El pensamiento político de la derecha latinoamericana. 1970

El pensamiento político de la derecha

El examen del pensamiento político de la derecha latinoamericana suscita un conjunto de problemas que se relacionan tanto con las situaciones socioeconómicas como con las corrientes políticas y los movimientos de opinión. Sería una abstracción peligrosa realizar ese examen en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales, o sorteando el análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas. Ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y de controversias en que surge y se desarrolla. Pero en el caso particular del pensamiento de la derecha el riesgo se acentúa, porque con ese nombre no se define una doctrina concreta —como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo— sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes bá-sicas, y el conjunto configura una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente sólo por sus contrarios. De todos modos, este ensayo debe ceñirse a su tema específico, y las incursiones en otros terrenos serán tan breves como la claridad lo permita, limitándose su desarrollo a lo estrictamente necesario para ofrecer el cuadro de las circunstancias, los hechos y las ideas indispensables. Tiene, sin duda, el pensamiento político de la derecha un interés singular en Latinoamérica. Pero empecemos por decir que tiene un interés fundamental en todas partes y en todas las épocas, en relación con ciertas peculiaridades del conocimiento histórico social que vale la pena destacar.

Tal como se conciben los procesos históricos sociales desde la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo, tal como se concibe su examen y su exposición, parece normal que el acento se coloque sobre los fenómenos de cambio, esto es, sobre las fases dinámicas de los procesos. Es esto una consecuencia del predominio de la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso, tal como la elaboraron Voltaire o Condorcet. De esa concepción ha quedado como una secuela —aun después de haber perdido vigencia— la tendencia a suponer que el análisis histórico se relaciona casi exclusivamente con los procesos de cambio. Sin duda, las escuelas institucionalistas y sociologistas y últimamente el estructuralismo, han manifestado una inequívoca proclividad a la descripción de situaciones y estructuras, respondiendo a aquella tendencia con otra —acaso igualmente peligrosa— que supone cierta inmovilidad en las situaciones y estructuras. Pero ambas entrañan el mismo riesgo de falsear la imagen de la vida histórico social.

Es explicable que el examen de los procesos de larga duración parezca tolerar su descripción como si se tratara de situaciones inmutables. Pero es bien sabido que no son tales y que el proceso de cambio es permanente. Hay, sí, estructuras y situaciones que sólo cambian con ritmo muy lento; en tanto que otros planos de la vida histórica cambian con ritmos más acelerados. Esta diferenciación es lo que solía estar ausente en la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso. La descripción de los fenómenos de cambio —entre los que parecían necesariamente más importantes los más acelerados— predominaba sobre el análisis de las situaciones en las que el cambio se realiza y, en consecuencia, dejaba en la penumbra los fenómenos que la resisten, generalmente pasivos y poco visibles, pero cuya persistencia explica las violentas irrupciones de fuerzas que, en cierto momento, interrumpen el sentido del cambio, operan pretendidas restauraciones y modifican la dinámica de la vida histórico social.

Sin duda han sido los historiadores pertenecientes a la derecha ideológica los que han subrayado más insistentemente la capacidad de perduración de ciertos planos de la vida histórica en relación con los procesos de cambio, con las revoluciones. No es difícil observarlo a través de la historiografía relacionada con las revoluciones inglesas del siglo XVII, con la Revolución Francesa de 1789, con las revoluciones latinoamericanas de principios del siglo XIX, con la Revolución mexicana de 1910, con la Revolución rusa de 1917. Cierto es que con frecuencia sólo hallamos una inversión en el sentido de la apologética; pero aun así es importante, puesto que ayuda a incluir en el análisis objetivo y científico de la dinámica de la vida histórico social los elementos situacionales e ideológicos que revelan la resistencia activa al cambio y, además y en particular, los que revelan la perduración de situaciones que no fueron alcanzadas por el proceso de cambio acelerado, estableciendo el alcance deliberado o espontáneo del cambio mismo: para este objetivo es, pues, singularmente importante el examen de las actitudes y del pensamiento de la derecha, como expresión y testimonio del significado social y cultural que cierto sector asigna a aquello que, en el proceso de cambio, logra permanecer casi inalterable.

Advirtamos desde ahora que este examen no es fácil. La derecha, por su propia naturaleza, no suele elaborar proyectos y es reacia a fundamentar doctrinariamente su conducta. Un historiador y sociólogo brasileño que la representa bien, Oliveira Vianna[1] define muy explícitamente esa tendencia, refiriéndose a los estadistas conservadores del Brasil, pero en términos que tienen validez general:

Al concebir y realizar su monumental sistema de gobierno y administración del país, los grandes políticos imperiales obran como espíritus positivos, jugando con los datos de la realidad objetiva, teniendo a la vista los hechos concretos de nuestra vida nacional. Pueden invocar, para justificar sus actos o sus creaciones, el apoyo de teorías extranjeras, de sistemas e instituciones de otros pueblos, pero eso es apenas por condescendencia hacia el espíritu de la época, para dar un color doc-trinario y filosófico a las ideas sugeridas por el mundo objetivo que los rodea. Los constructores de nuestra unidad política son ante todo hombres prácticos, políticos experimentales, que nunca pierden de vista las condiciones reales del pueblo ni las particularidades de su mentalidad.

La observación puede, ciertamente, generalizarse, no sólo porque, de hecho, es más difícil encontrar textos reveladores del pensamiento político de derecha que de cualquier otra corriente de opinión, sino también porque es evidente que ciertas actitudes y opi-niones encuentran en las situaciones reales un fundamento mucho más sólido que el que puede ofrecerle el pensamiento doctrinario. Por lo demás, el uso de ideas tradicionales para la defensa y justificación de las ideas vigentes no origina, en general, sino una literatura de propaganda de escasa originalidad. No obstante, la derecha ha producido testimonios de extraordinario valor, especialmente por su coherencia interior; pero no siempre es fácil distinguir cuándo son simples reiteraciones de un pensamiento de elaboración secular y cuándo son juicios nacidos del examen de las situaciones reales. Acaso el interés general que, por las razones señaladas, tiene el análisis del pensamiento político de la derecha, se acentúe actualmente en Latinoamérica por el hecho de que, en muchos países, los grupos que lo sustentan han tomado la iniciativa en los últimos tiempos. Conviene establecer claramente el sentido de esta afirmación, porque entraña una posición metodológica que habrá de advertirse a lo largo de todo este ensayo. No me refiero aquí solamente a los netos partidos políticos de la derecha, cuyo poder de iniciativa puede ser equivalente al de otros sectores. Me refiero, específicamente, a las fuerzas económicas y sociales de la derecha, enérgicamente resueltas a defender sus posiciones contra la ofensiva de vastas mayorías no poseedoras y que operan especialmente como grupos de presión a través de diversos regímenes políticos, aun cuando no sean estos específicamente de derecha. Esas fuerzas buscan sus propias soluciones, pero a través de un sistema de ideas —que suelen llamar su “filosofía” — que entraña un diagnóstico del sentido general que deben seguir las sociedades latinoamericanas en el curso de su desarrollo. Hay en ese sistema de ideas un ajuste de viejos esquemas a las circunstancias nuevas; pero este ajuste es muy variable y siempre significativo, porque aunque la derecha responde a la situación menos cambiante, pone, empero, de manifiesto el nivel de cambio producido en las estructuras a través de los procesos de larga duración: y aunque expresa la resistencia al cambio, pone de manifiesto también el nivel de tolerancia que ha alcanzado, en virtud del cual erige en cada caso una nueva línea de defensa, transaccionalmente establecida.

La perduración de estructuras socioeconómicas muy antiguas en Latinoamérica otorga particular gravitación a los grupos de derecha y a su pensamiento político. Pero no es esa la única causa de la influencia de esos grupos. Las estructuras arcaicas se combinan con otras más modernas, pero que han engendrado ya en su seno sectores resueltamente adversos a nuevos cambios. De aquí la proteica figura que ofrece la derecha latinoamericana, cuya composición, como grupo social, será necesario señalar antes de exponer su pensamiento.

Como se habrá observado, y sin perjuicio del análisis que constituye el tema del primer capítulo de este ensayo, la idea de derecha aparece necesariamente unida a la idea de resistencia al cambio, con lo cual parecería clara la identificación entre derechas y grupos conservadores. Empero, no es absolutamente así. A veces ha sido imprescindible usar otros criterios más matizados, de modo que la caracterización de un movimiento o de una persona como perteneciente a la derecha puede obedecer a uno de ellos, lo cual puede engendrar ciertas confusiones, y las conclusiones extrañar al lector.

Conviene, pues, no perder de vista los criterios utilizados en cada caso, y las relaciones, a veces aparentemente contradictorias, entre ellos.

Para resolver algunos de los problemas que acabo de mencionar, he utilizado una nomenclatura no siempre ortodoxa. Pero confío en que las caracterizaciones de cada grupo social y de cada corriente de pensamiento servirán para proveerlas de un contenido inequívoco. Grupos sociales y corrientes de pensamiento serán presentados históricamente, incluso cuando en cada momento se señalará que ni unos ni otras se extinguen, conviene insistir aquí en que la idea que preside este análisis es que los grupos de la derecha tienen una composición acumulativa, en virtud de la cual coexisten situaciones y tradiciones de diferente data. Sólo teniendo presente este carácter podrá entenderse bien el comportamiento y las ideas de la derecha latinoamericana.

1. Cuestiones previas

Dos problemas conceptuales parecen previos al análisis del pensamiento político de la derecha latinoamericana.

El primero es el problema del área, puesto que la idea misma de Latinoamérica, concebida como una unidad, requiere algunas precisiones.

El segundo, y más importante, es el de la caracterización de la derecha como grupo socioeconómico, político y cultural, puesto que, a poco que se ajusten los criterios, se advierte que se trata de un complejo heterogéneo al que no se puede asignar una sola línea de pensamiento.

La cuestión de la unidad y diversidad del área latinoamericana

La posibilidad de analizar, caracterizar y describir el pensamiento político de la derecha latinoamericana supone cierta homogeneidad en esa área que no es absolutamente obvia. No sería fácil, por ejemplo, incluir en una sola formulación los caracteres de las clases medias en Chile y Colombia, en Paraguay y México, en Argentina y Ecuador; del mismo modo es difícil incluir en una sola formulación los caracteres de las clases altas tradicionales en esos mismos países, teniendo en cuenta, además, que el examen debe incluir al Brasil; y de tales dificultades puede inferirse que deberá matizarse mucho la caracterización del pensamiento político de la derecha, del que puede decirse que es el más apegado a las situaciones y, en consecuencia, el menos ideológico —en sentido estricto— de los pensamientos políticos. Empero, precisamente, por ser el pensamiento más apegado a las situaciones vigentes, permite un cierto grado de generalización, puesto que lo que más unidad confiere al área latinoamericana son, sin duda, las situaciones originarias, en tanto que los desarrollos posteriores tienden a una acentuada diversificación. Vale la pena detenerse un instante en esta observación.

La unidad del área latinoamericana fue postulada por la Europa conquistadora y colonizadora. No existía antes ni existió intrínsecamente después. Pero los impactos europeos sí fueron homogéneos en toda su extensión y crearon cierta unidad en el armazón del área de mestizaje y aculturación que se constituía. Con ligerísimas variantes, el régimen de la tierra y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas se establecieron según normas semejantes en toda el área hispánica y en el área lusitana, y condujeron a la creación casi súbita de una singular estructura socioeconómica que constituyó el fundamento casi inconmovible de la vida social latinoamericana. El vigor con que esa estructura resistió, ya en 1542, a los esfuerzos de la corona española por modificarla, explica cómo ha podido sobreponerse a otros embates posteriores, modificarse ligeramente para adecuarse a nuevas circunstancias externas e internas, y subsistir, incluso hasta hoy, en algunas regiones.

Pero no fue este impacto originario el único de los impactos europeos que contribuyó a prestarle unidad al área latinoamericana. Un fenómeno semejante ocurrió por la misma época en el campo de la organización política y en el campo de la cultura. Un sistema de formas institucionales, un haz de principios morales y políticos y de tradiciones culturales —con los pequeños matices que separaban en el siglo XVI a España y Portugal— crearon un conjunto de ínsulas análogas a través del vasto continente, fuera de las cuales, sin embargo, empezó a elaborarse trabajosamente un mundo marginal, en el que se fueron insinuando nítidas diferencias regionales que crista-lizarían poco a poco y alcanzarían claros perfiles en el siglo XVIII.

Pero ya mientras se producía esa diversificación, nuevos impactos europeos crearon otros principios de unidad. El mundo de la economía mercantil reclamó del mismo modo a las distintas regiones, ofreció los mismos incentivos, ejerció las mismas coacciones, y contribuyó a operar en el seno de las diversas sociedades las mismas transformaciones de las que surgieron nuevas burguesías urbanas que, al par que introducían nuevas líneas de desarrollo en el seno de la comunidad, arrastraban hacia sí a las viejas clases poseedoras de la tierra para inducirlas a modificar sus actitudes y su mentalidad. Pero aquel desarrollo homogéneo en cuanto a las presiones que lo habían desencadenado, adoptó muy pronto formas regionales diferenciadas, que se definieron fuertemente al producirse la emancipación. A partir de entonces la diferenciación se acentuó; pero no sólo, ni principalmente, dentro de los nuevos marcos nacionales creados por el principio del uti possidetis, sino dentro de las áreas regionales que se habían esbozado espontáneamente, según determinaciones geográficas más o menos estorbadas o favorecidas, por las peculiaridades del desarrollo económico o la arbitrariedad del sistema administrativo. Los fenómenos de anarquía y de guerra civil y los vagos clamores en favor de una organización federativa reflejaron ese conflicto entre nación y región, entre orden institucional y sentimiento comunitario, que se había gestado en el seno de otro conflicto más profundo entre el orden uniforme impuesto desde fuera y el desarrollo espontáneo y diferenciado que la vida social había suscitado, al margen de las coacciones externas.

Empero, nuevos impactos externos contribuyeron a robustecer ciertos rasgos comunes a toda Latinoamérica. Con la Revolución industrial, Europa modificó rápidamente tanto los sistemas de producción como las formas de vida, y tales cambios repercutieron sobre toda su periferia. Latinoamérica sintió otra vez los estímulos y las coacciones que provenían del foco alrededor del cual giraba su vida económica, social y cultural, y respondió operando ciertos cambios para adecuarse a la nueva situación. Pero no fueron en todas partes los mismos. Nuevas diversificaciones se operaron con las va-riadas respuestas ofrecidas a los mismos estímulos, y una vez más las contradicciones se acentuaron entre el desarrollo local espontáneo y las determinaciones exógenas que colocaban toda el área latinoamericana en situación análoga con respecto a los núcleos de los que dependía.

Fenómenos semejantes se produjeron en el orden de la cultura. El sistema de ideas medievales que ordenó la vida de los primeros grupos colonizadores fraguó con los esquemas de la estructura socioeconómica señorial en el siglo XVI. Casi no hubo fisuras en él; pero los impactos del pensamiento moderno, de la Ilustración, del liberalismo, del romanticismo, del positivismo, del socialismo, del fascismo, no sólo produjeron sucesivamente enfrentamientos vigorosos con aquel sistema y sus secuelas, sino que provocaron curiosos y variados casos de reelaboración doctrinaria, al compás del uso que se hacía de cada sistema ideológico para interpretar y modificar la realidad.

Es lícito, pues, considerar en el conjunto latinoamericano una corriente de pensamiento tan arraigada en las situaciones reales como lo es el pensamiento político de la derecha, porque tales situaciones fueron homogéneas y subsistieron en buena parte a pesar de todos los cambios operados desde el siglo XVIII. Pero es necesario atender a esos cambios, porque ellos no fueron homogéneos. Por eso sólo se advierte en sus fibras profundas cierta unidad en el pensamiento de la derecha latinoamericana, en tanto que en otras se advierten peculiaridades evidentes que obligan a una constante matización.

Empero, no es éste el más confuso de los problemas que se presentan. Es necesario, antes de atribuir a la derecha un cierto tipo de pensamiento, indagar qué grupos sociales la componen y, sobre todo, qué tradiciones arrastran. La derecha es hoy un conjunto proteico, y cada una de las fisonomías que ofrece esconde un enigma histórico.

La cuestión de la caracterización de la derecha

No abundan los estudios dedicados específicamente al análisis de la peculiar composición de las formaciones o movimientos considerados como de derecha en Latinoamérica. No se trata, en efecto, de un partido, sino de una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política. Hay en su seno, quizá, partidos; y éstos han sido estudiados en muchos casos dentro de los procesos políticos generales.

Pero esas conjunciones sobrepasan el alcance de los partidos. Para entender su composición es menester, pues, no limitarse a ver en ellas grupos políticos de opinión; sin descuidar éstos, es necesario, sobre todo, establecer cuáles son los grupos sociales que se movilizan políticamente para constituirlas.

A primera vista se advierte que la expresión “derecha” corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios —los grupos “democráticos“, “progresistas”, “izquierdistas”, “liberales“, o como en cada ocasión se califiquen—, los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. De aquí una cierta tendencia a definir la derecha, en el plano teórico, como un conjunto homogéneo.

Una fórmula usual es asimilar la derecha a la burguesía, entendida ésta como parte del sistema burguesía-proletariado. Esta fórmula es metodológicamente inapropiada en el caso particular de Latinoamérica, porque supone que el concepto “burguesía” es inequívoco y que conocemos claramente su contenido. Es bien sabido, en cambio, que no hemos precisado bien los contenidos del concepto “burguesía”, y si aceptamos la asimilación, no hacemos, en rigor, sino trasladar el problema, del concepto “derecha” al concepto “burguesía”. El problema se complica aún más, pues su antítesis en Latinoamérica no es lo que entraña en otras áreas el concepto “proletariado” ; y no constituye una tarea menos compleja establecer qué es exactamente lo que se opone a la derecha.

Menos inapropiada, aunque en pequeño grado, es la asimilación de la derecha a lo que vagamente se suelen llamar las clases dominantes. En Latinoamérica las clases dominantes se han constituido a través de un proceso singular que le ha prestado una fisonomía equívoca, cuya expresión es un comportamiento político confuso.

Derechas e izquierdas se han diferenciado, por lo demás, en el seno de las clases dominantes, a través de la oposición de los distintos sectores que procuraban alcanzar el poder político para perfeccionar y consolidar su poder económico social. Parecería, en consecuencia, ser lícito un uso absoluto y otro relativo de la calificación. Conviene, pues, renunciar por ahora a una definición simplista y atenerse a los resultados matizados, aunque quizá menos precisos, que ofrezcan un examen empírico de los grupos sociales y políticos que han sido considerados como de derecha. Pero aun este método presenta serias dificultades, porque la asignación de tal calificación no ha obedecido siempre a un mismo criterio; por lo contrario, parece evidente que han funcionado indistintamente dos: un criterio político y un criterio socioeconómico.

Si analizamos el criterio político, se observa que han sido considerados como de derecha los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, estableciendo dictaduras o perpetuando oligarquías, que han negado —sea a la mayoría del pueblo, sea tan sólo a la mayoría de los sectores con participación en la vida política— los derechos y las libertades que consagraban el derecho natural y, en especial, los que consagraban las doctrinas racionalistas elaboradas desde el siglo XVII.

Ha sido la mentalidad liberal, tal como funcionó desde mediados del siglo XVIII, la que prefirió este criterio. A partir de muchas experiencias concretas, quedó tácitamente admitido que la dictadura o la oligarquía definen una actitud de derecha, y que la existencia de un vigoroso aparato represivo, la inexistencia de la libertad de conciencia o, en general, la violación o la negación de los derechos del hombre y del ciudadano, constituyen signos inequívocos de esa actitud política.

Empero, el criterio político no ha sido coherentemente utilizado. En ocasiones se ha admitido como legítima una “dictadura liberal“, esto es, el ejercicio autoritario del poder por parte de un grupo dispuesto a imponer un sistema liberal. Las circunstancias han sido proporcionadas por la vigorosa oposición de ciertos grupos antiliberales de raíz señorial, unas veces, o por la amenazadora actitud de grupos democráticos de pequeña burguesía o grupos populares con vagos anhelos de justicia social, otras. La necesidad de defender lo que se entendía por libertad pareció justificar la restricción de la libertad. Este principio reconoce como antecedente y fundamento la concepción del despotismo ilustrado, que sin duda inspiró a muchos grupos liberales latinoamericanos, especialmente frente a la vigorosa influencia de la Iglesia Católica, apoyada por los grupos sociales superiores.

Si analizamos el criterio socioeconómico, se observa que han sido considerados de derecha los grupos que han defendido el mantenimiento incólume de las tradicionales estructuras socioeconómicas y socioculturales, cuyo fundamento arraiga en el ordenamiento colonial. Esta defensa supone una acción política, emprendida al insi-nuarse un ataque que amenace o vulnere esa estructura, esto es, un intento de cambio socioeconómico, de modo que esa política puede ser definida como un movimiento de resistencia o de oposición al cambio.

Así caracterizada, la derecha no manifiesta fundamentalmente una actitud política sino una actitud socioeconómica y sociocultural. Usando este criterio, el ejercicio autoritario del poder no es necesariamente de derecha: lo es cuando tiene por objeto impedir el cambio, y no lo es, por lo contrario, cuando está puesto al servicio del cambio.

La utilización del criterio socioeconómico modifica, entonces, sustancialmente el enfoque del problema, y suscita nuevas cuestiones que es necesario tener presente. Si en diferentes circunstancias la adjudicación de la calificación de “derecha” ha sido equívoca se debe, sin duda, a la diversidad de los tipos de cambio que se han insinuado o producido en Latinoamérica. Descartemos los simples reemplazos de grupos o personas que disputan el poder dentro del mismo sistema, porque en ese caso parece lícito aplicar el primer criterio. Cuando se trata de cambios socioeconómicos pueden distinguirse dos instancias claramente diferenciables, aun cuando admiten, a su vez, varios matices importantes. La primera instancia es el conato de cambio de las estructuras señoriales de raíz colonial por una estructura liberal-burguesa, con supresión de los mayorazgos, del esclavismo, del sistema servil del trabajo indígena, de los monopolios y, al mismo tiempo, con una modernización del sistema empresarial, con la participación de capitales extranjeros, con incorporación al mercado mundial y con una vasta renovación del aparato técnico: es la instancia liberal-burguesa, promovida por las burguesías urbanas y, a veces, por los sectores progresistas de las clases terratenientes. La segunda es el conato de cambio de la estructura señorial o de la estructura liberal – burguesa, indistintamente, por otra en la que predominen, sobre los principios de la libre competencia, los principios de la justicia social, con intervención estatal, unas veces, o con control de las clases no poseedoras, otras. Estas dos instancias entrañan, como se ha advertido, algunos matices intermedios sobre los que será menester detenerse en el análisis particular, pero constituyen la trama gruesa del proceso de cambio.

Según el tipo de cambio propuesto, sus promotores definirán como derecha a grupos diversos: los grupos liberalburgueses, solamente a las clases señoriales; pero los grupos partidarios de sistemas fundados en el principio de la justicia social —sean nacionalistas, nazifascistas o izquierdistas de tipo marxista en cualquiera de sus grados, demócratas cristianos o liberales evolucionados— definirán como derecha no sólo a las clases señoriales sino también a los grupos liberalburgueses sostenedores de las teorías del neoliberalismo o, simplemente, del libreempresismo. Este distingo explica claramente el uso equívoco de la calificación de derecha —que es fluido y a veces aparentemente contradictorio—, así como la notoria heterogeneidad que suelen tener, de hecho, los grupos caracterizados unívocamente con esa calificación por sus adversarios.

El análisis de los dos criterios utilizados de manera habitual —con frecuencia poco rigurosa— demuestra no sólo que ninguno de ellos es suficiente, sino también que los dos son imprescindibles y deben combinarse para intentar un examen objetivo de la cuestión.

La cuestión propuesta supone, en primer lugar, una caracterización de los grupos sociales que integran las fuerzas políticas que reciben en cada caso la calificación de “derecha” y, en segundo lugar, una caracterización del pensamiento político que, en cada caso, esas fuerzas políticas adoptan, expresan o, simplemente, ponen de manifiesto a través de su comportamiento. Pues bien, para el primer aspecto de la cuestión, el criterio político permite identificar ciertos grupos sociales que no corresponden exactamente ni a las burguesías ni, en forma más general, a las clases dominantes, y que se suman a las fuerzas políticas de derecha.

En primer lugar, se advierte la presencia de grupos estrictamente ideológicos, cuyos miembros participan de ciertas ideas que no están necesariamente vinculadas con su origen o su posición social. Son unas veces temperamentos religiosos o metafísicos cuya forma mentís está caracterizada por la creencia vehemente en la existencia de orden perenne y para quienes, psicológicamente, el cambio supone siempre un mal: la decadencia, la perversión, el caos. Ese orden posee a sus ojos fundamentos absolutos, y ha sido amenazado sucesivamente, según ellos, por los disidentes religiosos, por los librepensadores volterianos, por los masones, por los liberales, por los demócratas, por los comunistas. Contra todos ellos, en cada caso, han sentido la necesidad de organizar una cruzada para lograr su exterminio, y con él, la preservación o restauración del orden eterno. En segundo lugar, se nota la presencia de grupos, cuyos miembros son psicológicamente autoritarios y partidarios de la acción violenta. Sin duda, comparten en el fondo la certeza de la existencia de un orden, pero no siempre alientan vehementes convicciones religiosas o metafísicas, sino simplemente una vocación autoritaria y jerárquica orientada hacia un activismo irracionalista.

Estos rasgos explican la adhesión a las fuerzas de derecha de quienes, por vocación o por costumbre —y cualquiera que sea su origen o posición social—, han aceptado la conformación impuesta por instituciones fuertemente autoritarias, jerarquizadas y activistas como son, especialmente, la Iglesia y el ejército, así como otras en menor escala, como la administración pública y las grandes empresas.

En tercer lugar, se observa la incorporación de grupos conformistas de clase media, para los cuales el orden constituido significa una garantía de estabilidad —en la ocupación, en el ahorro, en las costumbres, en el modo de vida— en tanto que el cambio entraña una perspectiva oscura cuyo riesgo se resisten a afrontar. Tales hábitos caracterizan a la pequeña burguesía en sociedades estabilizadas, y de sus filas se nutren con frecuencia los movimientos que reivindican la defensa del orden.

En cuarto lugar, se comprueba la adhesión de grupos populares de mentalidad paternalista: unas veces masas urbanas más o menos marginales y escépticas; otras, grupos acostumbrados a formar parte de clientelas políticas; otras, grupos conformistas de actitudes primariamente religiosas, mágicas o supersticiosas; y otras, en fin, grupos de militancia política ingenua que buscan protección a través de regímenes paternalistas que les prometen satisfacciones inmediatas a cambio de su apoyo político. Estos grupos pueden ser numerosos, y en ocasiones nutrir movimientos activos y pujantes, a los que pueden proporcionar no sólo su apoyo numérico sino también su presencia tumultuaria para justificar en sus líderes un cierto tipo de representatividad ajena a los métodos de la democracia liberal.

El criterio político es, entonces, útil para revelar la presencia de grupos como los señalados en la constitución de las fuerzas de derecha. Empero, es evidente que tales grupos no constituyen su armazón ni las proveen de legitimidad y fuerza. Es necesario recurrir al criterio socioeconómico para descubrir cuáles son los grupos fundamentales que las constituyen; y valiéndose de él se observa la presencia de los distintos sectores que dominan y controlan la compleja estructura socioeconómica latinoamericana, a veces en conflicto entre ellos para asegurar el predominio de un sector sobre otro, pero generalmente predispuestos —salvo situaciones críticas— a ofrecer un frente capaz de resistir las presiones de los grupos sociales no participantes en el control de la vida socioeconómica.

Esos grupos fundamentales de las fuerzas políticas de la derecha son, pues, grupos socioeconómicos que, en situaciones caracterizadas por la existencia de un consenso general con respecto al orden establecido, ejercen el poder silenciosamente a través de diversos partidos políticos operando como grupos de presión, pero que en situaciones críticas se movilizan como fuerzas políticas recabando para sí el monopolio del poder —antes compartido, delegado o consentido— y asumiendo de manera activa la defensa del orden vigente, dentro del cual tienen una posición privilegiada.

En Latinoamérica, como en otras áreas, las fuerzas políticas de la derecha se han constituido históricamente incorporando nuevos grupos, cada uno con sus correspondientes tradiciones y sus correspondientes proyectos de acción, de modo que a través del tiempo su fisonomía se ha tornado cada vez más compleja y proteica. Analizadas en la situación propia de las postrimerías del siglo XVIII y en la época de los movimientos emancipadores, se advierte que su composición era más homogénea. Si la izquierda, llamémosle así, estaba constituida por las burguesías urbanas progresistas y liberales, la derecha estaba compuesta fundamentalmente por la clase señorial, apoyada en las instituciones coloniales que representaban la concepción hispanolusitana tradicional, y además en las clases populares especialmente rurales que desconfiaban de las burguesías urbanas y preferían el mantenimiento de la vigencia del orden paternalista tradicional. Esa derecha se oponía al cambio liberalburgués; pero, en cada etapa de ese cambio, consentía estratégicamente en el que ya se había operado y trataba de impedir que se consumara definitivamente, manifestándose entonces como una fuerza conservadora dentro del nuevo sistema, especialmente después de la emancipación.

La fisonomía de las fuerzas políticas de la derecha cambió cuando, operados los cambios propuestos por las burguesías urbanas progresistas y liberales, se desprendieron de éstas los grupos dominantes que trataron de monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Constituidos en oligarquías, esos grupos se entrecruzaron con las clases señoriales, dominándolas en parte, puesto que se constituyeron en las intermediarias de su actividad productiva tradicional, sirviéndolas en cierto modo y, además, utilizándolas para legitimar socialmente, con el entrecruzamiento, su nuevo status de grupo separado del resto del conjunto social. Como la clase señorial, también las nuevas oligarquías liberalburguesas se opusieron a la prosecución indefinida del cambio, preocupadas sobre todo por mantener el monopolio del poder; de modo que, aunque subsistieran las tensiones que existían entre ellas y la clase señorial, coincidieron en una misma actitud, aunque el nivel de los cambios tolerados fuera diferente en uno y otro grupo.

A partir de ese proceso—que, en general, se da en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX— las fuerzas políticas de la derecha muestran, independientemente de los matices locales y de los que les proveen los distintos sectores incorporados por razones simplemente políticas, una dualidad interna que resulta de esta conjunción propia de las situaciones creadas especialmente por la Revolución industrial. El entrecruzamiento de los grupos significó, naturalmente, un entrecruzamiento de actitudes y de doctrinas. Las clases señoriales se aburguesaron y las oligarquías liberalburguesas se señorializaron, pese a lo cual subsistieron definidos matices diferenciadores, algunos de los cuales permitieron que las oligarquías liberalburguesas siguieran llamando en alguna ocasión “derecha” a las formaciones políticas propias y exclusivas de las clases señoriales. Pero las clases medias y las clases populares con vocación de cambio —generalmente tan sólo político, pero algunas veces también so-cioeconómico— confundieron en un haz al conjunto y lo identificaron como una sola derecha, socioeconómica y política.

Esta fisonomía dual de las fuerzas políticas de la derecha subsistió hasta que se hicieron notar en Latinoamérica las influencias de la crisis europea de entreguerra, tanto en el orden económico como en el orden ideológico. En el seno de las clases señoriales preferentemente —aunque no únicamente— aparecieron grupos, generalmente juveniles, que denunciaron la crisis del liberalismo y optaron por algunas de las muchas filosofías antiliberales que aparecieron entonces: unas veces con fuerte matiz aristocratizante e inspirados en Maurras, y otras con varias tendencias sociales según modelos hispanolusitanos, italianos o alemanes. Pero muchos de ellos se desprendieron del simple ropaje ideológico y se introdujeron —o fueron introducidos— en el mecanismo socioeconómico de su país y de su situación, y apelaron a las masas escépticas y marginales que habían contribuido a formar las oligarquías liberalburguesas con su exclusivismo político y su libreempresismo. La apelación tuvo éxito en muchas partes, y esta corriente se vio apoyada por vigorosas masas que asombraron a los políticos de la democracia liberal, que no las esperaban en el escenario político. Por sus objetivos, los cuadros dirigentes parecían pertenecer inequívocamente a la derecha, puesto que aspiraban a la restauración de un orden jerárquico, al fortalecimiento del nacionalismo —que muchos habían dado por muerto a principios de siglo— y a un sistema de normas y principios en el que se mezclaban herrumbrados prejuicios señoriales con los más vulgares y adocenados prejuicios burgueses. Pero el conjunto pareció poseer un carisma especial, y halló repercusión en vastos sectores, porque, junto a eso, aparecieron signos de cierto antiimperialismo nacionalista, de una admisión de los principios de justicia social, de una reivindicación hispánica y de una inequívoca tendencia a denunciar la falacia de una democracia liberal, que más de una vez había sido utilizada como máscara por las oligarquías para su propio beneficio. El haz de la derecha quedó, pues, integrado con una fibra más, que introducía en el conjunto una nueva inflexión: la aceptación del cambio para orientarlo de acuerdo con un sistema tradicional de fines, entre los cuales aparecían los que un catolicismo renovado, o en trance de renovarse, revestía de modernidad.

Así se constituyó históricamente la derecha tal como hoy la descubrimos, multiforme y contradictoria; con cierta vocación de cambio lo suficientemente acentuada como para que los sectores populares —que parecían puntal seguro y necesario de la izquierda marxista— la consideren como una opción válida; con soluciones viables, puesto que, siendo relativamente avanzadas, encuentran un apoyo inesperado de grupos tradicionales, especialmente de ciertos sectores del clero católico y de ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y con una capacidad de acción, aparentemente dentro del sistema, que le asegura grandes posibilidades de éxito para intentar su transformación sin provocar excesiva alarma en los sectores poseedores.

De esta fuerza política proteica es de la que nos proponemos exponer el pensamiento político, señalando en cada etapa la situación en que la fuerza se constituye o se renueva y las influencias ideológicas que recibe.

2. Las raíces del pensamiento político de los grupos señoriales

Cualesquiera que hayan sido los cambios operados en la composición de las fuerzas políticas que, una y otra vez, han sido consideradas como de derecha, sus raíces penetran siempre en Latinoamérica hasta las profundidades de la estructura colonial. Aun en aquellos países donde esa estructura ha sufrido mayores modificaciones, la derecha —tanto en sentido socioeconómico como en sentido político— conserva claros vestigios de sus orígenes. En rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras.

La colonización hispanolusitana adoptó, en rigor, dos políticas divergentes. Por una parte, promovió la fundación de ciudades —especialmente la española— e hizo de ellas centros defensivos, no sólo del grupo colonizador, sino en especial de sus costumbres, sus normas, su religión y su lengua. En ellas, debía constituirse lentamente una burguesía urbana que no alcanzaría, empero, cierta fuerza hasta el siglo XVIII. Pero, al mismo tiempo, constituyó desde el primer momento una sociedad señorial, mediante el otorgamiento de inmensos privilegios a los conquistadores y colonizadores, quienes recibieron no sólo enormes extensiones de tierras o importantes regalías mineras, sino también la mano de obra gratuita que se necesitaba para hacer retributiva su explotación mediante la asignación de crecidos contingentes de indios confiados en encomienda.

Así quedó organizada una sociedad dual en la que los señores pertenecían a la raza conquistadora y la clase sometida a la raza indígena. Se agregó luego a ésta el contingente de esclavos negros que empezó a incorporarse por razones económicas y políticas, cuando resultó evidente la ineficiencia de la población indígena, o cuando el clamor contra su explotación pareció comprometer el prestigio de los conquistadores y debilitar los principios en que se fundaba la legitimidad de la conquista, sin que los argumentos en favor de los indios parecieran valer para los negros. Y, en favor de tal sistema, la clase poseedora de la tierra y de las poblaciones sometidas adquirió los caracteres de una aristocracia poderosa “renaciendo en las Indias —observa Ots Capdequí—[2] usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de superación en la España peninsular”.

Una intrincada combinación de intereses, necesidades y prejuicios moldeó las formas de comportamiento de esa clase. El designio de un rápido enriquecimiento —como el que hubiera producido un saqueo feliz en Flandes o en Italia— incitó a sus miembros a ejercitar una despiadada explotación de la población indígena. Mientras en la metrópoli se discutía sobre la condición espiritual y jurídica de los indios, el encomendero se valía de ellos para resolver su urgente problema de enriquecerse y volver cuanto antes a la civilización, a Lisboa o a Sevilla, para gozar del fruto de su esfuerzo. Refiriéndose al Brasil escribía a principios del siglo XVII Fray Vicente del Salvador:[3]

De este modo hay pobladores que, por más arraigados que estén en la tierra, todo lo pretenden llevar a Portugal; porque todo lo quieren para allá, y esto, no vale solamente para los que de allá vinieron, sino también para los que de aquí nacieron, pues unos y otros aprovechan la tierra, no como señores, sino como usufructuarios, y sólo para disfrutarla la dejan destruida.

El mismo estado de ánimo prevalecía entre los españoles. Aquel apremio y el complejo haz de opiniones sobre los infieles que poblaba la mentalidad del conquistador, acentuó su convicción de que pertenecía a una especie diferente de la de los conquistados, a quienes juzgó lícito someter y explotar. Esa convicción era ya vigorosa cuando, en 1510, pronunció Fray Antonio de Montesinos en la Española el famoso sermón que conserva Las Casas,[4] en el que denunció los excesos cometidos por los conquistadores:

Para darlos a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más suave que nunca oísteis, la más áspera y dura.

Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, y con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día … ? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No son obligados a curallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen u no quieren la fe de Jesucristo.

Los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo —cualquiera que fuese su originaria condición social— una posición de riqueza y privilegio semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura. El cronista anónimo[5] que compuso la Descripción del Virreinato del Perú a principios del siglo XVII decía refiriéndose a los españoles de ese territorio: “Son soberbios, jactanciosos, se precian de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra”.

Y en el siglo siguiente escribía el viajero holandés Van Vliervelt[6] sobre los portugueses del Brasil: “Lo cierto es que en todos los tiempos se vieron en el Brasil portugueses que habían nacido en Europa en la oscuridad y la pobreza, y que vivían con un lujo y una grandeza que los principales nobles de Lisboa no hubieran osado ostentar en la Corte”.

La costumbre consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la Colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró —ni, en rigor, se lo propuso— contener el proceso de señorialización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes.

Los conquistadores y colonizadores alcanzaban poder económico, social y político al recibir tierras, indios en encomienda y jurisdicción, y en tales poderes sentaron una posición tan alta y tan sólida que el paso del tiempo no hizo sino vigorizarla. Las rebeliones indígenas fueron escasas, ocasionales, y revelaron la total impotencia de los sometidos. Por su parte, los grupos mestizos se constituyeron como tales, aunque muy lentamente, durante el período colonial, y sus miembros se limitaron a buscar la posibilidad de lograr alguna vía de ascenso dentro del sistema. Lo mismo hicieron los blancos —peninsulares y criollos— que carecían de tierras, o los que poseían pequeñas parcelas de escaso número de indios encomendados, o los que habían perdido lo que tuvieron. De este modo, el sistema se consolidó en el juego de las situaciones reales, y dentro de él los grupos señoriales cristalizaron como un conjunto definido y netamente separado del resto.

Al finalizar el siglo XVIII la situación social del mundo colonial hispanolusitano ofrecía el cuadro de una rígida sociedad dual. Refiriéndose a la sociedad mexicana, decía por entonces, en un notable documento, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo[7] —el mismo que lanzaría más tarde el edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo—:

… la Nueva España se componía, con corta diferencia, de cuatro millones de habitantes que se pueden dividir en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles comprendían un décimo total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas, y uno de indios puros. Los indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes, hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones: son todos ricos o miserables, nobles o infames… En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte es poco y en todas las demás los daña mucho.

No tienen propiedad individual… separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas… En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insul-tos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

Poco después Alejandro de Humboldt visitaba la isla de Cuba, sobre cuya sociedad, fundada en el trabajo esclavo, escribiría años más tarde unas páginas penetrantes en las que señalaba los rasgos de los grupos señoriales:[8] “…pero en todas las islas, los blancos se creen los más fuertes; porque les parece imposible toda simultaneidad (en la acción) por parte de los negros, y consideran como una cobardía toda mudanza y toda concesión hecha a la población sujeta a la servidumbre”.

Así consolidados a lo largo de tres siglos, firmemente delineados los límites que los separaban del conjunto social y rigurosamente codificados sus privilegios, los grupos señoriales adquirieron los rasgos de una aristocracia incapaz de imaginar la posibilidad de que se produjera cambio alguno en la estructura socioeconómica en la que ocupaba el más alto nivel. Pero durante esos tres siglos, y mientras se consolidaba la estructura socioeconómica, también se diferenciaban y desarrollaban grupos diversos por debajo de la clase señorial. Apenas hubo, antes de la crisis de la Independencia, ocasión para que los grupos señoriales tuvieran que justificar o defender sus privilegios, puesto que todo el sistema absolutista de fundamento religioso vigente en el mundo colonial comportaba una justificación suficiente. Todo desafío al privilegio suponía un desafío a la totalidad del sistema. Pero de hecho, los otros grupos sociales crecían y aprovechaban las posibilidades de movilidad social que ofrecía una sociedad que, aunque fundada en la hegemonía de una clase señorial, participaba del sistema mercantil que ajustaba y perfeccionaba sus mecanismos en el área de expansión europea y pugnaba por quebrar la rigidez del sistema monopolístico colonial.

Frente a esos grupos, y especialmente frente a las nacientes burguesías urbanas —burguesías letradas que a fines del siglo XVIII recibían la influencia del pensamiento político de los filósofos franceses—, los grupos señoriales estrecharon sus filas alrededor de los principios fundamentales del sistema. Horrorizados ante el regicidio y ante la posibilidad de una limitación del poder monárquico que introdujera la representación popular, los grupos señoriales adhirieron ferviente y activamente a las ideas que expresó mejor que nadie, a fines del siglo XVIII, el arzobispo de Chuquisaca, San Alberto:[9]

El rey no está sujeto, ni su autoridad depende del pueblo mismo sobre quien reina y manda, y decir lo contrario sería decir que la cabeza está sujeta a los pies, el sol a las estrellas y la suprema inteligencia motriz a los cielos inferiores… La cárcel, el destierro, el presidio, los azotes o la confiscación, el fuego, el cadalso, el cuchillo y la muerte son penas justamente establecidas contra el vasallo inobediente, díscolo, tumultuario, sedicioso, infiel y traidor a su Soberano, quien no en vano, como dice el Apóstol, llevaba espada.

El apoyo prestado por los grupos señoriales al principio de la monarquía absoluta de derecho divino no sólo expresaba su adhesión al sistema institucional vigente en la metrópoli y el mundo colonial, sino que significaba también su identificación con el principio de la inmutabilidad del orden universal, cuya proyección en el mundo social era la ilegitimidad de todo cambio. Esa concepción, de tradición cristianofeudal, fraguaría como una de las notas fundamentales de su actitud política, y luego de su pensamiento, y perduraría, expresada de diversas maneras enmascarada a veces, a través de las cambiantes situaciones históricas. Como actitud, fue intensamente vivida y se ma-nifestó en su comportamiento político, y cuando las circunstancias desafiaron ese principio, fue racionalizada, formulada en términos doctrinarios y defendida, polémicamente.

Pero mucho antes de que pareciera necesario defender la totalidad del sistema —en cuanto garantía última de la posición de los grupos señoriales en el seno del conjunto social— debieron éstos defender esa posición y justificarla. En términos doctrinarios la justificó, en los primeros tiempos de la conquista, el teólogo español Juan Ginés de Sepúlveda,[10] sosteniendo el principio de la desigualdad social. Decía en el Democrates alter:

Nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comuni-dad de derecho… lo cual se ha de evitar no sólo en los hombres tomados particularmente, sino también en la totalidad de las naciones, porque la varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a los hombres libres, o el poder regio que imita al paterno: a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en ciertas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados.

Y agregaba en otro lugar:[11]

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! Si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes elementalísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres.

Este principio general de la superioridad de los europeos civilizados y cristianos sobre los indios y los negros bárbaros e infieles, fue traducido a términos específicos cuando peligraron los privilegios concretos que la conquista había deparado a aquéllos. Los conquistadores y colonizadores fundaban su condición social en la posesión de tierras y de indios encomendados, y muy pronto consideraron que tales privilegios, formalmente concedidos, eran inalienables y constituían la condición inexcusable de su status. Así lo manifestaron ya en 1542 cuando la corona española pretendió despojar a los encomenderos de los indios que trabajaban en su beneficio, con argumentos que el cronista Agustín de Zárate[12] recogió de los españoles del Perú:

…estas ordenanzas se hizieron y publicaron en la villa de Madrid, en el año de quinientos y cuarenta y dos, y luego se embiaron los treslados dellas a diversas partes de la Indias, de que se recibió muy gran escándalo entre los conquistadores dellas, especialmente, en la provincia del Perú, donde más general era el daño, pues ningún vecino quedaba, sin quitársele toda su hazienda, y tener necesidad de buscar de nueuo que comer; y decían, que su Magestad no auía sido bien informado en aquella prouision, pues si ellos auianseguido dos parcialidades, auia sido parecien- doles que las cabeças dellas eran Gouernadores, y se lo mandaban en nombre de su Magestad, y que no podían dejar de cumplir por fuerca o por grado sus mandamientos, y así no era aquella culpa, porque debiessen ser despojados de sus hazien- das, y que demas desto al tiempo que a su costa descubrieron la provincia del Perú, se auia capitulado con ellos, que se les auian de dar los Indios por sus vidas, y des- pues de muertos, auian de quedar a su hijo mayor, o a sus mugeres no teniendo hijos, y que en confirmación desto, pocos días antes su Magestad auia embiado a mandar a todos los conquistadores que dentro de cierto tiempo se casassen, so pena de perdimiento de los Indios, y que en cumplimiento dello, los más se auian casado, y que no era justo, que despues que estauan viejos y cansados, y con mugeres pensando tener alguna quietud y reposo, se les quitase sus haziendas, pues no tenian edad ni salud para ir a buscar nueuas tierras y descubrimientos.

Esta certidumbre de la legitimidad del privilegio, concedido originariamente por gracia real pero conquistado luego y legitimado en la acción mediante el esfuerzo y el sacrificio, fraguó definitivamente en la concepción social y política de los grupos señoriales, y los transformó en una casta de poseedores radicalmente separada de los no poseedores. Cada uno de los poseedores lo era de su hacienda y de sus indios y esclavos; pero la casta en conjunto era la poseedora de la comarca, la depositarla de sus únicas tradiciones legítimas, la representante de las virtudes supremas. Era inevitable que la casta se considerara también como el cuerpo político, con exclusión de los demás grupos sociales. Así se conformaron una actitud, primero, y luego, cuando fue necesario un pensamiento político, que obraron a través de los grupos señoriales transformándolos en una fuerza política de derecha, cuando aparecieron enfrente de ellos los grupos so-ciales insurgentes que negaban la inmutabilidad del orden y la legitimidad de una estructura socioeconómica fundada en la desigualdad.

3. El pensamiento político de los grupos señoriales y burgueses desde la Independencia

Tras algunos frustrados intentos, los grupos sociales desposeídos o disconformistas irrumpieron en la vida política —en alguna medida— al producirse los movimientos emancipadores. Algunos de esos grupos los promovieron, reclamando paladinamente una participación política a la que juzgaban tener derecho y que antes les había sido negada; otros, se sumaron a ellos o procuraron aprovecharlos de alguna manera para mejorar su condición. Pero el conjunto de tales acciones pareció amenazar no sólo el orden político tradicional, fundado en la dependencia colonial, sino también el orden social y económico, puesto que era lícito prever que los nuevos grupos incorporados al gobierno —generalmente liberales— infundirían a su acción un sentido más favorable a los intereses de los sectores medios y populares. Hubo, en consecuencia, una vigorosa reacción de los grupos señoriales contra los movimientos emancipadores. Empero, una vez consolidados éstos, los grupos señoriales aceptaron el hecho consumado y siguieron operando dentro del nuevo régimen para conservar o recuperar su ascendiente político y, sobre todo, para defender la estructura socioeconómica tradicional que ellos controlaban. Con respecto a ambos objetivos hubo grados diversos de intensidad en la acción y varia-das actitudes políticas; pero todas ellas configuraron una política de derecha antiliberal con respecto a los grupos que aspiraban a consumar o a extremar los cambios operados.

Al mismo tiempo se constituyó una nueva derecha, liberal, monárquica, o republicana según los casos. Nació el patriciado revolucionario, y su desplazamiento hacia la derecha fue fruto del inevitable descontento que produjeron, en quienes habían desencadenado el cambio, las imprevisibles consecuencias que la dinámica del cambio suscitó. Por eso se caracterizó por su intento de contener el proceso que había lanzado, tratando además de consolidar el nuevo régimen político y económico en beneficio de esa alta burguesía que comenzaba, por cierto, a estrechar sus vínculos con los grupos señoriales, aun cuando algunas diferencias los separaran.

Esos vínculos crearon una superficial identidad entre las dos alas de la derecha, la antiliberal y la liberal. Pero su comportamiento fue distinto, y las perspectivas que cada una de ellas abrió para el futuro, distintas también.

La continuidad de la situación social

Frente a la insurgencia, los grupos señoriales descubrieron diversos peligros. Ante todo, la amenaza de la ruptura de los vínculos de dependencia colonial pareció un cataclismo cuyos resultados serían nefastos, puesto que sustraían al orden vigente sus fundamentos tradicionales y hasta entonces indiscutidos. La reacción se manifestó como un alarde de lealtad respecto a la metrópoli, a la corona, a las instituciones y a los principios del absolutismo, que se creyeron obligados a hacer, antes que nadie, quienes ejercían la autoridad eclesiástica, militar y civil.

En el Río de la Plata, el ex virrey Santiago de Liniers,[13] francés de origen, progresista dentro del sistema colonial y héroe de la resistencia contra los invasores ingleses pocos años antes, encabezó la oposición al movimiento revolucionario de Buenos Aires, declarando que:

…aquel que adhiriese al partido de la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y aprobase la deposición del Virrey y demás que se había hecho, debía ser tenido por un traidor a los intereses de la Nación; que la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria en la crítica situación en que se hallaba por la atroz usurpación de Napoleón, era igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo.

Análoga apelación a la fidelidad debida a España hizo el obispo de Michoacán al fundamentar la excomunión que lanzó contra el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, alzado en armas:[14]

La Nueva España, que había admirado a la Europa por los más brillantes testimonios de lealtad y patriotismo a favor de la Madre Patria, apoyándola y sosteniéndola con sus tesoros, con su opinión y sus escritos, manteniendo la paz y la concordia a pesar de las insidias y tramas del tirano del mundo, se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía, y con todas las desgracias que la siguen y ha sufrido la citada isla de Santo Domingo. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas (no quisiera decirlo), el cura de dolores D. Miguel Hidalgo (que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad), asociado de los capitanes del regimiento de la Reina D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama y D. José Mariano Abasolo, levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas… E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando Vil, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ‘Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Femando VII. Viva la América y muera el mal gobierno’.

Y luego declara:

Que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del canon: siquis, suadente Diabolo… Item declaro que el dicho cura Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo y calumniadores de los europeos… Los europeos no tienen ni pueden tener otros intereses que los mismos que tenéis vosotros los naturales del país, es a saber, auxiliar a la Madre Patria en cuanto se pueda, defender estos dominios de toda invasión extranjera para el soberano que hemos jurado o cualquiera otro de su dinastía bajo el gobierno que le representa según y en la forma que resuelva la nación representada en las cortes que, como se sabe, se están celebrando en Cádiz o Isla de León con los representantes interinos de las Américas, mientras llegan sus propietarios.

Pero estas apelaciones a la lealtad sólo correspondían a uno de los riesgos que se avistaban. Además del peligro de la ruptura del vínculo de dependencia, se advertía que los grupos insurgentes enarbolaban una filosofía política nueva, aprendida en la obra de pensadores a quienes la Revolución Francesa había otorgado siniestra fama a los ojos de los tradicionalistas, y que gozaban de extraordinario prestigio, en cambio, para las nacientes burguesías urbanas y, en general, para los criollos que soñaban con el gobierno propio como instrumento para una política que los libertara de la sumisión. Eran los que creían que los europeos tenían “otros intereses”, según la frase recogida por el obispo de Michoacán. Esos europeos —o los que por solidarizarse con el orden vigente se consideraban europeos— vieron en los movimientos emancipadores no sólo esa intención, sino sobre todo la de instaurar nuevos regímenes de gobierno, fundados en principios que amenazaban no sólo la vida política sino también el orden económico y social. Por eso se opuso al movimiento emancipador el autor de los Recuerdos sobre la rebelión en Caracas, José Domingo Díaz,[15] nacido en esa ciudad, que la execraba por los grupos de insurgentes que habían aparecido en ella. Díaz, escribiendo en 1829, reseñaba la prosperidad de la Venezuela colonial y agregaba luego:

Por desgracia estos mismos bienes trajeron consigo males de unas conse-cuencias incalculables. Se olvidó por los gobernantes el severo cumplimiento de una de las leyes fundamentales de aquellos dominios, prohibitiva de la introducción de extranjeros, y se encontró en la concurrencia mercantil el medio de relajar el de la de los libros prohibidos. La ignorancia, la imprecaución, la malicia o la novelería hacían ver entonces como llenas de sabiduría las producciones de aquella gavilla de sediciosos llamados filósofos, que, abrigados en París como en su principal residencia, había medio siglo que trabajaban sin cesaren llevar al cabo su funesta conjuración: la anarquía del género humano. El mundo entero estaba anegado con estos pestilentes escritos, y ellos también penetraron en Caracas, y en la casa de una de sus principales familias. Allí fue en donde se oyeron por la primera vez los funestos derechos del hombre, y de donde cundieron sordamente por todos los jóvenes de las numerosas ramas de aquella familia. Encantados con el hermoso lenguaje de los conjurados creyeron que la sabiduría era una propiedad exclusiva para ellos. Allí fue y en aquella época cuando se comenzó a preparar, sin prever los resultados, el campo en que algún día había de desarrollar tan funestamente la semilla que sembraban; y entonces fue también cuando las costumbres y la moral de aquella joven generación comenzó a diferir tan esencialmente de las costumbres y la moral de sus padres. Yo era entonces muy niño, condiscípulo y amigo de muchos de ellos: los vi, los oí, y fui testigo de estas verdades.

La Revolución Francesa, sucedida por entonces, fue el triunfo de la conjura-ción, y el resultado de cien años de maquinaciones. Las escandalosas escenas de aquella época llevaron el asombro y el espanto a todos los pueblos del mundo: ate-rraron a los hombres de bien con la imagen de un porvenir inconcebible, y exaltaron las cabezas del necio, del presumido ignorante y del hombre perdido, que creía llegado el momento, o de representar en la sociedad un papel que no le pertenecía por sus vicios o su incapacidad, o de adquirir una fortuna a costa de los demás.

El sentimiento antiliberal, mucho más que el de lealtad a la metrópoli, fue el que movió a ciertos grupos tradicionalistas a oponerse al movimiento emancipador; hasta tal punto que, cuando la metrópoli cedió a la presión de los grupos liberales, los tradicionalistas promovieron la independencia allí donde habían conseguido mantener la sujeción. Tal fue el caso de Nueva España y la capitanía de Guatemala, en donde la independencia fue promovida por la alta jerarquía militar y eclesiástica y los grupos señoriales después de la Revolución de Riego en 1820, que restauró la constitución aprobada por las cortes de Cádiz en 1812; a ella achacaba todos los males de México Lucas Alamán:[16]

La primera desgracia de nuestra Independencia, la causa principal de que no haya producido mejores frutos, no es otra cosa que haber nacido después de publicada y comenzada a ejecutar la constitución española (de 1812). España quedó harto vengada del agravio que recibió con nuestra separación, dejándonos por herencia ese funesto presente.

Caso análogo, en cierta medida, fue el del Brasil, donde la agitación independentista se precipitó con motivo de la Revolución que estalló en Portugal en 1820 —la Revolución de Oporto— y a la que siguieron las Cortes de Lisboa y la nueva legislación liberal. En ambos casos resultaron de las revoluciones americanas dos regímenes monárquicos: el de Iturbide en México y el de Pedro I en el Brasil.

El tumultuoso proceso revolucionario y las crisis civiles que hubo luego en muchos países no fueron, empero, suficientemente profundos como para provocar un cambio en la estructura social y económica: los grupos radicales fueron neutralizados o se abstuvieron por sí mismos de llegar hasta allí. Un ligero examen de la situación durante la segunda mitad del siglo XIX muestra que las condiciones de vida de los esclavos —donde aún existían—, de los libertos, de los indios y de los grupos derivados, así como de vastos sectores de población blanca desposeída y vinculada a la actividad rural, conservaban los mismos rasgos de la época colonial, así como se conservaba el régimen de la tierra. Importantes testimonios son ciertos novelistas de ese período: el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, el guatemalteco José Milla, el ecuatoriano José León Mera, el brasileño José de Alençar, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, pero acaso más que ninguno el colombiano Jorge Isaacs, que ofrece en María un cuadro explícito de la persistencia de la so-ciedad tradicional.

Algo había cambiado, sin embargo. Los grupos señoriales de raíz colonial aceptaron la emancipación como un hecho consumado, y también los regímenes políticos que surgieron de ella; pero trabajaron desde dentro del sistema para influir en él, tratando de recuperar la situación perdida a través de un duelo constante con sus adversarios: esta tensión más que el pleno dominio de antes, caracterizó ahora la situación. Pero, además los grupos señoriales habían comenzado a cambiar de fisonomía. Las revoluciones y las guerras civiles proporcionaron la ocasión para que ascendieran gentes antes desposeídas, mediante la apropiación de tierras, el ejercicio deshonesto del poder o los matrimonios ventajosos. La carrera militar abrió las puertas a muchos mestizos y mulatos que se incorporaron así a las clases ricas, y las actividades comerciales —y en particular el aprovisionamiento de los ejércitos— sirvieron a otros para acumular fortunas que pronto fueron reinvertidas en tierras. Así se modificaron sensiblemente los grupos señoriales. Por su nueva composición se mantuvieron dentro del sistema moviéndose con soltura y eficacia, y por su antigua tradición se constituyeron en la derecha del sistema. Entretanto, aquellas mismas causas habían emancipado en alguna medida a ciertos sectores populares del mundo rural, arrastrados por las levas militares o enganchados en las rebeliones de las aristocracias rurales.

El conjunto social de ese mundo rural quedó alterado por la presencia de estos grupos. Los caracterizó, en el Río de la Plata, Domingo F. Sarmiento en el Facundo[17] con motivo de la secesión de José Artigas; y en Venezuela, Fermín Toro en sus Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1884.[18] En ese ámbito, las actitudes políticas se tornaron fluidas, indefinibles, porque el ámbito social fue hostil a toda regulación. Pero en todo caso, los grupos señoriales, con su cambiante fisonomía, no sólo mantuvieron su posición hegemónica dentro de una estructura económica conservada en lo fundamental, sino que recuperaron su poder político una y otra vez, en juego alterno con otras fuerzas, aprovechando cada oportunidad para robustecer su posición.

La continuidad del pensamiento político

A la continuidad de la situación socioeconómica correspondió una marcada continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales. La tradición hispánica y lusitana ofrecía una imagen armoniosa de la vida política ordenada y estable, cuyos sólidos e indiscutibles fundamentos aseguraban el tranquilo goce de sus bienes a quienes los poseían. Los grupos señoriales mantuvieron como espejo de toda política este cuadro, siempre idealizado, y procuraron corregir el agitado juego de la lucha por el poder imponiendo, cada vez que las circunstancias lo permitían, una pausa asegurada por la vía del autoritarismo. Los viejos y tradicionales grupos señoriales trajeron a este programa a los grupos nuevos surgidos al calor de las luchas revolucionarias y las guerras civiles.

Pero recibieron, además, el apoyo y la solidaridad, no sólo de los grupos populares que se mantuvieron políticamente inertes, sino también de algunos grupos urbanos medios que aspiraban a consolidar las primeras etapas del cambio, a conservar su nuevo status sin más riesgos y a impedir que sucesivas olas de radicalización perjudicasen su posición o alterasen la paz y el orden.

Así, integrados dentro del nuevo régimen y apoyados por grupos de intereses coincidentes en distinta escala, los grupos señoriales constituyeron los partidos conservadores en un sistema que, en principio, se manifestó como bipartidista. Sarmiento explicaba esta mecánica de los partidos en 1845:[19]

Cuando un pueblo entra en Revolución, dos intereses opuestos luchan al principio; el revolucionario y el conservador: entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían, patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos que querrían llevar la Revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones, que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores.

Las divisiones expresaron la oposición entre los que disputaban el poder; pero la oposición entre liberales y conservadores siguió expresando, netamente, una diferenciación ideológica, o, más aún, dos concepciones de la vida y de la historia, como lo expresaría a través de un largo examen pocos años después Juan Montalvo en un agudo ensayo.[20]

Un periódico quiteño[21] definía, en 1868, el pensamiento de los partidos conservadores en estos términos:

El Partido conservador, en las Repúblicas americanas, lo mismo que en las Monarquías europeas, es el partido que sostiene el orden, que predica la paz, que defiende los sacrosantos principios de la justicia y el derecho; en una palabra, que conserva la sociedad en vez de desquiciarla y anarquizarla como sucede cuando se proclama la insuficiencia de las instituciones y se aboga por la dictadura que es la muerte de la República.

La conservación de la sociedad significaba, en general, el mantenimiento de la sociedad vigente. En las elecciones colombianas de 1848, el candidato conservador, “…el doctor Cuervo era reputado como la personificación más completa del sistema que aspiraba a conservar sin cambio el actual orden de cosas”.[22]

Y esta expresión —”orden de cosas” — aludía particularmente a algunas cuestiones fundamentales que los adversarios del conservadurismo cuestionaban.

Ante todo, parecía imprescindible asegurar el mantenimiento de la gran propiedad con todos sus privilegios, entre los cuales figuraba, fuera de los propiamente económicos, una vaga jurisdicción política y administrativa del señor dentro de su propiedad y aun en su zona de influencia, resabio del sistema colonial. Cualquier transformación política, electoral, administrativo o judicial que conspirara contra esa imprecisa jurisdicción señorial repercutía sobre el uso que el señor podía hacer de su propiedad, y suscitaba una enconada resistencia por parte de quienes se sentían amenazados.

Entre tales amenazas, ninguna tan grave como la abolición de la esclavitud. Desde los primeros tiempos de la Independencia, el abolicionismo dividió las opiniones, porque los poseedores de la tierra creyeron que sin esclavos los beneficios de sus explotaciones disminuirían notablemente. Los argumentos en favor del mantenimiento de la esclavitud fueron esgrimidos por los grupos señoriales con habilidad y cierto cinismo. En 1823 mientras se discutía el problema en el Senado chileno, escribía Santiago Muñoz Bezanilla en el periódico santiaguino El Tizón Republicano:[23]

El senado ha sancionado la libertad de los esclavos: deseamos saber las razones en que se funda para disponer de las propiedades particulares, o el derecho que para él se hayan conferido los pueblos que han depositado en él la protección de su seguridad.

Entre atacar el sagrado derecho de propiedad y consultar el alivio de nues-tros semejantes, sólo había el arbitrio que el Congreso adoptó en 1811: éste fue el de la libertad de los vientres; pues el hombre es el príncipe de la naturaleza; y aunque siempre miraremos aquella disposición como dictada por la filantropía y por la primera de las ideas liberales, no dejaremos de decir que padeció de un vicio insondable, como llaman en el foro al hecho vicioso que consta de autos, que es decir indudable, y fue el de no haber antes reglado exactamente el importante ramo de policía.

Muñoz Bezanilla reforzaba sus argumentos a favor de la propiedad privada de los señores esclavistas enumerando los perjuicios que traería a los libertos la falta de protección. Esos y otros argumentos semejantes se esgrimieron también en Colombia en 1849:[24]

Los esclavos, se decía, son una propiedad de los amos, y el legislador no tiene derecho para suprimirla, porque el derecho de propiedad es anterior y superior a la ley: la propiedad es un dogma de las sociedades civilizadas. Si la raza negra no está sometida al trabajo forzado, se entregará a la ociosidad y a los crímenes. No se podrán cultivar las haciendas por falta de trabajadores, La suerte de esa raza será mucho más desgraciada en la libertad, porque no tendrá quien los vista y los mantenga: será una crueldad emanciparlos.

Y tales razonamientos parecían valer aún en las postrimerías del siglo, cuando en el Brasil, Ruy Barbosa los examinó minuciosamente y los condenó en su memorable discurso de 1896, en la muerte de José Bonifacio.[25]

No menos decidida fue la defensa contra la amenaza de cualquier legislación que procurara la liberación del siervo rural. La guerra civil suscitada en México por la Reforma, que halló forma legal en la constitución de 1857, probó la decisión de la clase señorial. Durante las discusiones del Congreso Constituyente de 1856, Ignacio L. Va-llarta,[26] que se opondría a que figuraran las reformas sociales en el texto constitucional, señalaría las formas de la opresión. Decía:

El propietario abusa cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no creados por la ley que representan los valores, cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado, para indemnizar deudas anterio-res; cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; cuando… es muy largo el ca-tálogo de los abusos de la riqueza en la sociedad.

Y los propietarios, con el fuerte apoyo de la Iglesia propietaria, resistieron enérgicamente las medidas reformistas, desencadenando la guerra civil.

Vallarta se opuso sólo por razones técnico-jurídicas a la inclusión de los derechos sociales en la constitución, pero la opinión conservadora se oponía por otras razones; en primer lugar, porque sentía en peligro sus intereses, pero más aún porque no comprendía que pudiera proponerse una legislación que iniciaba o proseguía el camino hacia la disolución de la sociedad fundada en la desigualdad, en cuya legitimidad creía. Esta creencia era muy profunda; arraigaba en la concepción colonial, y se mantenía vigorosa pese a la difusión de las ideas liberales y a la gravitación de principios jurídicos institucionalizados que establecían taxativamente una sociedad igualitaria. Los grupos señoriales permanecían impermeables a ellos, precisamente porque se trataba de una convicción arraigada en una situación social y económica inconmovible.

Quizá ningún teórico político haya expresado esta actitud de manera tan contundente como lo hizo el poeta peruano Felipe Pardo y Aliaga a mediados del siglo XIX, en una poesía que tituló A mi hijo en sus días:[27]

Dichoso, hijo mío,

tú, que veintiún años cumpliste:

dichoso que ya te hiciste

ciudadano del Perú.

Este día suspirado

celebra de buena gana,

y vuelve orondo mañana

a la hacienda y esponjado,

viendo que ya eres igual,

según lo mandan las leyes,

al negro que unce tus bueyes

y al que te riega el maizal.

Y vale la pena citar otra obra del mismo autor, porque perfecciona la imagen que el grupo social que él representaba se hacía de la legitimidad y las ventajas de un sistema político igualitario en una sociedad que juzgaba necesariamente desigual. Decía Pardo y Aliaga en el soneto titulado El Rey Nuestro Señor:[28]

Invención de estrambótico artificio,

existe un rey que por las calles vaga:

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

a la licencia y al motín propicio;

voluntarioso autócrata, que oficio

hace en la tierra, de ominosa plaga:

Príncipe de memoria tan aciaga,

que a nuestro redentor llevó al suplicio.

Sultán que el freno de la ley no sufre

y de cuya injusticia no hay reintegro;

rey por Luzbel ungido con azufre;

Cruza de tres tintas,

indio, blanco y negro,

que rige el continente americano,

y que se llama Pueblo Soberano.

No puede dudarse de que yacía tras esa burla un vigoroso pensamiento político, heredado de los encomenderos.

El pensamiento político de la derecha antiliberal

Incorporados al nuevo régimen suscitado por la Independencia, los grupos señoriales se convirtieron en el núcleo conservador que se dispuso a participar en la vida política para defender y consolidar sus posiciones. La expresión más genuina de su pensamiento estuvo representada por la derecha antiliberal, extremista y fanática, en cuyas ideas pesaba no solamente su tradicionalismo y su predisposición a la conservación del orden, sino también el horror que le causaba la experiencia de los regímenes surgidos del liberalismo o establecidos sobre sus principios. El liberalismo era para ellos ateísmo, caos, desenfreno; era también el signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica. Su reacción fue idéntica a la del romanticismo europeo, y como él creyó en la necesidad y en la posibilidad de una restauración del mundo, que había sido destruido. Este intento restaurador exigió cierto precio, y los grupos señoriales aterrorizados no vacilaron en pagarlo, aun cuando a veces comprobaron después que había sido excesivo.

Entre tantos temores, cada grupo puso el acento sobre el problema que más amenazante le parecía. Hubo numerosos matices en la reacción antiliberal. Pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, esa reacción conducía siempre a la instauración de un poder fuerte, del que se esperaba que operara la soñada restauración del pasado. Ahora bien, el poder fuerte —como los gobiernos europeos de la Restauración— no logró restaurar mucho. Como poder político pactó con las situaciones reales y en cada caso elaboró soluciones transaccionales de diverso alcance. Sólo la tendencia a detener el proceso de cambio fue común a todos, aun cuando en cada caso asumiera caracteres diversos.

Los grupos representativos de la derecha antiliberal actuaron en todos los países latinoamericanos después de la Independencia. Pero su actitud alcanzó singular significación en tres casos que conviene analizar separadamente: el del Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López, el de la Argentina en la época de Rosas y el del Ecuador en la época de García Moreno.

El Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López

El Congreso de 1814 consagró Dictador Supremo de la República del Paraguay al doctor Francia por cinco años; pero en 1816 otro congreso lo proclamó dictador perpetuo. La población de las áreas rurales apoyó una y otra designación, confiada en su capacidad de asegurar el orden. No pareció obstáculo que el doctor Fran-cia fuera notorio volteriano, porque el anhelo de orden fue superior a cualquier otro. Sólo las minorías ilustradas aspiraban a un régimen republicano. Pero “el astuto doctor adulaba la vanidad y estimulaba la codicia de todos ellos —escribe Robertson— El alcalde indio, el pequeño chacarero, el ganadero, el pulpero, el comerciante y el hacendado, todos fueron presas suyas”.[29] Es decir, toda la sociedad tradicional y su vasta clientela. Así fundó su dictadura, que duraría hasta 1840.

El doctor Francia, lector de Voltaire, Rousseau y Volney, y hostil a la tradición jesuítica del Paraguay, se enfrentó con la Iglesia, redujo sus privilegios y sometió a los religiosos a la tutela del Estado. El gobierno —decía con motivo de haber suspendido al obispo— “…no está, ni puede, ni debe estar ligado y ceñido a ninguna de las llamadas prácticas y disposiciones canónicas: siendo y debiendo ser solamente su regla el interés de Estado”.[30]

Pero fue ése el único vestigio de su formación liberal. A la inversa de lo que ocurrió con el movimiento de la Ilustración en España, la religión fue el único campo en el que el doctor Francia adoptó las ideas francesas del siglo XVIII; en los demás se mantuvo adherido al pensamiento tradicional español, y particularmente en el campo po-lítico.

Quizá creyó ser el doctor Francia un déspota ilustrado. Pero los grupos sociales esperaban de él, solamente, que fuera un déspota, con la consigna de impedir que la anarquía predominante en otras regiones de la América española ganara también el Paraguay. autoritarismo y centralización fueron los rasgos fundamentales de su largo gobierno, tan extremados bajo la forma de un poder tiránico que, al fin, también sufrieron sus consecuencias los grandes grupos señoriales. Algunos años después de su muerte decía el presidente Carlos Antonio López refiriéndose al doctor Francia:[31]

Por la concentración desmedida que estableció en la Administración, no había establecimiento ni institución alguna de las que en todas partes del mundo culto sirven de resortes a la Administración y ayudan la acción del Gobierno. Así es que no habían sino meros escribientes, ni se habían podido formar capacidades administrativas, judiciales, policiales, que pudiesen secundar las miras y trabajos del gobierno. No había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y religiosa; había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas y el tiempo había reducido al clero a un número muy diminuto de sacerdotes.

Pero nadie dio una imagen tan exacta de su autoritarismo y de sus designios centralizadores como él mismo, en un oficio que dirigió en 1828 al comandante de Itapúa:[32]

Aquí, cuando recibí este desdichado Gobierno no encontré de cuenta de Tesorería, ni dinero, ni una vara de género, ni armas, ni municiones, ni ninguna clase de auxilios, y no obstante he estado y estoy sosteniendo los crecidos gastos, la provisión y apresto de artículos de guerra que demanda el resguardo y seguridad general a más de costosas obras y faenas a fuerza de arbitrios, de maña, de diligencia aún con otros países, y de un incesante trabajo y desvelo supliendo por oficios y ministerios que otros debían desempeñar en lo civil, en lo militar y hasta en lo mecánico, recargado por todo esto aún de ocupaciones que no me corresponden, ni me eran decentes, todo esto por hallarme en un país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo por sacar al Paraguay de la infelicidad, y abatimiento en que ha estado sumido por tres siglos.

