza, y de reducir y canalizar la actividad política.

La política debía, en lo futuro, encuadrarse dentro de marcos estrictos y el Estado de la oligarquía liberalburguesa se dispuso a apelar a la fuerza de un ejército moderno y organizado para reprimir todo intento de apelación a la Revolución. Roca[88] lo prometió de manera muy enérgica en oportunidad de hacerse cargo del gobierno en 1880: “Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo Nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública”.

Y agregaba: “Espero, sin embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la república por el crimen de la guerra civil”.

Era, más o menos, que en Colombia decía Núñez en 1884:[89] “El propósito del gobierno del que somos exponentes, será siempre el mismo: reprimirá estrictamente, conforme a la ley, todas las perturbaciones del orden político, que por lo general son grave amenaza del orden social”.

El pensamiento de Porfirio Díaz fue expresado en México con el lema de “poca política y mucha administración”. Al enjuiciarlo el filósofo Antonio Caso hacía notar:[90]

El error de Porfirio Díaz consistió en preferir sistemáticamente el desarrollo de los sistemas económicos, en creer que la riqueza es el solo aliento de los gobiernos fuertes, y, sobre todo, en pensar que el bienestar nacional exigía la supresión de las prácticas democráticas, por eso su gobierno, que aconsejaba el lema de ‘poca política y mucha administración’, cayó vencido.

La decisión de limitar la actividad política fue una decisión de restringir los márgenes sociales de la participación política. Las oligarquías cerraron el camino por el cual tendían a incorporarse a la vida pública las clases medias en ascenso y, en algunos países, las clases populares. Se utilizaron mecanismos electorales para evitar la expresión de las disidencias, estableciendo limitaciones legales —por ejemplo, para los analfabetos— o haciendo fraude en los comicios. Negaron obstinadamente la posibilidad de llevar a los cargos públicos a quienes no pertenecieran al círculo oligárquico, y crearon clientelas electorales y administrativas que respaldaban el sistema cerrado y facilitaban su funcionamiento. Naturalmente, quien ejerciera la presidencia de la república no podía salir sino de esos círculos.

El argentino Eduardo Wilde exigía este designio oligárquico en principio: “Será presidente el candidato que designe el general Roca —decía en un editorial periodístico al tratarse la sucesión de éste—. El general se ha hecho acreedor a esa conducta y debe aceptar el honor con serena conciencia”. Era el régimen que, poco después, se llamaría “el unicato”. En México, Justo Sierra[91] —ministro de Porfirio Díaz como Eduardo Wilde lo fue de Julio A. Roca— escribía:

Las dictaduras de hombres progresistas, que sean al mismo tiempo administradores inteligentes y honrados de los fondos públicos, suelen ser eminentemente benéficas en los países que se forman, porque aseguran la paz y garantizan el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. Pueden ser detestables en teoría, pero las teorías pertenecen a la historia del pensamiento político, no a la historia política, que sólo puede generalizar científicamente sobre hechos.

Y refiriéndose a Porfirio Díaz, explicaba la singular naturaleza de su poder y autoridad:[92]

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investi-do, por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su pro-grama de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órga-nos oficiales, de la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del Presi-dente, puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal; no se trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del país, como parecen afir-mar los fantaseadores de sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país, que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la vo-luntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional; y se ha atribuido a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la trasformación económica, sino para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, ha-brá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.

Las oligarquías declinaron, en cierto modo, su propia participación y apoyaron entusiastamente este tipo de dictadura, porque preferían la ejecutividad autoritaria de quien estaban seguras de que las interpretaba, a no abrir la peligrosa compuerta de la lucha política, tras de la cual esperaba una masa cada vez más numerosa de gentes, que creía tener derecho a participar en la vida pública. La oligarquía, en rigor, gobernaba desde los cargos públicos, pero gobernaba más aún utilizando los resortes del Estado en beneficio de sus intereses privados: un reavivamiento de la actividad política no podía, pues, menos que perjudicarla sin darle nada en cambio.

Venezuela conoció, en la figura de Antonio Guzmán Blanco, el tipo de dictador autoritario que se ajustaba a sus designios. Empero, Venezuela, como algún otro país, probó que el sistema podía extremarse. La dictadura de Juan Vicente Gómez fue ese extremo. Laureano Vallenilla Lanz[93] escribió en su tiempo un denso estudio—que tituló Cesarismo democrático— para probar que los países lati-noamericanos han tenido siempre necesidad de un jefe omnímodo que asumiera la totalidad del poder:

Si en todos los países y en todos los tiempos… se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aun el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Estas virtudes las hallaba íntegras precisamente en el presidente Juan Vicente Gómez, a quien atribuía no sólo las calidades necesarias sino también la obligación de ejercer la autoridad absoluta:[94]

Convencido de su misión política, no sólo por las satisfacciones de su propia conciencia, sino por las constantes y elocuentes manifestaciones con que la inmensa mayoría de los venezolanos demuestran su gratitud y su fe por los nobles y honrados procederes del egregio caudillo, el general Gómez está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos conduce a un bienestar fundado en hechos po-sitivos.

Sin duda, Juan Vicente Gómez, como antes Cipriano Castro y antes aún Antonio Guzmán Blanco, representaba a los grupos más poderosos y los benefició al beneficiarse él mismo. Pero su dictadura, que sería difícil calificar dados los extremos que alcanzó, sobrepasó las expectativas de la oligarquía venezolana: el presidente cedió sin condiciones a la presión del capital petrolero norteamericano, y sus posibilidades de desarrollo quedaron limitadas dentro de los estrechísimos márgenes que fueron establecidos desde el extranjero. Quizás el de Juan Vicente Gómez sea un caso extremo. Pero esta posibilidad estaba implícita en la actitud de todas las oligarquías liberalburguesas de Latinoamérica. Por eso se transformaron en una típica derecha frente a los viejos partidos y grupos que conservaban y cultivaban la tradición ideológica del liberalismo y, más aún, frente a los nuevos y crecientes grupos sociales de clase media y popular que aspiraban no sólo al ascenso económico y social sino también a la participación política.

5. El pensamiento político del populismo desde la entreguerra

Si fueron importantes los cambios estructurales que se operaron en los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, más importantes fueron aún sus consecuencias en las primeras décadas del XX. Y no tanto, quizá, porque se consumaran los cambios en la organización económica —que por lo contrario resistió vigorosamente— sino porque se precipitaron los procesos sociales derivados, a un ritmo y a una escala que sobrepasaban los de los cambios económicos. Este desfazamiento suscitó graves problemas políticos e ideológicos.

Persistió, modernizado y agresivo, el pensamiento político de las burguesías liberalburguesas, cada vez más afianzado como ideología de la clase dirigente, cada vez más ajustado a la situación real; y persistió, envejecido y nostálgico, el pensamiento político de los grupos señoriales, cada vez más entregados a las burguesías liberalburguesas e integrados en ellas, aunque celosos de sus principios y normas, generalmente convertidos en prejuicios.

La novedad consistió en la aparición de una nueva derecha, influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional —a veces de las generaciones más jóvenes— que la enfrentaron y denunciaron por su entrega a las oligarquías liberalburguesas y por su abandono de los principios señoriales. Y si esto constituyó una novedad, explicable como un fenómeno de mimetismo, más lo fue la conversión que empezó a operar luego esa nueva derecha en busca de apoyo popular o en busca de soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares. Éstos son los grupos que suelen llamarse populistas, aun cuando la designación no sea totalmente ortodoxa. Es preferible, empero, para no usar la de los movimientos europeos que constituyeron sus modelos, luego aban-donados, y para destacar ciertas tendencias muy vigorosas que se advierten en ellos.

Como en el caso de las dictaduras liberales, también aquí se plantea el problema de la clasificación de estos grupos. Si nos atenemos al criterio político, puede decirse que revelan una inequívoca tendencia al ejercicio de un poder fuerte, dictatorial a veces, al uso de la fuerza para la conquista del poder, y a la imposición de cierto tipo de dictadura ideológica para la defensa de un sistema de fines arraigado en la tradición señorial y católica. Desde este punto de vista podría decirse que el populismo es un movimiento de derecha. Pero si nos atenemos a un criterio socioeconómico advertimos que el populismo ha aceptado el cambio y ha comenzado, en Latinoamérica, la busca de un esquema de cambio original. No es, en efecto, y pese a la frecuente retórica nacionalista, un simple retorno a la tradición, al ordenamiento social y económico propio del mundo señorial. Es, sin duda, un cambio para escapar del orden liberalburgués, pero cada vez más, según parece observarse, con un signo moderno que corresponde a lo que hoy se llama una sociedad de masas en el seno del mundo industrial, y es, precisamente, un cambio que pretende la reordenación de las masas según un sistema de fines que pueden o no compartirse, pero que corresponde a una problemática moderna y procura hallar fórmulas sociales y políticas dentro del repertorio de posibilidades que promete el incontenible proceso de desarrollo. Así, si nos atenemos a un criterio socioeconómico, no podría decirse que el populismo sea un movimiento de derecha sino una derecha paradójicamente volcada hacia la izquierda.

Este diagnóstico —es importante subrayarlo— corresponde a la situación actual. Pero como la situación social latinoamericana es muy fluida e inestable, no se podría asegurar que sea éste un diagnóstico definitivo. O mejor dicho, un diagnóstico que corresponda a núcleos esenciales. Más bien podría adivinarse que lo que está ocurriendo es una nueva alineación de partidarios de la perduración de orden liberalburgués y de partidarios de su cambio. En las nuevas alineaciones se entrecruzan los grupos, y el observador diagnostica sobre los procesos que tiene a la vista sin poder evitar la consideración de los diversos grupos que toman posición en cada frente: se extraña de que haya comunistas y socialistas embarcados en posiciones ranciamente liberales, y que haya sacerdotes y antiguos simpatizantes de Mussolini o Hitler que asuman actitudes revolucionarias modernas. En rigor, esta circunstancia perderá importancia con el tiempo, y los frentes a favor o en contra del cambio precisarán su fisonomía y cobrarán homogeneidad sin que importe la antigua filiación de sus componentes.

De todos modos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, éste parece ser el fenómeno más curioso: la escisión de la derecha en dos sectores: uno, adherido a la tradición liberalburguesa; otro, adherido a una nueva filosofía de cambio. En virtud de un proceso que, según cierto criterio formal —y en ocasiones un criterio realista—, o parte de la derecha, o la transforma, si se quiere, en una derecha paradójica, puesto que se lanza a la promoción del cambio desde dentro del sistema, con garantías que le permiten un tipo de acción que le está vedado a quienes pretenden impulsar el cambio desde fuera del sistema.

El cambio social y económico

La Primera Guerra Mundial constituyó, para Europa y para el mundo, el fin de la belle époque. Antes de ella, y a lo largo de cinco décadas, habíase arraigado la convicción de que el mundo se movía dentro de una armonía perfecta: la del mundo liberalburgués, maduro en sus ideas, maduro en las formas de su sensibilidad y maduro en la conducción de sus intereses. Pero esa armonía era inestable, y la inevitabilidad de la guerra probó que yacían en su seno contradicciones profundas que sólo transitoriamente podían haber hallado un equilibrio. Una vez roto, los cambios más violentos se produjeron en el ordenamiento económico, social, político y cultural. Los principios liberalburgueses que parecían más sólidos fueron aventados por los regímenes que se establecieron en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal. Por su parte, Inglaterra y Francia salieron gravemente disminuidas de la contienda, y Estados Unidos surgió como un gigante cada vez más poderoso por su riqueza y su poder militar.

Estos cambios se irradiaron rápidamente hacia la periferia de Europa, a los países de economía dependiente que se habían organizado a la sombra de la armonía del mundo liberalburgués, para servir a las necesidades y a las exigencias del núcleo hegemónico y recoger, en cambio, los márgenes de ganancia tolerables. Al sacudirse la organización, cada una de las partes recibió un mismo impacto, pero reaccionó de distinto modo según su propia estructura.

Latinoamérica sufrió muchas y muy diversas crisis, todas relacionadas con las alternativas del mercado exterior. Los tradicionales compradores de materias primas, en parte responsables del establecimiento de regímenes de monoproducción, reajustaron sus relaciones económicas con sus clientes en los términos más adecuados a sus necesidades, y todos los países latinoamericanos se encontraron con imprevistas situaciones para las que no estaban preparados. Hubo desequilibrios estructurales, desesperados intentos de reorganizar la vida económica por parte de las minorías perjudicadas, ingenuos tanteos y virajes audaces que, siempre, de alguna manera, atenuaban los efectos de la crisis que sufrían las oligarquías y solían pagar las clases medias y populares.

Por lo demás, la crisis de entreguerra estalló en una situación ya ligeramente alterada en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las interrupciones en el suministro normal de productos manufacturados había permitido el desarrollo de ciertas industrias, cuyo crecimiento esbozaba una situación de desarrollo en muchos países latinoamericanos. Pero el fin de la guerra y el reajuste de la economía mundial trajo consigo un intento de paralizar ese desarrollo, en beneficio del viejo sistema de preguerra que se trataba de reconstituir. La crisis fue, pues, más intensa aún.

Latinoamérica fue, después de la Primera Guerra Mundial, escenario de una lucha de mercados entre Inglaterra y Estados Unidos. Este último país avanzó considerablemente, y tanto sus capitales como su influencia política penetraron en muchos países latinoamericanos modificando las condiciones del desarrollo económico, el poder de los diversos grupos de la oligarquía liberalburguesa y las perspectivas de las clases medias y populares. Fue la época de las intervenciones armadas en Nicaragua y Santo Domingo, de las presiones políticas, de la obtención de concesiones y privilegios económicos en muchos países. El petróleo se transformó en el motor de la política internacional. La industria automotriz creció vertiginosamente y buscó sus mercados extranjeros con pertinaz empeño. Y mientras crecía la complejidad de la vida económica, se desataban las contradicciones del sistema, visibles en las crisis financieras y monetarias de los países europeos y agudizadas en la crisis de 1929. Los controles se agudizaron: controles de la producción, controles de los precios, controles de cambios. La vida económica se transformó cada vez más en un mecanismo de precisión, y el número de quienes la controlaban y manejaban se fue reduciendo.

Toda esta transformación económica incidió en los países latinoamericanos sobre los procesos sociales y económicos locales. En efecto, el hecho de que predominara una economía dependiente no significó que la vida de cada país o de cada región se redujera a los esquemas que esa economía imponía. El desarrollo económico mismo tuvo peculiaridades locales en muchos aspectos que escapaban al esquema, y aun en algunos que entraban dentro de él, puesto que las reacciones fueron el resultado de muchos factores locales. Más aún ocurrió en el plano de la vida social. La dependencia económica sujetó a ciertos sectores, pero no impidió que, aun éstos, conservaran su peculiaridad y, menos aún, que reaccionaran según su propia idiosincracia, en tanto que otros sectores que recibían los impactos de la dependencia económica, en distinta medida operaban complejos desarrollos de marcado matiz local.

Es sumamente importante señalar este fenómeno. Los impactos externos fueron iguales y tendieron a homogeneizar a Latinoamérica; pero las reacciones fueron diferentes y mantuvieron —o acentuaron quizá— la diferenciación en cuanto a la naturaleza de los problemas.

La expansión de las clases medias fue un fenómeno general en Latinoamérica, que se acentuó mucho después de la Primera Guerra Mundial y que tuvo distintos aspectos según los países y las regiones. Fuera de la influencia que en todas partes del mundo tuvo la Revolución industrial en la formación de las clases medias —una clase de consumidores—, en Latinoamérica influyó mucho la importancia que adquirieron los sectores terciarios, en un sistema económico en el que la intermediación cumplía un papel fundamental. El signo más visible de ese crecimiento fue el desarrollo de las ciudades, hacia las que emigraban todos los que podían hacerlo, abandonando los campos donde la sujeción era mayor, los salarios más bajos y, sobre todo, donde los desposeídos vivían la miseria rural, que en el mundo industrial parece peor que la miseria urbana, más dura esta última en ocasiones, pero más gratificante y retributiva psicológicamente. De los que emigraban, una parte no pequeña logró ascender hacia los estratos inferiores de las clases medias. Tuvo ésta, educación, atención médica, entretenimientos, fácil comunicación y posibilidades de consumo. Y por el ejercicio de tales posibilidades no sólo crecieron las clases medias sino que adquirieron ciertos rasgos de clase media vastos sectores de las clases populares.

También adquirió la clase media la posibilidad de acentuar su participación política, dentro del margen, más o menos extenso, que permitía el predominio de las oligarquías liberalburguesas. Pero aun cuando no pudo participar efectivamente en el poder, la clase media pudo hacer sentir su presión, e ingresar ocasionalmente a través de las fisuras del sistema.

Las clases populares sufrieron un proceso de desarrollo aún más notable. Casi totalmente pasivas hasta poco antes, aparecieron de pronto en muchos países como una fuerza eruptiva, quizás incapaz de orientarse por sí misma, propensa a volcar su formidable poder a favor de quien la sedujera. Era —obsérvese bien— lo mismo que habían hecho antes las clases medias, cuyos primeros pasos hacia su incorporación a la vida política habían sido a la zaga de algún sector señorial u oligárquico que las había buscado para usarlas como ariete contra sus adversarios dentro del sistema. Las clases populares irrumpieron. Habían aparecido en México detrás de Zapata o de Villa; y aparecieron luego en Brasil, en Perú, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Cuba. Sería largo describir la fisonomía del proceso, y más largo aún, y acaso más incierto, explicarlo rigurosamente porque todavía estamos inmersos en esa inusitada experiencia. Pero de todos modos es innegable que desde la década del veinte el fenómeno reapareció una y otra vez, y que fueron inútiles todos los esfuerzos para encubrirlo.

Podría intentarse, pero sería ajeno a nuestro tema, caracterizar cómo se constituían las masas que siguieron a Haya de la Torre, a Vargas, a Paz Estensoro, a Perón, a Gaitán, a Castro. Pero no puede dejarse de señalar el hecho, porque sin él es inexplicable no sólo la creciente inquietud revolucionaria —que escapa a nuestro tema— sino también la aparición de lo que llamamos el populismo. Tampoco puede dejar de señalarse la significación de fenómenos de irrupción popular tan significativos como el “17 de octubre” en Buenos Aires, en 1945, o el “bogotazo” del 9 de abril de 1948. Los mineros de Chile o de Bolivia no se parecen a los siervos de la mita, por cierto. Y los campesinos cubanos mostraron una capacidad para quemar etapas en el camino del desarrollo político, que evidenció la potencialidad que se esconde en las clases populares.

Esta situación, obsérvese bien, era prácticamente imprevisible fuera de México, antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de las clases populares como factor político es un fenómeno que en muchos países tiene veinte años y en otros treinta o cuarenta. Nada más explicable que estos fenómenos y los del crecimiento de las clases medias hayan obrado profundamente sobre la actitud de ciertos estratos de las derechas tradicionales, y provocado el curioso fenómeno de la aparición de la derecha paradójica, del populismo.

La continuidad del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Ante los síntomas de la crisis de posguerra, las oligarquías liberalburguesas —a las que estaban cada vez más estrechamente incorporados los grupos económicamente importantes de tradición señorial— se apresuraron a ajustar los mecanismos del poder para controlar lo mejor posible las alternativas del proceso.

En algunos casos hubo un simple estrechamiento de filas para presentar un solo frente político mientras se cumplía el plan económico. En otros casos hubo en el seno de la oligarquía liberalburguesa un enfrentamiento de grupos que disputaban el comando de la operación de ajuste, o por desconfianza en cuanto a las ideas y los compromisos de cada grupo, o por interés de asegurarse la totalidad o la mayor parte de las ventajas si había opción entre las soluciones. Y en ciertos casos, como en otras oportunidades en que se sintió en peligro, delegó el poder en un hombre fuerte —o simplemente lo apo-yó—, en el que reconocía capacidad y apoyo exterior suficiente como para llegar a la solución deseada.

La situación se hizo crítica hacia 1930, fecha que constituye un hito en la historia política de muchos países latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua y Ubico en Guatemala; en Colombia llegaron al poder los liberales, con Olaya Herrera, en tanto que en la Argentina triunfó la Revolución conservadora presidida por Uriburu; Bolivia vio el fin del régimen de Siles —al que reemplazó Salamanca—; el Perú, el de Leguía —sustituido por Sánchez Cerro—; y poco después Cuba el de Machado, reemplazado por una junta que entregó el poder a Grau San Martín; en Brasil surgió el régimen de Vargas; en el Uruguay dio Terra un golpe dictatorial; se desató la crisis política en Chile, de la que saldría una efímera república socialista primero y la vuelta al poder de Alessandri; estalló la guerra civil en Ecuador; y finalmente se encendió entre Paraguay y Bolivia la guerra del Chaco. Entre los países grandes, sólo México escapó a esta crisis. Todos fueron cambios profundos, generalmente turbulentos y dramáticos, tras los cuales el régimen anterior no volvió a ser restaurado jamás en las mismas condiciones, porque las fisuras de la situación habían quedado al descubierto y el sistema de las fuerzas sociales y políticas se constituyó en términos nuevos e irreversibles. La oligarquía liberalburguesa, bajo distintas formas y en variadas alianzas con los grupos de poder nacionales y extranjeros, asumió la responsabilidad de conservar el control de la situación sin que sus equipos de gobierno y sus personeros vacilaran en renunciar a algunas de sus más caras y tradicionales convicciones. Puede decirse que, a partir de ese momento, la oligarquía liberalburguesa fue más burguesa que liberal. Casi todo lo poco que conservaba de sus antiguas ideas liberales fue arrojado por la borda. En rigor, el sistema liberal había funcionado como una especie de fair play entre los distintos grupos de la burguesía, y dejó de funcionar cuando aparecieron en la escena política nuevos sectores sociales no pertenecientes a ella, movidos por distintas aspiraciones.

En el campo de la política interna, el programa de la democracia liberal fue considerado, de hecho, imposible de cumplir.

Sin duda que la retórica política siguió usándolo, quizá con más énfasis que antes. Pero de hecho quedó caduco. Las dictaduras políticas fueron rigorosas. Las elecciones, cuando las hubo, fueron en casi todas partes proscriptivas o fraudulentas, y en algunos países fueron un verdadero escarnio. Los partidos opositores fueron perse-guidos, las minorías despreciadas, los derechos civiles conculcados y los simples derechos humanos ignorados por verdaderos Estados policíacos. Las huelgas y los movimientos obreros fueron considerados atentados contra la seguridad pública, en tanto que se apoyaba la despiadada explotación de los trabajadores por las grandes em-presas nacionales y extranjeras.

Entretanto, en el campo de la política económica se produjo un viraje fundamental. El Estado abandonó los principios de prescindencia que la oligarquía había enunciado y defendido tenazmente hasta entonces, e intervino directa y brutalmente a veces, en la conducción de la economía. La producción y los precios fueron controlados por medio de organismos reguladores. Aparecieron los bancos centrales que dirigieron celosamente la circulación monetaria, la distribución del crédito y el uso de las divisas extranjeras. Los viejos principios del liberalismo económico quedaron olvidados.

Lo que si quedó en pie fueron los principios que habían hecho de los antiguos grupos burgueses y liberales una oligarquía cerrada. Conservó ésta la certidumbre de que sus intereses coincidían con los del país, la firme convicción de que era peligroso mantener abierto el camino hacia la participación política de los sectores medios y populares, y la decidida resolución de contener de cualquier modo los movimientos obreros que luchaban por modificar las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta resolución fue cada vez más firme, a medida que se agudizaron los conflictos, que creció —hasta límites dramáticos— la desocupación, que se acentuaron las migraciones internas y el éxodo rural, que explotaron las rebeliones de las clases tradicionalmente sometidas. Estos principios fueron, en realidad, los que nutrieron a las burguesías liberalburguesas, que seguían declarando, sin embargo, su devoción por el Estado liberal de derecho, por la constitución vigente, por el régimen jurídico, por el sistema parlamentario.

Esos principios no habían sido observados nunca de manera absoluta; pero la oligarquía liberalburguesa había parecido admitir que, con el tiempo y con el desarrollo de la educación, sería posible un día que se cumplieran plenamente. La oligarquía liberalburguesa asumía una especie de tutela de las clases en ascenso, y, ciertamente, la experiencia de algunos países autorizaba a pensar que ésa era su política para el futuro, como lo había sido en más de un caso antes de la crisis. El armazón legal del Estado se mantuvo, pero la violación del orden legal quedó prácticamente justificada por la costumbre.

El desarrollo normal del proceso económico y social acentuó los problemas a medida que la inflexibilidad del sistema gubernamental se extremó. Lo que ocurrió en Colombia desde 1948 y en Argentina desde 1945 se incubó sordamente durante este período. Las oligarquías fueron absolutamente insensibles a los problemas del pasado. La crisis se hizo visible con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas posibilidades de negocios aparecieron para las oligarquías, pero aparecieron para los sectores medios y populares otras posibilidades de rebelión, que se canalizarían a través de otros movimientos, algunos de los cuales tuvieron éxito más o menos duradero mientras otros se fueron disolviendo hasta perder agresividad.

Lo importante es que la oligarquía liberalburguesa estrechó sus filas nuevamente y volvió a cambiar de opinión frente a muchos problemas. Se destacaron de su seno sectores industrialistas que trataron de lograr una política de protección para su campo económico; pero los equipos dirigentes entraron de lleno en la esfera de acción del nuevo capital predominante —esta vez el norteamericano— y se afiliaron otra vez a una decidida política liberal que sostuvo la necesidad de mantener el régimen de la libre empresa. El neoliberalismo que pretendía imitar el sistema económico de los Estados Unidos y de los países como Alemania e Italia donde se había operado el llamado ‘‘milagro” de la economía liberal, fue defendido en los países latinoamericanos donde la coyuntura de la guerra había permitido desencadenar un proceso relativamente vigoroso de industrialización. Y en otros aspectos —menos en el político— el liberalismo volvió a ser considerado como el sistema propio de una democracia. Una retórica anacrónica envolvió esta prédica que, naturalmente, empezó a alejar de los partidos políticos que la defendían a los sectores medios y populares.

Las oligarquías liberalburguesas se encontraron, así, enfrentadas por vastas masas que acumulaban cada vez más experiencia. Para enfrentarlas acentuaron la defensa del liberalismo y lo transformaron en sinónimo de sistema de libertades individuales. Esos principios fueron identificados con los que rigen el mundo occidental y cristiano, y opuestos a los que rigen el mundo comunista. Todo principio de estatización, todo llamado a la justicia social, toda tendencia a la socialización o colectivización fue considerado expresión del “comunismo”, un ente que adquirió, por la fuerza de la propaganda, una variada gama de connotaciones. El papa Juan XXIII y el presidente Kennedy fueron considerados “idiotas útiles”, y el presidente Frei, el “Kerensky chileno”. Sólo pareció respetable, a sus ojos, la perduración verbal de un conjunto de nobles principios que habían movido la Independencia, pero que las oligarquías liberalburguesas habían abandonado de hecho en el momento mismo en que se convirtieron en oligarquías.

Las reminiscencias del pensamiento político de los grupos señoriales

Desde el punto de vista del poder, los grupos de tipo tradicional y de mentalidad señorial dejaron de ser importantes en Latinoamérica por sí mismos en las últimas décadas. Obsérvese bien, que se trata de la posibilidad de que predominaran por sí mismos, porque, en efecto, el mecanismo de la economía mundial los puso en la opción de fusionarse con la oligarquía liberalburguesa, o transformarse ellos mismos en eso, o perder toda eficacia económica y política.

Por sí mismos, sin embargo, los grupos señoriales mantuvieron cierta importancia. Ante todo, como componentes de la oligarquía liberalburguesa, puesto que de acuerdo con su gravitación le infundieron distinto aire. Allí donde la tradición señorial conservó prestigio, arrastró a muchos miembros de la nueva oligarquía a una imitación más o menos grotesca de su estilo de vida, a una adopción más o menos arraigada de sus ideales y prejuicios. Y si la influencia fue grande pudieron los grupos señoriales cubrir con su bandera ese complejo social que constituyó la oligarquía liberalburguesa.

Pero, además, los grupos señoriales siguieron constituyendo el signo —o el vestigio— de una sociedad tradicional que, aunque periclitada, seguía siendo un cuadro de referencias para los más celosos defensores del sistema constituido —las fuerzas armadas y la Iglesia, que medían la tolerabilidad de los cambios según el margen de alejamiento de aquel esquema. En la retórica tradicional latinoamericana, el heroísmo y la santidad parecían ser los rasgos predominantes de una sociedad precapitalista que, de acuerdo con ella, habría prevalecido en Latinoamérica —heredera de Portugal y España— durante los buenos tiempos pasados. Sería largo estudiar el mecanismo por el cual se ha constituido esta retórica en Latinoamérica, y más complejo aún desentrañar el extraño fenómeno psicosocial en virtud del cual sectores relativamente extensos de la sociedad creen que tal retórica expresa una realidad profunda. Lo importante es que los sectores señoriales representan, a sus propios ojos y ante los ojos de vastos grupos del clero y de las fuerzas armadas, una tradición valiosa, referida a la tradición hidalga, consustanciada con el espíritu de una aristocracia secular y apoyada en los vigorosos ideales del mundo feudal. Puede decirse, en resumen, falsamente por cierto, que los grupos señoriales representan una mentalidad precapitalista que conserva considerable predicamento en algunos sectores de la sociedad latinoamericana.

