El pensamiento político de la derecha latinoamericana. 1970

El pensamiento político de la derecha

El examen del pensamiento político de la derecha latinoamericana suscita un conjunto de problemas que se relacionan tanto con las situaciones socioeconómicas como con las corrientes políticas y los movimientos de opinión. Sería una abstracción peligrosa realizar ese examen en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales, o sorteando el análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas. Ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y de controversias en que surge y se desarrolla. Pero en el caso particular del pensamiento de la derecha el riesgo se acentúa, porque con ese nombre no se define una doctrina concreta —como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo— sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes bá-sicas, y el conjunto configura una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente sólo por sus contrarios. De todos modos, este ensayo debe ceñirse a su tema específico, y las incursiones en otros terrenos serán tan breves como la claridad lo permita, limitándose su desarrollo a lo estrictamente necesario para ofrecer el cuadro de las circunstancias, los hechos y las ideas indispensables. Tiene, sin duda, el pensamiento político de la derecha un interés singular en Latinoamérica. Pero empecemos por decir que tiene un interés fundamental en todas partes y en todas las épocas, en relación con ciertas peculiaridades del conocimiento histórico social que vale la pena destacar.

Tal como se conciben los procesos históricos sociales desde la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo, tal como se concibe su examen y su exposición, parece normal que el acento se coloque sobre los fenómenos de cambio, esto es, sobre las fases dinámicas de los procesos. Es esto una consecuencia del predominio de la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso, tal como la elaboraron Voltaire o Condorcet. De esa concepción ha quedado como una secuela —aun después de haber perdido vigencia— la tendencia a suponer que el análisis histórico se relaciona casi exclusivamente con los procesos de cambio. Sin duda, las escuelas institucionalistas y sociologistas y últimamente el estructuralismo, han manifestado una inequívoca proclividad a la descripción de situaciones y estructuras, respondiendo a aquella tendencia con otra —acaso igualmente peligrosa— que supone cierta inmovilidad en las situaciones y estructuras. Pero ambas entrañan el mismo riesgo de falsear la imagen de la vida histórico social.

Es explicable que el examen de los procesos de larga duración parezca tolerar su descripción como si se tratara de situaciones inmutables. Pero es bien sabido que no son tales y que el proceso de cambio es permanente. Hay, sí, estructuras y situaciones que sólo cambian con ritmo muy lento; en tanto que otros planos de la vida histórica cambian con ritmos más acelerados. Esta diferenciación es lo que solía estar ausente en la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso. La descripción de los fenómenos de cambio —entre los que parecían necesariamente más importantes los más acelerados— predominaba sobre el análisis de las situaciones en las que el cambio se realiza y, en consecuencia, dejaba en la penumbra los fenómenos que la resisten, generalmente pasivos y poco visibles, pero cuya persistencia explica las violentas irrupciones de fuerzas que, en cierto momento, interrumpen el sentido del cambio, operan pretendidas restauraciones y modifican la dinámica de la vida histórico social.

Sin duda han sido los historiadores pertenecientes a la derecha ideológica los que han subrayado más insistentemente la capacidad de perduración de ciertos planos de la vida histórica en relación con los procesos de cambio, con las revoluciones. No es difícil observarlo a través de la historiografía relacionada con las revoluciones inglesas del siglo XVII, con la Revolución Francesa de 1789, con las revoluciones latinoamericanas de principios del siglo XIX, con la Revolución mexicana de 1910, con la Revolución rusa de 1917. Cierto es que con frecuencia sólo hallamos una inversión en el sentido de la apologética; pero aun así es importante, puesto que ayuda a incluir en el análisis objetivo y científico de la dinámica de la vida histórico social los elementos situacionales e ideológicos que revelan la resistencia activa al cambio y, además y en particular, los que revelan la perduración de situaciones que no fueron alcanzadas por el proceso de cambio acelerado, estableciendo el alcance deliberado o espontáneo del cambio mismo: para este objetivo es, pues, singularmente importante el examen de las actitudes y del pensamiento de la derecha, como expresión y testimonio del significado social y cultural que cierto sector asigna a aquello que, en el proceso de cambio, logra permanecer casi inalterable.