Tenía esta actitud política una finalidad: sustraer el país a la anarquía y asegurar el orden: pero, en rigor, no era una finalidad en sí misma, sino que estaba destinada a servir a otros objetivos fundamentales. El rasgo más característico de la política del doctor Francia fue su etnocentrismo feroz —antecedente de los nacionalismos latinoamericanos—, su vigorosa convicción de que la región —más que el país— poseía una personalidad definida e intransferible que había que conservar en toda su pureza, sobre todo librándola del contacto con las regiones vecinas. Ese etnocentrismo era el de los viejos conquistadores arraigados en la tierra durante tres siglos, con un fuerte sentimiento igualitario, por cierto, pero de todos modos adheridos a una concepción paternalista y a un profundo regionalismo. El doctor Francia aspiró a que el Paraguay se bastara a sí mismo. Su autoritarismo sirvió no sólo para que reinara la paz en las campañas y no se resquebrajara la estructura económica sino también para asegurar los monopolios del Estado para la explotación y comercialización de las riquezas naturales: las “estancias de la Patria” para la producción agraria y las maestranzas del Estado para la producción de artículos manufacturados. Y esta concepción de la vida económica aseguraba la independencia de la región y el mantenimiento de la fisonomía nacional, que tanto irritaba al dictador que no fuera reconocida desde el exterior.

Esta concepción etnocentrista era el fruto de un antiuniversalismo romántico, paradójico en un lector de Voltaire y de Rousseau, y por eso interesó tanto a Carlyle. Pero no era, en rigor, suyo, sino de un grupo social de raíz colonial, y era tan vivo que fue extremado hasta concluir en un enclaustramiento total del país con el que el viejo regalista terminó imitando a los jesuitas.

Decía a uno de los Robertson: “Usted sabe cuál ha sido mi política con respecto al Paraguay; que lo he mantenido en un sistema de incomunicación con las otras provincias de Sudamérica, e incontaminado por aquel malvado e inquieto espíritu de anarquía y Revolución que más o menos ha asolado a todas”.[33]

Pero evitar el espíritu de anarquía y Revolución suprimió hasta la raíz todos los derechos individuales que pregonaba el liberalismo, las formas de vida política y económica, la educación, el juego de las ideas. ¿Cuál era, el orden que quería asegurar? Un orden anterior a la Revolución, y que no podía quebrarse sino al precio de caer even-tualmente en la anarquía, o sea el orden social y económico de la Colonia. Por eso se le opusieron en un principio los grupos ilustrados, especialmente de Asunción. Pero su impotencia fue total, y el doctor Francia extremó el sistema sin oposición, sobrepasando, sin duda, los límites deseados por los mismos grupos que lo impulsaron y sos-tuvieron.

A la muerte del doctor Francia la dictadura subsistió, aunque Carlos Antonio López se manifestara un poco más progresista y menos violento. Estaba, sin embargo, persuadido de la necesidad de perpetuar el gobierno fuerte sin extender las libertades. Hacia 1861 el periódico oficial de Asunción, El Semanario, inició una campaña en favor de la monarquía, expresando en uno de los artículos en que se refería a los países sudamericanos: “Pueblos educados por la monarquía y para la monarquía, no han podido acostumbrarse a las formas republicanas, porque cada una de las páginas de su historia envuelve una elocuente protesta contra este género de gobierno”.[34]

Su hijo y sucesor, Francisco Solano López, recogió y maduró la idea. Sus modelos fueron la corte de Río de Janeiro, donde pensaba encontrar esposa en la familia imperial, y la corte de Napoleón III, cuyo lujo lo fascinaba.

Pero de ninguna manera se disponía a establecer una monarquía parlamentaria, sino absoluta y apoyada en una vigorosa fuerza militar. Pese a algunos signos de progresismo, su gobierno mantuvo en la política interna la misma orientación de los anteriores tanto en lo referente a las libertades como al ordenamiento económico y social.

b. La Argentina en la época de Rosas

A diferencia del doctor Francia, Rosas no apareció en el escenario político argentino sino veinte años después de la Revolución, cuando ya se había consumado la disgregación de lo que fuera el antiguo virreinato del Río de la Plata y cada región había alcanzado de hecho una casi total autonomía.

La provincia de Buenos Aires era, sin duda, la más rica y la mejor situada, puesto que poseía un puerto y una aduana que recogía los beneficios de toda la riqueza del país. Allí surgió Rosas como gobernador en 1829, ejerció el poder durante tres años, y después de un intervalo fue reelegido en 1835 con “la suma del poder público”, que ejerció hasta su derrota en la batalla de Caseros en 1852.

Rosas era un típico estanciero. Lo que esto significaba lo explicó en 1845 Sarmiento en Facundo,[35] en un texto que ofrece todos los elementos necesarios para un análisis social:

Rosas desciende de una familia perseguida por goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años; el silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidum-bre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y eso se ha reproducido en D. Juan Manuel y dos de sus hermanas.

Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia, y su padre lo destierra a una estancia. Rosas con cortos intervalos ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de treinta años; y ya en el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban, en materia de arreglos de estancias.

Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina, sospecho que de toda la tierra: porque ni un equitador, ni un árabe tienen que habérselas con el potro salvaje de la Pampa. Es un prodigio de actividad; sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la Pampa, lanzar gritos descompasados, rodar, hasta que al fin extenuado el caballo, sudado a mares vuelve él a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo… Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de siembra de leguas de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso, y sobre todo por la administración severa, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno, que ensayará más tarde para la ciudad misma… La autoridad ante todo: el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo; diez años estará en Buenos Aires y en toda la República haciendo azotar y degollar hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo, como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás, en cada comunicación oficial: ¡Mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios!, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa.

¿Dónde pues ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su Gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia, y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco: pero esta idea me domina hace tiempo: en la Estancia de Ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos: la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el degüello, a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campaña; la prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerrándolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta prolijidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a D. Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones, y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra; muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso, su manejo de una estancia, sus prácticas y administración, con el Gobierno, prácticas y administración de Rosas: hasta su respeto de. entonces por la propiedad, es efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respe-taba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable sin duda; yo sólo explico el origen de la antipatía.

Aun restando de esta descripción el apasionamiento que pueda haber puesto el polemista, quedan inequívocamente puntualizados en ella algunos de los caracteres fundamentales del régimen de Rosas. Todo su sistema de ideas derivó no sólo de su tradición señorial sino también de su inconmovible adhesión a los valores que esa tra-dición entrañaba y de su innata aversión a los principios del liberalismo. Creyó, como el doctor Francia, que la comunidad no debía albergar sino a los que compartían los sentimientos y las ideas tradicionales; y uno y otro creyeron que la proscripción de los adversarios era justa y lógica. Hubiera podido decir como el doctor Francia;[36] “Yo no llamo ni reputo paisanos a unos infames que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su patria..”., aun olvidando que la condición para permanecer era la sujeción y el conformismo.

Pero el respeto a los principios del derecho natural —al que solía apelar— o la consideración a los derechos individuales que el pensamiento liberal consagraba, parecíanle menos importantes que la defensa del patrimonio y del orden tradicional. Fue visible su desprecio por los hombres ilustrados de las ciudades y por sus ideas de origen europeo, como fue visible su adhesión a las formas de la vida criolla, a las normas y a los valores que ella entrañaba. Esta adhesión significaba —como lo destaca Sarmiento— una concepción autoritaria de la vida pública, y tal fue el rasgo predominante de su pensamiento y de su comportamiento político.

Rosas resumió sus opiniones sobre la acción de los regímenes liberales en unas pocas líneas de una famosa carta escrita a Juan Facundo Quiroga, en la que decía:[37]

Obsérvese que al haber predominado en el país una fracción que se hacía sorda al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los medios y recursos que teníamos para proveer a ella, porque ha incitado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque; los intereses particulares, propagando la inmoralidad y la intriga, y fraccionando en bandos de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de ningún vínculo, extendiéndose su furor a romper hasta el más sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los demás, cual es el de la religión; y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones, para entablar después un sistema general que lo abarque todo.

Rosas advertía sagazmente que el individualismo liberal rompía los vínculos de la vieja sociedad dual y paternalista; que la libertad de opinión creaba sectores politizados que progresivamente afirmaban sus derechos frente a las viejas estructuras de poder; que la libertad de conciencia debilitaba, no tanto el sentimiento religioso, sino la influencia paternalista de la Iglesia. Una de las armas políticas más afiladas que usaron sus partidarios contra los grupos liberales fue la acusación de ateísmo. Así los definía el cura párroco de la Iglesia porteña de San Nicolás, en unas décimas recitadas en una fiesta popular:[38]

Ellos son incendiarios,

De corazón asesinos,

De religión libertinos,

Herejes que han blasfemado

De lo más santo y sagrado

De nuestro culto divino.

Pero acaso lo que definió más claramente el pensamiento político de Rosas fue su resistencia a aplicar las concepciones iluministas a la organización del país. Hostil al racionalismo y a toda la filosofía política del siglo XVIII, sostuvo que la organización constitucional no era una solución eficaz —y menos la solución necesaria— para fijar el orden nacional. Sostuvo que la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias. Decía Rosas, en unas instrucciones que comunicaba a Quiroga:[39]

…el señor Quiroga debe aprovechar las oportunidades de hacer entender por todos los pueblos de su tránsito que el progreso es de desear que cuanto más antes pueda celebrarse; pero que al presente es en vano clamar por congreso y por constitución bajo el sistema federal, mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás. Porque en este sistema el gobierno federal no se une sino que se sostiene por la unión, representando en este estado los pueblos que componen la república para con las demás naciones; tampoco decide las diferencias de unos pueblos con otros sino que se reducen sus funciones a hacer cumplir los pactos generales de la federación, a cuidar de la defensa de toda la república, y dirigir sus negocios e intereses ge-nerales en relación con los de otros estados, pues para los casos de discordia entre dos provincias la constitución suele tener acordado un modo particular de decidirlas, cuando los contendientes no lo arbitran con su mutuo consentimiento.

Era, en el fondo, una concepción nacida de las ideas del romanticismo social; pero era, por eso mismo, una concepción propia de los grupos señoriales, aferrados a la realidad y reacios a su transformación. Representante y miembro eminente del grupo de estancieros que obtenía pingües ganancias con la preparación y exportación de carne salada, Rosas impidió la modernización de las explotaciones agropecuarias y se opuso a la formación de una burguesía urbana. Más consecuente que el doctor Francia, su polí-tica económica coincidió con su formación intelectual y con sus tradiciones sociales.

c. El Ecuador en la época de García Moreno

Dueño del poder desde 1861 hasta su violenta muerte en 1875, García Moreno gobernó el Ecuador dictatorialmente. Como Rosas y Francia, vivió obsesionado por el fantasma de la anarquía, y culpó de ella a las libertades que ofrecía y proporcionaba el régimen liberal. Pero, a diferencia del segundo, fue consecuente con sus principios ideológicos, recibidos de De Maistre, de Donoso Cortés y, sobre todo, de los sacerdotes jesuitas que fueron sus confidentes, sus instrumentos y sus consejeros: y a diferencia de los dos se preocupó por estimular ciertas formas de desarrollo económico moderno.

García Moreno poseía una vigorosa formación científica. Había estudiado química y geología y le apasionaba la investigación de la naturaleza. De esos principios de su formación intelectual derivó su preocupación por la difusión de la enseñanza, y especialmente la enseñanza científica. Creó la Escuela Politécnica, fundó laboratorios, colecciones de ciencias naturales, un observatorio; y sacudiendo la modorra tradicional, levantó edificios públicos y, sobre todo, construyó carreteras y caminos. Pero, al mismo tiempo, su formación católica y política lo llevó a la posición más extrema en la lucha contra el liberalismo, en una década —la del sesenta— en que se habían visto muchos excesos y en la que aparecería el Syllabus. En el discurso que pronunció después de jurar como presidente en 1869 se preguntaba:[40] “¿Cómo gobernar donde gobernar es combatir? ¿Cómo asegurar la civilización y el progreso a pesar de los que desean el desorden para medrar, porque saben que cuando el agua se revuelve el cieno es el que sube?”

Civilización y progreso son palabras que no pertenecieron ni al léxico de Francia ni al de Rosas. Pero García Moreno las usó, creía en sus contenidos y procuró que inspiraran su acción de gobierno. Dentro de estrechos límites, sin embargo. No creía que el progreso supusiera la modificación de la estructura agraria tradicional, y quienes lo empujaran hacia el poder, confiaban en el para que evitara las transformaciones que en la vecina Colombia, por ejemplo, había traído la legislación liberal. Tampoco creía que el progreso y la civilización requiriera o entrañara un régimen de libertades públicas. Por lo contrario, creía que no hay progreso sino dentro de un orden estricto, y en eso coincidía con el vigoroso sector señorial que exigía seguridad y estabilidad, con o sin progreso, y también con amplias capas de población conservadora, educadas bajo la influencia de la poderosa Iglesia Católica. Juan León Mera, el novelista autor de Cumandá y colaborador de García Moreno, a quien dedicó un en-cendido panegírico,[41] explicaba su posición política y su adhesión a las doctrinas conservadoras:[42]

Yo soy católico, no porque mis padres tuvieron la dicha de serlo, sino por el profundo convencimiento que tengo de la bondad y verdad del catolicismo. En cuanto a mis principios políticos; he aceptado los conservadores después del más duro examen, de haber visto que son los que más armonizan con los católicos… Y no porque soy católico y conservador… dejo de ser fervoroso republicano, amante y defensor de toda libertad pública bien entendida.

García Moreno expresó este sentimiento muy generalizado en una sociedad de la que se decía que, tras la Independencia, se había constituido en un convento, en tanto que la sociedad colombiana se había constituido en un colegio y la venezolana en un cuartel. Fue esa sociedad la que consagró constitucionalmente, una y otra vez, un tipo de poder ejecutivo en extremo vigoroso, que Juan Montalvo caracterizaba así:[43]

El presidente del Ecuador no es hombre como cualquiera; las leyes le dan cien ojos: es un Argos; las leyes le dan cien brazos: es un Briareo. Gigante en todo caso, a quien invisten de su fuerza todos los poderes, despojándose ellos mismos; a quienes amayoran los ciudadanos, menoscabando su propia elevación, para vol-verle hijo de la Tierra. Como tiene cien ojos, todo lo ve, todo lo sabe el presidente. Las paredes han de conservar sus mechinales por donde él meta un ojo averiguador y siniestro: conciencia, honra, amor son contrabandistas: allí les tema infraganti, y da con ellos en la casa del dolor, ésa que él ha levantado amasando los sesos de sus hermanos con lágrimas y sangre: argamasa a prueba de pico, secreto horrible descubierto por un operario del demonio.

En nombre del rey, en nombre de la ley, el presidente puede echar puertas abajo, y las echa. Si hay quien resista, ¡eh de mi guardia! llegan alabarderos y ma-ceras, y allí fue una familia. Tiene derecho de allanamiento. Para él lo sagrado del hogar doméstico es profano: entra a cualquier hora, sorprende a la doncella a medio vestir, pasa por sobre los niños, remueve, levanta las cenizas del fogón dormido. Los dioses lares son jocós y babuinos: ¡fuego sobre ellos! Y el templo, el templo de la pudicia femenina que en Roma era el más santo e inviolable, no alcanza más respeto que una casa de mancebía. El candado es el sello de la conspiración: puerta cerrada, puerta criminal: ¿no quiere romperse? ¡por las ventanas! ¡Arriba, valientes! El gobierno es un héroe; corona los balcones: extiende el brazo, vuelan las vidrieras. ¿Dónde están los traidores? ¿dónde los bandidos? Ni el lecho, ese mueble respetable donde se refugia la vergüenza, goza de fuero alguno contra la investigación impía que descubre secretos y desgracias, estos genios del traspatio que suelen dejarse estar en un rincón enfermos y abatidos. El presidente tiene derecho de allanamiento: debe saberlo, debe constarle todo, para castigar, para escarmentar, para exterminar. El presidente tiene derecho de exterminio. Los hombres, como no sean de los suyos, todos son proscritos: ¿les hallaron? a la plaza, donde les den azotes, o les vuelen la tapa de los sesos.

García Moreno ejerció ese poder sin vacilaciones. Pero aun así creyó que era necesario reforzar las disposiciones sobre el estado de sitio, argumentando vehementemente:[44]

Existe en las repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos, por desgracia, ciertos hombres a quienes debe lla-marse especuladores revolucionarios, por el propósito de hacer fortuna en las revo-luciones, y es indispensable contenerlos por el temor del castigo. Para evitar que se derrame sangre, es preciso armar al poder; la compasión por los criminales es la mayor crueldad contra los ciudadanos honrados y pacíficos, se ha visto la insufi-ciencia de las leyes comunes para contener los trastornos y se quiere todavía tener inerme al poder, en favor de los que atacan y hacen derramar sangre.

Ninguna de las libertades individuales subsistió, y todo fue sacrificado a la vigencia del orden, que era no sólo orden político sino también estabilidad social. Para consolidarlo, era necesario proveerlo de un fundamento inamovible, y apelando a la tradición hispanocolonial, se le dio un fundamento religioso en términos nunca alcanzados en otro país latinoamericano. La constitución de 1869 estableció en su artículo primero que “para ser ciudadano se requiere ser católico”; y en otro, que “la religión de la República es Católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Pero aún así no pareció suficiente. García Moreno, provisto de todas las armas legales para ejercer un poder omnímodo, inflexible en la ejecución de sus designios, implacable en la represión de todas las libertades políticas y civiles proclamadas por el liberalismo, creyó necesario fortalecer todavía más la estructura que inmovilizaba al país, a pesar del aparato técnico que se creaba. García Moreno asumió la defensa del Syllabus y el compromiso de dar cumplimiento a sus prescripciones; asumió la defensa de la Santa Sede, protestando ante el gobierno de Italia por la ocupación del Estado Pontificio; y en 1873 la legislatura consagró el Corazón de Jesús como patrón y protector de la nación.

Así se fue consolidando un Estado teocrático, montado para reprimir todo vestigio del espíritu liberal que había animado los primeros movimientos revolucionarios de Quito y Guayaquil, y prosperado con Rocafuerte y Urbina. Es sabido que Juan Montal- vo dijo, al tener noticia del asesinato de García Moreno: “Mi pluma lo mató”. Y aunque no fuera totalmente cierto, el anhelo de la restauración de las libertades civiles y políticas, que Montalvo defendía incansablemente, fue sin duda lo que movió el brazo de los homicidas.

El pensamiento político de la derecha liberal

La perspectiva abierta por la coyuntura favorable incorporó a la Revolución grupos diversos, de variadas predisposiciones y tendencias. Podría decirse que todos compartían en alguna medida los principios fundamentales del pensamiento iluminista de la filosofía política francesa del siglo XVIII. Pero en el curso del proceso revolu-cionario algunos grupos precisaron y defendieron convicciones muy moderadas, y constituyeron el núcleo de la derecha liberal. Se aglutinaron a su alrededor otros sectores que, habiendo sostenido posiciones más avanzadas, comenzaron a desplazarse hacia posturas menos aventuradas: unos porque consideraban haber logrado los fi – nes que se habían propuesto y querían consolidarlos, y acaso consolidar sus nuevas posiciones individuales; otros porque la experiencia del proceso revolucionario los había fatigado y buscaban poner fin a la fluidez de la situación introduciendo un principio de orden.

Esta derecha liberal vaciló entre la forma monárquica de gobierno y la forma republicana. Pero los matices eran muy tenues. En ambos casos se buscó fortalecer el poder político, y las diferencias se plantearon alrededor del problema del origen de la soberanía. No hay duda, sin embargo, de que quienes prefirieron la forma republicana, aun bajo su variante más autoritaria, demostraron mayor predisposición a un tránsito futuro hacia regímenes más liberales.

El pensamiento monárquico liberal

Bajo la influencia del modelo francés, pero sin duda porque los grupos rebeldes deseaban fervientemente encontrar una manera de consolidar el movimiento desencadenado. Haití creó un imperio mediante la constitución de 1805 y luego una monarquía en 1811, ambos efímeros. Sus sostenedores enfrentaron otros grupos republi-canos de un liberalismo más avanzado y consecuente, y propusieron la vigencia de la estructura militar para la administración del país.[45]

En México, tras el fracaso de Hidalgo y de Morelos. sólo se volvió a la idea de la independencia tras la Revolución de Riego en España. Esta vez fueron los grupos más conservadores quienes la promovieron. El Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821 por Iturbide. contenía “tres garantías” fundamentales: la conservación de la religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna, la Independencia bajo un régimen monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos. En defensa de su punto de vista monárquico. Iturbide declaró:[46] “Las desgracias y el tiempo liarán conocer a mis paisanos lo que les falta para poder establecer una república como la de los Estados Unidos”.

Y sobre la base de estas ideas liberales se instauró su efímera monarquía.

Un representante típico de la derecha antiliberal, Lucas Alamán, que escribía algunos años después, observaba que Iturbide creyó prudente atender a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando “la forma de gobierno a que la nación estaba acostumbrada”: y agregaba:[47]

Por haberse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la Independencia las teorías liberales más exageradas, se ha dado lugar a todas las desgracias que han caído de golpe sobre los países hispanoamericanos, las cuales han frustrado las ventajas que la Independencia debía haberles procurado, siendo muy de notar que los dos hombres superiores que la América española ha producido en la serie de tantas revoluciones, Iturbide y Bolívar, hayan coincidido en la misma idea, levantando el primero en su Plan de Iguala un trono en México para la familia reinante en España, e intentando el segundo llamar a la de Orleáns a ocupar el que quería erigir en Colombia.

Fundada en la fuerza militar y en el apoyo de los sectores más conservadores, la monarquía moderada de Iturbide no pudo resistir a los embates de grupos ligeramente más avanzados, cuya posición aseguraba un equilibrio más estable entre los diversos sectores en pugna. Quizá, la explicación más exacta del fracaso monárquico esté en las palabras que Bolívar escribió a Santander en setiembre de 1822:[48]

…creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de Méjico; pero a costa de la tranquilidad y aun de la dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento, porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador, que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En Méjico se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que libertar los campos de la monarquía.

Parece lícito interpretar que los “realistas” eran grupos de tradición señorial y monopolista y vehementemente antiliberales.

Razones semejantes a las que en México movieran a tales grupos, impulsaron a los moderados del Brasil a proclamar la Independencia y a organizar luego un régimen monárquico constitucional. Consumada la proclamación y convocada la Asamblea General Constituyente en mayo de 1823, se advirtió que la fórmula política hallada, satisfactoria para los grupos tradicionales, provocaba la irritación de sectores liberales que señalaron los peligros que la fórmula entrañaba y las aspiraciones que la fórmula no contemplaba: “antilusitanismo, restricción del poder personal del Soberano, libertades civiles amenazadas, conciliación del principio monárquico con el democrático y por eso hostilidad al grupo conservador y portugués que rodeaba a D. Pedro I”, según señala Pedro Calmón.[49]

El cuadro se completó con la Revolución de Pernambuco de 1824. Pero el nuevo Imperio sorteó las dificultades y se situó en un punto de equilibrio que resultó justo. El régimen se consolidó y su teoría fue explicada por el propio emperador en un proyecto elaborado por él o por sus colaboradores inmediatos en 1823 en el que se declaraba:[50]

Todos los publicistas de más crédito en Europa reconocen como una verdad indestructible en política que el sistema monárquico constitucional es el único que se debe adoptar en un gran Estado como el Brasil cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no estuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad.

El Imperio debía funcionar, en cuanto a las formas, como una democracia parlamentaria; en la práctica, sin embargo, expresaba la voluntad y los intereses de un sector relativamente reducido de la población, que, en efecto, gozaba de la posibilidad de canalizar políticamente sus designios. Por sobre el sistema de los poderes flotaba el poder del emperador, institucionalizado de una manera singular, según lo estableció el artículo 98 de la constitución de 1824, que —como dice Oliveira Torres— “parece una fórmula doctrinaria, pero es un mandamiento expreso del legislador constitucional al monarca en el ejercicio de su noble oficio de reinar”.[51]

El artículo expresa: “El Poder Moderador es la clave de toda la organización política, y es delegado privativamente al Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su primer representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la independencia, equilibrio y armonía de los demás poderes políticos”.

Colocada fuera del ancho campo de las actividades políticas, la monarquía parecía asegurar un fundamento inconmovible a las nuevas naciones, montadas sobre viejas estructuras sociales y económicas que, de esa manera, salvaban su existencia y se sustraían a las luchas.

En el Río de la Plata, la profunda crisis que siguió a la Independencia desalentó a los tímidos partidarios de la organización republicana y liberal y robusteció las convicciones de quienes tenían, por tradición y formación, opiniones favorables a la monarquía moderada. Desencadenadas las luchas entre las regiones del antiguo virrei-nato, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, liberales insospechables y originariamente republicanos, se manifestaron favorables a la instauración de una monarquía que pusiera fin a la disgregación, contuviera el senti-miento federalista y asegurara el orden interno. Esta idea fue sostenida con mucha vehemencia por José de San Martín y Carlos de Alvear, militares ambos de formación liberal incuestionable, pero monárquicos seguramente por tradición y autoritarios por su concepción profesional.

En 1815 escribía Carlos de Alvear:[52] “Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía”.

Y San Martín se preguntaba al año siguiente:[53] “¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil…; sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos?”

La solución que ambos buscaban no fue alcanzada en el Río de la Plata. Pese a ello, San Martín perseveró en su convicción y se propuso formalmente instaurar una monarquía en el Perú, coincidiendo con Bernardo Monteagudo, antes inflamado republicano. Una misión diplomática debía buscar un monarca en Europa; ajustándose a instrucciones precisas cuyo primer punto establecía:[54]

Para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este estado adquiera la respetabilidad exterior de que es susceptible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia, y la alianza o protección de una de las potencias de primer orden de Europa. La Gran Bretaña por su poder marítimo, sus créditos y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo un carácter más atractivo que las demás: están por consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex-Cobourg, o en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bretaña pase a coronarse emperador del Perú.

Por análogas razones surgieron sospechas de que Bolívar, pese a sus categóricas opiniones anteriores, comenzaba a deslizarse hacia la aceptación de la solución monárquica. De todos modos, el límite que separa un régimen monárquico del sistema republicano instaurado en la constitución boliviana de 1826 es casi imperceptible, como era tenue, efectivamente, la diferencia que percibían entre la monarquía y la república todos los que, habiendo tenido una formación liberal, se sentían empujados por la experiencia a una corrección de sus puntos de vista.

Razones semejantes, también, aunque más relacionadas con las ambiciones personales, pudieron nutrir ciertas tendencias monárquicas, más o menos ocultas, en los generales de Bolívar: Paéz, Flores y Mosquera. Hacia 1846 creció la sospecha de que acariciaban la intención de volcarse hacia la monarquía. Se recordaba que Páez había insistido ante Bolívar para que aceptase la corona, y que Mosquera se había manifestado partidario entusiasta, en 1826, de que Bolívar asumiera la dictadura absoluta y vitalicia. Pero lo indudable es que Flores gestionó en España, en 1846, la creación de una mo-narquía en el Ecuador, y obtuvo la promesa de que aceptaría el trono un príncipe español.

Hasta entonces las tendencias monárquicas respondían a los modelos de monarquía constitucional o parlamentaria que sedujeron a los liberales de principio de siglo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX esas tendencias se renovaron bajo la influencia del modelo de la monarquía burguesa que erigieron en Francia Luis Felipe y Napoleón III.

Frente al avance de las reformas sociales y políticas que triunfaron hacia 1857 en México, fuertes sectores tradicionales volvieron a acariciar la idea de instaurar un poder fuerte, apoyado no sólo en las fuerzas militares que respondieran a esos sectores, sino también en las fuerzas de ocupación que pudiera enviar alguna potencia extranjera, en defensa de la hegemonía de la Iglesia y de la tradicional estructura social. El proyecto tuvo éxito y así se instauró el imperio con Maximiliano. Las ideas políticas de los militares y de los grupos señoriales que lo apoyaron se relacionaban básicamente con una denodada defensa de la situación tradicional, amenazada, sobre todo, por una política de liberación de los indígenas y de restricciones a la hegemonía de la Iglesia. Pero el imperio fracasó, no sólo frente a la obstinación de Juárez y sus partidarios, sino a causa de la limitación del apoyo militar de las potencias europeas, cada vez menos predispuestas a las intervenciones políticas cuando aparecía la posibilidad de operar sobre su periferia mediante los mecanismos económicos.

Tres años antes de la coronación de Maximiliano: en México, en 1861, el presidente del Ecuador, García Moreno, solicitó por su parte a Napoleón III el establecimiento de una monarquía en Sud- américa, que no sólo incluiría el Ecuador sino también el Perú y acaso otros países, “bajo un príncipe designado por Su Majestad el Emperador”,[55] con cuya garantía pensaba organizar el orden interno del país.

El vasto esfuerzo para erigir regímenes monárquicos fracasó en todas partes, como concluyó finalmente, después de casi sesenta años, el régimen instaurado en el Brasil. La definida fisonomía institucional de la monarquía parecía ofrecer, por sí sola, una garantía de estabilidad; pero la sociedad latinoamericana no respondió a ese es-tímulo. Fue, pues, el monarquismo liberal un espejismo, alimentado por quienes consideraban que era posible; en América latina, detener el vigoroso cambio que habían suscitado sucesivamente el mercantilismo y la Revolución industrial por la sola fuerza de un mecanismo institucional.

El pensamiento republicano autoritario

El republicanismo autoritario fue la inversa del monarquismo liberal. Sus sostenedores comprendieron que el problema del origen de la soberanía —cualesquiera que fueran los términos en que se lo formularan los distintos grupos sociales— no podía plantearse en América, en los albores de la Independencia, como una enajenación gratuita en beneficio de una dinastía europea o de cualquier general afortunado. Los grupos populares y burgueses que promovieron y sostuvieron los movimientos revolucionarios pudieron disentir en cuanto al significado y contenido de la palabra democracia, o en cuanto al alcance y al valor de las ideas liberales; pero es innegable que los grupos regionales tuvieron la intuición profunda de que recuperaban o conquistaban la soberanía para decidir lo que quisiesen con respecto a su destino. La enajenación de la soberanía en beneficio de una organización monárquica repugnaba en el fondo a todos los grupos liberales, excepto a los más conservadores, y no fue suficiente para hacerla aceptable ningún adjetivo que la transformara en templada, constitucional, parlamentaria o moderada. El doctor Francia, en el Paraguay, y José G. Artigas en el Uruguay, fueron los exponentes más representativos de este sentimiento de repugnancia frente a cualquier intento de renunciar a la soberanía popular.

Sensibles a esta reacción, otros grupos conservadores buscaron la instauración de regímenes autoritarios —tan vigorosos como podía serlo la monarquía misma o quizá más— pero asumiendo la forma republicana, que suponía el mantenimiento de la soberanía popular, quizá temporalmente bajo tutela, pero dentro de un sistema que no implicaba una delegación y la hacía siempre reivindicable.

Estas ideas habían sido sostenidas vehementemente por Bolívar. Sin duda pensaba él que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra constituía el más perfecto de los sistemas políticos posibles en la época; pero un análisis de la situación imperante en el mundo hispanoamericano le aconsejaba, según sus puntos de vista, desecharlo. Otras razones fortalecían, además, su opinión de que la monarquía era inconveniente en América; y resumiéndolas, escribía en 1815, en la Carta de Jamaica:[56] “Por estas razones pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa“.

Pero de modo más vehemente aún rechazaba Bolívar una organización republicana en la que prevaleciera una “libertad ilimitada” y una “forma federal”.[57] Su concepción política quedó señalada ya en la citada Carta de Jamaica, donde decía, refiriéndose al régimen que entreveía para el futuro:[58]

Su gobierno podrá imitar al inglés: con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempes-tades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios.

Quedó expresada en ese pasaje su preferencia por dos instituciones fundamentales que revelaban las tendencias de su pensamiento político, y que hicieron suponer que acariciaba ocultamente ideas monárquicas: el senado hereditario y el poder ejecutivo vitalicio. Sus adversarios juzgaron, sin duda con algún fundamento, que dentro del cuadro de las ideas liberales, Bolívar había adoptado una posición de derecha y por eso lo consideraron inspirador del que luego sería el partido conservador.

En el discurso de Angostura[59] caracterizó Bolívar las ventajas del senado hereditario:

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades polí-ticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go-bierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magis-trados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses, y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios: el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido, y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.

Los peligros que significaba la constante renovación de las aspiraciones populares se conjugaban, en su opinión, con las pretensiones del poder legislativo, necesariamente sensible a la presión de sus mandantes para limitar las facultades del poder ejecutivo. Era, pues, necesario a sus ojos que dispusiera éste de todos los instrumentos necesarios para evitar los peligros de la anarquía, y que tuviera la estabilidad necesaria para enfrentar al pueblo. Decía en el discurso de Angostura:[60]

Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la ne-cesidad de atribuir a un Magistrado Republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.

Un Magistrado Republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del Pueblo hacia la licencia, la propensión de los Jueces y administradores hacia el abuso de las Leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al Pueblo; es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses, y de las pasiones del Estado social, que como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de sustraerse a la dominación. Es al fin un atleta lanzado contra multitud de atletas.

Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de una República. Si no se oponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del Gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía.

>Así quedó constituido el modelo del Estado republicano autoritario, que consagró en lo fundamental la constitución boliviana de 1826, elaborada por el propio Bolívar. El fundamento de la soberanía popular quedaba salvado, los principios de la división de poderes respetados, las libertades individuales consagradas, pero el poder político podía regular las presiones de los distintos grupos políticos y prevenir los riesgos de la tan temida anarquía, que no solía ser sino el fruto de las tensiones sociales, en busca de un nuevo equilibrio.

Como en el caso boliviano, los jefes militares que en otros países llegaron al poder y mantuvieron las preferencias republicanas y los principios institucionales de Bolívar, pugnaron siempre por fundar su autoritarismo espontáneo en prescripciones constitucionales. Los grupos liberales se opusieron sistemáticamente, y acaso podría de-cirse que así se definieron las diferencias entre los partidos conservadores y los partidos liberales de allí en adelante. Pero, aun violando las instituciones, las dictaduras militares ejercieron de hecho un tipo de poder, que correspondía al mismo esquema. Pocos testimonios tan ilustrativos como el de la señora de Francés Erskine Inglis de Calderón de la Barca,[61] esposa del primer ministro plenipotenciario que España envió a México, y que ha dejado un vivo y minucioso relato del golpe militar encabezado en 1849 por el general Santa Anna. Una sabia retórica republicana y liberal encubría el establecimiento de un poder fuerte sin otras limitaciones que las que impusieran los grupos de poder, cuyos portavoces eran los mismos que se hubieran sentado en los parlamentos que se hubieran reunido.

Pero Bolívar no quiso la dictadura sino el poder constitucional fuerte. Ese esquema no fue desdeñado por los liberales, muchos de los cuales, llegados al gobierno, adoptaron un estilo autoritario aun cuando su política estuviera destinada a instaurar los principios del liberalismo. Tal fue el caso de Rocafuerte en el Ecuador, de Castilla en el Perú, de Mosquera en Colombia y, más tarde, de Barrios en Guatemala. Para sobreponerse a la fuerza de los grupos conservadores y, especialmente, a la de la Iglesia, apelaron todos ellos a procedimientos considerados a veces dictatoriales, y sus gobiernos, en efecto, fueron juzgados como dictaduras más de una vez, y acaso con bastante fundamento. No se sabría decir categóricamente, y sin establecer muchos matices, si fueron éstos, gobiernos de derecha, aun cuando les corresponda esta caracterización por el tipo de comportamiento político, puesto que, por lo contrario, se mostraron favorables a la promoción de cambios económicos y sociales.

No menos dudas suscita el diagnóstico del más notable y conflictivo caso de republicanismo autoritario: el de Chile durante la época de Diego Portales, que fue considerado por sus contemporáneos como ejemplo de gobierno conservador y adoptado como modelo por muchos regímenes conservadores latinoamericanos.

Escribiendo veintiséis años después de su asesinato, su biógrafo Vicuña Mackenna[62] —un liberal— se preguntaba cuáles habían sido realmente las tendencias políticas de Portales, refiriéndolas a los dos partidos clásicos, conservadores y liberales, que él designaba con sus nombres populares de pelucones y pipiolos:

Y aquí salta a la vista una cuestión de lógica histórica, más bien que de tradición, porque el escritor crítico se pregunta, delante de los singulares y marcados contrastes de aquella rara existencia, cuál fue su verdadero carácter político, aparte de círculos y afecciones puramente personales. Y en verdad, aunque la tradición vulgar esté en esta parte completamente sancionada. la historia todavía duda. ¿Fue Portal es pelucón? ¿Fue pipiolo? He aquí el dilema que chocará a los unos como blasfemia y a otros como una cruel ironía.

Don Diego Portales, es verdad, tuvo por aliado el bando histórico llamado de los pelucones, pero nunca fue su caudillo. Fuéronlo de aquél, a la vez, Egaña y Rodríguez Aldea, y como intermediario entre ambos, el acomodaticio ministro Tocornal, su verdadero organizador político en la administración, pues los primeros eran sólo las dos antiguas columnas de su vetusto pórtico. La historia que hemos trazado en estas páginas está revelando, por cada una de sus faces, aquella verdad inmutable, que coloca a su protagonista en una posición única y excepcional delante de todas las facciones hostiles y de la propia que lo aclamaba como jefe. Casi no se menciona, en verdad, el nombre de uno solo de esos graves personajes del peluconismo, a quien no impusiera don Diego Portales alguna humillación, o de quien no tuviera a escondidas o en sus labios una sincera queja.

Por más que se busque, no existía ciertamente punto alguno de contacto ni de afinidad de hábitos, carácter o ideas, con los hombres que eran las lumbreras o los pilares de aquel poder que sólo apareció compacto más tarde sobre la arena, armado para combatir, como en 1840, o armado para la resistencia, como en 1851.

La historia del peluconismo propio comienza únicamente en la tumba del Barón. Don Diego Portales, en verdad, no tuvo más señal del tipo genuino pelucón, que el tupé postizo con que cubría su calvicie (calvicie de pipiolo…), y si a este solo título se le reconoce aquel nombre, es indudable que la historia no tiene ya para qué hacer valer su severa lógica en la duda.

Y tras de señalar algunos rasgos característicos de la contradictoria personalidad del ministro, concluía:

¿Y era éste, ni podría ser tal hombre, el caudillo de los pelucones, de aquel partido pretencioso de la aristocracia de los blasones y de las talegas, cuando él ha-cía mofa de pergaminos y no tenía a veces dinero suelto para comprar cigarros? ¿Del partido fastuoso y regalón de las tertulias de malilla y rocambor en salones de oro, cuando vivía en cuartos de alquiler y sus favoritos cortesanos eran Adalid Za-mora, don Isidro Ayestas y Diego Bórquez? ¿Del partido, en fin, timorato y com-pungido de las sacristías y de las sotanas cuando era reconocido por un ‘hereje’ (lenguaje de Santiago), y el clérigo Meneses temblaba al escuchar sus blasfemias, que es fama no excusó aun en presencia de su primo, el pulcro y modesto Obispo Vicuña?

o innegable es que Portales fue hombre de acción, refractario a la seducción de las ideologías y partidario de un sistema ordenado en el que las luchas políticas no esterilizaran el desarrollo económico. Sus opiniones políticas quedaron claramente expresadas en una carta que escribió desde Lima en marzo de 1822, en la que decía:[63]

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda vir-tud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y, ¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensa-rá igual.

Estas opiniones se asemejaban notablemente a las de Bolívar, y por ellas fue considerado conservador por los liberales. Respetaba, por cierto, los principios de orden heredados de la Colonia, pero no es igualmente exacto que procurara consolidar el sistema económico y social de la Colonia, porque, comerciante él mismo, y admirador de los Estados Unidos, promovió el desarrollo de nuevas formas económicas que abrían el camino de las burguesías. El liberal Vicuña Mackenna[64] resumía así su acción de gobierno:

Portales aparece entonces, desde cualquier horizonte que se le mire, como el coloso de la historia. Está solo, y por lo mismo, se ve más grande. Va a hacer la mudanza de la sociedad, después de haber hecho su trastorno; pero no consiente, ni auxiliares, ni consejos, ni inspiración alguna superior, porque se encuentra capaz de hacerlo todo, con tal de hacerlo todo por sí solo. Así, su labor pública es inmensa; sin límites su consagración al bien de la patria: su abnegación a todos los egoísmos que aquejan al hombre, verdaderamente sublime y ejemplo. Sin hacer cuenta ni de los ‘pipiolos’, a quienes su espíritu, lisiado casi siempre de incomprensibles extravagancias, llama peleajanos; ni de los ‘pelucones’, a quienes denomina huemules; ni de los presidentes, a quienes da el nombre de Ayestas; ni de él mismo, pues a sí se llama dictador plebeyo, o según su propia frase, ministro Salteador, él va a un fin dado, con todas las fibras del corazón palpitantes de energía, con la sonrisa de su genial humor sobre los labios, y no le importa que, al pasar, en su ardiente carrera sus propios amigos le llamen loco i ni que los adversarios que le combaten con una obstinación suprema, le apostrofen de tirano!

Portales en alas de su genio, entre tanto, viene atravesando el caos, y a medida que pasa, va dejando los cimientos de una prodigiosa creación, de la que los bandos que luchan o se acechan no se aperciben de pronto, pero que la historia desentraña cuando penetra con su linterna de luz en los arcanos del pasado. Anula el ejército y crea la Academia Militar; somete a la plebe y crea la guardia nacional; destruye el favoritismo financiero, herencia de la Colonia, y crea la renta pública; persigue la venalidad, plaga de la magistratura española, y regulariza la adminis-tración de justicia; desbarata el favoritismo de los empleos y crea la administración. Portales inicia así la más grande de las revoluciones a que aspira la República hoy mismo, la Revolución contra la rutina. No quiere el polvo de lo antiguo ni en los códigos, ni en las costumbres, ni en la educación pública, ni siquiera en las oficinas del Estado.

Casi sin riesgo de ser vulgar podría el escritor político describir a Portales en aquella época, armado del ‘plumero’ (mueble que él aclimató en las regiones oficiales, donde parecía exótico), y pasando por todas partes, sacudió la espesa capa de hollín que dejó la Colonia; sólo que a veces empleaba el mango, cuando la mancha no estaba en los muebles sino en los hombres…

Si Portales no fue por esto un gran revolucionario, fue más todavía, porque fue un gran innovador. Se ocupó poco de las leyes y de los principios, que su funesta ignorancia no le permitió comprender en todo su alcance; pero todo lo demás lo cambió de lugar, lo hundió en la nada o lo sustituyó por una de sus creaciones propias. Eran éstas, por lo común, toscas e imperfectas construcciones, parto de su genio inculto, pero en su conjunto bastarían a formar el andamio de hierro en que dejó sentadas las bases de la República que antes habían sido arena. Don Diego Portales fue el gran revolucionario de los hechos, fue el ejecutor práctico y tenaz de todo aquello que en el gobierno de sus antecesores había sido una bella teoría o un turbulento ensayo; en una palabra, hizo la Revolución administrativa, en el tercer período de crecimiento del país, después que los liberales habían hecho en su pubertad la Revolución política, v los primeros patriotas, en su cuna, ese cambio de nodrizas que se ha llamado la Revolución de 1810 y que nos dio una madre en lugar de una madrastra.

Y lo que maravilla en todo esto es que Portales realizase cosas tan nuevas y tan extraordinarias en el país, sin previo aprendizaje, sin ideas preconcebidas, sin maestros, sin estudio, sólo por la fuerza de un instinto poderoso y creador, al que no puede menos de reconocérsele la índole del genio. Portales, se ha dicho como un reproche, fue un hombre improvisado; pero fue más que eso, un extraordinario improvisador. Todo lo hizo a carrera y más o menos bien, pero lo hizo él solo con un esfuerzo de laboriosidad y dedicación, al que no ha alcanzado en Chile ningún hombre público, y atiéndase que todo lo que llevó a cabo fue sin sueldo, habiendo perdido su fortuna en la Revolución, y rehusando, a la vez, todos los honores y todos los empleos que se le conferían sin reparo.

La vasta polémica alrededor de Portales pone claramente de manifiesto el difícil problema de la caracterización de la derecha en Latinoamérica. Ciertamente, la aparición de una alta burguesía mercantil modifica los criterios y los complica, pues sus intereses no sólo la acercan poco a poco a ciertos grupos señoriales sino que la separan de los grupos liberales eminentemente ideológicos.

Portales se situó a la derecha de esos grupos liberales eminentemente ideológicos porque creyó necesario postergar la consumación del establecimiento de un sistema de plena libertad y de democracia política. Pero no trabajó menos que Rocafuerte o que Castilla a favor de una burguesía que prometía sacudir el viejo sistema señorial. Por esto último no podría decirse de él que fuera una expresión típica de la derecha. Una última salvedad podría hacerse: su comportamiento podría considerarse de derecha si se lo considerara un precursor de una política calculada para permitir la formación y consolidación de una alta burguesía sin que se abrieran las compuertas para el ascenso de nuevos sectores medios y populares. Tal fue precisamente la tendencia de las altas burguesías de muchos países latinoamericanos hacia fines de siglo, que concluyen constituyendo cerradas oligarquías.

4. El pensamiento político de las oligarquías liberalburguesas desde fines del siglo XIX

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la estructura socioeconómica de Latinoamérica mantuvo ciertos caracteres constantes. En términos muy generales la caracterizaba una sociedad dual en las áreas rurales y una burguesía urbana en la que el sector mercantil no alcanzaba a tener poder económico suficiente como para interferir en el sistema inspirado y dirigido por las clases poseedoras de la tierra; era, por lo contrario un sector dependiente de éstas, con una función intermediaria en la economía, y generalmente también en la política.

Sólo a partir de mediados del siglo XIX la burguesía urbana empezó en algunos países a tener mayor independencia, al producirse ciertos cambios de importancia en la vida económica. Si hasta entonces su papel había sido pasivo y cumplía funciones dentro de un sistema que no controlaba, de allí en adelante empezó a tener iniciativa propia y a diseñar otro sistema en el que las clases poseedoras de la tierra, aún siendo piezas fundamentales del juego, debían reconocer una zona, a veces extensa, de control. Era, naturalmente, la alta burguesía vinculada al comercio de exportación e importación, a la banca, a la especulación y a la administración pública. Apresurémonos a decir que muchos miembros de los grupos señoriales no vacilaron en incorporarse a esas actividades y operaron simultáneamente en los dos sectores de la economía, el primario y el terciario: pero el terciario incorporó a mucha gente que venía de otro origen: eran a veces extranjeros, radicados o no; gentes de clase media a quienes el dinero, las profesiones liberales o la política habían permitido alcanzar posiciones que el sistema hacía importantes o acaso decisivas; y el sistema mismo, más dependiente del mercado comprador que de los sectores de la producción, al escapar al control de los grupos po-seedores de la tierra, ofrecía importantes posibilidades de decisión, de lucro y de influencia a quienes llegaban a los puestos desde los cuales se ejercía su control.

Al cabo de poco tiempo —hacia la última década del siglo— se había diferenciado en el seno de los sectores medios una alta burguesía que tenía ya una inequívoca figura como clase económica y social, y claros designios que, en algunos aspectos, no coincidían con los de los grupos señoriales. Mantuvieron éstos sus convicciones básicas y sus ideas políticas, y cuando aceptaron su nuevo papel dentro de la economía en cambio, pretendieron conservarlas aun cuando colaboraban en la modificación de la estructura económica. Esta contradicción se advirtió en sus relaciones con la nueva burguesía liberalburguesa que, cada día más, alcanzaba mayor preponderan-cia. Hubo alianzas y oposiciones, pero los dos grupos, aún procurando coincidir ante la perspectiva de adversarios comunes —las clases medias y populares en ascenso— delinearon posiciones distintas. Cada vez más se perfiló la existencia de dos derechas.

La renovación de la situación social

Los cambios que se produjeron en la situación social de la mayoría de los países latinoamericanos fueron la consecuencia de la Revolución industrial operada en Europa, y que modificó rápida y profundamente tanto su estructura económica como la de los Estados Unidos. No sólo se produjo un acelerado incremento en la demanda de las materias primas que se relacionaban con las nuevas industrias, sino que creció mucho la de productos alimenticios. Los propietarios europeos de tierras elegían cuidadosamente el destino que le darían, y diversas circunstancias los alejaron en alguna medida de su antiguo tipo de producción. Por lo demás, los campesinos se sintieron atraídos por las ciudades, y produjeron un intenso éxodo rural de doble consecuencia: disminución de la producción de alimentos y creciente demanda de éstos en las zonas urbanas, cada vez más intensamente pobladas.

La consecuencia fue un cambio importante en la posición de Latinoamérica con respecto a Europa y los Estados Unidos. Esos mercados consumidores exigieron determinados productos dentro de un gigantesco plan de producción concebido en escala mundial, y esa exigencia, mucho más remunerativa que antes, fijó ciertas condiciones a la producción. El mercado consumidor estableció el o los productos exportables; prefiriendo en cada país un sistema de monoproducción estableció altos precios, pero fijó también altos niveles de calidad que requerían nuevas técnicas no sólo en la etapa de la producción sino también en la de la distribución; estableció relaciones de dependencia financiera que importaban dependencias inevitables y regímenes de importación de productos manufacturados; exigió privilegios y garantías que le fueron acordados a través de gobiernos a los que transformó en sus personeros; pero, sin duda, promovió una activa modernización de los países latinoamericanos, aunque al precio de una dependencia económica que muy pronto implicó, directa o indirectamente, una cierta dependencia política.

Esa dependencia convirtió al Brasil en un exportador de café. La Argentina, abandonando la elaboración de tasajo, se dedicó a la producción de cereales y de carnes, según las exigencias del mercado inglés; Cuba y Puerto Rico a la de la caña de azúcar; los países centroamericanos, a la de café y maderas; México, Perú, Bolivia, a la de minerales. La producción tenía comprador seguro, pero como a veces era el comprador único, fijaba los precios, estipulaba las calidades e imponía condiciones accesorias. La más importante fue la de equilibrar la balanza comercial mediante la importación de productos manufacturados, contrariando las posibilidades de desarrollo manufacturero local.

Las últimas décadas del siglo constituyeron una época de desarrollo en casi todos los países latinoamericanos y de formidable enriquecimiento de sus clases altas: las clases poseedoras de la tierra que suministraban el producto y las clases burguesas que intervenían en el complejo mecanismo de la distribución y el crédito. En algunos países aparecieron poco a poco algunas actividades manufactureras relacionadas con esa producción; pero, en casi todos, los sectores que más se enriquecieron fueron, además de los productores, los exportadores e importadores, y los que tuvieron éxito en la desorbitada especulación que acompañó el proceso de desarrollo.

Efectivamente, las nuevas posibilidades que se abrían exigían una renovación del dispositivo técnico. Era menester hacer caminos y puentes, puertos, edificios y, sobre todo, ferrocarriles. Las ciudades exigían además obras públicas importantes: aguas co-rrientes, desagües, pavimentos. Para todo eso, los países compradores ofrecieron a cada uno de los países con los que mantenían relación, fuertes y renovados empréstitos que originaron, junto con otros factores, graves problemas financieros. El crédito y la espe-culación contribuyeron también a renovar la fisonomía de la nueva sociedad.

En la euforia del desarrollo, el crédito adquirió también caracteres de especulación. Aparecían y desaparecían empresas y sociedades destinadas a la ejecución de ambiciosos proyectos, que creaban fortunas y las hacían desaparecer; y en el otorgamiento de los créditos, de las concesiones y privilegios, quienes estaban vinculados al poder tenían la posibilidad de obtener ventajas que significaban quizás el enriquecimiento repentino. Cosa semejante ocurrió con la especulación en tierras, hecha en previsión de la expansión de las ciudades, de la fundación de colonias y, sobre todo, de la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles.

Reflejo indirecto de la expansión europea y norteamericana, la nueva riqueza operó cambios sociales de gran trascendencia en Latinoamérica. Quizás el más notable y visible fue el que resultó de una importante inmigración europea: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. México; países de clima templado y semejante al de algunos países europeos, fueron los preferidos. En pocas décadas se incorporaron a las sociedades tradicionales contingentes numerosísimos de italianos, españoles, alemanes, judíos y, en menor escala, de otras nacionalidades. El desarrollo económico implicaba el problema de la mano de obra; y al tiempo que se desechaba definitivamente el trabajo de los esclavos, se buscaba otra mano de obra más eficiente, abriendo algunos cauces nuevos para la economía, como la producción del café en Brasil o de los cereales en la Argentina.

Pero, al mismo tiempo, la inmigración buscó las ciudades, acrecentó el complejo de las poblaciones urbanas y formó vastos sectores de pequeña clase media, artesanal o comercial, que codificaron la fisonomía de las ciudades. Esas clases medias, sustentadas por la vasta empresa de intermediación que suponía la producción en gran escala de productos exportables y la importación de artículos manu – facturados, suscitaron toda clase de problemas derivados; compuestas, naturalmente, no sólo de inmigrantes, sino también de población criolla —mestizos muy especialmente en algunos países—, revelaron la fuerte tendencia de sus miembros a mejorar su posición social y económica. Fueron sectores de gran movilidad en muchos países, y no sólo hubo deslizamientos desde situaciones de baja clase media hacia sectores profesionales y comerciales en una o dos generaciones, sino que hubo una marcada tendencia de sus miembros a lograr cierta participación política.

En el seno de las clases populares se advirtieron también algunos cambios. Los sectores rurales criollos o indígenas fueron quizá los más estáticos. Pasaron a veces del sistema paternalista de las viejas haciendas a un sistema industrial despersonalizado que agravó aún más su situación. En las ciudades, en cambio, mejoraron algo los sectores asalariados. Donde hubo éxodo rural, los criollos, indios y mestizos se incorporaron a actividades nuevas: fueron generalmente peones en las grandes obras públicas, o en la construcción, o ejercieron pequeñas manufacturas y aun cierto comercio. Donde hubo in-migración europea, los inmigrantes que no lograron ascender de clase, ni siquiera al sector artesanal, fueron también peones en obras, trabajaron en las artesanías —como panaderos, herreros, etcétera—o se ocuparon de servicios públicos. También ellos manifestaron cierta tendencia a la participación política acompañando a quienes iniciaron movimientos de resistencia antipatronal —que fueron preferentemente artesanos— o integrándose en la clientela de los caciques o caudillejos políticos.

Por sobre esta masa activada por el impacto del desarrollo económico se situaba, según la escala de prestigio social, una clase media tradicional; profesionales, comerciantes, pequeños propietarios, burócratas, que se mantuvieron al margen de la ola de ese desarrollo. Atada a sus costumbres y a sus prejuicios, declinó por el solo hecho de mantenerse estable, y no quiso o no fue capaz de encontrar un camino para salir de su posición. Pero por encima de ella se situó otro sector de la clase media que sí supo encontrarlo. De sus filas salieron quienes integraron la primera o la segunda fila de esa alta burguesía, un poco aventurera, que se puso a la cabeza de la sociedad en cambio.

Esa alta burguesía, sin embargo, tenía también en su núcleo un sector de las clases altas tradicionales, vinculado ya a la riqueza mercantil o al poder, dos puertas que abrieron el paso a la formación del nuevo grupo. De mentalidad moderna, llamémosle así, desencadenó el cambio o contribuyó a su logro, sin escrúpulos y con audacia, alcanzando pronto un nivel de influencia y riqueza que lo separó del conjunto de su clase. Ese sector fijó una posición, y a su alrededor se aglutinaron grupos más altos y más bajos: algunos provenientes de las clases señoriales que quisieron participar de la aventura de la nueva riqueza en todos los niveles —y no sólo en el de la producción— y otros provenientes de las clases medias. Este conjunto fue el sector dinámico de la sociedad y creó las nuevas fórmulas políticas que adoptaron casi todos los países latinoamericanos al finalizar el siglo XIX, tan variadas como puedan ser sus apariencias.

La continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales

A pesar de la profundidad de los cambios que se operaron en la estructura socioeconómica de los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos señoriales se resistieron a modificar sus convicciones políticas. Este hecho, tan simple como pueda parecer en apariencia, explica muchos aspectos de la vida social y política latinoamericana.

Como poseedores de los medios de producción, la tierra en primer lugar, los grupos señoriales —o la casi totalidad de sus miembros— aceptaron un cambio que los beneficiaba y se prestaron a sumarse a él en el plano estrictamente económico. Fueron capaces de modificar la organización de las haciendas, de adoptar nuevas técnicas de producción, de abandonar ciertas tradiciones a las que parecían atados. Pero pretendieron mantener su concepción del mundo, su sistema de valores, su concepción de la política, aun cuando por vía intelectual advirtieran la contradicción que ello implicaba.

Sin duda esa contradicción estaba latente desde los tiempos de la conquista. Esos grupos señoriales, dotados de vastas extensiones de tierra en un mundo colonial que se insertaba en el área del desarrollo mercantilista, adoptaron una actitud feudal hacia adentro —en sus haciendas y con respecto a la sociedad colonial—, pero aceptaron y siguieron una actitud mercantilista hacia afuera. Acaso esta dualidad explica la polémica acerca de si la conquista hispanoportuguesa fue feudal o capitalista, sobre la que no es oportuno entrar aquí. Parece evidente que sí fueron las dos cosas: una hacia adentro y otra hacia afuera. Y, cuando tres siglos después, el mundo mercantil —esto es, el mercado mundial integrado— adoptó una nueva fisonomía, los grupos señoriales pretendieron mantener la contradicción, aceptando los nuevos requerimientos de la economía mundial sin modificar su concepción política y social en relación con la sociedad en que vivían. Esta pretensión ya era un poco anacrónica en el siglo XVI; lo fue aún más a comienzos del siglo XIX al producirse los movimientos emancipadores; pero resultó absolutamente insostenible después de promediar el siglo XIX, cuando se sintieron los efectos no ya de la Revolución mercantil, sino los de la Revolución industrial.

Con todo, los grupos señoriales latinoamericanos abandonaron su pretensión, y así como habían sabido —y podido— resistir las influencias de la ideología liberal, intentaron resistir las situaciones de hecho que creó el impacto de los nuevos requerimientos económicos.

Esta vez el proceso de secularización fue más vigoroso aún, porque su peculiar dinámica creó en los diversos países latinoamericanos una burguesía urbana muy móvil, y con una especialización funcional en el proceso de intermediación que aseguró las posibilidades de una nueva opción para los sectores sociales dependientes de los grupos señoriales. El proceso de movilidad social fue intenso, el éxodo rural se aceleró, y los grupos señoriales perdieron buena parte de los recursos que poseían para asegurar la perduración de su hegemonía y el primado de sus concepciones políticas.

Empero, no cedieron. Ciertamente, perdieron fuerza sus convicciones, y perdieron también eficacia sus principios, que comenzaron a adquirir un aire anacrónico. Pero igualmente no cedieron y buscaron refugio donde pudieron hallarlo, aun cuando la defensa de los ideales tradicionales cobró a veces un tono romántico y nostálgico, y otras veces un aire de confesada impotencia, y en ocasiones una agresividad eficaz.

La debilidad del pensamiento político de los grupos señoriales residía en que pretendía defender la legitimidad del orden social y político tradicional y las formas de vida y los ideales tradicionales, pactando sin embargo con una nueva estructura económica mercantilista, organizada como dependencia de una estructura industrial foránea. La contradicción era tan obvia que los grupos señoriales no asumieron frecuentemente la defensa doctrinaria de sus posiciones, sino que se limitaron a sostener estas últimas en los hechos, disfrazando generalmente sus fundamentos con una nueva retórica más o menos eficaz. Quizás el más brillante episodio de la defensa de la concepción tradicional de la vida, intentada tardíamente en el seno de una sociedad que había girado resueltamente hacia su inclusión en la periferia de la sociedad industrial europea, sea la Revolución que desató en el Uruguay, en 1897, Aparicio Saravia, “…hijo de una opulenta familia del departamento de Cerro Largo, fuerte hacendado y de reputación personal altamente favorable”.[65]

El cronista de la Revolución fue Luis Alberto de Herrera, más tarde jefe del Partido Nacional —o Partido Blanco— y heredero político del caudillo rebelde, que caracterizó así el movimiento:[66]

Sin embargo, el Partido Nacional no se encontraba preparado para entrar en liza.

Treinta y tantos años de derrota, llevan cierto desorden a las filas, empalidecen el brillo acerado de los ideales y dejan muchos claros y vacíos difíciles de llenar.

Pero de cualquier manera, hubiera o no hubiera elementos, el sacudimiento vendría. La doctrina evangélica no puede rezar con los pueblos altivos ni con los hombres de honor. ¿Quién no castiga un bofetón en la mejilla?

En efecto, el 25 de noviembre se supo en Montevideo con indecible sorpresa, que acababa de alzarse en armas casi en el centro de la República ya militarizada, don Aparicio Saravia en compañía de su hermano Antonio Floricio, alias Chiquito, y seguido por algunos centenares de paisanos, en su casi totalidad desprovistos de recursos de guerra.

Nadie dudó que se trataba de una sublime locura, cuya audacia infinita sabría castigar el afilado sable de los escuadrones bordistas. Idéntica apreciación flotaba en todas las esferas. Ya estaba cerrado el periódico de los levantamientos a lanza; ya había caducado la supremacía de los caudillos; ya los gobiernos eran invencibles.

Por lo demás ¿de dónde salía aquel rebelde de sombrero blando y poncho campero, general improvisado de un movimiento estrafalario?

Quizá no lo sabían las clases burguesas de la capital, aquellas personas que se agitan en esta inmensa colmena sin conocer otro camino que el de sus tareas, ni horizonte más alto que el tapete de su escritorio; pero para quienes reciben alguna vez los ecos de la rica campaña y siguieron las fases trágicas de la Revolución riograndense, poseía talla propia el infatigable guerrillero que ya atraía sobre sí, envidias y nacientes admiraciones.

La referencia final de Herrera puntualizaba la recepción del contraste entre dos formas de vida, rural y urbana, la primera de las cuales entrañaba una concepción lúdica y heroica: la segunda, en cambio, era propia de las “clases burguesas” de Montevideo y aparecía rutinaria y mezquina. Este dualismo, que había descrito, entre otros, Sarmiento, solía darse en los teóricos europeizantes como una oposición entre civilización y barbarie, de la que el término valioso era la civilización, esto es, la vida urbana, la vida de las burguesías. Herrera recogió el dualismo pero invirtió el signo de valor. Y tanta importancia le atribuyó, que explicaba con él —como los sociólogos burgueses— el curso de la historia de su país:[67]

Cada vez que leo la historia de mi país, pienso cuando llego a los promisorios acontecimientos de 1851, que ese año de cualquier modo memorable, debió ser para nuestra nacionalidad altísimo mojón denunciador de amplio y glorioso porvenir.

Sin indagar los motivos originarios, tienen explicación a nuestro juicio, los recios choques de bando que sucedieron y hasta precedieron a la declaratoria de la Independencia.

El país era muy reducido, muy temerarias las aspiraciones dominantes y en las edades viejas no eran pocos los soldados que ganaban cada ascenso al precio de una cicatriz.

Los prestigios militares cobraban vigor con facilidad, en tierra donde el valor había dejado de ser virtud por lo vulgar, donde se mecía a los niños cantándoles odio hacia el opresor, donde morir al enristrar la nativa lanza en defensa de los dioses lares, colmaba los anhelos de todos.

La espada pesaría de manera decisiva, cuando cristalizara un organismo político dentro de nuestros disputados límites; y el espíritu selvático de nuestros abuelos, las proverbiales rebeldías de antaño, perpetuadas y obedientes a la voz de los caudillos, importaban una seria amenaza de dislocamiento social.

Esas robusteces guerreras, el cariño al terruño que durante las épicas campañas por la emancipación amasó tantos heroísmos y tan beneficiosas resistencias, habían relajado los vínculos de la común disciplina.

Llegado el momento de la organización sólida y definitiva, ¿habría brazo bastante fornido, capaz de encauzar apetitos ilimitados y voluntades sin muelles, que sólo entendían de bolear potros, correr cuchillas y vivir en desafío a muerte con propios y extraños?

La vez que eso se quiso, quedó hoscamente señalada la prevención campesina a los hijos de las ciudades.

La ignorancia de las muchedumbres andariegas, exigía que para ser buen ciudadano se fuera antes buen gaucho. ¿Acaso quien no sabía dominar un caballo estaba en aptitud de dirigir los negocios comunes?

El dualismo se había planteado, y en esa antagónica disparidad de factores encontraremos la causa verdadera de las acciones y reacciones, de los desórdenes y conflictos que conmovieron la vida nacional durante medio siglo.

Pero el desprecio de los grupos señoriales por las clases burguesas no ocultaba poco de resentimiento, porque se habían visto obligados, para subsistir o para enriquecerse, a aceptar cierta tutela de los sectores mercantiles que dominaban la vasta red del comercio internacional, sin la cual nada valía su riqueza. Ese resentimiento condujo a una exaltación no sólo de los valores criollos tradicionales —rurales, lúdicos, heroicos— sino también a una exaltación de las familias y los hombres de aquellos grupos, a quienes se les confirió una superioridad natural sustentada con variados argumentos. Gilberto Freyre habla del “arianismo casi místico de Oliveira Vianna”,[68] porque el sociólogo brasileño fundó en razones de raza la superioridad de las viejas clases señoriales del Brasil. Decía en 1930 en su obra Evolución del pueblo brasileño,[69] refiriéndose a la época colonial :

En su estructura social, esos latifundios poseen tres clases perfectamente distintas: la señorial, la de los hombres libres, arrendatarios de la propiedad, y la de los esclavos, que son los obreros rurales.

En la primera clase figuran los señores del ingenio, su familia, sus parientes —muy numerosos, por demás, en esos tiempos de gran solidaridad familiar— y los individuos blancos agregados al señor del ingenio. Son todos casi enteramente de raza aria.

Oliveira Vianna[70] descubría en las familias de los señores de ingenio rasgos raciales inequívocos, pero también rasgos eugenésicos que perpetuaban virtudes excepcionales a lo largo de generaciones:

Esos grandes señores territoriales son, como sabemos, extremadamente celosos de sus linajes aristocráticos; procuran mantener lo más posible la pureza de la raza blanca de la cual descienden. Ahora, como blancos puros, el temperamento aventurero y nómade que los impele hacia los ‘sertoes’ a la caza de oro de indios, no les puede venir sino de una ancestralidad germánica: sólo la presencia en sus venas de glóbulos de sangre germánica puede explicar su combatividad, su nomadismo, esa movilidad incoercible que los hace irradiar por todo el Brasil, al norte y al sur, en menos de un siglo. Los braquicéfalos peninsulares de raza céltica, o los dolicocéfalos de raza ibérica, de hábitos sedentarios de índole pacífica, no parecen haber podido darles ni esa movilidad, ni esa belicosidad, ni ese espíritu de aventura y de conquista.

Otro hecho que parece reforzar también la presunción de la presencia de dolicocéfalos rubios, con celtas e íberos, en la masa de nuestra primitiva población, es el soberbio eugenismo de muchas familias de nuestra aristocracia rural. Los Cavalcanti en el norte, los Prados, los Lemes, los Buenos en el sur, son ejemplos de casas excepcionales que han dado al Brasil, desde hace trescientos años, un linaje copioso de auténticos grandes hombres, notables por el vigor de la inteligencia, por la superioridad del carácter, por la audacia y la energía de la voluntad.

Así se constituyó una clase social que Oliveira Vianna[71] veía predominar, legítimamente, durante el Imperio, perpetuando sus calidades tradicionales:

La afición por la vida rural, por otra parte, se acentúa y se refina, deshaciéndose de los aspectos groseros de la conquista: la posesión de una propiedad agrícola se convierte en aspiración común de todos los espíritus amantes de tranquilidad y de paz. Los elementos de la flor y nata de la sociedad, los políticos en evidencia, los estadistas, como todos los que quieren poseer un poco de autoridad social, procuran el punto de apoyo de una finca rural, de modo que en la vida pública y privada, obran con el decoro, la independencia y la hombría que sólo pueden tener aquellos para quienes el problema de la subsistencia está resuelto de un modo estable y cabal. ‘El brasileño que puede —dice un publicista del 2° Imperio— es agricultor; ejerce la única profesión verdaderamente noble de la tierra. Los empleos serviles los pospone. Recordad los aires señoriales y ciertos modales aristocráticos del gran propietario: es el tipo del brasileño rico’.

Esa aristocracia rural es la que provee todos los elementos dirigentes de la política en el período imperial. Los cargos de la administración local, en los municipios y las provincias, son llenados por ella. De ella salen la nobleza del Imperio y los jefes políticos que reúnen y organizan en los municipios y las provincias los elementos electorales y partidarios locales. De ella proceden también las juventudes que afluyen a las academias superiores del norte y del sur, a Recife, a Bahía, a San Pablo, a Río y siguen su carrera hacia las profesiones liberales y las altas esferas de la vida parlamentaria y política del país.

Y resumiendo el papel que esa aristocracia había desempeñado, concluía:[72] “En un país en que los elementos dirigentes tienen tal relieve y estatura, o se gobierna con ellos o, sin ellos, no se gobierna”.

Una reminiscencia, más o menos sublimada, de las creencias tradicionales en la superioridad de las viejas aristocracias en proceso de decadencia económica y social, apareció en las literaturas vernáculas cultas; escritores de familias tradicionales recogieron sosegadamente, sin espíritu polémico sino con un fuerte sentimiento nostálgico, los recuerdos de un pasado rural algo desvanecido y evocaron las formas de vida y las virtudes que entonces caracterizaron a los hombres de ese ambiente. Ricardo Güiraldes, Benito Lynch y Enrique Larreta en la Argentina y Carlos Reyles y Javier de Viana en el Uruguay intentaron la resurrección poética de los valores predominantes en una sociedad precapitalista.

Pero aun ellos, en su mayoría asiduos visitantes de París —un París burgués—, ponían de manifiesto la íntima e irresoluble contradicción de los grupos señoriales. Menos sublimada y más explícita fue la actitud de los que emprendieron lo que se ha llamado el “revisionismo histórico”, intento de aniquilar la obra de las burguesías ilustradas en el que, evitando el problema de las relaciones entre la burguesía de hoy y las nuevas clases populares, se las fustigaba por su actitud contra los grupos señoriales en virtud del apoyo que en el pasado recibieron éstos de las masas rurales.

La defensa de las viejas aristocracias y de sus descendientes y herederos llevó a algunos a defender también las ventajas de la estructura latifundista. En México, Francisco Bulnes atacó a la Revolución desde un punto de vista conservador, y no sólo fustigó a la “burguesía burocrática”, a la que atribuía la línea revolucionaria triunfante, sino también a quienes, como Zapata, pretendieron hacer una “Revolución racial” en beneficio de la clase indígena. En cambio, afirmó que México necesitaba una “dictadura organizada”, un gobierno de las clases acomodadas, y defendió el latifundio afirmando que cuando es trabajado por hombres libres —y no por siervos— crea riqueza y ofrece prosperidad a las clases populares. Citando estos pasajes, agrega Víctor Alba[73] que las ideas sociales de Bulnes “sintetizan las de una parte considerable de la sociedad mexicana, que jamás las formuló explícitamente”. Una vez más se advierte este curioso rasgo de la actitud señorial.

También sostenía Bulnes que tanto el partido conservador como el liberal eran “facciones corruptas”. Afirmaciones semejantes formularon en diversos países los sectores señoriales, a partir del momento en que los fenómenos de ascenso de clases medias y populares tornaron imposible su ascenso al poder por el camino del sufragio. El ejercicio de la democracia y los mecanismos por medio de los cuales se ejercitaba parecían ofrecer un espectáculo degradante a los ojos de quienes se sentían poseedores no sólo de los medios de producción sino también de un grado casi sublime de dignidad. En rigor, los grupos señoriales no poseían en su tradición más que la política del poder. Cuando tuvieron que descender a las formas competitivas de la política, no sólo perdieron el aplomo que les era peculiar, sino que tuvieron que aceptar —como en el campo económico— la intermediación de los grupos burgueses para evitar su desplazamiento en situaciones normales. Apelaron con frecuencia al recurso de provocar situaciones anormales, y para justificar ese proyecto, denunciaron el aspecto degradante de las luchas en las que hacían su aprendizaje político las clases medias y populares en ascenso. Empero, cuando aceptaron la intermediación de los sectores burgueses para participar en el poder, transigieron con las prácticas propias de las democracias incipientes, y coadyuvaron al triunfo ofreciendo sus clientelas sociales en calidad de clientelas políticas.