Es considerable el número de grupos y personas que, en determinada ocasión, se muestran identificados con esa concepción de la vida, sin perjuicio de que opere como generadora de normas y actitudes en la vida cotidiana. Subsisten las clientelas rurales de las viejas clases poseedoras, solidarias con ellas por la subsistencia de una sociedad paternalista; pero subsisten vastos sectores medios para los cuales la imitación de las formas de vida y la imitación de las formas externas de comportamiento de las viejas clases poseedoras supone alcanzar un signo de prestigio. El hecho es significativo, porque revela hasta qué punto las formas de vida y de pensamiento de los grupos señoriales constituyen marcos de referencia para sociedades que. sin embargo, han operado importantes cambios de estructura incompatibles con aquéllas.

Hubo países —la Argentina, por ejemplo—. donde llegaron a constituirse en la década del 30 grupos monárquicos, aparentemente con seriedad. Cierto es que sus integrantes se sentían camelots du roi, pero el proyecto, que tuvo una revista como instrumento de difusión. se refería concretamente a la realidad Argentina y no carecía de simpatizantes entre quienes parecían tener alguna influencia en-tre los grupos de poder.

El pensamiento político de los grupos señoriales no tiene, pues, más valor que el de una reminiscencia —nostálgica a veces, llena de dignidad literaria en algunos autores, grotesca en ocasiones—esgrimida como un fantasma por quienes sólo excepcionalmente creen en él. Sin embargo, es importante hacer dos observaciones a su respecto. que acaso se confundan en una sola.

El pensamiento político de los grupos señoriales, allí donde subsiste. mantiene su oposición, no sólo a las concepciones políticas de la democracia sino también a las formas de vida y a los principios propios del orden capitalista y liberal. Forma parte de su elenco de ideas, llamémosle así. el prejuicio contra el capital judío, contra los masones, contra los políticos, pero también contra Estados Unidos y. a veces, contra Inglaterra. El prejuicio capitalista funciona como un ariete anticapitalista, quizá por inadvertencia, y el prejuicio hispánico como un ariete antinorteamericano.

Deben agregarse a este sistema de prejuicios los que provienen de una vigorosa actitud contra los parvenus, los nuevos ricos, los cuales suponen todo un enjuiciamiento a la totalidad de la sociedad contemporánea y a su mecanismo de desarrollo y diferenciación.

Por otra parte, el pensamiento político de los grupos señoriales conserva muy vivas las reminiscencias de la organización paternalista: de la hacienda y del Estado. Ese sentimiento paternalista fue hostigado duramente por la oligarquía liberalburguesa porque, efectivamente, representaba un principio político intolerable en una sociedad moderna, y contradictorio en relación con el afianzamiento de la democracia.

Pero, después de varias décadas de ejercicio de la democracia liberal, vastos sectores populares en distintas regiones de diversos países latinoamericanos, al tener acceso a la vida política, han actualizado la concepción paternalista, actuando de acuerdo con ella y recibiendo por excusados caminos el apoyo de los grupos señoriales supérstites.

Esta actitud política es, en sí misma y en teoría, escasamente eficaz en el mundo de la sociedad industrial; pero permite una transferencia hacia concepciones políticas no liberales, no individualistas, en las que el paternalismo adopta una fisonomía diferente, como el comunitarismo. el corporativismo y, en general, los proyectos de organización social promovidos por las encíclicas de la Iglesia Católica.

El pensamiento político de los grupos señoriales es, pues, una reminiscencia anacrónica: pero quedan señaladas las líneas a través de las cuales las nuevas generaciones de los grupos señoriales pudieron llegar a formular los principios de la derecha paradójica, de la derecha volcada hacia el cambio, del populismo.

El pensamiento político del populismo

Se conoce con el nombre de populismo a los movimientos de tendencia popular —o destinados a polarizar a las masas hacia soluciones que les satisfagan— que rechazan tanto la tradición liberal como la tradición marxista.

No siempre es fácil filiar clara y objetivamente su origen, pero es innegable que, en general, el populismo proviene —por la extracción de sus dirigentes y por la peculiaridad de su pensamiento— de los grupos de derecha: pero no de las oligarquías liberalburguesas sino de los grupos señoriales, marginalizados como tales por aquellas. En nombre de una concepción señorial, católica, precapitalista y antiliberal, grupos provenientes de los sectores más tradicionales comenzaron a orientar sus simpatías hacia los regímenes de fuerza y hacia las doctrinas antiliberales. Maurras, Daudet, Sorel, Pareto ejercieron una profunda influencia ideológica. El triunfo de Mussolini y su denuncia de los regímenes liberales, así como su decidida acción contra los movimientos obreros —socialistas y comunistas—, polarizó la admiración de los grupos aristo-cratizantes que desdeñaban la demagogia de la nueva democracia latinoamericana, fundada en una retórica liberal, apoyada por las clases medias en vías de ascenso y explotada sabiamente por las oligarquías liberalburguesas. Al cabo de poco tiempo casi todos los grupos adoptaron uniformes y organizaciones semimilitares, imitando las camisas negras y pardas, las milicias fascistas o las fuerzas S.S.

Con tales caracteres, esos movimientos no pasaron de ser insignificantes esfuerzos de grupos minoritarios, de tendencia aristocratizante, sin otra fuerza que la que podía prestarle el apoyo que recibieron en muchos casos de grupos militares dispuestos a la acción. Pero a partir de cierto momento, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de las impresionantes victorias militares del Eje, los grupos que se denominaban nacionalistas comenzaron a obtener apoyo popular. La germanofilia los señaló como adversarios del mundo anglosajón y, por allí, del capitalismo y el imperialismo inglés y norteamericano: de modo que no les fue difícil aparecer como los campeones de una lucha por la liberación nacional, en la que aceptaron embarcarse grupos intelectuales y grupos obreros —con y sin experiencia sindical— agobiados por la presión de los monopolios internacionales. Estos movimientos crecieron. La enérgica campaña antibritánica y el reclamo de los derechos de las clases sometidas a las presiones económicas v sociales de las grandes empresas dio a los grupos nacionalistas un aire fuertemente popular; y a medida que creció el apoyo ese aire se acentuó y la dinámica del movimiento se fue acelerando hasta transformar totalmente los movimientos aristocratizantes y antidemocráticos en movimientos populares antiliberales.

El antiliberalismo fue uno de los rasgos sobresalientes del pensamiento político del populismo. Recogía, sin duda, la tradición señorial, pero fue presentado con una nueva fisonomía en la que, junto a la crítica, podían advertirse ideas constructivas que sonaban bien en los oídos de las clases populares.

Jorge González von Marées, líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, admitía la clara filiación fascista de éste, en cuanto tenía de apertura hacia soluciones no liberales:[95]

Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano sino que es mundial. El encarna la reacción espontánea y natu-ral de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea. de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación, sobre la mediocridad, que constituye la característica del liberalismo; significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico v el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signifique, por ningún motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemán. Nuestro movimiento se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionalista.

Pocos años después, el periódico La Nueva República[96] vocero de los nacionalistas argentinos, definía su posición como un intento de restaurar los principios políticos tradicionales, conculcados por la democracia liberal:

La Nueva República se ha definido como un grupo nacionalista. Este voca-blo que despierta la antipatía instintiva de quienes lo consideran aplicable a una exaltación irrazonada del sentimiento patriótico que degenera en xenofobia, ha sido adoptado por nosotros como insustituible para expresar un cierto orden de relaciones jurídicas. El nacionalismo —hemos dicho— persigue el bien de la nación, de la colectividad humana organizada; considera que existe una subordinación necesaria de los intereses individuales al interés de dicha colectividad y de los derechos individuales al derecho del Estado. Esto basta para diferenciarlo de las doctrinas del panteísmo político, las cuales se caracterizan por el olvido de ese fin esencial de todo gobierno —el bien común— para sustituirlo por principios abstractos: soberanía del pueblo, libertad, igualdad, redención del proletariado.

Los movimientos nacionalistas actuales se manifiestan en todos los países como una restauración de los principios políticos tradicionales, de la idea clásica del gobierno, en oposición a los errores del doctrinarismo democrático, cuyas consecuencias desastrosas denuncia. Frente a los mitos disolventes de los demagogos erige las verdades fundamentales que son la vida y la grandeza de las naciones: orden, autoridad y jerarquía.

Una definición coherente de los objetivos contra los cuales el nacionalismo quería luchar y de aquéllos que quería conseguir, apareció en el documento titulado “Principios y acción del Movimiento nacionalista revolucionario“, que sirvió de base para la fundación del partido boliviano de ese nombre en 1941. En el segundo punto, el antiliberalismo se manifestaba, al mismo tiempo, como una ofensiva contra el sistema capitalista y liberal y como un ataque contra el socialismo, vinculado —se decía— con el internacionalismo judío y la masonería:[97]

Denunciamos como antinacional toda posible relación entre los partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas y la invocación del ‘socialismo’ como argumento tendiente a facilitar la intromisión de extranjeros en nuestra política interna o internacional, o en cualquier actividad en la que perjudiquen a los bolivianos. Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de acciones o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones. Exigimos una ley que obligue a las empresas periodísticas o de cualquier género de publicidad a declarar ante las autoridades civiles o militares cuando contraten servicios de redactores o colaboradores extranjeros especificando los salarios que les paguen y los servicios que aquéllos presten. Exigimos la prohibición absoluta del ingreso de extranjeros al Ejército para el comando de tropas, salvo como profesores de la oficialidad, previa aprobación mediante ley. Exigimos la formación de un registro de todos los empleados dependientes de las empresas extranjeras con especificación prolija de antecedentes, sueldos o salarios, bajo la vigilancia del Estado Mayor del Ejército. Exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía y de cualquier otra que no tenga eficacia productora.

Y cuando Paz Estensoro[98] nacionalizó las minas de estaño en 1952, extremó la crítica del sistema capitalista:

El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobre-za generales del país hizo posible el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ello fue agravado luego por una legislación excesivamente liberal en la que no se contemplaba obligación social alguna y apenas sí insignificantes cargas tributarias. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político, deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación y de tres millones y medio de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de tres individuos.

Fue impuesta la monoproducción como característica de la economía na-cional. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de los mercados extranjeros. Las fluc-tuaciones en la cotización del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, reper-cutían sin embargo, vertical y decisivamente, sobre toda la vida del país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, se hacia más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artículos im-portados.

Esta actitud antiliberal, manifestada en el seno de una sociedad vigorosamente estructurada dentro de tal sistema, importaba una clara aceptación de la necesidad del cambio y un designio resuelto de promoverlo a cualquier precio. Esta decisión significaba una actitud revolucionaria, un abandono de la típica actitud de la derecha señorial y de la derecha liberal burguesa. No sería fácil establecer en qué medida y por qué vías el pensamiento de la izquierda revolucionaria había influido en el pensamiento político de los grupos populistas, pero es evidente que, una vez salvados los distintos fines ideológicos, la aceptación del cambio y la programación del sentido que debería tener, aproximaba a los grupos populistas más a la izquierda —a la que querían combatir y a cuyo desafío pretendían responder— que a los distintos grupos de la derecha tradicional.

Su divergencia residía en el sentido del cambio. Descartada la idea de la legitimidad de la lucha de clases, del designio de constituir- una sociedad sin clases: rechazada la concepción materialista y dialéctica de la historia y la innegable continuidad que ella implicaba con respecto a algunos aspectos de la tradición liberal, los grupos populistas organizaron poco a poco un ideario bastante homogéneo, que expresó el sentido del cambio a que aspiraba.

A la aspiración de las izquierdas a constituir un mundo socialista, el populismo opuso, en Latinoamérica, su aspiración a reconstruir un mundo en el que predominaran los principios del catolicismo antiutilitario, de la hispanidad y del nacionalismo. En 1945 escribía el filósofo boliviano Roberto Prudencio:[99]

Mientras nosotros vivimos en un mundo de crisis, en medio de la duda y la incertidumbre, pues ni siquiera tenemos ya la seguridad del positivismo en el futuro de la ciencia, el hombre de la Edad Media concebía el universo como un todo armónico que servía a los fines de Dios.

La vida humana tenía un principio y un fin, regulados desde la eternidad. El hombre era la obra de Dios y la vida un camino hacia El. La concepción del mundo que tenían aquellas almas religiosas se podría representar en la imagen de una catedral gótica. Nos ha tocado vivir en un mundo sin valor, en un mundo vacío de contenido. en un mundo sin belleza, sin amor y sin Dios.

Era la opinión que expresaba el filósofo mexicano José Vasconcelos en su Breve Historia de México, señalando por una parte la nefasta contribución del protestantismo anglosajón que tanto había influido, en su opinión, sobre los liberales, y por otra la pugna “de latinidad contra sajonismo” sobre la que se extendía en La raza cósmica. El tema del catolicismo conducía al tema de la hispanidad. Vasconcelos afirmaba categóricamente que:[100] “…el paso inmedi ato la emancipación económica tendría que ser emancipación intelectual y el retorno a lo hispánico”.

El hispanismo, en efecto, fue un polo del pensamiento del populismo, y se manifestó en las ideas de los peruanos Riva Agüero y Porras Barrenechea, del venezolano Briceño Iragorri, del argentino Ibarguren, del uruguayo Herrera. Era una doctrina política, pero suponía una actitud intelectual que entrañaba un “revisionismo” de la historia y la política de todos los países latinoamericanos. El liberalismo había sido una ideología extranjera y había perturbado el desarrollo nacional. La verdadera raíz de Latinoamérica, de cada uno de los países que la componían, era el mundo colonial hispánico, donde se escondían los fundamentos de la nacionalidad. Walter Montenegro,[101] uno de los fundadores del Movimiento nacionalista revolucionario, escribía en la revista Kollasuyo de La Paz, fundada precisamente para profundizar los estudios bolivianos:

Todo lo cual, nos permite, pues, jerarquizar la Colonia como una noble y alta fuente de inspiración cultural cuya sola existencia constituye el más categórico desmentido a la idea de quienes piensan que, no teniendo nosotros, los bolivianos, nada valioso, nada de que enorgullecemos justamente en nuestro pasado, estamos fatalmente condenados a desear, y a buscar nuestra incondicional incorporación de vencidos a las formas de vida, vale decir a la cultura occidental, europea.

Y aquí nos encontramos con el tercer período de nuestra historia, que constituye precisamente, por sus fuentes de inspiración, y por los rumbos de su pensamiento, la más infortunada y falsa negación de los valores americanistas, vale decir bolivianistas, que se propugna en estas líneas.

En efecto, tomada la Colonia en aquel aspecto puramente negativo de que nos habla el escritor últimamente citado, y al influjo preponderante y unilateral de las ideas políticas, la República hace un repudio absoluto y sistemático de ella; quema sus restos y aventa las cenizas.

Importa, en cambio, junto con la ‘Libertad, Fraternidad e Igualdad’ de la Revolución Francesa, y el sentido demoliberal de aquélla, el gusto, la preferencia por todo cuanto trascendiese a gálicos orígenes.

Y menospreciando aquello que por la sangre es suyo, adopta así en lo material como en lo espiritual, político, jurídico y cultural, en fin, lo que la Francia del siglo XIX le envía.

Otros factores veía también el nacionalismo en la formación de la nación, y todos fueron señalados y analizados porque la situación era el núcleo de la concepción histórica, social y política.

Si el nacionalismo concebía idealmente un mundo incontaminado en el que prevalecían los principios del catolicismo y la hispanidad, dentro de él no reconocía como unidades históricas reales nada más que las naciones, cada una de las cuales poseía según la concepción romántica, una individualidad intransferible, un alma. Esa alma se había formado a lo largo del tiempo, y cada nación debía reivindicar sus remotos orígenes. Por eso el nacionalismo creyó que había que “revisar” el valor de la época colonial, para buscar en ella la primera fisonomía del alma nacional. Pero no se detuvo allí. También reivindicó la tradición indígena. Lo había hecho ya la Revolución mexicana y lo harían otros movimientos más tarde.

El indigenismo fue una teoría, especialmente en Perú y Bolivia. Entre otros, la sostuvieron en Bolivia de manera eminente Franz Ta- mayo, que veía en el indio boliviano el depositario del alma nacional, Jaime Mendoza y el grupo que Roberto Prudencio aglutinó alrededor de la revista Kollasuyo. en parte el mismo que actuó en el Movimiento Nacional revolucionario; y la promovieron y adoptaron en Perú, bajo la remota inspiración de Clorinda Matto de Turner, el antropólogo Luis E. Valcárcel y los novelistas Ciro Alegría y José María Arguedas. El nacionalismo recogió esa teoría y la incluyó dentro de su sistema.

Pero el pasado histórico no era toda la raíz de la nacionalidad. El boliviano Jaime Mendoza escribía: “Cuando se habla del indio, implícitamente se alude a la tierra”. Este sentimiento aparece también en Tamayo y se encuentra expresado de manera tajante en Prudencio: “La cultura no es sino la expresión de lo telúrico”. Este trasfon- do de pasado histórico y sentimiento telúrico apareció entre los nacionalistas brasileños, en el antropólogo Euclides da Cunha, en el novelista Graça Aranha, en el filósofo Alberto Torres. Y en México, un vasto movimiento destinado a definir “lo mexicano” se expresó a través de una rica literatura y adquirió forma en el pensamiento de Vasconcelos, Ramos y Zea.

Bajo la forma de movimiento político populista, el nacionalismo recogió esa doctrina de las esencias nacionales —peruanidad, bolivianidad, mexicanidad, argentinidad— y la movilizó en busca de soluciones para los grandes problemas de la nación, al margen de las tradicionales fórmulas liberales y de las que ofrecían los partidos de la izquierda marxista.

Se intentó programar una economía nacional, cuya primera consigna debía ser escapar de los tentáculos del capitalismo internacional. Decía el argentino Carlos Ibarguren[102] en carta a un candidato presidencial conservador:

Anhelo vivamente… que limpie Ud. el escenario público, cuyos actores ac-tuales nada representan y constituyen una oligarquía de profesionales de la política que corren en pos del mantenimiento de sus posiciones y de sus intereses particula-res; que conquiste Ud. la completa independencia económica de nuestra patria, li-berándola de monopolios y de la presión del capitalismo internacional que la tienen ahogada en muchos de sus órganos vitales…

Radomiro Tomic,[103] uno de los jefes de la democracia cristiana chilena, decía en 1948: “Los que creemos en el Social-Cristianismo creemos en la posibilidad de hallar una síntesis entre las profundas modificaciones de estructura que necesita la economía para ponerse al servicio del Trabajo en vez de seguir al servicio del Capital, y la plena salvaguardia de los valores espirituales…”.

De este modo, concretaba su programa en una serie de transformaciones fundamentales para la economía chilena, evitando el principio de la socialización de los bienes de producción. Tal era también el principio del Movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, en cuyo programa se decía:[104]

Afirmamos nuestra fe en el poder de la raza indomestiza; en la solidaridad de los bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el aprovechamiento de la técnica para construir la Nación sobre un régimen de verdadera justicia social boliviana, sobre bases económica y política-mente condicionadas con sujeción al poder del Estado.

Exigimos la voluntad tenaz de los bolivianos para mantener ante lodo la propiedad de la tierra y de la producción, su esfuerzo político para que el Estado fortalecido asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria ex-tractiva, y su acción individual para formar la pequeña industria. Exigimos el con-curso de todos para extirpar los grandes monopolios privados y que las actividades comerciales minoristas sean desempeñadas exclusivamente por bolivianos. Exigi-mos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vista a in-corporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella, y a lograr una organización adecuada de la economía agrícola para obtener el máximo rendimiento. Exigimos la nacionalización de los servicios públicos.

Esta actitud frente al ordenamiento económico fue también predominante en la política de Vargas[105] y en la de Perón. Decía Vargas a los dos años de la Revolución:

El individualismo excesivo que caracterizó el siglo pasado, necesitaba en-contrar límite y correctivo en la preocupación predominante del interés social. No hay en esa actitud, ningún indicio de hostilidad al capital, que, al contrario, necesita ser atraído, amparado y garantizado por el poder público. Pero la mejor manera de garantizarlo está, justamente, en transformar el proletariado en una fuerza orgánica de cooperación con el Estado y no dejarlo que, por el abandono de la ley, se entregue a la acción disolvente de elementos perturbadores, privados de sentimientos de patria y de familia.

Una posición semejante sostuvo Perón[106] en 1946, antes de llegar a la presidencia, cuando se suponía que necesitaba apelar a todos los recursos para atraer el voto popular:

No soy tampoco de los que creen que los integrantes de la llamada Unión democrática han dejado de llenar su programa político —vale decir, su democracia— con un contenido económico. Lo que pasa es que ellos están defendiendo un sistema capitalista con perjuicio o con desprecio de los intereses de los trabajadores, aun cuando les hagan las pequeñas concesiones a que luego habré de referirme; mientras que nosotros defendemos la posición del trabajador y creemos que sólo aumentando enormemente su bienestar e incrementando su participación en el Estado y la intervención de éste en las relaciones del trabajo, será posible que subsista lo que el sistema capitalista de libre iniciativa tiene de bueno y de aprovechable frente a los sistemas colectivistas. Por el bien de mi patria quisiera que mis enemigos se convencieran de que mi actitud no sólo es humana sino que es conservadora en la noble acepción del vocablo. Y bueno sería también que desechasen de una vez el calificativo de demagógico que se atribuye a todos mis actos, no porque carezcan de valor constructivo ni porque vayan encaminados a implantar una tiranía de la plebe (que es el significado de la palabra demagogia) sino simplemente porque no van de acuerdo con los egoístas intereses capitalistas, ni se preocupan con exceso de la actual ‘estructura social’ ni de lo que ellos barriendo para adentro llaman ‘los supremos intereses del país’ confundiéndolos con los suyos propios.

Pero los grupos más avanzados del peronismo consiguieron imponer al reformarse la Constitución Argentina de 1949 un artículo que expresaba su concepción de la economía nacional:[107]

La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguaradia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortiguado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La organización de la economía debía traer consigo una reorganización social y política. El nacionalismo declaró caduco el sistema individualista y el régimen parlamentario, y buscó sustitutos. En principio los halló en la teoría del corporativismo. El intento más acabado de la nueva concepción social fue el Estado Novo montado por Vargas en el Brasil después del golpe de Estado de 1937. En la Argentina se intentó cautelosamente a través de una constitución provincial. Pero en ambos casos los esfuerzos fueron efímeros, sobre todo por el desprestigio que acarreó al sistema la derrota del Eje. En la imposibilidad de estatuir un sistema orgánico, se proclamaron vagos principios políticos. Rojas Pinilla arriesgó en Colombia una definición de la democracia y de los principios políticos de su gobierno:[108]

democracia es la mejor interpretación de la voluntad soberana del pueblo; democracia es oportunidad para que todos trabajen honrada y pacíficamente; de-mocracia es el otorgamiento de garantías sin discriminación alguna; democracia es gobierno de las fuerzas armadas.

¿Quién puede dar oídos a las voces que hablan de gobierno despótico y de poderes omnímodos?

Vosotros diréis ahora si preferís la democracia de parlamentos vociferantes, prensa irresponsable, huelgas ilegales, elecciones prematuras y sangrientas y burocracia partidista, o preferís la democracia que los resentidos llaman dictadura, de tranquilidad y sosiego ciudadano, obras de aliento nacional, garantías para el trabajo, técnica y pulcritud administrativa y ancho campo para la verdadera libertad y las iniciativas del músculo y de la inteligencia.

Perón, por su parte, dejando subsistente el sistema parlamentario tradicional, intentó una “organización del pueblo” cuyo programa establecía:[109] “La comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalecientemente sociales”.

Y procuró llevarlo a cabo estimulando las diversas asociaciones y promoviendo su ostensible participación en el gobierno.

En principio, el populismo asumió la defensa de los intereses populares, pero entendiendo que requerían la tutela de una aristocracia, de una elite sobre cuyo origen y constitución sólo hubo vagos indicios. Perón y Vargas hablaban de la formación de nuevos cuadros, y en efecto promovieron su formación sin reparar en el origen social; pero en importantes sectores del nacionalismo populista subsistían los resabios de una concepción aristocratizante que suponía la conservación del poder y de la tutela en manos de las clases ilustradas o tradicionales.

Para coronar el edificio del nuevo orden nacional, el populismo afirmó la existencia de una cultura nacional, nutrida de savia vernácula y orientada según su espontánea concepción de la vida. También en este campo resonaron las apelaciones a los sentimientos telúricos, a la tradición indígena, al pasado colonial, y las imprecaciones contra la tradición europea, francesa especialmente en cuanto tenía de liberal y racionalista. Una revalorización del arto autóctono y de las tradiciones vernáculas acompañó esta afirmación de la vigencia de la cultura nacional.

Notas

1 Oliveira Vianna. Evolución del pueblo brasileño. Buenos Aires. 1937, p. 286.

2 Ots Capdequí, José M., Instituciones sociales de la América española en el período colonial. La Plata, 1934, p. 33.

3 Fray Vicente del Salvador, Historia do Brasil, cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 65.

4 Las Casas, Bartolomé de, Historia de las Indias, Libro III, cap. IV.

5 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, 1958, p. 68.

6 Van Vliervelt, “Reflexiones sobre el Brasil”, Revista del Instituto Histórico de San Pablo, vol. V, p.135: cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 64.

7 Abad y Queipo, Manuel. Representación al Rey sobre la inmunidad personal del clero de Michoacán, del 11 de enero de 1799, cf. J. Romero Flores, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, México, 1945.

8 Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre la Isla de Cuba, La Habana, 1960, p. 162.

9 Arzobispo San Alberto, Catecismo Regio.

10 Sepúlveda, Juan Ginés de, Democrates alter, pp. 81, 85 y 171: cf. Silvio

11 Op. cit., pp. 100-101

12 Zárate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Buenos Aires, 1965, p. 15.

13 Relación de los hechos y fin heroico del General Liniers, en Anales de la Biblioteca, tomo III, Buenos Aires, 1904, p. 336.

14 Giménez Rueda, Julio, Letras de México, México, 1944, p. 80.

15 Díaz, José Domingo, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, 1961, p. 45 y sigs.

16 Alamán, Lucas, Semblanzas e Ideario, México, 1963, p. 171.

17 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, La Plata, 1938, p. 74.

18 Toro, Fermín, Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1854.

19 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., p. 75.

20 Montalvo, Juan. “liberales y conservadores’’, en El Regenerador, número 3. 1867, t. 1, p. 104.

21 El Constitucional, 20 de noviembre de 1868; cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 224.

22 Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Bogotá, 1948, t. 1, p. 44.

23 El Tizón Republicano, 23 de junio de 1823: cf. G. Feliu Cruz. La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago, 1942, p. 102.

24 4 Camacho Roldán, Salvador, Op. cit., t. I, p. 83.

25 Ruy Barbosa, Conferencias y discursos, Buenos Aires, 1939, p. 250.

26 Vallarta, Ignacio L., Discurso del 8 de agosto de 1856, en el Congreso Extraordinario Constituyente, cf. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. III, p. 588.

27 Pardo y Aliaga, Felipe, Poesías y escritos en prosa, París, 1869.

28 Op. cit.

29 Robertson, J. P. y C., Cartas del Paraguay.

30 Auto del 25 de octubre de 1816. en Cuaderno de Autos Supremos: cf. Efraim Cardozo, Paraguay independiente, 1949. p. 58.

31 Sánchez Quell, H., política internacional del Paraguay, Buenos Aires, 1945. p. 73.

32 cf. Pérez Acosta. J., Francia y Bonpland, Buenos Aires, 1942, p. 23

33 Robertson, J. P. Y G., Op. cit.

34 Cardozo, Efraim. Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, p. 85.

35 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., 1938, p. 261 y sigs.

36 6 cf. Cardozo, Efraim. Paraguay independiente, p. 64: Chávez, El supremo dictador.

37 Saldías, Adolfo, Papeles de Rosas, La Plata, 1904.

38 Cancionero del tiempo de Rosas, selección de José Luis Lanuza, Buenos Aires, 1941. p. 38.

39 40 Saldías, Adolfo, Op. cit.

40 Gálvez. Manuel, Vida de D. Gabriel García Moreno, Buenos Aires, 1942. p. 329.

41 Mera, Juan León, El héroe mártir, Canto a la memoria de García Moreno, Quito. 1876.

42 cf. Alfonso M. Escudero, Introducción a Cumandá, Austral, p. 28.

43 “Las leyes de García Moreno’’, en El Regenerador, número 5, t. 1, p. 162.

44 Gálvez, Manuel, Op. cit., p. 327.

45 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961. t. III.

46 47 Alamán, Lucas, Semblanzas e ideario, México, 1963, p. 103.

47 Loc cit.

48 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, XI, p. 234.

49 Calmón, Pedro, Historia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, p. 251.

50 Oliveira Torres, Joao Camillo de, A democracia coronada (Teoría política do Impero do Brasil), Río de Janeiro, 1957, p. 498.

51 Carta constitucional del 16 de marzo de 1824, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961, t. 1, p. 261.

52 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Apéndice 36, Obras Completas, Buenos Aires, 1941, t. IX, p. 247.

53 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Apéndice 15, Obras Completas. Buenos Aires, 1940, t. V, .p. 262.

54 Cf. Francisco A. Encina, Portales, Santiago de Chile. 1934.1. II. p. 226.

55 Cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 220.

56 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 52.

57 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, en El pensamiento constitucional hispanoamericano, Caracas, 1961, t. V, pp. 171-172.

58 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 53.

59 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, Op. cit., pp. 165.

60 Op. cit., pp. 169.

61 Madame Calderón de la Barca, La vida en México, México, 1959. capítulos XLV-XLVII.

62 Vicuña Mackenna, Benjamín, Don Diego Portales, Santiago de Chile, 1937, p. 587; Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática, capítulo VII.