Advirtamos desde ahora que este examen no es fácil. La derecha, por su propia naturaleza, no suele elaborar proyectos y es reacia a fundamentar doctrinariamente su conducta. Un historiador y sociólogo brasileño que la representa bien, Oliveira Vianna[1] define muy explícitamente esa tendencia, refiriéndose a los estadistas conservadores del Brasil, pero en términos que tienen validez general:

Al concebir y realizar su monumental sistema de gobierno y administración del país, los grandes políticos imperiales obran como espíritus positivos, jugando con los datos de la realidad objetiva, teniendo a la vista los hechos concretos de nuestra vida nacional. Pueden invocar, para justificar sus actos o sus creaciones, el apoyo de teorías extranjeras, de sistemas e instituciones de otros pueblos, pero eso es apenas por condescendencia hacia el espíritu de la época, para dar un color doc-trinario y filosófico a las ideas sugeridas por el mundo objetivo que los rodea. Los constructores de nuestra unidad política son ante todo hombres prácticos, políticos experimentales, que nunca pierden de vista las condiciones reales del pueblo ni las particularidades de su mentalidad.

La observación puede, ciertamente, generalizarse, no sólo porque, de hecho, es más difícil encontrar textos reveladores del pensamiento político de derecha que de cualquier otra corriente de opinión, sino también porque es evidente que ciertas actitudes y opi-niones encuentran en las situaciones reales un fundamento mucho más sólido que el que puede ofrecerle el pensamiento doctrinario. Por lo demás, el uso de ideas tradicionales para la defensa y justificación de las ideas vigentes no origina, en general, sino una literatura de propaganda de escasa originalidad. No obstante, la derecha ha producido testimonios de extraordinario valor, especialmente por su coherencia interior; pero no siempre es fácil distinguir cuándo son simples reiteraciones de un pensamiento de elaboración secular y cuándo son juicios nacidos del examen de las situaciones reales. Acaso el interés general que, por las razones señaladas, tiene el análisis del pensamiento político de la derecha, se acentúe actualmente en Latinoamérica por el hecho de que, en muchos países, los grupos que lo sustentan han tomado la iniciativa en los últimos tiempos. Conviene establecer claramente el sentido de esta afirmación, porque entraña una posición metodológica que habrá de advertirse a lo largo de todo este ensayo. No me refiero aquí solamente a los netos partidos políticos de la derecha, cuyo poder de iniciativa puede ser equivalente al de otros sectores. Me refiero, específicamente, a las fuerzas económicas y sociales de la derecha, enérgicamente resueltas a defender sus posiciones contra la ofensiva de vastas mayorías no poseedoras y que operan especialmente como grupos de presión a través de diversos regímenes políticos, aun cuando no sean estos específicamente de derecha. Esas fuerzas buscan sus propias soluciones, pero a través de un sistema de ideas —que suelen llamar su “filosofía” — que entraña un diagnóstico del sentido general que deben seguir las sociedades latinoamericanas en el curso de su desarrollo. Hay en ese sistema de ideas un ajuste de viejos esquemas a las circunstancias nuevas; pero este ajuste es muy variable y siempre significativo, porque aunque la derecha responde a la situación menos cambiante, pone, empero, de manifiesto el nivel de cambio producido en las estructuras a través de los procesos de larga duración: y aunque expresa la resistencia al cambio, pone de manifiesto también el nivel de tolerancia que ha alcanzado, en virtud del cual erige en cada caso una nueva línea de defensa, transaccionalmente establecida.