Algunos espíritus refinados y sin vocación por el poder —hijos sensibles de padres poderosos— renunciaron abiertamente a la política y transfirieron sus sentimientos aristocráticos a las actividades del espíritu. Al comenzar el siglo XX, exactamente en 1900, el escritor uruguayo José Enrique Rodó publicó un profundo ensayo que tituló Ariel,[74] en el que denunciaba los peligros de las democracias igualitarias:

Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación con el allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.

Con relación a las condiciones de la vida de América, adquiere esta necesidad de precisar el verdadero concepto de nuestro régimen social un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita: por la influencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación y encauzar el torrente humano con los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden político seguro y los elementos de una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando su ordenación jerárquica a la torpeza del acaso, conduce forzosamente a hacer triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías.

De todos los riesgos que la democracia implicaba, ninguno le parecía más grave que el predominio del espíritu utilitario:[75]

La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolví – miento democrático de nuestro siglo, ni se ha opuesto en formas brutales a la sere-nidad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, a la manera de una bestia feroz, en cuya posterioridad domesticada hubiérase cambiado la acometividad en mansedumbre artera, e innoble, el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo igualitario y lo vulgar, puede ser un objeto real de acusación contra la de-mocracia del siglo XIX. No se ha detenido ante ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar angustiosamente algunos de sus resultados en el aspecto social y en el político. Expulsando con indignada energía del espíritu humano aquella falsa concepción de la igualdad que sugirió los delirios de la Re-volución, el alto pensamiento contemporáneo ha mantenido al mismo tiempo, so-bre la realidad y sobre la teoría de la democracia, una inspección severa que os permite a vosotros, los que colaboraréis en la obra del futuro, fijar vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar el espíritu del régimen que encontráis en pie.

El consejo se dirigía a los jóvenes. Lo recogieron todos los que buscaban una justificación para sus vocaciones intelectuales y estéticas en una sociedad efectivamente orientada hacia el lucro. Pero el sentimiento que generó fue en cierto modo una especie de transferencia de la actitud señorial y la cálida receptividad que hallaron las ideas de Ariel revelaron que esa actitud perduraba. En el campo de las ideas y de la creación justificó un vivo sentimiento de elite, que constituyó sólido fundamento, precisamente, para las aristocracias del espíritu a la que se acogían, por cierto, no sólo quienes pertenecían a los tradicionales grupos señoriales sino también los que aspiraron al ascenso social acercándose a ellos como epígonos más o menos farisaicos. Y trasladado al campo de la política promovió un escepticismo frente a las incipientes democracias, que avivó no mucho después los designios de los que, como el poeta argentino Leopoldo Lugones, juzgaron que había llegado “la hora de la espada”.

La acometida más beligerante de los grupos señoriales —o mejor, de quienes intentaban salvar lo que de esa tradición parecía rescatable— adoptó los caracteres de un ataque frontal contra la política liberal, en nombre de los principios del catolicismo, al que los liberales respetaban pero trataban de confinar, secularizando la vida pública.

La apelación a los problemas últimos de la fe implicaba una absolución de posiciones que los políticos liberales rehuían, puesto que, siendo católicos o conociendo la fuerza social del catolicismo, fundaban su laicismo en una prescindencia religiosa y de ningún modo enfrentaban los problemas de la fe. Pero los grupos católicos, alarmados por los progresos del regalismo y preocupados por lo que parecía, en las últimas décadas del siglo XIX, la liquidación final de los fundamentos tradicionales del orden social, apelaron a la más severa ortodoxia siguiendo las orientaciones de la política del Vaticano, trazada a través de las encíclicas Mirare vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus (1864).

Triunfó en el Ecuador García Moreno e impuso la ortodoxia con tal vigor que se ha dicho del Ecuador que fue el único país donde el Syllabus tuvo fuerza de ley. En Colombia, el movimiento que se llamó la “Regeneración”, encabezado por el presidente Rafael Núñez, logró oponer en la constitución de 1886 una concepción católica del Estado. En Uruguay y en la Argentina, en cambio, aunque la polémica fue encarnizada, los liberales se sobrepusieron a los católicos.

Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de Tabaré, defendió el punto de vista católico en el Uruguay; Joaquín Larrain Gandarillas y Abdón Cifuentes en Chile. En la Argentina la polémica se planteó alrededor del problema de la educación pública y del Registro Civil, que sustraía a la Iglesia Católica el control de las personas: pero en su transcurso los diputados católicos enjuiciaron la totalidad del orden liberal y la civilización moderna.

Pedro Goyena[76] defendió en un debate parlamentario la doctrina pontificia del Syllabus:

¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál la civilización que el Syllabus condena, al decir que el Pontífice romano no puede ni debe transigir con ellos?

Señor: el liberalismo que se condena es lo que en nuestros días se entiende por tal. habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con la libertad, v que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del Estado.

El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa. El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente desvinculados de la religión.

Pero no sólo el Estado liberal era lo condenable. Era la civilización moderna en su conjunto, con sus ideales y sus formas de vida, lo que merecía la condenación y exigía la vigilancia de la Iglesia:[77]

¡He ahí la civilización: el desarrollo de la sociedad bajo el aspecto material, bajo el aspecto moral!

Pero ¿es ésta la civilización moderna? ¡Ah, señores, no, mil veces no! ¡Todos lo sabemos; liberales y no liberales, creyentes y no creyentes, todos podemos dar testimonio del espectáculo de la vida a que asistimos y en que nos mezclamos como actores!

Contemplad la civilización moderna. ¿Qué es ella sino el predominio absor-bente de los intereses materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el esplendor de sus virtudes.

La ciencia, a la que jamás la iglesia fue hostil, ha tomado una dirección ex-traviada, por la influencia de un orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo: que se lanzan al espacio aéreo y navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz. desconocidos a los antiguos, como decía un orador argentino; que analizan los aspectos lejanos; que descubren la vida en organismos ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso; y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la pobreza, la debilidad de sus elementos morales! ¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que en el siglo XIX, gobernando la materia. dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos, el cielo no tiene promesas para la esperanza; el astro brillante no simboliza la fe: la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para una existencia efímera y fugaz. El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!

Las doctrinas; el progreso; la civilización que a tan lamentables resultados conducen, eso es lo que el Syllabus, eso es lo que la Iglesia ha condenado; y bien clara se ve ahora la justicia de tal condenación.

Este cuadro exigía una actitud resuelta de quienes no creían en la llamada civilización moderna, sino en los ideales tradicionales, incompatibles con ella. Los católicos pusieron a los liberales en la disyuntiva de optar, pero no entre una u otra forma de vida, sino entre la salvación y la condenación, entre el paraíso y el infierno, dispusie-ron a la acción para alcanzar lo que, en la Argentina como en Colombia, llamaban la “Regeneración”. Tal fue también la requisitoria de José Manuel Estrada[78] durante la discusión parlamentaria de las leves liberales:

¡señores! Si los medios se subordinan a sus fines, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición: o la soberanía de la Iglesia. íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy día delante del cielo v de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso, las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la república!

Los ideales heroicos, la posesión de la tierra, la desigualdad social, la aristocracia del espíritu y la sumisión de las conciencias a la Iglesia Católica: tal era el haz de las ideas fundamentales que el espíritu señorial se empeñaba en defender frente a los cambios que se habían operado en la sociedad de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha no fue a muerte, y los grupos señoriales se acomodaron poco a poco, sin confesarlo, a las nuevas situaciones, esperando filosóficamente que la crisis del orden nuevo devolviera periódicamente a sus manos el control de la economía, del poder y de las conciencias. Con frecuencia, un golpe militar solía contribuir a la restauración renovando la retórica del heroísmo.

El predominio del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Si los grupos señoriales pretendieron conservar sus tradicionales tendencias políticas a pesar del profundo cambio socioeconómico y social que se había operado, los grupos burgueses, en cambio, elaboraron las suyas en el proceso mismo; y aquéllos que las llevaron hasta sus últimas consecuencias lograron poder económico y poder político. Con ello, impusieron su pensamiento sobre el conjunto social, arrastrando tras de sí densos grupos sociales de variado origen.

Quizás el más importante problema, entre los que suscita el análisis del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa, sea el de cómo se constituyó ese sector. En términos generales, es evidente que hubo núcleos burgueses, extranjeros unos y nacionales otros.

que se fundieron con grupos señoriales renovadores para intentar la gran empresa. En cada país esa fórmula significó algo diferente. Los distintos grupos sociales operaron de distinta manera en México y en Argentina, en Chile y en Brasil, en Uruguay y en Colombia. Según la rigidez de la estructura social anterior fue más o menos fácil la formación de esas clases medias fluidas que generaba el proceso económico, y más o menos fácil la conquista del nuevo status social que ofrecía a los grupos en ascenso sus nuevas posibilidades económicas. Y del seno de esas clases medias surgió el conglomerado que rodeó el núcleo originario, se fundió con él, y constituyó finalmente la alta burguesía, cuyo poder la impulsó a forzar su distanciamiento del resto de las clases medias y constituirse en oligarquía política y eco-nómica. Esta tendencia al distanciamiento es lo que la transformó en una fuerza de derecha. Muchos de sus miembros provenían, sin duda, de sectores liberales que admitían la necesaria continuidad de ese proceso de ascenso social que podía asegurar la vigencia de un sistema democrático.

Pero la conquista del poder económico y político por un pequeño grupo puso una valla entre éste y el resto del conjunto social.

Justo Sierra hizo una descripción acabada de la burguesía mexicana de fines del siglo, polarizada políticamente, en su opinión, pero sin distinguir suficientemente los grupos de alta burguesía que asumieron activamente el poder y los grupos medios y populares que, aunque solidarios con aquéllos, sólo tenían una actitud pasiva. Decía en su Evolución política del pueblo mexicano.[79]

En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños al dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó formada: con un buen número de descendientes de las antiguas familias criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo con los analfabetos.

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y, además, el segundo, al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de razas que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente ficticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una osmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni del alcohol ni de la superstición. Son éstos, microbios sociopatogénicos que pululan por colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la reaccionaria, cuyo génesis hemos estudiado en otra parte, esta burguesía tomó con – ciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias, liberales, reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su organización: un gobierno resuelto a no dejarse discutir, y es, a su vez, la creadora del general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su obra no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía mexicana.

En la Argentina, Juan B. Justo[80] identificaba por la misma época, con precisión, y en términos económicos, los componentes de la alta burguesía:

Necesitamos, ante todo, que cada grupo social adquiera conciencia de sus intereses políticos.

Contra lo que se afirma comúnmente, en nuestro país las agrupaciones so-ciales son tan definidas y tan netas, que cualquiera las distingue a simple vista con más facilidad que a un autonomista de un cívico o un radical, aunque los conozca íntimamente y los siga en sus enredadas contradanzas políticas.

Hay quienes producen para la exportación y quienes para el consumo: en general, los unos tienen el más claro interés en fomentar el comercio exterior del país, los otros en restringirlo.

Hay propietarios que quieren mantener todos los privilegios inherentes a la propiedad legal del suelo, y arrendatarios interesados en que la ley favorezca su ocupación y cultivo efectivos.

Esta puntualización ilustra los conflictos internos que caracterizaron a la alta burguesía, integrada por grupos productores, generalmente de tradición y mentalidad señoriales, y grupos mercantiles intermediarios típicamente burgueses. Pero a pesar de esa contradicción la alta burguesía fue adquiriendo coherencia a través de una suerte de complicidad con el monopolio del poder, en su uso para sus propios fines, y en la coincidencia en un estilo de vida que suponía la progresiva elaboración de un sistema de normas y valores comunes. Definida su actitud y consolidada su posición, la alta burguesía adquirió los caracteres de una oligarquía liberalburguesa. Su presencia se hizo notoria en muchos países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo, siempre en relación con las transformaciones económicas y, sobre todo, con la penetración del capital extranjero: en Brasil, en relación con el establecimiento de la república y el auge del café: en Argentina y Uruguay, con los cereales y las carnes; en Chile, con el salitre y con la Revolución contra Balmaceda; en Colombia, con la crisis de 1870 y la “Regeneración” de Rafael Núñez; en México, con los metales y el “porfiriato”; en Guatemala, con el banano y Estrada Cabrera; en Venezuela, con Guzmán Blanco. Vagos principios del liberalismo quedaron en pie, más o menos disminuidos según el grado de consentimiento que las oligarquías lograron y el grado de represión que debieron ejercitar; y vagos principios de progreso fueron enarbolados, aunque delimitados siempre por los márgenes que el capital extranjero quiso señalarles. Una gran eficacia los caracterizó casi siempre, y muchos países latinoamericanos hicieron por entonces su primera experiencia de esplendor económico, aun cuando la distribución de la riqueza fuera notoriamente injusta.

Uno de los más brillantes representantes de la oligarquía chilena, Enrique Mac-Iver, definió en un debate parlamentario su carácter y defendió su papel con profunda convicción:[81]

La oligarquía, ésa de que tan seriamente se nos habla, vive en un país repre-sentativo parlamentario, que tiene sufragio universal o casi universal, donde todos los ciudadanos tienen igual derecho para ser admitidos al desempeño de todos los empleos públicos y en que la instrucción, aun la superior y profesional, es gratuita. Agréguese que no existen privilegios económicos ni desigualdades civiles en el derecho de propiedad y convendrán, mis honorables colegas, conmigo, en que un país con tales instituciones y con oligarquía, es muy extraordinario; tan extraordinario que es verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que los honorables diputados que nos dieron a conocer esa oligarquía, hayan sufrido un ofuscamiento, que les ha impedido mirar bien, confundiendo así lo que es distinción e influencias sociales y políticas de muchos, nacidas de los servicios públicos, de la virtud, del saber, del talento del trabajo, de la riqueza y aun de los antecedentes de familia, con una oligarquía. Oligarquías como ésas son comunes y existen en los países más libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontrarán oligarquía de esta clase en Inglaterra y aún en los Estados Unidos de América. A esas oligarquías que son cimientos inconmovibles del edificio social y político, sólo las condenan los anarquistas y los improvisados.

También definió y defendió a la oligarquía chilena, desde Buenos Aires, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge[82] en Nuestra Amé-rica, asignándole a la coalición que derrocó al presidente Balmaceda un neto carácter de aristocracia tradicional e ignorando —o disimulando— los otros elementos que la integraban. Pero, en todo caso señalando que la oligarquía se enfrentaba decididamente con las clases medias y populares:

La Revolución que derrocó a Balmaceda puede considerarse un triunfo de un partido históricamente aristócrata, en el carácter, si no en el nombre, contra la nueva tendencia reaccionariamente democrática de un gobierno que, resistido por la clase rica y blanca, buscó el apoyo de la clase pobre y mestiza: del pueblo, de los “rotos”…

Fue un rasgo peculiar de esas oligarquías repudiar, si no los principios, las consecuencias, al menos, de la democracia igualitaria. Cierta vez le preguntaron a Eduardo Wilde, finísimo escritor y político argentino, qué era “la universidad del sufragio”; su respuesta fue: “el triunfo de la ignorancia universal”. Fue en 1885.

Doce años más tarde, el vizconde de Saboia escribió en sus Tragos da política republicana que, en el Brasil, la república estaba compuesta de “rateros, bandidos y asesinos”. Hubo, como se advierte en la frase de Carlos Octavio Bunge, una invencible aversión a las clases populares, que adquirió caracteres de odio y desprecio cuando se trataba de población indígena. El mismo Bunge[83] decía refiriéndose a ella: “Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean! — habían diezmado a la población indígena y africana…”.

Y no menos categórico era el escritor boliviano Alcides Arguedas, que, en Pueblo enfermo,[84] decía del indio: “Hoy día, ignorante, de-gradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía… y oyendo a su alma repleta de odios, desahoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”.

También manifestó la oligarquía un marcado desdén por las clases medias en ascenso, en las que veía, sin duda, un adversario potencial puesto que demostraba una decidida tendencia a participar en la vida política.

El conservador chileno Rafael Egaña decía, refiriéndose a Balmaceda:[85]

Personificaban la resistencia a la dictadura (de Balmaceda) las personalidades más altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio… y se rodeaba (Balmaceda) de advenedizos y desconocidos, gente de posición indefinida, sin títulos para entrar en la alta sociedad, pero con pretensiones de sobreponerse al bajo pueblo…

Con tales convicciones, la oligarquía liberalburguesa pudo ejercer el poder con la seguridad de que constituía una clase elegida. En verdad, era la clase eficaz para afrontar la empresa económica a la que los distintos países latinoamericanos eran llamados por la organización capitalista mundial; y con este título, desdeñó no sólo a los grupos señoriales que procuraban mantener la estructura tradicional —a los que llamaba reaccionarios y oscurantistas— sino también a los grupos de clase media y popular que mantenían su adhesión a los principios del liberalismo y contemplaban atónitos a qué extremos los habían conducido las oligarquías.

No faltó, desde uno y otro sector, quienes denunciaron la entrega de las economías nacionales al capital extranjero. José Batlle y Ordóñez enjuiciaba en su periódico El Día, de Montevideo, al presidente Herrera y Obes:[86]

Si se examinan los rasgos culminantes de toda la conducta de los Poderes Públicos y de toda la propaganda orista, se verá claramente que los verdaderos intereses nacionales nunca se han tenido en cuenta; se verá que han sido sacrificados a los intereses de lo que aquí llaman ‘alto comercio’, o sea, los intereses de un grupo de dependientes y factores de fábricas extranjeras cuyos productos introducen.

Y el chileno Luis Aldunate decía, refiriéndose a la enajenación de las salitreras:[87]

El remate de las propiedades salitreras fiscales tiene que producir dolorosas consecuencias, no sólo porque no hay capitales en el país que puedan competir en concurrencia libre con la masa de recursos de los cuales disponen los extranjeros, sino porque necesitábamos precisamente de las oficinas, de las máquinas del Esta-do para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y los azares de esa industria, que requiere de grandes medios de desenvolvimiento y que está sujeta a sacudidas violentas.

Para promover el desarrollo de la economía, impulsar la prosperidad y crear un ambiente de seguridad para los inversores extranjeros, las nuevas oligarquías, acaso recogiendo los signos de cierta generalizada fatiga de tantas querellas internas, proclamaron un lema que la república del Brasil inscribió en su bandera: “Orden y progreso”.

Era lo mismo que afirmó el presidente argentino Julio A. Roca al hacerse cargo de la presidencia: “Paz y administración”. Y el presidente de Colombia Rafael Núñez, declaraba que era propósito de la “Regeneración” establecer “la paz verdadera y científica’. Era un anhelo de quienes entreveían un porvenir de riqueza, y de reducir y canalizar la actividad política.

La política debía, en lo futuro, encuadrarse dentro de marcos estrictos y el Estado de la oligarquía liberalburguesa se dispuso a apelar a la fuerza de un ejército moderno y organizado para reprimir todo intento de apelación a la Revolución. Roca[88] lo prometió de manera muy enérgica en oportunidad de hacerse cargo del gobierno en 1880: “Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo Nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública”.

Y agregaba: “Espero, sin embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la república por el crimen de la guerra civil”.

Era, más o menos, que en Colombia decía Núñez en 1884:[89] “El propósito del gobierno del que somos exponentes, será siempre el mismo: reprimirá estrictamente, conforme a la ley, todas las perturbaciones del orden político, que por lo general son grave amenaza del orden social”.

El pensamiento de Porfirio Díaz fue expresado en México con el lema de “poca política y mucha administración”. Al enjuiciarlo el filósofo Antonio Caso hacía notar:[90]

El error de Porfirio Díaz consistió en preferir sistemáticamente el desarrollo de los sistemas económicos, en creer que la riqueza es el solo aliento de los gobiernos fuertes, y, sobre todo, en pensar que el bienestar nacional exigía la supresión de las prácticas democráticas, por eso su gobierno, que aconsejaba el lema de ‘poca política y mucha administración’, cayó vencido.

La decisión de limitar la actividad política fue una decisión de restringir los márgenes sociales de la participación política. Las oligarquías cerraron el camino por el cual tendían a incorporarse a la vida pública las clases medias en ascenso y, en algunos países, las clases populares. Se utilizaron mecanismos electorales para evitar la expresión de las disidencias, estableciendo limitaciones legales —por ejemplo, para los analfabetos— o haciendo fraude en los comicios. Negaron obstinadamente la posibilidad de llevar a los cargos públicos a quienes no pertenecieran al círculo oligárquico, y crearon clientelas electorales y administrativas que respaldaban el sistema cerrado y facilitaban su funcionamiento. Naturalmente, quien ejerciera la presidencia de la república no podía salir sino de esos círculos.

El argentino Eduardo Wilde exigía este designio oligárquico en principio: “Será presidente el candidato que designe el general Roca —decía en un editorial periodístico al tratarse la sucesión de éste—. El general se ha hecho acreedor a esa conducta y debe aceptar el honor con serena conciencia”. Era el régimen que, poco después, se llamaría “el unicato”. En México, Justo Sierra[91] —ministro de Porfirio Díaz como Eduardo Wilde lo fue de Julio A. Roca— escribía:

Las dictaduras de hombres progresistas, que sean al mismo tiempo administradores inteligentes y honrados de los fondos públicos, suelen ser eminentemente benéficas en los países que se forman, porque aseguran la paz y garantizan el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. Pueden ser detestables en teoría, pero las teorías pertenecen a la historia del pensamiento político, no a la historia política, que sólo puede generalizar científicamente sobre hechos.

Y refiriéndose a Porfirio Díaz, explicaba la singular naturaleza de su poder y autoridad:[92]

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investi-do, por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su pro-grama de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órga-nos oficiales, de la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del Presi-dente, puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal; no se trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del país, como parecen afir-mar los fantaseadores de sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país, que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la vo-luntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional; y se ha atribuido a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la trasformación económica, sino para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, ha-brá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.

Las oligarquías declinaron, en cierto modo, su propia participación y apoyaron entusiastamente este tipo de dictadura, porque preferían la ejecutividad autoritaria de quien estaban seguras de que las interpretaba, a no abrir la peligrosa compuerta de la lucha política, tras de la cual esperaba una masa cada vez más numerosa de gentes, que creía tener derecho a participar en la vida pública. La oligarquía, en rigor, gobernaba desde los cargos públicos, pero gobernaba más aún utilizando los resortes del Estado en beneficio de sus intereses privados: un reavivamiento de la actividad política no podía, pues, menos que perjudicarla sin darle nada en cambio.

Venezuela conoció, en la figura de Antonio Guzmán Blanco, el tipo de dictador autoritario que se ajustaba a sus designios. Empero, Venezuela, como algún otro país, probó que el sistema podía extremarse. La dictadura de Juan Vicente Gómez fue ese extremo. Laureano Vallenilla Lanz[93] escribió en su tiempo un denso estudio—que tituló Cesarismo democrático— para probar que los países lati-noamericanos han tenido siempre necesidad de un jefe omnímodo que asumiera la totalidad del poder:

Si en todos los países y en todos los tiempos… se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aun el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Estas virtudes las hallaba íntegras precisamente en el presidente Juan Vicente Gómez, a quien atribuía no sólo las calidades necesarias sino también la obligación de ejercer la autoridad absoluta:[94]

Convencido de su misión política, no sólo por las satisfacciones de su propia conciencia, sino por las constantes y elocuentes manifestaciones con que la inmensa mayoría de los venezolanos demuestran su gratitud y su fe por los nobles y honrados procederes del egregio caudillo, el general Gómez está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos conduce a un bienestar fundado en hechos po-sitivos.

Sin duda, Juan Vicente Gómez, como antes Cipriano Castro y antes aún Antonio Guzmán Blanco, representaba a los grupos más poderosos y los benefició al beneficiarse él mismo. Pero su dictadura, que sería difícil calificar dados los extremos que alcanzó, sobrepasó las expectativas de la oligarquía venezolana: el presidente cedió sin condiciones a la presión del capital petrolero norteamericano, y sus posibilidades de desarrollo quedaron limitadas dentro de los estrechísimos márgenes que fueron establecidos desde el extranjero. Quizás el de Juan Vicente Gómez sea un caso extremo. Pero esta posibilidad estaba implícita en la actitud de todas las oligarquías liberalburguesas de Latinoamérica. Por eso se transformaron en una típica derecha frente a los viejos partidos y grupos que conservaban y cultivaban la tradición ideológica del liberalismo y, más aún, frente a los nuevos y crecientes grupos sociales de clase media y popular que aspiraban no sólo al ascenso económico y social sino también a la participación política.

5. El pensamiento político del populismo desde la entreguerra

Si fueron importantes los cambios estructurales que se operaron en los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, más importantes fueron aún sus consecuencias en las primeras décadas del XX. Y no tanto, quizá, porque se consumaran los cambios en la organización económica —que por lo contrario resistió vigorosamente— sino porque se precipitaron los procesos sociales derivados, a un ritmo y a una escala que sobrepasaban los de los cambios económicos. Este desfazamiento suscitó graves problemas políticos e ideológicos.

Persistió, modernizado y agresivo, el pensamiento político de las burguesías liberalburguesas, cada vez más afianzado como ideología de la clase dirigente, cada vez más ajustado a la situación real; y persistió, envejecido y nostálgico, el pensamiento político de los grupos señoriales, cada vez más entregados a las burguesías liberalburguesas e integrados en ellas, aunque celosos de sus principios y normas, generalmente convertidos en prejuicios.

La novedad consistió en la aparición de una nueva derecha, influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional —a veces de las generaciones más jóvenes— que la enfrentaron y denunciaron por su entrega a las oligarquías liberalburguesas y por su abandono de los principios señoriales. Y si esto constituyó una novedad, explicable como un fenómeno de mimetismo, más lo fue la conversión que empezó a operar luego esa nueva derecha en busca de apoyo popular o en busca de soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares. Éstos son los grupos que suelen llamarse populistas, aun cuando la designación no sea totalmente ortodoxa. Es preferible, empero, para no usar la de los movimientos europeos que constituyeron sus modelos, luego aban-donados, y para destacar ciertas tendencias muy vigorosas que se advierten en ellos.

Como en el caso de las dictaduras liberales, también aquí se plantea el problema de la clasificación de estos grupos. Si nos atenemos al criterio político, puede decirse que revelan una inequívoca tendencia al ejercicio de un poder fuerte, dictatorial a veces, al uso de la fuerza para la conquista del poder, y a la imposición de cierto tipo de dictadura ideológica para la defensa de un sistema de fines arraigado en la tradición señorial y católica. Desde este punto de vista podría decirse que el populismo es un movimiento de derecha. Pero si nos atenemos a un criterio socioeconómico advertimos que el populismo ha aceptado el cambio y ha comenzado, en Latinoamérica, la busca de un esquema de cambio original. No es, en efecto, y pese a la frecuente retórica nacionalista, un simple retorno a la tradición, al ordenamiento social y económico propio del mundo señorial. Es, sin duda, un cambio para escapar del orden liberalburgués, pero cada vez más, según parece observarse, con un signo moderno que corresponde a lo que hoy se llama una sociedad de masas en el seno del mundo industrial, y es, precisamente, un cambio que pretende la reordenación de las masas según un sistema de fines que pueden o no compartirse, pero que corresponde a una problemática moderna y procura hallar fórmulas sociales y políticas dentro del repertorio de posibilidades que promete el incontenible proceso de desarrollo. Así, si nos atenemos a un criterio socioeconómico, no podría decirse que el populismo sea un movimiento de derecha sino una derecha paradójicamente volcada hacia la izquierda.

Este diagnóstico —es importante subrayarlo— corresponde a la situación actual. Pero como la situación social latinoamericana es muy fluida e inestable, no se podría asegurar que sea éste un diagnóstico definitivo. O mejor dicho, un diagnóstico que corresponda a núcleos esenciales. Más bien podría adivinarse que lo que está ocurriendo es una nueva alineación de partidarios de la perduración de orden liberalburgués y de partidarios de su cambio. En las nuevas alineaciones se entrecruzan los grupos, y el observador diagnostica sobre los procesos que tiene a la vista sin poder evitar la consideración de los diversos grupos que toman posición en cada frente: se extraña de que haya comunistas y socialistas embarcados en posiciones ranciamente liberales, y que haya sacerdotes y antiguos simpatizantes de Mussolini o Hitler que asuman actitudes revolucionarias modernas. En rigor, esta circunstancia perderá importancia con el tiempo, y los frentes a favor o en contra del cambio precisarán su fisonomía y cobrarán homogeneidad sin que importe la antigua filiación de sus componentes.

De todos modos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, éste parece ser el fenómeno más curioso: la escisión de la derecha en dos sectores: uno, adherido a la tradición liberalburguesa; otro, adherido a una nueva filosofía de cambio. En virtud de un proceso que, según cierto criterio formal —y en ocasiones un criterio realista—, o parte de la derecha, o la transforma, si se quiere, en una derecha paradójica, puesto que se lanza a la promoción del cambio desde dentro del sistema, con garantías que le permiten un tipo de acción que le está vedado a quienes pretenden impulsar el cambio desde fuera del sistema.

El cambio social y económico

La Primera Guerra Mundial constituyó, para Europa y para el mundo, el fin de la belle époque. Antes de ella, y a lo largo de cinco décadas, habíase arraigado la convicción de que el mundo se movía dentro de una armonía perfecta: la del mundo liberalburgués, maduro en sus ideas, maduro en las formas de su sensibilidad y maduro en la conducción de sus intereses. Pero esa armonía era inestable, y la inevitabilidad de la guerra probó que yacían en su seno contradicciones profundas que sólo transitoriamente podían haber hallado un equilibrio. Una vez roto, los cambios más violentos se produjeron en el ordenamiento económico, social, político y cultural. Los principios liberalburgueses que parecían más sólidos fueron aventados por los regímenes que se establecieron en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal. Por su parte, Inglaterra y Francia salieron gravemente disminuidas de la contienda, y Estados Unidos surgió como un gigante cada vez más poderoso por su riqueza y su poder militar.

Estos cambios se irradiaron rápidamente hacia la periferia de Europa, a los países de economía dependiente que se habían organizado a la sombra de la armonía del mundo liberalburgués, para servir a las necesidades y a las exigencias del núcleo hegemónico y recoger, en cambio, los márgenes de ganancia tolerables. Al sacudirse la organización, cada una de las partes recibió un mismo impacto, pero reaccionó de distinto modo según su propia estructura.

Latinoamérica sufrió muchas y muy diversas crisis, todas relacionadas con las alternativas del mercado exterior. Los tradicionales compradores de materias primas, en parte responsables del establecimiento de regímenes de monoproducción, reajustaron sus relaciones económicas con sus clientes en los términos más adecuados a sus necesidades, y todos los países latinoamericanos se encontraron con imprevistas situaciones para las que no estaban preparados. Hubo desequilibrios estructurales, desesperados intentos de reorganizar la vida económica por parte de las minorías perjudicadas, ingenuos tanteos y virajes audaces que, siempre, de alguna manera, atenuaban los efectos de la crisis que sufrían las oligarquías y solían pagar las clases medias y populares.

Por lo demás, la crisis de entreguerra estalló en una situación ya ligeramente alterada en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las interrupciones en el suministro normal de productos manufacturados había permitido el desarrollo de ciertas industrias, cuyo crecimiento esbozaba una situación de desarrollo en muchos países latinoamericanos. Pero el fin de la guerra y el reajuste de la economía mundial trajo consigo un intento de paralizar ese desarrollo, en beneficio del viejo sistema de preguerra que se trataba de reconstituir. La crisis fue, pues, más intensa aún.

Latinoamérica fue, después de la Primera Guerra Mundial, escenario de una lucha de mercados entre Inglaterra y Estados Unidos. Este último país avanzó considerablemente, y tanto sus capitales como su influencia política penetraron en muchos países latinoamericanos modificando las condiciones del desarrollo económico, el poder de los diversos grupos de la oligarquía liberalburguesa y las perspectivas de las clases medias y populares. Fue la época de las intervenciones armadas en Nicaragua y Santo Domingo, de las presiones políticas, de la obtención de concesiones y privilegios económicos en muchos países. El petróleo se transformó en el motor de la política internacional. La industria automotriz creció vertiginosamente y buscó sus mercados extranjeros con pertinaz empeño. Y mientras crecía la complejidad de la vida económica, se desataban las contradicciones del sistema, visibles en las crisis financieras y monetarias de los países europeos y agudizadas en la crisis de 1929. Los controles se agudizaron: controles de la producción, controles de los precios, controles de cambios. La vida económica se transformó cada vez más en un mecanismo de precisión, y el número de quienes la controlaban y manejaban se fue reduciendo.

Toda esta transformación económica incidió en los países latinoamericanos sobre los procesos sociales y económicos locales. En efecto, el hecho de que predominara una economía dependiente no significó que la vida de cada país o de cada región se redujera a los esquemas que esa economía imponía. El desarrollo económico mismo tuvo peculiaridades locales en muchos aspectos que escapaban al esquema, y aun en algunos que entraban dentro de él, puesto que las reacciones fueron el resultado de muchos factores locales. Más aún ocurrió en el plano de la vida social. La dependencia económica sujetó a ciertos sectores, pero no impidió que, aun éstos, conservaran su peculiaridad y, menos aún, que reaccionaran según su propia idiosincracia, en tanto que otros sectores que recibían los impactos de la dependencia económica, en distinta medida operaban complejos desarrollos de marcado matiz local.

Es sumamente importante señalar este fenómeno. Los impactos externos fueron iguales y tendieron a homogeneizar a Latinoamérica; pero las reacciones fueron diferentes y mantuvieron —o acentuaron quizá— la diferenciación en cuanto a la naturaleza de los problemas.

La expansión de las clases medias fue un fenómeno general en Latinoamérica, que se acentuó mucho después de la Primera Guerra Mundial y que tuvo distintos aspectos según los países y las regiones. Fuera de la influencia que en todas partes del mundo tuvo la Revolución industrial en la formación de las clases medias —una clase de consumidores—, en Latinoamérica influyó mucho la importancia que adquirieron los sectores terciarios, en un sistema económico en el que la intermediación cumplía un papel fundamental. El signo más visible de ese crecimiento fue el desarrollo de las ciudades, hacia las que emigraban todos los que podían hacerlo, abandonando los campos donde la sujeción era mayor, los salarios más bajos y, sobre todo, donde los desposeídos vivían la miseria rural, que en el mundo industrial parece peor que la miseria urbana, más dura esta última en ocasiones, pero más gratificante y retributiva psicológicamente. De los que emigraban, una parte no pequeña logró ascender hacia los estratos inferiores de las clases medias. Tuvo ésta, educación, atención médica, entretenimientos, fácil comunicación y posibilidades de consumo. Y por el ejercicio de tales posibilidades no sólo crecieron las clases medias sino que adquirieron ciertos rasgos de clase media vastos sectores de las clases populares.

También adquirió la clase media la posibilidad de acentuar su participación política, dentro del margen, más o menos extenso, que permitía el predominio de las oligarquías liberalburguesas. Pero aun cuando no pudo participar efectivamente en el poder, la clase media pudo hacer sentir su presión, e ingresar ocasionalmente a través de las fisuras del sistema.

Las clases populares sufrieron un proceso de desarrollo aún más notable. Casi totalmente pasivas hasta poco antes, aparecieron de pronto en muchos países como una fuerza eruptiva, quizás incapaz de orientarse por sí misma, propensa a volcar su formidable poder a favor de quien la sedujera. Era —obsérvese bien— lo mismo que habían hecho antes las clases medias, cuyos primeros pasos hacia su incorporación a la vida política habían sido a la zaga de algún sector señorial u oligárquico que las había buscado para usarlas como ariete contra sus adversarios dentro del sistema. Las clases populares irrumpieron. Habían aparecido en México detrás de Zapata o de Villa; y aparecieron luego en Brasil, en Perú, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Cuba. Sería largo describir la fisonomía del proceso, y más largo aún, y acaso más incierto, explicarlo rigurosamente porque todavía estamos inmersos en esa inusitada experiencia. Pero de todos modos es innegable que desde la década del veinte el fenómeno reapareció una y otra vez, y que fueron inútiles todos los esfuerzos para encubrirlo.

Podría intentarse, pero sería ajeno a nuestro tema, caracterizar cómo se constituían las masas que siguieron a Haya de la Torre, a Vargas, a Paz Estensoro, a Perón, a Gaitán, a Castro. Pero no puede dejarse de señalar el hecho, porque sin él es inexplicable no sólo la creciente inquietud revolucionaria —que escapa a nuestro tema— sino también la aparición de lo que llamamos el populismo. Tampoco puede dejar de señalarse la significación de fenómenos de irrupción popular tan significativos como el “17 de octubre” en Buenos Aires, en 1945, o el “bogotazo” del 9 de abril de 1948. Los mineros de Chile o de Bolivia no se parecen a los siervos de la mita, por cierto. Y los campesinos cubanos mostraron una capacidad para quemar etapas en el camino del desarrollo político, que evidenció la potencialidad que se esconde en las clases populares.

Esta situación, obsérvese bien, era prácticamente imprevisible fuera de México, antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de las clases populares como factor político es un fenómeno que en muchos países tiene veinte años y en otros treinta o cuarenta. Nada más explicable que estos fenómenos y los del crecimiento de las clases medias hayan obrado profundamente sobre la actitud de ciertos estratos de las derechas tradicionales, y provocado el curioso fenómeno de la aparición de la derecha paradójica, del populismo.

La continuidad del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Ante los síntomas de la crisis de posguerra, las oligarquías liberalburguesas —a las que estaban cada vez más estrechamente incorporados los grupos económicamente importantes de tradición señorial— se apresuraron a ajustar los mecanismos del poder para controlar lo mejor posible las alternativas del proceso.

En algunos casos hubo un simple estrechamiento de filas para presentar un solo frente político mientras se cumplía el plan económico. En otros casos hubo en el seno de la oligarquía liberalburguesa un enfrentamiento de grupos que disputaban el comando de la operación de ajuste, o por desconfianza en cuanto a las ideas y los compromisos de cada grupo, o por interés de asegurarse la totalidad o la mayor parte de las ventajas si había opción entre las soluciones. Y en ciertos casos, como en otras oportunidades en que se sintió en peligro, delegó el poder en un hombre fuerte —o simplemente lo apo-yó—, en el que reconocía capacidad y apoyo exterior suficiente como para llegar a la solución deseada.

La situación se hizo crítica hacia 1930, fecha que constituye un hito en la historia política de muchos países latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua y Ubico en Guatemala; en Colombia llegaron al poder los liberales, con Olaya Herrera, en tanto que en la Argentina triunfó la Revolución conservadora presidida por Uriburu; Bolivia vio el fin del régimen de Siles —al que reemplazó Salamanca—; el Perú, el de Leguía —sustituido por Sánchez Cerro—; y poco después Cuba el de Machado, reemplazado por una junta que entregó el poder a Grau San Martín; en Brasil surgió el régimen de Vargas; en el Uruguay dio Terra un golpe dictatorial; se desató la crisis política en Chile, de la que saldría una efímera república socialista primero y la vuelta al poder de Alessandri; estalló la guerra civil en Ecuador; y finalmente se encendió entre Paraguay y Bolivia la guerra del Chaco. Entre los países grandes, sólo México escapó a esta crisis. Todos fueron cambios profundos, generalmente turbulentos y dramáticos, tras los cuales el régimen anterior no volvió a ser restaurado jamás en las mismas condiciones, porque las fisuras de la situación habían quedado al descubierto y el sistema de las fuerzas sociales y políticas se constituyó en términos nuevos e irreversibles. La oligarquía liberalburguesa, bajo distintas formas y en variadas alianzas con los grupos de poder nacionales y extranjeros, asumió la responsabilidad de conservar el control de la situación sin que sus equipos de gobierno y sus personeros vacilaran en renunciar a algunas de sus más caras y tradicionales convicciones. Puede decirse que, a partir de ese momento, la oligarquía liberalburguesa fue más burguesa que liberal. Casi todo lo poco que conservaba de sus antiguas ideas liberales fue arrojado por la borda. En rigor, el sistema liberal había funcionado como una especie de fair play entre los distintos grupos de la burguesía, y dejó de funcionar cuando aparecieron en la escena política nuevos sectores sociales no pertenecientes a ella, movidos por distintas aspiraciones.

En el campo de la política interna, el programa de la democracia liberal fue considerado, de hecho, imposible de cumplir.

Sin duda que la retórica política siguió usándolo, quizá con más énfasis que antes. Pero de hecho quedó caduco. Las dictaduras políticas fueron rigorosas. Las elecciones, cuando las hubo, fueron en casi todas partes proscriptivas o fraudulentas, y en algunos países fueron un verdadero escarnio. Los partidos opositores fueron perse-guidos, las minorías despreciadas, los derechos civiles conculcados y los simples derechos humanos ignorados por verdaderos Estados policíacos. Las huelgas y los movimientos obreros fueron considerados atentados contra la seguridad pública, en tanto que se apoyaba la despiadada explotación de los trabajadores por las grandes em-presas nacionales y extranjeras.

Entretanto, en el campo de la política económica se produjo un viraje fundamental. El Estado abandonó los principios de prescindencia que la oligarquía había enunciado y defendido tenazmente hasta entonces, e intervino directa y brutalmente a veces, en la conducción de la economía. La producción y los precios fueron controlados por medio de organismos reguladores. Aparecieron los bancos centrales que dirigieron celosamente la circulación monetaria, la distribución del crédito y el uso de las divisas extranjeras. Los viejos principios del liberalismo económico quedaron olvidados.

Lo que si quedó en pie fueron los principios que habían hecho de los antiguos grupos burgueses y liberales una oligarquía cerrada. Conservó ésta la certidumbre de que sus intereses coincidían con los del país, la firme convicción de que era peligroso mantener abierto el camino hacia la participación política de los sectores medios y populares, y la decidida resolución de contener de cualquier modo los movimientos obreros que luchaban por modificar las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta resolución fue cada vez más firme, a medida que se agudizaron los conflictos, que creció —hasta límites dramáticos— la desocupación, que se acentuaron las migraciones internas y el éxodo rural, que explotaron las rebeliones de las clases tradicionalmente sometidas. Estos principios fueron, en realidad, los que nutrieron a las burguesías liberalburguesas, que seguían declarando, sin embargo, su devoción por el Estado liberal de derecho, por la constitución vigente, por el régimen jurídico, por el sistema parlamentario.

Esos principios no habían sido observados nunca de manera absoluta; pero la oligarquía liberalburguesa había parecido admitir que, con el tiempo y con el desarrollo de la educación, sería posible un día que se cumplieran plenamente. La oligarquía liberalburguesa asumía una especie de tutela de las clases en ascenso, y, ciertamente, la experiencia de algunos países autorizaba a pensar que ésa era su política para el futuro, como lo había sido en más de un caso antes de la crisis. El armazón legal del Estado se mantuvo, pero la violación del orden legal quedó prácticamente justificada por la costumbre.

El desarrollo normal del proceso económico y social acentuó los problemas a medida que la inflexibilidad del sistema gubernamental se extremó. Lo que ocurrió en Colombia desde 1948 y en Argentina desde 1945 se incubó sordamente durante este período. Las oligarquías fueron absolutamente insensibles a los problemas del pasado. La crisis se hizo visible con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas posibilidades de negocios aparecieron para las oligarquías, pero aparecieron para los sectores medios y populares otras posibilidades de rebelión, que se canalizarían a través de otros movimientos, algunos de los cuales tuvieron éxito más o menos duradero mientras otros se fueron disolviendo hasta perder agresividad.

Lo importante es que la oligarquía liberalburguesa estrechó sus filas nuevamente y volvió a cambiar de opinión frente a muchos problemas. Se destacaron de su seno sectores industrialistas que trataron de lograr una política de protección para su campo económico; pero los equipos dirigentes entraron de lleno en la esfera de acción del nuevo capital predominante —esta vez el norteamericano— y se afiliaron otra vez a una decidida política liberal que sostuvo la necesidad de mantener el régimen de la libre empresa. El neoliberalismo que pretendía imitar el sistema económico de los Estados Unidos y de los países como Alemania e Italia donde se había operado el llamado ‘‘milagro” de la economía liberal, fue defendido en los países latinoamericanos donde la coyuntura de la guerra había permitido desencadenar un proceso relativamente vigoroso de industrialización. Y en otros aspectos —menos en el político— el liberalismo volvió a ser considerado como el sistema propio de una democracia. Una retórica anacrónica envolvió esta prédica que, naturalmente, empezó a alejar de los partidos políticos que la defendían a los sectores medios y populares.

Las oligarquías liberalburguesas se encontraron, así, enfrentadas por vastas masas que acumulaban cada vez más experiencia. Para enfrentarlas acentuaron la defensa del liberalismo y lo transformaron en sinónimo de sistema de libertades individuales. Esos principios fueron identificados con los que rigen el mundo occidental y cristiano, y opuestos a los que rigen el mundo comunista. Todo principio de estatización, todo llamado a la justicia social, toda tendencia a la socialización o colectivización fue considerado expresión del “comunismo”, un ente que adquirió, por la fuerza de la propaganda, una variada gama de connotaciones. El papa Juan XXIII y el presidente Kennedy fueron considerados “idiotas útiles”, y el presidente Frei, el “Kerensky chileno”. Sólo pareció respetable, a sus ojos, la perduración verbal de un conjunto de nobles principios que habían movido la Independencia, pero que las oligarquías liberalburguesas habían abandonado de hecho en el momento mismo en que se convirtieron en oligarquías.

Las reminiscencias del pensamiento político de los grupos señoriales

Desde el punto de vista del poder, los grupos de tipo tradicional y de mentalidad señorial dejaron de ser importantes en Latinoamérica por sí mismos en las últimas décadas. Obsérvese bien, que se trata de la posibilidad de que predominaran por sí mismos, porque, en efecto, el mecanismo de la economía mundial los puso en la opción de fusionarse con la oligarquía liberalburguesa, o transformarse ellos mismos en eso, o perder toda eficacia económica y política.

Por sí mismos, sin embargo, los grupos señoriales mantuvieron cierta importancia. Ante todo, como componentes de la oligarquía liberalburguesa, puesto que de acuerdo con su gravitación le infundieron distinto aire. Allí donde la tradición señorial conservó prestigio, arrastró a muchos miembros de la nueva oligarquía a una imitación más o menos grotesca de su estilo de vida, a una adopción más o menos arraigada de sus ideales y prejuicios. Y si la influencia fue grande pudieron los grupos señoriales cubrir con su bandera ese complejo social que constituyó la oligarquía liberalburguesa.

Pero, además, los grupos señoriales siguieron constituyendo el signo —o el vestigio— de una sociedad tradicional que, aunque periclitada, seguía siendo un cuadro de referencias para los más celosos defensores del sistema constituido —las fuerzas armadas y la Iglesia, que medían la tolerabilidad de los cambios según el margen de alejamiento de aquel esquema. En la retórica tradicional latinoamericana, el heroísmo y la santidad parecían ser los rasgos predominantes de una sociedad precapitalista que, de acuerdo con ella, habría prevalecido en Latinoamérica —heredera de Portugal y España— durante los buenos tiempos pasados. Sería largo estudiar el mecanismo por el cual se ha constituido esta retórica en Latinoamérica, y más complejo aún desentrañar el extraño fenómeno psicosocial en virtud del cual sectores relativamente extensos de la sociedad creen que tal retórica expresa una realidad profunda. Lo importante es que los sectores señoriales representan, a sus propios ojos y ante los ojos de vastos grupos del clero y de las fuerzas armadas, una tradición valiosa, referida a la tradición hidalga, consustanciada con el espíritu de una aristocracia secular y apoyada en los vigorosos ideales del mundo feudal. Puede decirse, en resumen, falsamente por cierto, que los grupos señoriales representan una mentalidad precapitalista que conserva considerable predicamento en algunos sectores de la sociedad latinoamericana.

Es considerable el número de grupos y personas que, en determinada ocasión, se muestran identificados con esa concepción de la vida, sin perjuicio de que opere como generadora de normas y actitudes en la vida cotidiana. Subsisten las clientelas rurales de las viejas clases poseedoras, solidarias con ellas por la subsistencia de una sociedad paternalista; pero subsisten vastos sectores medios para los cuales la imitación de las formas de vida y la imitación de las formas externas de comportamiento de las viejas clases poseedoras supone alcanzar un signo de prestigio. El hecho es significativo, porque revela hasta qué punto las formas de vida y de pensamiento de los grupos señoriales constituyen marcos de referencia para sociedades que. sin embargo, han operado importantes cambios de estructura incompatibles con aquéllas.

Hubo países —la Argentina, por ejemplo—. donde llegaron a constituirse en la década del 30 grupos monárquicos, aparentemente con seriedad. Cierto es que sus integrantes se sentían camelots du roi, pero el proyecto, que tuvo una revista como instrumento de difusión. se refería concretamente a la realidad Argentina y no carecía de simpatizantes entre quienes parecían tener alguna influencia en-tre los grupos de poder.

El pensamiento político de los grupos señoriales no tiene, pues, más valor que el de una reminiscencia —nostálgica a veces, llena de dignidad literaria en algunos autores, grotesca en ocasiones—esgrimida como un fantasma por quienes sólo excepcionalmente creen en él. Sin embargo, es importante hacer dos observaciones a su respecto. que acaso se confundan en una sola.

El pensamiento político de los grupos señoriales, allí donde subsiste. mantiene su oposición, no sólo a las concepciones políticas de la democracia sino también a las formas de vida y a los principios propios del orden capitalista y liberal. Forma parte de su elenco de ideas, llamémosle así. el prejuicio contra el capital judío, contra los masones, contra los políticos, pero también contra Estados Unidos y. a veces, contra Inglaterra. El prejuicio capitalista funciona como un ariete anticapitalista, quizá por inadvertencia, y el prejuicio hispánico como un ariete antinorteamericano.

Deben agregarse a este sistema de prejuicios los que provienen de una vigorosa actitud contra los parvenus, los nuevos ricos, los cuales suponen todo un enjuiciamiento a la totalidad de la sociedad contemporánea y a su mecanismo de desarrollo y diferenciación.

Por otra parte, el pensamiento político de los grupos señoriales conserva muy vivas las reminiscencias de la organización paternalista: de la hacienda y del Estado. Ese sentimiento paternalista fue hostigado duramente por la oligarquía liberalburguesa porque, efectivamente, representaba un principio político intolerable en una sociedad moderna, y contradictorio en relación con el afianzamiento de la democracia.

Pero, después de varias décadas de ejercicio de la democracia liberal, vastos sectores populares en distintas regiones de diversos países latinoamericanos, al tener acceso a la vida política, han actualizado la concepción paternalista, actuando de acuerdo con ella y recibiendo por excusados caminos el apoyo de los grupos señoriales supérstites.

Esta actitud política es, en sí misma y en teoría, escasamente eficaz en el mundo de la sociedad industrial; pero permite una transferencia hacia concepciones políticas no liberales, no individualistas, en las que el paternalismo adopta una fisonomía diferente, como el comunitarismo. el corporativismo y, en general, los proyectos de organización social promovidos por las encíclicas de la Iglesia Católica.

El pensamiento político de los grupos señoriales es, pues, una reminiscencia anacrónica: pero quedan señaladas las líneas a través de las cuales las nuevas generaciones de los grupos señoriales pudieron llegar a formular los principios de la derecha paradójica, de la derecha volcada hacia el cambio, del populismo.

El pensamiento político del populismo

Se conoce con el nombre de populismo a los movimientos de tendencia popular —o destinados a polarizar a las masas hacia soluciones que les satisfagan— que rechazan tanto la tradición liberal como la tradición marxista.

No siempre es fácil filiar clara y objetivamente su origen, pero es innegable que, en general, el populismo proviene —por la extracción de sus dirigentes y por la peculiaridad de su pensamiento— de los grupos de derecha: pero no de las oligarquías liberalburguesas sino de los grupos señoriales, marginalizados como tales por aquellas. En nombre de una concepción señorial, católica, precapitalista y antiliberal, grupos provenientes de los sectores más tradicionales comenzaron a orientar sus simpatías hacia los regímenes de fuerza y hacia las doctrinas antiliberales. Maurras, Daudet, Sorel, Pareto ejercieron una profunda influencia ideológica. El triunfo de Mussolini y su denuncia de los regímenes liberales, así como su decidida acción contra los movimientos obreros —socialistas y comunistas—, polarizó la admiración de los grupos aristo-cratizantes que desdeñaban la demagogia de la nueva democracia latinoamericana, fundada en una retórica liberal, apoyada por las clases medias en vías de ascenso y explotada sabiamente por las oligarquías liberalburguesas. Al cabo de poco tiempo casi todos los grupos adoptaron uniformes y organizaciones semimilitares, imitando las camisas negras y pardas, las milicias fascistas o las fuerzas S.S.

Con tales caracteres, esos movimientos no pasaron de ser insignificantes esfuerzos de grupos minoritarios, de tendencia aristocratizante, sin otra fuerza que la que podía prestarle el apoyo que recibieron en muchos casos de grupos militares dispuestos a la acción. Pero a partir de cierto momento, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de las impresionantes victorias militares del Eje, los grupos que se denominaban nacionalistas comenzaron a obtener apoyo popular. La germanofilia los señaló como adversarios del mundo anglosajón y, por allí, del capitalismo y el imperialismo inglés y norteamericano: de modo que no les fue difícil aparecer como los campeones de una lucha por la liberación nacional, en la que aceptaron embarcarse grupos intelectuales y grupos obreros —con y sin experiencia sindical— agobiados por la presión de los monopolios internacionales. Estos movimientos crecieron. La enérgica campaña antibritánica y el reclamo de los derechos de las clases sometidas a las presiones económicas v sociales de las grandes empresas dio a los grupos nacionalistas un aire fuertemente popular; y a medida que creció el apoyo ese aire se acentuó y la dinámica del movimiento se fue acelerando hasta transformar totalmente los movimientos aristocratizantes y antidemocráticos en movimientos populares antiliberales.

El antiliberalismo fue uno de los rasgos sobresalientes del pensamiento político del populismo. Recogía, sin duda, la tradición señorial, pero fue presentado con una nueva fisonomía en la que, junto a la crítica, podían advertirse ideas constructivas que sonaban bien en los oídos de las clases populares.

Jorge González von Marées, líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, admitía la clara filiación fascista de éste, en cuanto tenía de apertura hacia soluciones no liberales:[95]

Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano sino que es mundial. El encarna la reacción espontánea y natu-ral de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea. de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación, sobre la mediocridad, que constituye la característica del liberalismo; significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico v el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signifique, por ningún motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemán. Nuestro movimiento se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionalista.

Pocos años después, el periódico La Nueva República[96] vocero de los nacionalistas argentinos, definía su posición como un intento de restaurar los principios políticos tradicionales, conculcados por la democracia liberal:

La Nueva República se ha definido como un grupo nacionalista. Este voca-blo que despierta la antipatía instintiva de quienes lo consideran aplicable a una exaltación irrazonada del sentimiento patriótico que degenera en xenofobia, ha sido adoptado por nosotros como insustituible para expresar un cierto orden de relaciones jurídicas. El nacionalismo —hemos dicho— persigue el bien de la nación, de la colectividad humana organizada; considera que existe una subordinación necesaria de los intereses individuales al interés de dicha colectividad y de los derechos individuales al derecho del Estado. Esto basta para diferenciarlo de las doctrinas del panteísmo político, las cuales se caracterizan por el olvido de ese fin esencial de todo gobierno —el bien común— para sustituirlo por principios abstractos: soberanía del pueblo, libertad, igualdad, redención del proletariado.

Los movimientos nacionalistas actuales se manifiestan en todos los países como una restauración de los principios políticos tradicionales, de la idea clásica del gobierno, en oposición a los errores del doctrinarismo democrático, cuyas consecuencias desastrosas denuncia. Frente a los mitos disolventes de los demagogos erige las verdades fundamentales que son la vida y la grandeza de las naciones: orden, autoridad y jerarquía.

Una definición coherente de los objetivos contra los cuales el nacionalismo quería luchar y de aquéllos que quería conseguir, apareció en el documento titulado “Principios y acción del Movimiento nacionalista revolucionario“, que sirvió de base para la fundación del partido boliviano de ese nombre en 1941. En el segundo punto, el antiliberalismo se manifestaba, al mismo tiempo, como una ofensiva contra el sistema capitalista y liberal y como un ataque contra el socialismo, vinculado —se decía— con el internacionalismo judío y la masonería:[97]

Denunciamos como antinacional toda posible relación entre los partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas y la invocación del ‘socialismo’ como argumento tendiente a facilitar la intromisión de extranjeros en nuestra política interna o internacional, o en cualquier actividad en la que perjudiquen a los bolivianos. Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de acciones o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones. Exigimos una ley que obligue a las empresas periodísticas o de cualquier género de publicidad a declarar ante las autoridades civiles o militares cuando contraten servicios de redactores o colaboradores extranjeros especificando los salarios que les paguen y los servicios que aquéllos presten. Exigimos la prohibición absoluta del ingreso de extranjeros al Ejército para el comando de tropas, salvo como profesores de la oficialidad, previa aprobación mediante ley. Exigimos la formación de un registro de todos los empleados dependientes de las empresas extranjeras con especificación prolija de antecedentes, sueldos o salarios, bajo la vigilancia del Estado Mayor del Ejército. Exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía y de cualquier otra que no tenga eficacia productora.

Y cuando Paz Estensoro[98] nacionalizó las minas de estaño en 1952, extremó la crítica del sistema capitalista:

El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobre-za generales del país hizo posible el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ello fue agravado luego por una legislación excesivamente liberal en la que no se contemplaba obligación social alguna y apenas sí insignificantes cargas tributarias. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político, deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación y de tres millones y medio de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de tres individuos.

Fue impuesta la monoproducción como característica de la economía na-cional. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de los mercados extranjeros. Las fluc-tuaciones en la cotización del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, reper-cutían sin embargo, vertical y decisivamente, sobre toda la vida del país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, se hacia más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artículos im-portados.

Esta actitud antiliberal, manifestada en el seno de una sociedad vigorosamente estructurada dentro de tal sistema, importaba una clara aceptación de la necesidad del cambio y un designio resuelto de promoverlo a cualquier precio. Esta decisión significaba una actitud revolucionaria, un abandono de la típica actitud de la derecha señorial y de la derecha liberal burguesa. No sería fácil establecer en qué medida y por qué vías el pensamiento de la izquierda revolucionaria había influido en el pensamiento político de los grupos populistas, pero es evidente que, una vez salvados los distintos fines ideológicos, la aceptación del cambio y la programación del sentido que debería tener, aproximaba a los grupos populistas más a la izquierda —a la que querían combatir y a cuyo desafío pretendían responder— que a los distintos grupos de la derecha tradicional.

Su divergencia residía en el sentido del cambio. Descartada la idea de la legitimidad de la lucha de clases, del designio de constituir- una sociedad sin clases: rechazada la concepción materialista y dialéctica de la historia y la innegable continuidad que ella implicaba con respecto a algunos aspectos de la tradición liberal, los grupos populistas organizaron poco a poco un ideario bastante homogéneo, que expresó el sentido del cambio a que aspiraba.

A la aspiración de las izquierdas a constituir un mundo socialista, el populismo opuso, en Latinoamérica, su aspiración a reconstruir un mundo en el que predominaran los principios del catolicismo antiutilitario, de la hispanidad y del nacionalismo. En 1945 escribía el filósofo boliviano Roberto Prudencio:[99]

Mientras nosotros vivimos en un mundo de crisis, en medio de la duda y la incertidumbre, pues ni siquiera tenemos ya la seguridad del positivismo en el futuro de la ciencia, el hombre de la Edad Media concebía el universo como un todo armónico que servía a los fines de Dios.

La vida humana tenía un principio y un fin, regulados desde la eternidad. El hombre era la obra de Dios y la vida un camino hacia El. La concepción del mundo que tenían aquellas almas religiosas se podría representar en la imagen de una catedral gótica. Nos ha tocado vivir en un mundo sin valor, en un mundo vacío de contenido. en un mundo sin belleza, sin amor y sin Dios.

Era la opinión que expresaba el filósofo mexicano José Vasconcelos en su Breve Historia de México, señalando por una parte la nefasta contribución del protestantismo anglosajón que tanto había influido, en su opinión, sobre los liberales, y por otra la pugna “de latinidad contra sajonismo” sobre la que se extendía en La raza cósmica. El tema del catolicismo conducía al tema de la hispanidad. Vasconcelos afirmaba categóricamente que:[100] “…el paso inmedi ato la emancipación económica tendría que ser emancipación intelectual y el retorno a lo hispánico”.

El hispanismo, en efecto, fue un polo del pensamiento del populismo, y se manifestó en las ideas de los peruanos Riva Agüero y Porras Barrenechea, del venezolano Briceño Iragorri, del argentino Ibarguren, del uruguayo Herrera. Era una doctrina política, pero suponía una actitud intelectual que entrañaba un “revisionismo” de la historia y la política de todos los países latinoamericanos. El liberalismo había sido una ideología extranjera y había perturbado el desarrollo nacional. La verdadera raíz de Latinoamérica, de cada uno de los países que la componían, era el mundo colonial hispánico, donde se escondían los fundamentos de la nacionalidad. Walter Montenegro,[101] uno de los fundadores del Movimiento nacionalista revolucionario, escribía en la revista Kollasuyo de La Paz, fundada precisamente para profundizar los estudios bolivianos:

Todo lo cual, nos permite, pues, jerarquizar la Colonia como una noble y alta fuente de inspiración cultural cuya sola existencia constituye el más categórico desmentido a la idea de quienes piensan que, no teniendo nosotros, los bolivianos, nada valioso, nada de que enorgullecemos justamente en nuestro pasado, estamos fatalmente condenados a desear, y a buscar nuestra incondicional incorporación de vencidos a las formas de vida, vale decir a la cultura occidental, europea.

Y aquí nos encontramos con el tercer período de nuestra historia, que constituye precisamente, por sus fuentes de inspiración, y por los rumbos de su pensamiento, la más infortunada y falsa negación de los valores americanistas, vale decir bolivianistas, que se propugna en estas líneas.

En efecto, tomada la Colonia en aquel aspecto puramente negativo de que nos habla el escritor últimamente citado, y al influjo preponderante y unilateral de las ideas políticas, la República hace un repudio absoluto y sistemático de ella; quema sus restos y aventa las cenizas.

Importa, en cambio, junto con la ‘Libertad, Fraternidad e Igualdad’ de la Revolución Francesa, y el sentido demoliberal de aquélla, el gusto, la preferencia por todo cuanto trascendiese a gálicos orígenes.

Y menospreciando aquello que por la sangre es suyo, adopta así en lo material como en lo espiritual, político, jurídico y cultural, en fin, lo que la Francia del siglo XIX le envía.

Otros factores veía también el nacionalismo en la formación de la nación, y todos fueron señalados y analizados porque la situación era el núcleo de la concepción histórica, social y política.

Si el nacionalismo concebía idealmente un mundo incontaminado en el que prevalecían los principios del catolicismo y la hispanidad, dentro de él no reconocía como unidades históricas reales nada más que las naciones, cada una de las cuales poseía según la concepción romántica, una individualidad intransferible, un alma. Esa alma se había formado a lo largo del tiempo, y cada nación debía reivindicar sus remotos orígenes. Por eso el nacionalismo creyó que había que “revisar” el valor de la época colonial, para buscar en ella la primera fisonomía del alma nacional. Pero no se detuvo allí. También reivindicó la tradición indígena. Lo había hecho ya la Revolución mexicana y lo harían otros movimientos más tarde.

El indigenismo fue una teoría, especialmente en Perú y Bolivia. Entre otros, la sostuvieron en Bolivia de manera eminente Franz Ta- mayo, que veía en el indio boliviano el depositario del alma nacional, Jaime Mendoza y el grupo que Roberto Prudencio aglutinó alrededor de la revista Kollasuyo. en parte el mismo que actuó en el Movimiento Nacional revolucionario; y la promovieron y adoptaron en Perú, bajo la remota inspiración de Clorinda Matto de Turner, el antropólogo Luis E. Valcárcel y los novelistas Ciro Alegría y José María Arguedas. El nacionalismo recogió esa teoría y la incluyó dentro de su sistema.

Pero el pasado histórico no era toda la raíz de la nacionalidad. El boliviano Jaime Mendoza escribía: “Cuando se habla del indio, implícitamente se alude a la tierra”. Este sentimiento aparece también en Tamayo y se encuentra expresado de manera tajante en Prudencio: “La cultura no es sino la expresión de lo telúrico”. Este trasfon- do de pasado histórico y sentimiento telúrico apareció entre los nacionalistas brasileños, en el antropólogo Euclides da Cunha, en el novelista Graça Aranha, en el filósofo Alberto Torres. Y en México, un vasto movimiento destinado a definir “lo mexicano” se expresó a través de una rica literatura y adquirió forma en el pensamiento de Vasconcelos, Ramos y Zea.

Bajo la forma de movimiento político populista, el nacionalismo recogió esa doctrina de las esencias nacionales —peruanidad, bolivianidad, mexicanidad, argentinidad— y la movilizó en busca de soluciones para los grandes problemas de la nación, al margen de las tradicionales fórmulas liberales y de las que ofrecían los partidos de la izquierda marxista.

Se intentó programar una economía nacional, cuya primera consigna debía ser escapar de los tentáculos del capitalismo internacional. Decía el argentino Carlos Ibarguren[102] en carta a un candidato presidencial conservador:

Anhelo vivamente… que limpie Ud. el escenario público, cuyos actores ac-tuales nada representan y constituyen una oligarquía de profesionales de la política que corren en pos del mantenimiento de sus posiciones y de sus intereses particula-res; que conquiste Ud. la completa independencia económica de nuestra patria, li-berándola de monopolios y de la presión del capitalismo internacional que la tienen ahogada en muchos de sus órganos vitales…

Radomiro Tomic,[103] uno de los jefes de la democracia cristiana chilena, decía en 1948: “Los que creemos en el Social-Cristianismo creemos en la posibilidad de hallar una síntesis entre las profundas modificaciones de estructura que necesita la economía para ponerse al servicio del Trabajo en vez de seguir al servicio del Capital, y la plena salvaguardia de los valores espirituales…”.

De este modo, concretaba su programa en una serie de transformaciones fundamentales para la economía chilena, evitando el principio de la socialización de los bienes de producción. Tal era también el principio del Movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, en cuyo programa se decía:[104]

Afirmamos nuestra fe en el poder de la raza indomestiza; en la solidaridad de los bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el aprovechamiento de la técnica para construir la Nación sobre un régimen de verdadera justicia social boliviana, sobre bases económica y política-mente condicionadas con sujeción al poder del Estado.

Exigimos la voluntad tenaz de los bolivianos para mantener ante lodo la propiedad de la tierra y de la producción, su esfuerzo político para que el Estado fortalecido asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria ex-tractiva, y su acción individual para formar la pequeña industria. Exigimos el con-curso de todos para extirpar los grandes monopolios privados y que las actividades comerciales minoristas sean desempeñadas exclusivamente por bolivianos. Exigi-mos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vista a in-corporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella, y a lograr una organización adecuada de la economía agrícola para obtener el máximo rendimiento. Exigimos la nacionalización de los servicios públicos.

Esta actitud frente al ordenamiento económico fue también predominante en la política de Vargas[105] y en la de Perón. Decía Vargas a los dos años de la Revolución:

El individualismo excesivo que caracterizó el siglo pasado, necesitaba en-contrar límite y correctivo en la preocupación predominante del interés social. No hay en esa actitud, ningún indicio de hostilidad al capital, que, al contrario, necesita ser atraído, amparado y garantizado por el poder público. Pero la mejor manera de garantizarlo está, justamente, en transformar el proletariado en una fuerza orgánica de cooperación con el Estado y no dejarlo que, por el abandono de la ley, se entregue a la acción disolvente de elementos perturbadores, privados de sentimientos de patria y de familia.

Una posición semejante sostuvo Perón[106] en 1946, antes de llegar a la presidencia, cuando se suponía que necesitaba apelar a todos los recursos para atraer el voto popular:

No soy tampoco de los que creen que los integrantes de la llamada Unión democrática han dejado de llenar su programa político —vale decir, su democracia— con un contenido económico. Lo que pasa es que ellos están defendiendo un sistema capitalista con perjuicio o con desprecio de los intereses de los trabajadores, aun cuando les hagan las pequeñas concesiones a que luego habré de referirme; mientras que nosotros defendemos la posición del trabajador y creemos que sólo aumentando enormemente su bienestar e incrementando su participación en el Estado y la intervención de éste en las relaciones del trabajo, será posible que subsista lo que el sistema capitalista de libre iniciativa tiene de bueno y de aprovechable frente a los sistemas colectivistas. Por el bien de mi patria quisiera que mis enemigos se convencieran de que mi actitud no sólo es humana sino que es conservadora en la noble acepción del vocablo. Y bueno sería también que desechasen de una vez el calificativo de demagógico que se atribuye a todos mis actos, no porque carezcan de valor constructivo ni porque vayan encaminados a implantar una tiranía de la plebe (que es el significado de la palabra demagogia) sino simplemente porque no van de acuerdo con los egoístas intereses capitalistas, ni se preocupan con exceso de la actual ‘estructura social’ ni de lo que ellos barriendo para adentro llaman ‘los supremos intereses del país’ confundiéndolos con los suyos propios.

Pero los grupos más avanzados del peronismo consiguieron imponer al reformarse la Constitución Argentina de 1949 un artículo que expresaba su concepción de la economía nacional:[107]

La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguaradia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortiguado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La organización de la economía debía traer consigo una reorganización social y política. El nacionalismo declaró caduco el sistema individualista y el régimen parlamentario, y buscó sustitutos. En principio los halló en la teoría del corporativismo. El intento más acabado de la nueva concepción social fue el Estado Novo montado por Vargas en el Brasil después del golpe de Estado de 1937. En la Argentina se intentó cautelosamente a través de una constitución provincial. Pero en ambos casos los esfuerzos fueron efímeros, sobre todo por el desprestigio que acarreó al sistema la derrota del Eje. En la imposibilidad de estatuir un sistema orgánico, se proclamaron vagos principios políticos. Rojas Pinilla arriesgó en Colombia una definición de la democracia y de los principios políticos de su gobierno:[108]

democracia es la mejor interpretación de la voluntad soberana del pueblo; democracia es oportunidad para que todos trabajen honrada y pacíficamente; de-mocracia es el otorgamiento de garantías sin discriminación alguna; democracia es gobierno de las fuerzas armadas.

¿Quién puede dar oídos a las voces que hablan de gobierno despótico y de poderes omnímodos?

Vosotros diréis ahora si preferís la democracia de parlamentos vociferantes, prensa irresponsable, huelgas ilegales, elecciones prematuras y sangrientas y burocracia partidista, o preferís la democracia que los resentidos llaman dictadura, de tranquilidad y sosiego ciudadano, obras de aliento nacional, garantías para el trabajo, técnica y pulcritud administrativa y ancho campo para la verdadera libertad y las iniciativas del músculo y de la inteligencia.

Perón, por su parte, dejando subsistente el sistema parlamentario tradicional, intentó una “organización del pueblo” cuyo programa establecía:[109] “La comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalecientemente sociales”.

Y procuró llevarlo a cabo estimulando las diversas asociaciones y promoviendo su ostensible participación en el gobierno.

En principio, el populismo asumió la defensa de los intereses populares, pero entendiendo que requerían la tutela de una aristocracia, de una elite sobre cuyo origen y constitución sólo hubo vagos indicios. Perón y Vargas hablaban de la formación de nuevos cuadros, y en efecto promovieron su formación sin reparar en el origen social; pero en importantes sectores del nacionalismo populista subsistían los resabios de una concepción aristocratizante que suponía la conservación del poder y de la tutela en manos de las clases ilustradas o tradicionales.

Para coronar el edificio del nuevo orden nacional, el populismo afirmó la existencia de una cultura nacional, nutrida de savia vernácula y orientada según su espontánea concepción de la vida. También en este campo resonaron las apelaciones a los sentimientos telúricos, a la tradición indígena, al pasado colonial, y las imprecaciones contra la tradición europea, francesa especialmente en cuanto tenía de liberal y racionalista. Una revalorización del arto autóctono y de las tradiciones vernáculas acompañó esta afirmación de la vigencia de la cultura nacional.

Notas

1 Oliveira Vianna. Evolución del pueblo brasileño. Buenos Aires. 1937, p. 286.

2 Ots Capdequí, José M., Instituciones sociales de la América española en el período colonial. La Plata, 1934, p. 33.

3 Fray Vicente del Salvador, Historia do Brasil, cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 65.

4 Las Casas, Bartolomé de, Historia de las Indias, Libro III, cap. IV.

5 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, 1958, p. 68.

6 Van Vliervelt, “Reflexiones sobre el Brasil”, Revista del Instituto Histórico de San Pablo, vol. V, p.135: cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 64.

7 Abad y Queipo, Manuel. Representación al Rey sobre la inmunidad personal del clero de Michoacán, del 11 de enero de 1799, cf. J. Romero Flores, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, México, 1945.

8 Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre la Isla de Cuba, La Habana, 1960, p. 162.