63 Encina, Francisco A., Portales, t. 1. p. 242.

64 Vicuña Mackena, Benjamín, Op. cit., p. 557 y siguientes.

65 Herrera, Luis Alberto de, Por la Patria, Montevideo, 1953, t. I, p. 65.

66 Op. cit., t. I, p. 64.

67 Op. cit., t. 1, p. 6.

68 Freyre, Gilberto, Casa-Grande y Senzala, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 61.

69 Oliveira Vianna, Evolución del pueblo brasileño, p. 81.

70 Op. cit., p. 138 y sigs.

71 Op. cit., p. 111 y sigs.

72 Op. cit., p. 260.

73 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, 1960. p. 212 y sigs.

74 Rodó, José Enrique, Ariel, Valencia, 1920, p. 75 y sigs.

75 Op. cit., p. 84 y sigs

76 Goyena, Pedro, “Discursos parlamentarios del 6 y 11 de julio de 1883”, en Obra Selecta, Buenos Aires, 1943, p. 260 y sigs.

77 8 Op. cit., p. 263.

78 Estrada, José Manuel, Discurso en el Congreso Católico de Buenos Aires de 1884, en Páginas del Maestro, Buenos Aires. 1942, p. 20.

79 Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940, p. 444 y sigs.

80 Justo, Juan B., La teoría científica de la historia v la política Argentina, en La realización del socialismo, Buenos Aires, 1947, p. 171.

81 Cf. Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile, Santiago, 1955, p. 99.

82 Bunge. Carlos Octavio, Nuestra América, t. III, i, p. 168.

83 Op. cit., t. I, XI, p. 160.

84 Arguedas, Alcides, Pueblo enfermo, p. 28.

85 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 96.

86 Cf. F. R. Pintos, Batlle y el proceso histórico Uruguay.

87 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 116.

88 Roca, Julio A., Discurso del Presidente de la República, en Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, primera parte, p. 293.

89 Nieto Arteta, Luis A., Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1942, p. 406.

90 /hi> Caso, Antonio, México, apuntamientos de cultura patria, México. 1943. p. 14.

91 Sierra, Justo, Op. cit., p. 251.

92 Op. cit., p. 454 y sigs.

93 Vallenilla Lanz, L., Cesarismo democrático, Caracas, 1929, p. 123.

94 Vallenilla Lanz, L., La rehabilitación de Venezuela, Caracas, 1926, I, p. 18 y sigs.

95 Jobet, Julio César, Op. cit., p. 196.

96 La Nueva República, número 43, Buenos Aires, 1º de Diciembre de 1928.

97 Cf. Alberto S. Cornejo, Programas políticos de Bolivia, Cochabamba, 1949, p. 148.

98 Paz Estensoro, Víctor, Discursos y Mensajes, Buenos Aires, 1953, p. 30.

99 Prudencio, Roberto, Los valores religiosos, 1945.

100 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, México, 1960, p. 278 y sigs.

101 Montenegro, Walter, “La bolivianidad en la economía y la historia”, Kollasuyo, número 13, La Paz, enero de 1940.

102 Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 499.

103 Tomic Romero, Radomiro, “Capitalismo, comunismo, democracia cristiana”, discurso parlamentario del 11 de mayo de 1948.

104 Cf. Alberto S. Cornejo. Op. cit., p. 149.

105 Vargas, Getulio, “As classes trabalhadoras o govêrno da Revoluçao”, discurso del 29 de octubre de 1932, en A nova política do Brasil, Río de Janeiro, II, p. 97.

106 Perón, Juan D., “Discurso pronunciado en su proclamación como candidato a la presidencia constitucional de la Nación”, 12 de febrero de 1946.

107 Constitución Argentina de 1949, artículo 40.

108 Cf. La Prensa, Buenos Aires, 27 de agosto de 1956.

109 Doctrina Nacional, presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1954, p. 33. punto 2.

La “Vida de los doce Césares” de Suetonio. 1948

Un ciego azar, manifestado en la accidental circunstancia de que se hayan conservado o no los viejos manuscritos, ha contribuido en alguna medida a cimentar perdurablemente o a ensombrecer, otras veces, la gloria de muchos escritores ilustres del pasado. Es indudable que más nos acordamos de Aristófanes que de Menandro. La posteridad ha recibido en herencia el vago recuerdo de más de un nombre preclaro que solo es para ella una sombra esfumada, porque un destino infausto ha querido que perecieran todos los testimonios de su esfuerzo y su genio. Y frente a la falange de los que triunfaron en las ásperas batallas del espíritu, su nombre se pronuncia como, después de la victoria, el de los héroes que sucumbieron en la lucha: con un rumor sombrío en el que vibra la certeza de la definitiva ausencia.

Suetonio, como muchos otros, ha tenido el privilegio de no caer en el olvido. Ciertamente, de las numerosas obras en que vertió su inmenso saber muchas perecieron y solo nos ha quedado algún fragmento que recogiera un autor posterior o la mera noticia que guarda algún cuidadoso comentarista. Pero ha querido su fortuna que nos haya llegado casi completa aquella que más hizo por su fama: las Vidas de los doce Césares, colección de biografías de los emperadores romanos del primer siglo del Imperio. Gracias a ella, Suetonio ha llegado a ser uno de los clásicos más leídos y uno de los autores más citados. Allí procuraron satisfacer muchas generaciones de lectores su curiosidad acerca de la vida de la Roma imperial, reliquia duradera del pasado que el hombre de Occidente no puede olvidar sin olvidarse de sí mismo. Y más que las severas páginas de Tácito, las Vidas de Suetonio siguen aproximándose al lector con su aire acre o dulce de humanidad, y conformando —con sus méritos y sus defectos— una arraigada visión del Imperio.

Empero, Suetonio, como otros muchos autores de la Antigüedad, suscita en el espíritu de quien aconseja su lectura algunas dudas y no pocos temores. Es preciso leerlo, pero es menester estar preparado para que su lectura resulte agradable y provechosa. Teniendo en cuenta cuáles son las fuentes de información que poseemos para conocer la historia del Imperio romano, debemos convenir en que las Vidas de Suetonio constituyen una cantera de noticias de inapreciable valor: solo por él sabemos muchas cosas que sería deplorable ignorar. Pero para beber en esta fuente con provecho es imprescindible conocer el cuadro general en el que deben insertarse sus noticias, porque es fácil, de lo contrario, encontrar pronta satisfacción a la curiosidad con una imagen que solo refleja una faz de la poliédrica realidad del Imperio.

Este estudio preliminar quiere proporcionar al lector que no se sienta familiarizado con la historia romana algunos elementos útiles para comprender la obra de Suetonio y la vida de la sociedad que él refleja. Para ello es imprescindible, ante todo, poseer una clara visión de conjunto de la época en que transcurren las vidas de los personajes de Suetonio; pero no basta con eso; también es menester lograr una imagen precisa de la época inmediata, aquella en que Suetonio escribe, porque con sus supuestos juzga e interpreta el autor; y, finalmente, es imprescindible conocer la singular fisonomía intelectual del propio Suetonio y estar prevenido sobre sus características de historiador y de biógrafo.

Es seguro que con estos recaudos el lector apreciará con claridad y hondura el alcance de la interpretación que hace Suetonio de sus personajes y obtendrá, a través de él, una visión más justa de la realidad romana del primer siglo del Imperio.

La época de los doce Césares. — El conjunto de las biografías que componen la obra de Suetonio muestra al lector la época que transcurre desde el desencadenamiento de la crisis en que sucumbió la República romana hasta fines del siglo I de nuestra era y del Imperio. En tan largo plazo, la fisonomía de Roma se transformó profundamente y su historia recorrió algunas etapas decisivas: la crisis republicana, el advenimiento del principado, la época de la dinastía Julio-Claudia, la convulsión de los años 68 y 69, y, finalmente, el afianzamiento del despotismo militar con la dinastía de los Flavios. Y sobre el cuadro de estas mutaciones históricas, que corresponden a graves procesos que se desarrollan en el seno de la vida romana, se mueven las figuras de los Césares con perfiles más o menos acusados, cumpliendo en el desenvolvimiento de la acción histórica papeles de mayor o menor alcurnia.

Cuando terminó la segunda guerra púnica, en 202 a. de J. C., se inició en la historia romana una etapa de transformación radical. Casi un siglo antes, la anexión de las ciudades griegas del sur de Italia había convertido a Roma en potencia marítima, posición en la que se había fortalecido mediante su triunfo en la primera guerra púnica (264-241 a. de J. C.). Poco después debió afrontar el grave riesgo en que la puso la invasión de Aníbal y, tras larga y sostenida lucha, había logrado tornar favorable el resultado de la guerra gracias a la feliz campaña de Escipión el Africano, triunfador en la batalla de Zama (202 a. de J. C.): fue este triunfo, precisamente, el que motivó ciertas transformaciones en la vida de Roma, destinadas a tener largas proyecciones.

En efecto, si por la orientación de su política exterior quedó en evidencia que Roma aceptaba su posición de potencia mediterránea y que estaba dispuesta a llevarla hasta sus últimas consecuencias, no fue menos claro que la adopción de esa política debía traer consigo alteraciones de trascendencia en el ritmo de su vida interna. Las circunstancias favorecieron el rápido florecimiento de las actividades económicas y muy pronto se advirtió, como consecuencia, una dislocación de la tradicional ordenación social debido a la aparición de grandes fortunas que contrastaban con la creciente pauperización de las grandes masas. Ya en el siglo II a. de J. C. hizo su aparición el latifundio explotado por brazos serviles y comenzó a decrecer, poco a poco, la pequeña propiedad y el número de los colonos libres que la trabajaban. Con estos antiguos colonos libres, ahora sin posibilidades en los campos, se engrosó la masa del proletariado urbano, multitud amorfa en la que palidecían las viejas virtudes ciudadanas y se enervaban las calidades militares del soldado, en otro tiempo esforzado hasta el sacrificio; su concentración en las ciudades respondía a la esperanza de encontrar en ellas nuevas posibilidades de vida, y así su esfuerzo se volcó en las nuevas actividades comerciales, industriales y marítimas.

Con estas transformaciones económicas y sociales se incubaban difíciles problemas que desembocarían, antes de mucho tiempo, en las violencias de la guerra civil. Un partido de opinión, heterogéneo e inorgánico pero de inconfundibles tendencias, comenzaba a constituirse con esos nuevos elementos sociales que quedaban desgajados del antiguo orden y sin firme arraigo todavía en el nuevo; su fuerza consistía en el crecido número de sus miembros, en su creciente irresponsabilidad cívica y en la periódica actualización de sus exigencias perentorias. A su frente comenzaron a aparecer políticos de tendencia reformista o revolucionaria que unieron sus intenciones filantrópicas a sus ambiciones personales; los nutrían algunas innegables tradiciones romanas, pero más aun los ideales del socialismo griego, difundido entonces por el mundo romano, a cuyo calor forjaban los temas de su propaganda y las consignas que ofrecían a sus partidarios; pero después que la conquista los puso en contacto con el mundo helenístico comenzó también a influir en su ánimo el espectáculo de un poder menos constreñido que el que ofrecía a los magistrados el rígido mecanismo institucional de Roma; el de los autócratas helenísticos, a quienes comenzaron a envidiar. Los mandos militares en las provincias sometidas, para los que se comenzó a prescindir de las limitaciones legales, fueron una escuela para el ejercicio del poder discrecional, y esta circunstancia, unida a la más estrecha dependencia de los soldados con respecto a sus jefes, que se estableció al prolongarse las campañas y al comenzar a reclutar los legionarios entre los desposeídos, creó un nuevo tipo de político al que estaba reservado apurar las etapas de la crisis de la República. El jefe de partido con mando militar, apoyado en sus tropas, fue, en efecto, el árbitro de la situación, y de él lo esperaban todo los que nada podían esperar del funcionamiento regular de las instituciones.

Así comenzó, en la segunda mitad del siglo II a. de J. C., una crisis profunda de toda la estructura romana, en la que era posible ver qué elementos desaparecían aun cuando no se divisaran con claridad los caracteres de la renovación que se preparaba. El tribunado de Tiberio Graco en el año 133 a. de J. C. señala el desencadenamiento de la lucha entre los intereses económicos y sociales en pugna, y los frentes enemigos se acusan ya con nitidez cuando su hermano lo reemplaza en el comando revolucionario, diez años después. La nobilitas, que detentaba el poder, temía que el desarrollo de la política imperialista le arrancara de las manos el monopolio del Estado, y trató por todos los medios de contener los primeros ensayos de quebrar su autoridad, hechos por las fuerzas que habían nacido como consecuencia de aquella. La política imperialista —que había ofrecido a la nobilitas pingües ganancias— era, en efecto, la que había llevado al primer plano de la vida política al proletariado urbano, numeroso y empobrecido, y a los caudillos militares, ambiciosos y audaces. A largo plazo, el triunfo no podía ser dudoso para esos nuevos elementos sociales y políticos que reflejaban la nueva realidad de la vida romana; pero, entre tanto, los que veían escaparse de sus manos los antiguos privilegios procuraban defenderlos y no vacilaron en llegar a los últimos extremos de violencia; por ella sucumbieron Tiberio y Cayo Graco, símbolos del primer esfuerzo constructivo en favor de una nueva ordenación de la vida romana, compatible con las nuevas circunstancias y las viejas tradiciones.

Pero la llama renovadora no se apagó al ser abatidos los portadores de la antorcha. La recogieron Mario y Saturnino y brilló otra vez, con mayor o menor pureza; volvió a arder en las manos apasionadas de Catilina y la recogió por fin Julio César, más experto piloto de tempestades, más cauto y al mismo tiempo más audaz, bajo cuya custodia incendió los últimos reductos del tiempo ido y alumbró el despertar de una existencia renovada.

Con Julio César la República recibe el golpe de muerte que la amenazaba desde largo tiempo. Para hallar solución a los múltiples problemas que proponía la nueva situación económica, social y política, era menester romper decididamente con las tradicionales limitaciones impuestas al ejercicio del poder, instaurar nuevos principios jurídicos y políticos, crear y derribar instituciones. Julio César apenas disimuló su resolución de llegar hasta donde fuera necesario. Muy pronto la tradición republicana se tornó una vaga sombra, a la que, sin embargo, se adhirieron con pertinaz y heroica decisión algunos espíritus conservadores y temerosos del desarrollo del poder personal; pero sus esfuerzos fueron vanos, y el viejo orden se desvaneció —hundido por amigos y enemigos— para ceder el paso a un estado autocrático que muestra la impronta de las tradiciones helenísticas; era la corona, que César simulaba rechazar, lo que mejor simbolizaba el tiempo nuevo.

Sin embargo, pese a su esfuerzo gigantesco, el asesinato de César en el año 44 a. de J. C. volvió el problema al punto de partida. La obra de creación institucional que Julio César había comenzado requería un finísimo artífice de la política, y el artista supremo había caído apuñalado en los idus de marzo. Era necesario volver a empezar, sin olvidar que una primera experiencia había demostrado la fuerza con que anidaba la tradición republicana en muchos corazones. Entonces quiso la fortuna romana que apareciera para reemplazarlo un artífice no menos hábil, cuya paleta, de tonos pálidos, contrastaba con la vigorosa de César, pero que poseía, acaso más que él, cierto sentido de las grandes estructuras arquitectónicas. Ese fue Augusto, por el que Suetonio no oculta la más profunda admiración, reflejo fiel de la que le tuvieron sus contemporáneos y del recuerdo imperecedero que dejó en el ánimo de las generaciones sucesivas mientras Roma alentó.

Con Augusto aparece una nueva organización política: el principado, fórmula transaccional en la que se acuerdan las tradiciones jurídicas de la República con la realidad del poder de facto, impuesto por la conquista del Imperio. El principado, tal como lo diseña Augusto, deja en pie la armazón republicana, pero introduce en él el principio del poder autocrático, disimulado tras las excepciones que se confieren al jefe absoluto de las fuerzas militares para el ejercicio simultáneo de otras magistraturas, sin las antiguas limitaciones de la anualidad y la colegialidad.

En el fondo, el régimen del principado nacía sobre la base del indiscutido prestigio militar y político de Augusto, y recibió su fisonomía de la parsimonia con que supo ejercerlo. Su tiempo fue como una Edad de Oro para la Roma sacudida durante tanto tiempo por los estertores de las contiendas civiles; la Pax Augusta se extendió por el Imperio y florecieron por entonces Virgilio y Horacio para testimoniar el esplendor de la vida espiritual. Pero la moderación no provenía de la sabia ficción jurídica elaborada por Augusto sino de su propia prudencia. El régimen autocrático estaba fundado y solo se necesitaba que alguno de sus sucesores quisiera arrojar la máscara de la juridicidad para que surgiera a plena luz.

Eso fue, precisamente, lo que hicieron los sucesores inmediatos de Augusto. La familia Julio-Claudia dio a Roma cuatro emperadores más: Tiberio (14-37), Calígula (37-41), Claudio (41-54) y Nerón (54-68). Si Tiberio mantuvo la orientación política de su ilustre antecesor durante los primeros tiempos de su principado, ya en su última época, y sobre todo después de la conjuración de Sejano (31), comenzó a ejercer su poder omnímodo sin restricciones ni trabas. Su violencia rompió pronto todos los diques del derecho y bien pronto se advirtió que no existía ya freno legal que contuviera los excesos del príncipe. Murió Tiberio y lo sucedió Calígula; pero los excesos no cesaron y su recuerdo hizo temblar a los romanos mucho tiempo después de muerto; parecían estar presentes ante sus ojos las inspiraciones de su bisabuelo Marco Antonio, que, como César, soñaba con el ejercicio del poder autocrático a la manera oriental y se había dejado arrastrar, junto a Cleopatra, por los desvaríos de la monarquía divinizada. Y cuando Claudio sucedió a Calígula, sus mujeres y sus libertos reclamaron para sí el poder omnímodo que el César no se atrevía a ejercer. Poco después Nerón colmaba la medida y conducía a Roma por los senderos de la más refinada crueldad hasta amenazar a sus conciudadanos y a Roma con la destrucción y el aniquilamiento físico.

Así quedó al descubierto la verdadera estructura política del principado, cuya moderación dependía solamente de la voluntad del príncipe y de su graciosa sujeción a los antiguos principios jurídicos. Pero más al descubierto quedó aun cuando las inauditas crueldades de Nerón suscitaron la indignación colectiva. De nada habían servido las sabias enseñanzas de Séneca y en nada había modificado su inclinación al mal su vocación de citarista y de poeta. Las crueldades del César amenazaban con la destrucción total y los espíritus se agitaron contra él. Entonces se descubrió hasta qué punto el régimen del principado había destruido todos los resortes de la vida política, cómo la ciudadanía carecía de instrumentos legales para hacerse presente en las situaciones difíciles y cómo la realidad era que solo quedaba en pie la fuerza militar.

Este era, en última instancia, el principio esencial del régimen del principado; constituía una estructura apoyada en el poder militar y no se apoyaba sino en él, de modo que solo él mantenía la posibilidad de actuar si las circunstancias exigían la acción. Así se desencadenó la terrible crisis de los años 68 y 69, que Suetonio refleja en sus biografías de Galba, Otón y Vitelio, y en la de Vespasiano luego. Cuando la ciudadanía siente la ausencia de toda posibilidad de acción, los jefes de los distintos ejércitos del Imperio, por el contrario, descubren que tienen a su disposición el instrumento político eficaz para apoderarse del poder; todo dependía del apoyo que los ejércitos quisieran prestar a sus jefes y, de inverso modo, de las concesiones que los jefes estuvieran dispuestos a hacer para seducir a sus ejércitos. Resuelta esta situación recíproca, cada jefe militar era un candidato en potencia al Imperio; la crisis del año 68 puso de manifiesto todos los secretos mecanismos de la vida política romana y las luchas que siguieron a la insurrección de Vindex probaron que solo el que predominara por la fuerza podía poseer por derecho el poder político.

Triunfó en la sangrienta puja Vespasiano, el jefe de los ejércitos de Oriente. Su apoyo y su título habían sido sus tropas, y, más que sus antecesores, afirmó su poder en la fuerza militar organizada. Pero, conocedor de lo que ello podía significar, Vespasiano quiso hallar, una vez dueño del poder, la manera de contener la siniestra violencia que amenazaba al Imperio restableciendo el lineamiento jurídico del principado, tal como lo proyectara Augusto. Surgió otra vez, en efecto, pero era notorio que solo por concesión benévola del todopoderoso imperator de los ejércitos, cuya autoridad asomaba iracunda cada vez que le estorbaba el orden jurídico. Y así, aunque el efímero principado de su hijo Tito permitió alentar la esperanza de que asentara el orden legal, Domiciano necesitó muy poco tiempo para quebrar las débiles ataduras que lo constreñían y retornar a la más desenfrenada autocracia, en rápida pendiente hacia el crimen.

Así transcurrió la época que Suetonio refleja en sus Vidas de los doce Césares. Desde Julio César hasta Domiciano, la aventura personal de sus personajes se desliza sobre el intenso drama del Imperio y no siempre permite su trama que el conjunto de la escena adquiera el relieve necesario; pero esa aventura personal proporciona abundantes datos de intenso valor humano para vivificar los esquemas políticos, y, así, la lucha entre los abstractos principios de la vieja tradición romana y de la nueva sensibilidad helenística adquiere, a través de Suetonio, una viviente realidad.

La época de Suetonio. — Del primer siglo del Imperio quedó en la memoria de los romanos una imagen llena de sombras, en la que solo brillaban, como etapas de clara felicidad, los tiempos de Augusto y los de Vespasiano y Tito. El régimen político del principado poseía una virtual posibilidad de ordenación jurídica que solo tornábase realidad por la clemencia y la moderación del príncipe, y tales virtudes solo en aquellos habían brillado; en los otros, en cambio, se mostraban en rara conjunción las malas pasiones, las desmedidas ambiciones de lujo y poderío, la torpeza para conducir el destino del Imperio.

Esta imagen cobró mayor nitidez cuando, tras el principado de Domiciano, una nueva conjuración entregó el poder a Nerva en el año 96. Los tiempos dulcificados que comenzaron entonces, ennegrecieron aún más, por contraste, las sombras que cubrían el pasado; los historiadores que fijaron en él su atención descubrirán en la violencia cesárea la tónica del período anterior, y Tácito expresará con sentencia precisa y vigorosa el juicio del siglo de los Antoninos sobre el que le había precedido: “Nerva reunió por primera vez dos cosas en otro tiempo inconciliables: el principado y la libertad”.[1]

Celoso curador de los principios de juridicidad y orden que aun anidaban en el fondo del alma romana, Nerva dio pruebas, en su efímero principado, de una clarividente sabiduría y una prudencia ejemplar. El poder de los Césares, apoyado en la fuerza militar e irrefrenable ya por las leyes, no admitía otra constricción que el de las virtudes personales; Nerva lo comprendió así y buscó un sucesor digno de la confianza de Roma por la templanza de su espíritu, y lo adoptó como hijo para asegurarle el poder. Tácito pone en boca de Galba, al narrar la adopción de Pisón, las ventajas del sistema,[2] pero es evidente que tiene presente en su ánimo el recuerdo de otra adopción más fructífera que aquella: la de Trajano por Nerva. Ese acto político tuvo, en efecto, el valor de un ejemplo e instituyó una costumbre que se mantuvo durante casi todo el siglo II; solo la quebró Marco Aurelio, cuya sabiduría no fue suficiente para decidirlo a apartar del poder a su hijo Cómodo, violento y cruel; pero, hasta entonces, permitió que Roma tuviera, durante el siglo II, cuatro emperadores de temple magnánimo y aguda visión de los intereses del Imperio: Trajano (98-117), Adriano (117-138), Antonino Pío (138- 161) y Marco Aurelio (161-180); con Nerva, iniciador de la tradición liberal, y Cómodo, con quien se hunde en el abismo, constituyen la familia de los Antoninos.

Hombre maduro ya cuando Trajano y Adriano ejercieron el poder, Suetonio refleja en sus biografías el juicio de su tiempo sobre la época que le había precedido. El criterio que enuncia Tácito categóricamente es el suyo, aun cuando no lo expresa de manera explícita; pero hay en la libertad con que Suetonio habla de los tiempos pasados cierto aire de seguridad y de bienestar que proviene de la certeza de que los males que describe no podrán ya volver.

En efecto, la época de Trajano y Adriano es la que suele conocerse bajo el nombre de “el imperio liberal”. Tras la aguda crisis de fines del siglo I, resurge la antigua devoción por la juridicidad y Trajano restaura el régimen definido y ejercitado por Augusto. El príncipe es, ante todo, el imperator, esto es, el jefe de los ejércitos imperiales. Por otorgamiento del Senado —el único cuerpo colegiado que subsistía aún— el imperator recibía otras funciones reguladoras de la vida social, que debía ejercer con mesura y sin privar a los otros magistrados de sus atribuciones específicas. De nuevo el orden senatorial y el ecuestre tuvieron sus atribuciones y carreras regularmente establecidas, y si alguna vez el príncipe proponía reformas y transformaciones en el régimen estatal, más las guiaba el afán de lograr un mejor equilibrio administrativo y político que no el de acrecentar su ya inmenso poder. Finalmente, nuevas instituciones destinadas a proteger a los necesitados aparecieron por entonces, como prueba de la paternal atención con que el príncipe vigilaba la vida de sus conciudadanos.

Esta política, que dio a los romanos la sensación de hallarse en un Imperio renacido, no fue obstáculo para que Trajano cumpliera lo que consideraba fundamental obligación de un imperator: la de extender y asegurar las fronteras romanas. Luchó en las regiones limítrofes y acrecentó el poder romano incorporando nuevas regiones a su autoridad. Y frente a su gloria, quedaba más notoriamente en descubierto la flaqueza de un Nerón o un Claudio, cuyos inmerecidos ornamentos triunfales parecían una burla a la legítima grandeza de Escipión o de César.

Cuando Adriano sucedió en el poder a su padre adoptivo impuso a la política militar del Imperio una modificación trascendental. Por vocación, Adriano fue un emperador civil, pero su vocación coincidía con sus convicciones acerca del peligro de una excesiva extensión del Imperio; las expediciones de conquista cesaron bajo su gobierno y los ejércitos fueron destinados a la custodia de las fronteras, tras abandonar algunas de las regiones trabajosamente conquistadas por Trajano. En los límites del Imperio surgieron las fortificaciones y las tropas comenzaron a reposar en las colonias que se levantaban tras los sólidos muros. Por eso su gloria militar es escasa. El organizador, en cambio, es brillante, y los romanos pudieron adquirir la convicción de que se hallaban en una etapa definitiva de paz y de orden jurídicamente establecido: en esta atmósfera escribe Suetonio sus Vidas de los doce Césares.

El espectáculo de una Roma regida por los principios del derecho brilla ante los ojos del erudito historiador. Como su antecesor, Adriano confiere al Senado un papel principalísimo que recordaba los buenos tiempos republicanos, y procura organizar, con los miembros del orden ecuestre, una burocracia cada vez más eficaz y contraída a su labor. Pero donde culmina su anhelo de orden es en su preocupación por la vigencia del derecho. Salvio Juliano, el famoso jurisconsulto, recibe el encargo de compilar el derecho pretorial, y el fruto de su esfuerzo es el Edicto perpetuo, verdadero código que Adriano sanciona con orgullo. ¡Qué contraste con la arbitrariedad de un Calígula, capaz de desear, en el paroxismo de su insolencia, que el pueblo romano tuviera una sola cabeza para cercenarla de un solo golpe! El jefe omnipotente del Estado se esfuerza por limitar sus atribuciones, por trazar carriles a su voluntad. El erudito historiador puede creer que la virtud se personifica en el emperador e instaura su reinado en la Roma que ha padecido antaño tanta amarga ignominia.

Y no se equivoca Suetonio. La virtud es una preocupación de la minoría. Los filósofos estoicos la explican y la divulgan, y con su conducta ofrecen un ejemplo que parece no desdeñar el propio emperador, recto y justiciero. Tácito había sentido renacer sus esperanzas al comenzar a escribir sus Historias, y lo que dijera de la época feliz de Trajano seguía en pie: “Rara felicidad de los tiempos, en que es lícito sentir como se quiera, y hablar como se sienta”.

La vida y la obra de Suetonio. — Es poco lo que sabemos de la vida de Cayo Suetonio Tranquilo, porque ni él mismo ni sus contemporáneos nos han legado sobre ella noticias de importancia: acaso fue la suya una existencia sosegada de esas que no despiertan el interés de los curiosos cazadores de anécdotas. La fecha de su nacimiento ha sido motivo de larga discusión, sosteniendo algunos que fue en el año 75 y otros que fue en el 69: esta última opinión parece merecer hoy más confianza. Miembro de una familia perteneciente al orden ecuestre, su padre había sido tribuno legionario en el ejército del emperador Otón durante las luchas del año 69. Según parece, Suetonio realizó estudios en Roma —de donde se cree que era natural— y, aunque se inició en el ejercicio de la abogacía, se sabe que no se dedicó mucho tiempo a esa actividad. Quizá contara con algunos bienes de fortuna; por ello es que muy pronto sus aficiones lo llevaron a dedicarse casi exclusivamente al estudio.

Durante el primer período de su madurez —entre los años 97 y 113—, Suetonio mantuvo correspondencia regular con Plinio el Joven, y gracias a esas cartas que nos han llegado —por otra parte, en general, bastante intrascendentes— poseemos algunas informaciones sobre ciertos aspectos de su vida, su situación y su carácter. El mero hecho de la amistad recíproca constituye una noticia interesante acerca de la posición de Suetonio, porque es bien sabido que Plinio era hombre altamente estimado y que gozaba de una situación envidiable en la vida política y en los ambientes intelectuales. Suetonio no era, pues, un hombre insignificante y la amistad y protección que Plinio le dispensaba le permitieron gozar de ciertos privilegios. Fuera de algunos favores personales y directos, Plinio facilitó a Suetonio el que se le dieran por cumplidas las obligaciones militares previas a la carrera burocrática que podían seguir los miembros del orden ecuestre, y, poco después, que se le reconociera el privilegio establecido para los ciudadanos que tenían tres hijos, condición que no satisfacía por entonces.