La perduración de estructuras socioeconómicas muy antiguas en Latinoamérica otorga particular gravitación a los grupos de derecha y a su pensamiento político. Pero no es esa la única causa de la influencia de esos grupos. Las estructuras arcaicas se combinan con otras más modernas, pero que han engendrado ya en su seno sectores resueltamente adversos a nuevos cambios. De aquí la proteica figura que ofrece la derecha latinoamericana, cuya composición, como grupo social, será necesario señalar antes de exponer su pensamiento.

Como se habrá observado, y sin perjuicio del análisis que constituye el tema del primer capítulo de este ensayo, la idea de derecha aparece necesariamente unida a la idea de resistencia al cambio, con lo cual parecería clara la identificación entre derechas y grupos conservadores. Empero, no es absolutamente así. A veces ha sido imprescindible usar otros criterios más matizados, de modo que la caracterización de un movimiento o de una persona como perteneciente a la derecha puede obedecer a uno de ellos, lo cual puede engendrar ciertas confusiones, y las conclusiones extrañar al lector.

Conviene, pues, no perder de vista los criterios utilizados en cada caso, y las relaciones, a veces aparentemente contradictorias, entre ellos.

Para resolver algunos de los problemas que acabo de mencionar, he utilizado una nomenclatura no siempre ortodoxa. Pero confío en que las caracterizaciones de cada grupo social y de cada corriente de pensamiento servirán para proveerlas de un contenido inequívoco. Grupos sociales y corrientes de pensamiento serán presentados históricamente, incluso cuando en cada momento se señalará que ni unos ni otras se extinguen, conviene insistir aquí en que la idea que preside este análisis es que los grupos de la derecha tienen una composición acumulativa, en virtud de la cual coexisten situaciones y tradiciones de diferente data. Sólo teniendo presente este carácter podrá entenderse bien el comportamiento y las ideas de la derecha latinoamericana.

1. Cuestiones previas

Dos problemas conceptuales parecen previos al análisis del pensamiento político de la derecha latinoamericana.

El primero es el problema del área, puesto que la idea misma de Latinoamérica, concebida como una unidad, requiere algunas precisiones.

El segundo, y más importante, es el de la caracterización de la derecha como grupo socioeconómico, político y cultural, puesto que, a poco que se ajusten los criterios, se advierte que se trata de un complejo heterogéneo al que no se puede asignar una sola línea de pensamiento.

La cuestión de la unidad y diversidad del área latinoamericana

La posibilidad de analizar, caracterizar y describir el pensamiento político de la derecha latinoamericana supone cierta homogeneidad en esa área que no es absolutamente obvia. No sería fácil, por ejemplo, incluir en una sola formulación los caracteres de las clases medias en Chile y Colombia, en Paraguay y México, en Argentina y Ecuador; del mismo modo es difícil incluir en una sola formulación los caracteres de las clases altas tradicionales en esos mismos países, teniendo en cuenta, además, que el examen debe incluir al Brasil; y de tales dificultades puede inferirse que deberá matizarse mucho la caracterización del pensamiento político de la derecha, del que puede decirse que es el más apegado a las situaciones y, en consecuencia, el menos ideológico —en sentido estricto— de los pensamientos políticos. Empero, precisamente, por ser el pensamiento más apegado a las situaciones vigentes, permite un cierto grado de generalización, puesto que lo que más unidad confiere al área latinoamericana son, sin duda, las situaciones originarias, en tanto que los desarrollos posteriores tienden a una acentuada diversificación. Vale la pena detenerse un instante en esta observación.

La unidad del área latinoamericana fue postulada por la Europa conquistadora y colonizadora. No existía antes ni existió intrínsecamente después. Pero los impactos europeos sí fueron homogéneos en toda su extensión y crearon cierta unidad en el armazón del área de mestizaje y aculturación que se constituía. Con ligerísimas variantes, el régimen de la tierra y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas se establecieron según normas semejantes en toda el área hispánica y en el área lusitana, y condujeron a la creación casi súbita de una singular estructura socioeconómica que constituyó el fundamento casi inconmovible de la vida social latinoamericana. El vigor con que esa estructura resistió, ya en 1542, a los esfuerzos de la corona española por modificarla, explica cómo ha podido sobreponerse a otros embates posteriores, modificarse ligeramente para adecuarse a nuevas circunstancias externas e internas, y subsistir, incluso hasta hoy, en algunas regiones.