9 Arzobispo San Alberto, Catecismo Regio.

10 Sepúlveda, Juan Ginés de, Democrates alter, pp. 81, 85 y 171: cf. Silvio

11 Op. cit., pp. 100-101

12 Zárate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Buenos Aires, 1965, p. 15.

13 Relación de los hechos y fin heroico del General Liniers, en Anales de la Biblioteca, tomo III, Buenos Aires, 1904, p. 336.

14 Giménez Rueda, Julio, Letras de México, México, 1944, p. 80.

15 Díaz, José Domingo, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, 1961, p. 45 y sigs.

16 Alamán, Lucas, Semblanzas e Ideario, México, 1963, p. 171.

17 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, La Plata, 1938, p. 74.

18 Toro, Fermín, Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1854.

19 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., p. 75.

20 Montalvo, Juan. “liberales y conservadores’’, en El Regenerador, número 3. 1867, t. 1, p. 104.

21 El Constitucional, 20 de noviembre de 1868; cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 224.

22 Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Bogotá, 1948, t. 1, p. 44.

23 El Tizón Republicano, 23 de junio de 1823: cf. G. Feliu Cruz. La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago, 1942, p. 102.

24 4 Camacho Roldán, Salvador, Op. cit., t. I, p. 83.

25 Ruy Barbosa, Conferencias y discursos, Buenos Aires, 1939, p. 250.

26 Vallarta, Ignacio L., Discurso del 8 de agosto de 1856, en el Congreso Extraordinario Constituyente, cf. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. III, p. 588.

27 Pardo y Aliaga, Felipe, Poesías y escritos en prosa, París, 1869.

28 Op. cit.

29 Robertson, J. P. y C., Cartas del Paraguay.

30 Auto del 25 de octubre de 1816. en Cuaderno de Autos Supremos: cf. Efraim Cardozo, Paraguay independiente, 1949. p. 58.

31 Sánchez Quell, H., política internacional del Paraguay, Buenos Aires, 1945. p. 73.

32 cf. Pérez Acosta. J., Francia y Bonpland, Buenos Aires, 1942, p. 23

33 Robertson, J. P. Y G., Op. cit.

34 Cardozo, Efraim. Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, p. 85.

35 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., 1938, p. 261 y sigs.

36 6 cf. Cardozo, Efraim. Paraguay independiente, p. 64: Chávez, El supremo dictador.

37 Saldías, Adolfo, Papeles de Rosas, La Plata, 1904.

38 Cancionero del tiempo de Rosas, selección de José Luis Lanuza, Buenos Aires, 1941. p. 38.

39 40 Saldías, Adolfo, Op. cit.

40 Gálvez. Manuel, Vida de D. Gabriel García Moreno, Buenos Aires, 1942. p. 329.

41 Mera, Juan León, El héroe mártir, Canto a la memoria de García Moreno, Quito. 1876.

42 cf. Alfonso M. Escudero, Introducción a Cumandá, Austral, p. 28.

43 “Las leyes de García Moreno’’, en El Regenerador, número 5, t. 1, p. 162.

44 Gálvez, Manuel, Op. cit., p. 327.

45 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961. t. III.

46 47 Alamán, Lucas, Semblanzas e ideario, México, 1963, p. 103.

47 Loc cit.

48 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, XI, p. 234.

49 Calmón, Pedro, Historia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, p. 251.

50 Oliveira Torres, Joao Camillo de, A democracia coronada (Teoría política do Impero do Brasil), Río de Janeiro, 1957, p. 498.

51 Carta constitucional del 16 de marzo de 1824, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961, t. 1, p. 261.

52 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Apéndice 36, Obras Completas, Buenos Aires, 1941, t. IX, p. 247.

53 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Apéndice 15, Obras Completas. Buenos Aires, 1940, t. V, .p. 262.

54 Cf. Francisco A. Encina, Portales, Santiago de Chile. 1934.1. II. p. 226.

55 Cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 220.

56 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 52.

57 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, en El pensamiento constitucional hispanoamericano, Caracas, 1961, t. V, pp. 171-172.

58 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 53.

59 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, Op. cit., pp. 165.

60 Op. cit., pp. 169.

61 Madame Calderón de la Barca, La vida en México, México, 1959. capítulos XLV-XLVII.

62 Vicuña Mackenna, Benjamín, Don Diego Portales, Santiago de Chile, 1937, p. 587; Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática, capítulo VII.

63 Encina, Francisco A., Portales, t. 1. p. 242.

64 Vicuña Mackena, Benjamín, Op. cit., p. 557 y siguientes.

65 Herrera, Luis Alberto de, Por la Patria, Montevideo, 1953, t. I, p. 65.

66 Op. cit., t. I, p. 64.

67 Op. cit., t. 1, p. 6.

68 Freyre, Gilberto, Casa-Grande y Senzala, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 61.

69 Oliveira Vianna, Evolución del pueblo brasileño, p. 81.

70 Op. cit., p. 138 y sigs.

71 Op. cit., p. 111 y sigs.

72 Op. cit., p. 260.

73 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, 1960. p. 212 y sigs.

74 Rodó, José Enrique, Ariel, Valencia, 1920, p. 75 y sigs.

75 Op. cit., p. 84 y sigs

76 Goyena, Pedro, “Discursos parlamentarios del 6 y 11 de julio de 1883”, en Obra Selecta, Buenos Aires, 1943, p. 260 y sigs.

77 8 Op. cit., p. 263.

78 Estrada, José Manuel, Discurso en el Congreso Católico de Buenos Aires de 1884, en Páginas del Maestro, Buenos Aires. 1942, p. 20.

79 Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940, p. 444 y sigs.

80 Justo, Juan B., La teoría científica de la historia v la política Argentina, en La realización del socialismo, Buenos Aires, 1947, p. 171.

81 Cf. Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile, Santiago, 1955, p. 99.

82 Bunge. Carlos Octavio, Nuestra América, t. III, i, p. 168.

83 Op. cit., t. I, XI, p. 160.

84 Arguedas, Alcides, Pueblo enfermo, p. 28.

85 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 96.

86 Cf. F. R. Pintos, Batlle y el proceso histórico Uruguay.

87 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 116.

88 Roca, Julio A., Discurso del Presidente de la República, en Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, primera parte, p. 293.

89 Nieto Arteta, Luis A., Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1942, p. 406.

90 /hi> Caso, Antonio, México, apuntamientos de cultura patria, México. 1943. p. 14.

91 Sierra, Justo, Op. cit., p. 251.

92 Op. cit., p. 454 y sigs.

93 Vallenilla Lanz, L., Cesarismo democrático, Caracas, 1929, p. 123.

94 Vallenilla Lanz, L., La rehabilitación de Venezuela, Caracas, 1926, I, p. 18 y sigs.

95 Jobet, Julio César, Op. cit., p. 196.

96 La Nueva República, número 43, Buenos Aires, 1º de Diciembre de 1928.

97 Cf. Alberto S. Cornejo, Programas políticos de Bolivia, Cochabamba, 1949, p. 148.

98 Paz Estensoro, Víctor, Discursos y Mensajes, Buenos Aires, 1953, p. 30.

99 Prudencio, Roberto, Los valores religiosos, 1945.

100 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, México, 1960, p. 278 y sigs.

101 Montenegro, Walter, “La bolivianidad en la economía y la historia”, Kollasuyo, número 13, La Paz, enero de 1940.

102 Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 499.

103 Tomic Romero, Radomiro, “Capitalismo, comunismo, democracia cristiana”, discurso parlamentario del 11 de mayo de 1948.

104 Cf. Alberto S. Cornejo. Op. cit., p. 149.

105 Vargas, Getulio, “As classes trabalhadoras o govêrno da Revoluçao”, discurso del 29 de octubre de 1932, en A nova política do Brasil, Río de Janeiro, II, p. 97.

106 Perón, Juan D., “Discurso pronunciado en su proclamación como candidato a la presidencia constitucional de la Nación”, 12 de febrero de 1946.

107 Constitución Argentina de 1949, artículo 40.

108 Cf. La Prensa, Buenos Aires, 27 de agosto de 1956.

109 Doctrina Nacional, presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1954, p. 33. punto 2.

El estado y las facciones en la Antigüedad. 1938

INTRODUCCIÓN

El Estado antiguo, considerado como el conjunto de las formas políticas, históricamente dadas en el mundo heleno- romano, ha sido objeto —desde el Renacimiento— de una investigación prolongada y sabia, tanto como de comentarios intencionadamente dirigidos, en el campo puro de la especulación teórica y en el campo de la acción práctica. La consideración del aspecto político ha predominado en la historiografía moderna hasta el siglo XIX, y la historia de Grecia y de Roma ha proporcionado a políticos y moralistas un material inmenso —la Historia por antonomasia— sobre el cual se han sacado conclusiones de interés contemporáneo, o proposiciones de pretendido valor universal, o normas para el establecimiento de sistemas éticos y políticos. Los Comentarios sobre las Décadas de Tito Livio de Maquiavelo, el Bruto de Quevedo, o la Grandeza y decadencia de los romanos de Montesquieu, son los ejemplos más altos de esta tendencia.

En el campo de la investigación sistemática, Fustel de Coulanges señala —con La cité antique, publicada en 1864— una etapa precisa. Sobre la base de la investigación del material literario, Fustel nos da una visión arquitecturada del conjunto institucional heleno-romano y de la evolución social y política del Estado antiguo. Ulteriormente, el conocimiento del mundo antiguo se ha enriquecido con un inmenso material arqueológico y epigráfico y la investigación se ha hecho, en consecuencia, más amplia y más especializada. Junto a la investigación de los fenómenos políticos, se ha desarrollado intensamente la de los fenómenos económicos y sociales, y esta consideración, así como la consideración diferenciada de la Historia de Grecia y la de Roma, ha repercutido después sobre la investigación del Estado, haciéndola más compleja, menos susceptible de ser reducida a esquemas, más comprensiva de lo distinto. Es así como en la historiografía de los últimos tiempos, la consideración del Estado griego o romano, más que por lograr formas jurídicas esquemáticas, se esfuerza por mostrar el proceso vivo de creación de esas mismas formas y el proceso vivo de su transformación.[1]

El objeto de estas lecciones no será el estudio de la totalidad de los aspectos que presenta el problema del Estado antiguo. Su tema concreto ha de ser la puntualización —pues su brevedad no permitirá llegar a más— de las relaciones entre las formas del Estado teóricamente considerado y los procesos históricos reales, de los cuales son aquéllas el resultado. En estos procesos será la consideración de los conflictos de las facciones lo que se tratará más detenidamente, tratando de descubrir cómo se los encuentra subyacentes en las formas del Estado constituido.

La palabra Estado se usará en adelante en un sentido relativizado, entendiéndolo como formas jurídicas cambiantes, como formas históricas. Esto tiene particular importancia cuando analizamos las fuentes antiguas. En ellas encontraremos, en efecto, dos expresiones, Polis o Respublica, que expresan lo que traducimos por Estado. Pero será necesario tener muy presente que en ellas no encontramos el valor absoluto que desde el siglo XVIII tiene para nosotros la palabra Estado. Polis o Respublica son, en efecto, el Estado, pero nada más que las formas históricas del Estado que con esas palabras se definen.

El Estado está en contacto permanente con grupos sociales o políticos de tendencias concordantes o divergentes. Con un término moderno suele llamárselos “partidos”, y esta designación se usará en el transcurso de estas lecciones cuando convenga. Pero para determinadas situaciones la expresión resultará insuficientemente precisa. Cuando un grupo social se consolida y pierde de vista su situación dentro del Estado para actuar exclusivamente atendiendo a sus intereses doctrinarios o prácticos, ese grupo social ya no es un partido: lo definimos como “facción”, deduciendo ante todo de esa expresión el sentido peyorativo que algunas fuentes —Cicerón, por ejemplo— le dan. La facción es entonces un grupo político-social que encarna intereses económicos y sociales muy definidos y concretos, que antepone el interés de la facción —generalmente como grupo internacional — a los intereses de cada Estado, y que aporta un cierto tipo de política realista destinada a facilitar el logro de sus fines.[2]

I. EL ESTADO EN LAS FUENTES ANTIGUAS

La investigación de las relaciones entre el Estado y las facciones encuentra en las fuentes literarias materiales considerables y significativos. Por una parte hallamos los que nos proporcionan las fuentes filosóficas cuando procuran exponer, en forma sistemática, la concepción de la estructura del Estado; no tenemos allí, generalmente, sino una interpretación estática del Estado, considerado como formas jurídicas. Por otra, en cambio, poseemos los que nos dan las fuentes históricas; en ellos encontramos el Estado en acción, ejercitando el conjunto de sus resortes, violando o corrigiendo las formas constitucionales, construyendo históricamente el Estado. El examen de unos y otros nos proporcionará el conocimiento de las rutas por las cuales deberá realizarse esta investigación.

LA EXPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO

El Estado es la preocupación por excelencia del griego y del romano. Si en los últimos siglos del imperio se anula progresivamente el espíritu público, en los periodos espiritualmente más fértiles se lo encontraba vivo y presente en la conciencia heleno-romana, como para constituir el tema del Estado un problema fundamental. El problema público se da originariamente, en el pensamiento griego, fundido con el problema ético, y si ulteriormente no abandona un esencial contacto con él, en la esfera cognoscitiva adquiere cierta autonomía. Desde entonces, el problema político formará parte del repertorio de los grandes temas de meditación para el griego, como para el romano después. Se proyecta sobre la oratoria y sobre el teatro, pero se expresa fundamentalmente en un tipo de investigación meticulosa sobre problemas básicos: el origen de la sociedad y del Estado, la naturaleza del vínculo político, la naturaleza del derecho y de la ley, etc. Llega, finalmente, a postular normas y aun a estructurar un Estado ideal en el que no se dé ninguna de las circunstancias históricas, de aquellas en las que la investigación política había descubierto el germen de los conflictos sociales.

El origen natural de la sociedad y del Estado

Cuando el pensamiento político griego quiere remontarse a una explicación más remota —casi última— de los fenómenos sociales, se enfrenta con el problema primero de la naturaleza del vínculo social. Es Aristóteles, en la Política, quien descubre y estudia esta faz del problema.

Frente a las tesis contractualistas de los sofistas, que provenían de un individualismo radical, Aristóteles sostiene la existencia de una naturaleza social en el hombre. Podrían suponerse seres infrahumanos o suprahumanos, pero el ser humano, en tanto que tal, es esencialmente un ser gregario.[3] De aquí ciertas formas elementales de convivencia: la relación de varón y mujer, esencialmente biológica pero que lleva en potencia la familia como base de la estructura social, y la relación de amo y esclavo, base de la estructura económica de la familia y, ulteriormente, de la sociedad.[4] Es pues la realización de incitaciones elementales lo que lleva a las formas básicas de la vida social.

Etapa posterior, pero de naturaleza similar, es la agrupación de las familias para la constitución de la aldea.[5] La finalidad de esta formación es una mejor satisfacción de las necesidades colectivas por la cooperación recíproca; supone, pues, una diversificación de las aptitudes. Pero cuando esa diversificación es completa sucede que un grupo de aldeas se reúnen entre sí para integrar una ciudad: en ella se da el Estado como forma política suprema. La última etapa del proceso histórico se cumple así cuando una acabada diversidad funcional permite a un grupo de individuos constituidos en una ciudad bastarse a sí mismos. Esta noción de soberanía económica y social define, para Aristóteles, el Estado.

El vínculo que crea el Estado es de distinta naturaleza del que crea la familia o la aldea: sólo se forma históricamente, después de aquellas etapas. Pero “en el orden de la Naturaleza” el Estado preexiste con respecto a estas formas, como el todo con respecto a las partes.[6] El Estado es, pues, dado en la naturaleza humana como la forma en que han de realizarse los valores propios de la humanidad como género.

El carácter natural de la sociedad política condiciona su ulterior desenvolvimiento, sujetándolo a una ley biológica: como los organismos, los Estados tienen un ciclo regular y es inevitable que recorran todas sus etapas. Este carácter de la evolución social y política es descrito en sus aspectos típicos por Polibio y glosado ulteriormente por Cicerón.

El origen contractual del Estado

La sofística parte de una estructura atómica de la sociedad y se pregunta cómo con esos elementos humanos dispersos puede llegarse a los Estados históricos. El hombre ha vivido solo, defendiendo su existencia y su libertad, en constante lucha con sus semejantes. Un día descubre que este bello ideal individualista es imposible y transige con el régimen que impone la vida social, con la sujeción a normas, con la creación de un poder regulador: el Estado.

Los beneficiarios de este nuevo régimen resultan los débiles, que forman la mayoría, porque son los que no podrían mantener ni su existencia ni su libertad por su solo esfuerzo. Ellos hacen la ley para defenderse entre todos de los fuertes que intentan la constante reivindicación de sus derechos como tales.[7] Los fuertes son los sacrificados, los que en un Estado anárquico habrían podido triunfar y a quienes un Estado regulado somete por el imperio de la mayoría y del interés colectivo.

Para llegar a esa ley, a esa limitación de la libre espontaneidad individual, ha sido necesario un proceso de experiencia de lucha: después se llega al acuerdo, a la delimitación de los derechos, al contrato.[8]

El conjunto de normas y de convenciones que reglan la vida de los individuos en sociedad, para precaverse de los “fuertes según la naturaleza”, constituyen el Estado. El Estado es entonces un producto convencional y las cláusulas de que se compone el acuerdo sobre el cual se basa son siempre revisables. De aquí que, según esta posición, la revolución constituya un proceso latente dentro de cada sociedad. Es así inevitable y permanente, pero es, al mismo tiempo, legítima.

La revolución proviene entonces de la naturaleza convencional del Estado. Si el Estado se ha logrado por un acuerdo defensivo, su estructura jurídica resguarda no la totalidad de los derechos sino los de aquel grupo que lo ha impuesto. El Estado pretende, pues, ser un árbitro, pero no puede desprenderse de las influencias originarias que lo condicionan: el Estado aristocrático hará leyes aristocráticas, el Estado democrático hará leyes democráticas[9] y cada uno llamará justicia al respeto por estas leyes. Esta relativización de la ley y de la justicia implica su determinación histórica, su discusión, y supone, al ser formulada, un pesimismo con respecto a la función reguladora y objetiva del Estado. La ley no vale sino mientras se quiere que sea respetada[10] y, cada cierto tiempo, sus términos deben adaptarse a la presión de los diversos grupos actuantes.

La posición contractual no define sino el proceso formal por el cual se logra la constitución del Estado regulador: como la aristotélica, es una posición sociológica, no histórica. El proceso formal indicado resulta irreductible al esquema real conocido de los Estados empíricos.

El origen legal de las formas históricas del Estado

Cuando en vez de encarar los problemas políticos desde el punto de vista de sus estructuras formales y de sus orígenes, el pensamiento teórico antiguo quería partir de las estructuras estatales empíricas, el problema se hacía mucho más complejo. Ninguna de las realidades históricas conocidas se ajustaba a los esquemas ideales y, por otra parte, el conocimiento de aquéllas era sumamente limitado.

Según la característica vía intelectual griega, la solución de la cuestión planteada se obtuvo por una rápida generalización de la realidad inmediata. Dos hechos históricos proporcionaron el material empírico. Por una parte, la organización de las colonias, realizada desde el punto de vista legal por magistrados enviados desde las metrópolis con un poder emanado de éstas, y que redactaban los cuerpos legales sobre la base de la tradición jurídica de su patria, de la contemplación de las situaciones de emergencia creadas por la colonización, y por las modalidades particulares de su posición espiritual ante los problemas sociales, económicos y políticos. Por otra, las revoluciones provocadas desde el siglo VII por la aparición de una economía predominantemente monetaria en las ciudades griegas, que habían terminado, en algunos casos, con la sanción de constituciones de transacción o francamente revolucionarias, que la tradición —en algunos casos exactamente— atribuía a la omnisapiencia de un legislador.

Sobre este material empírico, el pensamiento griego formuló un deterninismo legal de tipo idealista, según el cual el Estado es el resultado de la ley, la cual es, a su vez, el producto depurado de la razón humana, expresado por un legislador de caracteres que exceden lo meramente humano.

Esta concepción del demiurgo político tenía antecedentes orientales. Hamurabi, Zoroastro o Moisés, delineaban ya la figura del legislador inspirado por la divinidad, semidivino él mismo, que en un momento dado proporciona las fórmulas de la justicia a su pueblo. En una situación semejante coloca el griego la figura de Dracón o de Licurgo, como el romano la de Rómulo, la de Numa o la de Servio. El legislador no podría, con los poderes de su investidura humana, sobreponerse a todos los intereses que lo rodean. Algo debe haber que eleve al legislador por encima de sus gobernantes, y el griego o el romano, como antes el oriental, le atribuye un origen divino. No es necesario suponer que él mismo haya sido un dios: basta con suponerle “una virtud casi divina”[11] como a Licurgo, o una inspiración de los dioses como a Numa.[12] Esta naturaleza le daba una autoridad indiscutida y daba al tipo histórico del legislador una fisonomía peculiar: todo legislador, histórico o ideal, la poseería, en la leyenda, en mayor o menor grado.

La inspiración divina se denotaba en el legislador antiguo por el vuelo de su inteligencia y por el predominio de la razón por encima de todas las demás facultades. La razón era un don divino hecho al hombre y su exaltación en el sabio no podía señalar sino una predilección de los dioses. Quizás en este sentido fuera necesario entender la semidivinidad del legislador griego o romano.

La obra del legislador, aquella en que se expresa ese predominio del logos, es la ley. La ley es un producto puro de la razón.[13] No se entremezclan en ella ni los impulsos de la voluntad ni el influjo de la pasión. Del predominio de la razón saca la ley su imperio, su objetividad y su equidistancia de los intereses en lucha. De allí, pues, su papel regulador de las sociedades.

Cada uno de los Estados empíricos se rige por una constitución; esta constitución es la obra de un legislador o es acaso labor anónima de grupos inspirados sabiamente. De su sanción proviene la vida de ese Estado —no como nación pero sí como ente político— y de sus virtudes y defectos provienen los aciertos y los errores de la vida de la comunidad. Así, la legislación de Licurgo previó cuantas dificultades podían esperar a Lacedemonia, y de sus previsiones provinieron sus aciertos. Generalizando esta conclusión obtenida con respecto al origen de los Estados empíricos, el griego supone en la raíz de cada proceso histórico un Estado de anarquía o un proceso de disolución detenidos por un acto legal. Después, el esquema se repite en la explicación de la grandeza de Roma dada por Polibio y por Cicerón, atribuyendo a la sabiduría de la obra jurídica el equilibrio de las fuerzas sociales dentro del Estado y su colaboración en el mismo.[14] En oposición a la doctrina contractual, el método de esta corriente es eminentemente historicista, y se da con rigor teórico en Platón, Aristóteles, Polibio y Cicerón, en tanto que se lo encuentra aplicado en casi todos los historiadores.

LOS ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO LAS FACCIONES

Si en la exposición sistemática del origen del Estado por los filósofos antiguos no encontramos un cuerpo de afirmaciones categóricas con respecto al papel que cumplen las facciones en la formación de las estructuras jurídicas del Estado, toda la fundación de su pensamiento implica una serie de supuestos que sólo se explican por el análisis de algunos elementos económicos y sociales que han configurado el papel histórico de la facción. Para poder señalar cómo los expositores del Estado antiguo han descubierto la presencia de dichos elementos en la génesis de la estructura estatal, será necesario sistematizar algunas observaciones aisladas en unos casos, y extraer, en otros, de ciertos conceptos, un significado tácito. Podrían encontrarse datos valiosísimos en muchos textos antiguos —Demóstenes, Eurípides, Salustio, por ejemplo— pero será necesario limitarse a señalarlos en las exposiciones orgánicas del problema: Platón y Aristóteles, por una parte, y Polibio y Cicerón, por otra.

Platón y Aristóteles

El examen del pensamiento de su tiempo sobre los problemas políticos, tanto como el análisis de la realidad, lleva a los filósofos griegos a establecer una fundamentación económica del Estado. Esta fundamentación económica puede llegar a determinar la vida del Estado o puede quedar como la base en que se apoya una estructura destinada a fines más altos que los puramente económicos. Pero en la base de la organización estatal aparece una ordenación de los factores económicos que —en mayor o menor escala— actúa sobre la ordenación del Estado.[15]

Factores económicos preponderantes considera Aristóteles la extensión del territorio, su naturaleza, su riqueza, la proximidad del mar,[16] y más importantes aún considera, como Faleas de Calcedonia y en cierto modo como Platón, la existencia de la propiedad privada;[17] pero donde lo económico incide vivamente sobre la organización del Estado es en la determinación de las clases sociales. Tanto para Aristóteles como para Platón, las clases sociales están directamente determinadas por sus intereses económicos. Aristóteles encuentra que las tres clases del Estado ideal de Platón no coinciden con lo que exige una sociedad evolucionada: a una diferenciación progresiva de la vida social y económica corresponde un mayor número de clases, que él lleva hasta ocho.[18] Pero, analizando la realidad, Platón es más certero. Platón establece en su Estado ideal tres clases —trabajadores, guerreros y magistrados— porque pretende que esas clases no estén económicamente determinadas; pero cuando analiza el panorama de los Estados históricos reduce las clases sociales a dos grupos antagónicos, ricos y pobres, dentro de los cuales cabe una distinción más fina, pero que, evidentemente, se agrupan así en cuanto valores de importancia social.[19] Aristóteles coincide con Platón cuando polariza las formas de gobierno en dos: democracia y oligarquía,[20] y acentúa aún más su coincidencia cuando, en otro pasaje, nos explica cuál es el verdadero sentido de estas dos formas, sólo en apariencia diferenciadas por el número de personas que detentan el poder: “La verdadera diferencia entre la oligarquía y la democracia —dice—[21] está en la riqueza y en la pobreza”.

Para ambos pensadores, el estado normal de estas clases es la situación de lucha. Platón las halla así en el Estado real y describe los caracteres por los cuales las luchas de partidos se nos aparecen como luchas de facciones, en el sentido que le hemos dado a esta palabra.[22] Aristóteles encuentra este conflicto en todas partes donde una clase media “más poderosa que las otras”[23] no interpone su autoridad moderadora entre ellas. Unas veces la oposición de las clases extremas se mantiene en latencia; otras hace crisis y la guerra civil estalla con los caracteres de violencia y de odio que la definen. Entonces las facciones recurren a sus vinculaciones internacionales y se constituyen dos frentes antagónicos irreductibles.[24]

La facción triunfante se apodera del Estado. Desde ese momento la forma de gobierno será la que responda a su ideología: una oligarquía o una democracia, según que el grupo predominante sea el de los ricos o el de los pobres.[25] Las formas de gobierno, sin embargo, son más: Aristóteles dice que son tantas como combinaciones son posibles de superioridad y de inferioridad entre las partes del Estado,[26] porque el Estado, aun cuando pretende siempre ser considerado como un poder objetivamente regulador, no puede prescindir nunca de los intereses de la facción que le dio origen. La forma de gobierno no es, pues, una mera cuestión formal, sino que esconde tras sí un arduo problema; porque lo que se llama formas de gobierno son formas estables de equilibrio entre facciones, que éstas adoptan al asumir el poder. Las formas de gobierno son, pues, regímenes del Estado según los grupos sociales predominantes.

De aquí surge una cuestión importante. El Estado puede ser considerado como un valor absoluto, asimilable a nuestro concepto de “nación”, o puede ser considerado como un orden jurídico cambiante. Aristóteles usa los dos significados, pero adopta preferentemente el segundo. El Estado es otro cuando se altera el régimen de distribución de las magistraturas, “como el coro que, figurando ya en la comedia, ya en la tragedia, nos parece otro, aunque frecuentemente se componga de los mismos hombres”.[27] Según la forma de gobierno que adopte, el Estado variará porque aquel cambio no es sino la expresión jurídica de una transformación más profunda de la sociedad. Tras ese cambio será necesario observar el juego de las facciones cuya lucha por el predominio ha determinado un triunfador y un régimen que le es peculiar.

La facción dominante, al establecer determinada forma de gobierno, puede tener —nos dice Aristóteles—[28] dos fines. Por una parte puede proponerse el bien de la totalidad de los ciudadanos por encima de los intereses encontrados. Constituirá entonces una forma pura: será una realeza o una aristocracia o un verdadero régimen constitucional. Por otra, puede proponerse gobernar para sus adictos, imponer por la fuerza su concepción política, buscar el apoyo de los grupos extranjeros de ideología semejante, arrasar con cuantos obstáculos encuentre en el ejercicio de su plan, y gobernar, en una palabra, no para la totalidad de los ciudadanos, sino para los intereses de la facción. A estas segundas formas las llama Aristóteles formas corrompidas: son tiranías, u oligarquías o democracias.

Si se quisiera definir las formas corrompidas de gobierno, se descubriría en ellas un rasgo común: el predominio del espíritu de facción que tiende a imponer su ideología con prescindencia de los intereses de la nación. Tiranía, oligarquía y democracia se nos presentan, en efecto, como regímenes propios de etapas críticas, en los cuales la facción dominante atiende más al problema de su estabilidad en el poder que no a los que plantean el gobierno y el bien de la sociedad. Platón define cómo se llega a esta situación, explicando que cada forma de gobierno lleva en sí su propio germen de destrucción.[29] A cada forma le corresponde una determinada manera de acción, una forma peculiar de seleccionar los hombres en cuyas manos se entrega el Estado, un cierto conjunto de normas características; pero a medida que transcurre su acción se advierte que le es propio también un cierto vicio, una especie de deformación que va implícita en ella y que se deriva, precisamente, de las modalidades que presentaba su acción. Entonces cada forma desemboca en otra —la forma corrompida de Aristóteles— en la cual subsisten los principios formales pero donde hacen crisis ciertos principios de fondo.

La posibilidad de conjurar esta declinación de los regímenes hacia la política de facción apareció en los filósofos griegos —y luego en los romanos— con evidente claridad. Bastaba, para lograrlo, con representar todos los intereses en forma equilibrada para que cada uno se preocupara de mantener el todo a fin de proteger su porción de derecho. Este principio dio lugar a la teoría de los regímenes mixtos. Aristóteles elogia el régimen ateniense por ser “una feliz mezcla de las otras formas de gobierno”[30] y hace en otro lugar la teoría de los regímenes mixtos,[31] a propósito de la constitución de Lacedemonia, elogiada por esa circunstancia. La grandeza de Esparta sería, pues, el resultado de la canalización de los intereses de las diversas clases en otros tantos engranajes del cuerpo político, cada uno de los cuales impide que los otros deriven desde su forma pura hacia las formas impuras determinadas por el predominio de los intereses de clase. Sobre semejante razonamiento elogiarán Polibio y Cicerón la constitución romana. Los regímenes mixtos se conciben, pues, como regímenes de conciliación nacional en los cuales se sepultan —organizándolos— los intereses encontrados de las facciones.

Polibio y Cicerón

El orbe al cual tiene que adaptar Polibio el pensamiento político griego es mucho más vasto que el que atraía la meditación de Platón o la de Aristóteles. La ciudad-Estado, sobre la cual reposaba aquella especulación, había quebrado desde los tiempos mismos del estagirita, y, sobre la base del individualismo postulado por las escuelas postaristotélicas, se constituía poco a poco la noción de imperio. Trasladar a este nuevo tipo estatal los conceptos de la ciencia política griega es el papel de Polibio de Megalopolis, miembro distinguido de los grupos aristocráticos de la Liga Aquea y que, en Roma, se vincula con la familia de los Escipiones y con su grupo intelectual y político.

Polibio entiende las formas de gobierno en el sentido platónico. Cada una de ellas responde a una situación histórica, creada por la lucha de las facciones y por el triunfo de una de ellas. El curso del gobierno muestra un periodo de acción destinado a lograr el bien del Estado —de acuerdo con la ideología predominante— y un periodo cuya acción sólo se encuentra dirigida por la necesidad de defender su situación de facción en el poder. Pero Polibio dinamiza este concepto. Para él, el ciclo de las formas puras y las formas corrompidas se organiza según una “ley natural”,[32] de acuerdo con la cual ha de regirse la vida de todo Estado, pues el Estado es un producto natural —en el sentido aristotélico— y como tal debe ajustarse a un proceso determinado. Esta dinámica social es caracterizada con precisión por Polibio, con elementos sacados, seguramente, de los cuadros que da Platón, a lo largo del libro VIII de la República, de los fenómenos de crisis políticas. Lo característico de la formulación de Polibio es el tono fuertemente naturalista que atribuye al proceso, y, como consecuencia, el carácter de determinación rigurosa que le asigna. Los Estados no pueden, en efecto, evadirse de ese ciclo y sus etapas deberán recorrerse una a una, porque cada una de ellas lleva preformada la otra en sí misma.[33] Cicerón, que también admite este proceso en el desarrollo de los Estados, no lo define como un determinismo natural sino más bien como animado por ciertas determinaciones psicológicas, basadas en algunos principios de validez universal entrevistos en la conducta humana.[34]

Lo que define el momento de crisis en una forma de gobierno es la acentuación de ciertas modalidades propias de cada una de ellas. El grupo dominante adopta un tono político —el espíritu de facción— y gobierna con él. Las notas distintivas del espíritu de facción han sido muy finamente percibidas por Polibio y por Cicerón. Polibio, por su posición política, percibió con distinta intensidad los aspectos revolucionarios y demagógicos de las facciones democráticas y los de las facciones oligárquicas. En la acción de las primeras, señaló las consecuencias funestas de la legislación de deudas,[35] que fue uno de los tópicos característicos de la propaganda popular, y las de la legislación agraria[36] que pertenecía al mismo tipo de acción política.

Con tal motivo plantea Polibio el significado de la institución del tribunado. Elemento originariamente revolucionario en la vida social romana, el tribunado ha sido progresivamente amoldado al orden jurídico, en un proceso que Cicerón describe con suma precisión.[37] Cada cierto tiempo, los grupos populares echan mano de aquella arma, ahora enriquecida con los resortes que le da su carácter institucional, y procuran movilizarla en el sentido de las reivindicaciones democráticas. Polibio acusa en este elemento constitucional un aspecto criticable dentro del admirable equilibrio de la constitución romana; cegado por sus intereses de partido, Polibio insiste desproporcionadamente sobre él, pero, al hacerlo, nos señala un aspecto dinámico de la estructura del Estado romano. La facción se vale en un momento dado de aquellos recursos que había consentido en no usar, haciéndolos salir del equilibrio en que actuaban para obrar con su antigua libertad. En este momento la facción ha abandonado la política de conciliación en virtud de la cual había concedido la limitación de su fuerza autónoma, y ha vuelto a actuar como facción.[38] Polibio, al criticarlo, nos muestra vivamente el funcionamiento de las diversas partes del Estado, no sólo cuando subsiste en ellos el acuerdo establecido, sino cuando se desintegra en los elementos que lo formaban.

En Cicerón las preferencias políticas son menos categóricas. La percepción del espíritu de facción es más amplia y alcanza a discriminar lo característico de los grupos oligárquicos tanto como lo de los democráticos.[39] Las situaciones de crisis se le aparecen a Cicerón como implícitas en todos los momentos de disgregación social y son características de los regímenes corrompidos. Cuando los grupos sociales vuelven a perseguir un ideal de totalización por encima de los propósitos de la facción, éstas se organizan dentro de un orden jurídico.

El Estado es, por excelencia, un orden jurídico. Cicerón nos lo presenta como un conjunto de normas positivas respaldadas por una concepción de fondo que les da vida. El Estado no existe sino cuando los intereses encontrados de las facciones se estructuran en una relación constitucional, equilibrada y justa, y sólo subsiste mientras el interés común consiste en que dicho equilibrio perdure.

El orden jurídico no puede existir mientras el Estado sea el resultado de un régimen impuesto por una facción, es decir, mientras una forma de gobierno configure el Estado como un Estado de clase. El orden jurídico sólo se logra, pues, con un régimen mixto en el que los distintos intereses se encuadren dentro de las distintas magistraturas, colaborando en una labor de auténtico bien general. El conjunto de la asamblea tribal, el senado y el consulado muestran, para los dos tratadistas, un ejemplo consumado de este equilibrio. Los regímenes democráticos, aristocráticos y monárquicos encuentran allí una representación moderada. Tras de esa vaga representación, los intereses de ricos y pobres encuentran en dichos órganos constitucionales sus representaciones formales. Canalizar todas las corrientes sociales en los órganos del Estado es el lema de los regímenes mixtos. Las tendencias subversivas que antes estaban permanentemente agazapadas fuera del régimen constitucional y atentando contra él, encuentran ahora la posibilidad de expresar sus aspiraciones en los órganos constitucionales. Las antiguas magistraturas revolucionarias se adaptan poco a poco a los cuadros legales, y la represión de los aristócratas y de los ricos se ejerce ahora por los mismos medios. Una teoría perfecta de las jurisdicciones aseguraba el funcionamiento de este maravilloso mecanismo. La realidad enseñó a Polibio y a Cicerón que tan perfecto engranaje sólo se apoyaba en la voluntad transaccional de todos y que no pudo servir de freno cuando recrudeció el espíritu de facción.

LA FORMACIÓN DEL ESTADO IDEAL

La observación de los Estados empíricos muestra a Platón la básica raigambre económica que les es propia, el espíritu de facción que predomina en ellos, y su naturaleza efímera, proveniente de estas circunstancias. Platón imagina las correcciones posibles del Estado histórico. O puede mejorárselo por la acción del legislador, rey-filósofo de extremada sabiduría y autoridad,[40] o puede corregírselo por la acción de la ley, de acuerdo con la concepción de la misma que se caracterizó antes.[41] Pero ninguno de los dos paliativos es seguro y el origen espurio del Estado obstaculiza su perfeccionamiento.

Esta actitud se estructura lógicamente dentro del pensamiento platónico. Los Estados históricos no son sino proyecciones del Estado ideal, de la idea de Estado, concepción paradigmática en contraste con la cual la realidad evidencia su imperfección. Platón plantea entonces la realidad del Estado ideal, creándolo desde el principio, instaurando en él un orden ejemplar construido desde sus cimientos. Esta intención se considerará menos irreal si se recuerda la situación en que se habían creado las colonias griegas. Las ciudades-Estado que se fundaban en Sicilia o en el Ponto Euxino eran organizadas como sociedades políticas desde sus cimientos, atendiendo seguramente a la tradición jurídica y social de la metrópoli, pero contemplando situaciones nuevas y practicando allí nuevos principios. En una empresa semejante podría suponerse realizado el Estado ideal de Platón, mente colonizadora, interesada por la América griega que constituía el Mediterráneo occidental.

La preocupación fundamental para Platón es que el Estado ideal no se apoye —como el Estado histórico— en una estructura económica. El Estado debe realizar un orden ético y su organización debe dirigirse hacia ese fin. Los grupos que lo integren no podrán, pues, ser clases económico-sociales, determinadas por el nacimiento o por la condición económico-social, sino grupos vocacionales, en los que cada individuo realice la función para la que está predominantemente dotado.

Para clasificarlos, recurre Platón a la similitud del cuerpo social con el alma humana. Las tres partes que componen ésta —razón, ánimo, apetitos— caracterizan los tres grupos de que se compone el cuerpo social. Aquellos en quienes predominan los apetitos, en quienes el ser físico constituye el rasgo fundamental, constituyen la clase de los productores, de los trabajadores del campo, de los artesanos, de los comerciantes, de aquellos, en fin, que desarrollan la vida económica de la comunidad. Toda esta actividad está dirigida por el Estado, y el Estado es su destinatario, encargándose de su distribución ulterior entre todos los miembros de la comunidad. De tal modo queda eliminada la propiedad privada en general, y las preocupaciones por los intereses materiales por parte de las clases superiormente dotadas. Constituyen la segunda clase aquellos ciudadanos en quienes predomina el ánimo o el valor y cuya función en el Estado es la guerra. La clase de los guerreros atiende exclusivamente a la defensa del territorio. No tiene preocupaciones económicas ni familiares que la inhiban y sí sólo el cultivo de su cuerpo y el culto de su valor. Por encima de ellos se encuentra el grupo de los magistrados, los ciudadanos más perfectos, en quienes predomina la razón, y que llegan a la madurez con la madurez de sus años.

Estas tres clases realizan el ideal del Estado, sobresaliendo en el ejercicio de su particular vocación y completándose en la realización de un ideal ético propio de la comunidad. El régimen que resulta de esta ordenación de las clases es un régimen aristocrático, basado fundamentalmente en el predominio de los mejores, en el sentido de la sabiduría y la virtud. Estas virtudes del grupo dirigente se expresan esencialmente en la conservación de los principios éticos sobre los cuales se funda este Estado excepcional. Sus preocupaciones fundamentales serán, pues, el mantenimiento del régimen de comunidad de bienes, mujeres e hijos, destinado a mantener lo que más le importa a Platón en su Estado, que es la unidad orgánica, y la educación sistemática, a cargo del Estado, cuya misión fundamental es el descubrimiento y el cultivo de las vocaciones con el fin de su clasificación en las filas del Estado. Con el cumplimiento de estas normas, la seguridad y la perduración del Estado quedan garantizadas.

El Estado ideal platónico es, pues, la forma última del Estado, su idea pura. Hasta ella no llega, pues, el conflicto de los grupos que la realidad conforma según los intereses económicos y sociales. Pero en la mente de Platón sólo pudo ser concebido, precisamente, porque la observación empírica mostraba el Estado histórico como estructurado sobre la base de aquellos intereses y del espíritu de facción que crean.

II. LOS PROCESOS HISTÓRICOS REALES EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS ANTIGUOS

A la visión que del Estado nos dan las fuentes antiguas, la investigación histórica opone la que puede obtenerse del conocimiento directo de las instituciones en que se expresa. Por debajo de éstas puede, a veces, reconstruirse el proceso de su formación y de su desenvolvimiento, y esta imagen de los Estados históricos reales contrasta con la que de ellos nos proporcionan las fuentes político-filosóficas. Si en los teóricos del Estado hemos podido sorprender una captación aguda de los fenómenos que distinguimos como fenómenos de facción, en los procesos históricos reales descubriremos los elementos empíricos en que pudo apoyarse aquella inducción y los elementos para una investigación rigurosa de los orígenes del Estado.

EL ESTADO OLIGÁRQUICO GRIEGO

El principio de desigualdad caracteriza al Estado oligárquico griego. La ciudadanía se presenta allí dividida en dos grupos, de los cuales uno posee la totalidad de los derechos y otro tan sólo un derecho restringido. El grupo de ciudadanos de pleno derecho es el que inviste el poder, integra las asambleas, ocupa las magistraturas. El Estado está, pues, regido por unos pocos, oligoi, cuyo privilegio se establece de muy diversas maneras.

Originariamente, los “pocos” que poseen la totalidad de los derechos son los conquistadores o sus descendientes. Esta situación histórica se crea en Grecia a raíz de la conquista aquea primero y de la conquista doria después.[42] Sobre una población autóctona —o, quizá, asentada sólo desde un milenio antes en el territorio—[43] los invasores arios que las fuentes llamarán los aqueos se establecen como minorías dominantes: son los ciudadanos del mundo homérico, asentados en sus ciudades como conquistadores; por debajo de ellos encontramos una población sometida de la cual la tradición recoge escasos datos.[44] Hacia el siglo XII, una nueva ola aria —los dorios— se introduce en la Grecia central y en el Peloponeso. Sobre los primitivos núcleos micénicos, los nuevos conquistadores se instalan como señores. El principio de raza se establece como criterio único y definitivo para la clasificación de los ciudadanos, y los dorios se apropian, con el territorio, de la tradición militar y conquistadora de las antiguas minorías dominantes. Los dorios dominan el Peloponeso. En Argos, en Corinto, en Esparta, los guerreros dorios ocupan las ciudadelas y las tierras de cultivo, y la conquista establece un poder de hecho indiscutible. Cuando, poco a poco, se transforma ese poder de hecho en un conjunto de principios jurídicos, los que tienen el derecho de integrar el cuerpo de la ciudadanía son los que pueden hacer valer su raza doria.

Por debajo de la minoría doria, la tradición guarda el recuerdo de una población sometida que, cuando se organiza como clase dominada, recobra su estructura de raza vencida. Lo vemos en Corinto, en el movimiento triunfante de Kipselos,[45] en Sycione, con la dinastía de los Ortagóridas,[46] en Tesalia, en la clase de los penestes,[47] en Esparta, en donde la legislación establece explícitamente el derecho del dorio de explotar a la población sometida.[48]

Este proceso, por el cual las razas se transforman en clases, es característico de la época. Lo encontramos con caracteres semejantes en la Grecia de Asia[49] y se extiende lo suficiente como para poder afirmar que fue un proceso uniforme. A partir de la estabilización de la conquista, la ciudadanía se divide en ciudadanos de pleno derecho y ciudadanos por naturaleza, sin derecho alguno. Dentro de cada grupo habrá subdivisiones, pero serán esos dos los que polarizarán los conflictos. Clases sociales, ocultan bajo este nuevo aspecto los viejos rencores de raza.

Es, pues, la clase privilegiada la que constituye el Estado oligárquico. La define, ante todo, la posesión de la tierra, obtenida por el derecho de ocupación y distribuida entre los genos del grupo conquistador. Los genos dorios se reparten toda la tierra laborable de la ciudad.[50] Si los antiguos habitantes se han refugiado en las zonas alejadas, en la perioikis, el conquistador lo tolera; después, reconoce el derecho de esa población de poseer tierras en esa zona. Pero son tierras distantes.[51] En Esparta constituían la perioikis las regiones más alejadas de la Mesenia, del cabo Maleo, del monte Parnón.[52] Las poblaciones no privilegiadas pueden obtenerlas, pero su rendimiento es escaso y, además, también allí tienen que soportar la competencia del privilegiado que compra y acumula. Por eso, con el tiempo, van abandonando la aspiración a una vida rural y se agrupan en poblados industriales o comerciales. La tierra cívica, en cambio, la politiké kóra, es exclusividad del privilegiado, quien obtiene de ella un alto rendimiento y una categoría social, que deriva de la posesión.

Originariamente, la propiedad de la tierra no era privada en sentido estricto. En el caso de Esparta, aun en época histórica, el kleros era propiedad del Estado, quien se reservaba su dominio, prohibiendo, en consecuencia, su fraccionamiento y su enajenación.[53] Esa tierra no se entregó, en los primeros tiempos, a cada ciudadano. La población doria conservó largo tiempo su estructura gentilicia originaria, y la transportó a la ciudad. La tierra conquistada se distribuyó entonces por genos y sólo mediante un proceso largo y lento el ciudadano llegó a ser poseedor por sí solo.

La organización gentilicia era propia de las poblaciones aqueas y dorias. Los dorios la conservaron fuertemente en las ciudades en que dominaron y el pertenecer a una de las tribus gentilicias era lo que diferenciaba al miembro activo del Estado del que no lo era. Un largo proceso debía permitir luego la disolución lenta de los genos. Sobre la base de la propiedad indivisa y de una rigurosa cohesión entre sus miembros, establecida por la themis, la justicia gentilicia, el genos constituía el elemento social por excelencia. Cuando la reunión de los genos integró la ciudad, la monarquía sólo gobernaba por intermedio de los jefes de genos , que la tradición nos muestra —por la magnitud de su poder y por su autonomía— como verdaderos reyezuelos.[54]

Poco a poco, la necesidad de incorporar al Estado nuevas olas inmigradas así como nuevas clases, antes totalmente desposeídas y ahora colaboradoras, plantea la exigencia de establecer un nuevo régimen que admita la coexistencia de los genos con otros grupos no gentilicios.[55] Por estas etapas se llega progresivamente a la ciudadanía;[56] ulteriormente, necesidades económicas alteran la estructura del genos por la desmembración de la propiedad, o por la aparición de la riqueza. La riqueza procura entonces destruir la solidaridad gentilicia que conspira contra el orden ciudadano y procura reemplazar la rigurosa themis, derecho familiar estricto, por otro derecho de carácter más amplio, diké.[57] A este proceso corresponde el tipo de legislación draconiana, cuya severidad estaba impuesta por el propósito de derivar hacia el Estado el control de la pena, hasta ese momento privativo del genos .[58]

La clase no privilegiada se halla, originariamente, fuera del Estado. De la población vencida, una parte ha huido buscando nuevas tierras en que avecinarse; otra, ha escapado hacia las montañas vecinas y baja poco a poco, a medida que se van estableciendo relaciones comerciales o posibilidades de trabajo libre; una última ha quedado en la ciudad y su destino será trabajar para sus amos en una situación variable de dependencia servil.

Para la clase no privilegiada no hay garantías ni derechos; solamente hay deberes y cargas. Los que pueden evadirse de la servidumbre directa se instalan como colonos libres, pero su número es escaso y su suerte misérrima.[59] Más fácil resulta la vida de los que abandonan la tierra y buscan el comercio o la pequeña industria para medrar; algunos de entre ellos llegarán a la riqueza y muchos a una medianía que en la tierra no hubieran encontrado jamás. Los no privilegiados sólo tienen cargas militares auxiliares; los puestos de honor corresponden a los privilegiados. En las magistraturas ocurre lo mismo. Ni siquiera en el ágora se encuentran estos pobladores cuya única misión es obedecer.

Pero la clase que usufructuaba el poder en los Estados oligárquicos se encontró abocada —a partir del siglo VIII— a una grave decisión sobre su destino económico y social. En algunas ciudades había comenzado un proceso de expansión colonizadora trasmarina que debía producir profundas alteraciones en el mundo griego. Calcis, Corinto, Paros, Rodas, Mileto, Efeso, habían sido las iniciadoras. Sus aristocracias, sin abandonar sus propiedades raíces y sin renunciar a sus beneficios, habían comenzado a explotar otras vetas de nuevas posibilidades. Se las ve así dedicadas a la colonización, al comercio de la alfarería o de los metales, a la industrialización metalúrgica, a la exportación de vinos y de aceites.[60]

En un corto espacio de tiempo, las minorías dominantes dejan de ser exclusivamente terratenientes y agregan a sus recursos económicos y sociales los que pone en sus manos la explotación capitalista. No es imprescindible que se trate de las mismas personas. Pero como la riqueza se constituía sobre la base de los bienes raíces, fueron solamente los poseedores los que originariamente se lanzaron a la aventura de la colonización o del comercio. En las filas oligárquicas se reconocen ahora estos dos sectores; el de los poseedores de tierras y el de los poseedores de fortunas.[61] Por una o por otra razón se pertenecía al número de los oligoi.

Frente a esta situación, debieron decidir las oligarquías de toda Grecia entre aferrarse a su régimen económico rural o sumarse a la aventura colonizadora y comercial. La segunda de estas posibilidades era cautivante por sus posibilidades desconocidas; pero era también, para las oligarquías celosas de sus privilegios, un riesgo inmenso. Las ciudades marítimas del Asia menor —Kymé, Focea, Magnesia, Efeso, Mileto— eran las más interesadas por la colonización y se lanzaron rápidamente al mar; Calcis y Eretria en Eubea, Egina, Corinto, Megara, Atenas, se adhirieron a esa nueva actividad y en corto plazo su poderío creció enormemente. Sus colonias se extendían por Sicilia, Magna Grecia, el Ponto Euxino y la Grecia septentrional; las rutas cubrían, además de esas zonas, las regiones del Egipto y Siria. Pero a este poderío económico debería corresponder, a breve plazo, una larga serie de conmociones sociales y políticas. La actividad colonizadora y comercial había sido iniciada por los oligarcas, pero fueron seguidos en ella por gente del común, periecos, campesinos libres que abandonaban sus tierras misérrimas, pequeños industriales, segundones desposeídos, gente toda, en fin, que sólo tenía que ganar en la aventura. Junto a los oligarcas que agregaban su dinero a su capital raíz, apareció el grupo de los que no poseían ni el nacimiento ni la tierra, pero que hacían gala de una fortuna cuantiosa y exigían los derechos a que su fortuna les hacía aspirar.[62] De esta clase, que ahora integraba el panorama social de las ciudades cuyas oligarquías se habían lanzado a los mares, debían partir las rebeliones que desencadenaron los movimientos sociales y las guerras civiles que llenan la historia de Grecia durante los siglos VII y VI.

Esta perspectiva fue la que apartó de esta nueva tendencia económica a algunas ciudades oligárquicas cuidadosas de sus privilegios. El auge del dinero y la certeza de los peligros que acarreaba la confrontación de las dos economías llevó a algunas ciudades a cerrarse a todo contacto extranjero. Eran preferentemente comarcas rurales y mediterráneas, pero fueron también Tesalia y Creta.[63] Como Creta, Esparta se repliega sobre sí misma en un proceso acelerado —en el cual cobra gran importancia la figura de Eforo Xilón—[64], destinado a dar solidez a su estructura social y política y a sustraerla del plan en que se desenvolvía toda Grecia. En situación semejante encontramos a las regiones predominantemente agrícolas; en Elide, en Beocia y en Tesalia, un tipo de vida agrícola de caracteres muy primitivos y un propósito deliberado de las oligarquías dominantes, consiguen mantener la tradicional estructura económica y militar. Conocemos los esfuerzos de Esparta por aislarse de la contaminación exterior:[65] colocada por sus ambiciones políticas en contacto con toda Grecia, el mantenimiento de su régimen fue el resultado de la voluntad desesperada de su oligarquía por mantener la situación económica que la sustentaba. Para Elide o para Tesalia, la perduración de ese régimen era menos difícil, porque su aislamiento con respecto al resto del mundo griego era real y sus oligarquías no tuvieron sino que perseverar en un estilo de vida poco contaminado.

El desarrollo histórico de estos Estados oligárquicos es uniforme y autónomo con respecto a las grandes líneas de la evolución económica y social de Grecia. Para el resto de los Estados griegos, el proceso que comienza con la adopción de una política colonizadora y comercial, termina a la larga con una transformación de las oligarquías en timocracias. Este cambio se opera en forma revolucionaria en muchas ciudades de Grecia. Una vez iniciado, el curso que ha de seguir no puede precisarse detalladamente; unas veces la ciudad ha derivado hacia un régimen plutocrático que perdura largo tiempo y en otras ha derivado luego hacia una democracia. En ambas, los grupos oligárquicos han mantenido permanentemente su aspiración a la restauración del régimen. En los Estados democráticos, las hetairias oligárquicas se encuentran en permanente acecho: al menor decaimiento de los grupos democráticos o al menor asomo de apoyo por parte de las potencias oligárquicas los grupos de esa tendencia se lanzan a la conquista del poder. En la Grecia del siglo v y de los siglos subsiguientes los grupos oligárquicos eran laconizantes, partidarios de regímenes similares al de Esparta, cuya constitución alababan como lo hacían Jenofonte o Platón. Igualmente eran de tipo aristocratizante los grupos pitagóricos, desarrollados preferentemente en Sicilia y en Magna Grecia.

Los Estados oligárquicos se organizan según un principio de selección creciente. Todos los ciudadanos de pleno derecho forman, en Esparta, en la Apella, asamblea general del Estado; los que se reúnen en ese cuerpo son los Espartanos, los descendientes de los conquistadores, los que se llaman entre sí los “iguales”. Sin embargo, ya en el siglo VI la Apella espartana carecía de significación política. Los resortes del Estado estaban en manos de una pequeña asamblea,[66] constituida por una oligarquía dentro de la oligarquía, y de la cual estaba ausente la mayoría de los ciudadanos espartanos.

El cuerpo consultivo de mayor jerarquía era en Esparta —como en Creta— la Gerusia. Como en todos los Estados oligárquicos, la Gerusia espartana se componía de ancianos calificados, en pequeño número, y en sus manos estaba el destino de la nación.[67] Si ya la pequeña asamblea representaba una aristocracia dentro de otra, la Gerusia era más responsable en la medida en que era representante genuina de un grupo más restringido. En lo ejecutivo, ese grupo delegaba su función de inspección —en Esparta— en los Eforos, colocados cerca de los reyes.

Lo más característico de este engranaje institucional es aquel principio de selección dentro de los oligarcas. Si los espartanos en general constituían los “iguales”, una diferenciación creciente, involuntaria, había destruido aquella pretendida igualdad. Por debajo del nivel medio encontrábanse en Esparta los “inferiores”, los que habían merecido la atimia, o los que no podían pagar su cuota para la comida común;[68] allí estaban también los segundones que no poseían un kleros, y el conjunto de estos ciudadanos no podía sino constituir un grupo disminuido socialmente. Pero por encima del nivel medio estaban aquellos que habían comprado tierras en la perioikis, que se habían enriquecido y que operaban a veces por medio de terceros. Los “iguales” eran, pues, sólo iguales ante la ley, y eso en tanto que las instituciones mantuvieron su pureza. Cuando la Apella dejó de tener real significación legislativa y fue reemplazada por un órgano más seguro para el grupo oligárquico, las instituciones reflejaron en Esparta la situación creada por el desarrollo histórico-social.

El régimen oligárquico constituye así la forma primera en que el Estado griego se organiza, sobre la base de la conquista. Un proceso posterior transforma en doctrina del Estado lo que no había sido sino política de facción. En el transcurso de la historia política de Grecia, y después de la aparición de los regímenes democráticos, la doctrina del gobierno oligárquico resumirá las aspiraciones de grupos dispersos por todas las ciudades griegas, que encontrarán en Esparta un ejemplo vivo y un auxilio poderoso para sus intentos de restauración minoritaria.

LOS TIRANOS GRIEGOS

Después de que las oligarquías de ciertas ciudades se deciden a abandonar su régimen rural para intentar la colonización de las tierras remotas, las fuerzas económicas y sociales desencadenadas no podrán ya ser detenidas.

Desde el Cáucaso hasta las Columnas de Hércules, las costas marítimas se ven sembradas de ciudades y de factorías, cada una de las cuales era el centro de una zona de influencia. Estas regiones eran al mismo tiempo centros de producción y mercados. En cuanto a los cereales, en especial, el occidente y el oriente crean nuevas fuentes de abastecimiento capaces de proveer a las zonas más densamente pobladas del mundo mediterráneo; como mercados para las industrias —más desarrolladas en las metrópolis— estas nuevas provincias económicas tuvieron también enorme importancia.

La colonización suponía, naturalmente, una movilización de capitales que, originariamente, sólo pudieron efectuar los poseedores de bienes inmuebles. Los oligarcas, en efecto, se lanzaron, en muchas ciudades, a la aventura colonizadora; pero a su lado comenzaron a trabajar gran cantidad de aventureros sin fortuna; desposeídos, o segundones, o pequeños operarios y comerciantes que preferían probar fortuna en nuevas empresas a esperar inútilmente en su patria mejor suerte. La aventura colonial significó para muchos de ellos la riqueza: su magnitud daba cabida a oligarcas y desposeídos por igual y el resultado homologó también a ambos.

Pero no sólo tuvo importancia la colonización por haber creado nuevos ricos. Las fortunas muebles actuaron de inmediato sobre las metrópolis, provocando graves alteraciones económicas, modificando no sólo el valor, sino también la significación de la propiedad raíz, hasta ese momento único cartabón para la determinación de las fortunas y de las posiciones rurales. Frente a la propiedad raíz, los nuevos ricos ostentan su riqueza en dinero, y aun cuando sus poseedores fueran originariamente los mismos miembros de la oligarquía, sus intereses los unen ahora a los nuevos ricos no oligarcas,[69] agentes o competidores; estos vínculos que se establecen —antes inverosímiles— debían probar muy pronto su solidez.

Pero la fortuna mueble no sólo creó una clase de ricos, sin distinción de origen. Los ricos movilizaron sus capitales en empresas industriales y comerciales y en ellas comenzó a formarse un proletariado que alcanzó un número considerable. La navegación, el comercio y la industria exigieron gran cantidad de asalariados de diversa categoría, que fueron reclutados entre la población libre; los intermediarios, los agentes comerciales, los burócratas, como los operarios y los marineros, constituyeron inmediatamente un importante grupo económico-social con nuevas perspectivas y nuevas aspiraciones. Toda esta población fue sustraída a un medio rural miserable, sin porvenir y sin posibilidades, pero el hecho más importante desde el punto de vista político-social es que sobre esta inmensa multitud no habían de tener ya más imperio los grandes terratenientes, sino estos nuevos amos —los ricos— que podían ofrecerle nuevas e inesperadas posibilidades de vida.

Este proletariado no rural estaba, así, indisolublemente unido a la clase de los ricos. Cuando los ricos exigieron la homologación de sus rentas a las que provenían de las explotaciones inmobiliarias[70] y —cuando una vez logrado— pidieron el libre acceso a las funciones públicas, el proletariado urbano se unió a sus demandas, respaldando, con su número y su organización, sus pretensiones. Los ricos supieron aprovechar este apoyo e incluyeron en sus demandas las demandas de los desposeídos; y no sólo las del proletariado urbano sino también las del proletariado rural, tan enemigo como ellos de las oligarquías rurales. Una larga lucha —sorda unas veces, abierta otras— dio al fin la victoria a este conglomerado político-social en muchas ciudades griegas; a su frente figuró, generalmente, un personaje poderoso, jefe popular, miembro del grupo rico, a quien se hacía bandera de todas las reivindicaciones: la tradición griega lo llamó con el nombre bárbaro de “tirano”.[71]

Según las fuentes aristocratizantes —por las cuales la conocemos— la tiranía fue la forma de gobierno más execrable.[72] La tiranía era, en efecto, la negación de la libertad y del orden jurídico; pero es necesario definir qué libertad y qué orden jurídico era el que se violaba. La tiranía no aparece en Grecia sino a raíz de ciertos fenómenos económicos muy concretos y sus derivaciones sociales. Durante los siglos VII y VI, los tiranos transforman la fisonomía del mundo griego. Kipselos en Corinto, Ortágoras en Sycione, Polícrates en Samos, Teágenes en Megara, Trasíbulo en Mileto, Pisístrato en Atenas, como tantos otros en otras ciudades comerciales,[73] asumen la responsabilidad de llevar a su fin un proceso desencadenado por los oligarcas. Llegados al poder, los más urgentes problemas de las clases más humildes entran en una vía de solución: se afrontan los problemas de la tierra,[74] los de las deudas, y, sobre todo, los que plantea la necesidad de trabajo. Simultáneamente, los tiranos cumplen su misión específica defendiendo los intereses de los ricos no oligarcas, desconociendo los privilegios, orientando al Estado hacia una protección de cierto tipo de actividades. Si bien es cierto que atienden a procurar el libre acceso a las magistraturas de los desposeídos, también lo es que este control de Estado a que se aspira está destinado, fundamentalmente, a respaldar el creciente desarrollo de la industria y del comercio.

Los tiranos se vinculan al proceso de expansión helénica no sólo por el curso de los acontecimientos en que se originan sino también por la consecuencia con que aplican su autoridad a la solución de los problemas contemporáneos. El control de los mercados, de la industria, de las fuerzas económicas en general, constituye la primera preocupación de estos señores no controlados sino por sus propios compromisos.

Estos dos puntos fundamentales de su política definen la naturaleza del complejo social en que se apoya, integrado fundamentalmente por dos elementos cuyos intereses inmediatos se combinan circunstancialmente. Pero esta coincidencia no dura largo tiempo. En una segunda generación, los nuevos tiranos olvidan el calor popular que los respaldaba y su tiranía deriva hacia una autocracia.[75] Es entonces cuando la libertad se transforma en una fuerza política de combate y, unas veces para dar lugar nuevamente a la oligarquía, otras para constituir una democracia, la tiranía es derribada.

El retorno de las oligarquías no significó generalmente sino el comienzo de nuevas luchas. Pero cuando fue la democracia moderada quien derribó a la tiranía, esta etapa del desenvolvimiento político de las ciudades griegas se estructura orgánicamente, preparando y cimentando ciertas circunstandas sociales para su ulterior integración en un orden jurídico. Los intereses que había movilizado en forma revolucionaria y tumultuosa debían encontrar luego su canalización en los órganos del Estado y sólo revolucionariamente podían ser olvidados: las democracias cumplieron la primera de las posibilidades y las restauraciones oligárquicas la última.

EL ESTADO DEMOCRÁTICO GRIEGO

El desarrollo crematístico —que había producido el hecho histórico-social del tirano— había significado, para las ciudades griegas en que se había dado, un despertar de la conciencia social. La multitud, que en los Estados oligárquicos se mantenía ajena a toda preocupación por los intereses de la comunidad, ingresaba ahora a ella llena de fervor por el bien público; eran los colonos liberados de hipotecas y de señoríos; eran los ricos comerciantes que aspiraban a que el Estado reconociera su significación económica y política; eran, en fin, los miembros de las clases urbanas más humildes, adheridos a la política de los caudillos populares que movilizaban, en un sentido unitario, los intereses de todos los grupos no privilegiados.

Esta movilización de la conciencia social griega había sido producida, en última instancia, por el desarrollo de la fortuna mueble. Frente a los tradicionales derechos que da la posesión de la tierra, la fortuna plantea sus nuevas exigencias. El primer paso es la transformación del régimen gentilicio en un régimen censitario,[76] que agrupe a los ciudadanos según las rentas de sus tierras y no de acuerdo al nacimiento.

A esta transformación corresponde un nuevo avance de los ricos, que se lanzan sobre las tierras disponibles, y buscan, por medio de alianzas, el ingreso a las familias eupátridas. En una etapa posterior se homologan las rentas mobiliarias a las inmobiliarias, y entonces la revolución plutocrática está cumplida. Los demiurgos, en lugar de verse agrupados en la última clase censitaria —la de los que no obtenían de sus tierras la renta mínima— se reparten ahora por las diversas clases según el monto de sus fortunas.[77]

Esta transformación significaba, a corto plazo, el fin de la oligarquía. Lo único que podía salvarla, después de haber perdido todos sus privilegios legales, era el prestigio de cada uno de los genos allí donde había sido poderoso. Para ahogar esta última posibilidad de la oligarquía, la democracia establece el principio de la filiación local. Los nombres cuya sola enunciación llenaba de atávico respeto al colono humilde, no se pronunciarán más; cada ciudadano agregará a su nombre tan sólo la indicación geográfica. Pero no bastaba. La filiación suponía al mismo tiempo el establecimiento de circunscripciones territoriales, de acuerdo con las cuales se agruparan los ciudadanos. En Atenas, Clístenes fue radical; no sólo estableció la filiación local de los ciudadanos sino que destruyó la unidad de las circunscripciones, haciendo constar filé de tres tritias, cada una de las cuales correspondía a una distinta región del Ática.[78] Con este procedimiento se evitaba definitivamente la posibilidad de una presión oligárquica ejercida dentro de las formas democráticas, y se condenaba a los componentes de aquellos grupos a abandonar su estructura gentilicia para fundirse individualmente en la polis.

Este relegamiento de los antiguos oligarcas correspondía a la implantación de un gobierno democrático. El gobierno del demos parecía realizarse, pues, nada más que con la exclusión de los tiranos y de los oligarcas.

Originariamente, demos significa tan sólo el lugar geográfico en que un grupo de genos se ínstala, unificados en una polis. Por extensión, significó también ese conjunto de ciudadanos que constituían la ciudad.[79] Pero ya en Homero, en algunos pasajes, sorprendemos esa palabra usada para significar la muchedumbre por oposición a los señores.[80] La palabra se irá cargando después, progresivamente, de este significado: de allí que Aristóteles defina la democracia como forma impura de gobierno porque no atiende a la totalidad de la comunidad sino tan sólo al demos, en cuyo concepto no entra gran parte de los miembros de la comunidad.[81]

Demos no es, pues, un concepto preciso; no define una clase social sino un conglomerado social, coincidente en ciertas tendencias políticas, pero escindido, en su seno, en grupos diversos económica y socialmente. Forman un grupo importante por su poder y su influencia aquellos ricos que en cada generación ingresan por su propio esfuerzo a la riqueza; si es lógico suponer que los ricos de varias generaciones no desdeñarían el contacto con los grupos eupátridas, de rancia nobleza y de inextinguible prestigio, estos otros no pueden hacerla y, en consecuencia, no se desprenden de su grupo originario. En el régimen democrático, por otra parte, encuentran el reconocimiento de sus derechos, y las cargas que representan las liturgias significan al mismo tiempo un honor y un reconocimiento de cierta dignidad.[82]

Junto a los enriquecidos, el demos comprendía una clase media urbana y rural. Este grupo se constituía con los poseedores de pequeñas fortunas, invertidas en bienes raíces o en explotaciones comerciales e industriales: eran los pequeños colonos y los comerciantes, cuya actividad mantenía el valor comercial de las ciudades y aseguraba un desenvolvimiento económico capaz de ofrecer posibilidades a las clases más desheredadas. Este último grupo era el elemento más considerable del demos. Lo integraban no sólo los desheredados, sino todos aquellos que vivían de su trabajo cotidiano, los marineros, los operarios de los talleres, los jornaleros de los campos y de la ciudad. Por las características del régimen democrático, su número significaba un valor que el demos utilizaba sabiamente. Adheridos a determinadas direcciones políticas, estos grupos constituían factores decisivos en las votaciones y los conductores de la política los estimaban particularmente. Algunas veces la ciudad retribuía la asistencia de los ciudadanos a la asamblea, partiendo del principio de que había inhibición de concurrir para aquellos que vivían de su jornal diario, y que no era democrático que así fuera.[83] Pero la solución hallada repercutió, a veces, sobre los grupos más humildes, estimulando un tipo profesional de asistente a las asambleas, que había de ser, con el tiempo, séquito de los demagogos.[84]

Pero estos grupos sociales y económicos que un análisis de nuestros datos puede mostrarnos, no existían para las leyes de los Estados democráticos, sino en cuanto se adaptaban a las clases censitarias, y a los efectos de la determinación de los cargos a que cada uno podía aspirar. En cuanto a su situación social, el Estado no reconocía sino ciudadanos.

Para ser considerado ciudadano el Estado democrático sólo exigía ser hijo de padres libres. El principio de igualdad ante la ley que sostenía le impedía tener cualquier otra exigencia. En un momento dado, el joven se incorporaba al Estado cumpliendo ciertas formalidades legales,[85] y se agrupaba con los jóvenes de su mismo demo. Desde ese momento, con la sola limitación que se establecía para el acceso de los thetes a las magistraturas, el ciudadano quedaba frente al Estado en la situación única que éste reconocía.

Con la consolidación de la doctrina democrática, el demos volvió a ser considerado como el conjunto de los ciudadanos que integran el Estado. Su extensión no coincide con la de ninguna de las clases ni hay en el seno del Estado quien se agrupe en otro conjunto que éste. Si, en la práctica, el Estado democrático desconfiaba del oligarca y hostigaba al rico con cargas públicas muy fuertes,[86] en la doctrina jurídica el Estado postulaba la igualdad del ciudadano ante la ley, la isonomía. Esta declaración básica define el Estado democrático como un Estado constituido sobre un compromiso entre sectores muy vastos. La facción sobre la cual se constituye se amplía día a día por la expansión comercial griega, por la amplitud de sus miras políticas, y por un sentido radical de la justicia que subyace en su doctrina social y política. Si, en la práctica, esta afirmación de igualdad humana se detenía en la esclavitud, en la teoría este mismo fenómeno entró a discutirse, sobre la base del distingo sofístico entre naturaleza y ley.[87] La esclavitud fue afirmada como una ley, es decir, como el producto de una convención, con lo cual se postulaba una igualdad básica en la naturaleza, ulteriormente deformada. Esta afirmación debió de tener mucha resonancia para que Aristóteles dedicara largas páginas de su Política a defender la legitimidad de esa institución.[88] Fuera de este sector, la democracia griega sostiene vivamente la igualdad humana, rechazando la posibilidad de tolerar grupos privilegiados o grupos degradados. Los grupos que subyacen en la noción de demos entran por igual en la organización política y se disuelven en ella. Auténtico régimen democrático, los más humildes encuentran en el número la compensación de su pobreza, e imponen en el Estado una política de permanente auxilio a los necesitados.[89] En un momento dado, la teórica o caja destinada a sufragar los gastos de las funciones destinadas al pueblo insume enorme parte de las rentas de Atenas, mientras que para equipar los trirremes el Estado recurría a los ricos, obligándolos a costearlos privadamente.

A esta concepción de la igualdad corresponde una concepción pareja de la libertad. Derivada de una posición ética, la concepción de la libertad debía trascender al plano del derecho y de la política. En el campo del derecho fue necesaria para la democracia la conquista de la libertad individual, susceptible de ser perdida por deudas, y sujeta, en consecuencia, a un complejo sistema de relaciones económicas y sociales con los poderosos. Una vez lograda, la libertad política constituyó la nueva aspiración; en los Estados democráticos se alcanzó con la admisión de los thetes en la eclesia con pleno uso de sus derechos políticos.