Plinio conocía cuáles eran las preocupaciones de Suetonio y seguía con interés el curso de sus trabajos, incitándolo a que los publicara. Cuando Suetonio dio a luz el De viris illustribus, en el año 113, su amigo y protector murió; pero no quedó huérfano de auxilios poderosos el erudito historiador, porque desde entonces se mantuvo cerca de C. Septicio Claro, hombre influyente y relacionado que tenía por él alta estimación.

En 119, el emperador Adriano confió a Septicio Claro el cargo de prefecto del pretorio; Suetonio recibió entonces la designación de secretario ab epistulis latinis, esto es, jefe de las oficinas encargadas de toda la correspondencia en ese idioma. Seguramente ese cargo permitió a Suetonio conocer muchos documentos que estaban vedados a los simples particulares; ya por entonces preparaba sus Vidas de los doce Césares y esos datos debieron ser para él de gran provecho. Poco después, hacia 121, publicó su obra y alcanzó con ella acentuado prestigio como erudito y escritor. Pero pese a él y a la estima que le tenía el emperador, no logró, sin embargo, contrarrestar la mala voluntad de cierto grupo palaciego —quizás el de Sabina, la esposa de Adriano— y en el año 122, al caer en desgracia Septicio Claro, fue separado de su cargo.

Desde entonces hasta su muerte —en una fecha que nos es desconocida— Suetonio se mantuvo alejado de la vida pública y se dedicó exclusivamente a sus investigaciones y a la preparación de sus obras, tarea sin duda la más grata a su espíritu. El fruto de su labor lo consagró como hombre de inmenso saber.

De su producción, que fue tan extensa como variada, solo nos ha llegado una obra casi completa: las Vidas de los doce Césares. El fragmento titulado De grammaticis et rhetoribus, que también ha llegado hasta nosotros, formaba parte, seguramente, de su obra De viris illustribus, que comprendía además otros capítulos destinados a estudiar a los oradores, filósofos, poetas e historiadores de Roma. Sus otras obras se han perdido y, aparte de unos cuantos fragmentos que citan algunos autores posteriores, solo conocemos sus nombres. Sabemos así que escribió un libro sobre los juegos públicos de los romanos y otro sobre los de los griegos; una enciclopedia sobre cosas romanas; un tratado sobre la organización administrativa del Imperio, uno sobre los reyes y otras obras de menor importancia.

Por la arbitraria selección que el tiempo ha hecho, Suetonio es, para nosotros, el biógrafo de los Césares del siglo I. En tal calidad merece un estudio más detenido, porque no solo es valiosa su obra en cuanto documento de la historia romana y testimonio de sus modalidades materiales y espirituales, sino que constituye un jalón importante en la historia de la literatura historiográfica. Suetonio es uno de los biógrafos más conocidos y característicos y su obra ha sido modelo del género biográfico, dentro del cual constituye un caso representativo.

Suetonio biógrafo. — Cuando Suetonio comenzó a cultivar la biografía, el género gozaba de particular predilección entre los lectores cultos; en el ámbito de la cultura helenística se lo había cultivado con asiduidad y seguramente circulaban en Roma muchos ejemplos valiosos de él.

Los biógrafos helenísticos habían tenido particular predilección por los hombres de estado, los guerreros y los literatos. Dentro de esta tendencia temática, la erudición helenística produjo un tipo de biografía cuya característica fue la acumulación de materiales, fuera para servir a la historia o para servir a la difusión de las obras y doctrinas de su protagonista. Pero al lado de ella se divulgó un tipo de biografía popular, en la que se procuraba que el relato fuera lo más ameno posible y en la que se prescindía de toda referencia sabia que pudiera fatigar al lector común.

La biografía helenística no solo se difundió en los ambientes cultos de Roma sino que suscitó el interés por imitarla, quizá movidos los romanos por el afán de mostrar cómo podían hallar entre sus compatriotas ejemplos dignos de compararse a los que podían acreditar los griegos, tanto en el campo de la política y la guerra como en el de las letras. Ya en las postrimerías de la época republicana aparecen en Roma algunas obras de este tipo. Varrón publicó, hacia el año 39 a. de J. C., sus Imagines, obra en la que reunió un conjunto numeroso de biografías breves que ofrecían al juicio comparativo del lector las vidas de un romano y un griego apareados según la actividad en que habían brillado. Allí se ocupaba Varrón no solo de políticos y hombres de guerra sino también de poetas y escritores. Esta obra no nos ha llegado; poseemos en cambio la que, hacia la misma época, escribió Cornelio Nepote con una estructura semejante, aunque no nos han llegado sino un número escaso de las biografías que la componían. Se sabe, además, que no fueron las únicas producciones del género, y se mencionan las biografías de Julio César y de Escipión el Mayor que compuso C. Opio.

En los primeros tiempos del Imperio, la biografía se difundió más todavía. C. Julio Hygino publicó dos series de biografías, una titulada De vita rebusque illustrium virorum y otra De viris claris, que pueden considerarse continuación de Cornelio Nepote, y aun se citan otras producciones; y más tarde, en el curso del primer siglo del Imperio, aparecieron autores de alguna significación que cultivaron el género con brillo. Julio Marato y Nicolás de Damasco escribieron sendas biografías de Augusto. Plutarco compuso por entonces, en lengua griega, su nutrida serie de Vidas paralelas, que repetía el esquema de Varrón en las Imagines, comparando personajes similares de la historia griega y romana, y Plinio el Viejo escribió en aquella época una vida de Pomponio Secundo. Por fin, en los últimos años del siglo, Tácito se inició en el camino de la biografía —en el que no continuó luego— con la Vida de Agrícola, pieza admirable de historia y humanidad. Poco después hace su aparición Suetonio, con el De viris illustribus, primero, y las Vidas de los doce Césares, después.

Para estimar y comprender la significación de Suetonio como biógrafo es necesario detenerse un instante a señalar los caracteres de las obras del mismo género que vieron la luz antes de la suya. La biografía había nacido en Grecia y heredó de la tradición literaria helénica una estructura definida y estricta. Su tema prístino había sido el héroe, y cuando comenzó a ocuparse de hombres de tangible realidad histórica trató de idealizarlos para que adquirieran una categoría semejante a aquellos, indispensable condición para inmortalizar su gloria. Así surgió una biografía que trataba de ajustarse a ciertos arquetipos configurados por los propios ideales de vida y cuyas formas puras eran el del hombre de estado y el del guerrero; su propósito era diseñar una imagen perfeccionada del individuo, en la que los rasgos demasiado humanos procuraban esfumarse; pero como además sus protagonistas eran guerreros y políticos, la biografía no podía sino depender de la historia general y el individuo solo prestaba el armazón del relato, cuya carne era la descripción de los sucesos de su tiempo que tenían próxima o lejana relación con él.

Esta tendencia sufrió una deformación notable en el período helenístico. Un nuevo interés por el individuo singular y una nueva estimación por otras formas de actividad humana que no eran las de la vida pública suscitaron entonces una preocupación más acentuada por el hombre de carne y hueso, por sus intransferibles modalidades, por el secreto de su mundo interior. Pero esta tendencia, que tantas posibilidades renovadoras ofrecía, apenas fue desarrollada, debido a la fuerza constrictora de la tradición arquetípica y política en el ámbito griego.

El romano poseía, sin duda, una más honda y espontánea capacidad para percibir la inmediata realidad individual. La tendencia que se descubre en su escultura a alejarse de los arquetipos —el Hermes o el Apolo— y a acercarse, en cambio, al retrato individual, se advierte también en la biografía romana. El arquetipo le parece una forma fría que no dice nada a su realismo esencial. Y así surge una biografía más próxima al microcosmos del individuo, quizá menos brillante pero sin duda más humana; y el tránsito de una concepción a otra está reflejado para nosotros en Suetonio, el primero —al menos de lo que nos es dado conocer— en quien se advierte con clara conciencia el afán de llevarlo a cabo.

La obra que nos permite acusar este rasgo en la concepción historiográfica de Suetonio es, precisamente, las Vidas de los doce Césares, en la que desfilan los príncipes romanos del primer siglo, desde Julio César hasta Domiciano. En su división originaria, la obra se componía de ocho libros; los seis primeros están dedicados a estudiar con detenimiento la vida de los miembros de la familia Julio-Claudia: César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón; el séptimo está consagrado a los tres contendientes de las luchas de los años 68 y 69: Galba, Otón y Vitelio; y el octavo se ocupa de los Flavios: Vespasiano, Tito y Domiciano; estas seis últimas biografías son más parcas que las primeras. Poseemos completos todos los capítulos de la obra excepto el primero, pues en todos los manuscritos falta el comienzo de la vida de Julio César.

Para comprender el carácter de sus biografías de los Césares acaso convenga tener presente que Suetonio había compuesto antes una serie de vidas de poetas, historiadores y filósofos. Esta labor contribuyó, sin duda, a definir el criterio que lo guió luego al ocuparse de hombres con otro tipo de actividad. Para el hombre de conocimiento o de temperamento creador, el mundo exterior constituye un marco menos significativo que para el hombre de acción política o militar, y es en cambio de importancia suma alcanzar, para comprender las manifestaciones externas de su vida, los abismos de su mundo interior. Esta experiencia indujo seguramente a Suetonio a estimar de otro modo las singularidades individuales y aun a extremar su punto de vista trasladando al examen de las vidas de políticos y guerreros ese criterio. Suetonio se propone estudiar a los Césares no como meros símbolos de la vida política romana sino como individualidades curiosas por sí mismas y dignas de estudio como formas de humanidad. Para esta labor, sus fuentes no podían ser solamente los documentos de la vida oficial y pública y las historias políticas; tenían que ser otras que le proporcionaran un material diverso, referido a la persona del César y a sus caracteres humanos; y fiel a su propósito, acudió a buscar sus informaciones donde no solían buscarlas los historiadores. Tuvo éxito, y con aquel criterio director y estas fuentes logró dar a sus biografías ciertos caracteres originales que vale la pena señalar.

Quien lea a Tito Livio o a Tácito no vacilará en afirmar que en el ánimo del historiador está presente, antes que ninguna otra, la imagen de la comunidad romana, cuya gloriosa y gigantesca aventura quiere relatar para asegurar su fama ante la posteridad. Suetonio, en cambio, no parte de esa imagen. La historia de la antigua República ya había sido escrita por Tito Livio, y Tácito había dado a luz sus dos obras sobre el Imperio poco antes que él comenzara a escribir sus biografías. Pero además de que no parecía urgente realizar una obra que con tanto brillo acababa de ser cumplida, la curiosidad de Suetonio no se sentía atraída tanto por la gloriosa aventura colectiva de la comunidad romana como por la apasionante existencia personal de los individuos, y, especialmente, por la de aquellos a quienes solo se solía ver ornados por la inmensidad de su poderío y elevados —por su virtud o por su infamia— hasta un plano que parecía exceder lo puramente humano. Ese individuo que se ocultaba bajo el manto imperial era el que atraía su atención; y no para encaramarse sobre ellos para divisar el pasado de la comunidad sino para ahondar en sus propias vidas, que sabía carcomidas por todas las debilidades que azotan la pobre alma humana, sea cual sea el ropaje con que se la encubra. Quienes aparecían en la historia como detentadores de un poder casi sobrehumano y como árbitros del destino común, surgían en sus páginas con toda la humildad y toda la grandeza que eran capaces de albergar. Y esta tarea dio por fruto un cuadro de inapreciable valor, indispensable contraparte de las historias generales, aunque poco comprensible sin ellas.

Suetonio señala expresamente el campo de sus búsquedas: “Ahora que lo he mostrado —dice hablando de Augusto—[3] tal como era en el mando y las magistraturas, al frente de los ejércitos, en el gobierno de la República y del mundo, durante la guerra y durante la paz, describiré su vida íntima y privada; diré cuáles fueron, desde su juventud hasta sus últimos días, sus costumbres, sus hábitos con los suyos, su suerte en su familia”. Junto a todo esto constituía un aspecto importante de sus preocupaciones la descripción física y moral del personaje, en la que Suetonio se detiene con especial cuidado buscando aquello que define y caracteriza una personalidad, sin que su ánimo vacile en explayarse acerca de mil detalles prosaicos y chocantes si con ellos puede contribuir a precisar la radical fisonomía del hombre que una tradición oficial divinizaba.

Quizá no hubiera en él —se ha dicho alguna vez— hondura psicológica para alcanzar una interpretación de conjunto, elaborada sobre los datos que él mismo aporta y destaca; pero en todo caso, los datos están allí y no es poco señalar la evidente intención con que los trae a colación en la descripción del individuo. Si quizá no logra una interpretación unitaria, su afán por establecer los caracteres individuales es notorio y su plan preconcebido, innegable. Por eso Suetonio hace biografías y no crónica o historia política; aquella preocupación lo incita a desentenderse del conjunto sistemático del contorno histórico, al que acude alguna vez, es cierto, para señalar la acción pública del César, pero del que no pretende dar una visión ordenada. Por eso prescinde también de todo principio cronológico, como él mismo declara;[4] porque, en efecto, los hechos son, dentro de su plan, tan solo elementos útiles para traducir una concepción de la vida, una posición frente a sus semejantes, una actitud moral. Por eso los ordena con total libertad, como conviene a su objeto de destacar la naturaleza íntima del personaje.

Se ha reprochado alguna vez a Suetonio —y podría tomarse como ejemplo la observación de Teuffel—[5] que carezca de agudeza para discriminar las épocas históricas y juzgar los acontecimientos de la vida política. La opinión no es totalmente justa. Si bien es cierto que la marcada despreocupación de Suetonio por los grandes cuadros históricos puede autorizar la primera afirmación, no lo es menos que todo el conjunto de sus biografías está dominado por una idea discriminativa: el contraste entre su tiempo y el primer siglo del Imperio. La sucesión de los infortunios pasados adquiere un sentido peculiar en contraste con la felicidad de la época del imperio liberal. Pero hay, además, en el curso de las distintas biografías algunos elementos para afirmar que también dentro del siglo I realizaba Suetonio una discriminación de tipo histórico. Augusto, Vespasiano y Tito se presentan bajo la apariencia del buen príncipe. Augusto había deseado conducir a Roma hacia la gloria y establecer su vida sobre bases sólidas y duraderas. “Él mismo —comenta Suetonio[6] aseguró la realización de este deseo, esforzándose para que nadie tuviese que quejarse del nuevo orden de cosas.” Del mismo modo, caracteriza el principado de Vespasiano por la moderación y la clemencia que demostró en toda su acción,[7] y el de Tito por la natural tendencia hacia el bien y la virtud que poseía el emperador.[8] En sentido inverso, apenas es necesario recordar las fórmulas categóricas que utiliza para fustigar a Nerón, a Calígula o a Domiciano para afirmar que recogía el sistema vigente de juicios y opiniones y que escribía según él porque lo justificaba y compartía.

Con todo, es necesario reconocer que las apreciaciones profundas no abundan en Suetonio. La historia que él cultiva no es una disciplina normativa de la que deban esperarse sabias lecciones sobre el destino de Roma o sobre el comportamiento ético. Suetonio carece de las radicales preocupaciones de índole moral y filosófica que nutrían el espíritu de un Tácito, y su finalidad se limita a conocer y relatar el mayor número posible de hechos y detalles que contribuyan a perfilar una personalidad. En el fondo, la historia que él practica, pese a la profunda erudición que pone a su servicio, está destinada a satisfacer una curiosidad ligera, y los mil detalles que ofrece pretenden responder a ella sin preocupar al lector. Entre todos los recursos posibles, Suetonio no vacila en apelar a los de mayor expresividad para poner de manifiesto las más abyectas calidades de sus personajes. La descripción es, a veces, cruda y hasta repugnante. Pero es necesario no olvidar que su público carecía, frente a ciertos problemas, de los escrúpulos que luego introdujo y agudizó el cristianismo. Su forma de encarar ciertos aspectos de la vida no es intencionadamente procaz o licencioso; es, simplemente, realista, con un realismo que hoy, tras veinte siglos de moral cristiana, nos es difícil concebir; y ese realismo está destinado a destacar los relieves que conforman el retrato psicológico, del mismo modo que buscaba alcanzarlo con otras descripciones que no afectan a la moral.

La concepción de la biografía que Suetonio realiza se refleja claramente en la estructura con que se nos presenta. La comparación con Plutarco nos podría aclarar las diferencias; porque mientras Plutarco no abandona el esquema cronológico y escalona los excursus en el relato, Suetonio disloca despreocupadamente el orden sucesivo de los hechos y establece un nuevo principio para la ordenación de sus materiales. Él mismo lo explica en un pasaje de la biografía de Augusto: “Tal es el resumen de su vida: ahora expondré separadamente los diferentes actos, no según el orden de los tiempos, sino según su naturaleza, para que se conozcan más clara y distintamente”.[9] En general, Suetonio cumple este plan en casi todas sus biografías. Se ocupa, primeramente, de los antecesores, de la infancia y la juventud del príncipe; luego comienza a narrar los principales hechos de su principado agrupándolos según su naturaleza: las guerras, la carrera civil y los diversos aspectos del ejercicio del poder, los monumentos que mandó construir, las liberalidades que tuvo con el pueblo, las leyes que estableció, los espectáculos que dio, los actos que probaron sus virtudes o sus defectos; después comienza a describir su vida privada y sus características físicas y morales, acumulando cuantos detalles fuera posible obtener para dar relieve a su imagen, así fueran groseros o sutiles; no descuida luego el señalar sus preferencias y gustos literarios y artísticos y, finalmente, comienza una descripción detallada de los distintos presagios que anunciaban su fin y sigue la descripción de la muerte y las disposiciones testamentarias.

Con solo ligeras variantes, Suetonio se ajusta a este plan, realizado estrictamente en la biografía de Augusto. Como puede observarse, la ausencia de digresiones y el hecho de que no acuda a ningún recurso que pueda desvanecer la vida del personaje en el cuadro general de la época, convierten su biografía en una precisa y escueta exposición de la vida del individuo. Los datos abundan, porque es la preocupación fundamental del autor. Sus fuentes han sido numerosas. Hombre culto, ha conocido a fondo las fuentes literarias y estrictamente históricas; pero no bastaban estas fuentes y acudió a las actas oficiales, a los repositorios de documentos oficiales y privados; y como aun así podía no agotar los recursos, se esforzó por conocer las cartas privadas, los libelos apologéticos o injuriosos, las inscripciones que se veían en las paredes y los rumores que circulaban o habían circulado y cuya memoria conservaba la tradición oral. Con estos elementos pudo dar a sus páginas esa sabrosa intimidad que tanto ayuda a adivinar la psicología de sus personajes.

Al recoger estos datos, Suetonio prueba que posee un agudo sentido crítico. Cuando se contradicen total o parcialmente, busca y averigua hasta cerciorarse de qué es lo cierto o lo verosímil, y, a veces, lleva su indagación a su obra, exponiendo los diversos datos y discriminando la verdad ante los ojos del lector, como hace en el pasaje en el que discute el lugar de nacimiento de Calígula. El rumor aparece acogido entre la multitud de sus noticias —sin duda porque ciertos datos solo en ellos podía hallarlos— pero queda solo con valor de tal mientras no puede corroborarlo; y, entre tanto, le sirve siempre para señalar cierta reacción frente a un hecho, y caracterizar la situación del personaje dentro del ámbito social.

Todo ese material recibe luego una forma literaria de extremada sencillez. Suetonio no es un escritor delicado ni un estilista de calidad; su prosa es, a veces, pobre, y su estilo superficial y hasta chabacano en ocasiones; pero, independientemente de la ausencia de ciertas dotes, es preciso no olvidar que renuncia voluntariamente a todo artificio oratorio o retórico y que busca una extremada simplicidad de forma. Esta simplicidad llega a ser más de una vez verdadera pobreza; los datos se suceden escuetamente y el encadenamiento se realiza por una mera yuxtaposición en la que a veces suele faltar la coherencia. Pero no podría negarse que cierto secreto sentido dirige su relato y basta para imprimir en él vigorosa energía de trazos y colores. Sin duda, tras el literato mediocre, se esconde un historiador auténtico.

Este historiador posee una innegable personalidad, y es instructivo señalar los puntos de contacto y de contraste con las grandes figuras de la historia que fueron, con poca diferencia de años, sus contemporáneos: Plutarco y Tácito.

Plutarco cultivó, como Suetonio, la biografía. Espíritu más profundo y de más vasta y honda formación filosófica, sus imágenes de los personajes que le ocupan poseen una densidad histórica y humana que apenas se destaca en las de Suetonio. Pero Plutarco es menos curioso que el romano para todo aquello que sea vida íntima y perfil individual, y no proporciona, en consecuencia, sino una imagen fría; obra en Plutarco la antigua dignidad del estoico impidiéndole descender hasta los más bajos estratos de lo humano —donde suele esconder su secreto más de un extraño personaje— e incitándolo en cambio a detener a cada instante el curso del relato para intentar una apreciación de la conducta, cuando del juicio pudiera derivar una duradera lección ética o política. No es ocioso comparar aquellas biografías de uno y otro en que se describen los mismos personajes: Julio César, Galba, Otón.

También Tácito abandonó alguna vez el vasto panorama de la historia general del Imperio para recogerse en el cálido relato de la vida de un hombre, de la de uno a quien estimaba entre todos porque hallaba en él una vieja virtud que el mundo de su tiempo comenzaba a olvidar; así nació la Vida de Julio Agrícola, movida por un sentimiento cordial y un impulso de íntima satisfacción. Allí brilla el majestuoso sentido de la dignidad que Tácito posee en grado sumo; allí una marmórea concepción de la existencia humana; y Julio Agrícola, guerrero, ciudadano y padre, se desliza por sus páginas como un noble varón antiguo que realiza en un mundo subvertido el esquema ideal de una conducta irreprochable guiada por los más nobles principios de la moral romana. Podría decirse que falta a Tácito el ánimo ligero que suele requerirse para llegar a ciertas napas primigenias del alma humana, aptitud en la que sobresale Suetonio; pero aquí el juicio ecuánime no puede sino señalar cómo penetra Tácito, a su modo, en los hondos reductos de la individualidad; ni el detalle obscuro ni el rasgo grosero le son necesarios; una ternura contenida y viril le permite, en cambio, tallar en la recia materia el contorno sutil y cálido, y por esa virtud se torna sensible el mármol de su imagen.

Sin duda palidece Suetonio frente a su ilustre contemporáneo. Pero Tácito no había desplegado esa intensidad sentimental en los Anales ni en las Historias, obras en las que una estricta concepción formal lo mantenía en un elevado plano de fría dignidad. Junto a estas obras, las biografías de Suetonio constituyen un complemento indispensable, y el lector culto está llamado a realizar en su espíritu la conjunción de los dos estilos opuestos y concurrentes: ligero y curioso, Suetonio posee el don de devolver a los Césares la fragilidad del barro que los conforma, endurecido y hecho bronce en Tácito, para quien hasta su maldad adquiere cierta forma sublime.

La perduración de Suetonio. — Por su fácil lectura, por la amplitud del círculo de sus lectores y por el interés que suscita su vívida imagen de los hombres que se esconden bajo el solemne manto imperial, Suetonio gozó en su tiempo de vasta difusión y fue leído con curiosidad, atenta y, a veces, maliciosa, por cierto. El vigoroso espectáculo ofrecido por Tácito cobraba humanidad en las sinuosas imágenes de Suetonio. Su influencia fue tal que durante mucho tiempo se prefirió como modelo al biógrafo y no al historiador del Imperio. La crónica se tornó muchas veces mera biografía de los emperadores, y estas, a su vez, hilada sucesión de noticias de todo color sobre la personalidad varia y curiosa del hombre que ejercía el poder. Así lo hicieron Mario Máximo en el siglo III, Aurelio Víctor y los historiadores de la Historia Augusta, y tantos otros, sin olvidar a Eutropio, que no puede escapar a la tendencia dominante.

Durante la Edad Media, su influencia no fue menor ni menos notoria. Sobre el modelo del Viris illustribus de Suetonio compuso San Jerónimo una obra del mismo título destinada a exaltar a los escritores cristianos, cuya forma cristalizó en un tipo que se repitió muchas veces. Y sobre el modelo de las biografías imperiales compuso Eginhardo su Vida de Carlomagno.

Por otra parte, Suetonio constituyó durante la Edad Media —y aun durante gran parte de la Edad Moderna— una de las fuentes principales para el conocimiento de la historia romana. Sus noticias se incorporaron a las numerosas síntesis que se hicieron de la historia universal, a partir de la que compuso San Jerónimo refundiendo a Eusebio de Cesárea; y más adelante, puede decirse que constituyó uno de los libros más leídos y acaso aquel en que se formó la visión popular del Imperio que ha perdurado hasta muy cerca de nuestro tiempo.

También hoy constituye Suetonio una fuente inapreciable de conocimientos. Para una época en que no sobran los testimonios, Suetonio nos proporciona una visión jugosa y fresca que las otras fuentes no nos dan. El historiador vuelve a él no solo cuando necesita alguno de los muchos datos que encierra, sino también cuando quiere impregnarse del tono vital de la época y de las formas de vida. A su vez, el lector culto lo encuentra interesante y sugestivo; palpita en él una rica substancia que comunica ciertos secretos de la vida de la Roma imperial y, con ella, de la vida eterna.

Vuelva a Suetonio el lector moderno —sobre todo después de leer a Tácito— y descubrirá que constituye una etapa importante en el curso de la ciencia histórica, un testigo inapreciable de la realidad de su tiempo y un admirable inquisidor de las múltiples formas en que se manifiesta la eterna grandeza y pequeñez del hombre.

NOTAS:

1 TÁCITO, VIDA DE AGRÍCOLA, III.

2 TÁCITO, HISTORIAS, I, XV-XVI.

3 Suetonio, AUGUSTO, LXI.

4 Suetonio, AUGUSTO, IX.

5 GESCHICHTE DER RÖMISCHEN LITERATUR, PÁGS. 347-348.

6 Suetonio, AUGUSTO, XXVIII.

7 Suetonio, VESPASIANO, XII-XIII.

8 Suetonio, TITO, VIII.

9 AUGUSTO, IX.

La independencia de Hispanoamérica y el modelo político norteamericano. 1976

Un proceso tan agitado y confuso como el de la independencia de las colonias españolas del Nuevo Mundo debía desembocar, en primera instancia, en una elección entre los diversos modelos políticos que tenían a la vista los grupos responsables del movimiento emancipador. Férreamente ordenada hasta entonces, la sociedad del mundo hispanoamericano estalló en movimientos anárquicos en los que no fue fácil discernir las tendencias predominantes. Grupos antes marginados e inoperantes ingresaron repentinamente en la vida pública expresando sus intereses particulares, sus puntos de vista espontáneos acerca de las soluciones que esperaban de la nueva situación y, sobre todo, su ignorancia de las fórmulas políticas a las que pudiera recurrirse para satisfacer y canalizar sus aspiraciones. Más aún, naturalmente, de las fórmulas en las que pudieran coincidir las aspiraciones de todos los grupos que se fueron aglutinando en las nuevas sociedades políticas, por lo demás también indefinidas inclusive en cuanto a su ámbito geográfico.

Hubo opiniones de grupos claramente identificados acerca de lo que debía hacerse con las nuevas entidades políticas surgidas de la revolución emancipadora. Pero considerando el universo social que las constituía, parece justificado hablar de un desconcierto total acerca del camino a seguir. En rigor, la lucha por lograr un ordenamiento político y social en cada uno de los países hispanoamericanos resultó del variable consentimiento que ese universo social prestó a los modelos políticos que fueron proponiendo aquellos grupos caracterizados por una ideología adquirida en la experiencia ajena y en los textos extranjeros. En principio, fueron modelos orgánicos, a veces dependientes de una sola fuente; otras veces la experiencia práctica, así como la polémica teórica, indujo a ofrecer modelos complejos, resultantes de combinaciones y transacciones en las que, sólo poco a poco, comenzó a entrar como ingrediente la peculiaridad local. No era extraño, puesto que la tradicional peculiaridad local se conocía poco, y menos aún la nueva peculiaridad que iba creando la irrupción de las fuerzas sociales después de la emancipación. Por eso los modelos políticos teóricos conservaron, de una u otra forma, su significación, y cundió el sentimiento de que había que elegir una fórmula ya establecida para aplicarla a la nueva realidad.

Los modelos disponibles para los grupos dirigentes del movimiento emancipador no eran muchos. Previo a cualquier otra consideración, estaba el sentimiento de que había que aprovechar de un gobierno propio para darle a la nueva sociedad un régimen más libre que el que había tenido como colonia. Quedaban, pues, descartados los regímenes absolutistas, cuyo modelo representarían acabadamente el restaurado Fernando VII y los gobiernos inspirados por la Santa Alianza. La opción quedaba limitada, en consecuencia, a cuatro modelos: el hispanocriollo de tradición igualitaria española; el inglés de la monarquía constitucional según los principios de la Declaración de Derechos de 1688, la teoría política de John Locke y la experiencia parlamentaria elaborada en el juego político de tories y whigs; el francés, originalmente claro a la luz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 e incorporada primero como preámbulo a la Constitución de 1791 y luego a la de 1793, pero oscurecida después a lo largo del proceso político e institucional que condujo al establecimiento del imperio; y, finalmente, el modelo norteamericano, fundado en claros documentos constitucionales y puesto en funcionamiento a lo largo de las presidencias de Washington, Adams, Jefferson y Madison, al momento de producirse el estallido revolucionario hispanoamericano.