Pero no fue este impacto originario el único de los impactos europeos que contribuyó a prestarle unidad al área latinoamericana. Un fenómeno semejante ocurrió por la misma época en el campo de la organización política y en el campo de la cultura. Un sistema de formas institucionales, un haz de principios morales y políticos y de tradiciones culturales —con los pequeños matices que separaban en el siglo XVI a España y Portugal— crearon un conjunto de ínsulas análogas a través del vasto continente, fuera de las cuales, sin embargo, empezó a elaborarse trabajosamente un mundo marginal, en el que se fueron insinuando nítidas diferencias regionales que crista-lizarían poco a poco y alcanzarían claros perfiles en el siglo XVIII.

Pero ya mientras se producía esa diversificación, nuevos impactos europeos crearon otros principios de unidad. El mundo de la economía mercantil reclamó del mismo modo a las distintas regiones, ofreció los mismos incentivos, ejerció las mismas coacciones, y contribuyó a operar en el seno de las diversas sociedades las mismas transformaciones de las que surgieron nuevas burguesías urbanas que, al par que introducían nuevas líneas de desarrollo en el seno de la comunidad, arrastraban hacia sí a las viejas clases poseedoras de la tierra para inducirlas a modificar sus actitudes y su mentalidad. Pero aquel desarrollo homogéneo en cuanto a las presiones que lo habían desencadenado, adoptó muy pronto formas regionales diferenciadas, que se definieron fuertemente al producirse la emancipación. A partir de entonces la diferenciación se acentuó; pero no sólo, ni principalmente, dentro de los nuevos marcos nacionales creados por el principio del uti possidetis, sino dentro de las áreas regionales que se habían esbozado espontáneamente, según determinaciones geográficas más o menos estorbadas o favorecidas, por las peculiaridades del desarrollo económico o la arbitrariedad del sistema administrativo. Los fenómenos de anarquía y de guerra civil y los vagos clamores en favor de una organización federativa reflejaron ese conflicto entre nación y región, entre orden institucional y sentimiento comunitario, que se había gestado en el seno de otro conflicto más profundo entre el orden uniforme impuesto desde fuera y el desarrollo espontáneo y diferenciado que la vida social había suscitado, al margen de las coacciones externas.

Empero, nuevos impactos externos contribuyeron a robustecer ciertos rasgos comunes a toda Latinoamérica. Con la Revolución industrial, Europa modificó rápidamente tanto los sistemas de producción como las formas de vida, y tales cambios repercutieron sobre toda su periferia. Latinoamérica sintió otra vez los estímulos y las coacciones que provenían del foco alrededor del cual giraba su vida económica, social y cultural, y respondió operando ciertos cambios para adecuarse a la nueva situación. Pero no fueron en todas partes los mismos. Nuevas diversificaciones se operaron con las va-riadas respuestas ofrecidas a los mismos estímulos, y una vez más las contradicciones se acentuaron entre el desarrollo local espontáneo y las determinaciones exógenas que colocaban toda el área latinoamericana en situación análoga con respecto a los núcleos de los que dependía.

Fenómenos semejantes se produjeron en el orden de la cultura. El sistema de ideas medievales que ordenó la vida de los primeros grupos colonizadores fraguó con los esquemas de la estructura socioeconómica señorial en el siglo XVI. Casi no hubo fisuras en él; pero los impactos del pensamiento moderno, de la Ilustración, del liberalismo, del romanticismo, del positivismo, del socialismo, del fascismo, no sólo produjeron sucesivamente enfrentamientos vigorosos con aquel sistema y sus secuelas, sino que provocaron curiosos y variados casos de reelaboración doctrinaria, al compás del uso que se hacía de cada sistema ideológico para interpretar y modificar la realidad.