Reunidos en asamblea, los ciudadanos poseían el máximo de libertad: la asamblea era soberana.[90] Pero no era sólo la mera soberanía formal, expresada en el hecho de que sus decisiones constituían la más alta expresión del Estado; era también una soberanía consciente de la posibilidad de sus propios excesos; para contrarrestarlos, la asamblea procuraba impedir que la libertad de cada ciudadano la encarrilara torpemente por apresuramiento o por inconsciencia; contaba para ello con resortes apropiados, como la acusación de ilegalidad —grafé paranomon—, destinada a castigar a quien, aprovechando su prestigio ante la asamblea, le hiciera resolver lo que estaba en contra de su interés auténtico y perdurable.[91] El único límite de la libertad individual, era, pues, el que imponía la libertad y la seguridad del Estado. A la luz de esta directiva fundamental debe explicarse la condenación a Sócrates.[92]

La eclesia era la más auténtica institución del Estado democrático. Tenían cabida en ella todos los ciudadanos sin excepción y sus decisiones eran ley. Para que el cuerpo pudiera finalmente resolverse por sí o por no —teniendo en cuenta que no era un cuerpo representativo, sino integrado por la totalidad de los ciudadanos— las cuestiones iban a la eclesia sólo después de una cuidadosa elaboración formal efectuada por otro cuerpo destacado de su seno y elegido por sorteo; la decisión final correspondía a la asamblea, en donde los oradores procuraban influir con sus argumentos en el ánimo de los ciudadanos.

Si el orador es la figura más significativa de la eclesia democrática en sus buenas épocas, el demagogo lo es en los momentos de crisis institucionales. El demagogo no lo es tanto por defender de cierta manera los intereses de ciertos partidos, como por su intento de dislocar el demos para oponer, dentro de él, los grupos más humildes a los grupos medios y aun ricos. Este intento de los demagogos nos llega deformado por la tradición[93] y es difícil descubrir allí su verdadero sentido. El demagogo es siempre un elemento peligroso para el Estado democrático; constituido éste sobre un compromiso social de base muy amplia, la escisión de algunos elementos —y en especial del elemento popular— significaba un peligro de fractura del bloque. Este peligro se acentúa en los momentos de crisis. En las épocas normales, el demagogo ha procurado, a veces con éxito, quebrar el prestigio ascendente de algunos grupos antidemocráticos. Pero fuera de esa acción positiva, el resto de su obra sólo ha significado un intento de política personal, que el griego ha repudiado categóricamente en los Estados democráticos. La quiebra del régimen ha de sobrevenir, precisamente, cuando los prestigios personales impuestos se adentren en la conciencia ciudadana.

Para evitar que en su propio seno se estimulen los prestigios personales, el Estado democrático utiliza los recursos más diversos. Ante todo establece como principio general para la designación de magistrados el del sorteo; excepto el caso de cargos estrictamente técnicos, todos los cargos públicos se llenan por la suerte, de tal manera que no hay posibilidad de organización de listas de partidos ni de ninguna otra forma de acción previa. Para estos funcionarios así elegidos —como para los designados por votación— la duración de sus funciones es efímera. Sin contar con la duración de los cargos del pritaneo, para las magistraturas comunes se instituye la anualidad y aun dentro de este plazo, cierta rotación del ejercicio efectivo de la función.[94] Pero todavía queda otro recurso cuando, a pesar de estas precauciones, aparece una figura que amenaza con polarizar el entusiasmo y el apoyo de las masas: en esos casos el Estado lo destierra,[95] aun sin otro delito, porque para el Estado democrático el prestigio personal excesivo, aun involuntario, constituye delito.

Esta política es típica de las democracias griegas. No existiendo en su base minorías interesadas en el usufructo exclusivo del poder, sino clases medias que procuran el mantenimiento del equilibrio entre sectores que podrían ser igualmente enemigos, el Estado democrático se esforzaba por satisfacer a la mayoría, sin alejar ni oprimir a las minorías. Cuando la democracia era vencida y conseguía luego volver al poder,[96] su política era relativamente clemente y conciliadora. Cuando establecía vínculos con otras democracias, su intención era generalmente defensiva y no agresiva, a diferencia de otros regímenes.[97]

Como el Estado oligárquico, el Estado democrático constituyó un polo de la política griega, con grupos partidarios en toda Grecia y cuya significación panhelénica se acrecentó con el triunfo de Atenas: fue la capital ática un ejemplo y un estímulo para todas las ciudades griegas.

El Estado autocrático helenístico

Al finalizar el siglo IV —precisamente cuando Aristóteles escribía su Política, verdadera teoría del Estado-ciudad— Macedonia va ultimando en todo el mundo mediterráneo griego, y muy especialmente en la Grecia continental, un proceso de aniquilamiento de laPolítica estructura de la ciudad como Estado soberano. Sus primeras etapas hay que buscarlas en pleno siglo V, cuando las dos potencias de mayor poder y prestigio disputan la hegemonía sobre toda la Grecia. Porque la aventura macedónica no es sino el desenlace de la lucha por el predominio, entablada entre los Estados más importantes, y en cuyo desarrollo se fue insinuando cada vez con mayor nitidez una marcha hacia la unificación.

La unificación, en efecto, se planteó originariamente como un problema de predominio, cuya obtención significaba, para una ciudad, poseer el control de la política panhelénica y aun de la exterior, el control del régimen marítimo, del desarrollo comercial e industrial; para lograrlo, el Estado hegemónico procuraba imponer su superioridad militar, y, por intermedio de ésta, imponer, en las ciudades sometidas a su hegemonía, las facciones solidarias con su régimen interior y con sus intereses generales.

En esta lucha compitieron primeramente Atenas y Esparta, en la guerra del Peloponeso. El triunfo de Esparta significó la transformación del régimen político de todas las ciudades griegas dominadas —comenzando por Atenas— y la organización del imperio espartano; su inspirador fue Lisandro[98] y sólo las contingencias de la política interior espartana, movida por los intereses de su estrecha oligarquía, hicieron fracasar el intento del general victorioso.[99] Pero con el fracaso de su ensayo imperial Esparta debilitó su propio régimen y no pudo impedir la lenta restauración del poderío ateniense.[100] A su sombra creció un nuevo aspirante a la hegemonía, Tebas, temible enemigo militar después de Pelópidas y de Epaminondas. La batalla de Leuctra significó para Esparta la quiebra de su poderío militar y Tebas procuró herirla en su propio territorio, consiguiéndolo con la separación de Arcadia y de Mesenia del control espartano.[101] Pero la empresa era superior a sus fuerzas y la batalla de Mantinea terminó con su poderío y con su organizador: en 362, había visto Grecia aniquilarse tres potencias hegemónicas.

Mientras tanto elaboraba Macedonia su poder militar. Con Filipo —formado al lado de los generales tebanos— comienza a trascender sus fronteras y entra en contacto con las potencias griegas, ahora debilitadas. El ensayo termina favorablemente para Macedonia en Anfípolis y en la guerra sagrada, y Filipo prueba allí su propio poderío.

Desde ese momento la política griega cambia de rumbo. En lugar de intentar la unificación por la hegemonía, Filipo traslada a Grecia su propia concepción macedónica —semibárbara— de la política y procura instaurar en ella una autocracia de hecho sutilmente encubierta por el respeto de ciertas formas. Su propósito, sin embargo, era harto difícil de conseguir. Una larga tradición de autonomía daba a los Estados griegos una fortaleza extraordinaria en la resistencia y Filipo no intentó la conquista abierta; en cambio, estimuló la formación, en cada ciudad, de minorías promacedónicas, encargadas de facilitar la lenta intromisión del autócrata en la política de las ciudades griegas, y de abrir luego sus puertas al ejército.[102] A pesar de que estas facciones crearon, por contraste, las violentas facciones antimacedónicas, Filipo logró, a la larga, su objetivo. Macedonia obtuvo, con Filipo primero y con Alejandro después, el control de toda Grecia. Esparta intentó en un momento dado oponerse —ayudada por Persia— al dominio macedónico, pero la represión fue categórica, y Alejandro, procurando salvar los últimos reparos formales que una larga tradición de libertad política hacía surgir entre los griegos, logró poco a poco establecer un sólido régimen de hecho.[103]

Pero el proceso desencadenado se apoyaba en ciertos caracteres fundamentales de la época y siguió aceleradamente su curso. Con los sucesores de Alejandro el régimen autocrático se desprendió de los reparos y las limitaciones que aún soportaba y su política adquirió un tono más firme. En Grecia propia [la Grecia actual], donde el recuerdo de la tradicional libertad era más fuerte, se mantenía, en pleno siglo III, Demetrio Poliorcetes [rey de Macedonia] y ejercitaba su autoridad omnímoda:[104] era lógico, pues, que el resto del mundo griego, más vecino a otros tipos de autoridad menos controlada, se entregara de inmediato a las nuevas autocracias.

El régimen que se extiende por el Mediterráneo griego con Alejandro reconocía algunos antecedentes históricos. El poder personal había sido conocido por toda Grecia durante el largo periodo de disturbios sociales que se extiende a través de los siglos VII y VI; los tiranos habían dominado en casi todas las ciudades y aun en algunas de ellas habían constituido dinastías que se perpetuaron por generaciones. Después, si bien en casi toda la Grecia propia había desaparecido tal tipo de poder, en otros lugares del mundo mediterráneo, como en Sicilia,[105] se había conservado un tipo perdurable de político de semejantes características. En la Grecia del Asia, el poder autocrático se robustecía con el contacto de la monarquía persa que tanta importancia —primero por contraste, después por influencia— había tenido en la política griega.[106] Constitutivamente enemiga de la libertad, que no podía entender, la monarquía persa había acogido a cuantos emigraban de Grecia.[107] Su apoyo a estos políticos fue diversámente eficaz, pero su acción fue igualmente deletérea con respecto a las democracias —y aun a las oligarquías— porque precisaba poco a poco la naturaleza de una institución autocrática, establecía normas y precedentes, y proporcionó luego a los conquistadores poblaciones ancestralmente acostumbradas a la mansedumbre, que les hicieron gustar el sabor exótico de la sumisión incondicional. Esta población asiática deformó la sensibilidad política de los generales de Alejandro y creó en ellos un temperamento dictatorial y absolutista, inconcebible aun en los macedónicos. La naturaleza del poder real de tipo oriental —definida en el libro de Samuel—[108] suponía el olvido de todas las prácticas políticas que habían sustentado los Estados griegos. Con la influencia de la doctrina y de la práctica política oriental, ejercida sobre un terreno preparado por la tradición tiránica y estimulado por un Estado militar, aquella otra tradición fue rápidamente olvidada y reemplazada por regímenes militarizados y autocráticos; era lo “moderno”, desde los comienzos del siglo III.

Lo que caracteriza al Estado autocrático griego es, ante todo, su básica estructura militar. De su origen macedónico, el Estado autocrático conserva la tradición guerrera, la organización civil y política. El ejército constituye el elemento fundamental del Estado, porque es el instrumento esencial para la realización de una voluntad imperial, voluntad de expansión y de conquista, que se desarrolla enormemente en Grecia a partir del siglo IV por razones económicas.

El área a que aspira el imperio macedónico es el Mediterráneo oriental. Pero el Mediterráneo oriental no es en ese momento una unidad racial, ni cultural, ni racional; es, exclusivamente, una unidad económica. Para integrar esa unidad económica, subdividida políticamente en innumerables partes, el Estado autocrático emprende la conquista. Un fenómeno económico —la concentración capitalista, a que se aludirá más adelante— empujaba a la realización de esta unidad, que permitía así liberar de la multiplicidad de controles a las fuerzas económicas. Las rutas de navegación, tanto como las rutas de las caravanas o las simples rutas terrestres, quedaban ahora incluidas en un solo dominio político, en cuyo ámbito un capitalismo internacional se desenvolvía en óptimas condiciones.

Este imperativo económico coincidía —como correspondiendo a una misma concepción del mundo— con un imperativo moral. Era el que sustentaban las escuelas pos-aristotélicas, coincidentes en postular un abandono de las preocupaciones exteriores y una ataraxia con respecto al mundo.[109] A esta posición correspondía, también, una actitud negativa contra todo sentimiento localista y una exaltación de la humanidad, de la fraternidad humana, por encima de las fronteras, producto de determinaciones interesadas y circunstanciales. La idea de imperio se acercaba más a esta concepción que no la estrecha idea de la ciudad-Estado.

Sobre la base de esta tendencia a la prescindencia política, las autocracias procedían libremente, exentas de todo control. Una concepción realista de la política daba a su acción exterior un carácter distinto al usual hasta allí en el mundo griego. El derecho de conquista era indiscutible y autorizaba las anexiones más ilógicas, en tanto que los tratados no tenían ninguna validez y se transformaban en documentos para cuya violación sólo se esperaba la ocasión propicia; la violación, como mentira oficial, y la maniobra diplomática, eran armas corrientes y de uso común en todos los Estados autocráticos. Para completar su arsenal de recursos, los autócratas usaban la traición, estimulada en los grupos enemigos, pagada generosamente, y utilizada sin escrúpulo tanto en las operaciones diplomáticas como en las militares. A la ayuda de traidores se debió la entrada en gran cantidad de ciudades, muchos éxitos militares rápidos y muchos triunfos importantes en el curso de negociaciones de paz.

Una política semejante se usaba con respecto a las alianzas. Si los tratados eran documentos sin valor, fue porque el régimen de las alianzas era permanentemente revisable, de acuerdo más a las conveniencias circunstanciales que no a los compromisos contraídos. Estas alianzas no conocían limitaciones morales ni imperativos de lealtad. En la búsqueda de alianzas, el distingo de griegos y bárbaros no tenía ya valor, después del triunfo de la política de Alejandro destinada a romper aquella oposición tradicional. En anchos frentes, nuevas alianzas reemplazaban a las viejas fraternidades históricas, creando un clima de oportunismo y de desconfianza propicio para acrecentar el prestigio de los autócratas cínicos y astutos, cuya grandeza reposaba en una mezcla de sublimidad y de miseria.

El desprecio por los formalismos no fue, sin embargo, absoluto. Después de conquistado aquello a que se aspiraba —una ciudad, un territorio, una supremacía cualquiera— el autócrata se esfuerza por legitimizar su autoridad. Es una legitimación a posteriori guiada por el propósito deliberado de apoyar en el derecho lo que sólo se justifica por la fuerza, y cuya finalidad es establecer un nuevo orden jurídico que reemplace y anule el anterior.

El poder de hecho que Filipo posee por la fuerza de sus ejércitos no le basta. Filipo quiere un poder legítimo, al que no tiene derecho, pero que exige. Así obtiene el que le entrega la Anfictionía de Delfos, dándole el más respetado de los poderes. Después del congreso de Corinto, su poder es más vasto: no se conforma con ser el general de los ejércitos victoriosos sino que aspira al título de “estratega-autocrator” de la Liga, que lo autoriza a respaldar su política con el voto de todas las ciudades griegas. Otras veces la legitimación es más solemne. Alejandro exige de cada país conquistado la consagración de su autoridad según el ceremonial del país, y no rehúye la investidura religiosa allí donde el ritual lo exige. Gracias a eso es recibido como libertador y su dominio sobre los pueblos más diversos apenas se ve amenazado.[110]

La política interior de las autocracias se rige según principios semejantes. Un hecho económico la configura en sus líneas generales: la concentración de los capitales financieros; sus poseedores constituyen pequeños grupos poderosísimos, cuyas ramificaciones se extendían a todos los extremos del mundo mediterráneo, y que se apoyaban, preferentemente, en explotaciones de tipo comercial y marítimo. Este capitalismo mediterráneo —centralizado en pocas manos— controlaba toda la vida económica del mundo griego con la sola limitación que le imponía la soberanía política y militar de cada Estado. Una vez unificado en el imperio, el mundo mediterráneo ofrece a este capital internacional una mayor facilidad de acción y el movimiento de concentración capitalista corre sus últimas etapas. Pero a este enriquecimiento de unos pocos corresponde no sólo la progresiva desaparición de los pequeños industriales y propietarios, sino también la pauperización acelerada de las masas humildes. Las posibilidades de vida económica autónoma disminuyen y es forzoso incorporarse a la muchedumbre de los asalariados que trabajan para los grandes grupos financieros, sea en la navegación, sea en el comercio o aun en la agricultura. El ejército ofrece también oportunidad de ganancia al hombre solo, y esta circunstancia, que contribuye a crear los grandes ejércitos de mercenarios propios de la época,[111] explica, además, la disminución alarmante de la natalidad.[112]

Las consecuencias sociales de estos hechos son notables y sus efectos inmediatos. Al abandono de toda preocupación por la política, de toda esperanza de solución por el Estado-ciudad de los problemas, corresponde —en este clima económico— el crecimiento de los ejércitos de desocupados y descontentos, cuyas aspiraciones sociales exceden ahora toda restricción legal. A esta actitud revolucionaria —expresada en muchas insurrecciones—[113] corresponde un movimiento teórico, en las filosofías postaristotélicas, que procura fundar la legitimidad de su exigencia.[114] Pero este movimiento social no consiguió imponer ninguna de sus aspiraciones; en cambio, constituyó un elemento sumamente importante para la estructuración y el mantenimiento de las autocracias, que explotaban los grandes temas demagógicos y obtenían así el apoyo popular —parcial o unánime— para actuar contra los enemigos de sus propósitos dictatoriales o contra las potencias rivales.

Esta actitud se complementaba con la que el autócrata adoptaba frente a la política interior de la ciudad. La lucha política, la libre oposición de los diversos grupos, no existía, en estos regímenes, dentro de la legalidad. Por sobre los intereses de los partidos, el autócrata elevaba un tema político variable —los intereses económicos, el peligro exterior, la unión sagrada— y en nombre de él se oponía a toda exteriorización de opiniones, admitiendo solamente la solidaridad con la política del autócrata. Frente a la posibilidad de escisiones en la opinión pública y de la consiguiente formación de partidos, la actitud del autócrata es radical; la unión de los ciudadanos es condición indispensable para la felicidad colectiva y para el mantenimiento de su poder y el autócrata exige la deposición de las intransigencias de partido.[115] Automáticamente, el autócrata se opone así a la vieja antinomia de democracia y oligarquía y a la continuación de la política de facción. En la práctica, no siempre es la misma la actitud del autócrata; si, en general, su actitud es de oposición a los viejos partidos, con mayor frecuencia se vale de los oligarcas que de los demócratas, cuando tiene que elegir grupos para delegar poderes o encomendar funciones de gobierno o control.

Pero las ciudades, más celosas de su régimen que de su interés momentáneo, comprendieron que la autocracia era un peligro que amenazaba algo más que la estructura político-social. Los más grandes enemigos de la autocracia aparecen como defensores de la ciudad-Estado como tipo de asociación política. Como Demóstenes y como Aristóteles, la opinión conservadora griega se adhirió no tanto a una tendencia más o menos tradicional de la política, sino a esta actitud general que colocaba la organización ciudadana como la forma genuina de la vida política griega. Es en este sentido como deben entenderse los conceptos de “libertad” y de “patriotismo” en Demóstenes, frente a una posición nacional, como la propuesta por Isócrates,[116] o una posición intemacionalista como la adoptada por los autócratas.

El Estado patricio-plebeyo romano

Las dos descripciones fundamentales que poseemos del Estado romano, la de Polibio y la de Cicerón, nos lo presentan en el momento de su más completo equilibrio, y, en cierto modo, idealizado en el sentido de su perfección institucional. Polibio mismo nos dice que esa perfección corresponde a un momento ya pasado de la historia de Roma[117] y Cicerón —muchos años después— nos confirma que la sabia organización que describe Platón en La República y en Las Leyes pertenece a un tiempo más lejano, cuyo recuerdo ha borrado la turbulenta realidad del periodo que corre desde Tiberio Graco hasta Farsalia.

Este Estado que allí se nos describe es exactamente el Estado patricio-plebeyo. Apenas se encuentra allí el reflejo institucional de las graves alteraciones políticas y sociales de que son contemporáneos ambos autores, y el pasado mismo de la ciudad imperial ha sido tergiversado para que desemboque naturalmente en ese régimen equilibrado y estático. El conjunto institucional que nos ofrecen las dos fuentes corresponde así a un momento histórico preciso, al cual se llega sólo después de un larguísimo proceso, y que en seguida se deforma por la fuerza de nuevas corrientes sociales y económicas implícitas en él. Podría fijarse la sanción de la ley Hortensia como el momento en que termina el ciclo de su estabilización. El momento en que comienza, en cambio, es para nosotros muy oscuro y se confunde con los orígenes mismos de la ciudad, tan llenos de incógnitas todavía.

El núcleo romano del Palatino constituía, sin duda, un Estado cerrado. La tradición conserva un recuerdo coherente y verosímil del conjunto de instituciones que reglaban su vida civil y política, que nos autoriza a admitir la existencia de un Estado patricio, es decir, de un cuerpo político al que sólo los patricios tenían acceso.[118] Sus órganos eran una asamblea reunida por Curias, un senado y un doble consulado. Muy diverso en su composición étnica,[119] este grupo social mantenía una organización política unitaria y cerrada: a su alrededor, una población sometida constituía una clientela adherida a cada una de las gens que lo integraban; más allá, un grupo social de origen oscuro y muy discutido —la plebe—[120] ocupaba las alturas vecinas y, sobre todo, el Aventino, cuya ladera formaba la costa del Tiber.

Este grupo es, seguramente, muy heterogéneo; vive adherido a la ciudad del Palatino y depende de ella económica y socialmente; pero los lazos que unen los dos grupos son imprecisos y sujetos a transformaciones. El grupo dominador del Palatino aprovecha la actividad comercial y agrícola del grupo sometido, pero intenta, además, reducirlo a la situación en que se encuentran sus clientes.

Para impedir que se cumpla este propósito, y para impedir el sometimiento de hecho, el grupo del Aventino comienza a organizarse. Tiene sus jefes y sus cuadros: en un momento dado, ante la violencia de la opresión económica y social del grupo dominador, se levanta y provoca, seguramente, gravísimos conflictos. La tradición, sobre la base de asimilaciones a hechos posteriores, nos habla de una secesión del grupo plebeyo; aun cuando no puede probarse, es verosímil el recurso; en todo caso, la plebe organizada podía aspirar a constituir otro Estado y aun parece que de hecho lo constituye.[121]

Las fuentes nos muestran, de inmediato, la aparición de una política de conciliación por ambos bandos.[122] Grupos patricios coinciden con grupos plebeyos en la necesidad de una transacción: son los patricios más preocupados por una política ventajista que por la inviolabilidad de sus privilegios de clase, y, seguramente, los grupos comerciantes de la plebe.[123] Correlativamente, grupos intransigentes aparecen en los dos sectores: con ellos se relacionan las secesiones posteriores de la plebe[124] y el episodio de Coriolano.[125] Es, sin embargo, la política de los grupos moderados y conciliadores la que se afianza y se impone.

La historia interna de Roma durante los siglos V y IV, es, en efecto, un proceso de integración de estos dos elementos sociales. En un principio, se trata solamente de la exigencia, por parte de los plebeyos, de una mejora en su situación económica y social. Para lograrlo, bastaba asegurarse la libertad individual, contra la amenaza de la esclavitud o la prisión e imponer el principio del derecho del plebeyo a participar en el reparto del ager publicus.

La puja por la obtención de esta ventaja obligó a la plebe a una organización estricta. La tradición nos dice que la plebe exigió de los patricios el reconocimiento de sus tribunos, defensores de la plebe ante los magistrados patricios, y, en general, ante los jefes militares;[126] poco a poco, en efecto, los patricios admiten la existencia de la plebe como estructura jurídica y los tribunos se transforman en los funcionarios ejecutores de su voluntad. Así organizados, los plebeyos exigen, como complemento indispensable de sus conquistas, la objetivización de las normas jurídicas en un cuerpo estricto: el decemvirato se crea entonces para proceder a la compilación de las disposiciones legales, arrancadas al secreto interesado de los patricios.[127]

Apoyada en las exigencias de la guerra exterior y en el propio poderío creciente, la plebe abandona ahora el plano de las demandas mínimas y se lanza a la conquista de las posiciones políticas. Un proceso interno de la plebe explica este fenómeno. La fracción colaboracionista de la plebe comienza poco a poco a alejarse de sus antiguos compañeros de clase; múltiples oportunidades les ofrecen ahora la posibilidad de enriquecerse considerablemente y a esta riqueza corresponde una creciente ambición de poderío; esta fracción se halla más cerca de la fracción complaciente de los patricios que no de los más humildes de los desheredados, que exigen el cumplimiento de viejas promesas: de acuerdo con aquéllos o, por lo menos, forzando su complacencia, este grupo plebeyo, que comienza a abandonar la política unitaria de su clase, posterga las antiguas reivindicaciones de mejoras económicas y sociales y comienza a aspirar a las magistraturas. Naturalmente, si espera vencer la resistencia patricia en sus sectores más débiles sabe que no debe perder el apoyo del resto de la plebe, a quien asocia a su política incluyendo sus exigencias económicas aun cuando ya se insinúa la divergencia de sus intereses. En esta forma, la plebe consigue la restauración del consulado, la legitimación de los matrimonios entre patricios y plebeyos, y el acceso de los plebeyos al consulado. Para exigir su ingreso a las demás magistraturas, los plebeyos aguardan situaciones propicias.

Pero mientras tanto, los ciudadanos siguen sometidos a la misma organización primitiva; en los comicios centuriados —que poco a poco habían ocupado el lugar preferente dentro de los comicios romanos— sólo existía una classis, y los que no pertenecían a ella se entremezclaban en la infra classem, sin distinción alguna. Es seguramente en el transcurso del siglo IV —y según algunos historiadores quizás en el siglo III—[128] cuando se cumple la organización centurial que la tradición llama de Servio Tulio. Una organización en tribus y en centurias asegura una clasificación timocrática de los ciudadanos y, como consecuencia, desaloja de su lugar privilegiado a los comicios por centurias, reemplazándolos por los comicios tribales, en donde predominaba la plebe rural, clase estimulada por la política del Estado patricio-plebeyo que se estructuraba lentamente. Los comicios tribales producían decisiones —los plebiscitos— que no tenían fuerza legal sino cuando obtenían la auctoritas patrum; un largo proceso debía liberar a los comicios tribales de esta tutela del senado; cuando la organización tribal estuvo cumplida, la plebe exigió la más absoluta libertad para tomar decisiones en la asamblea por tribus: por la ley Hortensia de 287, los plebiscitos adquieren valor legal y el largo proceso de incorporación de los plebeyos al Estado, en condiciones de gravitar en él, se cumple así constituyendo un régimen de equilibrio entre las viejas fuerzas dominantes y el nuevo elemento incorporado.[129]

La tradición latina insiste en subrayar el aspecto contractual del proceso por el que se llega a la constitución patricio-plebeya. Un desarrollo singular ha diversificado en ambos grupos los elementos sociales y ha conformado, en ambos, un tipo de tendencia transaccional que se proyecta en la vida política. Fuera de esos grupos, subsisten en cada uno de los sectores los elementos irreductibles, reacios a toda claudicación doctrinaria o práctica. La censura de Apio Claudio ha intentado realizar una política radical, oponiéndose al juego de las concesiones recíprocas, típico de los grupos moderados de ambos sectores.[130] Por su parte, los grupos extremos de la plebe subsisten; transitoriamente anulados, renacen y se organizan con algunos tribunos como Flaminius[131] o como aquel otro que hizo apresar a los cónsules Licinio Lúculo y Postumio Albinio,[132] que quieren devolver a la plebe su antigua homogeneidad, destruida hábilmente por los patricios, concediendo a la plebe rica privilegios políticos que la plebe humilde no podía aprovechar porque perduraba su antigua sujeción en lo económico y en lo social.

Con la sanción de la ley Hortensia se llega, en lo fundamental, a la estructuración del régimen mixto que tanto elogiarían Polibio y Cicerón. Lo integraban ciertas instituciones que por su origen, naturaleza y función representaban a aquellos sectores sobre cuya coincidencia se basaba el Estado.

La asamblea de las tribus obtiene, con la sanción de la ley Hortensia, categoría de cuerpo legislativo por excelencia. Si en la práctica dejaba al senado la jurisdicción provincial y militar, nada había que lo obligara a hacerlo y fue, precisamente, característico de las épocas críticas la reivindicación de tal derecho.[133] Sus disposiciones abarcaron casi todas las materias, y cuando el senado intentó forzar la política romana, lo hizo solamente dentro de esa convención, sin intentar recobrar su antigua jurisdicción legislativa. La asamblea se integraba con los ciudadanos reunidos según las tribus, de tal modo, que, como había 4 tribus urbanas contra 31 tribus rústicas, prevalecían en su seno los propietarios y colonos libres, quedando en minoría el proletariado urbano. Los grupos patricios procuraban actuar sobre los comicios forzando las conciencias por medio de dádivas o de juegos, en forma tal de adquirir el voto sin violar las formas legales; el plan de Apio Claudio, en cambio, fue mezclar el proletariado urbano con las tribus rústicas para actuar sobre ellas directamente, contando con ese elemento social que quedaba fuera del acuerdo establecido entre los grupos moderados de patricios y plebeyos.

Consecuente con el mismo plan, Apio Claudio quiere hacer entrar en el senado a libertos incondicionales de sus antiguos señores. La finalidad era devolver al senado su antigua energía, sobre la base de la acción de los grupos patricios intransigentes. Era necesario para ello sacar del senado los elementos provenientes de la nobilitas, que llegaban a él por haber ejercido alguna magistratura y que eran los defensores encarnizados del régimen. Este senado disminuido y respetuoso de la asamblea tribal, fiel representante del equilibrio de los grupos moderados, resultaba un cuerpo desvirtuado para los grupos patricios extremos; de aquí el proyecto de Apio Claudio de controlar los dos cuerpos para aniquilar el entendimiento patricio-plebeyo: su fracaso probó la fortaleza del régimen.

A la sombra de este régimen de coalición, la diversificación de la plebe se acentúa y se demarca precisamente. La plebe rica, a la que interesaban las concesiones políticas y que se entendía con la fracción patricia transigente, comenzó poco a poco a integrar la clase de los antiguos magistrados —la nobilitas— y constituyó un grupo coherente y solidario en sus intereses económicos. Poco a poco, el crecimiento de una economía cada vez más desarrollada pone en sus manos mayores recursos y fortalece su situación; para proteger aquellos intereses, la clase de los ricos —los caballeros— se adhiere cada vez más sólidamente a sus privilegios políticos y aspira a otros nuevos. Especulando con este interés, los grupos patricios conceden parte de lo que se les pide y logran, en cambio, disolver el conglomerado plebeyo, cuyas reivindicaciones extremas eran tan peligrosas. Para conseguir el mismo fin, el patriciado, por un proceso muy sutil, procura quitar al tribunado su carácter combativo e incorporarlo poco a poco al conjunto de las magistraturas.[134] Una vez conseguido, la plebe pierde su organización —por cuya fuerza había conseguido todas sus conquistas— y se encuentra ahora fundida en la organización política de la ciudad, en donde los patricios conservan el control de la vida económica y social en grado tal como para poder fácilmente regular las libertades políticas que habían otorgado.

La quiebra del régimen político-plebeyo se inicia en el momento en que nuevos jefes —guiados por un propósito imperialista y “moderno”— quieren devolver a la plebe su antigua unidad, iniciando un acercamiento entre los grupos plebeyos ricos y los humildes y postulando de nuevo una política secesionista y revolucionaria contra el acuerdo patricio-plebeyo, exhibido como una traición. La plebe polarizada adquiere por un momento una clara conciencia de clase[135] y abre una lucha franca contra el patriciado; pero el patriciado contesta uniéndose también y entregando su control, como clase, a los más intransigentes. Se inicia así una lucha que sólo servirá para probar que sobre ese esquema de patricios y plebeyos no se podía ya —en el siglo II— resolver el problema social de Roma; de esa lucha había de salir la clase de los caballeros, definida frente a la clase senatorial, a la que absorbe poco a poco, y frente a las clases pobres, sobre las que impone ahora su nuevo poderío.

EL Estado cesariano

El fracaso de la política de Cayo Graco, basada en un plan de acercamiento de los sectores diversificados de la plebe, significaba que toda una tradición social y económica auténticamente romana estaba en crisis; la política oportunista de los caballeros y su acercamiento desconfiado a los optimates, después de la muerte del tribuno, confirmó aquel fracaso y da la pauta para la comprensión de los acontecimientos que habían de desarrollarse en el periodo subsiguiente y que debían culminar en la lucha por el poder político-militar.

La plebe, entendida en el sentido histórico con que aparecía en la tradición romana y con los caracteres de grupo autónomo desde el punto de vista religioso y racial, no tenía, al finalizar el siglo II, un valor presente y activo; podría afirmarse que el poder y la acción que la habían caracterizado hasta hacía poco tiempo, se habían diluido progresivamente en un orden económico y social, provocado por el contacto de la estructura latina con las vigorosas influencias del mundo helenístico.

Aun sin definirse, las nuevas relaciones sociales y políticas comenzaban a buscar nuevos cauces. Por entre la posición de patricios y plebeyos comienza a aparecer una nueva fuerza, formada en el ejercicio del dominio imperial, y que crecía bajo el signo del capital internacional. Originariamente componían esta fuerza exclusivamente elementos que habían desertado de la plebe para incorporarse a las nuevas actividades que la conquista permitía; son los caballeros, equites, originariamente definidos por la concesión de caballo público y después caracterizados por la posesión de una determinada renta.[136] Los equites constituyen una clase de caracteres definidos mientras perdura en Roma la tradicional consideración preeminente por la actividad rural; pero el prestigio del dinero y el desarrollo de las fortunas hacen tambalear esta honrosa y ascética tradición y arrastran a las clases patricias hacia un tipo de actividades nuevo y prometedor; en un momento dado, prescripciones legales se oponen a la intervención de los senadores en empresas comerciales o financieras;[137] pero son burladas mediante la intervención directa de libertos o socios complacientes.[138] En ese momento, la clase de los caballeros entra en una crisis de la que ha de salir acrecentada en prestigio y en categoría; en su transcurso, sus integrantes se vinculan estrechamente con el orden senatorial y esconden, muchas veces, los intereses de los patricios; sus intereses no coinciden exactamente con ninguna de las viejas clases antagónicas sino que polarizan los de cierto número de individuos, que sobreponen su beneficio personal a las viejas determinaciones de clase. La clase de los caballeros resulta, pues, inasible: en el plan de Cayo Graco se presuponía el mantenimiento de su antigua raíz plebeya; pero, después de su fracaso, se hizo evidente que se iban entremezclando con ella nuevas influencias, e iban adquiriendo, en consecuencia, nuevas características; poco tiempo después, ya en época de Catilina, podrá definirse el capitalismo como una fuerza sui generis que se descuaja del viejo tronco romano, y que se desentiende de los problemas que la antinomia de patricios y plebeyos planteaba en la vida social.

La formación de este capitalismo ha sido el producto de una lenta transformación de la vida económica romana. Paralelamente, se ha producido una disolución progresiva del viejo campesinado libre, el crecimiento de una urbe urbana muy numerosa, y la aparición de nuevas y diversas posibilidades de vida dependientes de esta nueva actividad económica traída por el capitalismo. Esta dependencia ha polarizado amplios sectores de la plebe en un grupo que se opone al capital en la misma medida en que es subsidiario de él. Sus centros más poderosos son las ciudades, pero sus intereses lo vinculan a los grupos rurales que se sienten estrangulados por el creciente poderío del capitalismo que controla toda la actividad económica.[139]

Esta plebe siente crecer su impotencia política. Después de Saturnino, la lucha fundamental se da entre caballeros y optimates; los capitalistas se resguardan bajo la máscara de la democracia y con ella se oponen al senado, mientras el proletariado es desalojado cada vez más ásperamente hacia una situación de clientela política y social, de la que después le será imposible salir. Esta lucha tiene para los caballeros la ventaja de que pueden, poco a poco, absorber individualmente a sus enemigos, en la medida en que Roma se vuelve hacia el Mediterráneo oriental y hacia su economía internacional. En su ventaja tiene además la posibilidad de atraer hacia su causa, cada cierto tiempo, fracciones de la plebe que no perciben la verdadera naturaleza de esta democracia, o que prefieren a este nuevo amo. Es este conglomerado el que con Mario se opone a los optimates y el que provoca la desesperada reacción de Sila.

La restauración de Sila es, en efecto, el supremo esfuerzo de los optimates por aniquilar las pretensiones políticas de los grupos plutocráticos. Para conseguirlo, Sila se basa en su fuerza militar y en el apoyo que le prestan las viejas tradiciones romanas. Pero en el fondo de la concepción silana se debatía un simplismo suicida; no bastaba con negar las nuevas realidades para que no existieran, y fue muy pronto cuando se comprobó que era efímero el orden restaurado por el dictador. Su derrumbe no fue la obra de un intento revolucionario concretamente dirigido hacia tal fin: los que prepararon Lépido y Sertorio fracasaron y solamente la progresiva canalización de las fuerzas activas impusieron a Pompeyo y a Craso su adhesión a las renacientes fuerzas democráticas, con cuyo auxilio se derogaron las disposiciones básicas de la constitución silana. Este fracaso no aleccionó a los senatoriales intransigentes, quienes no abandonaron su actitud; con Catón el menor —ya en los tiempos definitorios de Julio César— los encontramos por última vez jugando su destino como clase dominadora. Pero su función debía ya ser sólo anecdótica en la historia social y política de Roma. Cada vez más, los términos se polarizaban alrededor de la aventura imperial y los elementos de verdadero valor en la vida política se circunscribían más alrededor del capital y del ejército.

Fue necesario previamente, sin embargo, afrontar otro problema. La situación de la ciudad imperial en sus relaciones con el imperio, y, sobre todo, con Italia, exigió una solución, largo tiempo demorada y sólo aceptada ante la gravedad de los conflictos que se derivaron de su postergación. Planteada la situación de los itálicos por Cayo Graco, fue Druso, en el año 91, quien planeó las medidas definitivas. Una concepción estrecha del problema hizo aparecer la reforma propuesta como peligrosa, y Druso fue asesinado. La guerra de los itálicos comenzó entonces, y sólo fue sofocada por Sila tras duro esfuerzo. Pero la sublevación sirvió para demostrar que el estatuto de Italia era impostergable y se afrontó la situación concediendo el derecho de ciudadanía a los itálicos.

Pero no bastaba, para responder a las exigencias del imperio, con resolver este problema. Otros elementos más importantes pugnaban por lograr en el Estado el papel que parecía corresponderles.[140] Capital y ejército eran, en efecto, las dos fuerzas que importaban fundamentalmente a Roma desde el momento en que decide lanzarse a la formación de un gran imperio. Si pudo subsistir con su antigua estructura rural mientras el área dominada fue próxima y limitada al occidente, la lejanía de las nuevas regiones, su singular naturaleza económica, cultural y social, ponían a Roma en la necesidad de ajustar sus resortes para no enterrar en oriente el prestigio de su conquista occidental.

El ajuste exigía ante todo la transformación de su ejército. Las viejas legiones de campesinos se trocaron poco a poco en los cuerpos de mercenarios, que, en inmenso número, se apretaban alrededor de sus jefes porque —plebe al fin— sólo esperaban de sus generales, interesados en su solidaridad, el remedio de su miseria. Proporcionalmente crecieron los mandos militares en duración, autonomía y prestigio, y el control de los órganos políticos romanos resultó cada vez menos exigente y más ilusorio.

Pero el poderío militar y la política conquistadora exigieron la libre expansión del capital en las provincias como fenómenos nacidos de la misma causa. Las ventajas proporcionadas por Cayo Graco a la clase capitalista, arrebatadas por Sila, son devueltas luego a los caballeros, quienes sólo volverán a sufrir restricciones importantes con César.[141] Pero esta fluctuación de la protección y del control oficial sólo obraba en una pequeña medida sobre la acción del capitalismo en provincias; en realidad, excepto en los negocios de excepción, la acción del capital se encontraba libremente desarrollada, con las únicas limitaciones que los intereses recíprocos imponían a comerciantes y gobernadores.

Resueltos estos tres problemas, la expansión imperial no se vio trabada y las nuevas fuerzas de Roma comenzaron a desarrollarse con un ritmo acelerado.

Al promediar el siglo I, el capitalismo imperialista y el ejército se presentan unidos contra los optimates: el Estado tradicional resulta coercitivo para los caballeros que operan en las provincias y para los generales que aseguran el poderío romano en ellas. Esta alianza —simbolizada en el triunvirato integrado por César y Craso como jefes del partido demócrata y Pompeyo, el general que acababa de organizar el oriente sobre la base de su autoridad militar y de los intereses capitalistas— era puramente negativa y no tenía sentido sino como oposición de las fuerzas “modernas” contra los grupos ultraconservadores de los optimates. Pero el consulado de César del 59, producto de este acuerdo, no deja ya duda sobre lo que significa el antiguo catilinario: admitidas las exigencias de Pompeyo, el resto de su política está destinada a construir para sí mismo un poder militar y a asentar su política indiscutiblemente popular.[142]

El consulado del año 59 significa para los capitalistas —hasta ese momento amparados en la fácil política llamada democrática— una verdadera sorpresa; llevada hasta sus extremos, la política popular no es sino la vieja política tribunicia y la de Catilina. El problema se torna entonces más grave. Si le preocupa la lucha contra los optimates por la posesión del completo control del Estado, mucho más vital le resulta la aparición de una política clasista, destinada a defender los intereses de la plebe que, puesto que no exigía reivindicaciones políticas sino solamente concesiones económicas y sociales, sólo podía dirigirse contra los ricos. El pleito se aclara radicalmente entonces. Contra la plebe, o mejor dicho, contra una política realista, de base militar, y destinada a provocar una defensa de los intereses proletarios, se unen automáticamente los optimates con los caballeros y con Pompeyo. El poder de César crece en Galia y en la misma medida se definen sus planes y los de sus enemigos. El conglomerado unido bajo la inspiración civil de Cicerón y el mando militar de Pompeyo se coloca en una actitud intransigente y César, militarmente seguro, rompe, en el Rubicon, con los últimos reparos formales.

Mientras termina en sucesivas campañas de aniquilar la resistencia del conglomerado que se le opone —Farsalia, Thapsus, Munda— César comienza a estructurar su Estado. Una actitud premeditada le hace romper con aquellas instituciones que más exactamente representan al Estado patricio-plebeyo, tan desvirtuado en el transcurso de los cien años anteriores a él; el senado es subvertido en su composición y rebajado en su valor institucional;[143] el consulado olvidado o reducido a una función meramente formal;[144] las otras magistraturas sometidas a su tutela, junto con los comicios centuriados.[145] Aun cuando sólo admite —de acuerdo a su carácter de autocracia militar— la autoridad de su voluntad, César se esfuerza por dar a los organismos plebeyos el máximo de autoridad, al mismo tiempo que afianzaba su papel en ellos, mediante la obtención de la autoridad del tribuno.[146] Esta consideración formal, que definía su política y la señalaba, daba un cierto carácter legal a las disposiciones de su voluntad, expresadas mediante plebiscitos. Pero en el fondo, César no lo consideraba imprescindible, y en general evitaba todo formalismo. Una conciencia muy clara de sus propósitos daba a sus decisiones un carácter perentorio y ejecutivo. Había en su poder lo característico de la autocracia, regido, eso sí, por un sentido de justicia social y de reivindicación de las tradicionales exigencias de la plebe.[147]

Como en las autocracias helenísticas, César se apresura a elevarse por encima de las luchas de partidos y pone una idea de reconstrucción nacional y popular por encima de toda querella política. Los centros de acción política democrática son disueltos,[148] y la libre discusión de su política, controlada y restringida; la oposición no existe como fuerza organizada y un proceso acelerado despoja a todos los antiguos resortes gubernamentales de sus posibilidades de acción.

Si en la despiadada persecución del senado, de los comicios centuriados y de las magistraturas curules, podía advertirse el sentido de facción que inspiraba su política, una confirmación indirecta podría encontrarse en su acción positiva. Una oposición clara y justa a la acción del capital en provincias marca, ante todo, la amplia visión imperial que caracteriza la política de César;[149] por primera vez, las provincias son consideradas como partes del imperio y no como fuentes de beneficios para Roma. Con la llamada lex Iulia municipalis se da un estatuto riguroso y equitativo a Italia y con la reorganización de las provincias se fija un régimen capaz de asegurar su desarrollo económico sin autorizar la codicia de los funcionarios romanos.[150]

En su política interior se advierte la misma actitud equilibrada para satisfacer las exigencias de la plebe, pero canalizándolas con un sentido constructivo y sin perder de vista las necesidades del orden imperial. Una amplia repartición de tierras públicas y una sostenida preocupación por la capacitación de los humildes para proveer a sus necesidades con dignidad, aun a costa de situaciones creadas, caracteriza los comienzos de la acción social del dictador;[151] en el mismo sentido afronta la cuestión de las deudas, rebajándolas o restringiéndolas,[152] y el socorro del necesitado, en cuya solución adopta igualmente una actitud equidistante de la demagogia y de las exigencias del interés general.[153]

El Estado cesariano no llega, pues, a fijarse en instituciones de gobierno, si bien están latentes en él todas las características del principado; pero en cambio, su obra se cristaliza en una doble serie de normas; por una parte las destinadas a solucionar los problemas de las clases proletarias, antigua base de su política; por otra, las destinadas a estructurar el imperio, sobre la base del bienestar general y de un interés colectivo por el Estado que se sobreponga a los intereses de clase o de partido. De sus dos finalidades, la primera tuvo una validez efímera, gracias a la acción hábilmente negativa de Augusto; en la segunda, Augusto persiguió el asentamiento del imperio vinculándolo a los intereses de las clases económicamente poderosas y militarmente fuertes. Triunfó su política y el imperio se aseguró así más de cuatro siglos de vida.

EL Estado imperial romano

Se ha caracterizado la obra de Augusto —en oposición a la de César— como una vuelta a la tradición occidental y latina.[154] Frente al olvido voluntario de las formas jurídicas y al desprecio no disimulado por las convenciones y las normas de sus mayores, característicos de César, y que definen su poder como una autocracia de sentido oriental, Augusto orienta su política hacia una restauración de las instituciones y hacia un encuadramiento de las funciones del Princeps —a las que no pensaba renunciar— dentro del marco de la constitución tradicional. La escena del 13 de enero de 27 antes de J. C. es simbólica: Augusto devuelve al senado sus poderes extraordinarios y sólo acepta las atribuciones que puede tener dentro de la constitución.[155] Pero el momento elegido para deponer teóricamente su autoridad omnímoda, era, precisamente, el momento de la culminación de su poder personal de hecho: una sólida base militar, un prestigio político inmenso, una indiscutida autoridad personal, ponen a Augusto a cubierto de cualquier sorpresa en el senado y, a su magnánima renuncia, el senado responde con una entrega total de poderes, que a través del tiempo se va formalizando con la investidura de todas las magistraturas fundamentales.[156]

Seguramente ha sido la lección de los Idus de marzo la que enseñó al joven Octavio su línea política. El poder militar sobre cuya base actuaba Julio César, era el resultado de un proceso histórico muy concreto, que no era posible desviar sin grave riesgo. Había surgido como resultado del desarrollo imperialista, y estaba, en consecuencia, atado a otros fenómenos del mismo proceso, y, muy especialmente, al crecimiento del capital. Cuando la dictadura cesariana pone al servicio de viejas reivindicaciones populares la fuerza militar, se polariza contra ella un conglomerado de fuerzas que reconocen como divisa común la protección de los intereses de las clases ricas, en cuyo provecho se había realizado la conquista imperial. Premeditadamente olvidado de este hecho, César realiza la vieja aspiración de los grandes jefes populares, de Cayo Graco y de Catilina, sirviendo con la fuerza —como lo hiciera en su consulado del 59— los intereses de las clases populares. La coalición capitalista que arma el brazo de Bruto vuelve a poner el poder personal al servido de las fuerzas de cuyo desarrollo había surgido.[157]

Tras el efímero pasaje de Marco Antonio, Augusto se apodera con mano segura del poder. La lucha por su obtención llenó un importante periodo de su actividad, fechado desde el momento en que aparece reivindicando la herencia política de Julio César, hasta la batalla de Actium. Eliminados todos los competidores, Augusto se siente seguro de su autoridad personal indiscutida tanto como del apoyo militar que lo mantiene. A partir de ese momento, Augusto plantea los grandes problemas de Estado. El poder personal, ahora logrado para él, constituirá el instrumento de una organización general del imperio, concedido, sobre todo, en función de ciertos intereses. Para lograrlo en forma precisa, Augusto establece con carácter oficial una jerarquía social, en donde la clase senatorial y la clase ecuestre se distinguen exclusivamente por el monto de su renta.[158] Bajo los nombres equívocos de antiguas categorías sociales, Augusto clasifica a los poseedores de acuerdo con un estricto y único principio timocrático, ya que nada quedaba de las antiguas estructuras sociales.

De estas clases salían los funcionarios imperiales, y sus miembros gozaban de determinados privilegios oficialmente establecidos. Augusto comienza con ellos a crear una rigurosa centralización administrativa destinada a crear, por primera vez, un poder de control verdaderamente eficiente. Las provincias entran así en un plan general de gobierno, que separa las provincias pacificadas y de régimen regular de las provincias en donde todavía la acción de Roma se ejerce por intermedio de la fuerza militar; Italia es dividida igualmente en un cierto número de circunscripciones administrativas, y en Roma se fija el centro de la burocracia imperial. A su frente están hombres salidos de esas mismas clases privilegiadas, impuestas por Augusto y fieles al plan del emperador de devolver al cuerpo cívico romano el beneficio del imperio.[159]

Por debajo de esas dos clases privilegiadas —sólo separadas entre sí por el monto de las fortunas— queda agrupada una inmensa población, la plebe, que, cuando no formaba parte de los cuadros de trabajadores rurales o urbanos, constituía la masa de menesterosos o llenaba las filas de los ejércitos mercenarios. Esta plebe sólo influía en el manejo del Estado, cuando, integrando los ejércitos, pesaba con su presión tumultuosa en los momentos decisivos; normalmente, en cambio, su papel era absolutamente nulo en el Estado. El imperio adopta frente a la plebe una actitud indiferente; Augusto acrecienta el número de los que recibían beneficios del Estado —fijado por Julio César en 150.000 y llevado por él a 200.000— pero no se adopta una política precisa destinada a defender los intereses de la plebe o a procurar la canalización de ciertos problemas que indefectiblemente modificaban cada cierto tiempo su situación. En el transcurso del principado, alguna vez volvió la plebe a tener en los emperadores un protector eficaz, como Trajano,[160] pero la solución de los problemas básicos que le afectaban no volvió a ser tema de preocupación para el Estado romano.

Augusto ejercía su poder discrecional dentro de los marcos legales tradicionales. Basado en el ejercicio del poder tribunicio y del imperium proconsular, Augusto posee una autoridad omnímoda dentro de un orden legal. Una lex regia transmite al príncipe toda la potestas y el imperium del pueblo,[161] y por ella delega para siempre su soberanía. A este fundamento jurídico corresponde la desaparición de hecho de los comicios, quedando solamente como complemento de la autoridad del princeps el senado, constituido por los representantes de los grupos privilegiados en el Estado.

Senado y princeps representaban los dos elementos fundamentales del imperio; el elemento civil lo constituía el grupo poderoso económicamente, celoso de sus privilegios, y aliado del poder militar para la consecución y el mantenimiento del imperio; el elemento militar lo constituía el princeps como representante del ejército, impuesto generalmente por él y depuesto generalmente con su intervención. El equilibrio entre ambos representaba una dificultad que ya Augusto había entrevisto y que debía constituir la falla del régimen: el poder militar reivindicaría para sí el ejercicio de la fuerza y destruiría todo principio de diarquía, tal como lo postulaban las fuerzas económicas y sociales a quienes representaba el senado.

Esta posibilidad implícita en la organización imperial fue pronto convertida en realidad. El elemento militar comenzó ya en el siglo I a asaltar el Estado y provocó la terrible crisis del año 68.

Después de la muerte de Domiciano el senado consiguió imponer a uno de los suyos e iniciar así una época de gobierno civil, moderado y liberal, que cubre el transcurso del segundo siglo; al finalizar, el régimen del principado llega a su término. Después de Cómodo, el poderío militar vuelve a acentuarse y el imperio cae en sus manos; pero no era ése el peligro mayor; el imperio perdía ahora su vieja personalidad latina; el principio de Augusto de mantener el viejo hogar romano para impedir la disolución de la latinidad del imperio quebró definitivamente después del siglo II, cuando el oriente comienza a influir activamente en la organización imperial. A la influencia del mando militar se suma entonces la influencia de las autocracias orientales, y, muy en especial, del imperio parto, poderosísimo a partir del siglo III por la acción de una nueva dinastía. De esa acción conjunta, el antiguo principado sufrirá una influencia deletérea. Si el principado se había constituido con el compromiso del poder militar y el capital imperial, el segundo se verá ahora desalojado por aquél; lo que había sido solamente el instrumento de la conquista y de la explotación se convierte ahora en el factor predominante; el Estado imperial se desvirtúa progresivamente —aun a pesar de las excepciones— y desemboca en un régimen de fuerza que lleva implícita su propia destrucción. Cuando el imperio comienza a ceder posiciones fronterizas inicia la era de las desmembraciones que debe terminar definitivamente con la unidad política del imperio.

III. LAS FACCIONES Y LAS FORMAS ESTATALES

Un proceso histórico concreto conduce a cada una de las formas de Estado vigentes en el mundo heleno-romano. El resultado ha sido, pues, constituir ciertas estructuras más o menos duraderas, destinadas a transformar en situaciones de derecho lo que originariamente no eran sino situaciones de hecho. En rigor, ocurre que las situaciones de hecho, en efecto, logran establecer un orden jurídico indiscutido, cuya estabilidad se intenta asimilar a la estabilidad de la nación misma.

En el Estado, el orden jurídico se expresa en un conjunto de instituciones, históricamente determinables, en las que cristaliza el régimen económico y social que postulaban los grupos predominantes. Una observación atenta de las estructuras estatales permite descubrir —con las limitaciones que imponen las fuentes— qué grupos intervienen en su gestación y cuál ha sido el comportamiento de las facciones con respecto al Estado.

LA FACCIÓN POR DEBAJO DE LAS FORMAS ESTATALES

Cada forma de Estado corresponde a una aspiración político-social, de la que es portador un determinado grupo. Su realización se logra no sólo por la conquista del poder político, sino por la imposición de un determinado régimen institucional, en el que se legalizan ciertas relaciones, ciertos privilegios, buscados por el grupo dominante. El Estado adopta así una de las diversas formas de gobierno en que se esquematizan las relaciones entre los grupos permanentes de la sociedad, introduciendo en su conjunto legal e institucional las modificaciones particulares que —dentro del esquema general— exija la situación concreta que se afronta.

Pero en todo caso, lo típico e importante es la fidelidad del régimen institucional con respecto al tipo de conglomerado social que logra imponer su ideal político.

Este conglomerado social no es, generalmente, un partido político. Si dentro del engranaje de la vida normal los partidos actúan libremente y mantienen su estructura, el proceso que conduce hacia una transformación institucional cualquiera, por haber sido antes un proceso de transformaciones sociales, ha incluido en su acción modificadora al propio instrumento de su acción social y política. El partido político como tal se transforma también. Sus puntos de vista, imprecisos y espontáneos, sobre algunos problemas fundamentales de la comunidad, comienzan a concretarse en fórmulas cada vez más circunscritas y precisas a medida que se hace más verosímil su aplicación inmediata. Las modalidades de la acción se transforman también. En la periferia del partido político se constituyen los pequeños grupos de acción, cuya exigencia de realidad los pone en contacto con otros elementos sociales, que la masa de sus partidarios no considera como tales. El pequeño grupo de acción constituye alianzas con otros grupos, no buscándolas en los postulados básicos —porque en ese caso bastaría con la anexión al partido originario— sino tratando de establecer coaliciones con los que coinciden en las mismas fórmulas, aun conscientes de su radical diversidad de intenciones y de doctrina.

Las fórmulas prácticas, que originariamente eran, pues, resultado y expresión fiel de una voluntad anónima, se transforman entonces en convenciones equívocas y transaccionales, que permiten mantener el apoyo de los antiguos partidarios y contar, además, con la connivencia de otros elementos, fuertes en sentido económico, social o político.

Esta deformación del partido político hacia el conglomerado constituido sobre una fórmula práctica, equívoca y transaccional, lleva a la constitución de la facción. Con los caracteres que se señalarán más adelante, la facción —más eficaz prácticamente que el partido político— se apodera en un momento dado del poder e impone aquellas soluciones concretas e inmediatas. Detrás de ella, fuerzas económico- sociales ocultas se aseguran posiciones que no estaban previstas en el anhelo social originario, a cuyo calor se formó el partido político de cuyo seno debía salir la facción.

Cuando la facción llega al poder, su acción tiende a lograr la consolidación de sus posiciones mediante una estructuración institucional. Para comprender su íntimo sentido es necesario tener permanentemente presente el doble punto de vista de lo político y de lo económico-social. Las fórmulas en las cuales se concretaban los viejos ideales de partido o de clase, dan lugar a una determinada institución política, dentro de la cual el ejercicio de la acción ciudadana aparenta coincidir con la aspiración social originaria. Pero esa fórmula puede estar o no apoyada por una correspondiente transformación de la trama económico-social, y sólo en caso de estarlo aquella modificación altera seriamente la estructura político-social. La política de facción, en cambio, procura explotar el divorcio de lo político y lo económico- social. Mientras se da cumplimiento a la exigencia formal, que postulaba cierto tipo institucional, se posterga la modificación del fondo económico-social, para satisfacer la exigencia de los grupos generalmente más poderosos que la masa anónima y sólo coincidentes con ésta en aquellas transformaciones formales.

La historia de los Estados oligárquicos nos muestra un principio económico-social de selección creciente. Los oligarcas espartanos integran un cierto cuerpo institucional, de cuya voluntad depende el Estado; pero dentro de él, un proceso económico-social ha producido una selección de minorías entre los oligarcas. Un pequeño grupo sustrae sus atribuciones a los cuerpos donde se congrega la totalidad de los ciudadanos, y las deposita poco a poco en cuerpos más reducidos, en los que se refleja más fielmente esta nueva oligarquía dentro de la oligarquía. Este pequeño grupo, que desnaturaliza las instituciones, ha desnaturalizado previamente sus fundamentos económicos, haciendo posible el enriquecimiento de algunos y estableciendo contactos sospechosos para la mayoría. A esta política de facción corresponde otra, provocada por aquellos que ejercitan magistraturas ejecutivas y que aspiran a movilizar a las clases menospreciadas en el sentido de su política antioligárquica. En este sentido coincide la tradición de Rómulo con la historia de Agis o de Cleómenes.

El Estado patricio-plebeyo romano resulta de un acuerdo logrado sobre la base de una fórmula política e institucional. El acceso de los plebeyos a las magistraturas, que podía ser un arma para la plebe actuando como tal, sólo interesaba a los plebeyos enriquecidos, en tanto que eran otras reivindicaciones las que interesaban a la plebe desheredada; en efecto, el ejercicio del poder, así como la fuerza legal obtenida para los plebiscitos por la ley Hortensia de 287, pudieron ser las armas entregadas a los plebeyos para su liberación, pero el mantenimiento de ciertas situaciones económico-sociales impedía una acción segura y eficaz. Los optimates, que habían perdido el control de la legislación romana en el recinto de la curia, conservaban en cambio el control de los ciudadanos en las campañas tanto como en las ciudades. Circunstancialmente, podía la plebe organizarse y respaldar a un conductor enérgico y decidido para que realizara una política antisenatorial, pero una acción lenta y metódica permitía luego a los optimates anular o restringir aquellas conquistas. Sobre esta seguridad solamente se forma entre los optimates un grupo transaccional, que descubre la posibilidad de colaborar con cierto sector plebeyo para ceder algunas prerrogativas políticas, asegurándose en cambio la limitación de las aspiraciones económicas y sociales por parte de cierto sector de la plebe. El cuerpo jurídico que llamamos Estado patricio-plebeyo es el producto de la política de un conglomerado constituido sobre la desvirtuación de ciertas fórmulas institucionales, para responder a los intereses de los grupos aliados, coincidentes en abandonar una política de privilegios sociales o de aspiraciones intransigentes, en beneficio de la consecución de un statu quo económico y social. Reacción contra esta política transaccional es otra política de facción desarrollada por los optimates extremistas, encabezados por Apio Claudio, el Censor, aliados con la plebe más humilde, que renunciaba a todas sus conquistas políticas con tal de encontrar —aun en la situación de clientela— una solución a sus problemas económicos.

En los tipos estatales autocráticos, de base militar, puede observarse siempre un fenómeno social, de caracteres variables pero uniforme en su resultado: la formación de grandes masas militares mercenarias. Independientemente de otros procesos, puede afirmarse que es imprescindible la existencia de situaciones sociales que faciliten esta formación para que se den las autocracias militares de tipo imperial. La formación de una plebe paupérrima, generalmente incapaz de crear una familia, capaz en cambio de desarraigarse del suelo, es el resultado de un proceso de concentración capitalista y de concentración urbana. Capaz de crear esta situación social, este proceso también lo era de producir los elementos de la facción imperialista. Los jefes militares que aseguraban el dominio territorial, se aliaban a los grupos capitalistas que explotaban las nuevas provincias, y a veces, se daba en las mismas personas la organización financiera y el mando militar. Esta nueva facción se integraba con elementos desgajados indistintamente de todas las clases, porque su peculiaridad consistía en responder a un esquema nuevo, “moderno”, en donde se reduce a sólo dos términos —ricos y pobres— el problema social, originariamente más complejo.

Otro tipo autocrático —el que constituyen los tiranos griegos— proviene de un planteo semejante, pero se afronta con un sentido diverso y muy definido. La facción se constituye sobre la base de las clases no eupátridas, y se entrega en manos de los grupos ricos —enriquecidos en dinero, en el transcurso de la colonización o en el ejercicio de actividades derivadas de ellas— la alianza de ricos y pobres. La imposibilidad de una alianza de eupátridas y ricos impide que la facción se desvirtúe a corto plazo, pero impide también que el régimen de los tiranos fragüe en un régimen institucional. El régimen de los tiranos es, por eso, más fiel a sus principios y cumple, en consecuencia, su programa social y económico. Pero no pudiendo los ricos —integrantes de las nacientes dinastías— apoyarse en otra fuerza que no sea la de la masa popular, es ésta quien domina a corto plazo la situación, y del régimen de los tiranos se desprende casi siempre un régimen democrático. El régimen democrático es, en efecto, la estructura institucional en donde se canalizan y afirman las conquistas populares aseguradas por los tiranos y sólo en algunos casos se ven desvirtuadas en alguna medida por grupos ricos o aristocratizantes.

LOS CARACTERES DE LA FACCIÓN

Un análisis atento de la realidad social, objetivo y profundo, nos muestra que, por debajo de toda clase de agrupaciones creadas por la voluntad social del hombre, se hallan agrupaciones espontáneas, constituidas por todos aquellos individuos que se encuentran en semejantes condiciones con respecto a sus posibilidades de vida y con respecto a las posibilidades que poseen otros en su mismo medio. Estos grupos espontáneos, sin organización, sin estructura institucional, constituyen clases sociales cuyos caracteres varían profundamente con los lugares y con las épocas. El mundo heleno-romano presenta dos series de grupos con consistencia de clase social: uno determinado por el origen —étnico, social, a veces religioso— y otro determinado por la riqueza.

Cuando las clases sociales luchan en situación de relativa igualdad por la imposición de determinados regímenes, se las ve estructurarse de cierta manera, hasta constituir un cuerpo de existencia jurídica, unitario en sus resoluciones y en sus actitudes; con las clases sociales, o con elementos de ellas, se constituyen los partidos políticos, coincidentes en admitir la organización constitucional existente, como un marco tolerable dentro del cual se da la lucha por la imposición de determinadas direcciones políticas.

A veces los partidos políticos llegan a coincidir exactamente con una clase social y aspiran a integrar el Estado, con exclusión de todo otro elemento. A esta actitud corresponde un repudio de toda posición transaccional y aun del marco constitucional existente. Actitud netamente revolucionaria —verdaderamente revolucionaria—, su aspiración consiste, no en modificar la dirección impuesta a determinado régimen sino en modificar las relaciones establecidas entre los diversos elementos que integran la comunidad.

Otras veces, en cambio, el problema se plantea en otros términos. Un partido político o una clase social ha elaborado un ideal económico, social o político, para cuya consecución se considera impotente o cuya hora encuentra lejana. La elaboración ideal de este programa de reivindicaciones se concreta con el tiempo en una serie de fórmulas de cuyo contenido está muy seguro el grupo autor. Pero las exigencias de la acción ponen en manos de minorías directoras la ejecución del programa de reivindicaciones. Por un proceso lento y subterráneo, los medios se transforman en fines, y la imposición de aquellas fórmulas políticas o institucionales aparece como el punto fundamental del plan de acción; todo el contenido social y económico que les daba valor comienza entonces a perder sentido o urgencia, y la lucha se concentra alrededor de una exigencia de poder, de una exigencia política. Originariamente, esta exigencia era la condición indispensable para imponer nuevos rumbos económicos y sociales, pero las necesidades de la acción obligan a postergar esta segunda parte y es sólo la consecución de poder lo que moviliza al grupo político.

Planteada en estos términos, la lucha por el poder desnaturaliza su impulso primero; con olvido de los móviles que inspiraron esa exigencia, el grupo que encarna esa postura política establece conexiones con otros grupos de muy diversos intereses económicos y sociales, pero coincidentes en la aspiración a esa fórmula institucional por cualquier razón circunstancial. Este conglomerado constituye una facción.

La facción no es, pues, ni una clase social ni un partido político. Social y políticamente constituye un conglomerado, impreciso y de base equívoca, un poco consciente de su debilidad y de lo efímero de los lazos que lo sujetan. Sus vínculos no son sino compromisos circunstanciales que agrupan elementos heterogéneos alrededor de una acción concreta y determinada, en momentos en que frente a ella se estructura una alianza de semejantes caracteres para defender principios antitéticos.

Porque lo característico de la facción es ser polémica; no coincidiendo con una clase social ni con un partido político, falta a su base algo duradero y firme que garantice la perduración de sus respuestas a los problemas básicos de la convivencia. Sus respuestas, en consecuencia, son generalmente negativas y responden de manera radicalmente dispar a un problema que es común a las facciones opuestas. La polarización de las facciones se realiza alrededor de una cuestión que les es común: problemas económicos, sociales, políticos o religiosos, se plantean con caracteres de urgencia y el conglomerado se constituye en breve tiempo sobre la base de una solución excluyeme y radical. Esta coincidencia es pues una terrible oposición en el fondo y abre un abismo insalvable entre los dos grupos.

Lucha de facciones, en este sentido preciso, muchos hechos históricos pueden parecer para el observador fenómenos de otro carácter; unas veces se presentan como rivalidad de individuos, figuras prominentes en quienes encarnan las facciones pero sólo a condición de que las expresen con fidelidad; otras, como lucha de creencias o principios o simplemente de intereses, dinamizados por una voluntad directora. La lucha de las facciones es todo esto, pero es, además, otra cosa: no siendo la facción una entidad histórica permanente sino circunstancial y variable, lógico es que no pueda reducirse a un principio fijo el móvil de su acción.

En efecto, la facción actúa movida por un determinado interés, por un determinado principio, por una determinada orientación política. Pero todo eso ha dejado de fluir libremente del curso de la historia, del juego de los problemas vivos, para anquilosarse en un principio hermético, para expresarse en una fórmula estrecha, para sintetizarse en un esquema teórico. La facción tiene una concepción cerrada de la vida social y de los problemas contemporáneos; la solución no se deriva ya de situaciones reales planteadas, como anhelos espontáneos o como esperanzas inmediatas, sino que se expresa como resumen teórico extraído de una larga experiencia reducida a ideas, y que puede expresarse en fórmulas concretas y simples, destinadas a servir para una prédica eficaz y categórica. La facción organiza así su línea general. No hay hechos nuevos que puedan desvirtuar la posición tomada, y los nuevos clamores espontáneos de aquellos mismos que crearon este estado de inquietud social, suelen parecer contrarrevolucionarios o por lo menos imprudentes. La línea general proporciona un arma de fácil manejo para la propaganda, y la facción dedica a la propaganda un cuidado especial. Sobre la base de su claridad y de su sencillez es tarea fácil señalar al enemigo, al réprobo o al traidor.

Pero esta línea general sólo alude a aquel esquema social y político alrededor del cual se mueve la facción. En cuanto a su contenido vivo, en cuanto a la finalidad perseguida, en cuanto a los problemas que originariamente intentaba resolver esta actitud de la facción, el conglomerado que la integra no es rigurosamente unánime. La fórmula política permite la formación de frentes constituidos con elementos de diverso origen y sobre esa coincidencia se forma la facción. Mientras dura la lucha por el poder la facción se mantiene unida y solidaria. Basta el triunfo para que la facción se desmorone, porque los elementos que la integraban reivindican contenidos distintos para la acción de fondo, vinculada a problemas económicos y sociales.

Llegada al poder, en efecto, la facción hace una política destinada a imponer sus postulados y a hacer servir el Estado a los intereses de la facción: ninguna consideración por el enemigo o por el neutral y ninguna transacción después del triunfo. Este carácter hacía del gobierno de la facción un gobierno temible para los que no eran miembros de ella, y, muy especialmente, para los miembros de la facción adversa. Porque, en efecto, la facción no reconoce más obligaciones que las que tiene para con la facción misma, y las obligaciones que se derivarían de la nacionalidad son repudiadas u olvidadas. El vínculo de nacionalidad es en esos momentos muy inferior en prestigio al de facción, y se busca en cambio el contacto con los extranjeros que participan de posiciones semejantes frente a problemas políticos o sociales. De esta tendencia intemacionalista de las facciones proviene la formación de ligas o confederaciones, en las que los Estados de tendencia pareja se reúnen para auxiliarse mutuamente y asegurarse la estabilidad en el poder. En ese momento, la conexión entre facciones homologas es más estrecha y más profunda que todo vínculo nacional.

Por encima de toda preocupación nacional, la facción luchaba con todas las armas por su propio destino. Donde prevalece el espíritu de facción aparece el realismo político, basado en una concepción pesimista del hombre, a quien sólo es posible dominar como se domina a un irracional. Para imponer la línea general, para asegurar después la permanencia de las posiciones conquistadas, la facción recurre a una política de violencia libre de todo freno, recurre también a la dictadura, en la que se delega, aunque vigilándola de muy cerca, la función ejecutiva, y adopta, por sobre todas las cosas, una política de despreocupación con respecto a pactos y principios, admitiéndose como precepto único el interés de la facción.

Ajustando su acción a estos caracteres, la facción desarrolla una política que da el tono a una época y crea las circunstancias históricas y sociales que muy luego —en caso de que su obra haya sido duradera— se han de estructurar en un orden institucional, de pretendida validez universal y de cuyo origen se procura borrar cuanto alude a situaciones de fuerza provocadas por la lucha de las facciones.

LA FACCIÓN COMO CLASE DIRECTORA

Fiel a su naturaleza de conglomerado sin nexo íntimo, la facción se disgrega con el ejercicio del poder. Los diversos elementos que la integran exigen la satisfacción de sus demandas y uno entre todos elimina a los demás o se asegura el predominio. El proceso se presenta muy diverso, pero en su faz más frecuente aparece como una eliminación de los elementos extremistas, generalmente los más puros de la facción; los elementos revolucionarios quedan así fuera del grupo dirigente y los elementos más moderados son los que emprenden la tarea de fijar el contenido definitivo de la nueva política.

Preocupación primera de la facción en el poder es establecer el privilegio de Estado a favor de las concepciones que sostiene. La concepción que la facción sostiene del Estado, de la política y de sus contenidos económicos y sociales se transforma rápidamente en el patrimonio del Estado mismo y la facción defiende su pureza y castiga los ataques que se le infieren. El principio de Estado da entonces a la política de facción un carácter oficial y coloca automáticamente en situación desventajosa a todas las heterodoxias. Rápidamente, la política de facción se cristaliza en instituciones jurídicas de valor permanente, en las que, en mayor o menor medida, se refleja el contenido económico-social del grupo predominante dentro de la facción triunfadora.

A esta oficialización de un régimen político —con la consiguiente eliminación de muchos de los elementos tolerados primitivamente— corresponde la formación de nuevos fermentos revolucionarios. Frente a ellos la facción adopta una actitud enérgica e implacable. Sobre el prestigio del régimen triunfante, la facción condena los nuevos retoños, hijos de su propio plan revolucionario, con más energía que las viejas formas que intentan reaccionar. Transformada en clase dirigente, la facción intenta por todos los medios destruir el recuerdo del origen revolucionario de su autoridad y procura confundir la vigencia de su política con la existencia misma del Estado. Una vez asentada en el poder, su acción se destina a disolver su conglomerado en el conjunto de la nación misma. Esta labor supone el desmembramiento de la facción.

Para confundir el tipo político impuesto por la facción triunfante con el Estado mismo, la facción procura sobreponer a la noción de Estado como forma política la noción de Estado como nacionalidad y como soberanía. Para lograrlo desvirtúa sistemáticamente los orígenes, mediante una propaganda literaria oficial que produce una historiografía de facción. Sobre la base de una documentación capciosa la historiografía —interesada o no— establece una verdad oficial sobre los hechos y transforma la política de la facción en la política nacional por excelencia. Un análisis atento advierte, en los procesos históricos por los cuales se constituyen las diversas formas estatales, los elementos de facción, que quedan ocultos en los esquemas que las fuentes antiguas nos ofrecen para explicar su origen.