Ciertamente, no faltan estudios acerca de la influencia de cada uno de esos modelos en los distintos países de Hispanoamérica. Pero falta un estudio de conjunto que analice, a la luz de las nuevas situaciones sociales y económicas creadas por la emancipación, cómo utilizaron los diversos grupos cada uno de esos modelos. Se advierte fácilmente que las preferencias se manifestaron por zonas de influencia económica y por zonas de influencia cultural. Pero es más difícil establecer los fundamentos de las preferencias de ciertos grupos sociales. No cabe duda de que los modelos políticos disponibles obraron como ideologías proyectivas —o utopías, si se prefiere—, aceptadas originariamente en bloque y descompuestas después en sus diferentes elementos para adecuarlas a las situaciones reales. Son significativas dos distinciones contemporáneas hechas en el modelo preferido. Al editar en Buenos Aires una traducción del Contrato social en 1810, el argentino Mariano Moreno escribía en el prólogo: “Cómo el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes [sic] donde ha tratado de ellas”.[1] Y por los mismos días escribía en Cartagena el colombiano Antonio Nariño, primer traductor y divulgador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:

“En el estado repentino de revolución, se dice que el pueblo asume la soberanía; pero en el hecho, ¿cómo es que la ejerce? Se responde también que por sus representantes. ¿Y quién nombra estos representantes? El pueblo mismo. ¿Y quién convoca este pueblo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Esto es lo que rigurosa y estrictamente arreglado a principios, nadie me sabrá responder. Un movimiento simultáneo de todos los individuos de una provincia en un mismo tiempo, hacia un mismo punto, y con el mismo objeto es una cosa puramente abstracta y en el fondo imposible. ¿Qué remedio en tales casos? El que hemos visto practicar ahora entre nosotros por la verdadera ley de la necesidad: apropiarse de cierto número de hombres, de luces y de crédito, una parte de la soberanía para dar los primeros pasos, y después restituirla al pueblo.”

Distinciones como estas, introducidas en los modelos preferidos en bloque, resultaron de las primeras experiencias sociales y políticas sufridas después de la revolución. Pero el modelo preferido contenía siempre algo que no se quería perder, y el problema fue entresacarlo de su contexto. Caso singular, el modelo político norteamericano contenía algunos elementos que aparecían allí más desenvueltos que en otros, y a él se aferraron ciertos grupos en la primera etapa revolucionaria. Tan importantes eran esos elementos que, abandonado el modelo al cabo de poco tiempo, en algunos países se volvió a él una y otra vez hasta que se encontró la fórmula para trasvasarlo adecuadamente a la cambiante e inestable realidad nacional, precisamente cuando pareció que comenzaba a estabilizarse.

Cómo se formó el modelo político norteamericano

Para los países de la América hispánica, el modelo político nor-teamericano adoptó la forma acabada y sistemática que le prestaban los textos constitucionales y, en menor medida, las glosas de El Federalista. También contribuyó a caracterizarlo el balance de su funcionamiento práctico a través de las presidencias de Washington, Adams, Jefferson y Madison, porque hubiera sido distinta su influencia si hubieran estado a la vista los fenómenos sociales y políticos que se desarrollaron a partir de la época de Andrew Jackson. Pero, en cambio, poco se reparó —fuera de algunas excepciones, como el caso del mexicano fray Servando Teresa de Mier— en el proceso a través del cual ese modelo se había constituido. Ese proceso, sin embargo, ocultaba la significación y el sentido de ciertas fórmulas, así como la posibilidad de su aplicación a situaciones que emanaban de una evolución muy diferente.

Quienes se comprometieron a una “perpetua unión” en 1778, a través de los Artículos de Confederación, fueron trece colonias de muy diverso origen y con pocos vínculos entre sí: New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island and Providence Plantation, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. Esa diversidad de sus orígenes es bien conocida, como es bien conocido el distinto proceso social y económico que cada una de ellas desarrolló desde su instalación hasta que comenzó el enfrentamiento con Ingla-terra. Pero algo hubo que las sometió a todas a análogas tribulaciones: el haber surgido en el seno de una crisis —no la primera, pero sí la más intensa en Inglaterra— en la que debía ajustarse el viejo orden feudal y el nuevo sistema capitalista. Todas estaban, por lo demás, sacudidas por los problemas religiosos, inclusive la católica Maryland. Todas, en fin, acusaban la misma preocupación por la defensa de un nebuloso individualismo que parecía condición indispensable para el éxito de la aventura personal de cada colono.

Dos sectores sociales y económicos se alinearon desde un comienzo en una lucha virtual: agricultores que pensaban, como Franklin dijo, que la agricultura era “el único medio honrado” para adquirir riquezas, y comerciantes que se instalaban apresuradamente en los cauces abiertos del capitalismo comercial. Fue, sobre todo, en Nueva Inglaterra donde quedó claro el enfrentamiento; y fue en Nueva Inglaterra donde se definieron oposiciones ideológicas y políticas que tendrían importancia decisiva en la elaboración del modelo político al que se ajustaría el país constituido.

De hecho, tan férrea como la posición de los señores de las planta-ciones sureñas fue la de los comerciantes de Nueva Inglaterra que constituyeron una rígida oligarquía, entre mercantil y teocrática. Nutrido de tradición calvinista, el presbiteranismo puritano estimulaba el sentimiento minoritario de los que se sentían elegidos. Aun reprimidos por otras tendencias, dejó ese sentimiento una escuela que se sentiría latir debajo de muchas opiniones posteriores. Pero entretanto, el independentismo robustecía sus posiciones. Se afianzó en Connecticut y en Rhode Island y promovió no sólo la formación de iglesias más democráticas, sino también la de una sociedad más democrática: fue en Hartford donde se dictaron en 1639 las Fundamental Orders, que establecían un gobierno popular, antítesis del sistema político predominante en Massachusetts. De ese modo se agitaba en el seno de las colonias de Nueva Inglaterra el conflicto en-tre presbiteranismo e independentismo, que traducía a términos de fundamentación religiosa el conflicto entre una concepción aristocrática y una concepción democrática del gobierno.

En cuanto a la fundamentación política, la apelación al derecho divino de las oligarquías arraigadamente calvinistas y los actos políticos restrictivos no llegaron a desvanecer el principio del pacto social, que en Nueva Inglaterra conservaba la huella indeleble del que se había establecido a bordo del Mayflower para constituir como cuerpo político a los peregrinos que se instalarían en Plymouth. El principio se aplicaría repetidamente, y recibiría vigoroso respaldo doctrinario con la obra de John Locke. Pero, entretanto, se afianzó poco a poco una fundamentación económica del orden político. El derecho de propiedad, referido principalmente a la tierra, creció en significación; y si descartaba a los no poseedores y, naturalmente, a los no libres, restringiendo, de otra manera, el principio igualitario, al menos socavaba la concepción aristocrática de la oligarquía de Massachusetts.

Finalmente cedió esa oligarquía a la presión de las circunstancias. No sólo creció el número de los agricultores poseedores de tierras —que se le oponían—, sino que el gobierno inglés revocó en 1684 la cédula real que se había declarado ley fundamental y que legitimaba el poder del restringido grupo mercantil. Se nombró un gobernador, y el proceso de declinación de la oligarquía se acentuó.

Pero las líneas del proceso social e ideológico estaban trazadas y se hicieron más nítidas a medida que se desarrollaban las otras colonias, especialmente la que William Penn organizó de acuerdo con sus ideas cuáqueras. Otro factor incidió decisivamente en la definición de ciertas líneas políticas: desde principios del siglo XVII comenzaron a acentuarse las corrientes inmigratorias, y a partir de 1718 nutridos contingentes de irlando-escoceses, ingleses y alemanes se instalaron en los bordes de las zonas colonizadas, incorporando a la vida de las trece colonias una zona de frontera que alcanzaría un carácter peculiar y una fuerte influencia en el diseño de la fisonomía social y política del país organizado. Para la época de la independen-cia los emigrantes habían llegado a 200.000, y la frontera constituía una compleja reserva social y política, ajena a los cánones establecidos hasta entonces por la sociedad establecida.

La renovación social que significó el establecimiento de las poblaciones de la frontera y la alteración que provocó en el equilibrio tradicional de las distintas fuerzas sociales e ideológicas trajeron consigo un afianzamiento del individualismo democrático. El viejo principio protestante del “sacerdocio de todos los creyentes”, que implicaba una radical actitud igualitaria, se vio robustecido por este nuevo estrato de agricultores pobres y libres cuyos sentimientos coincidían con los que ya se habían visto enfrentados con las oligarquías. Así se fue constituyendo y fortificando lo que luego se llamaría la “democracia jacksoniana”, pero que por ahora, en vísperas de la independencia, era, por lo menos, un activo fermento republicano y liberal, cuya expresión política debía ser una democracia parlamentaria nutrida por la vibrante exaltación de los indeclinables derechos naturales.

La experiencia empezó a aconsejar el establecimiento de un pacto de alianza entre las trece colonias, que Benjamín Franklin enunció precozmente en 1754 bajo el rótulo de “Plan de Unión”. Si de momento el proyecto pareció poco oportuno, porque implicaba revisar en alguna medida el vigoroso sentimiento autonómico de las colonias, de tan diversa tradición, el desarrollo y las consecuencias de la guerra de los Siete Años favorecieron la viabilidad de la idea. Tras el Tratado de París de 1763, Inglaterra se propuso reordenar el sistema colonial bajo la inspiración de los ministros Grenville primero y Townshend después, ambos conservadores y dóciles a la inspiración autoritaria del nuevo rey Jorge III. La piedra angular del plan era una nueva política impositiva para las colonias, tan agresiva y tan discutible en términos jurídicos y políticos que unificó la reacción de las tres regiones, tan diversas, en que se dividía, por sus tendencias, el mundo colonial: el aristocrático sur de las plantaciones, la zona costera central, preferentemente conservadora y mercantil, y la nueva región fronteriza agraria. John Dickinson expresó la generalizada reacción contra los impuestos precisamente en términos jurídicos y políticos:

“He estudiado todas las disposiciones legales y estatutarias referentes a estas colonias desde su primer día hasta la fecha —escribió— y aunque muchas de ellas fijaban contribuciones sobre el comercio, siempre esos impuestos estaban destinados a compensar algunos intereses por alguna otra actividad y así favorecer al bienestar general. De modo que nunca se tuvo en cuenta un fin fiscal sino de protección comercial. Si Gran Bretaña puede ordenarnos que debemos comprarle a ella los bienes que necesitamos y además está facultada para imponernos las contribuciones que le plazcan sobre esas mercaderías —a pagar en el puerto de salida o de entrada— entonces somos esclavos tan abyectos como los miserables que en Francia y Polonia se ven desgreñados y calzando zuecos.”[2]

Pero Inglaterra persistió, las tensiones crecieron y los acontecimientos se precipitaron. Después del Boston Tea Party hubo nuevas “leyes coercitivas”, dirigidas principalmente contra Massachusetts, cuyo objetivo final parecía transformar las colonias en provincias reales. La consecuencia fue la reunión del Congreso de Filadelfia en septiembre de 1774, cuyos debates concluyeron con la redacción de una Declaración de Derechos, en la que se solicitaba la derogación de las disposiciones legales, apelando a “las leyes inmutables de la Naturaleza, los principios de la Constitución inglesa y las diversas cartas o contratos”. Y aunque hubo opiniones encontradas y se delineó un grupo decidido a impedir que se precipitara la crisis, otro —los whigs— se preparó para la guerra, que se desencadenó con el combate de Lexington en 1775. Luego vino la guerra que culminó con la victoria americana en Saratoga y, finalmente, con la de Yorktown en 1781.

Pero, entretanto, el modelo político había empezado a constituirse. El 4 de julio de 1776 se había declarado la Independencia, enunciándose en la declaración los principios básicos en que debía asentarse el gobierno de la Nación:

“Nosotros creemos que es evidente por sí mismo: Que todos los hombres nacen iguales: que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Que siempre que cualquiera forma de gobierno se haga destructiva de estos fines, toca al derecho del pueblo alterarla, o abolirla, y establecer otra nueva, echando sus fundamentos sobre aquellos principios, y organizando sus poderes en aquella manera que juzgue más conducente para el efecto de su seguridad y felicidad.”

Preparado por Jefferson, el texto recogía las ideas fundamentales de John Locke y sentaba tanto el principio de los derechos naturales como el del pacto social. Esas ideas quedaban explícitas también en las constituciones locales que se dieron las diversas colonias, entre las cuales la de Massachusetts declaraba:

“El cuerpo político es formado por una voluntaria asociación de los individuos. Es un compacto social por el cual todo el Pueblo estipula con cada ciudadano, y cada ciudadano con todo el Pueblo, que todos serán gobernados por ciertas leyes para el bien común. Por tanto es el deber del Pueblo, al formar una Constitución con el gobierno, proveer un modo equitativo de hacer las leyes, como también de que sean interpretadas con imparcialidad y ejecutadas fielmente para que todos los hombres puedan hallar en todo tiempo su seguridad en ellas.”

Pero esa misma Constitución introducía un elemento que calificaba a los miembros del cuerpo político. Decía, al establecer el método de elección de la Sala de Representantes:

” III. Cada miembro de la Sala de Representantes será elegido por votos escritos; y por un año a lo menos, inmediatamente antes de su elección habrá sido habitante, y habrá poseído legítimamente propiedad del valor de cien libras dentro de la ciudad donde fuere elegido para representar, o algunos bienes, que deban ser gravados hasta el valor de doscientas libras: y cesará de representar la dicha ciudad inmediatamente que deje de estar calificado como se ha dicho arriba.

IV. Todo hombre (de edad de veintiún años, y residente en alguna ciudad particular de esta República, por el espacio de un año inmediatamente antes de ahora) que tenga una propiedad de bienes raíces dentro de la misma ciudad, cuya renta anual será de tres libras, o algunos otros bienes de valor de sesenta libras, tendrá derecho para votar en la elección de un Representante o Representantes para la dicha ciudad.

Con diversas variantes, todas las constituciones locales establecieron análogos requisitos a la condición económica del ciudadano, con lo que quedaban descartados del cuerpo electoral importantes sectores sociales, a los que se agregaban los sectores no libres.

Entretanto, la conducción de la guerra y las necesidades de la política habían planteado el problema de las relaciones entre las colonias. Absolutamente independientes unas de otras hasta el momento, los problemas generales de la guerra y la política quedaron confinados al Congreso Continental. Pero a medida que avanzaba el proceso revolucionario, se advirtió la necesidad de prescribir expresamente la parte de soberanía que cada estado relegaba en el Congreso y en qué términos. Así se convino en un sistema de relaciones entre los estados gobernados que quedó formulado en los Artículos de Confederación aprobados por el Congreso de julio de 1778. El artículo 1 establecía la existencia de una Confederación, que el III definía como una “liga de amistad”. Pero el II declaraba taxativamente: “Cada Estado retiene su soberanía, libertad e independencia, y todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por esta Confederación a los Estados Unidos juntos en Congreso”. Y afirmando la igualdad entre los estados, cualquiera fuese su importancia o el monto de su participación financiera en la causa común, el inciso 4 del artículo IV asignaba un voto a cada estado, pese a la oposición de Franklin durante la discusión del proyecto.

Pero el documento no creaba un poder ejecutivo de la Confederación, de modo que el único órgano confederal era el propio Congreso. Así, la Confederación reconocía la preexistencia de los estados soberanos y no reconocía, en cambio, la preexistencia de la nación entera como unidad; eran, precisamente, esos Artículos de Confederación los que iban creando, poco a poco, la conciencia de que la nación comenzaba a existir.

Ciertos problemas —el de las nuevas tierras incorporadas, sobre todo— dificultaron la ratificación del documento por los estados, postergando su entrada en vigencia hasta 1781. Pero después del Tratado de Versalles creció el movimiento para afirmar una unión más estrecha. Washington, Hamilton y Madison, que representaban a los sectores conservadores, apoyaron esa tesis, que triunfó finalmente al convocarse la Convención de Filadelfia. De un largo proceso deliberativo en el que los distintos estados, los distintos estratos sociales y las distintas ideologías trataron de imponer sus principios y, finalmente, de hallar fórmulas conciliatorias, resultó al fin la Constitución de 1787.

Era, prácticamente, el primer texto constitucional ajustado a las ideas del mundo moderno. Allí se estableció cuál debía de ser la arquitectura de una constitución, los temas que debía abordar, las soluciones entre las que se podían elegir. Consagró la división de poderes y prescribió la naturaleza de cada poder. Definió la condición del ciudadano frente al Estado y a las leyes. Resolvió los problemas organizativos de la unión constituida sobre la base de las antiguas colonias. Pero, sobre todo, inauguró el principio de la existencia social tutelada por una constitución escrita, fija aunque fuera perfectible por las vías que ella misma establecía.

La Constitución entró en vigor en 1788, y al año siguiente se eligió el primer presidente constitucional, Jorge Washington. Durante su mandato y el de sus primeros sucesores —Adams, Jefferson, Madison— el régimen constitucional se puso en marcha, y entre el gobierno federal, el de los estados y la Corte Suprema no sólo se fueron solucionando los problemas que surgían, sino que se fue estableciendo una minuciosa jurisprudencia que aclaraba y perfeccionaba los alcances de la Constitución.

Cuando en 1810 se produjeron los movimientos emancipadores en América hispánica, el modelo político norteamericano estaba prácticamente definido y perfeccionado. A esa altura, tras treinta y cinco años de experiencia de gobierno propio y veinte de gobierno constitucional, ese modelo se presentó a los ojos de los inexpertos revolucionarios de las colonias españolas como una obra madura, nacida de una experiencia inédita, en la que parecían resueltos muchos problemas teóricos y prácticos que seguramente se les presentarían. El modelo norteamericano pareció, en consecuencia, apto para ser considerado al lado de los otros modelos que se ofrecían a su consideración como fórmulas probadas.

En última instancia, el modelo norteamericano interesaría a determinados sectores y en relación con determinados problemas. Era evidente que escondía una trabajada elaboración de la tradición liberal inglesa, combinada con elementos del radicalismo de los filósofos políticos franceses, Rousseau y Montesquieu sobre todo. De esa combinación habría resultado una afirmación resuelta de los derechos naturales, que, en el orden civil, implicaban el resguardo de los derechos individuales y, en el orden político, una concepción republicana basada en la igualdad. Pero el principio de la igualdad política había sido limitado en función de ciertas circunstancias sociales. Si se afirmaba el derecho de todos a la propiedad, en el plano político se convino en que la condición de poseedor o propietario era, implícita o explícitamente, imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos. Y se convino, obviamente, en que sólo los poseían los que eran libres. Así quedaba definido el cuerpo político. Y para darle estructura, el modelo norteamericano instauraba un gobierno de fundamento popular y representativo pero con un ejecutivo fuerte y una equilibrada división de poderes. El principio de la Unión se basaba en la preexistencia de los estados confederados, cuyas facultades no expresamente delegadas en el gobierno federal conservaban todo su vigor. Equilibrado y sabio, el modelo político norteamericano había nacido de la experiencia de una sociedad; restaba saber si se adaptaba en bloque a otras sociedades.

La sociedad y el Estado hispanoamericano

Sin duda, impresionaron a los pocos que las conocieron en Hispa-noamérica tanto la revolución norteamericana de 1776 como la francesa de 1789. Pero la revolución hispanoamericana parecía —y era— utópica en ese momento. Sólo en 1793 publicó el colombiano Antonio Nariño su traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: y fue en 1797 cuando estalló en Venezuela la revolución de Gual y España, en relación con la cual preparó Juan Bautista Picornell el texto titulado Derechos del hombre y del ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos. Y aún entonces, y pese a los vagos proyectos de Miranda, la revolución emancipadora parecía utópica a la inmensa mayoría.

Si la idea de la emancipación iba a arraigar progresivamente en las burguesías urbanas, fue porque no mucho antes estas habían empezado a adquirir significación social y cierta claridad en los objetivos de su propia acción relacionados con sus nuevos intereses. Fue un fenómeno inédito, que no puede observarse antes del establecimiento del comercio libre en 1778. Cabe preguntarse dentro de qué cuadro general se planteó esa situación nueva.

La vieja organización social y política que siguió a la conquista y que fue consolidada por los Austria había dejado una huella imborrable. Substituía en Hispanoamérica esa sociedad barroca creada por la conquista, con su abismática separación entre colonizadores y colonizados, entre blancos hispánicos e indígenas americanos. En nada sustancial había cambiado la condición de estos al llegar los Borbones al trono español, y nada cambiaría con las reformas que instauró el despotismo ilustrado. Era una sociedad escindida, en la que los españoles y los criollos blancos constituían una minoría, frente al conjunto de los sectores sometidos. Empero, la escisión cobraba aspectos singulares a raíz de los fenómenos de mestizaje. Entre los dos polos sociales —conquistadores y conquistados— se había constituido poco a poco un creciente sector mestizo que en el siglo XVIII llegó a tener ciertos caracteres de clase media, tanto desde el punto de vista económico como del social. Muy móvil, la clase mestiza ofrecía diversos grados de alejamiento de los grupos indígenas y de aproximación a los grupos españoles y criollos. Había mestizos intermediarios cuya función económica crecía y gracias a la cual lograban cierto ascenso social. Pero el prejuicio alimentado por la obsesión de la hidalguía que caracterizaba a españoles y criollos dejaba siempre una última línea de separación que parecía infranqueable.

La situación era inequívoca en las ciudades, reductos tradicionales de la colonización y del exclusivismo hispánico, pero en las cuales, entretanto, había crecido la actividad comercial; y poco a poco cayó en manos de mestizos, si no la dirección y el ejercicio de los grandes negocios, al menos la práctica de las operaciones menores, también muy retributivas.

Pero el prejuicio social siguió vigente y no hizo sino complicar el esquema de la sociedad escindida, en la que muy pocos podían hacer valer su condición de miembros de pleno derecho, en tanto que muchos constituían un vasto anillo de marginalidad social quebrado apenas por situaciones reales no convalidadas socialmente. Pesó el perjuicio social, abierta e inequívocamente, sobre los indígenas, y pesó casi con la misma firmeza sobre los mestizos, cuyo número crecía constantemente no sólo a través de uniones de una y otra raza, sino a través de combinaciones variadas que creaban un complejo espectro racial y social. Lo importante era, sin embargo, que los mestizos se separaban de los grupos indígenas y establecían un cierto grado de proximidad y colaboración con la población blanca que rompía en alguna medida el esquema tradicional.

Más lo rompió, sin embargo, el crecimiento del número de los blancos nacidos en América, los criollos, cuya condición era inequívocamente privilegiada en derecho, pero sobre los cuales pesaba como un estigma su lugar de nacimiento, según lo imponía un prejuicio social mantenido por los españoles, tanto de América como de España, y utilizado sistemáticamente por estos últimos en defensa de sus intereses de grupo. Empero, la presión del número se hacía notar, puesto que crecía permanentemente el de criollos y no crecía de la misma manera el de españoles. En un pasaje muy significativo escribía Alejandro de Humboldt: “Fue en México, y no en Madrid, donde oí vituperar al virrey conde de Revillagigedo por haber enseñado a la Nueva España entera que la capital de un país que tiene cerca de seis millones de habitantes no contenía, en 1790, sino 2.300 europeos, mientras que se contaban ahí más de 50.000 españoles-americanos”. [3] La cuenta resultaba tremenda desde el punto de vista social si, después de sumar el número de europeos y el de criollos, se tomaba conciencia del volumen de la población in-dígena y mestiza. Pero desde un punto de vista social y político conjuntamente, resultaba alarmante la significación de los grupos criollos, subestimados de hecho pero conscientes de su legítima condición jurídica. Herederos de españoles, los criollos solían ser propietarios afincados. Pero lo solían ser también muchos mestizos que habían amasado una mediana o acaso una considerable fortuna. Todo impediría más adelante ver claro acerca de la constitución del futuro cuerpo político de las naciones independientes, dadas las relaciones de clases sociales, grupos económicos y estratos raciales.

Situaciones heredadas de la conquista y afianzadas gracias a los criterios sociales vigentes en época de los Austria poco cambiaron, sin embargo, con las reformas borbónicas. En rigor, el reformismo del siglo XVIII se ocupó principalmente de los problemas políticos, administrativos y financieros de las colonias; sólo, luego, de los problemas económicos y muy poco de los problemas sociales. La creación de nuevos virreinatos o el sistema de las intendencias respondieron a necesidades de la administración metropolitana. La burocracia se perfeccionó en la medida en que las colonias crecían y se hacían más complejos y variados los problemas; y los funcionarios, generalmente españoles, parecieron empeñados más en contener el desarrollo que en estimularlo. Pero algo resultó de importancia creciente para el futuro: el absorbente papel que la burocracia asignó a las capitales y a las ciudades más importantes, que acentuó la diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas y, especialmente, entre las capitales principales o secundarias y las diversas regiones de su jurisdicción.

Fueron, sobre todo, las capitales las que se beneficiaron con el régimen económico del monopolio; pero fueron también las que más se beneficiaron con el ejercicio del contrabando. Asentadas en fortunas originarias en una o en otra actividad —y frecuentemente en las dos al mismo tiempo— comenzaron a constituirse embrionarias burguesías que fueron tomando los hilos no sólo del limitado comercio legal que se desenvolvía dentro del ámbito español, sino también del comercio ilegal, inserto de hecho en el sistema mercantilista mundial en el que prevalecía el comercio inglés.

Así caracterizadas, eran esas burguesías grupos económicos de cierta coherencia, cuyos miembros coincidían en que buscaban el lucro mercantil. Pero socialmente eran heterogéneas. Estaban ligados en el trámite de los negocios funcionarios de diverso rango, viejos hidalgos terratenientes o mineros, criollos empujados por la necesidad de labrarse una posición, mestizos emprendedores que se abrían camino por entre una sociedad hostil. Cuando cambiaron las circunstancias, no todos esos sectores continuaron unidos: y el cambio se produjo cuando la política económica de los Borbones abandonó su orientación monopólica para intentar una apertura a través del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias, establecidos en 1778. A partir de entonces se suprimieron numerosas trabas al comercio, se habilitaron trece puertos españoles para el tráfico con las colonias y, sobre todo, se autorizó la actividad comercial de veinticuatro puertos hispanoamericanos que, desde ese momento, se transformaron en focos de un creciente desarrollo económico.

Con la corrección de la política económica adquirió cada vez mayor importancia la burguesía mercantil. Pero como el nuevo sistema comercial asestaba un rudo golpe a los sectores monopolistas, comenzó a manifestarse un enfrentamiento entre ellos y los sectores que se adscribieron al nuevo género de actividad. Eran, en general, grupos distintos, con mentalidades distintas y con distintos intereses. Mucho jugó el criollismo de los sectores más abiertos, pero más jugaron las posibilidades de apertura que se le ofrecieron a los grupos criollos.

Ajenos a la tradición monopolista y a la singular actitud que entrañaban, aceptaron estos las nuevas condiciones establecidas para la actividad económica y se adecuaron a ellas con gran rapidez: en poco tiempo, se perfiló, como un grupo de definida personalidad, la burguesía mercantil criolla.

Frente a ella estaban los viejos poseedores —de tradición o de pretensiones hidalgas—, dueños de haciendas o de minas y poco predispuestos a cambiar su manera de producir, de comercializar su producción y aun de vivir. Estaban también los viejos comerciantes monopolistas, que algunas veces eran los mismos poseedores. Y estaban los funcionarios y los hombres de iglesia. Lo que casi no había, a diferencia de las colonias inglesas, era una robusta clase de pequeños propietarios libres, con mentalidad de adelantados y capacidad para adecuarse a las reglas del mercado; no habría, pues, en Hispanoamérica, conflicto entre agrarismo y mercantilismo en los términos en que se dio en aquellas. Cuando se dio, fue entre el mercantilismo urbano y unas masas desposeídas, encabezadas generalmente por viejos poseedores que expresaban, a su modo, el sentir popular: un vago sentimiento democrático e igualitario dentro de un esquema vigorosamente paternalista y apegado a la tradición. También ese enfrentamiento contribuyó a que no se pudiera ver claro acerca de la constitución del futuro cuerpo político de las naciones independientes.

El paternalismo autoritario resultó de una transmutación del viejo autoritarismo. autoritaria era la concepción política de los Austria, y no lo fue menos la de los Borbones, aunque estuviera canalizada a través del despotismo ilustrado. Pero había una raíz democrática escondida en la tradición popular castellana, insinuada en episodios como el de Irala en Asunción desde 1541, y abiertamente manifiesta en los movimientos comuneros del Paraguay, entre 1717 y 1735, y de Nueva Granada, en 1780. El paternalismo fue la respuesta del autoritarismo a la evidencia de ese sentimiento. Por lo demás, impotente para vencer la férrea concepción del Estado español, esa raíz democrática nutrió tan sólo una actitud social que, sin duda, respaldó las tendencias emancipadoras e igualitarias que aparecieron unidas desde 1810. Pero no era fácil trasvasar aquella actitud, en realidad un sentimiento de raíz medieval, difuso y debilitado por muchas frustraciones, a un sistema político e institucional moderno.