Es lícito, pues, considerar en el conjunto latinoamericano una corriente de pensamiento tan arraigada en las situaciones reales como lo es el pensamiento político de la derecha, porque tales situaciones fueron homogéneas y subsistieron en buena parte a pesar de todos los cambios operados desde el siglo XVIII. Pero es necesario atender a esos cambios, porque ellos no fueron homogéneos. Por eso sólo se advierte en sus fibras profundas cierta unidad en el pensamiento de la derecha latinoamericana, en tanto que en otras se advierten peculiaridades evidentes que obligan a una constante matización.

Empero, no es éste el más confuso de los problemas que se presentan. Es necesario, antes de atribuir a la derecha un cierto tipo de pensamiento, indagar qué grupos sociales la componen y, sobre todo, qué tradiciones arrastran. La derecha es hoy un conjunto proteico, y cada una de las fisonomías que ofrece esconde un enigma histórico.

La cuestión de la caracterización de la derecha

No abundan los estudios dedicados específicamente al análisis de la peculiar composición de las formaciones o movimientos considerados como de derecha en Latinoamérica. No se trata, en efecto, de un partido, sino de una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política. Hay en su seno, quizá, partidos; y éstos han sido estudiados en muchos casos dentro de los procesos políticos generales.

Pero esas conjunciones sobrepasan el alcance de los partidos. Para entender su composición es menester, pues, no limitarse a ver en ellas grupos políticos de opinión; sin descuidar éstos, es necesario, sobre todo, establecer cuáles son los grupos sociales que se movilizan políticamente para constituirlas.

A primera vista se advierte que la expresión “derecha” corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios —los grupos “democráticos“, “progresistas”, “izquierdistas”, “liberales“, o como en cada ocasión se califiquen—, los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. De aquí una cierta tendencia a definir la derecha, en el plano teórico, como un conjunto homogéneo.

Una fórmula usual es asimilar la derecha a la burguesía, entendida ésta como parte del sistema burguesía-proletariado. Esta fórmula es metodológicamente inapropiada en el caso particular de Latinoamérica, porque supone que el concepto “burguesía” es inequívoco y que conocemos claramente su contenido. Es bien sabido, en cambio, que no hemos precisado bien los contenidos del concepto “burguesía”, y si aceptamos la asimilación, no hacemos, en rigor, sino trasladar el problema, del concepto “derecha” al concepto “burguesía”. El problema se complica aún más, pues su antítesis en Latinoamérica no es lo que entraña en otras áreas el concepto “proletariado” ; y no constituye una tarea menos compleja establecer qué es exactamente lo que se opone a la derecha.

Menos inapropiada, aunque en pequeño grado, es la asimilación de la derecha a lo que vagamente se suelen llamar las clases dominantes. En Latinoamérica las clases dominantes se han constituido a través de un proceso singular que le ha prestado una fisonomía equívoca, cuya expresión es un comportamiento político confuso.

Derechas e izquierdas se han diferenciado, por lo demás, en el seno de las clases dominantes, a través de la oposición de los distintos sectores que procuraban alcanzar el poder político para perfeccionar y consolidar su poder económico social. Parecería, en consecuencia, ser lícito un uso absoluto y otro relativo de la calificación. Conviene, pues, renunciar por ahora a una definición simplista y atenerse a los resultados matizados, aunque quizá menos precisos, que ofrezcan un examen empírico de los grupos sociales y políticos que han sido considerados como de derecha. Pero aun este método presenta serias dificultades, porque la asignación de tal calificación no ha obedecido siempre a un mismo criterio; por lo contrario, parece evidente que han funcionado indistintamente dos: un criterio político y un criterio socioeconómico.