NOTAS

* El objeto de estas lecciones -dictadas en el Colegio Libre de Estudios Superiores [en 1936] y publicadas en “Cursos y Conferencias”- ha sido exponer un punto de vista rico en posibilidades para la comprensión del Estado antiguo: no pueden tener, en consecuencia, la pretensión de ahondar la investigación en cada una de las formas políticas que se analizan. El estudioso a quien le interese este problema puede utilizarlas como un plan de trabajo. Se agregan las referencias de las fuentes indispensables, así como la bibliografía más general, advirtiéndose que en las obras de Glotz y Cohen, Pais, Carcopino, Busolt y Swoboda, De Sanctis, Niese, etc., que más frecuentemente se citan, se hallará la bibliografía particular para cada tema, así como la discusión de casi todas las cuestiones planteadas.

1 Para el Estado griego: G. Busolt y H. Swoboda, Griechische Staatskunde, 1926; H. Swoboda, “Staatsaltertümer”, en Hermann, Lehrbuch der griechische Antiquitaten,6a ed., 1913; G. Glotz, La cité grecque; A. Croiset, Les démocraties antiques, 1909; Francotte, La polis grecque, 1907; Wilamowitz-Moellendorf, U Staat und Gesellschaft der Griechen, 1923. Para el Estado romano: T. Mommsen, Roemische Staatsrecht, 1887-1888; Willems, Droit public romain, 1910; Homo, Les institutions politiques romaines, 1927. Se consultarán también las historias de las ideas políticas de Dunning, Janet, Get tell, etc. Sobre el pensamiento político de los filósofos griegos, se consultará: Ueberweg, GeschichtedesPhilosophie; T. Gomperez, Griechische Denker, 1903-1909; Zeller, Die Philosophie der Griechen; Robmy La pensée grecque, 1923. Sobre los conflictos sociales y políticos se consultará principalmente el trabajo de R. von Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt, 1925.

2 Véase José Luis Romero, “Sobre el espíritu de facción”, en Sur, núm. 33, 1937. En las últimas lecciones se intenta caracterizar más precisamente esta noción.

3 Arist., Pol., i, i, 9.

4 Arist., Pol., i, i, 6.

5 Arist., Pol., i, i, 7.

6 Arist., Pol., i, i, 11.

7 Platón, Gorgias.

8 Platón, Rep., ii; Crit., Siso sat., (25 Sext., ix, 54); Anónimo de Giamblico.

9 Plat., Rep., i.

10 Plat., Pol., v.

11 Plat., Leyes, iii, xi.

12 Plut., Numa, iv.

13 Plat., Leyes, iv, vi. Arist., Pol., iii, xi, 4.

14 Pol., vi, IX y LIX.

15 Toda la preocupación del Estado ideal platónico es liberarse de la determinación económica que rige a los Estados empíricos.

16 Arist., Pol., iv, caps, iv-vii.

17 Arist., Pol., ii, cap. iv, passim.

18 Arist., Pol., vi, iii, 11-14.

19 Plat., Rep., iv y viii.

20 Arist,, Pol., vi, iii, 15.

21 Arist., Pol., iii, v, 7.

22 Plat., Rep., viii.

23 Arist., Pol., vi, ix, 18.

24 Arist., Pol., viii, viii, 18.

25 Arist., Pol., iii, v, 7.

26 Arist., Pol., vi, m, 3.

27 Arist., Pol., iii, i, 13.

28 Arist., Pol., vi, caps, i-iii.

29 Plat., Rep., viii.

30 Arist., Pol., ii, ix, 2.

31 Arist., Pol., ii, iii, 10-11.

32 Polibio, vi, ix.

33 Polibio, loc. cit.

34 Cic., Rep., lib. i, xxiv-xlv.

35 Polibio, xiii, i a.

36 Polibio, ii, xxi.

37 Cic., Leyes, lib. iii, x.

38 Polibio, vi, ix y xvi.

39 Cic., Rep., loc. cit.

40 Plat., Político, passim.

41 Plat., Leyes, passim.

42 Glotz, H. Gr., i, cap. iii, passim.

43 El movimiento de pueblos en cuyo transcurso se establece esa po-blación en el continente se fecha hacia el año 3000 a.C.: Glotz, op. cit, i, p. 68.

44 La tradición griega conocía muy oscuramente su pasado lejano. No tenía de Creta y de Micenas sino muy vagas nociones legendarias: Ilíada, ii, 649; iii, 233; xiii, 453; Odisea, xix, 172; Plutarco., Teseo, passim; Her., i, 171-173; iii, 122; Arist., Pol., ii, vii, 2.

45 Kipselos era hijo de una mujer de la familia doria de los Baquiades y de un Lapita; pertenecía, pues, a la raza eolia, predoria; Ilíada, vi, 154; Pind., Od, xiii, 68; Her., v, xcii; Tuc., iv, 42.

46 Ortágoras era, por su origen, un miembro de la cuarta tribu de Sycione, en donde las tres tribus dorias eran las privilegiadas. Como predorio, encarnaba el odio de razas contra sus señores conquistadores. Desde el cargo de polemarca, al que lo había llevado su talento militar, así como su popularidad, se apoderó del poder. Su descendiente Clístenes emprende una terrible campaña contra la minoría doria, destinada a desterrar su influencia racial y su organización oligárquica; Her., x, lxvii-viii.

47 Los penestes constituían la clase dominada en Tesalia; Arist., Pol., vi, 2-3.

48 Arist., loc. cit.; Plut., Lic., xxviii.

49 En Mileto, además de las cuatro tribus jonias, existían dos tribus subordinadas, los Boreis y los Oinopes, en las que se entremezclaba una población heterogénea. A comienzos del siglo iv comienza una larga lucha civil, en la cual a la Plutis se opone una facción compuesta por los desposeídos y a la cual se le llamaba con el nombre de una población indígena, los Gergithes. Plut., Quest. Gr., 32, p. 298 c.; Pöhlmann, Gesch. der soz. Frag., t. i, p. 133; Glotz, H. Gr, i, 277-278. En Samos, además de las cuatro tribus jonias, había dos o tres tribus para la población indígena. Rev. des Ét. Gr., t. xiii, 1900, p. 149; Glotz, op. cit., i, p. 279.

50 Polibio, vi, 45, 3; Plut., Lic., viii.

51 Sobre los perioikis espartanos, Glotz, op. cit., i, 352; Busolt, Griech. Staatskunde, t. ii, pp. 633 y ss.; sobre la perioikis en general, Guiraud, La propriété fonciére en Grèce, lib. ii, cap. ii, pp. 160 y ss.

52 Glotz, loc. cit.; Guiraud, loc. cit.

53 Arist., Pol., ii, 6, 10-11.

54 En Odisea, ii, 25 y ss., sorprende cómo durante la ausencia de Ulises no se ha convocado al agora nunca. Al desaparecer el jefe consagrado, cada genos recobra su autonomía.

55 Sobre los Thiases y los Orgeons atenienses, asociaciones de grupos prehelénicos, primero rechazados y luego incorporados al Estado, véase Filocoro, Fr. 94 en F. H. G., i, p. 399; Glotz, op. cit., pp. 395 y 414.

56 Fustel, La cité antique, lib. iii, caps, i-iv, passim.

57 Glotz, La ciudad griega, ed. esp., p. 12.

58 Glotz, H. Gr., i, p. 420.

59 Jen., Hell, vi, 1, 8, nos dice que en Tesalia por cada caballero que formaba el ejército solamente había dos hoplitas, de donde puede afirmarse que el número de esos colonos libres era muy escaso.

60 Plut., Sol., ii; Her., ii, 135.

61 En Mileto, por ejemplo, se reconocían como grupos diversos dentro de la Plutis, los que buscaban el “cuerno de Amaltea”, o sea, los que explo¬taban la tierra, los industriales y los aeinautai; véase Glotz, H. Gr., i, pp. 232 y ss. y 278; Ciudad griega, ed. esp., p. 88; Pöhlmann, op. cit., i, p. 133.

62 La irritación que produce en la nobleza tradicional el poderío y las exigencias de los nuevos ricos se refleja especialmente en los poetas. Theognis, 53 ss.;157; 173; 185 ss.; 349; 361; 662; 677 ss; Alceo, Fr 18-20; 49.

63 Arist., Pol., II, vi, i, passim; las noticias más seguras y completas que poseemos de la estructura social y política de Creta son las que nos dan las leyes de Gortina; véase Dareste-Haussoullier-Th. Reinach, Inscriptiones juridiques grecques, t.i, 3er. fasc., 1899, y Busolt, op. cit., t. ii, pp. 737 y ss.

64 Sobre Xilón, su existencia y su acción, Glotz, H. Gr., i, p. 373.

65 Plut., Lic., ix.

66 Jen., Hell, iii, 3; Glotz, op. cit., i, 364; Busolt, op. cit., t. ii, p. 693.

67 Plut., Lic., xxvi; Arist., Pol., ii, vi, 17 ss.

68 Sobre el complot de Kinadon, Jen., Hell, iii, 3; Fustel, op. cit., p. 410; Pöhlmann, op. cit., i, p. 349.

69 Las fuentes muestran a Solón como un caso típico de un eupátrida vinculado a los mesoi por sus intereses. Sobre el sentido de la legislación soloniana, José Luis Romero, “Imagen y realidad del legislador antiguo”, en Humanidades, xxv, 1936.

70 Esa reforma estaba cumplida en Atenas antes de Solón. Busolt, op. cit., t. ii, pp. 820-821.

71 Glotz, op. cit., i, 242-44; Euforion, fr. i (F H. G., t. iii, p. 72).

72 Arist., Pol., viii, ix, 2-9; Plat., Rep., viii, p. 566, a.

73 Algunos textos importantes para el estudio de la política de los tiranos son, para Kipselos de Corinto: Her., v, 92; para Teágenes de Megara: Arist., Pol., viii, iv, 5; para los Ortagóridas de Sycione, Her., v, 67 y ss.; para Pisístrato: Arist., Const. At., xv-xvi; Her., i, 59-64; Plut., Solón, xxix y ss.; para Polícrates: Her., iii, 40-41. Véase Burckhardt, Griechische Kultergeschichte, Kroner Verlag, 1902 t. i, p. 171, Die Tyrannis.

74 Glotz, op. cit., i, p. 449.

75 Sobre Periadro y sus sucesores: Her., v, 92; sobre los Pisistráditas: Arist., Const. At., xvii-xix; Her., v, 55.

76 Glotz, op. cit., i, p. 404, nota 108 y p. 414. Busolt, loc. cit.

77 Romero, La imagen .

78 Arist., Const. At., xxi; Her., v, 69.

79 Glotz, Ciudad griega, ed. esp., p. 45.

80 Ilíada, ii, 198; xii, 213; Odisea, ii, 239. En sentido contrario se expresa G. M. Calhoun, Classes and Masses in Homer (según P. Choché, nota en Rev. Historique, abril-junio de 1938).

81 Arist., Pol., iii, v, 4; vi, iv, 2.

82 Las cargas que se denominaban liturgias correspondían a la organización de un coro, a la gimnasiarquia o presidencia de la palestra, a la estiasis u hospitalidad, a la arquiteoria o presidencia de la diputación sagrada, y a la trierarquia o dotación y comando de un barco de guerra.

83 Después de 403 se comienza en Atenas a pagar la asistencia a la Asamblea Popular, como se hacía ya con la asistencia al Consejo y a los tribunales. Arist., Pol., vi, v, 5; crítica del sistema en Plat., Gorg., 515 c; Glotz, op. cit., ed. esp., pp. 418 y ss.

84 Una crítica de los demagogos en Aristófanes, Caballeros.

85 El ciudadano —en Atenas— debía haber sido oportunamente presentado en la fiesta de las Apaturias. Luego, al cumplir los 17 años, los miembros de la comunidad votaban su aceptación en ella sobre la base de la declaración del padre. Después de cumplir sus dos años de servicio militar, el joven comenzaba a gozar de sus derechos políticos; un juramento era lo que se le exigía como condición para su ingreso.

86 Eran las liturgias. Véase nota 85.

87 Plat., Gorgias, 484 a.

88 Arist., Pol., i, ii, passim.

89 Glotz, Ciudad griega, ed. esp., pp. 168 y ss.

90 Glotz, op. cit., p. 205; Busolt, op. cit., t. ii, pp. 986 y ss.

91 Glotz, op. cit., pp. 227 y ss.; Daremberg y Saglio, Dict. des Ant.: art. “Paranomón graphé”.

92 Una interesante justificación de la condenación de Sócrates, en A. Croiset, Démocraties antiques.

93 Cleón y Anito —demagogos típicos— nos llegan a través de una tradición interesada; tanto Aristófanes como Platón y Aristóteles tienen frente a ellos una actitud aristocratizante.

94 Arist., Const. At., xliii, 1-2; Her., vi, 110.

95 Arist., Const. At., xxii, i, y 4-8; Plut., Arist., vii.

96 Arist., Const. At., lxii, 4.

97 Plut., Lis., xiii.

98 Plut., Lis., loc. cit.

99 Plut., Lis., xix-xx.

100 En 377 se constituye la segunda confederación ateniense.

101 Isoc. Arquidamos. Jen., Hell, vi, 5.

102 Anfípolis, Pydna y Olinto fueron tomados por Filipo con la ayuda de traidores.

103 En rigor, la autoridad de Alejandro se basaba en la abstención política de Atenas, neutralizada sabiamente, y en la moderación de sus exigencias.

104 Plut., Demetrio, passim.

105 Plut., Dion. , passim; Timoleon, passim; Diod., xiii-xvi..

106 Recordar la evolución del significado de Persia desde Herodoto hasta la Ciropedia de Jenofonte.

107 El más significativo de todos fue el apoyo prestado a Hipias Pisistrátida.

108 i, Samuel, 8, 11.

109 Dióg. Laerc., vii, 1, x.

110 Para estudiar esta política se trabajará sobre los siguientes textos fundamentales: Plut., Demóstenes, Alejandro, Foción, Dion, Demetrio, Eumenes, Pirro; Demóstenes, passim; Arriano, Expediciones de Alej.; Cornelio, Eumenes; Justino, Hist.; Diodoro, y Polibio.

111 Véase un reciente trabajo de G. T. Griffith: The Mercenaries in the Hellenistic World, Cambridge, 1935.

112 Pol. H. G., xxxvii, iv.

113 Además de las insurrecciones de esclavos, se producen movimientos en donde los esclavos toman parte, y aun movimientos que han sido califi¬cados como “socialistas”. Véanse Pöhlman, op. cit., y Cicotti, El ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo.

114 Sobre el pensamiento social de los estoicos, véanse Pöhlmann, op. cit., i, 98, y Guiraud, La propriété fonciére en Grèce.

115 Jouguet, El imperialismo macedónico, ed. esp., p. 154.

116 ?Isoc., Panegírico, Filippo .

117 Polibio, vi, lvii a.

118 Se discute la existencia de un Estado patricio: véase Binder, Die Plebs, p. 203, sobre la doctrina de Ihne. Admitido por Niebuhr, Mommsen, Fustel y después por Pais y De Sanctis, se explica -aun admitiendo el reparo de Ihne- si entendemos el tradicional Estado patricio exclusivamente como un orden jurídico y no como una realidad nacional histórica; el Estado patricio existía aun cuando coexistiera con una plebe que no tenía lugar en el Estado. Véase Niese, Grundriss der römischen Geschichte, 5o Auflage, 1923, pp. 35 y ss.

119 Pais, Hist, rom., t. i, p. 102.

120 El origen de la plebe es uno de los puntos más discutidos en la historiografía romana; una exposición minuciosa en Binder, Die Plebs; una información sucinta pero clara y útil, en Gustave Bloch, La plébe romaine; Etude sur quelques theories recentes, en Revue Historique, 1911, núms. 106 y 107.

121 Liv., ii, xxxii; iii, L; Dion, vi, passim; Plut., Coriolano, 6. Crítica en Pais, St. crit., t. ii; De Sanctis, t. ii, p. 5. E. Meyer, Der Ursprungdes Tribunats und die Gemeinde der vier Tribus, Kl. Schriften, t. i, p. 355.

122 La tesis colaboracionista se encuentra recogida por la tradición en el apólogo de Menenio Agrip, Liv. ii, xxxii, y Dionisio de Halicarnaso, vi, lxxxvi.

123 Sobre la diversificación de la plebe véanse, entre otros, Dion. Hal., xi, lii y ss.; Liv., vii, i; x, vi-vii.

124 Pais, op. cit., De Sanctis, op. cit.

125 Sobre Coriolano, Plut., Cor., passim; Liv., ii, xxxiv y ss.; Dion., vii y ss. El episodio de Coriolano, insuficientemente discutido, puede mostrar una faz sumamente interesante del fenómeno de las secesiones plebeyas, a las cuales se opone como una secesión patricia; véase Pais, St. crit., ii.

126 De Sanctis, op. cit., t. ii, cap. xiii, p. 25.

127 Sobre el decenvirato, véanse, entre otros, Liv., iii, xxxiii y ss.; Dion. Hal., x, 57 y ss.; xi, i y ss. Crítica del decenvirato en Pais, Hist. romaine, i, p. 109 y ss.; Homo, Inst. políticas romanas, ed. esp., p. 62; Binder, Die Plebs, pp. 488 y ss.; De Sanctis, ii, pp. 41 y ss.

128 Sobre la legislación de Servio Tulio, Liv., i, xlii y ss.; Dion. Hal., iv, 13 y ss.; Cic., Rep., ii, xxii; Polibio, vi, 23 y ss.; Pais, St. crit., i, 2a par., p. 485.

129 Periochae Liv., xi; Dion Casio, fr. 37.

130 Sobre Appius Claudius véanse, entre otros, Liv., ix, 29 y ss.; Diod., xx, 36; una crítica de la censura, en Pais, St. critica, iv, y un planteo interesante en Homo, Inst. políticas romanas, ed. esp., p. 79.

131 ?Pol., II, XXI.

132 Perioch. Liv., xlviii.

133 Es C. Graco quien hace legislar a la asamblea de las tribus sobre cuestiones provinciales.

134 Sobre la fecha del plebiscito Atinium se discute todavía; se lo fecha como contemporáneo de la segunda guerra púnica (Homo, Inst. pol. rom., ed. esp., p. 176) o como contemporáneo de los Gracos o quizá posterior (G. Bloch, Rep. Romaine, p. 109).

135 Sobre los Gracos, véanse, entre otros, Plut., Tib. Gr. y C. Gr.; Apiano, B. C., i. Sobre su acción, véase especialmente Carcopino, Autour des Gracques, París, 1928; De Sanctis, op. cit.; Bloch-Carcopino, Hist, rom., t. ii, 1a parte; Rosenberg, Hist. de la Rep. Romana; Niese, op. cit., pp. 169 y ss.

136 Véase Belot, Les chevaliers romains, París, 1866, y Daremberg y Saglio, art. “Equites“.

137 Livio, XXI, LXIII.

138 Plut., Cat, xxi.

139 Sobre este proceso véanse T. Frank, An Economic History of Rome, Baltimore, 1920; Weber, Die römische Agrargeschichte.

140 Véase Homo, op. cit., libro ii, passim.

141 Carcopino, Hist. rom., ii, 2a parte, p. 956.

142 Sobre el consulado de 59, Suet., César, xx y ss.; Plut., César, Dion Casio, XXXVIII; Apiano, Bellis civilibus . Véase Carcopino, op. cit., pp. 677 y ss.

143 Carcopino, op. cit., p. 931.

144 Dion Casio, xlii, sobre el consulado de Calenus y Vatinius; Suet., LXXX, sobre Quintus Maximus.

145 Dion Casio, xli, 43 y ss.; xlii, 17.

146 Dion Casio, xlii, 20, y xliv, 4.

147 Una caracterización precisa en Carcopino, op. cit., p. 936; véase la caracterización de Mommsen, Röm. Gesch., v, xi; la de Meyer, Caesar’s Monarchie und das Principat des Pompeius. Una visión del estado actual del problema en Gagé, “De César a Auguste”, en Rev. Hist., marzo-abril, 1936.

148 Suet., xlii.

149 Carcopino, op. cit., pp. 955 y ss.

150 Carcopino, op. cit., pp. 981 y ss.

151 Carcopino, op. cit., pp. 953 y ss.

152 Carcopino, op. cit., pp. 949 y ss.

153 Carcopino, op. cit., pp. 951 y ss. Véase también Mommsen, loc. cit.

154 Homo, H. romaine, París, Les Presses Universitaires, t. iii, p. 144; Meyer, op. cit.; Gagé, op. cit.

155 Res Gestae…, 6.

156 Res Gestae…, 4, 6, 7, 10; Suet., Aug., xvii, xxxi.

157 Meyer, “Kaiser Augustus”, en Kleine Schrifien, i, p. 423, da una interpretación interesante del gobierno de Augusto. Véase Gagé, op. cit.

158 Homo, op. cit., p. 146.

159 Sobre Mecenas y Agripa, Dion Casio, xlviii-xlix; Veleius Paterculus, ii, lxxix y ss., especialmente lxxxviii; Tac. An., i, ii.

160 Homo, op. cit., p. 437, sobre la Alimenta.

161 Ulp. Inst., i; Cód. Just., i, 17, 1, 7.

América Latina: corrientes estéticas, políticas y sociales. 1959

I. LES COURANTS ESTHÉTIQUES

1.

Le commencement du XXe siècle voyait le plein épanouissement d’un mouvement littéraire de caractère nettement latino-américain, qui fut connu sous le nom de modernisme. Cinq noms illustres de poètes — José Martí, Julián del Casel, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva et Rubén Darío — représentent les plus hauts sommets de ce mouvement de renouveau esthétique, aux deux dernières décades du XIXe siècle; il faut signaler que la littérature connaissait — et connaît toujours — en Amérique Latine un développement beaucoup plus considérable que les autres arts. Le plus jeune de tous, Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), devait exercer une influence décisive sur la génération suivante, et l’on peut dire que la première promotion littéraire de ce siècle écrit sous l’inspiration de son œuvre, Proses Profanes, parue en 1896.

Le modernisme, surtout après Darío, révolutionna l’esthétique poétique. Sans doute accusait-il des influences du «Parnasse» et du symbolisme français, mais la connaissance de leur propre tradition poétique et le sens très vif qu’ils possédaient de leur langue, permirent aux modernistes d’entreprendre une action de profond renouvellement stylistique. Le vocabulaire s’enrichit, et plus encore, s’enrichirent les formes de versification. A de nombreux points de vue, la nouvelle esthétique était une réaction contre le romantisme qui, en Amérique Latine, avait duré plus longtemps qu’en Europe. Les thèmes et sentiments du romantisme furent rejetés de la même façon que ses formes, puisqu’il s’agissait, au fond, d’une réforme de la sensibilité. En effet, le modernisme apporta avec lui de nouvelles préoccupations, de nouveaux intérêts, et un langage nouveau pour les exprimer.

Pedro Henríquez Ureña a signalé que l’atmosphère de luxe, qui caractérise la poésie moderniste, traduit la croissante prospérité dont jouirent les villes latino-américaines dès la fin du XIXe siècle, prospérité d’autant plus remarquée qu’elle faisait suite à une dure période de pénurie, traversée de commotions politiques à peu près incessantes. Cependant, on ne saurait nier que ceci corresponde aussi à l’atmosphère fin de siècle de l’Europe, très particulièrement à celle que découvraient de façon directe ou indirecte les voyageurs de l’Amérique Latine visitant Paris qui les attirait et les subjuguait.

Le modernisme se livra à la contemplation du monde extérieur, à la satisfaction des exigences d’une sensualité exacerbée, et à l’enchantement de la transposition poétique d’un monde de songes. Abandonnant presque entièrement les préoccupations de la pensée militante — caractéristiques de la poésie romantique — il voulut faire de la « poésie pure » et se lança dans la création d’un monde qu’il voulait féerique, riche en allusions exotiques, exaltant à un extrême degré les sentiments et l’imagination. Il ne se tourna vers les contingences de la vie et ne consentit à accueillir la réalité immédiate qu’à de très rares occasions, comme par accident; sa tendance dominante fut de dépasser cette réalité et de situer la poésie dans une atmosphère d’images vives et envoûtantes.

Darío eut une influence décisive sur deux poètes du Rio de la Plata: Leopoldo Lugones (Argentine, 1874-1938) et Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875-1910). La même esthétique colora la création de Ricardo Jaimes Freyre en Bolivie, de Manuel Magallanes Moure au Chili, de José Santos Chocano au Pérou, de Baldomero Sanín Cano et Guillermo Valencia en Colombie, de Rufino Blanco Fombona au Venezuela, de Enrique Gonzalez Martínez et Amado Nervo au Mexique. Et les brésiliens Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Olavo Vilac et Bernardino Lopes s’exprimèrent d’une manière semblable, sous des influences françaises analogues.

Par sa longue étude sur Proses profanes, l’essayiste uruguayen José Enrique Rodó fut consacré non seulement comme le meilleur prosateur de la nouvelle école, mais aussi comme le théoricien subtil de son esthétique. Sanín Cano s’efforça aussi de préciser sa physionomie et se consacra à la défense du modernisme contre les attaques de l’arrière-garde; Dario lui-même eut l’occasion d’exposer sa pensée dans des articles critiques qu’il réunit plus tard dans son livre Les rares, où il signala les influences dominantes de la nouvelle orientation littéraire et les tendances intimes qui la caractérisaient.

Mais les prosateurs du modernisme furent surtout importants parce qu’à travers leur style renouvelé, ils analysèrent et répandirent des idées qui transcendaient la littérature et atteignaient des préoccupations d’ordre moral, social et culturel. Nous analysons plus loin l’influence exercée par l’œuvre Ariel de Rodó (1900), dont le souci des problèmes américains, notamment de ceux qui concernent l’Amérique Latine, se manifeste si amplement dans quelques-uns des magnifiques essais qu’il réunit sous le titre de Le Mirador de Prospéro. Sanín Cano s’intéressa aussi aux problèmes de la vie sociale, et Lugones aborda l’histoire et la politique à travers une prose d’un style inimitable.

Par contre, la littérature d’imagination ne possède pas de physionomie esthétique aussi particularisée que celle de la poésie ou de l’essai. Carlos Reyles (Uruguay, 1868-1938) et Enrique Larreta (Argentine, 1875) oscillèrent entre l’atmosphère exotique (le premier, de l’Andalousie, avec L’enchantement de Séville; le second, de l’Espagne de Philippe II, avec La gloire de don Ramiro) et l’atmosphère familière de la mère-patrie, que l’Uruguayen évoqua dans Le gaucho fleuri et l’Argentin dans Zogoibi. Seul le premier terme de cette alternative offrait d’amples possibilités au développement d’un style coloré, et certainement tous deux l’utilisèrent. Plus contraint par ses propres thèmes, Horacio Quiroga (Uruguay, 1879-1937) chercha dans la luxuriance des paysages de la forêt une inspiration pour son imagination féconde et pour sa prose expressive et brillante.

A l’influence du « Parnasse » et du symbolisme en littérature correspond approximativement, en peinture, celle de l’impressionnisme et du postimpressionnisme. A la différence de la tradition littéraire, il n’existait de solides traditions dans le domaine des arts plastiques que dans quelques pays de l’Amérique Latine, où, à de rares exceptions près, s’était développée une peinture académique privée d’objectifs plus élevés. Dès le commencement du siècle, les influences que nous avons citées stimulèrent l’observation et la transcription du paysage, telles que les pratiquèrent Martin Malharro et Fernando Fader en Argentine et Juan Francisco González au Chili. De la même façon, le renouveau musical de la fin du XIXe siècle influença quelques musiciens, dont l’Argentin Julián Aguirre.

2.

L’esthétique du modernisme maintint son influence presque jusqu’à la première guerre mondiale mais, peu de temps avant, certaines déviations s’étaient déjà fait sentir par rapport à ses tendances fondamentales. A la volontaire réclusion à l’intérieur d’un monde poétique artificiel, succéda un certain retour aux inquiétudes humaines, qui adopta des formes très variées.

Une attitude militante décidée apparut dans la génération mexicaine nommée: «del Centenario”, à laquelle ont appartenu, entre autres, José Vasconcelos (1881) et Alfonso Reyes (1889), et qui inspira en partie le Dominicain Pedro Henríquez Ureña (1884-1946); les mêmes préoccupations existaient chez les « Colónidas » péruviens, menés par Abraham Valdelomar (1888-1919); chez ceux qui s’enrôlèrent dans les rangs dont les chefs de file étaient Ricardo Rojas (Argentine, 1882) ou José Enrique Rodó. Chez eux, les préoccupations esthétiques étaient très intenses, mais elles se mêlaient à d’autres inquiétudes suscitées par la réalité immédiate. L’adhésion à l’humanisme anti-positiviste, le désir de découvrir l’émouvant visage de l’âme hispano-américaine, apparaissant tantôt dans les vestiges de la tradition autochtone, tantôt dans les racines espagnoles ou les forces telluriques de ce vaste continent presque inconnu, stimulaient une attitude esthétique particulière. Mais cette attitude nouvelle, loin de se limiter à l’esthétique, s’étendait à des problèmes tels que ceux de la philosophie, de la politique, et même de l’action. L’influence de Walt Whitman avait quelque retentissement et toutes les révoltes et les non-conformismes commençaient à se manifester, souvent d’une manière confuse, mais qui pouvait être à l’occasion plus nette et décidée.

Dans la poésie latino-américaine, l’œuvre d’un groupe de femmes obtint un retentissement tout particulier dans les premières décades du siècle. Gabriela Mistral (Chili, 1889-1957), Alfonsina Storni (Argentine, 1892-1938), Delmira Agustini (Uruguay, 1887-1914), Gika Machado (Brésil, 1900), imposèrent au lyrisme une inspiration caractérisée non seulement par le souci introspectif, mais aussi par certains sentiments de révolte contre les différentes formes de coercition qu’elles sentaient s’exercer sur elles. Leurs voix mêlaient la tendresse à l’imprécation et, dénouant le monde secret de leurs désirs et de leurs passions, elles défiaient les traditions qui les opprimaient.

Il y avait quelque chose de romantique en elles. Ce même élément subsistait chez Porfirio Barba Jacob (Colombie, 1883-1942), chez Carlos Sabat Ercasty (Uruguay, 1887), chez Arturo Capdevila (Argentine, 1889). Chez eux revivait le dessein de rendre à la poésie son intérêt pour l’homme intime, ses angoisses et ses désirs dont l’insatisfaction se trouve tantôt rapportée aux vigoureuses contraintes imposées par le monde extérieur, soit refoulée dans les obscurs abîmes de l’âme. Ceux que préoccupait ce dernier aspect mirent l’accent sur les inquiétudes métaphysiques et les conflits de l’esprit, mais d’autres cherchèrent le ton mineur; Luis Carlos Lopez (Colombie, 1883), Ramón López Velarde (Mexique, 1888-1921) et Baldomero Fernández Moreno (Argentine, 1886-1950) utilisèrent ce genre avec maîtrise, tant dans la forme — qui a parfois été nommée le « sencillismo» — que dans le contenu, fait de petites émotions. Quelques symbolistes français influencèrent cette poésie attardée dans les éléments nostalgiques et mélancoliques de la vie, mais la poésie latino-américaine sut exprimer l’atmosphère locale qui convenait à sa recherche de l’intériorité, et elle le fit dans un langage clair et simple.

Quelques-uns, cependant, gardèrent du modernisme l’exubérance d’expression et recherchèrent une manière d’art baroque, visible surtout chez Herrera y Reissig et Lugones. La richesse du langage cache une certaine confusion des sentiments, parfois renforcée par l’intention voulue d’ésotérisme; exprimée à travers d’une forme lyrique d’une grande transparence, cette même tendance à l’ésotérisme apparaît chez José Maria Eguren (Pérou, 1882-1942), Enrique Banchs (Argentine, 1888) et chez Alfonso Reyes. Par contre, les Mexicains Enrique González Martínez (1871-1951) et Amado Nervo (1870-1919) voulurent rompre délibérément avec le modernisme; ils étaient attirés par la contemplation et sa transcription poétique à travers des formes raffinées et austères.

Le vent du symbolisme français semble traverser, d’une façon plus ou moins confuse, toute cette poésie qui voulait s’évader de l’esthétique du modernisme, influence à laquelle s’ajoutait peu à peu celle de quelques poètes espagnols: Antonio Machado et Juan Ramón Jiménez plus particulièrement. L’influence française fut plus décisive dans le domaine de la musique, où se détache la personnalité de Héctor Villa-Lobos (Brésil, 1881) et dans celui de la peinture, avec Miguel Carlos Victorica (Argentine).

3.

Le modernisme, ainsi que les divers courants qui suivirent, connurent leur plus haute expression dans la poésie; c’est surtout dans ce domaine qu’ils se manifestèrent dans leur esthétique propre et révélèrent les influences européennes, autant que la veine d’originalité dont ils étaient doués. Mais l’essai se développa aussi et, comme nous l’avons signalé, cultiva un système d’idées dont le noyau était le thème de la spécificité de l’élément latino-américain, du national et du régional; la nécessité apparut de mettre ce thème en lumière, de le défendre et de l’affirmer contre les influences étrangères. Mais cette spécificité naissait de la rencontre de facteurs différents. Les uns signalèrent la valeur de l’élément autochtone, d’autres, celle de l’influence coloniale hispanique, enfin d’autres encore insistèrent sur la valeur de la tradition latine en général. Cette tendance doctrinaire, apparue dans l’essai durant les premières décades du siècle, se manifesta dans une esthétique qui trouva son mode d’expression dans le théâtre, le récit, et plus tard dans la peinture, la poésie et la musique.

Le théâtre du Rio de la Plata, par son retour à certains thèmes locaux et populaires, mit en évidence cette tendance d’une manière spontanée, dès la fin du XIXe siècle. Vers cette époque, on commença à représenter dans les cirques certaines pantomimes inspirées par des récits très populaires qui contaient les aventures de « méchants gauchos », c’est-à-dire d’hommes de la terre qui, pour ne s’être pas adaptés aux transformations de la vie civilisée, demeuraient attachés à leurs coutumes viriles mais un peu barbares, et se trouvaient souvent en marge de la loi, malgré leurs vertus fondamentales de noblesse et d’honnêteté. Le succès populaire prouva que le type du «gaucho» recevait une adhésion cordiale fondée sur la sympathie qu’inspirait le fils de la terre, surtout en cette époque qui voyait l’arrivée de centaines de milliers d’immigrants. Des auteurs de théâtre et des poètes comme l’argentin Martiniano Leguizamón et l’uruguayen Elias Regules, commencèrent à donner une forme littéraire aux vieux thèmes populaires.

Ce qui paraissait autrefois méprisable — les coutumes du «gaucho» rebelle, buté contre les contraintes de la civilisation, et ses aventures héroïques— en vint à se transformer en thème aimable teinté de romantisme et de nostalgie. Le culte du folklore commença alors à s’accentuer et le «criollismo» à se développer, avec l’introduction de formes littéraires appropriées, de tournures linguistiques et de thèmes musicaux.

Avec Florencio Sánchez (Uruguay, 1875-1910), le théâtre du Rio de la Plata ajouta aux thèmes des «criollos» les siens propres, d’une grande richesse. L’immigration européenne — espagnole et italienne en particulier — avait non seulement modifié en partie la physionomie des pays de la Plata, mais aussi créé de très importants problèmes sociaux. Face à face les groupes traditionnels et les groupes d’immigrants, grossis très vite par les premières générations de fils d’immigrants, se heurtèrent dans leurs formes de vie, leurs projets immédiats et leurs anciens idéaux. Florencio Sánchez fixa dans ses drames (Barranca Abajo, La Gringa) ce nouveau visage de la réalité sociale et sut le représenter d’une manière réaliste et crue, opposant dans une certaine mesure, à l’image romantique de la terre créole la vision réaliste de ces pays profondément bouleversés dans leur structure sociale et spirituelle.

Le récit de mœurs à caractère satirique s’inspira de ce même thème. Roberto Payró (Argentine, 1867-1928), Benito Lynch (1885-1953), Francisco Espínola (Uruguay), persistèrent dans le réalisme ou revinrent à lui, mus par la force de ce désir de refléter les coutumes de la terre, non toutefois sans que leurs tendances esthétiques ou leurs aptitudes littéraires modifient l’attitude réaliste de base. Jenaro Prieto (Chili) chercha également à refléter, non sans ironie, les caractères particuliers de l’homme de la terre et de ses coutumes; cependant, bien qu’on puisse citer d’autres noms d’écrivains appartenant à cette tendance, il faut bien convenir que ce n’est pas elle qui l’emporte.

En effet, l’esthétique qui a pris la première place en Amérique Latine, dérivée du souci de la découverte d’une idiosyncrasie propre, adopta les caractères d’un réalisme tragique. Plus que l’homme, le héros du grand roman latino-américain est la nature indomptable qui l’entoure, et son thème, leurs luttes réciproques, rendues plus aiguës par les conditions sociales auxquelles sont soumises les classes les plus humbles. Parfois, si l’auteur témoigne d’une préférence particulière pour les descriptions, la nature devient le pôle d’attraction essentiel, mais la prédominance du descriptif est bien moins fréquente que celle des préoccupations d’ordre humain et social.

Au Brésil, José Pereira de Graça Aranha (1868-1931) et Euclides da Cunha (1866-1909) décrivirent le drame intense des forêts et des déserts de leur pays, avec les quasi invraisemblables aventures de ceux qui y cherchaient la richesse et de ceux qui souffraient de la plus dure des exploitations. Canaân, du premier, et Os Sertoes, du second, constituent de magistraux et vigoureux témoignages de cet intérêt croissant, passionné, porté à l’élément régional, et aussi au destin de l’homme en ces lieux où la grande aventure de l’argent créait de dramatiques situations sociales. Le milieu tropical ajoutait sans doute à l’intensité de ce réalisme tragique. Dans La Vorágine du colombien José Eustasio Rivera (1888-1928), dans Huasipungo de l’equatorien Jorge Icaza, dans Doña Bárbara et Canaima, du vénézuélien Rómulo Gallegos (1884), dans El Señor Presidente du guatémaltèque Miguel Angel Asturias (1899), et dans beaucoup d’autres récits — car ce fut là l’orientation d’une grande partie du roman latino-américain de ce siècle — se manifeste cette double intention descriptive et sociale, avec une intensité qui subjugue l’esprit. Le réalisme tragique exige parfois et provoque toujours une prose riche, fleurie de termes régionaux, généralement intraduisibles, du moins en ce qui concerne leur charge émotive; par là, le style acquiert par moments un caractère baroque assez prononcé. Mais l’ensemble révèle une extrême adéquation entre la force des thèmes et l’attitude esthétique par laquelle ils s’expriment, attitude d’une originalité inégalable, en dépit des antécédents et des influences que l’on pourrait y découvrir; en outre, elle paraît aussi audacieuse que sûre.

Dans d’autres pays, l’incidence des problèmes sociaux arrive à être prépondérante, bien qu’ils ne puissent être séparés de l’impondérable influence de la nature. La révolution mexicaine, les situations sociales qui la déchaînèrent et les conséquences qui suivirent, sont présentes dans Ceux d’en bas et Les Caciques de Mariano Azuela (Mexico, 1873); dans L’aigle et le serpent et L’ombre du caudillo de Martín Luis Guzmán (Mexique, 1887); enfin dans Mon cheval, mon chien et mon fusil et Peuple innocent de José Rubén Romero (Mexique, 1898), narrations vigoureuses dont les personnages possèdent toujours quelque chose de général, dans la mesure où ils révèlent le drame collectif plus qu’un drame individuel. Comptent aussi parmi les nouvelles sociales Tungstène de César Vallejo (Pérou, 1895-1938), Le monde est vaste et étranger de Ciro Alegría (Pérou, 1909) et Le savant Atusparia de Ernesto Reyna (Pérou, 1900), où sont traités, comme dans les romans mexicains, les graves problèmes créés au Pérou par la situation de la nombreuse population indigène. Et l’on peut dire que, bon ou mauvais, le roman social ne fait défaut en aucun pays de l’Amérique Latine.

En Argentine, en Uruguay et au Chili, on ne retrouve pas, soufflant dans le roman de la terre et de ses personnages typiques, ce vent de tragédie signalé pour d’autres régions du continent. Mariano Latorre (Chili, 1886) dans Zurzulita, Luis Duran (Chili, 1900) dans Mon ami Pidén, Francisco Espínola (Uruguay) dans Ombres sur la terre, Enrique Amorim (Uruguay, 1900) dans Le paysan Aguilar et La Charrette, Ricardo Güiraldes (Argentine, 1886-1927) dans Don Segundo Sombra, Bernardo Canal Feijóo (Argentine) dans Passion et mort de Silverio Leguizamón, offrirent de la vie rurale et des gens de la terre une image parfois cruelle, mais jamais misérable. Exemple typique, Don Segundo Sombra, l’admirable roman de Güiraldes, est l’histoire d’un homme de la terre avec toutes les vertus du «gaucho», mais qui n’a gardé de sa traditionnelle révolte qu’un désir de solitude et de nomadisme; on pourrait presque dire qu’avec lui le thème rural dévie vers un intimisme psychologique.

Ce même souci de la nature et de la vie régionale, des angoisses humaines propres à celui qui souffre de la soumission de sa race et de sa classe, a rencontré un terrain favorable dans la poésie, mais s’est développé surtout à partir de la troisième décade de ce siècle.

4 – Vers 1920 apparurent en Amérique Latine les premiers signes d’un renouveau esthétique dérivé de celui qui transformait le monde de l’après-guerre. Quelques représentants du modernisme vivaient encore, mais leur influence décroissait rapidement, — surtout depuis la mort de Rubén Darío en 1916, — et la tendance littéraire qu’ils représentaient commençait à soulever un mouvement d’hostilité.

Les courants dadaïstes, expressionnistes et surréalistes exercèrent une forte attraction sur les jeunes générations, dont quelques-uns subirent l’influence des maîtres français et anglais, et d’autres se sentirent fraternellement liés au brillant groupe espagnol de Garcia Lorca, Alberti, Guillén et Salinas, avec, en outre, quelque influence de Juan Ramón Jiménez. Le mouvement hispano-américain se définit lui-même comme « ultraïsme » ou, plus simplement, d’avant-garde; il reçut parfois le surnom — dû, semble-t-il, au poète chilien Vicente Huidobro — de créationnisme.

Sans doute est-il possible de saisir une atmosphère étrange et particulière dans la littérature latino-américaine postérieure à 1920, bien qu’il ne soit pas très facile d’en préciser les caractères. Quelques-uns eurent une incidence sur le réalisme tragique de la nouvelle sociale, altérant la structure traditionnelle du récit et accentuant l’intérêt porté aux faits de conscience, en même temps qu’ils contribuaient à en renouveler les formes d’expression. En effet, une telle atmosphère provoqua l’apparition d’un certain type de narration qui ne pouvait plus cacher les influences européennes comme celles de Jean Cocteau ou Aldous Huxley; mais sans doute l’influence fut-elle plus forte en poésie, dans la musique et la peinture, dont le renouvellement fut plus radical.

L’atmosphère particulière de cette nouvelle esthétique réussissait à peine à dissimuler les contradictions profondes qui apparurent dès le début entre les tendances universaliste et régionaliste, entre l’orientation gratuite et l’orientation engagée de l’art. Comme on peut le voir, il s’agissait de vieilles polémiques, latentes sous l’homogénéité sans égale de la nouvelle sensibilité esthétique de cette époque.

Universalisme et régionalisme apparaissaient maintenant comme des possibilités marquées de signes différents. Selon que l’intérêt se portait vers l’une ou vers l’autre, les thèmes et les profils acquéraient des caractères opposés. Il convient d’observer que la nouvelle esthétique se manifestait après une longue période où l’essai comme la littérature d’imagination s’acharnaient à établir et à affirmer le genre latino-américain, le particularisme national, le régionalisme typique; dans une telle situation, une esthétique, qui glissait nettement vers l’esthétisme ne pouvait pas ne pas engendrer des conflits; et il en fut ainsi. Quelques-uns subirent l’influence déjà lointaine du futurisme de Marinetti, ou celle plus proche, de Paul Morand et de Cocteau, ou celle, plus insinuante, de David H. Lawrence et de Aldous Huxley; ceux-là firent entendre que la mission du créateur était la quête de la beauté ou la plongée dans les abîmes pleins de conflits de l’âme humaine. Mais, dans les deux cas, l’esthétisme, même lié à un intimisme plus ou moins philosophique, semblait une désertion à celui qui avait déjà goûté à la saveur de la lutte, de la création militante arrachée à une réalité sociale traversée d’impératifs urgents. Ceux qui ne concevaient la création qu’émergeant toute sanglante de la réalité immédiate, dont les problèmes infinis sauraient la faire déboucher sur un horizon de tragédie humaine, ceux-là ne voyaient qu’une forme d’évasion dans la part d’universalité que pouvaient contenir certaines attitudes.

Le cubain Eugenio Florit (1903), les mexicains Carlos Pellicer (1897) et Xavier Villaurrutia (1903), le chilien Vicente Huidobro (1893), l’argentin Ricardo Molinari (1898) affinèrent leur poésie et recherchèrent la profondeur de l’expérience poétique autant que son expression la plus subtile. Nombreux furent ceux qui suivirent cette tendance. Par contre, d’autres parcoururent un chemin presque solitaire, comme l’argentin Jorge Luis Borges (1899), qui fait alterner son inquiétude universelle, lyrique et philosophique en même temps, avec son heureuse évocation de ce qui semble le plus local; enfin, beaucoup choisirent nettement la voie de la pensée militante, sous l’une ou l’autre de ses modalités. Le lyrisme de Gabriela Mistral voulut exprimer la résonance émotionnelle des douleurs étrangères. Les cubains Nicolás Guillén (1904) et Emilio Ballagas (1908), le portoricain Luis Palés Matos (1898), le péruvien César Vallejo usèrent parfois du pittoresque local, non pas cependant dans le dessein de diminuer la poésie, mais afin d’intégrer à son expression la plus élevée les traditions des humiliés; des chiliens comme Pablo de Rokha (1894) et Pablo Neruda (1904) allèrent parfois jusqu’à orienter leur poésie dans une direction presque parallèle à celle de la propagande politique.

Dans le roman, le contraste était moindre, car certains principes esthétiques du réalisme tragique étaient irréfutables. Influencé certainement, comme nous l’avons déjà vu, par la nouvelle sensibilité littéraire, le roman latino-américain resta dans son ensemble attaché à ce qu’il jugeait non seulement son thème de base mais aussi sa mission, une mission qui transcendait le fait purement littéraire. Donc, associant la nouvelle sensibilité à la mission ancienne, les péruviens César Vallejo et Ciro Alegría, l’equatorien Jorge Icaza, le mexicain Gregorio López y Fuentes (1895), les brésiliens José Lins do Rego (1901) et Erico Verissimo, l’uruguayen Enrique Amorin, le guatémaltèque Miguel Angel Asturias persistèrent dans le roman social. Mais on ne saurait dire que fasse défaut à l’Amérique Latine le récit qui se situe sur le plan de l’introspection, de l’intériorité psychologique ou de la fantaisie intellectuelle; nous citerons à ce point de vue les argentins Macedonio Fernández, Eduardo Mallea (1903) et Jorge Luis Borges, les chiliens Pedro Prado (1886), María Luisa Bombai (1910) et Benjamin Subercaseaux. Ici encore, la sensibilité littéraire s’associait aux vieux thèmes suggérés par Proust, Huxley ou Chesterton. Et parfois, la nécessité du développement des idées provoquait le glissement du récit vers l’essai, soit d’une manière insensible, comme chez Mallea, soit d’une façon plus décidée, dans une manière d’abandon héroïque, délibéré, de la vocation poétique: tel est le cas de l’argentin Ezequiel Martínez Estrada (1895) dont la Radiographie de la pampa constitue un des efforts les plus aigus de compréhension de la réalité immédiate.

Cette ambiguité des tendances de la nouvelle esthétique peut être également observée dans le domaine des arts plastiques et de la musique. L’influence des fauves, du cubisme et du surréalisme provoqua dans quelques pays de l’Amérique Latine des mouvements plastiques d’une certaine importance; parmi leurs représentants se détachent le cubain Mario Carreño, le chilien Camilo Mori, l’uruguayen Pedro Figari et les argentins Lino Spilimbergo et Emilio Pettoruti. Mais le mouvement plastique le plus important de l’Amérique Latine surgit au Mexique, où Diego Rivera inaugura vers 1921 un style pictural très personnel, qui présida à la création de fresques monumentales, d’une facture savante, inspirées de la lointaine Renaissance mais débordant de modernité. En même temps que leur qualité plastique, ce qui attira l’attention sur elles fut l’intention délibérément sociale et révolutionnaire qui s’en dégageait. Elle était suscitée chez l’artiste par son enthousiasme pour la révolution russe de 1917, autant que par la ferveur de son attachement à la cause du peuple mexicain. Les mexicains José Clemento Orozco, David Alfaro Siqueiros, le brésilien Cándido Portinari, le cubain Marcelo Pogolotti, les argentins Antonio Berni et Luis Falcini — ce dernier, sculpteur — s’orientèrent selon la même ligne.

En musique, le chilien Domingo Santa Cruz et l’argentin Juan Carlos Paz représentèrent le purisme esthétique; les influences de la musique récente, de Debussy à Hindemith, sont visibles chez beaucoup de musiciens latino-américains qui, cependant, ont conservé des réminiscences plus ou moins lointaines de l’art folklorique; elles sont légères chez l’argentin Juan José Castro, plus accentuées chez les mexicains Silvestre Revueltas et Carlos Chaves, le brésilien Heitor Villa-Lobos et le chilien Humberto Allende.

Nous ne saurions conclure ce rapide panorama sans signaler l’apparition de quelques nouveaux courants qui, bien qu’ils ne se soient pas encore incarnés en des œuvres importantes, révèlent la possibilité d’autres attitudes esthétiques. Il existe des mouvements assez accentués, orientés dans le sens de la musique atonale; dans les arts plastiques, se font sentir les tendances contradictoires de l’art abstrait et de l’art figuratif. Quant au domaine littéraire, dans la génération postérieure à 1945 se manifeste une assez forte influence de l’existentialisme, et de la pensée de Jean- Paul Sartre en particulier. Une fois de plus, les influences esthétiques et philosophiques étrangères ont réveillé le souci de l’analyse du problème du particularisme américain et de la situation de l’homme en Amérique.

II- LES COURANTS POLITIQUES ET SOCIAUX

Avant d’aborder le panorama des courants politiques et sociaux de l’Amérique Latine du XXe siècle, il nous paraît indispensable de préciser un point: la classification que nous avons adoptée tend à définir, à travers l’action politique, les tendances fondamentales qui se sont manifestées; en même temps, certes, nous signalons les œuvres de la pensée théorique dont il ne faut, cependant, jamais perdre de vue qu’elle n’est ni très abondante ni très riche; c’est donc la connaissance de l’action politique et de ses directives qui facilitera surtout la compréhension du problème. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de la constante référence aux courants européens de pensée politico-sociale, sans que cela implique l’identité absolue des modèles et des imitations, car la réalité à laquelle s’appliquent les doctrines est ici profondément différente. En dernier lieu, il faut signaler qu’il existe un mode particulier d’appréhension des problèmes politico-sociaux, qu’il convient de mettre en lumière, même lorsqu’on n’en découvre pas le répondant théorique; ceux qui négligeraient de le faire, risqueraient de laisser dans l’ombre l’aspect le plus caractéristique du problème de l’Amérique Latine.

1.

Vers 1860 à peu près, la majorité des pays latino-américains entrèrent dans une ère de prospérité et de stabilité, après les tumultueuses années qui suivirent l’émancipation. Si l’on voulait caractériser la tendance politique dominante de cette époque, il faudrait la qualifier de libérale. Libérales étaient en effet les idées des minorités représentées et mêmes celles de la plupart des oligarchies dominantes, et libéraux furent les programmes politico-sociaux proposés, que l’on s’efforça, dans la mesure du possible, de suivre. Mais les caractères de la réalité marquèrent ce libéralisme vague de quelques notes qui allaient aboutir à lui donner une physionomie particulière, parfois légèrement paradoxale.

Aussi étrange que cela puisse paraître, les buts progressistes des énergiques dictatures qui prirent le pouvoir dans certains pays durant la seconde moitié du XIXe siècle, s’apparentent au libéralisme. Nous citerons celle de Antonio Guzman Blanco au Venezuela, celle de Rafael Núñez en Colombie, de Gabriel García Moreno dans l’Equateur, de José Manuel Balmaceda au Chili, celles de Lorenzo Latorre et Máximo Sánchez en Uruguay. Le rapport de ces dictatures avec le libéralisme se manifeste par leur souci d’accélérer le progrès matériel: construction de chemins de fer, télégraphes, ponts, ports et routes, organisation de l’instruction primaire et institution d’une législation moderne d’inspiration laïque dans l’ensemble. En revanche, dans le domaine politique, les régimes au pouvoir ont fait preuve d’un autoritarisme énergique et parfois violent, qui ne laissait aucune place aux libertés que le libéralisme, dans le vrai sens du terme, considère comme indispensables. Par conséquent, le libéralisme politique ne fut le plus souvent qu’un rêve entretenu par des minorités qui, de l’exil, prenaient la parole. Certes, cette parole ne fut pas inutile et la pensée de Juan Montalvo, celle de Eugenio María de Hostos et de José Martí devaient plus tard porter leurs fruits; ces hommes permirent une évaluation plus juste des situations et ouvrirent la voie à des régimes politiques plus parfaits.

Dans d’autres pays, le divorce entre le libéralisme politique et le progressisme économique fut moins radical. Bien que sévère, la dictature de Porfirio Díaz au Mexique ne négligea pas entièrement certains principes, comme le prouve l’action de Justo Sierra à qui l’on doit le rétablissement de l’Université. En Argentine, les gouvernements oligarchiques de Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini et Julio Argentino Roca — ce dernier ayant promulgué un ensemble de lois excellentes — s’efforcèrent de maintenir les formes démocratiques et libérales.

Ces faits dérivaient des circonstances. Tout le long de l’époque tumultueuse qui avait suivi l’émancipation, la société latinoaméricaine, faute d’une éducation politique suffisante, faisait peu de progrès dans le perfectionnement des institutions et ne connaissait pas encore l’exercice normal de la démocratie dont elle proclamait cependant le principe dès les premiers jours de la Révolution. La situation sociale s’établissait donc de facto et les oligarchies économiques affirmaient leur prééminence en s’appuyant en général sur le conformisme des classes assujéties. Ainsi, les gouvernements forts purent exercer leurs fonctions, grâce aux groupes minoritaires dont ils défendaient les intérêts et aussi, à l’occasion, grâce à une masse sans maturité politique qui considérait la tutelle paternaliste du dictateur comme juste et nécessaire. Mais au fond, ce qui expliquait surtout la dictature était le manque de stabilité des relations politiques des différents groupes oligarchiques, incapables de trouver des voies normales assurant un équilibre durable.

La situation devait changer à partir du moment où de nouveaux problèmes économiques et sociaux commenceraient à se poser, vers les dernières années du XIXe siècle. Le développement économique d’un certain nombre de pays provoqua une manière de polarisation des classes travailleuses, et de nouveaux regroupements politiques se constituèrent bientôt. Ce fut alors que commencèrent à s’affronter des attitudes opposées quant à la conduite de la société. D’abord il y eut trois positions qui n’impliquaient pas de rupture fondamentale avec les traditions politiques précédentes: a) un autoritarisme personnaliste; b) un conservatisme progressiste; c) un libéralisme avancé. Mais, d’autre part, deux positions révolutionnaires apparurent, avec leurs caractères nettement différenciés: l’une impliquant une conception originale des situations locales, et l’autre incluse dans les schémas des conceptions révolutionnaires européennes. Au-delà de nos descriptions de chacune de ces attitudes politiques, le lecteur devra imaginer la constante interpénétration de chacun de leurs traits, difficiles à cerner et à préciser dans chaque cas particulier.

2.

Dans certains pays de l’Amérique Latine, avant et après le surgissement des nouveaux problèmes économiques et sociaux, des dictatures plus ou moins violentes se maintinrent au pouvoir ou le reprirent; quels que fussent les intérêts qu’elles représentaient et les forces sociales qui leur servaient d’appui, elles possédaient des caractères communs: l’identification du dictateur à la chose publique et la subordination de tous les intérêts publics à la conservation indéfinie du pouvoir. Tel fut, par exemple, le cas de Juan Vicente Gómez au Venezuela, de 1909 à 1935, de Gerardo Machado à Cuba, de 1925 à 1933, ou de Augusto B. Leguia au Pérou, de 1918 à 1928.

Chacun d’eux — et il y a d’autres exemples — représente la défense de certains intérêts économiques; mais la particularité de ce type d’autoritarisme est la présence d’une organisation politique destinée à assurer au dictateur la conservation du pouvoir. Le cas est constant et chaque fois on peut trouver dans la personnalité du dictateur, en dehors des intérêts qu’il représente, quelque trait qui explique sa permanence au pouvoir. Généralement il s’agit de «l’homme fort» capable de polariser autour de lui une force militaire qui le soutienne, mais, en outre, il s’appuie aussi sur une certaine couche sociale: celle des adjudicataires ou financiers affiliés au capital international, ou celle des classes moyennes troublées par une longue période d’insécurité, ou celle des classes laborieuses démagogiquement utilisées, ou bien encore, parfois, la combinaison de quelques-uns de ces groupes.

Un dictateur du type de celui que nous examinons, tel le caudillo, s’explique aussi par les circonstances qui accompagnent son apparition. Le plus courant est la rupture de l’équilibre, de la cohésion normale entre les éléments de la société d’un pays; une fois rejetées les formules de conciliation et brisées les formes institutionnelles, le pouvoir reste à la merci de celui qui pourra et saura s’en emparer, et sa possession semble légitime s’il réussit à l’exercer, après avoir brisé dans l’œuf les autres tentatives de domination. Donc, comme le vieux caudillo, le dictateur correspond presque toujours à une situation qui pourrait être considérée comme la rupture du pacte social, situation qui frappe d’invalidité toutes les conventions traditionnelles. Sans aucun doute, telle est encore aujourd’hui la situation de beaucoup de pays de l’Amérique Latine, situation d’équilibre instable — généralement provoquée par l’impérialisme économique — qui, lorsqu’elle reste livrée au jeu de ses forces internes, côtoie la désintégration. L’autoritarisme personnaliste surgit alors: il ne lui reste plus qu’à brandir la bannière de « l’ordre ».

Certaines dictatures de ce type ont été longues et sanglantes comme celle de Juan Vicente Gómez au Venezuela, et ont offert un répugnant spectacle de violence et de cupidité. Cependant, il ne manqua pas de théoriciens pour les admettre et les louer, non peut-être dans le dessein de justifier les abus et les infamies qu’elles impliquaient, mais en affirmant catégoriquement qu’elles constituent l’unique solution possible des problèmes politico-sociaux de certains pays. Laureano Vallenilla Lanz (Venezuela, 1870-1936) développa dans deux ouvrages — Césarisme démocratique et Critiques de sincérité et d’exactitude — la thèse de l’inéluctable nécessité d’un gouvernement fort, que l’auteur nommait «le gendarme nécessaire». César Zumeta (Venezuela, 1862) professait une doctrine semblable dans Le continent malade, où il s’efforçait de démontrer que l’apparente maladie de l’Amérique Latine n’était qu’une crise de croissance, guérissable par un traitement énergique dont le succès ne pouvait être assuré que par un gouvernement fort. Alcides Arguedas (Bolivie, 1879-1946) dans son livre Peuple malade, visait, lui aussi, son pays; sa pensée s’orientait dans le même sens, mais ici la nécessité de la dictature lui apparaissait comme une conséquence du métissage, néfaste selon lui, qui caractérisait la Bolivie. Et Leopoldo Lugones (Argentine, 1874-1938), poète illustre et militant socialiste à l’origine, déclara dans un mémorable discours prononcé à l’Université de San Marcos de Lima en 1925, à l’occasion de la célébration du centenaire de la bataille d’Ayacucho, que «l’heure de l’épée» avait sonné, comme si toutes les possibilités de développement normal des institutions démocratiques avaient été frappées de caducité en Amérique Latine.

Sans doute, les intellectuels partisans du pouvoir fort, du moins les meilleurs d’entre eux, ne pensaient-ils pas pouvoir justifier en plein XXe siècle des tyrannies barbares et primitives, mais ils réagissaient parfois contre l’ascension des masses populaires — c’est le cas de Lugones en Argentine, après le triomphe de Hipólito Yrigoyen en 1916 — ou encore contre l’apparente inadaptation au progrès des groupes indiens ou métis. Pour ces raisons, ils s’accordaient avec Francisco García Calderón, sur ce qu’il considérait comme une loi de la vie américaine: «La dictature est le gouvernement apte à créer l’ordre intérieur, développer les richesses et unifier les castes ennemies». Telles étaient les paroles que l’essayiste péruvien (né en 1883) avait écrites en français dans un livre intitulé Les démocraties latines de l’Amérique, qui fut très répandu en Europe.

3.

Cherchant à résoudre les situations de fait, certaines oligarchies traditionnelles adoptèrent de leur côté une politique conservatrice et progressiste dans les pays où, à un certain moment, la situation sociale paraissait stabilisée.

Fidèles aux idées générales de l’époque, aux principes progressistes et aux urgentes sollicitations de la réalité, les oligarchies conservatrices se consacrèrent de préférence à la mise en ordre des finances publiques, à la fondation d’œuvres d’intérêt général et au développement de l’éducation populaire. En cela consistait leur progressisme, qu’en Argentine le président Julio A. Roca résumait dans la formule: «Paix et administration». Par contre, sur le plan politico-social, les oligarchies s’attachèrent à consolider leur domination et à étouffer méthodiquement tout essai de participation des classes populaires au gouvernement, surtout parmi les groupes qui révélaient une certaine maturité politique et commençaient à adopter des attitudes qui semblaient dangereuses. Tel fut le cas de divers pays latino-américains, aux premières décades de ce siècle.

Le fondement de cette attitude ne résidait pas seulement dans l’inébranlable résolution des oligarchies de perpétuer leurs privilèges, mais aussi dans cette conviction enracinée que les classes populaires manquaient des aptitudes nécessaires à la vie politique. Il semblait nécessaire de pourvoir le pays d’excellents édifices publics, de chemins de fer et de téléphones, et peut-être de dispenser l’instruction primaire à tous les enfants, mais il semblait également nécessaire d’interdire l’accès aux fonctions publiques à tous ceux qui n’appartenaient pas aux classes qui les détenaient traditionnellement.

Conservatrices et progressistes, ces oligarchies se caractérisent aussi par leur attitude d’orientation aristocratique. Avec l’expérience des premiers mouvements sociaux, devant le spectacle de l’organisation des syndicats ouvriers et l’éclatement des grèves, cette attitude se fortifia et se généralisa. Elle eut ses théoriciens, certains particulièrement brillants; le plus grand de tous fut sans doute José Enrique Rodó, dont l’Ariel, publié en 1900, eut une énorme influence sur les jeunes générations latinoaméricaines des premières décades du siècle. «En l’absence de la barbarie qui fait irruption et déchaîne ses hordes sur les phares lumineux de la civilisation, avec une héroïque grandeur, parfois régénératrice, écrivait-il, la haute culture des sociétés doit se défendre contre l’œuvre calme et dissolvante de ces hordes pacifiques, et parfois parées, les hordes inévitables de la vulgarité, dont Monsieur Homais pourrait personnifier l’Attila; dont l’héroïsme est l’astuce mise au service de la répugnance instinctive pour ce qui est grand; dont l’attribut est le rouleau niveleur». Leur indifférence est inébranlable et leur supériorité seulement quantitative, mais les manifestations normales de leur force n’en sont pas moins capables d’atteindre la colère épique et de céder aux impulsions de l’agressivité. Charles Morice les appelle alors «ces phalanges de Prud’hommes féroces qui possèdent comme devise le mot Médiocrité et vont animés par la haine de l’extraordinaire.»

Dans ces pages, Rodó abordait aussi d’autres problèmes, en rapport avec celui-ci. Les minorités, dont il attendait tout, représentaient à ses yeux l’esprit, ou mieux, l’esprit de la latinité, dont il opposait l’idéalisme au pragmatisme anglo-saxon. Mais, en même temps, il laissait s’établir la thèse qu’en Amérique Latine l’esprit ne pouvait être que l’esprit européen, faisant entendre implicitement que cette plèbe méprisable, ces «hordes inévitables de la vulgarité» s’assimilaient en fait aux populations indiennes ou métissées, très importantes numériquement dans beaucoup de pays du continent. Carlos Octavio Bunge (Argentine, 1874-1918) soutint peu de temps après, dans Notre Amérique, une thèse analogue. Influencé sans doute par Gobineau et Chamberlain, il affirma l’infériorité des races métisses et la nécessité pour l’Amérique Latine de prendre modèle sur l’Europe, jusqu’à l’identification, si elle voulait atteindre un haut degré de civilisation. Et Alcides Arguedas, dans l’œuvre déjà citée, et Carlos Arturo Torres (Colombie, 1867-1911) dans son Idola Fori, publiée en 1910, qui eut beaucoup de retentissement, s’accordaient avec de tels points de vue, justifiant ainsi, sur le plan élevé de la spéculation doctrinale, le conservatisme aristocratique. De cette façon, délibérément ou non, les intellectuels ariélistes, comme on les appelait, ou bien, d’un terme plus général, les européanisants, contribuaient en fait à fonder une politique qui ne se proposait rien de moins que de fermer les voies au développement normal des sociétés latino-américaines, politique apte à créer des réactions de ressentiment qui ne devaient pas tarder à éclater.

4.

Dans les pays où les oligarchies — ou certaines groupes avancés qui s’en étaient détachés — découvrirent qu’il était préférable de canaliser opportunément les revendications des classes populaires au lieu de s’y opposer, il se développa une politique qui pourrait être définie comme un libéralisme avancé teinté à l’occasion de socialisme.

Le libéralisme avancé et socialisant fut non seulement une attitude intelligente et humanitaire, mais aussi une solution pleine de sagesse politique. Ceux qui l’adoptèrent furent généralement des hommes à l’esprit libéral et désintéressé, ou plutôt ils étaient pénétrés des principes politiques et moraux qu’implique le libéralisme, mais comprenaient en même temps la nécessité de faire face, par des solutions nouvelles, aux problèmes nouveaux. Pratiquement, le libéralisme traditionnel n’opérait que sur la vie politique et économique, mais les circonstances de la vie latino-américaine exigeaient, avec une certaine urgence, qu’on abordât les problèmes sociaux posés par un prolétariat qui gagnait tous les jours en nombre et en organisation; la conjoncture exigeait aussi la recherche de solutions compatibles avec l’ordre institutionnel en vigueur. Cette exigence ne put être affrontée par ceux qui s’en tenaient aux principes classiques du libéralisme, et elle fit passer au premier plan de la vie politique des hommes auxquels les inquiétudes sociales n’étaient pas étrangères.

Entre tous, se détache la personnalité de l’homme d’Etat uruguayen José Batlle y Ordóñez (1854-1930) qui exerça une influence décisive sur la politique de son pays dès 1903. Héritier d’une tradition populaire, et convaincu de la nécessité de créer et de maintenir le principe de la légalité, Batlle y Ordóñez s’efforça de conjurer le danger de la désintégration sociale avant qu’il ne s’intensifiât, et proposa, le premier en Amérique Latine, un ensemble de lois destinées à satisfaire les revendications des classes laborieuses. Ainsi engagea-t-il le régime politique dans la voie de la République et de la démocratie, élargissant ses bases politiques pour qu’il cessât d’être le patrimoine des oligarchies et devînt un ordre légal, capable d’accueillir les nouvelles couches sociales qui se politisaient.

L’homme d’Etat chilien Arturo Alessandri (1868-1950) se proposa à l’origine une tâche analogue; les masses populaires l’avaient porté au pouvoir en 1920. «Le bien-être du peuple — disait-il dans son discours inaugural — et la tranquillité sociale exigent l’harmonie entre le capital et le travail, et il est du devoir du gouvernement de protéger le prolétariat, qui est faible, mais sans que cela porte préjudice aux droits du patron, car ainsi l’exigent la richesse publique et la tranquillité sociale.» Non sans difficultés, Alessandri réussit à inaugurer la réforme des lois sociales, œuvre que poursuivirent les gouvernements successifs du Front Populaire, dirigés par les présidents Aguirre Cerda, Ríos et González Videla.

Le mouvement dirigé au Venezuela par Rómulo Betancourt en 1945, représente une tendance analogue, maintenue par l’«Action démocratique», pendant le gouvernement éphémère de Rómulo Gallegos. En Argentine, le triomphe de l’Union Civique Radicale, en 1916, chassa l’oligarchie conservatrice du pouvoir et le confia à Hipólito Yrigoyen; le dessein incontestable d’affronter les problèmes des classes populaires fut ici freiné, car —à la différence de Batlle Ordóñez et d’Alessandri— Yrigoyen n’osa abandonner que dans une très faible mesure les principes du libéralisme classique; mais l’attitude générale du régime facilita une certaine ascension spontanée des classes travailleuses.

En général, le libéralisme avancé pourrait être défini comme la tendance la plus significative de la politique latinoaméricaine de cette période. Accentuer le développement économico-social du peuple et assurer en même temps la liberté politique et spirituelle des individus, telle était la plus haute aspiration des groupes représentés, et elle satisfaisait en grande partie les aspirations populaires. Si le libéralisme avancé ne sut orienter la vie politique qu’en quelques circonstances seulement, ce fut parce que les situations économiques et sociales de beaucoup de pays, avec leurs conflits de groupes et les interférences impérialistes, n’en offraient pas les possibilités de base. Plus facilement et plus souvent, on tombait dans l’autoritarisme personnaliste ou, tout au plus, dans un conservatisme progressiste et aristocratique.

Mais le libéralisme avancé, héritier des traditions du libéralisme classique, perfectionnées grâce à un répertoire de solutions modernes pour les nouveaux problèmes sociaux, poursuivit son action et constitua l’idéal soutenu par les groupes représentés et par les théoriciens du progressisme: Joaquín V. Gonzalez en Argentine, Ruy Barbosa au Brésil, Carlos Vaz Ferreira en Uruguay ou Baldomero Sanín Cano en Colombie.

5.

Parallèlement aux tendances politiques qui n’impliquaient pas de rupture fondamentale avec les traditions en vigueur, un véritable sentiment révolutionnaire prit naissance en Amérique Latine, dès le commencement du siècle passé. Ce sentiment s’enracina dans les classes les plus humbles des pays où l’exploitation capitaliste prenait un caractère violent; mais il ne put facilement trouver son mode d’expression, sauf là où les minorités représentées permirent, de bon ou de mauvais gré et à des degrés différents, la formation de syndicats et de partis ouvriers organisés selon des inspirations anarchistes ou socialistes.

Mais ces organisations exigeaient déjà une formation politique avancée des travailleurs; le sentiment révolutionnaire, en fait, les déborda et s’étendit, tel une vague spontanée, aux grandes masses vivant dans des pays soumis parfois à des régimes de type presque féodal, ou victimes de l’exploitation implacable des grandes compagnies. Ces masses étaient indigènes en grande partie, ou métisses, et traînaient leur soumission depuis l’époque coloniale; elles s’étaient soulevées sporadiquement et toujours sans succès contre le pouvoir qui les opprimait; mais, dès la fin du siècle passé, elles commencèrent à trouver un appui dans des groupes bourgeois représentés au gouvernement, qui prêtèrent l’oreille à leurs clameurs et découvrirent la possibilité de canaliser ce vague sentiment révolutionnaire à travers des formes politiques qui, bien qu’influencées dans une certaine mesure par les doctrines sociales européennes, devaient conserver les traits spécifiques de la vie américaine. Ainsi commença l’ère qui pourrait être appelée celle des révolutions autochtones.

De telles révolutions ne pouvaient se préparer et, à l’occasion, se déchaîner que dans les pays où existait le divorce des races distinctes — blanches d’une part, métisses et indigènes de l’autre — qui, dans une certaine mesure, correspondaient à des classes distinctes. La réalité de ce divorce explique les différences constatées dans ces mouvements, par rapport à ceux qui se produisirent dans des pays où ce divorce n’existait pas, ou n’existait que dans une faible mesure. En même temps que la constitution de l’Union Civique en Argentine, par Léandro N. Alem (1890), et la réorganisation du parti «colorado» en Uruguay par José Batlle Ordóñez (1890), Manuel González Prada (1848-1918) organisa au Pérou l’Union Nationale (1891). Les deux premiers partis, bien que de tendances radicales, se limitaient à une défense des classes populaires qui ne compromettait pas les bases de la structure économico-sociale en vigueur; par contre, celui que fonda González Prada attaquait plus profondément l’ordre constitué, en se rebellant contre la situation à laquelle étaient soumis les indigènes. Ce parti prenait leur défense en proclamant non seulement les droits des Indiens, jusqu’alors méprisés, mais aussi leurs aptitudes à servir une économie fondée sur l’intérêt national, et ses possibilités de servir de base à une organisation politique plus juste. Mais, par là, González Prada compromettait tout le système qui structurait la vie du pays. Ce qui se préconisait était une véritable révolution, non pas une révolution de type classique, mais une révolution autochtone que Victor Raúl Haya de la Torre (Pérou, 1895) ne devait pas tarder à doter d’une organisation et d’une doctrine. Tôt ou tard, des mouvements analogues devaient apparaître dans presque tous les pays où existaient des Indiens et des métis, surtout après la première révolution réussie, celle qui devait débuter au Mexique en 1910.