Gravitó fuertemente sobre la vida colonial no sólo el autoritarismo español, sino, sobre todo, su concepción centralista. El poder, originado en la corte española, se transmitía por sus órganos naturales a las capitales primarias y secundarias, y allí parecía resolverse cuanto importaba a la vida colonial. Pero a lo largo de varios siglos se había constituido una sociedad diferente de la urbana en las áreas rurales. Un poco al margen de la ley, o acaso indiferentes a ella, esas sociedades rurales habían adquirido cierta autonomía y, sobre todo, una vaga concepción autonómica de la vida, un poco bárbara y soberbia, acaso como réplica a su marginalidad política. Un vigoroso sentimiento regional se insertaba, pues, dentro del marco de una estructura política y administrativa centralizada, que legó al desarrollo futuro de las nuevas nacionalidades graves y difíciles problemas: esas nacionalidades, tan imprecisos como fueran sus términos geográficos, pesaron como estructuras preexistentes en cuanto heredaban los marcos políticos coloniales, y tenían un centro indiscutible en las capitales, sedes tradicionales del poder y centros económicos fundamentales; pero las regiones irrumpieron, con la independencia, como realidades sociales, económicas y culturales de irreductible significación y exigieron que las nacionalidades se constituyeran no según el esquema centralista de la colonia, sino contando con ellas. La nación preexistente debía ser ahora un conjunto de regiones de definida fisonomía. Fue larga la lucha para imponer ese principio.

El contacto entre los dos procesos

Al producirse los movimientos emancipadores de 1810, Hispanoamérica miró hacia sí misma y recuperó el modelo político hispano- criollo, de raíz medieval e igualitaria. Miró a Inglaterra y a Francia, cuyos regímenes políticos derivaban de sendas revoluciones, una en el siglo XVII y la otra, más próxima, en el XVIII, desenvuelta a través de un proceso tormentoso en los últimos veinte años. Y miró a Estados Unidos, el único caso en el que el movimiento democrático y republicano se había dado junto con un movimiento emancipador. Había muchas razones para poner los ojos en ese país del Nuevo Mundo que se había independizado y había logrado instaurar un sistema político moderno, democrático y eficaz. Pero sin duda hubo también quienes creyeron desde un principio que el modelo político norteamericano era inadecuado para los países hispanoamericanos, y el precursor Francisco de Miranda, el primero.

Con todo, la existencia de un estado independiente en el Nuevo Mundo debía contar como un dato político inexcusable para los revolucionarios hispanoamericanos. Podía esperarse de los Estados Unidos acaso apoyo militar y financiero o, al menos, respaldo político en la tensa situación mundial dentro de cuyo cuadro se producían esas revoluciones. Pero diversas circunstancias revelaron inmediatamente que el problema planteaba ciertas dificultades. Sin duda, ciertos sectores norteamericanos veían en Hispanoamérica —de la que tenían, por cierto, una idea muy vaga— un área para su posible expansión comercial y para la difusión de los principios republicanos. Pero Estados Unidos estaba ya enfrentado con Inglaterra, con la que entraría en guerra en 1812, y era evidente que Inglaterra ejercía una influencia decisiva sobre el mundo hispanoamericano. Era en el ámbito del comercio inglés donde querían entrar los nuevos países; era con Inglaterra con quien más estrechas relaciones tenían Miranda y los grupos revolucionarios locales de diversas áreas, entre ellos los de Buenos Aires; y era Inglaterra la más segura garantía contra la posible acción represiva de España primero y de la Santa Alianza después.

Pero, en rigor, el mayor obstáculo para establecer una relación útil con los Estados Unidos era la opinión que predominaba allí acerca de la América española. Antes del movimiento que conduciría finalmente a la política de Monroe, no sólo reinaba en Estados Unidos una marcada indiferencia y una generalizada ignorancia sobre los países hispánicos del continente americano, sino que prevalecía un sentimiento rayano en el desprecio y una arraigada convicción acerca de la disparidad de objetivos y perspectivas de los mundos en que, en realidad, se dividía el Nuevo Mundo. Expresión de esos antiguos sentimientos y convicciones fue el artículo que Edward Everett escribió en 1812 titulado “South America”:

“No tenemos nada que hacer con América del Sur. No tenemos simpatía por ellos, no es posible que tengamos ninguna simpatía política fundada. Hemos salido de distintos troncos, hablando distintos idiomas, hemos sido criados en diferentes escuelas sociales y morales, hemos sido gobernados con diferentes códigos legales, profesamos códigos religiosos radicalmente distintos. Si abrazamos la causa de ellos, nos pedirían prestado nuestro dinero y concederían comisiones a nuestros corsarios, y posiblemente algunos privilegios a nuestro comercio, si el temor a los ingleses no lo impide. Pero no actuarían en nuestro espíritu, no seguirían nuestro consejo, no podrían imitar nuestro ejemplo: ni todos los tratados que pudiésemos hacer, ni todos los comisionados que enviáramos, ni el dinero que pudiésemos prestarles, transformarían a sus Pueyrredones y a sus Artigas en un Adams o en un Franklin, o a sus Bolívares en un Washington.”[4]

Cierto es que tal actitud no era sino una prolongación del viejo an-tagonismo entre España e Inglaterra, que ahora se revertía sobre sus colonias, y de la mutua incomprensión que derivó tanto del enfrentamiento político y económico como de las distinciones religiosas. Pero es evidente que era un sentimiento predominante, apenas combatido por algunos espíritus abiertos y luego por otros más ceñidos al análisis de los verdaderos intereses continentales de Estados Unidos. En rigor, las expresiones de simpatía solían no ser sino la confirmación de aquel sentimiento. Henry M. Brackenridge, que estuvo en Montevideo y Buenos Aires en 1817 como secretario de la misión Rodney, escribía poco después:

“El hecho de que prestemos demasiada poca atención a América del Sur, se repetirá muchas veces hasta que salgamos de nuestro estado de apatía. Por parte de Estados Unidos, lo mismo que de Gran Bretaña, sería inexcusable no prestar atención a lo que pasa en aquella región del mundo. Son capaces de defenderse, de gobernarse y de ser libres, a despecho de todo lo que digan las gentes de mente estrecha y presuntuosa. Esperan de nosotros amistad y buena voluntad y tienen de-recho a esperarla. Si no podemos hablar favorablemente de ellos, por lo menos no debiéramos proclamar deliberadamente lo que creemos que son sus debilidades.”[5]

Luego recordaba Brackenridge los agravios que los hispanoamericanos tenían contra sus vecinos del norte y afirmaban que las palabras despectivas de algunos norteamericanos no eran las de su gobierno. Pero era evidente que era él y quienes pensaban como él —como Clay, John Quincy Adams, Monroe— quienes constituían la excepción.

Pese a eso, los revolucionarios hispanoamericanos —o mejor, ciertos grupos entre ellos— siguieron pensando en los Estados Unidos. Pero no fue tanto en la ayuda o el apoyo que como país pudieran prestarle. Fue sobre todo, en el modelo político que los Estados Unidos habían elaborado y puesto en funcionamiento en lo que más pensaron, seguramente aun antes de que pareciera verosímil esperar un abierto respaldo del gobierno norteamericano. En rigor, el influjo que tuvo el modelo político no parece haber estado en relación con el deseo de un contacto directo con el país donde el modelo se ha-bía elaborado, parecería como si el modelo se hubiera emancipado de su fuente originaria y se hubiera constituido en una típica ideología. Cabe indagar quiénes la propiciaron.

Dos puntos fundamentales obtuvieron respuesta suficiente a través del modelo político norteamericano, que no lo tenían conjunta y apropiadamente en otros modelos. Uno fue el principio republicano y otro el principio federal. Si el primero estaba implícito en la teoría política francesa, no había hallado una apropiada expresión institucional a lo largo de la revolución y, por lo contrario, se había visto desvirtuado con la instauración del imperio; y ni el modelo hispanocriollo ni el inglés se referían a él. En cuanto al segundo, sólo el modelo norteamericano ofrecía una respuesta institucional satisfactoria. Fueron, pues, quienes sostuvieron desde el primer momento el sistema republicano y federal quienes se apoyaron en el modelo norteamericano.

Es claro, inversamente, que debían rechazar ese modelo los partidarios de un régimen monárquico o, al menos, de un poder ejecutivo tan fuerte que equivalía a una monarquía. Por una monarquía de estilo inglés se había decidido Miranda —aunque hablara de “incas”— y se opuso al modelo norteamericano, como lo haría Bolívar que se expresó terminantemente contra él en el discurso de Angostura. En rigor, buena parte de las nuevas burguesías urbanas pensaban en sustituir el “despotismo ilustrado” de los Borbones por una “democracia ilustrada” que mantuviera cerrado el cuerpo político. Pero el proceso revolucionario hispanoamericano trajo consigo, precisamente, una vigorosa tendencia a abrir el cuerpo político. Se plegaron al modelo norteamericano quienes se adhirieron a esa tendencia, ideólogos de tradición intelectual en muchos casos, pero también grupos sociales que querían romper el monopolio político de las burguesías urbanas, especialmente de sus grupos altos influyentes, sobre todo, en las capitales.

De allí también otro equívoco curioso. Tanto Miranda como Bolívar pensaron en vastas confederaciones, cada uno de cuyos miembros debían ser las grandes unidades administrativas y políticas coloniales. Para ellos, ese era el significado de la palabra confederación. Pero el proceso revolucionario siguió otros cauces. Afirmó la unidad y la autonomía de las nuevas nacionalidades constituidas sobre aquellas unidades coloniales, entendiendo como utópicas las vastas confederaciones; y en cambio, puso de manifiesto la personalidad de cada una de las regiones que de hecho componían esas unidades, y expresó con la palabra federación el sistema que debía agruparlas, otorgándoles personería política. El distingo era decisivo. En el segundo sistema, se reconocía implícitamente la necesidad de una apertura del cuerpo político para dar lugar a vastos sectores populares, antes marginales, que expresarían su vocación regional sin renegar del sentimiento nacional. Quienes optaron por ese sistema se adhirieron al modelo norteamericano, en tanto que lo rechazaron por inadecuado quienes temían las peligrosas consecuencias sociales, económicas y políticas de esa apertura. De ese modo, el republicanismo mismo pareció peligroso, y más peligroso aún si se lo combinaba con el sistema federal entendido como reunión de las regiones que empezaba a despertar.

Para Hispanoamérica, pues, el modelo político norteamericano fue una ideología radical. Y como tal fue defendido o combatido. No, por cierto, objetando su calidad jurídica y política, sino por creer que sólo se justificaba en una sociedad como la que constituía los Estados Unidos, óptimamente predispuesta para una democracia republicana y federal. Lo diría claramente en 1819 Simón Bolívar en el Congreso de Angostura:

“Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela —se refería a la de 1811—, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro estado. Y según mi modo de ver es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne el aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral; no obstante que la Libertad ha sido su cuna, se ha criado en la Libertad, y se alimenta de pura Libertad: lo diré todo aunque bajo de muchos respectos, este Pueblo es único en la historia del género humano, es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el Federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuere, de este Gobierno con respecto a la Nación Americana, debo decir, que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y naturaleza de los estados tan distintos como el Inglés Americano y al Americano Español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues aún es muy difícil adaptar en Venezuela las Leyes del Norte de América. ¿No dice el Espíritu de las Leyes que estas deben ser propias para el Pueblo que se hacen ? ¿que es una gran casualidad que las de una Nación puedan convenir a otra? ¿que las Leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los Pueblos? ¿Referirse al grado de Libertad que la Constitución puede sufrir, a la Reli-gión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington!”[6]

Más detalladamente, pero siguiendo la misma línea de pensamiento, lo expresaría en 1823, el mexicano fray Servando Teresa de Mier en el Congreso Constituyente:

“La prosperidad de esta República vecina ha sido, y está siendo, el disparador de nuestra América porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que media entre ellos y nosotros. Ellos eran ya Estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra; federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían vivido bajo una constitución que con sólo suprimir el nombre del rey es la de una República: nosotros encorvados 300 años bajo el yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. Somos como niños a quienes poco ha se han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar cadenas inveteradas.

Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de empleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como nuestros padres, y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aquel es un pueblo pesado, sesudo, tenaz; nosotros somos una nación de veletas, si se permite esta expresión; tan vivos como el azogue y tan movibles como él. Aquellos Estados forman a la orilla del mar una franja litoral, y cada uno tiene los puertos necesarios a su comercio; entre nosotros sólo en algunas provincias hay algunos puertos o fondeaderos, y la naturaleza misma, por decirlo así, nos ha centralizado.”[7]

Los moderados hispanoamericanos coincidían, pues, con el enfoque realista de Edward Everett.

El uso del modelo político norteamericano

Las alusiones al modelo político norteamericano —o las ideas que lo presidían— aparecieron muy pronto al desencadenarse los movimientos revolucionarios hispanoamericanos. El argentino Mariano Moreno evocaba en 1810 las palabras de Jefferson, pero no ocultaba sus reticencias. En Paraguay, el Triunvirato que acababa de hacerse cargo del poder redactó, el 17 de mayo de 1811, un manifiesto en el que aparece la idea de una confederación en la que se unirían todas las provincias del antiguo virreinato; y en la nota enviada a Buenos Aires el 20 de julio reaparece la idea, presumiblemente por inspiración del doctor Francia. En Chile, Camilo Henríquez difunde, a través de las páginas de La Aurora de Chile, en 1811, el “Ejem-plo memorable” —así se llamaba el artículo— de la Constitución norteamericana.

Pero la primera aplicación práctica del modelo político norteamericano fue la Constitución venezolana de 1811. Un enemigo encarnizado de la revolución, José Domingo Díaz, escribiría en los recuerdos que publicó en 1829 que “era, por mejor decir, una pueril imitación de la de los Estados Unidos”.[8] La fuente de la que surgió esa imitación fue la obra que en 1811 publicó el venezolano Manuel García de Sena, que contenía las traducciones de varios fragmentos de Thomas Paine y de un conjunto de documentos nor-teamericanos: la Declaración de Independencia, los Artículos de Confederación y Perpetua Unión, la Constitución de los Estados Unidos y las constituciones de Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania y Virginia. La obra fue titulada La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha,[9] y ejerció notable influencia, no sólo en Venezuela sino también en otras regiones.

La presencia del ejemplo dado por los Estados Unidos se advierte en el discurso que el 4 de julio de 1811 pronunció en el Congreso el doctor Miguel Peña.[10] Los procesos de los dos países le parecían comparables, aun cuando acota: “La poca o ninguna ilustración de los pueblos de Venezuela sobre el conocimiento de una materia tan importante, no es un obstáculo, como se supone, para la declaración de su independencia”. Era un apoyo para la causa no sólo el ejemplo de un pueblo que había luchado y vencido, sino también el legado de ese corpus político que García de Sena ponía al alcance de todos. Estos textos sirvieron de modelo para la carta constitucional de 1811 que, a veces, fue su transcripción literal. Tal es el caso de los artículos referentes a atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

El capítulo octavo —y en cierto modo el noveno— tiene un carácter marcadamente doctrinario y declarativo. Se refiere aquel a los “Derechos del hombre que se reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado” y, si bien denota la influencia del modelo francés, no aparece allí esa influencia con más vigor que la del conjunto de los textos políticos norteamericanos que ya la habían absorbido. Los artículos 141 y 142 definen los principios del pacto social; los artículos 144 y 145, el principio de la soberanía popular. El artículo 147 establecía el principio de la igualdad en los siguientes términos: “Todos los ciudadanos tienen derecho indistintamente a los empleos públicos del modo, en las formas y con las condiciones prescritas por la ley, no siendo aquellos la propiedad exclusiva de alguna clase de hombres en particular, y ningún hombre tendrá otro título para obtener ventajas y consideraciones particulares, distintas de las de los otros en la opción a los empleos que forman una carrera pública, sino el que proviene de los servicios hechos al Estado”.

Luego de establecerse los derechos y los deberes del hombre en la sociedad, el artículo 197 garantizaba los derechos naturales: “La Sociedad afianza a los individuos que la componen el goce de su vida, de su libertad, de sus propiedades y demás derechos naturales; en esto consiste la garantía social que resulta de la acción reunida de los miembros del Cuerpo y depositada en la soberanía nacional”.

Pero el punto fundamental de la Constitución de 1811 —y el que más repercusiones tendría— era el establecimiento del régimen federativo. La Constitución lo definió expresamente en el “Preliminar” que seguía al habitual preámbulo; y así como este trasuntaba el texto del preámbulo de la Constitución norteamericana de 1787, el “Preliminar” evocaba el de los Artículos de Confederación de 1778. Decía el “Preliminar”, bajo el título de “Bases del pacto federativo que ha de constituir la autoridad general de la Confederación”:

“En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente delegado a la Autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las Provincias que la componen, su Soberanía, Libertad e Independencia; en uso de ellas, tendrán del derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y Administración territorial, bajo las leyes que crean convenientes, con tal que no sean de las comprendidas en esta Constitución, ni se opongan o perjudiquen a los Pactos Federativos que por ella se establecen. Del mismo derecho gozarán todos aquellos territorios que por división del actual, o por agregación a él, vengan a ser parte de esta Confederación cuando el Congreso General reunido les declare la representación de tales, o la obtengan por aquella vía, y forma que él establezca para las ocurrencias de esta clase cuando no se halle reunido.

Hacer efectiva la mutua garantía y seguridad que se prestan entre sí los Estados, para conservar su libertad civil, su independencia política y su culto religioso, es la primera, y la más sagrada de las facultades de la Confederación, en quien reside exclusivamente la Representación Nacional. Por ella está encargada de las relaciones extranjeras, —de la defensa común y general de los Estados Confede-rados, —de conservar la paz pública contra las conmociones internas, o los ataques exteriores, —de arreglar el comercio exterior y el de los Estados entre sí, —de levantar y mantener ejércitos, cuando sean necesarios para mantener la libertad, integridad e independencia de la Nación, —de construir y equipar bajeles de guerra, —de celebrar y concluir tratados y alianzas con las demás naciones, —declararles la guerra y hacer la paz, — de imponer las contribuciones indispensables para estos fines, u otros convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad común, con plena y absoluta autoridad para establecer las leyes generales de la Unión y juzgar y hacer ejecutar cuanto por ellas quede resuelto y determinado.

El ejercicio de esta autoridad confiada a la Confederación no podrá jamás hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder Supremo debe estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a distintos Cuerpos independientes entre sí, y en sus respectivas facultades. Los individuos que fueren nombrados para ejercerlas se sujetarán inviolablemente al modo y reglas que en esta Constitución se les prescriben para el cumplimiento y desempeño de sus destinos.”[11]

Tal era el texto y el espíritu de la Constitución federal. Miranda, hostilizado por los grupos radicalizados, se limitó a puntualizar sus disidencias en un texto sintético que decía:

“Considerando de que en la presente constitución los Poderes no se hallan en un justo equilibrio, ni la estructura u organización general suficientemente sencilla y clara, para que pueda ser permanente; que por otra parte no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, de que puede resultar que en lugar de reunimos en una masa general o Cuerpo social, nos divida y separe, en perjuicio de la seguridad común y de nuestra independencia; pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber.” [12]

Sin duda, Bolívar y los mantuanos —la alta burguesía caraqueña— pensaban como él. Pero predominaba el sentimiento de que el sistema federal emanaba de la voluntad mayoritaria, acaso indefinida y quizá ingenua, así como de la tradición colonial. En todo caso, parece evidente que respondía a la tendencia de los grupos que observaban la emergencia política de las sociedades regionales, aun cuando eventualmente equivocaran el diagnóstico acerca de las posibilidades prácticas de poner en funcionamiento un sistema institucional muy perfeccionado, como el que establecería el modelo norteamericano, en el seno de una sociedad en la que el sentimiento regional era todavía difuso. Parecía admitirse que la estructura regional tenía raíces coloniales y que, en consecuencia, era preexistente con respecto a la nación, como en los Estados Unidos. Pero eran muchos los que sostenían lo contrario y veían en la nación, heredera del sistema colonial, la estructura política preexistente. De todas maneras, las provincias de Caracas, Barcelona, Mérida y Trujillo se fueron dando sus constituciones provinciales, inspiradas en el mismo espíritu de la obra de Thomas Paine y de los artículos de William Burke que bajo el título de “Derechos de la América del Sur y México”, publicaba sobre diversos temas la Gazeta de Caracas desde el 23 de noviembre de 1810.[13]

Precisamente en la Gazeta de Caracas del 21 de enero de 1812 empezaba a publicarse, como un signo de coincidencia, el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, firmada en Bogotá el 27 de noviembre de 1811.[14] El movimiento de independencia había empezado en Cartagena el 22 de mayo de 1810, y con él tuvo principio “la patria boba”, expresión que sintetizaba la ingenuidad que, luego de la intervención militar española, se reconoció en los hombres que procuraron encauzar el país independiente. En efecto, a poco de declararse —clara o veladamente— la independencia en diversas ciudades, comenzó en Nueva Granada un conflicto entre ellas que derivó hacia una guerra civil generalizada. El regionalismo se manifestaba espontáneamente, como se manifestaba la resistencia a tolerar que la antigua capital colonial mantuviera sus viejos privilegios, pero revelando, además, sus tendencias reprimidas y los intereses encontrados. Y mientras se disputaba por la hegemonía, las distintas provincias comenzaron a dictarse sus constituciones: Santa Fe, Cundinamarca, Tunja, Cartagena y más tarde lo harían Antioquia y Mariquita.

Se afirmaba en ellas la soberanía del estado provincial, prácticamente transformado en República, y se afirmaba el principio del pacto social, el de la soberanía popular y el de la igualdad entre los libres, agregándose algunas indicaciones que restringían el cuerpo político a los poseedores de bienes. Pero a medida que crecía el peligro de la reacción española y se hacía indispensable la unión, el problema se afincó en las características que asumiría el Estado nacional. Prácticamente, existían ya dos partidos bien definidos, centralista el uno y encabezado por Antonio Nariño, y federalista el otro e inspirado por Camilo Torres. Acaso en aquellos primeros aspectos fuera importante la influencia del modelo francés, aunque pudiera sostenerse que su formulación pasó por el filtro del modelo norteamericano. Lo que es indudable es que fue este último el que proporcionó el esquema de la organización federativa, cuya primera expresión formal fue el texto del “Acta de Confederación” del 27 de noviembre de 1811, a la que concurrían las provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Tunja y Pamplona, esta última representada precisamente por Camilo Torres.

Era inequívoco el contenido y el lenguaje del Preámbulo:

“Nos, los Representantes de las Provincias de la Nueva Granada que abajo se expresarán, convenidos en virtud de los plenos poderes con que al efecto hemos sido autorizados por nuestras respectivas provincias, y que previa y mutuamente hemos reconocido y calificado, considerando la larga serie de sucesos ocurridos en la península de España, nuestra antigua metrópoli, desde su ocupación por las armas del emperador de los franceses Napoleón Bonaparte; las nuevas y varias formas de gobierno que entretanto y rápidamente se han sucedido unas a otras, sin que ninguna de ellas haya sido capaz de salvar la nación; el aniquilamiento de sus recursos cada día más exhaustos, en términos que la prudencia humana no puede esperar un buen fin; y últimamente los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de estas provincias, como todos los demás del universo, para mirar por su propia conservación, y darse para ella la forma de gobierno que más le acomode, siguiendo el espíritu, las instituciones y la expresa y terminante voluntad de todas nuestras dichas provincias, que general, formal y solemnemente han proclamado sus deseos de unirse a una asociación federativa, que remitiendo a la totalidad del gobierno general las facultades propias y privativas de un solo cuerpo de nación reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia, en lo que no sea del interés común, garantizándose a cada una de ellas estas preciosas prerrogativas y la in-tegridad de sus territorios, cumpliendo con este religioso deber y reservando para mejor ocasión o tiempos más tranquilos la Constitución que arreglará definitivamente los intereses de este gran pueblo.”

Un intento de ajuste a la situación real se advierte en el texto de los artículos 2 y 3:

“2. Son admitidas y parte por ahora de esta confederación todas las provincias que al tiempo de la revolución de la capital de Santafé en veinte de julio del mil ochocientos diez, eran reputadas y consideradas como tales, y que en continuación y en uso de este derecho reasumieron desde aquella época su gobierno y administración interior, sin perjuicio no obstante de los pactos o convenios que hayan hecho o quiera hacer algunas de ellas y que no se improbarán en lo que no perjudique a la Unión.

3. Lo serán asimismo aquellas provincias o pueblos que no habiendo pertenecido en dicha época a la Nueva Granada, pero que estando en cierto modo ligados con ella por su posición geográfica, por sus relaciones de comercio u otras razones semejantes, quieran asociarse ahora a esta federación, o a algunas de sus provincias confinantes, precediendo al efecto los pactos y negociaciones que convengan con los Estados o cuerpos políticos a quienes pertenezcan, sin cuyo consentimiento y aprobación no puede darse un paso de esta naturaleza.”

Y todavía se perfeccionaba la concepción federalista en los artículos 6 y 7:

“Las provincias unidas de la Nueva Granada se reconocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano. Se prometen recíprocamente la más firme amistad y alianza, se juran una fe inviolable y se ligan con un pacto eterno, cuanto permite la miserable condición humana.

Se reservan, pues, las provincias en fuerza de sus derechos incomunicables: 1º. La facultad de darse un gobierno como más convenga a sus circunstancias, aunque siempre popular, representativo y análogo al general de la Unión, para que así resulte entre todas la mejor armonía, y la más fácil administración, dividiendo sus poderes, y prescribiéndoles las reglas bajo las cuales se deben conducir; 2°. La policía, el gobierno interior y económico de sus pueblos, y nombramiento de toda clase de empleados; 3º. La formación de sus códigos civiles y criminales; 4°. El establecimiento de juzgados y tribunales superiores e inferiores en donde se fenezcan los asuntos judiciales en todas sus instancias; 5º. La creación y arreglo de milicias provinciales, su armamento y disciplina para su propia defensa, y la de las provincias unidas cuando lo requiera el caso; 6º. La formación de un tesoro particular para sus respectivas necesidades por medio de las contribuciones y arbitrios que tengan por convenientes, sin perjuicio de la Unión ni de los derechos que después se dirán; 7º. La protección y fomento de la agricultura, artes, ciencias, comercio y cuanto pueda conducir a su felicidad y prosperidad; 8º. Últimamente todo aquello que no siendo del interés general, ni expresamente delegado en los pactos siguientes de federación, se entiende siempre reservado y retenido. Pero ceden a favor de la Unión todas aquellas facultades nacionales y las grandes relaciones y poderes de un Estado, que no podrían desempeñarse sin una representación general, sin la concentración de los recursos comunes, y sin la cooperación y los esfuerzos de todas las provincias.”

Duró esta experiencia política hasta 1816, en que todo el territorio de la Nueva Granada cayó en manos de los españoles; pero el experimento quedó hecho y seguiría alimentando la tendencia federalista, que triunfaría y volvería a ser dominada a través de un largo proceso, para volver a triunfar.

Mientras se esbozaban y se formalizaban las diversas constituciones federales de Venezuela y Nueva Granada según el modelo político norteamericano, al que adherían fervorosamente las regiones que aspiraban a ocupar el lugar que el régimen centralista español les había negado, así como los grupos ideológicos radicalizados, en la Banda Oriental del Uruguay, parte del Virreinato del Río de la Plata, lanzaba José Gervasio de Artigas el mismo proyecto político en oposición a las tendencias centralistas del gobierno de Buenos Aires.

Conoció Artigas la obra de Manuel García de Sena, que contenía los fragmentos de Paine y los principales textos políticos norteamericanos; y conoció además la Historia concisa de los Estados Unidos del mismo autor. Y en virtud de sus lecturas, prestó decidida adhesión al modelo político norteamericano. Él mismo se lo declaró al general argentino José María Paz en términos inequívocos: “Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las Provincias, dándole a cada Estado un Gobierno propio, su Constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada Estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi Provincia y para la que me habían proclamado su Protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo”.[15]

Los federales orientales —uruguayos, se diría hoy— expresaron esa adhesión, en las “Instrucciones orientales” que Artigas dio a sus delegados a la Asamblea constituyente que se reuniría en Buenos Aires en 1813, y luego, en el mismo año, en el “Plan de una constitución liberal federativa para las provincias de América del Sur” y en el proyecto de “Constitución oriental”, esta última inequívocamente inspirada en la Constitución de Massachusetts.

Las “Instrucciones” contenían, en lo fundamental, prescripciones categóricas con respecto al sistema federativo, sin perjuicio de otros aspectos, por los demás concurrentes.[16] El artículo 2 prescribía a los diputados que no debían admitir “otro sistema que el de la Confederación para el pacto recíproco con las Provincias que forman nuestro Estado”. El artículo 4 decía: “Como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y los pueblos, cada Provincia formará su gobierno bajo esas bases a más del Gobierno Supremo de la Nación”. Y el artículo 10 definía el carácter del pacto: “Que esta Provincia por la presente entrará separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad, y para la mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataques hechos sobre ellas, o sobre alguna de ellas, por motivo de religión, soberanía o tráfico o algún otro pretexto cualquiera que sea”.

Las “Instrucciones” revelaban los fundamentos de la preocupación regionalista de los orientales que buscaban una expresión política en el sistema federativo. En el texto elaborado el 5 de abril de 1811 se explicaban claramente los objetivos económicos, esto es, las aspiraciones que se querían alcanzar bajo un régimen federal. El artículo 16 decía: “Que ninguna traba o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una Provincia sobre la otra, ni a los barcos destinados de esta Provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio, o renta, a los puertos de una Provincia a otra serán obligados a entrar, a anclar o pagar derechos en otra”; y lo completaba el 17: “Que todos los dichos derechos, impuestos y sisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias Unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria en nuestro territorio”. De estos artículos, el 17 no aparece en el texto elaborado el 13 de abril, pero subsiste el 16 —bajo el número 14—, y se agregan dos muy significativos: el 12: “Que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, po-niéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo; pidiendo al efecto se oficie al comandante de las fuerzas de S.M.B. sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación, o comercio, de su nación”; y el 13: “Que el puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo anterior”.

Si en las “Instrucciones” de Artigas quedan al descubierto las mo-tivaciones económicas de la tendencia federalista, no sería demasiado difícil descubrirlas por debajo de los textos constitucionales de otros países. Propiciaron el federalismo —cuando se lo sostuvo seriamente, y no como simple pretexto para justificar las luchas entre grupos de poder— quienes advirtieron o protagonizaron el movimiento expansivo que produjo la revolución emancipadora, tanto en el orden económico como en el social. Como los orientales que aspiraban a quebrar la supremacía económica del puerto de Buenos Aires, en todas partes se vio un denodado propósito de sustraerse a la tutela de las capitales y puertos a los que el centralismo español les había asignado un papel hegemónico. Despertaban las regiones a una nueva vida, y aspiraban a que la organización del nuevo Estado reconociera su significación y asegurara el desarrollo de sus posibilidades. Eran los poseedores, sin duda, los que más claramente propiciaban el cambio, acaso oligarquías provinciales no demasiado celosas de los principios democráticos e igualitarios si ellos consti-tuían un obstáculo para el poder a que aspiraban. Pero eran también las clases desposeídas las que entreveían, quizá confusamente, las perspectivas sociales de tal apertura. Y eran, a su lado, los ideólogos radicalizados quienes respaldaban tales tendencias haciéndose fuertes en el modelo político norteamericano que, traducido a las circunstancias reales de cada país, ofrecía las fórmulas jurídicas y políticas apropiadas y utilizables.

El problema era, precisamente, establecer esas circunstancias reales y luego hallar las fórmulas. La concepción republicana e igualitaria chocaba con la sociedad tradicional de Hispanoamérica, compleja y escindida. Hubiera sido difícil, y excesivamente ingenuo, negar esa realidad. Pero la adopción del modelo político norteamericano —entonces, como luego en la Constitución argentina de 1853— reveló una concepción pedagógica del instrumento constitucional. Se obviaron las fórmulas muy precisas, y seguramente se dejó al tiempo la labor de reducir las diferencias sociales, contando con que el instrumento político contribuiría a hacer una revolución desde arriba, como, por lo demás, lo aconsejaba la concepción del despotismo ilustrado. Se luchó por suprimir la esclavitud y por la reivindicación de las poblaciones indígenas y mestizas, a las que, por lo demás, se convocó a la lucha emancipadora. Pero el esfuerzo chocó con el vigor de la estructura tradicional, que impidió que se encontrara de inmediato una solución a los problemas de la desigualdad. No fue, empero, ingenuidad la de los que impusieron las cláusulas igualitarias, sino la certeza de que, enunciado el principio, el juego de la nueva sociedad ayudaría a imponerlo.

Distinto fue el caso de la concepción federativa. Si en Hispanoamérica no era institucionalmente cierto que las regiones o provincias fueran preexistentes a la nación, pudo argumentarse, por una parte, que tampoco preexistía la nación —que era una creación revolucionaria— ni que era forzoso que la nueva nación heredara la estructura colonial. Pero podía argumentarse, además, que si las regiones o provincias no eran institucionalmente preexistentes, sí lo eran desde un punto de vista social, económico y cultural con respecto a la nación creada por la emancipación. Y el argumento se re-mataba buscando apoyo en la tradición popular hispánica e hispanocriolla —la de los comuneros, por ejemplo— y atribuyendo un valor constituyente a la irrupción de regiones y provincias que se desencadenó en el momento mismo de la revolución. Nada obstaba, pues, a que se adoptara el modelo político norteamericano si, en realidad, se quería quebrar el viejo orden colonial, puesto que anticipaba las fórmulas a las que, finalmente, habría que llegar.

La repentina explosión social y económica que suscitó en todas partes la emancipación produjo en todas una suerte de “patria boba”, precisamente porque se creyó que era posible imponer un texto constitucional y, con ello, someter a la vieja estructura socioeconómica que en nada había cambiado, sino tan sólo, acaso, en esta vehemente tendencia regionalista de las oligarquías provinciales. Pero la realidad socioeconómica de raíz colonial era muy fuerte, y si alguna vez cedió —en las patrias bobas— se recompuso y sus sostenedores y usufructuarios retornaron a la lucha en defensa de sus intereses. Las patrias dejaron de ser bobas, y no sólo tuvieron que enfrentar la reacción militar española, sino que se vieron sumidas en el abismo de largas y tremendas guerras civiles, en las que se debatiría acaso el destino de una fórmula política pero cuyos protagonistas vivían intensamente las implicaciones que cada sistema de gobierno entrañaba.

Se verían largas luchas en México, girando alrededor de los términos institucionales que fraguarían en la constitución federal de 1824 y de los problemas, tanto reales como ideológicos, que quedaron planteados. Se verían en Argentina, tras el fracaso de las constituciones unitarias de 1819 y 1826, rechazadas por las provincias que disolvieron la unidad de las Provincias Unidas. Se verían en Chile, en la crisis que transcurrió entre 1823 y 1830, a lo largo de la cual se dictó la constitución unitaria de 1823 y luego la constitución federal de 1826, que no llegó a tener vigencia. Y se verían en la Gran Colombia y en los países que nacieron de su disgregación en 1830, como se verían, por cierto, en Brasil a partir de 1831, tras la abdicación del emperador Pedro I.

No trajo consigo la emancipación hispanoamericana una revolución profunda que modificara el sistema de producción. Pero no puede desdeñarse —si se quiere entender ese proceso y sus consecuencias, que llegan hasta hoy— una revolución social, en sentido estricto, que se produjo y alimentó la lucha entre los grupos económicos y políticos proveyéndola de ciertos componentes que, a la larga, influirían decisivamente. Fue una crisis de expansión y los distintos grupos sociales vieron en ella una apertura que los movió a buscar la brecha en la que podían obtener más beneficios, siquiera inmediatos. Así se modificaron las estructuras de poder, no sólo políticas sino también económicas. Para los que aspiraban a hallar una fórmula para el ajuste de la nueva sociedad, igualitaria, democrática y federativa, el modelo político norteamericano fue desde el primer momento un instrumento de lucha. Una y otra vez se volvería a él tras las alternativas de las guerras civiles del siglo XIX.

Notas:

1 Mariano Moreno, Prólogo de la reedición de la obra Del contrato social, o principios del derecho político, por Juan Jacobo Rousseau, 1810, en Mariano Moreno, Escritos, edición crítica de Ricardo Levene, Buenos Aires, Estrada, 1943, tomo II, p. 305. Antonio Nariño, cf. Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX . Bogotá, Editorial Temis, 1964, p. 125.

2 John Dickinson, Letters from a Pennsylvania Farmer.Boston, 1768.

3 Alejandro de Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1956, tomo II, p. 242.

4 Edward Everett, North American Review, cf. Arthur Whitaker, Estados Unidos y la independencia de América (1800-1830). Buenos aires, Eudeba, 1964, p.249.

5 E. M. Brackenridge, A voyage to South America (Londres, 1820). Cito según la traducción española de Carlos A. Aldao, Buenos Aires, 1927.

6 Simón Bolívar, “Discurso de Angostura”, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Caracas, Biblioteca de la Academia de la Historia, 1961, tomo V, p. 157.

7 Fray Servando Teresa de Mier, Discurso llamado “Las profecías”, en Antología del pensamiento político americano. México, D.F., Universidad Autónoma de México, 1945, p. 127.

8 José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 95.

9 Véase la edición publicada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, con prólogo del profesor Pedro Grases, Caracas, 1949.

10 En José de Austria, Bosquejo de la historia militar de Venezuela. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1960, tomo 1, pp. 152 y ss.

11 El texto de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1961, tomo V, pp.45 y ss. Un análisis del texto constitucional en C. Parra-Pérez, Historia de la primera República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1959, tomo II, pp. 161 y ss.: en el capítulo anterior, pp. 149 y ss., se ocupa de las constituciones provinciales.

12 El pensamiento constitucional… tomo V, p. 112.>

13 /hi> Gazeta de Caracas, edición de la Academia Nacional de la Historia (Caracas, 1960), a partir del número del 23 de enero de 1810.

14 El texto del Acta, en El pensamiento constitucional…, tomo III, p. 457. Véase Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, pp. 130 y ss.; L. E. Nieto Arteta, Economía y cultura en la historia de Colombia. Bogotá. Ediciones Librería Siglo XX, pp. 51 y ss.

15 Cf. Alberto Demicheli, Origen federal argentino Buenos Aires, Depalma, 1962, p. 252. Véase, además de la obra citada, Eugenio Petit Muñoz, Artigas y su ideario a través de seis series documentales. Montevideo, Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1956.

16 El texto de las “Instrucciones” en las dos obras citadas. El texto del “Proyecto de constitución para la Provincia Oriental”, en El pensamiento constitucional…, tomo IV, pp. 331 y ss.

La Reforma Universitaria y el futuro de la Universidad Argentina.* 1956

Jóvenes estudiantes, conciudadanas y conciudadanos:

Al clausurarse en Córdoba las sesiones del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, el 31 de julio de 1918, se acordó instituir la celebración anual del 15 de junio como día del advenimiento de la Universidad nueva. Henos aquí reunidos en cumplimiento de un deber de solidaridad con la historia. Nació entonces, más que una realidad, una esperanza. Y tras esa esperanza corremos desde entonces los espíritus democráticos, progresistas y libres, salvando los obstáculos que una y otra vez se interponen en nuestro camino como si la Universidad nueva constituyera un inalcanzable espejismo. Pero una y otra vez reinician su camino los espíritus democráticos, progresistas y libres, porque la fe no abandona a quienes se sienten movidos por el impulso hacia la libertad, propio del hombre y particularmente del que se siente consustanciado con los altos valores de la cultura, cuya atmósfera propia e irrenunciable es el reinado de la libertad.

La Universidad nueva fue el objetivo final de la Reforma desencadenada por las juventudes de 1918, y sigue siendo el objetivo final de cuantos aman la libertad y la cultura, jóvenes todos ellos por la juventud del espíritu. Comenzó su camino la Universidad nueva entre escollos y vendavales, y a poco de iniciado, lo envolvieron —tras la revolución oligárquica de 1930— las auras maléficas del fascismo que comenzaba a viciar la vida nacional. El camino quedó sumido en aquella niebla enceguecedora, y la meta comenzó a desdibujarse porque los viandantes que recorrían la ruta debieron detenerse a cada paso ante el obstáculo imprevisto. La Universidad nueva se tornó una esperanza cada vez más lejana a medida que se apretaban las esposas en las muñecas y las mordazas en los labios. Y parecía razonable ilusión aspirar cada día tan sólo a la Universidad de la víspera, mejor sin duda que la que se anunciaba para cada uno de los días que se sucedían en la precipitada pendiente que conducía desde la reacción oligárquica hacia el fascismo.

Después se extremó la angustia y la Universidad se tornó sombra de sí misma. El espíritu de la Universidad nueva, el espíritu que vivificaba la esperanza, subsistió insobornable en muchos que levantaron su voz, y muchos que levantaron su brazo, muchos que levantaron finalmente el arma decisiva. La Universidad vibraba en sus juventudes incorruptibles, y resurgió enccuarnada en ellas tras las jornadas de septiembre, cuando asumieron la custodia de los hogares universitarios. Viva la encontramos cuando creíamos que estaba muerta, Porque había vivido en la eterna juventud del espíritu. Y viva existe todavía, viva y anhelante de renovación, para retomar aquel camino en el que se detuviera a poco de comenzar su marcha, cohibida por el enrarecimiento de la atmósfera espiritual del país. Toca a nosotros impulsarla para que alcance un día la inmarcesible perfección de los sueños.

He aquí que, en un clima de libertad, la Universidad se torna entre nuestras manos una materia plástica en busca de forma. Tras las zozobras de casi cuarenta años de experimentos y de luchas, la Universidad argentina se nos presenta como un conjunto informe sin armonía y sin estilo. Tal es la dura realidad. Pese a ello, no faltan quienes preconicen prudentemente un retorno a lo antiguo, como si los únicos males fueran los que trajo consigo la dictadura. Yo afirmo que cualquier retorno es suicida y que la simple esperanza de lograrlo revela ya una imperdonable miopía para los problemas de la inteligencia. La Reforma de 1918 apenas pudo lograr escasísimos frutos, y muchos de ellos se vieron roídos por los gusanos que se lanzaron sobre los vivos durante las oscuras décadas del fraude y del fascismo. No es, pues, exagerado situarnos en posición análoga a la que encontraron las juventudes de antaño, y yo propongo aquí otra vez como solución única la fórmula preconizada por Alejandro Korn en 1918: Incipit vita nova; he aquí que comienza una nueva vida.

Estoy persuadido de que no hay otra. La Universidad argentina requiere una revisión total de sus fines, de su organización, de sus sistemas pedagógicos, hasta de su espíritu. Es la revisión a la que aspiró la Reforma, que se hizo en parte, que se malogró en mucho, pero que hay que volver a hacer, además, porque todo cuanto es obra del espíritu exige perpetua revisión y reforma perpetua. Yo no puedo concebir la Reforma como un conjunto de principios rígidos e inmutables, sino como un impulso del espíritu, y por eso veo en la esencia de la Universidad un drama idéntico al que constituye la esencia de la cultura misma.

La Universidad, como la cultura, se nos aparece como algo concreto: sus edificios, sus laboratorios y bibliotecas, sus alumnos y sus profesores. Es también un cierto caudal de saber que discurre entre ellos, cierto sistema de pensamiento, cierta imagen del mundo, todo lo cual anida en los espíritus, y preside las relaciones entre los hombres. Pero todo eso no constituye sino una de las facetas de la Universidad, la que vive en el mundo de los hechos, la que hemos heredado. Mas la Universidad no es sólo eso. Mucho más que eso, es también la Universidad que queremos hacer para que acoja el saber que vamos creando, saber nuestro, irrenunciable e intransferible, saber entrañablemente nuestro y no heredado, sino creado con la efusión de nuestro espíritu y con el que quedan comprometidas nuestras vidas. Este saber en perpetua creación requiere una Universidad flexible y modelable, para que sus formas endurecidas no hieran su frágil contextura. Y la variable receptividad de cada genera-ción de educandos exige por su parte pareja flexibilidad para que las heridas no sean sus almas o sus mentes.

Hay una dialéctica entre la estructura de la Universidad y el impulso perpetuamente renovador del saber que se rehace en ella cada día, porque muere si no acierta a rehacerse, porque no vive sino en su propia y perpetua recreación. Y hay una reforma necesaria e impostergable para cada etapa de la Universidad, porque la letra mata y el espíritu vivifica; y cada vez que la Universidad tropieza y consiente en detener su propia renovación se torna academia, urna para el saber estéril, y deja de ser hogar para la perenne creación.

Yo os digo que no hay una Reforma, sino innumerables y sucesivas reformas; y estoy cierto que ha llegado el momento de una que sea sustancial y profunda. Pero fijémonos cómo hemos de hacerla, porque si ha de hacerse en virtud del espíritu, es imprescindible que sea del espíritu crítico y libre, y no del espíritu dogmático y fundado en el principio de autoridad. Si es este último el que predomina, es seguro que toda reforma será estéril y que finalmente la Universidad dejará de serlo. Sólo por el espíritu crítico y libre ha existido la Universidad, y tanto asegura su muerte la infiltración del espíritu dogmático y del autoritarismo como la estagnación del saber. Si hemos de recuperar la Universidad para el espíritu, será porque la recuperemos entera, en la plenitud de su libertad, sin límites para la inteligencia, sin otra aspiración que la del saber humano, del que podemos decir que ha nutrido nuestra cultura desde la misma Edad Media, y libre de los tabúes con que se quieren contener los espíritus.

Acaso no se haya repetido suficientemente que la reforma uni-versitaria forma parte de la vasta reforma educacional que requiere el país. Es innegable que el movimiento reformista nació y se desenvolvió en un ambiente tumultuoso y en una atmósfera de rebeldía, Era la misma juventud la que exigía la reforma de la educación que le ofrecía la Universidad, y el clamor resonó con el brío y la frescura que son propios de los movimientos juveniles. Pero si era en muchos aspectos un movimiento político, un movimiento social, un movimiento vinculado al despertar de la ciudadanía democrática, no es menos cierto que era esencialmente un movimiento en favor de la renovación de la Universidad y la cultura; un movimiento educacional, análogo al que entonces comenzaba a desarrollarse en favor de la renovación de la educación de los niños y los adolescentes. La exigencia de una reforma educacional sigue en pie en nuestro país para todos los órdenes de la enseñanza, y entre ellos para la enseñanza universitaria. Parecería como si las dolorosas alternativas porque ha pasado nuestro país fueran particularmente graves en cuanto conciernen a la cultura y a la educación. Una indiferencia culpable se ha advertido en relación con este problema, que hace al presente y al futuro de este país, que hace a la correcta formación de las nuevas generaciones, que hace al destino de nuestra cultura.

Si entendemos la reforma universitaria como reforma educacional, descubrimos como primer objetivo el de hacer una Universidad que constituya un centro de formación del hombre. La mera enunciación de tan evidente designio descubre la insuficiencia de nuestra actual Universidad frente a su misión fundamental. ¿Acaso se ha planteado el problema en alguna ocasión? ¿Acaso la Universidad ha modificado o intentado modificar alguna vez su estructura de mera yuxtaposición de escuelas profesionales, para afrontar el problema total que le plantea el joven que llega un día a sus puertas y comienza a ambular por los corredores y las aulas sin mantener otro contacto con la Universidad que el puramente pasivo del oyente o del que pide informes en una oficina administrativa? Constituye una actitud simplista y culpable hablar de los estudiantes como de una fuerza de opinión, o como de un malón subversivo, o como de una multitud indiscriminada. Los estudiantes constituyen un conjunto, pero sólo subsidiariamente valen como conjunto. En principio y fundamentalmente valen como individuos, como personalidades singulares. ¿Quién que sea de verdad padre o maestro ignora lo que es un joven de veinte años, lleno de esperanza, de inquietudes, de temores y, sobre todo, de imperativos morales irrenunciables? Para ese joven que no ha concluido su educación, sino que se halla en la etapa más difícil de su proceso formativo, la Universidad ofrece sólo la fría enseñanza de quien únicamente considera su misión hacer de él un técnico. Nada más, y es notorio que es harto poco si pensa-mos la Universidad como una escuela, como un hogar para la formación de hombres.

El problema no reside en las eternas y casi siempre estériles reformas de planes, sino en una reforma del espíritu de la Universidad, y en la reforma de su estructura para que el nuevo espíritu pueda florecer. Hay que crear la comunidad universitaria, la escuela a la medida del estudiante, dentro de la cual esa comunidad se desenvuelva en el ambiente cálido que necesita, y crear el profesorado con dedicación exclusiva que cuente con tiempo y aptitudes suficientes como para afrontar el problema personal de cada educando. Sólo a partir de esta situación podrá hablarse de la Universidad como de un hogar para la formación del hombre.

Pero no es todo. La Universidad tiene que dar al joven educando todo lo que necesita para su formación juvenil, todo lo que busca en su tránsito desde la adolescencia hacia la juventud. Es una edad llena de problemas, la edad del descubrimiento del mundo, la edad de las curiosidades universales. ¿Es posible que la Universidad se empeñe en frustrar prematuramente tantas inquietudes? Ciertamente está obligada a favorecer una elección profesional, pero al mismo tiempo que encamina hacia un rumbo determinado, al mismo tiempo que dirige al educando hacia la especialización, es deber de la Universidad estimular y satisfacer la curiosidad general acerca de los problemas que se debaten alrededor del estudiante, porque el hombre es hombre antes que profesional, y difícilmente se halle mo-mento más propicio para crear una clara posición frente a las inquietudes del mundo circundante que los años que el estudiante pasa en la Universidad. Entonces hay que modelar el ciudadano, el hombre maduro, de opiniones claras acerca de las cosas que le importan a to-do el mundo y que no son patrimonio de ningún especialista. Nada más triste que el profesional ciego y sordo a las inquietudes del ambiente circundante, y por ello incapaz de ejercer influencia alguna sobre su contorno.

Acaso lo que no sea propio de la profesión deba sustraerse al ámbito de la escuela profesional, aunque no estoy cierto de ello, porque la comunidad universitaria es el más eficaz vehículo de la educación juvenil. De todos modos, puede no ser objeto de una enseñanza sistemática. La Universidad puede ofrecer una posibilidad de formación en todos los aspectos no profesionales a través de departamentos paralelos a la escuela profesional, cuya labor sea la de suscitar intereses y satisfacerlos sin la constricción de ninguna exigencia, porque es seguro que los intereses profundos de la juventud despertarán y se encauzarán por sus propios impulsos.

Pero aún la enseñanza profesional puede colaborar indirectamente en la formación de la personalidad, si se destierra de una vez la enseñanza verbalista y se sienta el principio de la enseñanza activa, de la conquista del saber por el educando mediante su contacto con el fenómeno o con la fuente. Entonces se ejercitarán de tal modo las aptitudes que las personalidades saldrán enriquecidas para el análisis de cualquier realidad, de cualquier estirpe de problemas.

Todo esto, y muchas cosas más, constituye la preocupación de la pedagogía universitaria. Es triste decirlo, pero la Universidad argentina ha vivido ignorándola, y aún hoy parece lícito regirla sin otras preocupaciones que las del gobierno político y administrativo de la institución. No es suficiente, como tampoco es suficiente cierta competencia profesional para orientar la vida universitaria. Es hora de que se entienda de una vez que la enseñanza es cosa de maestros, de expertos en cierta clase de problemas que atañen a la Universidad como a cualquier otra etapa de la enseñanza, y que tales expertos deben formarse como especialistas en problemas educa-tivos, sin perjuicio de su especialidad científica.

Acaso este planteo parezca agresivo. Pero puesto que nuestras universidades se han esclerosado adoptando la forma de una mera yuxtaposición de escuelas profesionales, contra el profesionalismo es contra lo que resulta más urgente combatir cuando se piensa en la renovación de la Universidad. Ha pasado la época en que parecía sensato y propio del sentido común afirmar irónicamente que la lectura de Platón o de Shakespeare no era “práctica” ni contribuía a formar, por ejemplo, un buen agrónomo. La estrechez del planteo salta hoy a la vista, y a nadie se le oculta que un buen agrónomo, como un buen médico o un buen arquitecto, sólo puede hacerse con un hombre de buena y correcta formación integral.

Porque es menester que quede bien claro que todo cuanto se haga para la formación del joven educando en las universidades ha de servir al hombre que hay en él y subsidiariamente al profesional que ha de llegar a ser. De modo alguno se contradicen los objetivos de una formación humana con los de una correcta formación profesional. Ni nadie debe entender que la Universidad debe desocuparse de la formación del profesional.

El profesional, en efecto, es el hombre idóneo para la solución de los problemas concretos de la colectividad y de sus individuos. Sería torpe suponer que tal idoneidad se compromete enriqueciendo a quien la busca. Por el contrario, se perfecciona. De cualquier modo, nuestras universidades no son tampoco satisfactorias como centros de formación de profesionales, y también en este aspecto es menester una renovación sustancial.

Yo no ignoro que hay centros donde se aprenden bien determinadas técnicas. Los hay, sin duda, y es innegable que se han hecho en nuestro país esfuerzos prodigiosos para perfeccionarlos. Pero si analizamos el problema en su totalidad, y afirmamos que las universidades deben formar el conjunto de los hombres idóneos para la solución de los problemas de la colectividad y de sus individuos, nos vernos obligados a reconocer que tal misión no se cumple.

Las causas son muchas y las justificaciones numerosas; pero tal es el hecho. La Universidad argentina no es la última instancia a que se deba recurrir para afrontar los problemas fundamentales del país, excepto en algunos órdenes de la vida nacional. Hay disciplinas en las que no tenemos un solo especialista de indiscutible autoridad. Hay campos del saber en los que estamos atrasados en medio siglo y aún más. Hay problemas nacionales urgentes que requieren determinada clase de técnicos y que no pueden ser afrontados ni resueltos con los especialistas que egresan de nuestras universidades. Todo esto es desgraciadamente cierto, y son pocos, sin embargo, los que se conmueven al descubrirlo. Pero al salir de una crisis como la que acabamos de sufrir, al descubrir un país con crecientes exigencias técnicas, la mínima responsabilidad de los universitarios exige que denunciemos el problema y que, por lo menos, organicemos un movimiento de opinión para que cuanto antes se difunda la conciencia de su gravedad. Quizás el Estado no gaste todo lo necesario para lograr lo que el país necesita, pero parte considerable de lo que gasta se desperdicia, acaso por no gastar un poco más, acaso por la irresponsabilidad de los que tenemos el deber de denunciar el problema y buscar soluciones desde dentro o desde fuera de la Universidad, desde su gobierno o desde fuera de su gobierno.

Hay problemas argentinos relacionados con la economía, con la vida social, con la vida espiritual del país, que la Universidad no ha afrontado jamás. El Estado es también culpable de esta ignorancia, pero la Universidad lo es mucho más, porque la obligación de la inteligencia es más perentoria y su responsabilidad más alta. Sin duda las responsabilidades se complementan, y podríamos poner algunos ejemplos. El Estado paga a la Universidad para que forme profesores secundarios, pero nombra en las escuelas medias personas sin título especializado. El Estado paga a la Universidad para que afronte los problemas pedagógicos en el campo teórico, pero los técnicos en los problemas fundamentales de la enseñanza primaria o secundaria no son universitarios ni especializados. El Estado paga a la Universidad para formar técnicos que no se requieren, pero nadie se ocupa de que formen otros que están siendo solicitados urgentemente por el desarrollo económico del país. Las distintas universidades superponen carreras con escasas posibilidades prácticas y descuidan las necesidades regionales malgastando sus recursos en repetir las carreras clásicas. Todo esto se sabe, pero no constituye —como debiera— un tema sustancial de nuestras preocupaciones. Sabemos que hay ciertas actividades en el país que rechazan directamente a los egresados de las universidades argentinas, porque no les resultan eficaces. Y todo esto corresponde al plano de la acción universitaria que la Universidad argentina cultiva con más empeño; más aún, prácticamente el único que cultiva: el de la formación profesional.

Si la reforma educacional que requiere nuestra Universidad es urgente en cuanto se relaciona con la formación del hombre, acaso es más urgente aún con respecto a la formación de técnicos y profesionales. El país debe exigirnos que satisfagamos sus necesidades, el Estado debe exigirnos que cumplamos con nuestro deber, y nosotros debemos anticiparnos a esas exigencias de quienes esperan de noso-tros la solución de sus problemas.

La Universidad no debe ser, pues, exclusivamente profesional; no debe ser el profesionalismo lo que la identifique y caracterice; pero en la medida en que debe ser profesional, es necesario que lo sea eficazmente.

Yo quiero explicarme el hecho de que no lo sea por tres razones. Primero, porque no atiende suficientemente a la formación del hombre; segundo, porque no atiende suficientemente a las exigencias del contorno social; y tercero, porque no se preocupa lo bastante de la investigación, de la creación del saber.

No repitamos más —como solemos hacerlo cuando queremos ponernos juiciosos y serios— que la investigación constituye la misión fundamental de la Universidad. Tal afirmación no es exacta. La Universidad es una escuela, y su misión fundamental es educar al hombre y transmitir el saber ya conquistado. Pero como se trata de un saber superior, como lo que debe trasmitirse son los rudimentos del saber superior, es absolutamente imprescindible que en alguna parte la Universidad se ocupe también de cultivar a fondo y seriamente el saber superior, a fin de que sus profesores y sus estudiantes se mantengan en contacto con el proceso de renovación que lo caracteriza.

Pero la investigación no se hace en las aulas, en los laboratorios o en los seminarios donde concurren los estudiantes a recibir los rudimentos del saber superior. En las aulas, en los laboratorios y en los seminarios, los estudiantes deben aprender, ciertamente, el método científico, repitiendo las experiencias, recorriendo el camino dado por otros, redescubriendo, por su propio esfuerzo activo, un saber ya conquistado. Sería farsa pretender que el estudiante de segundo año realice investigaciones nuevas mientras está aprendiendo los fundamentos de su disciplina.

La investigación pueden hacerla los profesores; pero si la hacen con los estudiantes perderán su tiempo, y si la hacen solos no cumplen una labor universitaria. Deben hacerla de otro modo, y la Universidad les ofrece colaboradores inestimables en sus graduados, maduros ya, y en condiciones de iniciar la conquista de nuevos conocimientos. Con los graduados, en los departamentos de graduados, debe realizarse la labor de investigación, sin limitaciones escolares, sin apremios de exámenes ni términos, al ritmo propio de la investigación, que no puede estar coaccionada por disposiciones reglamentarias. En los departamentos de graduados será honesta y eficaz, si los profesores se aplican a ella con honestidad y eficacia.

Esa investigación no debe tampoco sufrir las limitaciones de la organización escolar ni de la escolarización del saber. Las escuelas profesionales tienden a encarrilar la investigación hacia una relación estrecha con las profesiones; pero los grandes problemas científicos sobrepasan los límites escolares y profesionales y es necesario que se afronten sin restricciones formales. Una química para farmacéuticos o para agrónomos se empobrece si se la separa de la filosofía por antonomasia. Es sabido que, a medida que se amplía el horizonte, los problemas se integran y acaso la Universidad deba tener algún rincón donde se integren las investigaciones parciales, puesto que el saber tiende a integrarse.