Le problème de la « rédemption de l’Indien » n’était pas nouveau au Mexique et était apparu pendant la Révolution émancipatrice et, surtout, pendant la Réforme promue par Benito Juárez. Mais la révolution de 1910 fut beaucoup plus radicale. Dès ses débuts elle prit parti en face du problème de l’exploitation du prolétariat rural. Il y eut certaines fractions du mouvement mexicain multiforme, spécialement celles représentées par Emiliano Zapata et les frères Flores Magón — ces derniers à la tête du parti appelé libéral, en réalité de tendance socialiste — qui aspiraient à une réforme économique radicale. Cette transformation commença à s’accomplir, mais sans que prévalût le principe de la socialisation de la terre; en échange, on constitua des terrains communaux et on procéda à la distribution du sol en petites propriétés. La Constitution de 1917, établie durant la présidence de Venustiano Carranza, recueillit, déjà décantés, les principes de la Révolution; ils impliquaient, sous leur aspect le plus important, la protection de l’Etat au bénéfice des classes populaires, pour leur faire atteindre un plus haut niveau de vie économique et culturelle, dans les cadres traditionnels de la vie mexicaine.

Chose curieuse, un des théoriciens les plus représentatifs de la Révolution mexicaine, José Vasconcelos (Mexique, 1881), exprime un point de vue non indigéniste, partagé, pour le reste, par d’autres intellectuels. Surtout dans La race cosmique, il proclame la nécessité de revendiquer la tradition hispanique; mais sans doute cette attitude doit-elle s’entendre plutôt comme anti-nord-américaine et anti-impérialiste, que comme contraire à la tradition indigène, dont beaucoup de traits s’amalgamèrent aux caractères espagnols.

L’anti-impérialisme est aussi le caractère fondamental de la révolution populaire qui débuta au Guatémala par le renversement du président Ubico en 1944, et dont les principes furent mis en pratique par le gouvernement de Juan José Arévalo. Des mesures fondamentales, qui révélaient certaines tendances socialistes, furent adoptées contre le monopole du capital étranger, en faveur de l’amélioration économique et sociale des classes populaires. En Bolivie, un mouvement confus, postérieur à la désastreuse guerre du Chaco, arbora simultanément les bannières de la révolution indigène et de la négation du système démocratique; étouffé, puis à nouveau triomphant avec Paz Estenssoro, le mouvement révolutionnaire bolivien s’appuya chaque fois davantage sur le petit prolétariat indigène. Différents à d’autres points de vue, les régimes dirigés par Getulio Vargas au Brésil et Juan Perón en Argentine présentèrent des traits semblables; ils se caractérisaient surtout par l’abandon délibéré des principes traditionnels du libéralisme politique et par une action économique qui tendait à améliorer la situation des classes laborieuses.

D’autres mouvements, qui avortèrent, révélaient aussi des tendances analogues. L’insurrection populaire organisée au Nicaragua contre les forces nord-américaines d’occupation emporta l’adhésion unanime des classes laborieuses indigènes et métisses, contre les oligarchies au service du capital étranger; le mouvement pour l’indépendance de Porto-Rico, dirigé par Pedro Albizu Campos, d’orientation populaire et surtout antiimpérialiste, était chargé du même sens; dans cet ordre d’idées, nous citerons encore l’éphémère et tumultueux mouvement qu’organisa Jorge E. Gaitán en Colombie, au sein du parti libéral.

Mais, de tous ces partis qui, sans être arrivés au pouvoir, ont réussi à canaliser le sentiment révolutionnaire autochtone des classes populaires, le plus important, sans aucun doute, est l’Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine (APRA) fondée au Pérou par Víctor Raúl Haya de la Torre, peut-être le plus original et le plus vigoureux des penseurs politiques qui aient réfléchi sur la réalité sociale latino-américaine. Accusé de communisme, Haya de la Torre a admis la filiation marxiste de sa pensée, mais en soulignant qu’il lui était impossible de maintenir son adhésion au programme communiste; son souci a été d’approfondir l’examen des conditions sociales et économiques du Pérou — suivant ainsi la ligne de Manuel González Prada et de José Carlos Mariátegui — et d’analyser la valeur et la signification des éléments indigènes.

« Il existe dans notre pays — écrit Haya de la Torre — des sociologues théoriciens dont les cerveaux ont été formés en Europe, qui trop souvent oublient qu’aucune transformation politique, sociale, disons économique, pour nous résumer, ne saurait se réaliser sans la prise en considération de l’Indien, non seulement comme travailleur, mais comme élément racial. L’Indien, en tant que race, n’est pas seulement une force économique et sociale, mais une force traditionnelle, historique, dirions nous dans un sens large. L’Indien — cela va de soi — fait partie presque exclusivement de la classe travailleuse, mais il lui apporte quelque chose de plus que ses conditions de vie et le problème social que créent ces conditions. Il lui apporte la force historique de sa race ».

Haya de la Torre développa sa pensée politique dans des œuvres diverses: Impressions sur l’Angleterre impérialiste et la Russie Soviétique, Ex-combattants et désœuvrés, ¿Où va l’Indo-Amérique? ¿Et après la guerre, quoi?, où il analysait la politique des grandes puissances capitalistes, les mouvements révolutionnaires européens et les perspectives de la révolution américaine autochtone; de ces dernières, il affirmait que leur point de départ devait être un parti pris politique antiimpérialiste, c’est-à-dire une révision des économies nationales, afin de les libérer de leur subordination au capital étranger. «La politique du Parti Apriste Péruvien, fondée sur les intérêts vitaux de la majorité de la nation, est orientée vers la réorganisation économique du pays, qui équivaut à l’élévation progressive de son indice de productivité. Le concept économique de productivité résulte de trois facteurs essentiels: les classes sociales productrices — facteur homme —, les moyens de production ou instruments de travail — facteur technique —, et les éléments naturels que le travail de l’homme convertit en richesses. Par conséquent, l’élévation de l’indice de productivité d’une nation est en raison directe de l’amélioration de ces trois facteurs: la qualification matérielle et morale du producteur, le perfectionnement de la technique de production et la meilleure utilisation des éléments naturels qui sont ses sources de richesse. Politiquement, l’Etat doit garantir tous les moyens exigés par la nation pour que les trois facteurs essentiels à l’augmentation de sa productivité se combinent d’une manière efficace.»

Cette reconnaissance de la signification des populations indigènes et leur valorisation positive, furent portées au premier plan par d’autres écrivains qui s’occupèrent de problèmes politiques et sociaux. Ricardo Rojas (Argentine) souligna la signification de l’élément indigène et métis dans La restauration nationale et Eurindia; José Carlos Mariátegui (Pérou, 1891-1930) étudia le même problème dans ses Sept essais d’interprétation de la réalité péruvienne; il en fut de même pour Pío Jaramillo — dans L’Indien Equatorien, et Tristán Maroff — dans La tragédie du plateau et Le candide continent américain. En résumé, les tendances politico-sociales de la révolution américaine autochtone se fondent, non seulement sur la justesse des revendications des populations asservies — indigènes et métisses — mais aussi sur la conviction que, seule, l’utilisation de la force historique qu’elles portent permettra de trouver les lignes de développement de l’Amérique Latine.

Le contenu anti impérialiste de ces tendances, commun à chacune d’entre elles, doit être souligné comme un de leurs aspects les plus significatifs. La défense de la souveraineté des pays latino-américains a été conduite avec énergie par certains secteurs de l’opinion publique. Le gouvernement argentin, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires Etrangères Luis María Drago, établit en 1902, se servant du motif de l’aggression allemande contre le Venezuela, qu’il était illégitime de tenter le recouvrement de la dette publique par la force; mais ce furent les Etats-Unis qui provoquèrent la plus grande antipathie et inspirèrent les plus violents sentiments anti-impérialistes. Contre l’«Enmienda Platt», contre l’intervention au Panamá et dans d’autres pays, un mouvement d’opinion s’organisa, dont les chefs de file furent l’uruguayen José Enrique Rodó et les rgentins Alfredo L. Palacios et Manuel Ugarte. L’anti impérialisme s’orienta soit vers la mise en valeur de l’élément indigène, soit vers l’hispanisme ou le latinisme; mais, de toute façon, il fut à l’origine d’une tendance nationaliste. A partir de 1920 cette tendance bifurqua; elle se brancha sur le libéralisme progressiste traditionnel et même sur le socialisme, ou bien, prit au contraire l’orientation imposée par le fascisme, le national-socialisme et le phalangisme. Tous ces courants ne tardèrent pas à se combiner d’étrange manière, au sein d’un certain nombre de révolutions latino-américaines.

6.

La pensée révolutionnaire européenne eut ses points d’incidence sur les tendances révolutionnaires autochtones; les influences furent ressenties et les programmes suivis dans toute leur pureté par certains groupes d’intellectuels et d’ouvriers, surtout dans les pays de récente immigration européenne. Ainsi se constituèrent les premiers groupes anarchistes et socialistes; Enrique Malatesta eut une influence particulière sur les premiers, qui se multiplièrent surtout dans les pays du Rio de la Plata.

Le socialisme se développa surtout au Venezuela, à Cuba, au Pérou, au Chili, en Argentine et en Uruguay; au Chili, le Parti dit démocratique adopta ses directions et, au début, Angel Guarello et Luis Emilio Recabarren développèrent ses principes. Les chefs de file du socialisme furent, en Uruguay, Emilio Frugoni (1880) et en Argentine Juan Bautista Justo (1865-1928), qui exposa sa pensée dans Théorie et pratique de l’Histoire,, Alfredo L. Palacios (1879) auteur de Le droit nouveau, La Douleur Argentine, et La justice sociale,, Mario Bravo (1882-1943) et Nicolas Repetto (1871).

Ces partis suivirent une direction orthodoxe, et les partis sans tendances révolutionnaires autochtones leur reprochèrent vivement leur application trop étroite des principes européens à une réalité aussi différente et sut generis que celle de l’Amérique Latine. Telle fut, en résumé, la critique du communisme formulée par Haya de la Torre à partir de 1917, date où les groupes qui adhéraient aux principes de la Troisième Internationale se détachèrent du socialisme.

Pendant quelque temps Alfredo L. Palacios quitta son Parti et dirigea le Parti Socialiste Argentin, qu’il voulait précisément lier d’une manière plus étroite à la tradition et à la situation réelle de son pays. Quant aux partis communistes, ils se développaient surtout à Cuba, au Chili, en Argentine, au Brésil et au Mexique où les peintres Rivera et Siqueiros leur donnèrent leur adhésion.

Bibliographie

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Les deux œuvres de Pedro Henríquez Ureña sont accompagnées d’une excellente bibliographie, très détaillée.

B) POUR LES COURANTS POLITIQUES ET SOCIAUX

Historia de América, éditée par Jackson, Buenos-Aires, 1940-42, 14 vol.

Historia de América, éditée par Salvat, Barcelona, 1948.

CARLOS PEREYRA, Breve historia de América, Santiago de Chile, 1938.

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MEDARDO VITIER, Del ensayo americano, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1945.

Ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo, œuvre collective publiée par l’institut Panaméricain d’Histoire et Géographie, Commission d’Histoire, Mexico, 1951.

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—Alessandri, Fondo de Cultura Económica, 2 vol., Mexico, 1953-54.

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CAIO PRADO Jr, Formaçao do Brasil Contemporáneo.

J. ZAVALA MUNIZ, Batlle, héroe civil, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1945.

El ensayo reformista. 1971

Hasta hace poco tiempo parecía imprescindible, para explicar los fenómenos de la reforma universitaria en los países de América Latina, introducir al lector en las peculiaridades de la sociedad latinoamericana y acaso familiarizarlo con algunos exóticos rasgos de carácter que parecían propios de sus miembros. Para observadores europeos o estadounidenses, las conmociones estudiantiles, así como las modificaciones introducidas en los regímenes universitarios como consecuencia de ellas, constituían aberraciones incomprensibles.

Afortunadamente para quien intente explicar ahora tales fenómenos, su generalización ha puesto de manifiesto que no corresponden a determinadas singularidades locales o tendencias caracterológicas sino a ciertas situaciones sociales y culturales que pueden darse en cualquier momento y en cualquier lugar. Dejando, pues, a un lado la fácil apelación al pintoresquismo, corresponde tratar de plantear el problema en sus justos términos y con el mayor rigor.

Que corresponde y conviene hacerlo es cosa que ya nadie discute. Las agitaciones universitarias constituyen fenómenos cuya magnitud y trascendencia sobrepasan su propio límite y alcanzan ámbitos extensos y profundos que comprometen a toda la sociedad. Pero no solamente, como lo entienden tantos observadores simplistas, a través de emociones superficiales que agitan la opinión pública o promueven otras acciones de tipo preferentemente político, sino de una manera más profunda; de hecho, cuestionando sistemas de normas y valores cuya vigencia se pretende mantener al margen de toda crítica, sacudiendo el prestigio de las elites más o menos tradicionales y lanzando a la consideración general un nuevo cuadro de problemas y un nuevo sistema de ideas, imprecisos quizá, pero vigorosamente ajustados a la situación real que se ha modificado por debajo del sistema institucionalizado.

Tales son las dos características fundamentales, a mi juicio, de los vagos y difusos fenómenos agrupados bajo la designación de movimientos reformistas universitarios. Como movimientos capaces de producir agitaciones públicas, dentro y fuera de los recintos universitarios, esos fenómenos pueden ser confundidos con otros de distinto origen y, en consecuencia, de distinta dinámica. Pero si bien pueden adoptar la apariencia de los movimientos sociales y políticos, estos otros tienen una naturaleza mucho más compleja. Nacidos y desencadenados en el seno de las elites, son unas veces expresión de un grupo disidente y otras veces signos de la gestación de enfrentamientos generacionales. Pero el carácter de movimientos de elite se mantiene siempre, aun cuando sus promotores apelen al apoyo de sectores más vastos o aun si el movimiento lo suscita por su propia dinámica. Como tales, sus objetivos sólo en apariencia derivan de una reacción espontánea y primaria frente a fenómenos inmediatos; en rigor, responden más profundamente a cierta interpretación intelectual de esos fenómenos, incluidos generalmente en una curva de media o larga duración que torna aún más abstracta esa interpretación. Nada más equivocado, pues, que buscar una estrecha y mecánica relación entre el desencadenamiento y el curso posterior de esos fenómenos, puesto que su origen responde al tipo de perspectiva propia del grupo promotor, en tanto que su desarrollo corresponde a las modalidades de la situación real.

En cuanto no derivan solamente de reacciones espontáneas, los objetivos de estos movimientos no se agotan de ninguna manera en las formulaciones que han sido explícitamente expresadas ocasionalmente. Son mucho más extensos y difusos. En relación con los problemas que expresamente se plantean, son más extensos que los que se ven en las soluciones propuestas, porque flotan alrededor de estos innumerables matices no expresados que responden a la nueva imagen que esos problemas ofrecen desde la perspectiva de la disidencia y del disconformismo. Pero además, los objetivos expresos ocultan objetivos implícitos, difusos por cierto y de ninguna manera claros, aunque percibidos o intuidos con agudeza y con fervor, y cuyo alcance supera los límites de las preocupaciones originarias para abarcar toda la situación en que estas se insertan. De ese modo, la acción, los grupos atraídos hacia ella, la envoltura sólo aparentemente retórica de las formulaciones estrictas y las reacciones frente a otros aspectos de la situación enfrentada en cada uno de los conflictos concretos revelan que los movimientos reformistas universitarios, como expresión de una disidencia o de una crisis generacional dentro de las elites, renuevan las perspectivas de los problemas tradicionales y anticipan la presencia de problemas nuevos.

Tal es, a mi juicio, la singularidad de estos fenómenos sociales y culturales. Hay que estudiarlos, por una parte, a través de los grupos que los promueven y luego a través de los que los acompañan, les prestan eco, intentan utilizarlos o procuran orientarlos. Por otra parte, a través de los problemas específicos que plantean en relación con la vida universitaria y con el carácter que en cada sociedad desempeñan el saber superior y las minorías más cultas; y por otra, finalmente, a través de los nuevos problemas que suscitan, en los cuales se puede adivinar, generalmente, un diagnóstico precoz del proceso social y cultural. Con estos criterios trataré de puntualizar el alcance y la significación del intento reformista de la universidad latinoamericana.

La situación prerreformista

Los movimientos reformistas desencadenados a partir de 1918 —en la Argentina y pronto en otros países latinoamericanos— enjuiciaron a la universidad tradicional y denunciaron tanto las fallas de su estructura como sus vicios ocasionales. La universidad latinoamericana reconocía un doble origen y, en consecuencia, una doble tradición. Eran, algunas, de tradición colonial, y perpetuaban, al calor de situaciones sociales favorables, el espíritu del neoescolasticismo suarista, y con él, cierta tendencia autoritaria y dogmática que apenas disimulaban algunos vagos intentos de modernización realizados en épocas diversas. Los más importantes, o acaso los únicos importantes, eran los que se habían hecho para incluir en la estructura de la universidad colonial los cuadros de una profesional, de tipo napoleónico. Este fue, precisamente, el modelo de otras universidades, creadas en el siglo XIX y orientadas desde el comienzo hacia un rechazo de la tradición colonial del neoescolasticismo suarista. Empero, no dejó de sentirse en ellas cierta persistencia para recuperar poco a poco la persistente influencia colonial, mantenida por una estructura social inalterada. De ese modo se constituyó un sistema híbrido que adoptó en cada universidad matices peculiares, según los caracteres de cada sociedad nacional, y muy especialmente según los caracteres de la sociedad urbana de las ciudades que las alojaban. Ya hacia fines del siglo, la vigorosa influencia del positivismo se hizo sentir sobre muchas universidades, robusteciendo la línea del profesionalismo tal como lo requería y estimulaba el creciente desarrollo económico de los países latinoamericanos, incorporados como áreas subsidiarias del mundo industrial.

El profesionalismo —acompañado de un marcado desdén por toda preocupación acerca de los problemas generales— fue el signo predominante de las universidades latinoamericanas en vísperas de los movimientos reformistas. El argentino Héctor Ripa Alberti caracterizaba así sus objetivos:[1]

“Venían gobernando nuestro país tanto en política como en enseñanza, hombres del pasado siglo, moldeados por la mano áspera de la filosofía positiva. Viejas ideas y viejas teorías eran el pan desabrido que se brindaba a las nuevas generaciones. Salían los jóvenes de los claustros universitarios, encajados en formas rígidas que tan sólo les servían para cruzar por la vida como las viejas naves de Tiro y de Sidón, que surcaban el Mediterráneo celosas del oro que guardaban en sus entrañas La tiranía de los que no van más allá del catecismo comtiano había echado cadenas al alma argentina; ni una inquietud por superarse, ni un aleteo de esperanza noble o una leve fulguración idealista.”

Y otro argentino, Deodoro Roca, describía los rasgos de las últimas generaciones salidas de la universidad con estas palabras:[2] “La anterior (generación), se adoctrinó en el ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, en la superficialidad cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el desdén por la obra desinteresada, en las direcciones del agropecuarismo cerrado o de la burocracia apacible y mediocrizante”.

Quienes adoctrinaban a estos estudiantes, los profesores, fueron juzgados duramente por los disconformistas. Sin duda el ambiente intelectual de las universidades latinoamericanas no era muy exigente, ni la competencia muy dura. La formación profesional requería sólo el aprendizaje de técnicas convencionales, que se empobrecían en la medida en que faltaba tanto el estímulo para la investigación y la creación personal como la apertura que suele ofrecer el contacto con las grandes corrientes de pensamiento. Hubo, sin duda, muchos profesores de excelente formación y vivas inquietudes, y aun figuras descollantes en su campo. Pero no fueron ellos los que dieron el tono de la vida universitaria, cuyo control estaba en manos de grupos cerrados, que correspondían a los grupos sociales hegemónicos y consideraban a la universidad como su propio territorio. El peruano Luis Alberto Sánchez caracterizaba así el cuerpo docente de su universidad:[3]

“Los profesores lo eran casi por derecho divino. No había apellidos heterodoxos. La Colonia presidía vigilante las ubicaciones. Los hijos solían heredar las cátedras de los padres, y los hermanos reforzaban el equipo. Entre dos familias (agnados y cognados) disfrutaban de doce cátedras en la Universidad de San Marcos. El título era invulnerable, aunque la competencia sobreviniera o anteviniera. Un profesor lo era por vida. Nadie turbaba sus derechos. Ni siquiera repetir un texto de memoria año tras año.”

A ellos, pues, debía culparse de la situación general de la universidad, cuyo diagnóstico hacía el argentino Alejandro Korn en estos términos:[4]

“Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura. Por una parte la persistencia de lo pretérito, el imperio de difundidas corruptelas, predominio de las mediocridades, la rutina y la modorra de los hábitos docentes, por otro la orientación pacatamente utilitaria y profesional de la enseñanza, la ausencia de todo interés superior, el olvido de la misión educadora y por último el autoritarismo torpe y la falta de autoridad moral, dieron lugar a esa reacción que nace de las entrañas mismas de la nueva generación.”

La “nueva generación” —que Deodoro Roca llamó en Córdoba “la generación de 1914” — fue la que se lanzó al ataque contra la vieja universidad. Un análisis de los documentos que produjo revela que poseía un conjunto compacto y coherente de ideas acerca de lo que la universidad no debía ser, y algunas nociones menos precisas acerca de cuáles eran sus objetivos constructivos. La universidad no debía ser una institución rutinaria que se limitara a proveer de nociones prácticas a las sucesivas generaciones de aspirantes a profesionales, ni debía contentarse con servir sumisamente a los intereses de grupos sociales conformistas y poderosos, enquistados en sociedades fundadas en el privilegio. Para que no fuera así, pareció en un principio que bastaba simplemente con sustituir a unos profesores por otros; luego se vislumbró que se necesitaba un cambio más profundo en los métodos de enseñanza y en la organización de la universidad; finalmente se advirtió que era necesario cambiar de espíritu, abrirla a todas las inquietudes, científicas y sociales, de un mundo en cambio, y modificar sus objetivos generales, sin perjuicio de que conservara algunos de los tradicionales.

La nueva generación no era lo suficientemente compacta —ni social ni intelectualmente— como para que, en el curso de la acción se atribuyan siempre el mismo alcance a cada uno de aquellos objetivos. Mientras algunos sectores ponían el mayor énfasis en la transformación funcional de la universidad, otros lo colocaban en la misión cultural y otros en lo que empezó a llamarse su “función social”. Distintas influencias operaron sobre cada uno de los diversos grupos. Las influencias de las filosofías antipositivistas fueron vigorosas: se apeló a Platón y se recogieron las sugestiones de Bergson; el cientificismo fue condenado como cómplice de una concepción utilitaria de la vida, y se proclamó un idealismo que fue formulado unas veces en estrictos términos filosóficos y otras según la acepción más vulgar del vocablo. Las influencias del pensamiento social no fueron menos visibles: se condenó a las sociedades fundadas en el privilegio, y mientras en algunos se entreveían simplemente las salidas propias de una democracia burguesa y liberal —forma no alcanzada aún en casi ningún país latinoamericano—, en otros se adivinaba la influencia de la Revolución rusa de 1917 y un vago anhelo de transformaciones profundas en la estructura social.

No era ajena a esta heterogeneidad de designios la mezclada extracción de los miembros de la nueva generación universitaria. Hasta muy poco antes —y en algunos países aún entonces— los estudiantes universitarios correspondían a las más altas clases sociales. Precisamente era esa característica la que explicaba la situación de las universidades, verdaderos reductos de las clases privilegiadas. Pero en vísperas de los movimientos reformistas, en diversos países —y precisamente allí donde más virulencia tuvieron tales movimientos— comenzaron a tener acceso a las aulas universitarias estudiantes provenientes de las clases medias en ascenso. La movilidad social inspiró los designios de una democratización de la universidad, y los proyectó en ocasiones hacia formas aún más extremadas, bajo el estímulo de doctrinas y experiencias que adquirían dramática intensidad por entonces en Europa. Pero, en todo caso, la movilidad social proporcionó la experiencia inmediata de que la universidad comenzaba a mostrar ostensiblemente su desajuste con los procesos sociales que ocurrían en cada país.

En efecto, hacia comienzos del siglo se advertía en varios países de América Latina una cierta crisis de las oligarquías feudales. Quizá no muy profunda, y por cierto no muy decisiva, pero lo suficientemente fuerte como para que se abriera una marcada posibilidad de ascenso a ciertos sectores de las clases medias de típica mentalidad burguesa y liberal. Hubo cambios políticos que respondieron a esa circunstancia: la llegada al poder de Batlle y Ordóñez en Uruguay, de Yrigoyen en la Argentina, de Leguía en el Perú, de Alessandri en Chile, revelaron que el sistema social y político tradicional había sufrido cierto resquebrajamiento. Por entonces, el proceso de secularización de la cultura, visible en América Latina desde 1880, había debilitado la influencia de los grupos clericales y del pensamiento tradicional. La nueva generación pudo advertir sin error que las universidades seguían siendo el reducto de un sector social que había demostrado un principio de debilidad. La ocasión pareció oportuna para promover su transformación.

Los movimientos estudiantiles

El designio de promover una democratización y renovación de la universidad conformó la atmósfera en la que los movimientos se desencadenaron; pero sus causas inmediatas fueron siempre situaciones concretas que demostraban no solamente el carácter arcaico de la organización tradicional de la universidad sino también la obstinación de sus cerrados grupos dirigentes.

En Argentina hubo graves disturbios entre 1903 y 1906 en la Universidad de Buenos Aires, en cuyas facultades de Derecho y de Medicina los estudiantes protestaron por ciertos actos de las autoridades académicas, solicitaron reformas, organizaron huelgas tumultuosas y obtuvieron finalmente satisfacciones concretas, aunque parciales, para sus demandas. Fue un hecho nuevo la organización estudiantil y su técnica operativa: la huelga, la presión callejera y violenta sobre las autoridades reunidas en deliberación, y apareció un inesperado enjuiciamiento del contenido y la orientación de la enseñanza por los estudiantes que revelaba no sólo la crisis de las elites tradicionales sino también su percepción por las nuevas promociones.

Mostraron entonces las autoridades superiores de la universidad mayor flexibilidad —y sin duda más agudeza política— que los grupos profesionales que dominaban las facultades; pero en mayor o menor medida cundió en todos los sectores el sentimiento de que la vieja organización académica de la Universidad de Buenos Aires, establecida en 1886, requería una reforma, del mismo modo que el espectáculo de la metrópoli cosmopolita y renovada como consecuencia del fuerte impacto inmigratorio sugería ya a muchos la necesidad de una reforma política. Esta predisposición al cambio, explicable en Buenos Aires, no se manifestaba con la misma intensidad en otras ciudades del país.

Una de ellas, Córdoba, cuya sociedad acusaba acentuados rasgos de la perpetuación de la mentalidad colonial, alojaba la más antigua universidad de la República. Fundada a principios del siglo XVIII, la Universidad de Córdoba mantenía vigorosamente su espíritu tradicional, sin que hubiera bastado para desvanecerlo la orientación profesional que se dio a sus estudios a fines del siglo XIX. Pero no faltaban tampoco allí los signos de cierto cambio en la estructura social y de algunas variaciones notables en la mentalidad de ciertos grupos, especialmente en un sector de las nuevas generaciones de la alta clase media. Unido a densos grupos de distinta extracción social pero de coincidente vocación de cambio, ese grupo encabezó en 1918 el movimiento contra el orden universitario constituido.

Como quince años antes en Buenos Aires, ofreció la ocasión un incidente revelador de la rigidez de las autoridades, al que siguió una huelga estudiantil. Pero los frentes estaban ya preparados para la batalla. No sólo un vasto sector de profesores, sino también muchos estudiantes y buena parte de la alta sociedad cordobesa coincidían en la decisión de prevenir los efectos conjuntos de la onda revolucionaria que circulaba por el mundo y de la ofensiva democrática desencadenada por el triunfo del Partido Radical en Argentina. Formaba la vanguardia de ese movimiento una organización católica —la Corda Frates— y ejercía su jefatura la propia jerarquía eclesiástica encabezada por el obispo de la ciudad. La huelga estudiantil, con visible apoyo popular e inequívoca simpatía gubernamental, aglutinó a los sectores progresistas, coincidentes en ese momento, en el deseo de suprimir el monopolio de los quince académicos que gobernaban la universidad.

Los actos de desafío a las autoridades constituidas, las declaraciones específicas sobre el problema universitario y las más genéricas sobre cuestiones sociales y culturales iban mucho más allá que los objetivos concretos del movimiento: consistían estos solamente en conseguir la intervención del gobierno nacional en la universidad y la modificación de su régimen de gobierno. El presidente Yrigoyen accedió prontamente a ello; pero la tradicional sociedad provinciana consiguió frustrar el plan estudiantil y la asamblea compuesta por todos los profesores —que según el nuevo régimen debía elegir al rector— fue presionada suficientemente para que designara un hombre de su seno y notoriamente opuesto a toda reforma.

En ese instante se produjo un acto revolucionario que orientaría la acción posterior de los movimientos estudiantiles. La asamblea del 15 de junio de 1918 fue atropellada por los estudiantes, la universidad ocupada, el rector desconocido e, inmediatamente, decretada la huelga general. Seis días después, uno de los dirigentes estudiantiles, Deodoro Roca, redactaba un Manifiesto Liminar. “La juventud universitaria de Córdoba, a los hombres libres de Sudamérica”, que hizo suyo la recién fundada Federación Universitaria de Córdoba, y en el que se explicaba el sentido del movimiento lanzado:[5]

“La Federación Universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América las circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera Revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales.”

Las consecuencias inmediatas del movimiento fueron un efímero ensayo de gobierno propio en la universidad, la eliminación de numerosos académicos y profesores, la designación de otros nuevos, entre ellos algunos muy jóvenes, y finalmente la elección de un nuevo rector que satisfizo a los estudiantes. Pero las consecuencias mediatas fueron muchas y muy variadas. Desde el primer momento se advirtió que coexistían muchas tendencias diferentes en el seno del movimiento estudiantil, y que cada una atribuía distintas proyecciones a la acción desencadenada. El proceso siguiente probó, en efecto, que lo que desde entonces se llamó “la reforma universitaria” constituía el punto de partida y no el punto de llegada de un vasto movimiento de carácter universitario pero también de carácter social y político.

Más flexible, la Universidad de Buenos Aires trató de salir al encuentro de las nuevas inquietudes antes de que estallaran conflictos graves. Manteniendo los principios legales vigentes, sancionó en 1918 un estatuto en el que se recogían indirectamente algunas de las aspiraciones señaladas en Córdoba: en adelante, las facultades estarían gobernadas por un consejo de profesores titulares y suplentes, parte de los cuales serían elegidos por los estudiantes; y al mismo tiempo se admitían los principios de la asistencia libre y la docencia libre, que los estudiantes juzgaban fundamentales para impedir la estagnación de la enseñanza. Entretanto en la Universidad de La Plata, donde poco antes se había hecho un intento de modernización de la enseñanza según el modelo de las universidades norteamericanas, graves conflictos crearon un clima de singular violencia. Finalmente se reformaron sus estatutos en un sentido semejante a los de las universidades de Córdoba y Buenos Aires.

Sin duda, fue la simpatía que el gobierno popular del presidente Yrigoyen demostró por el movimiento estudiantil lo que favoreció su desarrollo y lo condujo al logro de sus objetivos primarios. Condiciones semejantes predominaban en esos mismos años en otros países latinoamericanos, gracias a las cuales se produjeron en ellos movimientos análogos con resultados parecidos.

Uruguay había tenido un desarrollo democrático precoz, y su universidad, fundada en 1849, tenía los caracteres típicos de una universidad napoleónica. Desde 1908 contaba con una organización democrática, y los estudiantes tenían participación en los consejos de las facultades. Su autonomía, reconocida de antiguo, fue consagrada por la Constitución de 1917. Pese a ello, desde 1918 se manifestó una viva inquietud estudiantil dirigida a lograr una modernización de la enseñanza y una participación más importante de los estudiantes en la dirección universitaria. Pero el clima político y social del país —en el que el batllismo había impuesto principios más avanzados que en ningún otro del continente— no reclamaba tan vehementemente la acción estudiantil como en aquellos países donde predominaba la tradición colonial en las universidades y la estructura oligárquica en la sociedad.

Este era, en cambio, el caso de Perú, donde, más aún que en Argentina, las viejas familias dominaban la riqueza y poseían la Universidad de San Marcos como un feudo propio. Una larga lucha estaba entablada allí entre aquellas y los sectores progresistas, y algunos aguerridos luchadores, como Manuel González Prada, Abraham Valdelomar y Clorinda Matto de Turner, habían denunciado los más graves problemas sociales del país. En 1919 el conflicto estalló en la Universidad de San Marcos, y los estudiantes reclamaron el derecho de impugnar a los profesores incapaces, elegidos tradicionalmente entre los miembros de los grupos dominantes. Los actos de violencia fueron muchos, y muy pronto se advirtió que las reclamaciones estrictamente universitarias se entrelazaban con otras relacionadas con los grandes temas de la “realidad peruana”, que José Carlos Mariátegui analizaría, por cierto, con rara profundidad. Como en la Argentina, las exigencias universitarias hallaron acogida poco después en el gobierno de Leguía, que por entonces llegaba al poder rompiendo el cerco oligárquico y prometiendo un régimen liberal, y en 1920 fue dictada una ley orgánica de enseñanza en la que se establecían principios más democráticos y modernos: el derecho de tacha de los profesores, la representación estudiantil, la libertad de cátedra y de asistencia y la renovación pedagógica. Pero la derivación más significativa del movimiento estudiantil fue la creación de las “universidades populares”, que poco después serían bautizadas con el nombre de González Prada. A través de ellas se canalizaría la extensión universitaria, no por obra de la universidad oficial misma sino por la acción de los universitarios, que así se hacían cargo de lo que consideraban un deber social frente a las clases desposeídas.

También en Cuba se produjeron movimientos estudiantiles algo más tarde, en 1923, destinados a separar de la universidad a sus malos profesores y a renovar su sistema de gobierno introduciendo la representación estudiantil en los consejos. Y también allí —como en Perú y en Argentina— el nuevo gobierno de Machado, en busca de aliados contra los grupos tradicionales, miró con simpatía el movimiento y le otorgó su apoyo. Otros movimientos igualmente intensos se produjeron en Venezuela, Guatemala y Brasil por aquellos años. En otros países, en cambio, la inquietud estudiantil —ideológica en parte, o movida por la conciencia política o social— derivó hacia análisis y planteos de los problemas universitarios y sociales, expresados generalmente con vehemencia, y poniendo de manifiesto —acaso por primera vez en muchos países— los caracteres reales de situaciones antes no observadas o no incorporadas al repertorio de los temas políticos. Así pasó en Chile, donde la Primera Convención Estudiantil, celebrada en 1920, analizó el conjunto de los problemas nacionales, o en México, donde el clima político no estimulaba tales planteos y donde se reunió el Primer Congreso Latinoamericano de la reforma, en 1921, para estudiar, en cambio, los problemas del continente.

Si los movimientos de Argentina, Perú y Cuba recibieron apoyo en los primeros momentos de los gobiernos que acababan de establecerse, muy poco después fueron reprimidos enérgicamente, sobre todo cuando se puso de manifiesto que tenían implicaciones políticas y sociales, y fueron revisadas las disposiciones estatutarias que consagraban las reformas. Pero a fines de la década del veinte volvió a agitarse el ambiente estudiantil. Hubo fuertes presiones en Argentina —en las universidades de La Plata, de Buenos Aires y del Litoral—, en Brasil, en Venezuela, en México, y enérgicas reacciones gubernamentales. Los grupos dictatoriales de Uriburu en Argentina, Vargas en Brasil, Terra en Uruguay, Ibáñez en Chile, Gómez en Venezuela y otros más o menos violentos encasillaron los movimientos estudiantiles —por lo demás con razón— entre los que constituían la oposición política, y los reprimieron severamente. Cosa parecida ocurrió con el gobierno de Perón, en Argentina, desde 1946, y por entonces y más tarde en otros países, en una serie que sería ocioso enumerar detalladamente.

Lo cierto es que, desde el estallido cordobés de 1918, los movimientos estudiantiles se repitieron en casi todos los países latinoamericanos, y constituyen uno de los polos de la situación social y política. Sus objetivos, y especialmente sus fundamentaciones doctrinarias y sus exposiciones de motivos, demostraron que combinaban permanentemente las preocupaciones estrictamente universitarias y educacionales con las preocupaciones de carácter social y político tanto en relación con los problemas nacionales como con los problemas continentales y mundiales. Predominantemente eran democráticos y de izquierda, y tomaron partido contra el fascismo y el nazismo a favor de la República española y, luego, contra la política de los Estados Unidos; pero no faltaron movimientos, generalmente minoritarios, de derecha, conservadores en el sentido tradicional o abiertamente fascistas, y movimientos resueltamente antiizquierdistas que se propusieron enfrentar la ola izquierdista y, en los últimos tiempos, antinorteamericana. Una variante curiosa se ha observado en los últimos años, con la aparición de grupos católicos de izquierda, que han demostrado notable beligerancia.

La naturaleza polivalente de los movimientos estudiantiles que responden a la “reforma Universitaria’’, requiere un estudio cuidadoso, si se quiere apreciar con exactitud el alcance de los intentos que realizaron. Aunque sus objetivos aparecieron siempre confundidos en un haz, es posible distinguir los que se relacionan con la organización y el espíritu de la vida universitaria y los que trascienden esos límites para fijarse en problemas de más vasto alcance. Con ese método se analizarán, tratando, sin embargo, de no olvidar la indisoluble unidad que generalmente conservan en la inspiración originaria.

Los objetivos universitarios estrictos

Desencadenados como reacción contra la inmovilidad y el anacronismo de las universidades, los movimientos de reforma tuvieron como objetivo general su renovación y modernización. Atendiendo al contenido pedagógico de los términos, esta preocupación estaba plenamente justificada en casi todos los casos. Pero pronto se advirtió que la renovación y la modernización a que aspiraba la reforma iba más allá de sus simples contenidos pedagógicos. La reforma pretendió no sólo que la universidad actualizara el contenido y los métodos de la enseñanza sino también que modificara constantemente su concepción del papel que debía desempeñar en la sociedad, teniendo en cuenta los cambios que en ésta se habían producido y las tendencias que en ella se manifestaban. Esta ambivalencia del concepto de modernización explica la multiplicidad de planos en que operaron los movimientos reformistas, y a causa de ella pudieron formar en sus filas grupos diversos con distintas ideas acerca del alcance de la reforma. En todo caso, la idea de una universidad estática, concebida como una academia en la que el saber simplemente se conservaba y se transmitía, pareció inadecuada para la dramática época que siguió a la Primera Guerra Mundial. Se consideró necesario salir al encuentro de los problemas nuevos, formularlos en términos precisos, afrontarlos decididamente y, abandonando prejuicios, convenciones e intereses creados, ofrecer soluciones que no rehuían parecer, en alguna medida, revolucionarias. El ideal de la reforma fue, pues, una universidad dinámica, y en consecuencia inestable, que no podía sino chocar tanto contra los intereses de las clases dominantes como con el sistema institucional del que las universidades formaban parte.

Así nació una concepción de la autonomía universitaria que reivindicó sus formas más extremas. Varios países, como Argentina y Uruguay, habían reconocido la autonomía de la universidad, entendiendo por ella lo que jurídicamente corresponde llamar autarquía. Pero autárquica en derecho, la Universidad seguía siendo dependiente no sólo del poder político, que tenía muchas armas a su disposición para intervenir en su vida interna, sino también de los sectores predominantes de la sociedad, hostiles al cambio. La reforma proclamó, pues, el principio de la autonomía, pero cargándolo con otro contenido. Pretendió que la comunidad universitaria —el demos universitario, como gustaban decir los jóvenes del 18— tuviera independencia suficiente como para enfrentar a la sociedad conservadora de que formaba parte, gracias al predominio que podían alcanzar en una nueva organización de la universidad sus elementos más dinámicos, y particularmente los estudiantes. Gracias a esa independencia, la universidad podía modificar su orientación y alcanzar la modernización y el dinamismo a que la reforma aspiraba. La autonomía podía ser ejercida en varios campos: en el administrativo y financiero, en el científico, en el político; pero la reforma aspiraba a más; aspiraba a una autonomía política e ideológica de tal grado que le permitiera a la universidad establecer su propia problemática, la de sus sectores más dinámicos, la de los estudiantes que representaban, sin duda, los grupos sociales más favorables al cambio. Así, el problema de la autonomía, encubierto a veces tras el ropaje bizantino de las discusiones jurídicas, trasuntaba el problema crítico de la reforma.

Quizás podría decirse algo semejante del problema del cogobierno. La reforma no sólo quiso arrancar la universidad de las manos de los cerrados cenáculos académicos, sino que aspiró a que su gobierno no fuera un monopolio de los profesores. Los argumentos eran variados y no faltaron las reminiscencias de las universidades medievales; pero la experiencia del uso interesado que los grupos profesorales habían hecho de su poder valía más que los argumentos esgrimidos: el cuerpo docente se reclutaba por cooptación y no sólo se mantenía ajeno a los intereses y demandas de otros grupos sociales ya suficientemente vigorosos en el seno de la sociedad sino que se mostraba indiferente a la modernización científica. La reforma propuso que el gobierno universitario estuviera en manos de consejos tripartitos, con igual número de representantes de los profesores, los estudiantes y los graduados. Este objetivo nunca fue alcanzado. Su teoría descansaba en el principio de que “la universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante”, para decirlo con palabras de José Ortega y Gasset. Del estudiante, decía el filósofo español que debía partir la organización de la enseñanza superior, y no del saber del profesor. Pero el supuesto de esta doctrina, tal como fue entendida por la reforma en América Latina, era que no son los profesores los que representan la tendencia a la modernización y el cambio, sino los estudiantes, puesto que, ajenos a los intereses de grupo, no sólo evitan la formación de sectores interesados en su propio predominio sino que atacan permanentemente el conformismo, renovando la problemática universitaria con las nuevas cuestiones suscitadas en el mundo del conocimiento y en el ámbito de la sociedad.

En reducida escala, la participación estudiantil en el gobierno universitario fue aceptada muchas veces. Los adversarios de la reforma la criticaron acerbamente, atribuyéndole los mismos vicios que los movimientos estudiantiles achacaban al exclusivismo profesoral y señalando un predominio de la demagogia. Pero, dejando de lado el análisis de esas y otras críticas, debe señalarse que el ejercicio del cogobierno no puede juzgarse confundiéndolo con el curso del movimiento estudiantil, y menos con la llamada “politización” de la universidad, fenómenos que obedecen a una constante polarización de los grupos sociales y a tendencias que son propias de la vida social y política.

La reforma universitaria nació como una profunda y enérgica protesta contra los profesores. Ellos eran la expresión real de la universidad, los testimonios de su espíritu, y contra ellos se dirigieron las primeras baterías acusándolos no sólo de sentirse miembros de una casta intangible sino también de ser ineptos e ignorantes. Los dos argumentos se entrecruzaron: el que se refería a su situación de clases y el que se relacionaba con su formación intelectual. A veces no eran justos los dos en la misma persona. Espíritus aristocratizantes y autoritarios podían ser excelentes juristas o grandes clínicos. Pero la crítica se entrecruzó justificadamente porque de cualquier manera los estudiantes sentían con razón que aun cuando fueran profesores no eran maestros. La distancia interpuesta entre profesores y alumnos correspondía a un rígido concepto de la autoridad, pero servía a veces para defender la ignorancia evitando el diálogo. La reforma aspiró, primero, a la eliminación inmediata de los profesores notoriamente incapaces, ignorantes de su disciplina o aferrados a viejas concepciones. Pero enseguida procuró imponer nuevos sistemas para la designación de profesores, a partir de concursos públicos, que impidieran las combinaciones de los grupos dirigentes, y trató, además, de impedir el estancamiento y la burocratización. Las designaciones debían ser por tiempo limitado, y sometidas a renovaciones en nuevos concursos periódicos que probaran la sostenida preocupación de quienes ejercían la cátedra por la disciplina que enseñaban. Pero aun así la reforma no quiso admitir la servidumbre de los estudiantes y sentó el principio de la cátedra paralela, que diera oportunidad de escuchar distintas voces, y el de la asistencia libre, para que los estudiantes pudieran sustraerse de la obligación escolar de escuchar a quien nada enseñaba. Tales principios echaban por tierra la concepción autoritaria que predominaba en la enseñanza universitaria, pero, además, desafiaban el principio de la enseñanza magisterial.

En efecto, tras la crítica a los malos profesores y tras las precauciones propuestas para su designación se escondía un ataque contra los métodos tradicionales de la enseñanza universitaria. La reforma rechazó la función pasiva que se atribuía al educando dentro de un sistema fundado en el monólogo del profesor, y exigió el diálogo, el cambio de ideas, la discusión. Era una cuestión de método, pero era también una cuestión de actitud humana. La reforma pensaba en el estudiante como un educando, no como un aprendiz, y rechazaba la idea de que su papel consistiera en el aprendizaje de nociones y fórmulas útiles para el ejercicio de una profesión lucrativa. Más allá de esos límites, la enseñanza era concebida como formación científica y formación humana. Se reclamaron institutos de investigación y seminarios de enseñanza práctica, pero sobre todo se reclamó un tipo de contacto entre profesores y alumnos que permitiera a estos últimos una participación personal y activa. Eran, por lo demás, principios que por entonces comenzaba a difundir la pedagogía moderna, sin perjuicio de que muchos de ellos estuvieran implícitos en la tradición cientificista que en parte habían recogido algunos de los viejos maestros.

Lo innegable es que la reforma pretendió desplazar el centro de gravedad de la vida universitaria de los profesores a los estudiantes. Ellos eran la razón de ser de la universidad y para ellos existía. Toda la política de la reforma giró alrededor de este principio. Si se pretendió que los estudiantes participaran activamente en el gobierno de la universidad y que tuvieran el derecho de opinar sobre los profesores, fue en función de ese principio. Y si se consideró lícito que los estudiantes ejercieran el derecho de no escuchar a aquellos a quienes consideraban por debajo de su misión, fue también en función de él. Pero los estudiantes planteaban otros problemas organizativos y de gobierno. A diferencia de lo que ocurría una generación antes, fueron cada vez más numerosos los estudiantes de modesto origen social que tenían que trabajar mientras seguían su carrera, y la reforma sostuvo la necesidad de que la organización académica considerara esta situación, derivación y signo de un cambio social importante. A causa de este último, otras cuestiones se planteaban. La reforma sostuvo el principio de la gratuidad de la enseñanza y suscitó la preocupación por los innegables problemas que creaba a la universidad la creciente afluencia de estudiantes no ya de las tradicionales clases altas que habían provisto hasta entonces los cuadros profesionales, sino de las clases medias en ascenso. La reforma rechazó la política de limitación del ingreso, y propuso, en cambio, una política de expansión de la enseñanza universitaria: era una respuesta social abierta a un problema social nuevo, frente al que mostraban los grupos dirigentes una marcada insensibilidad. Y con todo, el problema no pareció agotarse allí. Aun cuando la universidad se abriera a las clases medias en ascenso, la reforma creyó que seguiría conservando su carácter de institución para privilegiados si no sobrepasaba su específica área de influencia, y proclamó la necesidad de que saliera de sus recintos para llevar su acción al seno de otros sectores sociales. Así, lo que se llamó la “extensión universitaria” llegó a ser la expresión visible y simbólica de la misión social de la universidad, sobre la cual puso la reforma el mayor énfasis.

La puntualización de los objetivos concretos que, en materia estrictamente universitaria, persiguió la reforma, quedaría incompleta si no se señalara con la debida precisión el que se refiere al campo mismo de la enseñanza. Es precisamente allí donde el intento de la reforma alcanzó su mayor profundidad.

De los dos modelos que siguió la universidad latinoamericana —el colonial y el napoleónico— el primero puso el mayor énfasis en la formación del hombre, desde su peculiar punto de vista, y el segundo en la formación del profesional. La reforma rechazó categóricamente el segundo y, en rigor, reivindicó del primero su preocupación por la formación general, aun cuando proclamara la vigencia de contenidos totalmente opuestos. Así quedó esbozada una imagen de la universidad que provocaría las mayores controversias, en las que se opuso al proyecto de una universidad abierta a los problemas vivos, la imagen de una universidad con una “misión específica” consistente en la enseñanza profesional o, todo lo más, en la investigación científica incontaminada de lo que se llamó la “política”.

La universidad profesional correspondió al predominio de una filosofía utilitaria y nació en el seno de una sociedad que creyó haber alcanzado una estabilidad definitiva. Empero, la inestabilidad social se hizo manifiesta en el siglo XIX y adquirió caracteres dramáticos después de la Primera Guerra Mundial, en tanto que la filosofía del utilitarismo entró en profunda crisis por la misma época. La reforma asumió en principio la defensa de una concepción no utilitaria del hombre, tal como Alejandro Korn la había formulado en 1918 en el memorable ensayo titulado Incipit Vita Nova. Y entre las obligaciones fundamentales del hombre no utilitario se entrevió como fundamental la de servir a los principios éticos que la inteligencia, libre de servidumbres, era capaz de formular frente a las exigencias de la realidad.

La “realidad” fue, por excelencia para la reforma, la realidad social. Una formación profesional utilitaria, que prescindiera deliberadamente de un examen de los nuevos problemas del mundo, pareció, simplemente, inmoral. Fue, por el contrario, un anhelo ferviente de la reforma, agregar —y superponer— a la misión profesional de la universidad, la de situar al hombre en el seno de los problemas fundamentales del mundo, para que aceptara su compromiso con ellos y buscara su respuesta sin enajenar su inteligencia.

Pero los problemas del mundo eran y son arduos problemas que se traducen en formulaciones muy concretas. Examinarlos y tomar posición sobre ellos pareció a muchos que era una actividad política; y ciertamente lo es, sin perjuicio de que quepa distinguir la pequeña política de los intereses partidarios de aquella otra que supone asumir la responsabilidad de las decisiones en los problemas que son propios de la sociedad y del hombre. La reforma afirmó que la universidad debía enfrentar al estudiante con los grandes problemas del hombre y de la sociedad, pero no solamente en abstracto, sino en las formas concretas que esos problemas asumen hic et nunc. La universidad fue concebida como una comunidad compenetrada con los problemas del país, con los que son fundamentales y permanentes en principio, pero también con los circunstanciales, que expresan en cada instante la forma de los problemas permanentes. La reforma consideró deber ineludible de la universidad estudiar metódica y científicamente los grandes problemas sociales —los relacionados con la economía, con la salud, con la educación— pero también adoptar posiciones frente a cuestiones más espinosas, como la libertad de conciencia y de pensamiento, los abusos del poder o las cuestiones sociales. Por esta vía, la reforma orientaba a la universidad hacia cierto grado, variable por cierto, de militancia. Sus adversarios sostuvieron que esto implicaba politizar la universidad, dando a entender que se la arrastraba hacia la política de partidos; pero la reforma rechazó la política de partidos; quiso sí, en cambio, que la universidad no fuera prescindente frente a los problemas de la comunidad, y quiso, sin duda, que estuviera al servicio del cambio social. He aquí la gran cuestión y acaso podría decirse que el punto neurálgico en el que la imagen reformista de la Universidad se contraponía a la imagen tradicional. Tal era el tipo de militancia que la reforma consideraba necesaria para la universidad: la militancia al servicio del cambio social, sin adopción de posiciones dogmáticas y con el más absoluto respeto por la libre discusión de las ideas.

Los objetivos extrauniversitarios

Sólo por vía conceptual es posible separar los objetivos universitarios estrictos de la reforma, de los objetivos extrauniversitarios. Pero la separación conceptual cobra más sentido si se considera que la reforma universitaria fue promovida, mantenida y desarrollada por un movimiento juvenil renovado generación tras generación, de cuyo seno salieron grupos sociales y políticos que ejercieron luego considerable influencia en sus diferentes países. Fueron esos movimientos juveniles los que coincidieron en ciertos objetivos estrictamente universitarios; y fue en su seno donde se constituyeron grupos diversos que diseñaron otros objetivos en relación con sus particulares ideologías y tendencias. En la acción universitaria, cada uno de esos grupos procuró influir sobre el conjunto e imponer sus ideas: pero en tanto que en la acción estrictamente universitaria se conservó generalmente la unidad de los objetivos y de la acción, la defensa y promoción de los objetivos extrauniversitarios separó a los grupos y los orientó —a medida que concluía la etapa universitaria en la vida de cada generación— hacia distintos partidos políticos o grupos de opinión.

Los movimientos juveniles reformistas no fueron sino una expresión más de la marcada tendencia a la politización que manifestaron las clases medias en casi todos los países latinoamericanos a partir de comienzos del siglo. Si hasta esa época la oposición entre liberales y conservadores expresaba fielmente los matices que diferenciaban a dos sectores de la oligarquía dominante, a partir de entonces la creciente politización de las clases medias en ascenso se manifestó en la penetración de grupos renovadores dispuestos a radicalizar a los partidos tradicionales unas veces, y en la creación de nuevos partidos otras, tratando de imitar al radicalismo francés o siguiendo las vías del socialismo internacional.

Dada esa tendencia de los grupos sociales donde se reclutaban los nuevos grupos universitarios, que tan profundamente modificaron la fisonomía de las universidades latinoamericanas después de la Primera Guerra Mundial, era previsible que las nuevas generaciones acentuarían su tendencia a la participación política y buscarían las posiciones más radicales para sumar a ellas su acción. La oportunidad no siempre fue propicia, dada la situación política de los países latinoamericanos. Resulta aleccionador el caso de México, donde la Revolución en marcha desde 1910 ofreció un puesto de combate a las nuevas generaciones para las cuales el problema de la universidad fue por largo tiempo secundario. Pero en el resto de los países latinoamericanos, la universidad fue el único sector vulnerable de la vieja estructura, y sobre él se lanzaron las nuevas generaciones cumpliendo un designio colectivo, y al mismo tiempo un deber, puesto que los nuevos grupos sociales no encontraban otra vía para participar en la vida política. No era, sin embargo, un subterfugio. A la tesis de que la universidad era un recinto sagrado destinado al culto de la sabiduría, las nuevas generaciones opusieron la tesis de que la universidad formaba parte del conjunto social, y de que era artificioso y malintencionado el intento de mantenerla ajena a sus contingencias. Así, la acción universitaria se confundió a veces con la acción política, y esta confusión adquirió gravedad cuando los recintos universitarios dejaron de ser, en ocasiones, campos neutrales para la libre discusión de las ideas y se convirtieron en tribunas partidistas. Pero el hecho era inevitable, y no ocurrió generalmente sino en circunstancias muy críticas. Al lado de los grupos interesados estrictamente en la universidad, se desarrollaban los grupos más politizados, con frecuencia muy definidos ideológicamente y muchas veces conectados con poderosas organizaciones partidarias que les imponían su estrategia y su táctica. Los adversarios de la reforma caracterizaron todos estos fenómenos como resultantes de su equivocada concepción universitaria; pero, de hecho, en las circunstancias críticas, y aun normalmente, los grupos tradicionales y los sectores estudiantiles que respondían a sus directivas ejercitaron una acción política igualmente partidista y generalmente mucho más violenta, probando así que los problemas sociales y políticos se filtraban en los claustros universitarios indefectiblemente, y que la Universidad había dejado de ser un recinto inviolable, por ciertas causas generales, de las cuales la reforma misma era, a su vez, un efecto particular.

De los movimientos juveniles reformistas salieron densos grupos de estudiantes que se encaminaron luego hacia los partidos políticos: algunos hacia los partidos burgueses tradicionales y otros hacia los partidos de izquierda: el socialismo, el comunismo ortodoxo o el comunismo trotskista. En el Perú ocurrió un caso singular, pues lo que se llamó el APRA fue un partido nuevo formado sobre la base del reclutamiento estudiantil reformista y en relación con la experiencia social y política recogida en el movimiento universitario. En esa experiencia se formularon los principios más ambiciosos de la reforma, y sobre ellos comprendió Haya de la Torre que podía fundar un movimiento político eficaz, dada la situación de los países latinoamericanos y especialmente del Perú.

En Argentina, Julio V. González creyó también que la movilización política provocada por el movimiento estudiantil y el esclarecimiento de ciertos objetivos mediatos e inmediatos permitía intentar la creación de un partido de la reforma; pero el proyecto no tuvo éxito. Quienes habían recibido su formación política en los movimientos estudiantiles prefirieron buscar su camino a través de los partidos ya constituidos. Pero casi nunca fueron disciplinados militantes que aceptaran las viejas consignas, sino grupos renovadores que propusieron nuevas orientaciones y, a veces, fundaron claras disidencias, como en el caso del grupo FORJA, surgido en el seno del radicalismo, pero cuyos planteos permitían que algunos de sus miembros derivaran luego hacia el movimiento peronista. No faltaron los intentos para infundir en los diversos partidos políticos una problemática nueva, que adquirieron forma en proyectos de acción conjunta de los partidos democráticos. Fenómenos semejantes se observaron, en diversa escala, en otros países: Uruguay, Brasil, Guatemala, Cuba, entre otros.

Los objetivos sociopolíticos más generales de los movimientos estudiantiles reformistas fueron entrevistos desde un comienzo, sobre todo en Perú, gracias, sin duda, a la penetración política de Haya de la Torre. En Argentina, Deodoro Roca señalaba en 1936 que el descubrimiento de las conexiones entre los problemas universitarios y los problemas sociales se fue haciendo lentamente: “Buscando un maestro ilusorio —escribía— se dio con un mundo. Eso es la reforma: enlace vital de lo universitario con lo político, camino y peripecia dramática de la juventud continental, que conducen a un nuevo orden social. Antes que nosotros lo adivinaron, ya en 1918, nuestros adversarios”.[6] El propio Roca, Alberto Palcos y otros habían percibido, sin embargo, desde el primer momento, la indisoluble vinculación existente entre la situación universitaria y la situación social, y tal planteo quedó expresamente aceptado en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, celebrado en Buenos Aires en 1932, al establecer como principio inspirador de la acción futura que “la reforma Universitaria es parte indivisible de la reforma Social”.

La reforma social, eso sí, no fue concebida de manera muy precisa, ni podía serlo sin desatar conflictos insalvables entre los distintos grupos ideológicos. Hubo —y coexistieron— distintas concepciones de los niveles que debía alcanzar, desde el reformismo hasta las formas extremas del comunismo, y hubo —y coexistieron— distintas concepciones de la estrategia del cambio, desde las aspiraciones parlamentarias dentro del sistema democrático liberal hasta los designios revolucionarios más audaces. Pero no sería difícil entresacar cuáles fueron, desde su comienzo, los principios más generalmente aceptados como esquema general del cambio deseado y previsto.

Por el análisis —o la simple observación— de la situación universitaria latinoamericana se cobró conciencia de que la sociedad estaba fundada en el sistema de privilegio. Era una observación obvia, pero fue una conquista de los grupos juveniles de clase media incorporarla a su propia experiencia, y fue un hecho político trascendental establecer una relación entre lo que enseñaba esa experiencia y la situación de las clases populares, puesto que esa relación importaba una imagen total del cuadro social. La reforma adoptó, pues, un punto de vista favorable al cambio social fundado en la supresión del privilegio. Pero esta postura adoptó dos matices. Fue, por una parte, una resistencia a la perduración de las sociedades semifeudales aún vigentes en muchos países latinoamericanos, y por otra, una resistencia a la consolidación de las sociedades burguesas, más modernas pero no menos injustas. Del primer matiz pudieron derivarse, escalonadamente, posiciones democráticas, reformistas y revolucionarias; del segundo sólo posiciones claramente revolucionarias.

El examen de la situación social, económica y política de las sociedades latinoamericanas condujo a la percepción de la decisiva influencia que en todos esos campos ejercían las grandes potencias económicas sobre la vida de los distintos países. La acción de Gran Bretaña y de Estados Unidos en América Latina fue enjuiciada con rigor, y la reforma adoptó el principio de la autodeterminación de los pueblos. El presidente argentino Yrigoyen lo había expresado por aquellos años en frase contundente, afirmando que “los pueblos son sagrados para los pueblos”, protestando contra la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo; y otros movimientos en diversos países, inspirados por el mexicano Vasconcelos o por los argentinos Ugarte, Ingenieros y Palacios, habían comenzado una enérgica acción a favor de la autonomía de los países latinoamericanos. La reforma asumió enérgicamente una defensa de esas posiciones, que sería definida como “política antiimperialista”, y que se manifestó a veces con extremada violencia. Fue Haya de la Torre quien definió con más precisión esta línea del pensamiento político de la reforma, en los siguientes términos:[7]

“No vale terminar estas breves apreciaciones sin detenerse aunque sea someramente en otra de las grandes proyecciones de la reforma, ya insinuada ‘ut supra’: la decisión de los reformistas sinceros por participar directa y eficazmente en la lucha latinoamericana contra el imperialismo. Este punto de mayor actualidad y que me atañe más directamente, es largo a tratarse porque incorpora otros muchos. Además, es punto que conduce a enunciación de interpretaciones de más definida categoría política y polémica. Podía considerársele, un poco arbitrariamente quizá, como excediéndose de los límites de la reforma propiamente dicha. Empero la relación existe y existe estrechamente. La reforma prepara a los intelectuales, “a la primera generación universitaria”, a comprender el fenómeno del imperialismo en nuestra América, contra el que se habían alzado ya voces precursoras que buscándoles gaveta en el casillero clasista diremos que fueron voces pequeño-burguesas. Ciertamente, voces de la clase media producidas por los primeros efectos del empuje imperialista invasor contra esa clase. En honor a esos precursores cabe afirmar y repetir que son ellos los que inicialmente descubren a grandes lineamientos, no siempre muy precisos, la magnitud del problema imperialista como el más vital de la presente época americana. Mientras los intérpretes y líderes abocados a la dirección intelectual de la lucha contra la explotación capitalista topeteaban en los vericuetos de la ortodoxia europea, repitiendo tesis de doctrina y de táctica sabias para la realidad en que se producían, prematuras e inadaptables para la nuestra, aparecieron los llamamientos líricos y confusos, pero nutridos de evidencia de los intelectuales de la clase media que señalaban el peligro. La reforma había dejado puertas abiertas para el estudio de nuevos problemas. Por ellas pasan los primeros curiosos del fenómeno.”

También condujo el examen de las sociedades latinoamericanas a una opinión definida acerca de la significación que habían tenido —y conservaban— el militarismo y el clericalismo. El segundo aparecía vinculado a la persistencia de la atmósfera intelectual y tradicionalista de las universidades, pero también a la concepción conservadora de las clases altas, a su resistencia a toda transformación social; el primero, en cambio, aparecía vinculado eminentemente al establecimiento de fuertes dictaduras que rompían la normalidad institucional y frustraban los trabajosos esfuerzos por consolidar los regímenes constitucionales y democráticos. La reforma tomó una posición definida contra el militarismo y el clericalismo, que se manifestó en la acción política de los movimientos estudiantiles a través de una cerrada oposición a los regímenes dictatoriales: el de Uriburu en la Argentina, los de Machado y Batista en Cuba, el de Sánchez Cerro en Perú y tantos otros que fueron instaurándose en los distintos países latinoamericanos. La reacción nacía en cada caso, generalmente, a partir de la hostilidad que las dictaduras militares mostraron frente al movimiento reformista y contra las universidades en general, a las que acusaban una y otra vez de ser focos subversivos. Pero muy pronto adoptaba la forma de una franca oposición política, más peligrosa por la peculiar agilidad que solía caracterizarla. Los tumultos callejeros y las víctimas que resultaban de ellos agregaban a esa oposición un carácter dramático que multiplicaba el efecto de la acción.

Un rasgo, finalmente, completa —y caracteriza profundamente— el cuadro de los objetivos extrauniversitarios de la reforma: el de la formación de nuevas elites para una sociedad en proceso de cambio, frente al cual la universidad tradicional se había resistido a asumir una función orientadora. Haya de la Torre definió ese objetivo en términos estrictamente políticos:[8]

“El proletariado que justamente está surgiendo como consecuencia y negación del imperialismo —para expresarnos con la dialéctica hegeliana—, es clase naciente o incipiente, como naciente o incipiente es el industrialismo que el imperialismo lleva. Parece claro que el proletariado, donde ya existe más o menos definido en nuestra América, necesita aliados y que en los países donde no existe o apenas se inicia debe aliarse o incorporarse al movimiento de liberación nacional. Empero, tornemos a nuestro tema central. Las clases medias urgidas a la lucha la han iniciado y la realizan con mayor o menor acierto. Los intelectuales salidos de esas clases se han incorporado a ambas tendencias. En ambas militan y ambas cuentan en ellos directores y coadyuvantes convencidos. Este aporte intelectual ha sido fortalecido por la reforma. Los más y los mejores de sus soldados han tomado posiciones en la lucha contra el imperialismo y han contribuido eficientemente en ella. Pueden considerar el antiimperialismo desde diversos puntos de vista, especialmente desde los dos principales en que me he detenido. Pero son justamente intelectuales, muchos de ellos antiguos reformistas sinceros, los que más ardorosamente defienden los dos puntos de táctica enunciados. Cabe afirmar, pues, que malogrados sus posibles prejuicios pequeño-burgueses, los intelectuales y la reforma han dado buenos luchadores a la causa antiimperialista, aun en los sectores más ortodoxamente extremistas.

Pero aun para aquellos sectores de la reforma que no llegaban tan lejos en los planteos políticos, la renovación de la universidad debía orientarse hacia el cumplimiento de un papel semejante: formar las nuevas promociones de técnicos y profesionales, de políticos y militantes, que tuvieran una nueva imagen del proceso social.

La universidad traicionaba a la sociedad —decían— si se limitaba a ofrecer a sus estudiantes títulos que sirvieran solamente para el progreso individual de sus beneficiarios. Servía, en cambio, a la sociedad, si preparaba hombres que se pusieran a su servicio, que conocieran sus nuevos problemas, que estuvieran abiertos a las inquietudes y necesidades de las clases populares, que aceptaran el proceso de cambio y se incorporaran a él. Crear una elite con esta nueva mentalidad debía ser la misión fundamental de la universidad, dada la situación social de los países latinoamericanos, y la reforma la postuló directa o indirectamente.

Quizá sea este el punto de unión entre los objetivos estrictamente universitarios y los objetivos extrauniversitarios de la reforma. El movimiento sabía que, pese a las transformaciones que la universidad pudiera sufrir en su estructura, seguiría siendo centro de formación de las elites nacionales. Pero como anhelaba una universidad al servicio del cambio, luchaba porque esas elites se compenetraran de ese proceso y aceptaran su papel de promotoras y encauzadoras de las transformaciones que el país y el continente requerían.

Cualesquiera hayan sido las alternativas de las universidades latinoamericanas y cualquiera sea el grado de influencia que la reforma haya podido tener en la transformación de su estructura y de su orientación pedagógica y científica, los movimientos reformistas han logrado, por sí solos, este objetivo fundamental.

Notas:

1 Héctor Ripa Alberti, Renacimiento del espíritu argentino, 1920, en La reforma Universitaria, compilación y notas de Gabriel del Mazo, T. III, p. 29.

2 Deodoro Roca, La nueva generación americana, 1918, en íd., p. 7.

3 Luis Alberto Sánchez, El estudiante, el ciudadano, el intelectual y la reforma universitaria americana, 1940, en íd., p. 212.

4 Alejandro Korn, La reforma universitaria y la autenticidad Argentina, 1920, en íd., p.19.

5 Transcripto, entre otros lugares, en Ciria y Sanguinetti, Los reformistas, Buenos Aires, 1968, p. 271.

6 Respuesta a una encuesta, 1936. Cf. La reforma Universitaria, t. III, p. 546.

7 V. R. Haya de la Torre, La reforma Universitaria, 1929, en íd., p. 180.

8 Íd., p. 181.

Burguesía y espíritu burgués. 1954

El análisis de las transformaciones de la sociedad europea en la Baja Edad Media pone de relieve la significación eminente de una clase social —la burguesía— a la que puede atribuirse el papel protagónico de la profunda mutación que ocurre por entonces. Si se examina el comportamiento y las tendencias de esa clase social se observan ciertos rasgos que permiten suponerla en posesión de una singular idea de la vida y el mundo que contrasta con la que ha predominado durante la Alta Edad Media. Y, naturalmente, se denomina espíritu burgués a esa cosmovisión que ha presidido la conducta histórica de la burguesía.

La relación entre burguesía y espíritu burgués parece, pues, no esconder problema alguno. Nos engañamos, sin embargo. Como tantas veces ocurre en el campo de la ciencia histórica, el concepto se insubordina y tiende a deformar la realidad una vez que nuestra observación ha logrado enriquecer su imagen más allá de lo que aquel concepto implicaba. Si se afirma —como hace Sombart— que el tipo del burgués aparece en Florencia hacia fines del siglo XIV y se califica de espíritu burgués a ese conjunto de tendencias ideales de que es portador ese tipo, nos encontramos con un concepto rigurosamente delimitado. Si nos atenemos a él, con esas limitaciones, nos vedamos la comprensión de muchos fenómenos anteriores y posteriores a ese instante en que el espíritu burgués se ha manifestado con tanta nitidez y brillo que ha seducido el espíritu del historiador. Analizado con más amplitud, el espíritu burgués —más exactamente, lo que convenimos en llamar espíritu burgués— si bien se manifiesta brillantemente en el período indicado por Sombart, nos ofrece una historia de su formación y desarrollo que incluye pero sobrepasa ese período. Y lo que es más importante, nos deja entrever que no está indisoluble y absolutamente unido a la clase social que específicamente se designa como burguesía. Es ella, sin duda, la que lo representa de manera eminente; pero hay un proceso de aburguesamiento de Europa que consiste, precisamente, en la constitución y en la difusión del espíritu burgués a través de diversos grupos sociales no específicamente burgueses.

Hay, pues, a mi juicio, un problema escondido en la relación entre burguesía y espíritu burgués. Problema nada extraño, por otra parte, pues se trata de un caso más del ocasional desajuste que suele producirse entre una situación cultural y la estructura social que en cierto momento ha constituido su base de sustentación. Pero esta vez el problema adquiere especial trascendencia, no sólo por la vastedad de su alcance sino también porque corresponde a una mutación fundamental en la historia del occidente europeo. Cuando decimos que nos acercamos hasta introducirnos en la Edad Moderna, queremos decir en última instancia que el occidente europeo se satura progresivamente de espíritu burgués. La afirmación es exacta, pero erraríamos si dedujéramos de ella que el aburguesamiento trae consigo, con idéntico ritmo, un predominio de la burguesía como clase social. Esta observación nos pone sobre la pista de dos cuestiones que vale la pena indagar. Una es cómo y cuándo se constituye el espíritu burgués, a partir de un período en el que no sería todavía legítimo designarlo con ese nombre aun cuando se manifiesten ya potencialmente los elementos que luego expresarán las tendencias inequívocas de la burguesía. Y otra es cómo, una vez constituidos y acuñados cierta idea de la vida y cierto sistema de tendencias propio de la burguesía más que de ningún otro grupo social, comienzan a difundirse, a infiltrarse en otros sectores, a combinarse con otras ideas de la vida y otros sistemas de tendencias, alterándose de múltiples maneras la fisonomía originaria aun cuando predominen los viejos estambres.

Estas dos pistas pueden conducirnos a plantear sobre sólidas bases un problema tan importante como es el del tránsito de la llamada Edad Media a la llamada Edad Moderna. Pero como esta mutación es, innegablemente, la más profunda que se opera en el mundo occidental, la indagación del problema puede contribuir a aclarar en alguna medida el sentido mismo de la occidentalidad.