Esta descripción de lo que parece misión exigible a una Universidad demuestra la humildad del esfuerzo que realizan nuestras universidades. Casi no hay investigación científica; apenas existen departamentos de graduados que acojan las vocaciones maduras y definidas; apenas existe contacto entre los especialistas, ni revistas que los vinculen y que difundan su labor. También esta reforma hay que hacerla, antes que proliferen los intentos aislados que multiplicaran los gastos y dividirán los resultados.

Si la vocación reformista puede ahora abandonar las preocupaciones inmediatas, de tipo generalmente político, que han suscitado las condiciones en que ha vivido el país, acaso podamos comenzar a clarificar nuestras ideas acerca de lo que tenemos que hacer con la Universidad, y acaso podamos comenzar a hacerlo en breve tiempo. Estoy persuadido de que henos salido ya del período oscuro de la historia argentina, y que se nos ofrece una época de amplias y brillantes perspectivas. La vocación reformista debe canalizarse hacia el problema específico de la Universidad y debe crear un movimiento de opinión decidido para que recuperemos el tiempo perdido. Pero es necesario para eso que nos dejemos poseer por un auténtico espíritu universitario, en función del cual dediquemos nuestras energías y nuestros esfuerzos al cumplimiento de esta exigencia perentoria de la Universidad argentina.

Sólo una cosa me preocupa cuando hablo de espíritu universitario: la maléfica confusión mediante la cual se carga esta expresión de un sentido de aristocracia. Es este un país en el que las aristocracias se constituyen por propia determinación de sus miembros; pero el primer deber de quien accede a la Universidad y al saber es renunciar a tan deleznables ambiciones, y situar sus anhelos no en el plano de los derechos sino en el de los deberes. Porque sólo en virtud de determinadas situaciones reales puede llegar un estudiante a la Universidad, en tanto que son muchos los que no llegan a ella, también merced a circunstancias de la realidad que se interponen como obstáculos insalvables.

La Universidad debe combatir todo espíritu de casta que surja en su seno, porque nada hay más inmoral y degradante. Se lo combate expulsándolo de uno mismo si aparece; se lo combate extendiendo la base social de que proviene el estudiantado, para posibilitar el acceso a la Universidad de estudiantes provenientes de medios rurales o alejados de los centros universitarios, y de estudiantes de grupos sociales de escasos recursos económicos; y se lo combate llevando a esos ambientes, dentro del área de cada Universidad, la cooperación que pueden prestar los universitarios para coadyuvar a su elevación y mejoramiento social. El “presalario” ensayado en algunos países, las becas, las organizaciones de asistencia social, son distintas soluciones al segundo problema, en tanto que la extensión universitaria es la adecuada respuesta al tercero.

Vivimos en un país de incuestionable sentido republicano; aspiramos fervientemente a la democracia; carecemos de tradiciones que autoricen la formación de grupos aristocratizantes; y sin embargo nos falta un arraigado y vibrante sentido social. Es este un dato para conocernos, que acaso explique algo de lo que nos ha ocurrido, porque somos muchos los argentinos que creemos merecer lo que las circunstancias de la realidad nos han otorgado, y muchos los que juzgamos que también se merecen su situación aquellos que deben luchar denodadamente en la estrechez o en la miseria. No es misión de la Universidad resolver tales problemas en su totalidad, pero la Universidad debe ser el principal reducto para la defensa de todos los derechos, para la lucha contra la injusticia y para el estudio de las soluciones que tales problemas necesitan. Y el primero entre todos es que la Universidad misma no se organice sobre un principio de injusticia social.

Quizá no falte quien repita una vez más que la introducción de tales problemas en la vida universitaria constituye un atentado contra la imperturbabilidad que requiere el estudio. No hagamos caso, porque tal reflexión es la del fariseo de todos los tiempos. No hay saber sólido si la conciencia en que se aloja es éticamente deleznable. Tampoco hagamos caso a quienes temen demasiado a lo que se ha dado en llamar la intromisión de la política en la Universidad, porque suelen ser ellos los que la han introducido, y en su provecho, y se resisten a que se denuncien los males que ha creado una política reaccionaria y de camarillas a lo largo de muchos años. Sólo los reaccionarios son apolíticos. Y me atrevo a decir que si no existieran situaciones creadas o por crearse en la Universidad, si no existiera la tendencia a asegurar el control por parte de ciertos sectores interesados, no se suscitarían esos clamores en demanda de honradez y justicia que luego suelen ser estigmatizados por los espíritus conformistas.

Otra cosa es que se introduzca la política partidaria en la Universidad, donde nada tiene que hacer, excepto en la medida en que —como es de desear— tengan todos los ciudadanos posición tomada frente a los problemas de la república, y entre ellos los estudiantes, los graduados y los profesores. Esa política partidaria es nefasta en la Universidad. Pero la política de las ideas, de las grandes co-rrientes de pensamiento que pugnan en el mundo de nuestros días, no sólo es legítima sino necesaria; y si alguna vez la polémica degenera en alboroto, también es de fariseos atemorizarse más de la cuenta, porque sólo se defiende lo que se ama, y sólo se ama lo que se defiende.

Jóvenes estudiantes, conciudadanas y conciudadanos:

Hago votos para que esta celebración de la Reforma, en el día de la Universidad Nueva, señale la fecha inaugural de la etapa de renovación que hemos esperado durante tanto tiempo. Que en adelan-te la lucha por la libertad y por el triunfo de la democracia y la justicia no exija de los universitarios más esfuerzos y sacrificios que los que son requeridos a los demás ciudadanos.

Hago votos para que nos sea dado comenzar, en un país libre la construcción de la Universidad Nueva, de espíritu libérrimo; la Universidad del deber, donde la competencia sea por el sacrificio mayor, por el esfuerzo más tenaz, por los frutos más sazonados en la cosecha de la verdad. Que profesores, graduados y estudiantes coincidan en este designio de servir con fidelidad al país, a la justicia y a la verdad.

Hago votos para que la Universidad argentina sacuda la molicie que la carcome, y para que adopte como lema el obstinado rigor que Leonardo preconizaba como regla para los trabajos del espíritu. Que en ello, más que en cosa ninguna, resida el secreto de la Universidad Nueva. Porque los tiempos son duros y las tinieblas impenetrables para quien no ha templado sabiamente la espada del espíritu.

Situaciones e ideologías en el siglo XX. 1964

Difícilmente podría darse un cuadro sintético de las ideologías de Latinoamérica en el siglo XX, completo y objetivo. Fuera de las limitaciones que pueda padecer el que intente hacerlo, el problema en sí mismo es arduo, complejo, y no ha sido suficientemente estudiado en sus aspectos teóricos particulares y en sus diversas modalidades locales.

Pero las dificultades no corresponden solamente al orden del conocimiento. El establecimiento de un cuadro de las ideologías de Latinoamérica en el siglo XX es un problema que enfrenta también ciertas dificultades que provienen de la naturaleza misma del problema. Son las ideologías las que son confusas y las que se resisten a todo intento de análisis clarificador y de exposición sistemática. Esta observación justifica algunas reflexiones previas.

El análisis de las corrientes ideológicas en países de desarrollo autónomo, como el de los países europeos, ha creado un modelo de exposición que no puede utilizarse en el caso latinoamericano pero que, sin embargo, obra sobre cualquier intento que hagamos, impo¬niéndonos su esquema y documentando nuestra impotencia. Es necesario estar prevenido contra este riesgo, y si algo hemos de intentar tendrá que ser sobre otras bases. El esquema de las corrientes ideológicas en Europa occidental no puede servirnos de modelo, porque el desarrollo de las corrientes ideológicas tiene allí una profunda coherencia con el desarrollo económico, social, político y cultural. Esta situación no se da en Latinoamérica.

En mi opinión, Latinoamérica, como tantas otras regiones que han sido áreas coloniales dependientes de otros países, y especialmente las que han sido y siguen siendo áreas dependientes durante la época industrial, tiene un desarrollo ideológico que no puede entenderse sino a partir de los fenómenos de aculturación que se han operado en ella. Las grandes corrientes de ideas que tenían vigencia en los países que influían e influyen sobre Latinoamérica se integran con un componente social de prestigio que les atribuye una significación distinta de la que se les atribuiría si se las midiera en relación con las situaciones reales predominantes en Latinoamérica. Este fenómeno se observa claramente cuando se analizan los fenómenos de verdadera recepción ideológica que se han operado en ella. “Como se ha hablado de la ‘recepción’ de la cultura griega en Roma, o de la ‘recepción’ del derecho romano en la Edad Media —he escrito en otra parte— creo que se puede hablar de la ‘recepción’ de la democracia como sistema institucional en Latinoamérica”. Esta misma tesis he sostenido con respecto a la Ilustración, al positivismo liberal y al socialismo. He señalado que la “recepción” de tales corrientes ideológicas se produjo a través de grupos urbanos ilustrados, cuyo grado de coherencia con el resto del conjunto social era escaso, y se hizo menor aún por su adhesión a esas ideologías.

No podría negarse que estas ideologías han operado una fuerte influencia; pero un análisis de sus contenidos en Latinoamérica no ayudaría mucho a entender los problemas latinoamericanos, porque a su vez se han desarrollado otras corrientes de opinión mucho menos precisas y sistemáticas, más confusas y casi inasibles, aunque de arraigo mucho más profundo, puesto que más que ideas podrían ser consideradas creencias o actitudes espontáneas frente a experiencias inmediatas de la realidad social y cultural.

Con esto se llega a lo que para mí constituye el nudo del problema. En los países de desarrollo social y cultural autónomo las ideologías constituyen un haz coherente con ese desarrollo; pero en Latinoamérica —como en el mundo árabe o en los países emancipados de Asia y África— las ideologías se mueven de distinta manera. Las situaciones sociales y culturales engendran ciertas actitudes espontáneas que, poco a poco, se van tornando corrientes ideológicas de fuerza incalculable, a veces con una carga afectiva y telúrica de extraordinaria fuerza; y junto a ellas se deslizan los sistemas de ideas de origen extraño, nacidos en otros países al compás de otras situaciones, y llegados bajo sus formas más esquemáticas a Latinoamérica a través de grupos influyentes e ilustrados, aunque reducidos.

Acaso este planteo baste para explicar la peculiar complejidad del problema en Latinoamérica, en cuanto trae consigo la complejidad de su estructura social y de la comunicación entre los grupos. Y acaso baste también para explicar las dificultades del cuadro que me propongo hacer, pues en él las corrientes de ideas más fáciles de filiar y definir no suelen ser las más representativas, en tanto que las más arraigadas y operantes son difíciles de circunscribir y exponer.

Con estas observaciones previas, creo que se comprenderá mejor la exposición que sigue y quedarán también justificadas sus imperfecciones.

En el campo de la interpretación de la realidad social de cada uno de los países de Latinoamérica, la oposición entre autoritarismo y liberalismo constituye la clave durante un largo período después de la emancipación política. Siempre he creído que para entender esa antinomia conviene tener presente la significación que esos términos tuvieron en España, especialmente durante la época de la guerra carlista. Pero en Latinoamérica se complican aún más los términos de la antinomia. El autoritarismo no coincide con el absolutismo po¬lítico, porque entraña una concepción paternalista de la sociedad que goza de profundo arraigo en vastas regiones, especialmente en los sectores rurales; y de este paternalismo se benefician los grupos reducidos de propietarios de la tierra, cuya autoridad logra un con¬senso general entre los grupos sometidos. El autoritarismo es en muchas regiones popular, en tanto que el liberalismo es en muchas partes impopular. Esa oposición deparó una secuela que está a la vista aún hoy en la situación ideológica de muchos países de Latino¬américa.

A partir de 1860, aproximadamente, en casi todos los países de Latinoamérica comienzan a advertirse los efectos de la Revolución Industrial. Las solicitaciones del mercado mundial, las perspectivas abiertas, crearon la posibilidad de cambios estructurales profundos desencadenados por las clases poseedoras. Así ocurrió, en efecto, y a la luz de las nuevas posibilidades comenzaron a producirse nuevos hechos socioeconómicos que trajeron consigo un prestigio creciente de las ideologías liberales y progresistas. Este fenómeno es casi contemporáneo en Latinoamérica y en Europa. La religión del progreso, con todo lo que importaba con respecto a los prejuicios y a las ideas tradicionales, triunfó en casi todos los países de Latinoamérica y encumbró a la minoría que la sostenía. El paternalismo, y con él todas las otras formas de vida y de pensamiento propios de los ambientes rurales y tradicionalistas, sufrió un grave desmedro, sin que por eso desapareciera ni perdiera la adhesión de fuertes grupos que, un día, resurgirían para defender algunos de los elementos que integraban su concepción tradicional.

Así se constituyeron en el último tercio del siglo XIX las minorías liberales predominantes. Pero no siempre fueron puras en su concepción. El paternalismo influyó a su vez sobre ellas, imprimiéndoles el aire de un verdadero despotismo ilustrado, de modo que los grupos sometidos pasaron de una influencia a otra. Como minorías ilustradas, seguras de que detentaban la verdad fundada en la ciencia y en la experiencia de los países más avanzados, impusieron sus designios y crearon una filosofía de la vida de escueto contenido y de poca profundidad, aunque respaldada por el poder. Su predominio caracte¬riza una época singular de la historia de Latinoamérica.

Es importante señalar algunas de sus características. En algunos países —como la Argentina— la minoría liberal era un grupo urbano ilustrado típico. En otros países el grupo era más reducido, en ocasiones más resuelto, y capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias su actitud. El conjunto de su pensamiento no difería del que caracterizaba a los grupos liberales europeos por esos mismos decenios, esto es, alrededor de 1880, y las ideas de Jules Ferry podrían ser su arquetipo. Pero lo más singular es la concepción que de la democracia adoptaron los grupos liberales. La clara certidumbre de que las masas eran tradicionalistas y enemigas del progreso movió a los grupos ilustrados a una actitud antipopular, que no oculta¬ba el desprecio por aquellas pero que tampoco ocultaba su designio de conducirlas aun contra su voluntad hacia las formas de vida progresistas y liberales. Fue el de los grupos liberales un liberalismo compulsivo, como el de los déspotas ilustrados del siglo XVIII; y hasta tal punto que no vacilaron, pese a las contradicciones que la actitud entrañaba, en apoyar a las dictaduras liberales y progresistas, de las cuales la de Antonio Guzmán Blanco, en Venezuela, fue el más claro ejemplo. En distinta medida —unas veces separando y otras uniendo el progreso técnico y las ideas antitradicionalistas— otros dictadores de los últimos decenios del siglo XIX acusaban rasgos semejantes: Rafael Núñez, en Colombia; Lorenzo Latorre, en Uruguay; Porfirio Díaz, en México. Todos promovieron el progreso, la ordenación institucional del Estado, la educación popular, aun cuando se dejaron arrastrar en muy distinta medida hacia las últimas consecuencias ideológicas y sociales de su programa. Fue una obra semejante a la que en otros países, como Brasil y la Argentina, cumplió una oligarquía homogénea y eficaz.

Era natural que, a la luz de ciertas exigencias intelectuales, la acción de estos hombres fuera criticable aun dentro de las filas del propio liberalismo. Compárese el pensamiento del argentino Miguel Juárez Celman con el del ecuatoriano Eloy Alfaro o con el del mexi¬cano Justo Sierra y se verá que no era difícil descubrir algo turbio en estos grupos liberales ilustrados, para quienes el progreso de su país se confundía con el progreso de los grupos a que pertenecían. Pero era inevitable, y así ocurría, por lo demás, en el resto del mundo. El hecho significativo es que estos hombres, doctrinarios y políticos a un tiempo, y a cuyo alrededor comenzaron a constituirse movimientos relativamente orgánicos, señalaron precozmente la contradicción interna que amenazaba al liberalismo ilustrado. Consistía en ofrecer y negar la democracia: consistía, en última instancia, en una doctrina que obligaba a una constante ampliación de los cuadros y que, sin embargo, se conducía como para transformar a los grupos liberales ilustrados en una cerrada oligarquía. Era la diabólica ten¬tación del poder y el dinero.

Ascensos de masas: respuestas negativas

Lo cierto es que los grupos liberales ilustrados —grupos urbanos y vinculados a los grandes centros en expansión industrial— promovieron a su manera un cambio socioeconómico en sus respectivos países, pero que, en todos los casos, produjo una acentuación de la movilidad social y algunas veces un decidido ascenso en distintos grupos de las clases populares. El hecho no podía quedar sin consecuencias, y la primera fue, naturalmente, la demanda de acceso a la vida política por parte de sectores antes marginales; de ella se derivó inmediatamente una reacción negativa por parte de los grupos liberales ilustrados que detentaban el monopolio del poder y de las fuentes de producción, quienes muy pronto estrecharon sus filas y comenzaron a adquirir los rasgos de una oligarquía cerrada, dis¬puesta a defender sus privilegios.

Este fenómeno se advierte en casi todos los países de Latinoamérica en los últimos decenios del siglo XIX y en los primeros del siglo XX. Cuando las oligarquías descubrieron que les era difícil gobernar, cuando comenzaron a producirse huelgas, movimientos subversivos o simples estados de inquietud popular o de alineamiento de los sectores populares en organizaciones políticas que tenían algún matiz revolucionario, o simplemente reformista, no vacilaron en recurrir al ejercicio autoritario del poder, generalmente bajo la forma de una dictadura. De esa actitud derivó una doble corriente de pensamiento. Por una parte comenzó a desarrollarse una fuerte tendencia a los estudios sociológicos, inspirada generalmente en Comte y en Spencer, cuyo objetivo era buscar las razones profundas del estado de inquietud social que caracterizaba la vida latinoamericana; y por otra comenzó a fortificarse una corriente de pensamiento político que justificaba el papel de las aristocracias y la función de los gobiernos fuertes.

En algunos casos ambas corrientes coincidieron en sus proposiciones finales, pero en otros quedaron planteados nuevos puntos de partida para ulteriores desarrollos teóricos y prácticos.

El sociologismo adquirió rico desarrollo. El venezolano César Zumeta habló del “continente enfermo”, y el boliviano Alcides Arguedas del “pueblo enfermo”. El argentino Agustín Álvarez, como sus compatriotas Carlos Octavio Bunge y Juan Agustín García, rastrearon el proceso social de su país y llegaron a conclusiones definidas. Se trataba de diagnosticar una “enfermedad”, una anormalidad en el proceso de desarrollo social, y la tendencia general fue buscarla en el desajuste de las relaciones entre los distintos grupos raciales. Indios, mestizos, zambos y blancos constituían sectores cuyas actitudes sociales divergían, y cada cierto tiempo se agudizaban las contradicciones. El tema de la pereza del indígena —viejo tópico americano, por lo demás— o el de la duplicidad del mestizo, adquirieron nueva vigencia y conquistaron, con otros análogos, el rango de explicaciones suficientes para dilucidar los problemas sociales, sin que se advirtieran las nuevas inci¬taciones que, en el ámbito de la sociedad, creaba el desarrollo del capitalismo industrial. Pero era evidente que los sectores que no eran blancos contradecían lo que se suponía la línea fundamental de desarrollo que parecía indiscutible para estos países. En otro sentido, la exégesis de las aristocracias del espíritu, tal como lo hizo Rodó en Ariel y la difundieron cuantos se plegaron al “arielismo”, contribuía en otro campo a definir un destino expreso para Latinoamérica, en el que las minorías ilustradas debían tener un papel decisivo.

Una conclusión política se derivaba inevitablemente de este planteo. Si ciertas incongruencias sociales amenazaban el destino inequívoco de los países latinoamericanos, si estaba en peligro de subversión el sistema de los valores que debía privar de acuerdo con los objetivos que fijaba ese destino, si se veía amenazado el dominio de los grupos más capacitados para alcanzarlo, resultaba evidente que era menester abandonar la utopía democrática y sostener la necesidad de los gobiernos fuertes, capaces de asegurar o restaurar el orden. Era, precisamente, la época de constitución y afianzamiento de algunas largas y vigorosas dictaduras que aseguraban la inclusión de algunas naciones latinoamericanas dentro del área económica de los países de vasto desarrollo industrial. Laureano Vallenilla Lanz desarrolló en Venezuela el tema del gobierno fuerte —el cesarismo democrático—, como lo hicieron Francisco García Calderón en el Perú y Leopoldo Lugones en la Argentina.

Ascensos de masas: respuestas positivas

Pero no todas las respuestas que surgieron frente a los nuevos fenómenos sociales desencadenados por el desarrollo económico fueron negativas. No todos los grupos privilegiados reaccionaron cerrando sus filas para ofrecer batalla ciegamente al nuevo enemigo. Hubo también respuestas positivas, movidas por el propósito de afrontar y resolver los nuevos problemas que surgían.

A fines del siglo XIX comenzaron a enfrentarse con las oligarquías que tendían a crearse algunos movimientos populares, predominantemente de clase media y representativos de los grupos en ascenso que abandonaban su marginalidad y procuraban influir en la vida pública. Encabezaron esos movimientos y constituyeron sus cuadros dirigentes hombres de las viejas elites profesionales, escritores, políticos, todos sensibles a las nuevas preocupaciones y receptivos frente a las perspectivas que se abrían a sus respectivos países. Algunas veces, como en el caso de la Unión Cívica Radical en la Argentina, encabezada sucesivamente por Leandro N. Alem y por Hipólito Yrigoyen, el acento del movimiento estaba puesto principalmente sobre la vigencia de la democracia formal. Pero aun en él flotaba un vago sentimiento de reivindicación social de las clases marginales. Este sentimiento fue aún más agudo y sobre todo más explícito en otros movimientos: el que encabezó González Prada en el Perú; el que orientó José Batlle y Ordóñez en el Uruguay; el que se constituyó en Chile, en un principio bajo la orientación de Arturo Alessandri y que se canalizó más tarde a través de los gobiernos del Frente Popular que presidieron con mayor o menor convicción Aguirre Cerda, Ríos y González Videla. Acaso pudiera ponerse en la misma línea el movimiento que encabezó en Venezuela Rómulo Betancourt y los que orientaron en otros países Muñoz Marín en Puerto Rico, Figueres en Costa Rica, Arévalo en Guatemala, y otros de menor resonancia.

Si se quisiera diagnosticar exactamente el sentido de esta corriente de opinión que cuajó en vigorosos movimientos políticos, surgirían serias dificultades. Pero, en general, podría decirse que fueron movimientos de raíz liberal, progresivamente alterados en sus lineamientos fundamentales por la percepción cada vez más aguda de ciertos problemas sociales. El liberalismo y, sobre todo, el ejercicio de la simple democracia formal, empezaron a parecer caminos insuficientes para la prevención de ciertas tensiones sociales que se anunciaban, y muchos coincidieron en que era necesario limitar los alcances del liberalismo económico con medidas de diverso carácter que dieran seguridad a las clases populares y permitieran su incorporación pacífica al sistema de la democracia formal. Seguía moviéndolos un ideal de progreso —progreso material, progreso cultural y social— y esa idea adquiriría más tarde nuevo nombre y algunos contenidos actualizados a través de la tesis del desarrollo, cuyos partidarios pueden encuadrarse, aproximadamente, dentro de estas mismas líneas. Aquel ideal de progreso fue sostenido doctrinariamente por muchas figuras ilustres del pensamiento latinoamericano: Joaquín V. González en la Argentina, Ruy Barbosa en Brasil, Vaz Ferreira en Uruguay, Sanín Cano en Colombia. Enfrentados con un mundo en cambio, operaron en las mentes de quienes inspiraban esos movimientos las ideas europeas, y muy especialmente las del radical-socialismo francés. Pero no faltaron influencias más radicales. En algunos países, especialmente en la Argentina, Uruguay y Chile, los movimientos socialistas adquirieron cierto desarrollo bajo la inspiración de Juan B. Justo y Alfredo L. Palacios, de Emilio Frugoni y Luis Emilio Recabarren. Y a partir de 1917 comenzaron a organizarse grupos adheridos al Partido Comunista, que adquirieron, en esos y en otros países, algún volumen.

Los movimientos populares autóctonos

Pero lo más singular en el proceso de formación de las corrientes de opinión en Latinoamérica es la constitución espontánea de movimientos populares de fuerte contenido emocional y difusa significación ideológica. Generalmente fueron movimientos nacidos de claras y dramáticas coyunturas reales, en particular situaciones sociales en las que los grupos nativos sufrían la dura explotación de los propietarios locales o de grandes empresas internacionales, y a veces situaciones políticas de tipo dictatorial.

Por esas razones irrumpieron en un principio como simples movimientos insurreccionales frente a situaciones de hecho: así nacieron el movimiento de Sandino en Nicaragua o el de Castro en Cuba o la Revolución mexicana de 1910. Es evidente que estos, como los otros movimientos similares de otros países latinoamericanos, tenían originariamente un contenido sentimental y vital. Representaban estados de ánimo de vastos grupos sociales que reaccionaban desde sus propias experiencias, en ocasiones movi¬dos solamente por la desesperación y a veces en procura de una determinada y simple solución para un problema particular. Esta circunstancia dio a tales movimientos una fuerza singular —una fuerza telúrica, se ha dicho alguna vez— y una extraordinaria capacidad de aglutinación. Pero a medida que progresaban, fuera en el ejercicio de la acción política o en la simple amalgama de voluntades, esos movimientos fueron adquiriendo ciertos contenidos ideológicos que alcanzaron poco a poco precisión y, a veces, formulaciones rigurosas.

Movimientos de este tipo —con infinidad de variedades y muy dis¬tinto alcance— fueron los ya citados, en Nicaragua, Cuba y México, y también los que condujeron a la formación del APRA en Perú, los que se canalizaron en el Movimiento Nacional revolucionario en Bolivia o los que acaudillaron Vargas en Brasil o Perón en la Argentina.

Por su propia naturaleza, es difícil establecer los contenidos ideológicos de tales movimientos. Es innegable que todos tuvieron aquellos rasgos de arraigo popular que ya han sido señalados. Esto supone ciertas tendencias. Unas veces eran movimientos de clase, orientados contra las oligarquías tradicionales y con un cierto componente revolucionario en relación con la estructura económico-social. Otras agregaban a esos rasgos ciertas actitudes derivadas de enfrentamientos raciales. Y en algunos casos entrañaban una violenta reacción contra los grupos extranjeros bajo la forma de movimientos antiimperialistas. Esta última actitud solía arrancar de un planteo nacionalista. Y como todos estos componentes movían a la acción y arraigaban en sentimientos profundos de sectores de escasa experiencia política, se dieron mezclados con un retorno a la concepción paternalista de la política cuya expresión tradicional era el personalismo.

Los teóricos de tales movimientos alcanzaron cierta repercusión. Unas veces fueron políticos de envergadura que, como Víctor Raúl Haya de la Torre, intentaron una sólida fundamentación económico social de sus objetivos políticos. Otras veces fueron los revisionistas históricos que procuraron reivindicar el papel de las masas. Y no faltaron los oportunistas políticos que se contentaron con estimular los sentimientos populares con ocasionales consignas que hallaban inmediata repercusión. Apenas vale la pena consignar que en todos los casos se filtraban en tales teorías algunas ideas provenientes del so¬cialismo, del comunismo o del fascismo.

Tal parecería ser el esquema dentro del cual caben las grandes corrientes ideológicas en América Latina. Los matices que pudieran señalarse son tantos que es fácilmente vulnerable. Pero, de todas maneras, explica que el tema predominante de la reflexión política latinoamericana, en los últimos treinta años, sea el del porvenir de la democracia o el del sentido de la dictadura.

Las ideologías de la cultura nacional. 1973

La Argentina vive el problema de la cultura nacional, de su cultura. Esta problematización significa que algo hay en ella que turba los espíritus, porque, en rigor, la cultura es creación espontánea de una sociedad, de modo que lo que en el fondo se cuestiona es la propia espontaneidad de la sociedad argentina. Es cosa grave. Es como si nos temiéramos a nosotros mismos; y seguramente es eso, puesto que tan preocupados nos mostramos por el llamado “ser nacional”, que muchos buscan como si estuviera objetivado fuera de nosotros, eterno e inmutable, cuando es solo en nosotros mismos donde se halla, histórico y cambiante.

Pero, afortunadamente, nosotros existimos y nuestra espontaneidad crea una cultura que se abre paso por encima de los esquemas que unos y otros enuncian, proponiéndole ciertas características con exclusión de otras. Con la palabra “ideología” voy a tratar de caracterizar esos esquemas, unos muy elaborados conceptualmente y generalmente importados, y otros más espontáneos y construidos en el fragor de los cambios sociales. Pero estoy persuadido de que la cultura argentina, aunque ha sufrido la influencia de todos ellos, los ha sobrepasado por la espontánea fuerza creadora de la sociedad. Este es, sin duda, un punto de vista de historiador. La cultura de una comunidad nacional no es obra de las ideologías de ciertos grupos, ni siquiera de los grupos hegemónicos en cada momento, sino del conjunto de la sociedad global a través de un trabajo sordo, continuo y espontáneo, en el que las ideologías se trituran e interpenetran para sumirse en un torrente múltiple y proteico. Es lícito que cada grupo luche por imponerle el matiz que cree mejor; es explicable que, polémicamente, afirme cada grupo que ese matiz es el único genuino; pero constituye, simplemente, un error científico suponer que una cultura nacional ha sido nada más que lo que cada grupo postula como válido, invalidando lo demás. Es una forma de maniqueísmo que el historiador no puede aceptar, puesto que su misión es conceptualizar la realidad global. Los historiadores ignoran muchas cosas, pero saben bien que todo lo que existe, existe.

Un análisis relativamente sencillo permite puntualizar las grandes corrientes ideológicas que han contribuido a formar la cultura nacional. Son corrientes bien conocidas, con un nombre aceptado y un contenido claro, que se constituyer