No podríamos percibir el proceso de deformación del espíritu burgués si nos aferráramos a la idea de que se constituye exclusivamente en el seno de la burguesía y con el mismo ritmo de su desarrollo como clase. Sin duda en la Baja Edad Media expresa eminentemente las tendencias de la burguesía, aunque ya ha comenzado a sobrepasar los límites de ese grupo social. Pero sus elementos, los gérmenes primeros, han ido apareciendo poco a poco y no siempre en relación directa con la burguesía. El primer avatar de lo que luego será justo llamar espíritu burgués consiste en un conjunto de reacciones que aparecen en plena alta Edad Media, independientes entre sí y de diversos orígenes, pero que coinciden en el tiempo. A ese avatar debemos caracterizarlo con una designación que indique su actitud de mera reacción y lo designamos “espíritu disidente”. El espíritu disidente durante los siglos XII y XIII —repitámoslo— no llega a constituir un sistema coherente de opiniones categóricas sobre el mundo y ‘a vida. Se manifiesta tan sólo a través de vagas tendencias que restringen el alcance o niegan —por lo general de manera inconsciente— ciertos aspectos del espíritu cristianofeudal. Es éste, evidentemente, el espíritu predominante durante aquellos siglos; y contra él, o más exactamente, contra algunos de sus rasgos, se insinúan ciertos gestos de disidencia, a veces de rechazo y a veces simplemente de afirmación de otras actitudes, ideas o sentimientos cuyos supuestos parecen inequívocamente distintos y acaso contradictorios con respecto a los que obran en el seno del espíritu cristianofeudal.

Esas tendencias disidentes no se han manifestado con la misma intensidad en todos los territorios de la Europa
cristianofeudal. En lo que podríamos llamar la “medialuna de tierras mediterráneas” esas tendencias se manifiestan más acusadas, en tanto que en la región envolvente, su presencia es más tenue. Sería ocioso discutir aquí las causas de esa diferencia de intensidad, pues son bien conocidos la influencia que ejerció en aquella zona la mayor vivacidad de la tradición romana, los frutos que dieron los contactos con otras culturas mediterráneas y los resultados de la expansión territorial y de la reactivación económica que comienzan en el siglo XI. Pero importa insistir en que, si bien en una zona la presencia del espíritu disidente es más vigorosa que en otra, se manifiesta en ambas con caracteres semejantes.

La aparición de los distintos síntomas de un espíritu disidente en la Europa
cristianofeudal no es un hecho desconocido; pero es frecuente que no se relacionen entre sí —con lo que se les priva de su sentido general— y es más frecuente aún que se los subestime, sobre todo cuando se tiende a sobreestimar el valor del espíritu cristianofeudal como presunta concepción universal a lo largo de toda la llamada Edad Media. Ciertamente, la admisión de la existencia de un espíritu disidente durante los siglos XII y XIII compromete la validez de esta última idea, ya insostenible. V admitirlo supone aceptar la existencia de una relación, íntima aunque secreta, entre actitudes de diverso origen, alcance y carácter, relación, sin embargo, que parece cada vez más evidente a medida que se la analiza mejor.

La causa de la aparición de un espíritu disidente frente al predominante espíritu cristianofeudal reside en ciertas circunstancias primarias y en las consecuencias inmediatas que esas circunstancias originaron. En el curso del siglo XI se extendió considerablemente el ámbito cristiano. La marcha del Imperio germánico hacia el Este incorporó a su área de influencia vastos territorios, en tanto que la presión musulmana sobre la Europa
cristianofeudal comenzó a declinar sensiblemente. La ofensiva seldyucida alteró la ya debilitada estructura del mundo musulmán y precipitó la crisis, visible ya en su extremo occidental a través de la caída del califato de Córdoba en 1031. La reconquista por los cristianos de Cerdeña y Sicilia —a la que había precedido la de la Italia peninsular— modificó sustancialmente la situación políticomilitar en el mar Mediterráneo, a través del cual mercaderes cristianos comenzarían muy pronto a establecer fructíferas rutas comerciales. La creciente disminución de la presión musulmana significó para la Europa cristiana una vasta ampliación del horizonte geográfico, que permitió muy pronto a su vez una interacción cultural destinada a tener profundas repercusiones. El Mediterráneo fue escenario de intensos fenómenos de ese tipo; muchas ciudades de España e Italia se transformarían muy pronto en focos de irradiación de nuevas ideas y nuevos modos de vida que influirían a corto plazo sobre las concepciones tradicionales. Y un nuevo tipo de saber comenzó a ganar terreno, desarrollándose algunas veces libremente y según sus propias posibilidades y otras influyendo activamente sobre el cuerpo del saber tradicional, en el que dejaría una impronta profunda.

Acompañó a aquella transformación de las ideas una activación de la vida económica cuyo signo fue el florecimiento de las ciudades, de las manufacturas y del comercio tanto interno como externo. El acrecentamiento de la riqueza y el impulso que cobró la economía monetaria favorecieron el desarrollo de la naciente burguesía, cuya forma de vida entrañaba de hecho un ataque directo contra aquellas otras que había creado el orden cristianofeudal y se habían desarrollado a su sombra. Las exigencias de la vasta aventura que emprendía quien se decidía a abandonar su condición de colono, o el que, ya desligado de sujeción, tentaba alcanzar la fortuna como artesano o mercader, eran de tal naturaleza que el individuo debía desprenderse del sistema de ideas que le era habitual —con sus limitaciones e inhibiciones— y enfrentarse con la realidad en una actitud desusada. Antes de que en el campo del conocimiento se manifestara una actitud empírica ya la había adoptado de hecho ese nuevo tipo de hombre —del que saldrá el burgués— que consagraba su vida a la conquista de la riqueza. Este propósito lo situaba en una curiosa relación con las cosas y con los hombres; debía superar el temor de lo desconocido, las supersticiones y creencias que lo ataban a las situaciones establecidas, las opiniones y costumbres que se oponían de diversas maneras al desarrollo de la actividad económica, la sensación de inseguridad, harto justificada, que suscitaba el emprenderlas en un medio inadecuado y a veces hostil. Hacer largas jornadas por caminos llenos de riesgos o lanzarse a la mar para alcanzar un puerto casi desconocido del que se regresaría finalmente con una carga preciosa, pero fácilmente arrebatable por quienes poseían la fuerza, eran actividades que requerían una actitud frente al mundo y la vida que no era en modo alguno la que naturalmente caracterizaba al desposeído ni la que aconsejaba al aventurero de baja extracción el sistema de constricciones vigente en el mundo cristianofeudal.

Para triunfar en ese intento de conquistar la riqueza y el ascenso social era menester adoptar una actitud fresca y libre de prejuicios frente al contorno inmediato. Era menester conocer las necesidades de una sociedad poco congregada; confiar en la existencia de una sensualidad escondida y reprimida en el seno de una sociedad que proclamaba el ascetismo y el renunciamiento como valores supremos; atreverse a servir a esa sensualidad, aun sabiendo que la alentaban los poderosos, con quienes no era fácil discutir un precio o evitar un despojo;

hallar el modo de llegar hasta las fuentes de aprovisionamiento y encontrar los medios de pago; sortear los peligros del trato con pueblos casi desconocidos para los que el forastero merecía escasa consideración; y era menester desafiar el hondo prejuicio que condenaba o despreciaba el trabajo de las manos o el oficio de mercar. El que reunía estas condiciones acusaba la posesión de una nueva manera de entender el mundo y la vida, diferente a la del poderoso señor feudal, a la del segundón que procuraba afincarse, a la del clérigo o el monje que amaba la vida contemplativa, a la del colono resignado a su suerte miserable. Para él la realidad era solamente la realidad y desde muy temprano el mundo adquirió a sus ojos, de hecho, un valor más alto que el trasmundo. Con esa actitud inconsciente se relaciona el vivo interés que cobró el conocimiento de lo inmediato, de las maravillas del mundo, de la natura naturans, a la que comenzó a parecer que valía la pena seguir en su proceso de constante transformación, y no sólo para conocerla sino también para lograr sobre ella un poder susceptible, en última instancia, de engendrar riqueza. Así se constituyó, por el juego de múltiples circunstancias, lo que hemos llamado espíritu disidente, esto es, un conjunto de tendencias, de sentimientos y de reacciones frente a las cosas que divergía del que consideraba ortodoxo el orden cristianofeudal y cuyas raíces pueden rastrearse en algunos casos en pleno siglo XI. Cada una de las fibras de ese haz parece acusar en sus primeras apariciones apenas levísimos matices de disidencia; pero su conjunto es ya significativo en esa misma época, y adquiere la plenitud de su significación cuando advertimos las proyecciones que la disidencia alcanzó más tarde.

Lo primero que puede rastrearse en la remota prehistoria del espíritu burgués es la renovada presencia de la naturaleza sensible. Sin duda los innumerables bestiarios y lapidarios, los libros acerca de la naturaleza o las propiedades de las cosas, los espejos, los libros del tesoro y los de las maravillas del mundo repiten y glosan viejos textos que arrancan de Plinio y San Isidoro de Sevilla, sólo modificados por los aportes de las fuentes musulmanas; pero su misma abundancia, la difusión que alcanzaron Bartolomé el Inglés o Brunetto Latini, Raimundo Lulio, Vicente de Beauvais o Tomás de Cantimpré, permiten suponer que durante los siglos XII y XIII las cosas de la naturaleza comenzaron a despertar una viva curiosidad. Hay en ella —fuera del misterioso encanto de la simbología— mucho de interés por lo desconocido, de regocijo por la diversidad de lo creado, de asombro por el enigmático comportamiento de los seres y las cosas, cuyo secreto parecía posible alcanzar a través de esos textos, enriqueciendo con ellos la experiencia del mundo y la vida. Es lícito relacionar esa curiosidad con la difusión que alcanzó el saber médico y el interés que despertó el conocimiento del cuerpo humano a partir de la divulgación de la medicina salernitana. La higiene y la curación de las enfermedades fue el fin práctico de ese conocimiento; del mismo modo también en el conocimiento de otros aspectos de la naturaleza se escondían preocupaciones prácticas: tras la zoología, las preocupaciones cinegéticas y en muchos casos las promisorias aventuras económicas.

Esta curiosidad por la naturaleza se revelará también en el vehemente interés que suscitaron la magia, la astrología y la alquimia, de vieja tradición, sin duda, pero muy desarrolladas merced a las influencias de las culturas orientales, que dejaron el legado de sus experiencias milenarias en ciudades que, como Toledo, las acogieron y perpetuaron. Se revelará igualmente en la receptividad del panteísmo que alteraba la tradicional imagen de la divinidad, o en el naturalismo que impregnó la escultura gótica, cuyas formas comenzaron a vibrar de un modo muy distinto al que había sido propio de la plástica románica.

Junto a la presencia de la naturaleza empieza a advertirse la presencia del hombre, que el espíritu disidente no concibe como el héroe consagrado a la gloria ni como el santo sustraído al mundo, sino como un ser de carne y hueso con un destino terrenal que, sin embargo, se juzga valioso aunque no se le asigne trascendencia. Este destino tiene, pues, su escenario en el mundo y no consiste necesariamente en vencer batallas en los campos o en rezar en las oscuras celdas. El espíritu disidente percibe y ejercita otras posibilidades, inéditas, diversas, que el hombre puede descubrir siguiendo su libre iniciativa, su propia capacidad de acción al margen de los esquemas rígidos qué propone la concepción cristianofeudal. Aquel al que la clásica división tripartita de la sociedad califica como el “labrador”, puede emanciparse, evitar las huellas que le fijan las tradiciones y descubrir nuevas actividades en las que puede trabajar para sí mismo.

Puede comprar y vender, cincelar un copón o fabricar un rico arnés, o llevar a las ferias de Champagne tejidos, vinos, especias o joyas. Esta actividad podía significar la fortuna, y la fortuna el ascenso social, el ocio, el goce. La pretendida inmovilidad social a que parecían condenados en la mencionada división tripartita los “labradores” —los no privilegiados— sólo inmovilizaba al que no quería o no podía ejercitar su capacidad de iniciativa individual o al que era infortunado en el intento. Pero la perspectiva existía y era alentadora, y la sociedad adquirió una fluidez cada vez mayor.

Estas nuevas formas de actividad aprovecharon de la experiencia y de la fértil imaginación que suelen poseer los oprimidos, y estimuló las pasiones, la sensualidad y el instinto económico. Los personajes del teatro cómico tanto como el juglar que intercala en cualquier cantar la maldición para los señores mezquinos y el halago para los generosos, revelan esta actitud de las clases populares, que no podían esconder la sensualidad y la codicia que las gobernaba, precisamente por la indigencia en que vivían. Y es sabido que sensualidad y codicia no eran virtudes para la concepción cristianofeudal.

Pero el hombre adquiría noción de sus posibilidades no sólo por el descubrimiento de las que se le ofrecían para realizarse como individuo fuera de los esquemas creados dentro del orden cristianofeudal. También las adquiría cuando comenzaba a descubrirse en posesión de un mundo interior intransferible, descubrimiento éste al que podía llegar indistintamente el humilde o el poderoso. Era indiferente que lo entreviera a través de los ejercicios espirituales a que lo conducía la sabia introspección de San Bernardo o San Buenaventura, o a través del éxtasis erótico que describían con sutil profundidad los líricos galaico-portugueses o provenzales. Poco a poco la religión y la poesía iban circunscribiendo el ámbito del microcosmos individual, el ámbito del conocimiento directo del propio ser, espejo de Dios y del mundo.

Dos cosas que condenaba la concepción cristianofeudal de la vida, fueron consideradas estimables por este espíritu disidente que se constituía poco a poco, unas veces de manera subrepticia y medíante el enmascaramiento del sentido genuino, otras abiertamente y con aire de desafío. Una de ellas fue el goce terrenal y otra el trabajo.

El goce terrenal, la alegría de vivir, el regocijo de los sentidos y del alma por efusión vital, constituían inequívocos pecados a los ojos del asceta. Quien se atuviera a sus prescripciones, o aun a las recomendaciones menos severas de la ortodoxia, debía huir de tal clase de goce.

Y huyeron, en efecto, el anacoreta y muchas veces el monje conventual y aun no pocas el simple seglar que, como Evast, el personaje de Lulio, se sometía voluntariamente a una regla de gran severidad; y huyó a veces también el caballero que, como Perceval, quería ser puro, tan puro como quiso ser el santo rey Luis. Pero no todos huyeron. La lírica de todas las lenguas guarda desde el siglo XII el recuerdo de una idea de la vida en la que el amor profano ocupaba un lugar predominante. En ocasiones parecería que prevalece un sentimiento espiritual, pero más de una vez se vislumbra la vena ovidiana en la que fluía cierta huidiza sensualidad y un secreto regocijo en la alusión y el recuerdo del amor de la carne. El goce intelectual era sin duda menos peligroso que el goce erótico, y sin embargo también él fue reprochado a los cluniacenses por los monjes de Cister, y es bien conocida la fruición de saber que suscitó el descubrimiento de los conocimientos profanos conservados y desarrollados en el mundo islámico. El goce estético atraía a monjes y seglares —hay más de un pasaje revelador de Salimbene— y, naturalmente, atraían a muchos otras formas menos espirituales del goce. La poesía goliarda y el teatro satírico han conservado un testimonio inestimable de ese género de vida alegre y licencioso dé quienes no desestimaban el goce diverso del vino y la poesía, el amor y el saber, y sin duda no habrían surgido tantos moralistas como aparecen desde el siglo XII si no fuera tan rica la materia sobre la que ejercer la crítica. ¿Acaso no vibra la sombra de un sentimiento análogo en el Cántico de las criaturas?

El trabajo productivo, la actividad lucrativa, parecían a las clases privilegiadas oficios innobles. El distingo entre servicio de armas y prestación personal definía la condición del beneficiario, y en la división tripartita de la sociedad, los “labradores” ocupaban no sólo el último de los lugares sino que además sólo justificaban su existencia por su valor instrumental al servicio de las clases privilegiadas cuyos miembros cumplían alguna de las dos misiones consideradas nobles: orar o combatir. Más aún, hasta para cierta concepción de la vida cristiana el trabajo representaba cierta deleznable adhesión a las cosas terrenas y podía ser condenado con las palabras que Cristo había dicho a Marta, con numerosos textos de los Padres, de San Jerónimo por ejemplo, o con el ejemplo más próximo de Francisco de Asís cuando invocaba a Madonna Povertà.

Empero, el trabajo no fue a los ojos de todos despreciable o digno de anatema. Con una rara sabiduría Benito de Nursia incluyó el trabajo de las manos entre las obligaciones de los monjes, valorando la saludable influencia que ejercía sobre la vida del espíritu. Desde entonces, las órdenes monacales organizaron su vida sobre la base del trabajo de sus miembros, trabajo intelectual unas veces, y manual otras, como sostenía insistentemente la orden de Cister. Pero el trabajo de los monasterios no fue siempre una simple ejercitación del cuerpo destinada a fatigarlo y a acallar sus voces, sino que fue también trabajo lucrativo que se organizaba y reglamentaba para beneficio de las comunidades, algunas de las cuales, como la que surgió de los Umiliati, supo organizar una fructífera industria. Esta práctica justificó y dignificó el trabajo en el plano social e influyó considerablemente en la difusión de cierta idea del tiempo como esquema de la existencia humana, que caracterizaría poco después al hombre burgués, al hombre occidental.

No menos representativa es, como signo del espíritu disidente, la firme adhesión de los hombres nuevos a nuevas formas de convivencia. Aunque las comunas aspiraran en el fondo a proporcionar privilegios a sus miembros, análogos en cierta medida a los que poseía la nobleza, acusaban quienes las integraban nuevas tendencias en relación con las formas de la vida social y política. El mecanismo de constitución de las comunas revela una inclinación a despersonalizar el poder y a asentar las relaciones políticas sobre un conjunto de normas objetivas, comunes al grupo y capaces de perdurar. Tan remoto como pueda parecer el origen de ese rasgo, propio del Estado moderno, es innegable que se encuentra allí. El poder monárquico, a su vez, acusó por entonces una análoga tendencia, rechazando también poco a poco las nociones implícitas en la concepción cristianofeudal, y buscó la manera de apoyarse en el derecho romano para reordenar sus fundamentos jurídico-políticos.

En el mismo orden de cosas, el retorno a la actitud evangélica que movió a ciertos grupos muy característicos de la Europa occidental desde la reforma cluniacense obró activa y profundamente sobre la conciencia social. Tácitamente quedaba condenada en ese movimiento la iglesia feudalizada; pero de manera expresa, en cambio, se exaltaba el valor del hombre como tal, del pobre desposeído, para quien las palabras del Evangelio sonaban a revolución. Ya si se piensa en Arnaldo de Brescia y en el contenido social que entrañaba todo el movimiento llamado herético, se advertirá muy pronto cómo se preparaban los movimientos revolucionarios que aparecen desde entonces, que alcanzan plena madurez en un Gian della Bella y que desembocan en las tumultuosas revueltas del siglo XIV.

Finalmente, puede señalarse el significado disidente del joaquinismo en cuanto entrañaba una nueva idea de la vida histórica. Al conformismo nacido de la certidumbre de la proximidad del juicio final, a la resignación originada en la creencia de que se asistía al último episodio de la aventura del hombre sobre la tierra, el joaquinismo opuso una noción dinámica de la historia. Antes del juicio final, el hombre podía acariciar la esperanza de que le precedería una era de purificación, casi de felicidad. Era posible aún, pese a todo, realizar en la tierra una imagen del reino de Dios.

Con estos y acaso otros elementos se constituía, durante la época de predominio de la concepción cristianofeudal, un espíritu disidente. Algunos de sus rasgos se insinuaban, al menos en cierta medida, en el comportamiento de los grupos que desencadenaban la revolución burguesa, en tanto que otros surgían como insensibles desviaciones dentro de los sectores sociales que sostenían aquella concepción predominante, y otros, en fin, aparecían por obra del ocasional poder creador de ciertas individualidades aisladas. Pero cuando la burguesía empezó a cobrar personalidad y a adquirir conciencia de que constituía una fuerza constructiva, comenzó a dar forma a sus propias tendencias y las vagas reacciones del espíritu disidente comenzaron a ordenarse en una concepción resueltamente anticaballeresca que implicaba un desplazamiento de los acentos valorativos. Así adquirió fisonomía el espíritu burgués, lleno de notas negativas, lleno de afirmaciones polémicas, pero saturado de un impulso vital que le prestaba fuerza incoercible, precisamente porque estaba alimentado por tendencias mucho más violentas y revolucionarias de lo que jamás se atrevió a expresar.

Porque, en efecto, a diferencia de la aristocracia de los siglos XII y XIII, la burguesía que nacía por entonces y comenzó a predominar ya poco después en algunos lugares, no se atrevió a enunciar categóricamente los principios últimos que estaban implícitos en las formas de vida que empezaba a adoptar, en las tendencias a que empezaba a ceder, en los ideales que empezaba a acariciar. Aunque en el siglo XIV se advierte un osado desafío contra algunas ideas —porque la exégesis moderadora no podrá disimular del todo el valor revolucionario de un Boccaccio, por ejemplo— el espíritu burgués no tuvo nunca la frescura y diafanidad del espíritu cristianofeudal, por el mero hecho de que, como toda reacción, no podía omitir ni borrar del todo el torrente de tradiciones en el que se había formado. No hubo, pues, expresión rotunda y categórica de los ideales burgueses, no hubo libre y explícito desarrollo de sus últimos supuestos; pero la burguesía empezó a vivir según aquel sistema de ideales y de acuerdo con esos supuestos, enmascarando su íntimo sentido. La realidad fue el campo de expresión del espíritu burgués a partir del momento en que la burguesía comenzó a cobrar conciencia de sí misma.

Que la burguesía tuvo conciencia de sí misma lo prueban muchos hechos, aunque pocos tan visiblemente como la exclusión de los que pertenecían a linajes nobles en las comunas güelfas. Pero como hecho de conciencia es más significativa aún la percepción de la crisis que determina el acceso de la burguesía a situaciones de predominio, tal como aparece sobre todo en Dante Alighieri. La diferencia del tono de los tiempos, la íntima y dramática nostalgia del pasado perdido, así como la concreta condenación de algunas nuevas formas de vida, acusan la claridad con que el poeta —y no fue el único— percibía la mutación histórica que contemplaba.

Pero la mutación era irreversible. La burguesía triunfaba en muchas partes y con ella triunfaba el espíritu burgués. Mas el espíritu burgués no triunfaba solamente con ella sino que sobrepasaba sus límites sociales. El espíritu burgués, elaborado de manera imprecisa mucho antes —repitámoslo— bajo la forma de meras disidencias y ordenado luego en la Baja Edad Media al socaire del ascenso de la burguesía ganó para su causa otros grupos sociales por encima y por debajo de la burguesía misma. En ambos extremos de la escala social, se impregnaron poco a poco de espíritu burgués tanto la aristocracia de vigorosa tradición caballeresca como los estratos más bajos de los desposeídos. Pero la revelación más significativa —por la naturaleza del protagonista y por la época en que se produce— es la de la impregnación de su espíritu burgués del franciscanismo poco después de la muerte de su fundador: ahí está el vivo testimonio de fray Salimbene de Parma para documentar el curioso fenómeno. Poco después el predominio de la nueva concepción de la vida será pleno, pese a su sistemático enmascaramiento, pese a la deliberada ocultación de sus últimos supuestos, pese a la reiteración de ciertas ideas tradicionales que se enraizaban en la concepción cristianofeudal de la vida.

No niega este hecho —sino que por el contrario lo confirma— la afirmación polémica de los ideales caballerescos que aparece ostensiblemente en el siglo XV y aun en el XVI. El desafío de Montendre o el de Barletta, el Amadís, el Paso Honroso, la Mort Arthur o las Mémoires de Olivier de la Marche y tantos otros testimonios muestran que el ideal caballeresco ha caducado y sólo subsiste en el seno de pequeñas minorías nostálgicas que se aferran a él, como signo de tiempos idos y en consecuencia mejores. Pero la sociedad impregnada de espíritu burgués es la que vive y crea, sin preocuparse de esos vagos resabios del pasado, como Commynes advertía muy bien. Todo el pertinaz y sistemático enmascaramiento de la nueva imagen de la vida que realiza el siglo XVI no alcanza a disimular el hecho trascendental del creciente aburguesamiento del mundo occidental.

Importa mucho para la comprensión de la historia europea, y en particular para la comprensión del viraje que realiza la cultura occidental entre los siglos XIII y XVI, analizar con profundidad los orígenes del espíritu burgués, para descubrir su sentido, su alcance y sus posibilidades reales y virtuales. Problema teórico de comprensión histórica, sin duda, y como tal de la más alta estirpe. Pero problema vital también en nuestros días, pues acaso sólo por ese camino podamos descubrir si se han agotado o no las posibilidades de la cultura occidental, y en todo caso cuáles son las perspectivas que permanecen abiertas para la creación en los distintos órdenes de la cultura.

La Reforma Universitaria y el futuro de la Universidad Argentina.* 1956

Jóvenes estudiantes, conciudadanas y conciudadanos:

Al clausurarse en Córdoba las sesiones del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, el 31 de julio de 1918, se acordó instituir la celebración anual del 15 de junio como día del advenimiento de la Universidad nueva. Henos aquí reunidos en cumplimiento de un deber de solidaridad con la historia. Nació entonces, más que una realidad, una esperanza. Y tras esa esperanza corremos desde entonces los espíritus democráticos, progresistas y libres, salvando los obstáculos que una y otra vez se interponen en nuestro camino como si la Universidad nueva constituyera un inalcanzable espejismo. Pero una y otra vez reinician su camino los espíritus democráticos, progresistas y libres, porque la fe no abandona a quienes se sienten movidos por el impulso hacia la libertad, propio del hombre y particularmente del que se siente consustanciado con los altos valores de la cultura, cuya atmósfera propia e irrenunciable es el reinado de la libertad.

La Universidad nueva fue el objetivo final de la Reforma desencadenada por las juventudes de 1918, y sigue siendo el objetivo final de cuantos aman la libertad y la cultura, jóvenes todos ellos por la juventud del espíritu. Comenzó su camino la Universidad nueva entre escollos y vendavales, y a poco de iniciado, lo envolvieron —tras la revolución oligárquica de 1930— las auras maléficas del fascismo que comenzaba a viciar la vida nacional. El camino quedó sumido en aquella niebla enceguecedora, y la meta comenzó a desdibujarse porque los viandantes que recorrían la ruta debieron detenerse a cada paso ante el obstáculo imprevisto. La Universidad nueva se tornó una esperanza cada vez más lejana a medida que se apretaban las esposas en las muñecas y las mordazas en los labios. Y parecía razonable ilusión aspirar cada día tan sólo a la Universidad de la víspera, mejor sin duda que la que se anunciaba para cada uno de los días que se sucedían en la precipitada pendiente que conducía desde la reacción oligárquica hacia el fascismo.

Después se extremó la angustia y la Universidad se tornó sombra de sí misma. El espíritu de la Universidad nueva, el espíritu que vivificaba la esperanza, subsistió insobornable en muchos que levantaron su voz, y muchos que levantaron su brazo, muchos que levantaron finalmente el arma decisiva. La Universidad vibraba en sus juventudes incorruptibles, y resurgió enccuarnada en ellas tras las jornadas de septiembre, cuando asumieron la custodia de los hogares universitarios. Viva la encontramos cuando creíamos que estaba muerta, Porque había vivido en la eterna juventud del espíritu. Y viva existe todavía, viva y anhelante de renovación, para retomar aquel camino en el que se detuviera a poco de comenzar su marcha, cohibida por el enrarecimiento de la atmósfera espiritual del país. Toca a nosotros impulsarla para que alcance un día la inmarcesible perfección de los sueños.

He aquí que, en un clima de libertad, la Universidad se torna entre nuestras manos una materia plástica en busca de forma. Tras las zozobras de casi cuarenta años de experimentos y de luchas, la Universidad argentina se nos presenta como un conjunto informe sin armonía y sin estilo. Tal es la dura realidad. Pese a ello, no faltan quienes preconicen prudentemente un retorno a lo antiguo, como si los únicos males fueran los que trajo consigo la dictadura. Yo afirmo que cualquier retorno es suicida y que la simple esperanza de lograrlo revela ya una imperdonable miopía para los problemas de la inteligencia. La Reforma de 1918 apenas pudo lograr escasísimos frutos, y muchos de ellos se vieron roídos por los gusanos que se lanzaron sobre los vivos durante las oscuras décadas del fraude y del fascismo. No es, pues, exagerado situarnos en posición análoga a la que encontraron las juventudes de antaño, y yo propongo aquí otra vez como solución única la fórmula preconizada por Alejandro Korn en 1918: Incipit vita nova; he aquí que comienza una nueva vida.

Estoy persuadido de que no hay otra. La Universidad argentina requiere una revisión total de sus fines, de su organización, de sus sistemas pedagógicos, hasta de su espíritu. Es la revisión a la que aspiró la Reforma, que se hizo en parte, que se malogró en mucho, pero que hay que volver a hacer, además, porque todo cuanto es obra del espíritu exige perpetua revisión y reforma perpetua. Yo no puedo concebir la Reforma como un conjunto de principios rígidos e inmutables, sino como un impulso del espíritu, y por eso veo en la esencia de la Universidad un drama idéntico al que constituye la esencia de la cultura misma.

La Universidad, como la cultura, se nos aparece como algo concreto: sus edificios, sus laboratorios y bibliotecas, sus alumnos y sus profesores. Es también un cierto caudal de saber que discurre entre ellos, cierto sistema de pensamiento, cierta imagen del mundo, todo lo cual anida en los espíritus, y preside las relaciones entre los hombres. Pero todo eso no constituye sino una de las facetas de la Universidad, la que vive en el mundo de los hechos, la que hemos heredado. Mas la Universidad no es sólo eso. Mucho más que eso, es también la Universidad que queremos hacer para que acoja el saber que vamos creando, saber nuestro, irrenunciable e intransferible, saber entrañablemente nuestro y no heredado, sino creado con la efusión de nuestro espíritu y con el que quedan comprometidas nuestras vidas. Este saber en perpetua creación requiere una Universidad flexible y modelable, para que sus formas endurecidas no hieran su frágil contextura. Y la variable receptividad de cada genera-ción de educandos exige por su parte pareja flexibilidad para que las heridas no sean sus almas o sus mentes.

Hay una dialéctica entre la estructura de la Universidad y el impulso perpetuamente renovador del saber que se rehace en ella cada día, porque muere si no acierta a rehacerse, porque no vive sino en su propia y perpetua recreación. Y hay una reforma necesaria e impostergable para cada etapa de la Universidad, porque la letra mata y el espíritu vivifica; y cada vez que la Universidad tropieza y consiente en detener su propia renovación se torna academia, urna para el saber estéril, y deja de ser hogar para la perenne creación.

Yo os digo que no hay una Reforma, sino innumerables y sucesivas reformas; y estoy cierto que ha llegado el momento de una que sea sustancial y profunda. Pero fijémonos cómo hemos de hacerla, porque si ha de hacerse en virtud del espíritu, es imprescindible que sea del espíritu crítico y libre, y no del espíritu dogmático y fundado en el principio de autoridad. Si es este último el que predomina, es seguro que toda reforma será estéril y que finalmente la Universidad dejará de serlo. Sólo por el espíritu crítico y libre ha existido la Universidad, y tanto asegura su muerte la infiltración del espíritu dogmático y del autoritarismo como la estagnación del saber. Si hemos de recuperar la Universidad para el espíritu, será porque la recuperemos entera, en la plenitud de su libertad, sin límites para la inteligencia, sin otra aspiración que la del saber humano, del que podemos decir que ha nutrido nuestra cultura desde la misma Edad Media, y libre de los tabúes con que se quieren contener los espíritus.

Acaso no se haya repetido suficientemente que la reforma uni-versitaria forma parte de la vasta reforma educacional que requiere el país. Es innegable que el movimiento reformista nació y se desenvolvió en un ambiente tumultuoso y en una atmósfera de rebeldía, Era la misma juventud la que exigía la reforma de la educación que le ofrecía la Universidad, y el clamor resonó con el brío y la frescura que son propios de los movimientos juveniles. Pero si era en muchos aspectos un movimiento político, un movimiento social, un movimiento vinculado al despertar de la ciudadanía democrática, no es menos cierto que era esencialmente un movimiento en favor de la renovación de la Universidad y la cultura; un movimiento educacional, análogo al que entonces comenzaba a desarrollarse en favor de la renovación de la educación de los niños y los adolescentes. La exigencia de una reforma educacional sigue en pie en nuestro país para todos los órdenes de la enseñanza, y entre ellos para la enseñanza universitaria. Parecería como si las dolorosas alternativas porque ha pasado nuestro país fueran particularmente graves en cuanto conciernen a la cultura y a la educación. Una indiferencia culpable se ha advertido en relación con este problema, que hace al presente y al futuro de este país, que hace a la correcta formación de las nuevas generaciones, que hace al destino de nuestra cultura.

Si entendemos la reforma universitaria como reforma educacional, descubrimos como primer objetivo el de hacer una Universidad que constituya un centro de formación del hombre. La mera enunciación de tan evidente designio descubre la insuficiencia de nuestra actual Universidad frente a su misión fundamental. ¿Acaso se ha planteado el problema en alguna ocasión? ¿Acaso la Universidad ha modificado o intentado modificar alguna vez su estructura de mera yuxtaposición de escuelas profesionales, para afrontar el problema total que le plantea el joven que llega un día a sus puertas y comienza a ambular por los corredores y las aulas sin mantener otro contacto con la Universidad que el puramente pasivo del oyente o del que pide informes en una oficina administrativa? Constituye una actitud simplista y culpable hablar de los estudiantes como de una fuerza de opinión, o como de un malón subversivo, o como de una multitud indiscriminada. Los estudiantes constituyen un conjunto, pero sólo subsidiariamente valen como conjunto. En principio y fundamentalmente valen como individuos, como personalidades singulares. ¿Quién que sea de verdad padre o maestro ignora lo que es un joven de veinte años, lleno de esperanza, de inquietudes, de temores y, sobre todo, de imperativos morales irrenunciables? Para ese joven que no ha concluido su educación, sino que se halla en la etapa más difícil de su proceso formativo, la Universidad ofrece sólo la fría enseñanza de quien únicamente considera su misión hacer de él un técnico. Nada más, y es notorio que es harto poco si pensa-mos la Universidad como una escuela, como un hogar para la formación de hombres.

El problema no reside en las eternas y casi siempre estériles reformas de planes, sino en una reforma del espíritu de la Universidad, y en la reforma de su estructura para que el nuevo espíritu pueda florecer. Hay que crear la comunidad universitaria, la escuela a la medida del estudiante, dentro de la cual esa comunidad se desenvuelva en el ambiente cálido que necesita, y crear el profesorado con dedicación exclusiva que cuente con tiempo y aptitudes suficientes como para afrontar el problema personal de cada educando. Sólo a partir de esta situación podrá hablarse de la Universidad como de un hogar para la formación del hombre.

Pero no es todo. La Universidad tiene que dar al joven educando todo lo que necesita para su formación juvenil, todo lo que busca en su tránsito desde la adolescencia hacia la juventud. Es una edad llena de problemas, la edad del descubrimiento del mundo, la edad de las curiosidades universales. ¿Es posible que la Universidad se empeñe en frustrar prematuramente tantas inquietudes? Ciertamente está obligada a favorecer una elección profesional, pero al mismo tiempo que encamina hacia un rumbo determinado, al mismo tiempo que dirige al educando hacia la especialización, es deber de la Universidad estimular y satisfacer la curiosidad general acerca de los problemas que se debaten alrededor del estudiante, porque el hombre es hombre antes que profesional, y difícilmente se halle mo-mento más propicio para crear una clara posición frente a las inquietudes del mundo circundante que los años que el estudiante pasa en la Universidad. Entonces hay que modelar el ciudadano, el hombre maduro, de opiniones claras acerca de las cosas que le importan a to-do el mundo y que no son patrimonio de ningún especialista. Nada más triste que el profesional ciego y sordo a las inquietudes del ambiente circundante, y por ello incapaz de ejercer influencia alguna sobre su contorno.

Acaso lo que no sea propio de la profesión deba sustraerse al ámbito de la escuela profesional, aunque no estoy cierto de ello, porque la comunidad universitaria es el más eficaz vehículo de la educación juvenil. De todos modos, puede no ser objeto de una enseñanza sistemática. La Universidad puede ofrecer una posibilidad de formación en todos los aspectos no profesionales a través de departamentos paralelos a la escuela profesional, cuya labor sea la de suscitar intereses y satisfacerlos sin la constricción de ninguna exigencia, porque es seguro que los intereses profundos de la juventud despertarán y se encauzarán por sus propios impulsos.

Pero aún la enseñanza profesional puede colaborar indirectamente en la formación de la personalidad, si se destierra de una vez la enseñanza verbalista y se sienta el principio de la enseñanza activa, de la conquista del saber por el educando mediante su contacto con el fenómeno o con la fuente. Entonces se ejercitarán de tal modo las aptitudes que las personalidades saldrán enriquecidas para el análisis de cualquier realidad, de cualquier estirpe de problemas.

Todo esto, y muchas cosas más, constituye la preocupación de la pedagogía universitaria. Es triste decirlo, pero la Universidad argentina ha vivido ignorándola, y aún hoy parece lícito regirla sin otras preocupaciones que las del gobierno político y administrativo de la institución. No es suficiente, como tampoco es suficiente cierta competencia profesional para orientar la vida universitaria. Es hora de que se entienda de una vez que la enseñanza es cosa de maestros, de expertos en cierta clase de problemas que atañen a la Universidad como a cualquier otra etapa de la enseñanza, y que tales expertos deben formarse como especialistas en problemas educa-tivos, sin perjuicio de su especialidad científica.

Acaso este planteo parezca agresivo. Pero puesto que nuestras universidades se han esclerosado adoptando la forma de una mera yuxtaposición de escuelas profesionales, contra el profesionalismo es contra lo que resulta más urgente combatir cuando se piensa en la renovación de la Universidad. Ha pasado la época en que parecía sensato y propio del sentido común afirmar irónicamente que la lectura de Platón o de Shakespeare no era “práctica” ni contribuía a formar, por ejemplo, un buen agrónomo. La estrechez del planteo salta hoy a la vista, y a nadie se le oculta que un buen agrónomo, como un buen médico o un buen arquitecto, sólo puede hacerse con un hombre de buena y correcta formación integral.

Porque es menester que quede bien claro que todo cuanto se haga para la formación del joven educando en las universidades ha de servir al hombre que hay en él y subsidiariamente al profesional que ha de llegar a ser. De modo alguno se contradicen los objetivos de una formación humana con los de una correcta formación profesional. Ni nadie debe entender que la Universidad debe desocuparse de la formación del profesional.

El profesional, en efecto, es el hombre idóneo para la solución de los problemas concretos de la colectividad y de sus individuos. Sería torpe suponer que tal idoneidad se compromete enriqueciendo a quien la busca. Por el contrario, se perfecciona. De cualquier modo, nuestras universidades no son tampoco satisfactorias como centros de formación de profesionales, y también en este aspecto es menester una renovación sustancial.

Yo no ignoro que hay centros donde se aprenden bien determinadas técnicas. Los hay, sin duda, y es innegable que se han hecho en nuestro país esfuerzos prodigiosos para perfeccionarlos. Pero si analizamos el problema en su totalidad, y afirmamos que las universidades deben formar el conjunto de los hombres idóneos para la solución de los problemas de la colectividad y de sus individuos, nos vernos obligados a reconocer que tal misión no se cumple.

Las causas son muchas y las justificaciones numerosas; pero tal es el hecho. La Universidad argentina no es la última instancia a que se deba recurrir para afrontar los problemas fundamentales del país, excepto en algunos órdenes de la vida nacional. Hay disciplinas en las que no tenemos un solo especialista de indiscutible autoridad. Hay campos del saber en los que estamos atrasados en medio siglo y aún más. Hay problemas nacionales urgentes que requieren determinada clase de técnicos y que no pueden ser afrontados ni resueltos con los especialistas que egresan de nuestras universidades. Todo esto es desgraciadamente cierto, y son pocos, sin embargo, los que se conmueven al descubrirlo. Pero al salir de una crisis como la que acabamos de sufrir, al descubrir un país con crecientes exigencias técnicas, la mínima responsabilidad de los universitarios exige que denunciemos el problema y que, por lo menos, organicemos un movimiento de opinión para que cuanto antes se difunda la conciencia de su gravedad. Quizás el Estado no gaste todo lo necesario para lograr lo que el país necesita, pero parte considerable de lo que gasta se desperdicia, acaso por no gastar un poco más, acaso por la irresponsabilidad de los que tenemos el deber de denunciar el problema y buscar soluciones desde dentro o desde fuera de la Universidad, desde su gobierno o desde fuera de su gobierno.

Hay problemas argentinos relacionados con la economía, con la vida social, con la vida espiritual del país, que la Universidad no ha afrontado jamás. El Estado es también culpable de esta ignorancia, pero la Universidad lo es mucho más, porque la obligación de la inteligencia es más perentoria y su responsabilidad más alta. Sin duda las responsabilidades se complementan, y podríamos poner algunos ejemplos. El Estado paga a la Universidad para que forme profesores secundarios, pero nombra en las escuelas medias personas sin título especializado. El Estado paga a la Universidad para que afronte los problemas pedagógicos en el campo teórico, pero los técnicos en los problemas fundamentales de la enseñanza primaria o secundaria no son universitarios ni especializados. El Estado paga a la Universidad para formar técnicos que no se requieren, pero nadie se ocupa de que formen otros que están siendo solicitados urgentemente por el desarrollo económico del país. Las distintas universidades superponen carreras con escasas posibilidades prácticas y descuidan las necesidades regionales malgastando sus recursos en repetir las carreras clásicas. Todo esto se sabe, pero no constituye —como debiera— un tema sustancial de nuestras preocupaciones. Sabemos que hay ciertas actividades en el país que rechazan directamente a los egresados de las universidades argentinas, porque no les resultan eficaces. Y todo esto corresponde al plano de la acción universitaria que la Universidad argentina cultiva con más empeño; más aún, prácticamente el único que cultiva: el de la formación profesional.

Si la reforma educacional que requiere nuestra Universidad es urgente en cuanto se relaciona con la formación del hombre, acaso es más urgente aún con respecto a la formación de técnicos y profesionales. El país debe exigirnos que satisfagamos sus necesidades, el Estado debe exigirnos que cumplamos con nuestro deber, y nosotros debemos anticiparnos a esas exigencias de quienes esperan de noso-tros la solución de sus problemas.

La Universidad no debe ser, pues, exclusivamente profesional; no debe ser el profesionalismo lo que la identifique y caracterice; pero en la medida en que debe ser profesional, es necesario que lo sea eficazmente.

Yo quiero explicarme el hecho de que no lo sea por tres razones. Primero, porque no atiende suficientemente a la formación del hombre; segundo, porque no atiende suficientemente a las exigencias del contorno social; y tercero, porque no se preocupa lo bastante de la investigación, de la creación del saber.

No repitamos más —como solemos hacerlo cuando queremos ponernos juiciosos y serios— que la investigación constituye la misión fundamental de la Universidad. Tal afirmación no es exacta. La Universidad es una escuela, y su misión fundamental es educar al hombre y transmitir el saber ya conquistado. Pero como se trata de un saber superior, como lo que debe trasmitirse son los rudimentos del saber superior, es absolutamente imprescindible que en alguna parte la Universidad se ocupe también de cultivar a fondo y seriamente el saber superior, a fin de que sus profesores y sus estudiantes se mantengan en contacto con el proceso de renovación que lo caracteriza.

Pero la investigación no se hace en las aulas, en los laboratorios o en los seminarios donde concurren los estudiantes a recibir los rudimentos del saber superior. En las aulas, en los laboratorios y en los seminarios, los estudiantes deben aprender, ciertamente, el método científico, repitiendo las experiencias, recorriendo el camino dado por otros, redescubriendo, por su propio esfuerzo activo, un saber ya conquistado. Sería farsa pretender que el estudiante de segundo año realice investigaciones nuevas mientras está aprendiendo los fundamentos de su disciplina.

La investigación pueden hacerla los profesores; pero si la hacen con los estudiantes perderán su tiempo, y si la hacen solos no cumplen una labor universitaria. Deben hacerla de otro modo, y la Universidad les ofrece colaboradores inestimables en sus graduados, maduros ya, y en condiciones de iniciar la conquista de nuevos conocimientos. Con los graduados, en los departamentos de graduados, debe realizarse la labor de investigación, sin limitaciones escolares, sin apremios de exámenes ni términos, al ritmo propio de la investigación, que no puede estar coaccionada por disposiciones reglamentarias. En los departamentos de graduados será honesta y eficaz, si los profesores se aplican a ella con honestidad y eficacia.

Esa investigación no debe tampoco sufrir las limitaciones de la organización escolar ni de la escolarización del saber. Las escuelas profesionales tienden a encarrilar la investigación hacia una relación estrecha con las profesiones; pero los grandes problemas científicos sobrepasan los límites escolares y profesionales y es necesario que se afronten sin restricciones formales. Una química para farmacéuticos o para agrónomos se empobrece si se la separa de la filosofía por antonomasia. Es sabido que, a medida que se amplía el horizonte, los problemas se integran y acaso la Universidad deba tener algún rincón donde se integren las investigaciones parciales, puesto que el saber tiende a integrarse.

Esta descripción de lo que parece misión exigible a una Universidad demuestra la humildad del esfuerzo que realizan nuestras universidades. Casi no hay investigación científica; apenas existen departamentos de graduados que acojan las vocaciones maduras y definidas; apenas existe contacto entre los especialistas, ni revistas que los vinculen y que difundan su labor. También esta reforma hay que hacerla, antes que proliferen los intentos aislados que multiplicaran los gastos y dividirán los resultados.

Si la vocación reformista puede ahora abandonar las preocupaciones inmediatas, de tipo generalmente político, que han suscitado las condiciones en que ha vivido el país, acaso podamos comenzar a clarificar nuestras ideas acerca de lo que tenemos que hacer con la Universidad, y acaso podamos comenzar a hacerlo en breve tiempo. Estoy persuadido de que henos salido ya del período oscuro de la historia argentina, y que se nos ofrece una época de amplias y brillantes perspectivas. La vocación reformista debe canalizarse hacia el problema específico de la Universidad y debe crear un movimiento de opinión decidido para que recuperemos el tiempo perdido. Pero es necesario para eso que nos dejemos poseer por un auténtico espíritu universitario, en función del cual dediquemos nuestras energías y nuestros esfuerzos al cumplimiento de esta exigencia perentoria de la Universidad argentina.

Sólo una cosa me preocupa cuando hablo de espíritu universitario: la maléfica confusión mediante la cual se carga esta expresión de un sentido de aristocracia. Es este un país en el que las aristocracias se constituyen por propia determinación de sus miembros; pero el primer deber de quien accede a la Universidad y al saber es renunciar a tan deleznables ambiciones, y situar sus anhelos no en el plano de los derechos sino en el de los deberes. Porque sólo en virtud de determinadas situaciones reales puede llegar un estudiante a la Universidad, en tanto que son muchos los que no llegan a ella, también merced a circunstancias de la realidad que se interponen como obstáculos insalvables.

La Universidad debe combatir todo espíritu de casta que surja en su seno, porque nada hay más inmoral y degradante. Se lo combate expulsándolo de uno mismo si aparece; se lo combate extendiendo la base social de que proviene el estudiantado, para posibilitar el acceso a la Universidad de estudiantes provenientes de medios rurales o alejados de los centros universitarios, y de estudiantes de grupos sociales de escasos recursos económicos; y se lo combate llevando a esos ambientes, dentro del área de cada Universidad, la cooperación que pueden prestar los universitarios para coadyuvar a su elevación y mejoramiento social. El “presalario” ensayado en algunos países, las becas, las organizaciones de asistencia social, son distintas soluciones al segundo problema, en tanto que la extensión universitaria es la adecuada respuesta al tercero.

Vivimos en un país de incuestionable sentido republicano; aspiramos fervientemente a la democracia; carecemos de tradiciones que autoricen la formación de grupos aristocratizantes; y sin embargo nos falta un arraigado y vibrante sentido social. Es este un dato para conocernos, que acaso explique algo de lo que nos ha ocurrido, porque somos muchos los argentinos que creemos merecer lo que las circunstancias de la realidad nos han otorgado, y muchos los que juzgamos que también se merecen su situación aquellos que deben luchar denodadamente en la estrechez o en la miseria. No es misión de la Universidad resolver tales problemas en su totalidad, pero la Universidad debe ser el principal reducto para la defensa de todos los derechos, para la lucha contra la injusticia y para el estudio de las soluciones que tales problemas necesitan. Y el primero entre todos es que la Universidad misma no se organice sobre un principio de injusticia social.

Quizá no falte quien repita una vez más que la introducción de tales problemas en la vida universitaria constituye un atentado contra la imperturbabilidad que requiere el estudio. No hagamos caso, porque tal reflexión es la del fariseo de todos los tiempos. No hay saber sólido si la conciencia en que se aloja es éticamente deleznable. Tampoco hagamos caso a quienes temen demasiado a lo que se ha dado en llamar la intromisión de la política en la Universidad, porque suelen ser ellos los que la han introducido, y en su provecho, y se resisten a que se denuncien los males que ha creado una política reaccionaria y de camarillas a lo largo de muchos años. Sólo los reaccionarios son apolíticos. Y me atrevo a decir que si no existieran situaciones creadas o por crearse en la Universidad, si no existiera la tendencia a asegurar el control por parte de ciertos sectores interesados, no se suscitarían esos clamores en demanda de honradez y justicia que luego suelen ser estigmatizados por los espíritus conformistas.

Otra cosa es que se introduzca la política partidaria en la Universidad, donde nada tiene que hacer, excepto en la medida en que —como es de desear— tengan todos los ciudadanos posición tomada frente a los problemas de la república, y entre ellos los estudiantes, los graduados y los profesores. Esa política partidaria es nefasta en la Universidad. Pero la política de las ideas, de las grandes co-rrientes de pensamiento que pugnan en el mundo de nuestros días, no sólo es legítima sino necesaria; y si alguna vez la polémica degenera en alboroto, también es de fariseos atemorizarse más de la cuenta, porque sólo se defiende lo que se ama, y sólo se ama lo que se defiende.

Jóvenes estudiantes, conciudadanas y conciudadanos:

Hago votos para que esta celebración de la Reforma, en el día de la Universidad Nueva, señale la fecha inaugural de la etapa de renovación que hemos esperado durante tanto tiempo. Que en adelan-te la lucha por la libertad y por el triunfo de la democracia y la justicia no exija de los universitarios más esfuerzos y sacrificios que los que son requeridos a los demás ciudadanos.

Hago votos para que nos sea dado comenzar, en un país libre la construcción de la Universidad Nueva, de espíritu libérrimo; la Universidad del deber, donde la competencia sea por el sacrificio mayor, por el esfuerzo más tenaz, por los frutos más sazonados en la cosecha de la verdad. Que profesores, graduados y estudiantes coincidan en este designio de servir con fidelidad al país, a la justicia y a la verdad.

Hago votos para que la Universidad argentina sacuda la molicie que la carcome, y para que adopte como lema el obstinado rigor que Leonardo preconizaba como regla para los trabajos del espíritu. Que en ello, más que en cosa ninguna, resida el secreto de la Universidad Nueva. Porque los tiempos son duros y las tinieblas impenetrables para quien no ha templado sabiamente la espada del espíritu.

Para recuperar la universidad. 1976

La cuestión universitaria —esto es, cómo recuperar la Universidad que el país necesita— está en la mente de todos los que tienen o han tenido que ver con ella: los profesores, los ex profesores y los estudiantes, los graduados ya en el ejercicio de sus profesiones, los investigadores, los estudiosos. Pero también está en la mente de todos los que están interesados en el problema de la cultura nacional y de todos los que conocen cuánto importan la correcta orientación y el buen funcionamiento de la Universidad para el desarrollo del país y para su futuro. Todos coinciden en que la Universidad no puede desenvolverse en el caos ni puede arrastrarse en un letargo que sólo asegure el módico cumplimiento de sus tareas primarias. Más acá de la irresponsable audacia de algunos y más allá de los oprimentes terrores de otros, un vago consenso de muchos de los que están preocupados simultáneamente por la Universidad y por el país parece expresarse en un anhelo de que se encuentre la óptima vía media para que pueda cumplirse en la Argentina la “misión de la Universidad”, como llamó Ortega en lúcido ensayo al conjunto de sus funciones.

La cuestión, siempre difícil, se plantea ahora en la Argentina en un momento excepcionalmente duro de su historia. Los argentinos vivimos una dramática experiencia que pone al descubierto cada día, junto a lo que sabíamos de nosotros mismos, otras muchas cosas que ignorábamos. Hemos aprendido mucho acerca de nuestra grandeza y de nuestras miserias, de nuestra capacidad de odio y de estéril violencia y de nuestra capacidad de amor y constructiva creación, de lo que en nosotros hunde sus raíces en oscuros resentimientos y de lo que se nutre de nobles esperanzas. Ha sido, y sigue siendo, un aprendizaje doloroso. Parecería como si la conciencia argentina hubiera perdido su inocencia y hubiese descubierto que está desnuda. El momento es oscuro y obliga a los espíritus reflexivos a ahondar en sus problemas sin perder de vista las experiencias que han vivido y las que viven cada día a lo largo de un proceso aún abierto que oculta muchas incógnitas. El análisis, la reflexión y el diálogo entre los que no quieren estar al vaivén de las cosas son obligaciones insoslayables de quienes quieren conducirlas con la mirada puesta en el largo futuro del país.

Sin duda la cuestión universitaria constituye un problema inmediato y de corto plazo. Como otros muchos que nos inquietan a todos, requiere ser analizado en el contexto de las situaciones que plantean las formas de convivencia nacional que se han ido estableciendo en los últimos decenios, cuyo último tramo son las que predominan hoy. Por muchos prejuicios que operen en la consideración de lo que ha ocurrido y ocurre en la Universidad, nadie podrá dejar de reconocer que nada en ello ha sido esencialmente diferente de lo que ha ocurrido en otros sectores de la vida nacional. Y si hay algo distinto, es porque se trata de uno de los puntos más sensibles de la sociedad y, en consecuencia, allí donde se manifiestan precozmente y de manera más aguda ciertos fenómenos que aún se gestan en otros sectores pero que se manifestarán más tarde con diversas apariencias. La Universidad, puesto que es, quiérase o no, el lugar donde se forman las
élites
, constituye un espejo de la sociedad que no debe perderse de vista por razones que exceden considerablemente los problemas estrictamente universitarios.

Para quien, como yo, está alejado hace muchos años de la vida universitaria activa y sólo tiene de sus últimas peripecias una información ocasional e indirecta, es muy difícil todavía arriesgar un diagnóstico de lo que ha pasado que se funde en un conocimiento cierto y profundo. Es peligroso dejarse seducir por las meras anécdotas, aunque algunas puedan ser significativas y reveladoras; pero todo hace pensar que hay causas profundas de la actual situación universitaria que habrá que escrutar cuidadosamente si se quiere hacer del proceso una historia clínica que permita formular un diagnóstico seguro.

Puede admitirse, sin embargo, como regla metodológica, que lo que le ha ocurrido a la Universidad no puede ser separado de lo que le ha ocurrido al país. En consecuencia, las soluciones inmediatas y de corto plazo de la cuestión universitaria no pueden pensarse de manera abstracta sino en relación con la contingencia que vive el país. Ocuparse, pues, de ellas sería introducir aquí un análisis político que no me corresponde en esta circunstancia y en este lugar. Para analizar las medidas que corresponden para enfrentar la cuestión universitaria y ponerla en el camino de una solución se requiere un conocimiento pormenorizado de las fuerzas en juego —que ahora no poseo, aunque lo he tenido en otro tiempo—, así como de los objetivos y las estrategias que caracterizan a cada una de ellas. Sólo a los que han seguido paso a paso el proceso universitario en los últimos años y cuentan hoy con la información necesaria les será posible medir y pesar en cada caso la oportunidad y la eficacia de una determinada política de coyuntura.

Pero si no me siento capaz de diagnosticar con seguridad y con responsabilidad el proceso que ha desembocado en la actual situación universitaria ni de proponer las medidas inmediatas y de corto plazo para modificarla en un sentido favorable a los intereses del país y de la cultura nacional, sí creo poder opinar sobre la relación indispensable que debe haber entre la política universitaria de corto plazo y la de largo plazo, porque sobre esta última he pensado y pienso constantemente en la medida en que me siento comprometido con el destino de nuestra cultura.

Creo que debe ser regla de oro de la política universitaria de corto plazo el no comprometer el futuro. Ya se ha destruido demasiado de lo que construyeron muchas generaciones en la Universidad argentina para que se destruya más. Tan difíciles como sean las circunstancias actuales, la política de corto plazo no tiene que cerrar, ni estrechar siquiera, el camino para la recuperación de la Universidad que, sin duda, sólo podrá emprenderse en un clima de convivencia civilizada. Esto significa que no puede tolerarse la violencia, ni el sectarismo ni el caos; pero tampoco puede establecerse el principio de que el orden requiere la limitación de la libertad de pensamiento y de expresión. Esto es, a mi juicio, lo más importante. No habrá Universidad en medio del caos, pero tampoco la habrá en medio del temor y de la autocensura suscitada por el temor.

En mi opinión, en esta simple fórmula queda encerrado el meollo de la cuestión universitaria propiamente dicha. Tanto el tema de la autonomía de la Universidad como el de la libertad académica están inscriptos en ella. La Universidad es, por definición, un ámbito de libertad. Alguna vez, para justificar cierta política, se dijo que la Universidad no podía ser una isla dentro del país. Y, sin embargo, la Universidad tiene algo de isla y no es casual que naciera en la Edad Media con fueros propios. No se trata de privilegios personales, pero sí de reconocerle un clima de libertad sin la que no puede existir. Esa existencia sólo se justifica porque se elaboran en ella ideas y conocimientos nuevos que se suman a los existentes, aunque introduzcan matices o direcciones inéditas. Pero ni las ideas ni los conocimientos nuevos pueden constituirse si no es al calor de una intensa y multiforme actividad intelectual que tiene que contar con un amplio margen de libertad y de tolerancia para su presunta heterodoxia. El caso es claro: si no se admite más que lo que ya está admitido ¿de qué manera se podría trabajar en la conquista de lo que todavía es ignorado?

La libertad de pensamiento y de expresión es algo que concierne a los hombres. Luego, es a hombres concretos, a éste o a aquél, a quienes debe reconocérselas. Nada comprometerá tanto el futuro de la Universidad como una política de corto plazo que discrimine injustamente los buenos y los malos según criterios ocasionales o, eventualmente, según prejuicios injustificables. Pero no se trata sólo de la libertad para pensar y expresar ideas en el campo de la especulación y el conocimiento. La regla vale también para las ideas sobre cuestiones de orden general, porque nadie puede establecer a priori los límites entre unas y otras. El uso de la cátedra para la propaganda sectaria es inaceptable e inmoral. Pero hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, porque no se ha encontrado hasta ahora otro recurso que el de la censura previa, no menos inaceptable en la actividad universitaria. No habrá nunca Universidad si se suceden las generaciones acostumbradas al cercenamiento de la libertad de pensar, a la sanción punitiva del pensamiento libre, al reconocimiento de ortodoxias permitidas y heterodoxias condenadas.

Que la libertad de pensamiento tiene riesgos es tan cierto como que los tiene toda forma de libertad. Pero el caso de la Universidad es extremo, y no puede imaginarse sin ella. Es su ley interna. Conservarla es y debe ser el objetivo primero de toda política universitaria de largo plazo. Luego hay otros problemas, pero ninguno es esencial ni permanente. La forma del gobierno universitario, la participación de los claustros y su alcance, el papel que debe corresponder a los estudiantes, el sistema de ingreso a la Universidad, son todos temas importantes y en ocasiones candentes, pero todos tienen más implicaciones sociales y políticas que estrictamente universitarias. Dentro de ese contexto deben ser considerados. Si la Reforma Universitaria fue una creación argentina de cierto momento, es porque la situación requería una respuesta de ese estilo —social y política— acorde con los cambios que la inmigración había producido en la estructura social argentina y con la transformación política sustancial que había significado la llegada del radicalismo al poder. Ciertamente, la Reforma tuvo también otros objetivos, pero los fundamentales se relacionaban con la llegada de la clase media al poder y a la Universidad. De acuerdo con los principios de la Reforma deben ser consideradas las soluciones a esos problemas, porque, en mi opinión, siguen siendo válidos puesto que aquellos procesos sociales y políticos han continuado y, más aún, se han acentuado. Pero no quiero sostener dogmáticamente los principios de la Reforma. Pueden discutirse y aún rechazar su letra. Pero no se puede rechazar su metodología en cuanto enseña a distinguir en los problemas universitarios aquellos que nacen de la situación predominante en la sociedad donde la Universidad se aloja. Cosa distinta es la libertad de pensamiento y expresión, que no sólo debe analizarse en el contexto social y político sino, sobre todo, en el de las insoslayables exigencias de la creación intelectual.

Estudio y militancia. 1958

Más de una vez me he interrogado si quien posee el ascendiente de un maestro tiene derecho a aconsejar a los jóvenes la militancia política. Es, sin duda, una grave responsabilidad, sobre todo porque la militancia se realiza a través de los partidos, y prevalece aun en nuestro ambiente cierto desdén hacia ellos, por considerárselos exclusivamente instrumentos para la conquista del poder. Yo he vacilado mucho en adoptar una decisión, pero hace ya tiempo que tengo posición tomada. Respetuoso de todas las opiniones, afirmo no sólo que es legítimo sino también que es moral convocar a la juventud a la militancia política dentro de un partido que no es solamente un instrumento para la conquista del poder sino, sobre todo, un instrumento para provocar o acelerar el cambio social que requieren, al mismo tiempo, las condiciones de la sociedad contemporánea y el imperativo ético.

La militancia política de todos es una necesidad de la democracia y del socialismo: jóvenes y viejos, hombres y mujeres. No hay democracia posible frente a la indiferencia de la ciudadanía, ni hay perfeccionamiento social y político si los mejores, los menos ambiciosos y los más capaces se abstienen de ejercer su influencia en cada contingencia del proceso político a lo largo del cual se tejen las formas de la convivencia de la comunidad. Democracia, socialismo y militancia son términos que no pueden disociarse. He aquí una afirmación que no puede discutirse, pero que cabe considerar en relación con el problema de la juventud.

Dos cuestiones encierra este problema. Una es la resistencia juvenil a una lucha política que puede aparecer contaminada por los intereses bastardos, y otra es el conflicto que puede suscitarse entre la militancia y las nacientes vocaciones. El drama juvenil del imperativo ético se enlaza con otro drama no menos profundo: el de la atracción de ciertas formas de vida que parecen excluir la acción política. Quien conoce de cerca esos dramas suele vacilar antes de otorgar un consejo, y el consejo no puede olvidar los torbellinos que suelen desencadenarse en las conciencias por el choque de tan potentes y entrecruzados vientos.

Sería inútil ocultar que hay quienes se entregan a la militancia movidos por una vocación política, y quienes, por el contrario, luchan por esquivarla impulsados por una vocación que excluye la acción. Para quienes tienen vocación política nada más sencillo que lanzarse a la acción y nada menos problemático que justificarla, porque siempre la realidad invita a su transformación. Pero, ¿cuál es el problema de los que no tienen vocación política y sienten, en cambio, el llamado que arranca del sentimiento ético? ¿Cuál es el problema del que llega mediante la reflexión a comprender la necesidad de la acción para cumplir la misión histórica reservada a su generación?

JUVENTUD Y SOCIALISMO

Hoy, tras muchas experiencias, yo no vacilaría en aconsejar a los jóvenes la militancia, aun a aquéllos que no sientan la vocación política, aun a aquellos a quienes repugna la lucha por el poder en cuanto puede parecer una lucha de ambiciones y de egoísmos. Y mi opinión se ha consolidado a medida que me he persuadido de que no hay destino individual que se realice fuera del destino colectivo, y a medida que he comprendido que el socialismo constituye un movimiento que trasciende la esfera de las luchas por el poder.

Sobrarían los argumentos de carácter objetivo para demostrar que, en nuestro país, está próxima la hora del socialismo. El país necesita urgentemente de los jóvenes, porque los jóvenes de hoy dejarán de serlo muy pronto y constituirán en pocos años los elementos necesarios de la renovación de cuadros que el país requiere. Es visible, por lo demás, que las circunstancias de la vida argentina son cada vez más diferentes de las que los hombres maduros nos hemos acostumbrado a considerar como constitutivas de la vida argentina, y es preciso que nos apresuremos a preparar a nuestros sucesores. El país necesita un reagrupamiento de las corrientes de opinión, reagrupamiento en el cual los núcleos socialistas serán, cada vez más, los polos de atracción de quienes vayan a la política movidos por impostergables intereses de clase o por imperativos históricos y éticos de acción. ¿A quién se le oculta que la nueva revolución industrial en marcha crea en todas partes situaciones nuevas que reclaman, como una exigencia impostergable, un vasto refuerzo en favor de un decidido progreso social que acompañe el incontenible progreso técnico de nuestro tiempo?

La militancia es un deber, y debe ejercitarse, en mayor o menor medida, con prescindencia de la vocación política. Es seguro que ha de encontrarse un lugar en las filas que no anule otras vocaciones. La juventud debe saber, además, que la militancia puede ejercitarse al servicio de ideales que no sean los de la política inmediata. Hay muchas clases de política. El socialismo apunta a una acción inmediata, pero sabe que se puede echar a andar por entre caminos fragosos sin que el lodo alcance a quien está limpio por dentro. Y apunta a un vasto conjunto de ideales, además, que debe ejercer atracción sobre quienes rechazan la simple lucha por el poder. Para los jóvenes, que carecen de compromisos, que no pueden evadirse de imperativos morales que emergen ante sí como absolutos irrenunciables, el socialismo ofrece una posibilidad de lucha generosa y de conquista inmarcesible.

LA LIBERTAD CONCRETA

Las circunstancias llaman a esa lucha. En nuestra época, la civilización industrial ha creado una sociedad de masas. El socialismo quiere “desmasificar” al hombre y humanizarlo, en tanto que todos los oportunismos pretenden utilizar al hombre masificado para hacerlo servir a intereses bastardos y ocasionales de ciertos grupos. El proceso mundial ya repercute de manera visible en nuestro país. Avanzamos hacia una organización industrial, que es deseable, pero que el socialismo quiere impedir que cristalice dentro de un sistema capitalista de corte tradicional, en cuyo seno habrán de nacer nuevos y más difíciles problemas que los que hemos sospechado y sufrido hasta ahora. Si el socialismo lucha por el poder, no es para disponer de él como un bien de familia, ni debe ser a costa de la explotación del hombre masificado, víctima de un crudelísimo proceso que hace presa inexorablemente del hombre contemporáneo.

El socialismo lucha por la libertad del hombre: la juventud debe saberlo y comprender que una causa de tal grandeza justifica su sacrificio y satisface sus impulsos generosos. Pero el socialismo no lucha por una libertad abstracta: lucha por la libertad del hombre de carne y hueso, de cada hombre de carne y hueso, constreñido tanto por las circunstancias económicas como por las circunstancias espirituales que lo condicionan. Esa libertad sólo la puede conquistar mediante el control del proceso técnico-económico y mediante la renovación del sistema de ideas predominantes. La juventud debe prepararse en el estudio y debe ejercitarse en la acción para contribuir a que la humanidad la conquiste. Compenetrarse de esta idea constituye uno de los fines fundamentales de la educación de la juventud, compatible con otros fines que son propios de su sola existencia individual.

Ingenieros. El inconformista de la cultura argentina. 1975

La breve vida de José Ingenieros fue tan intensa que no sólo ejerció una marcada influencia sobre sus contemporáneos —los jóvenes, especialmente— sino que dejó una huella profunda en la cultura argentina. Quizá hoy sea uno de los grandes olvidados, en esta Argentina sospechosamente olvidadiza de quienes no buscaron los halagos fáciles y quemaron imperturbablemente la vida en su tarea. No son muchos los que recuerdan la intensidad de su vida, los muy diversos campos en los que abrió nuevos rumbos, la desusada originalidad de su pensamiento; ni ese ingente esfuerzo para poner de manifiesto la continuidad de la cultura argentina, dentro de cuyo amplio marco esperaba que se acumulara y fortaleciera la capacidad creadora de las generaciones sucesivas, más allá de las incidencias polémicas y de las modas ocasionales. Como otros disconformistas, tuvo una permanente actitud de generosidad y comprensión para aquellos con quienes disentía, sin perjuicio de que los combatiera con esa energía que le prestaba el vigor de sus convicciones. Menos generosos, espíritus dogmáticos y, sobre todo, mentes comprometidas con la sucesión de las modas intelectuales y de los “ismos”, procuraron silenciar su nombre y dar por extinguida su obra. Pero es injusto y falso. Hoy parece necesario recuperar a Ingenieros del olvido para afirmar que también él, el disconformista, pertenece a la tradición de la cultura argentina.

La Cultura Argentina se llamó, justamente, la vasta colección de obras de autores que él, a su vez, se propuso rescatar del olvido, en esta Argentina que cada cierto tiempo se pone un poco snob y desdeña el temperamento original que asume la plena responsabilidad de su pensamiento mientras sobreestima al imitador complaciente y al divulgador puntualmente enterado de la última novedad de cualquier parte. Conocedor de todas las modas gracias a su increíble capacidad de lectura, Ingenieros difundió y discutió las corrientes nuevas sólo cuando creyó que lo merecían; y juzgó obligación suya poner al alcance de las nuevas generaciones el vasto patrimonio cultural que la Argentina posee, aún no suficientemente valorado como un conjunto coherente incluso en la disidencia y menos aún, incorporado a la conciencia nacional como su propio e irrenunciable acervo.

Quien asumió la tarea de difundir el corpus de la cultura nacional no era, por cierto, un desocupado ni un amateur. Médico psiquiatra, trabajaba sin descanso en su profesión y se procuraba afanosamente el tiempo necesario para la lectura y para la investigación. Mente lúcida y organizada, escritor infatigable, sabía ordenar rápidamente su pensamiento y darle forma metódica y cuidadosa. Gracias a esa capacidad logró Ingenieros elaborar una obra ingente cuyo núcleo fueron los problemas de la psiquiatría y la criminología. Alrededor de ese núcleo se ordenaron otras preocupaciones intelectuales. De la psicología y la biología salió en busca de los caminos de la filosofía, y se introdujo en ellas con su habitual lucidez. Y por la incitación de sus preocupaciones sociales y políticas derivó hacia la sociología y la historia, referidas a la realidad argentina, con la que Ingenieros se sentía radicalmente comprometido. En todos esos terrenos innovó Ingenieros, suscitó nuevos puntos de vista, propuso nuevas pautas interpretativas y ofreció los primeros resultados de sus reflexiones con el brillo y la claridad que le eran propios.

En 1918, vieron la luz dos obras particularmente significativas de Ingenieros, ambas ajenas a sus preocupaciones fundamentales, o al menos, a sus preocupaciones científicas y profesionales. Una, las Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía; otra, La evolución de las ideas argentinas. Ese mismo año Ingenieros prestó su adhesión al movimiento de la Reforma Universitaria que había estallado en Córdoba y pronunció su famosa conferencia del Teatro Nuevo en la que señaló la significación histórica de la Revolución Rusa. En plena madurez, Ingenieros definía inequívocamente su irrenunciable autenticidad y su vocación disconformista.

Espíritu formado en el rigor científico, quiso desbrozar el campo de la metafísica y establecer sus relaciones legítimas con la ciencia. Ninguna autoridad lo arredró y se atrevió a pensar con la libertad más absoluta sobre el contenido de una tradición filosófica más de dos veces milenaria. Tampoco lo arredraron los admitidos preconceptos que articulaban las interpretaciones corrientes de la historia argentina, y los enfrentó decididamente, primero en la Sociología argentina y luego en La evolución de las ideas argentinas. El fruto de su esfuerzo fue un nuevo y vigoroso planteo del proceso nacional, que dejó inconcluso, pero que aun así constituye un rico punto de partida para una comprensión bien encaminada de nuestro desarrollo histórico. Libre de compromisos, audaz en la expresión de sus más recónditas ideas, Ingenieros quiso ser auténtico en la verdad, desdeñando el cúmulo de las verdades convencionales y desafiando los peligros que entraña toda disidencia frontal.

“El autor ha escrito este libro —puntualizaba en la Advertencia de La evolución de las ideas argentinas— creyendo servir a los ideales que considera legítimos, sin ignorar que ello importa el sacrificio de algunas convicciones propias. Pocos hombres aman las verdades que perturban sus ideas o hieren sus intereses presentes; los libros que dicen alguna, sólo sirven a lectores jóvenes, no contaminados por la mentira o capaces todavía de repudiarla.” Y agregaba más adelante: “No desea presentarse como imparcial ante lectores que no lo son; en demasiadas páginas ha probado que pertenece al partido de los que buscan la verdad sin temor de encontrarla y de los que no envenenan las certidumbres grandes con dudas pequeñas”.

Auténtico y disconformista, José Ingenieros recorrió su destino entre la carcajada vital y la angustia metafísica. Nunca fue infiel a sí mismo, y tanto importa de él su obra como su vida. Porque una y otra fueron pensadas para dar cumplimiento a un principio moral del que nunca quiso apartarse. Una moral de pensador militante.