Si analizamos el criterio político, se observa que han sido considerados como de derecha los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, estableciendo dictaduras o perpetuando oligarquías, que han negado —sea a la mayoría del pueblo, sea tan sólo a la mayoría de los sectores con participación en la vida política— los derechos y las libertades que consagraban el derecho natural y, en especial, los que consagraban las doctrinas racionalistas elaboradas desde el siglo XVII.

Ha sido la mentalidad liberal, tal como funcionó desde mediados del siglo XVIII, la que prefirió este criterio. A partir de muchas experiencias concretas, quedó tácitamente admitido que la dictadura o la oligarquía definen una actitud de derecha, y que la existencia de un vigoroso aparato represivo, la inexistencia de la libertad de conciencia o, en general, la violación o la negación de los derechos del hombre y del ciudadano, constituyen signos inequívocos de esa actitud política.

Empero, el criterio político no ha sido coherentemente utilizado. En ocasiones se ha admitido como legítima una “dictadura liberal“, esto es, el ejercicio autoritario del poder por parte de un grupo dispuesto a imponer un sistema liberal. Las circunstancias han sido proporcionadas por la vigorosa oposición de ciertos grupos antiliberales de raíz señorial, unas veces, o por la amenazadora actitud de grupos democráticos de pequeña burguesía o grupos populares con vagos anhelos de justicia social, otras. La necesidad de defender lo que se entendía por libertad pareció justificar la restricción de la libertad. Este principio reconoce como antecedente y fundamento la concepción del despotismo ilustrado, que sin duda inspiró a muchos grupos liberales latinoamericanos, especialmente frente a la vigorosa influencia de la Iglesia Católica, apoyada por los grupos sociales superiores.

Si analizamos el criterio socioeconómico, se observa que han sido considerados de derecha los grupos que han defendido el mantenimiento incólume de las tradicionales estructuras socioeconómicas y socioculturales, cuyo fundamento arraiga en el ordenamiento colonial. Esta defensa supone una acción política, emprendida al insi-nuarse un ataque que amenace o vulnere esa estructura, esto es, un intento de cambio socioeconómico, de modo que esa política puede ser definida como un movimiento de resistencia o de oposición al cambio.

Así caracterizada, la derecha no manifiesta fundamentalmente una actitud política sino una actitud socioeconómica y sociocultural. Usando este criterio, el ejercicio autoritario del poder no es necesariamente de derecha: lo es cuando tiene por objeto impedir el cambio, y no lo es, por lo contrario, cuando está puesto al servicio del cambio.

La utilización del criterio socioeconómico modifica, entonces, sustancialmente el enfoque del problema, y suscita nuevas cuestiones que es necesario tener presente. Si en diferentes circunstancias la adjudicación de la calificación de “derecha” ha sido equívoca se debe, sin duda, a la diversidad de los tipos de cambio que se han insinuado o producido en Latinoamérica. Descartemos los simples reemplazos de grupos o personas que disputan el poder dentro del mismo sistema, porque en ese caso parece lícito aplicar el primer criterio. Cuando se trata de cambios socioeconómicos pueden distinguirse dos instancias claramente diferenciables, aun cuando admiten, a su vez, varios matices importantes. La primera instancia es el conato de cambio de las estructuras señoriales de raíz colonial por una estructura liberal-burguesa, con supresión de los mayorazgos, del esclavismo, del sistema servil del trabajo indígena, de los monopolios y, al mismo tiempo, con una modernización del sistema empresarial, con la participación de capitales extranjeros, con incorporación al mercado mundial y con una vasta renovación del aparato técnico: es la instancia liberal-burguesa, promovida por las burguesías urbanas y, a veces, por los sectores progresistas de las clases terratenientes. La segunda es el conato de cambio de la estructura señorial o de la estructura liberal – burguesa, indistintamente, por otra en la que predominen, sobre los principios de la libre competencia, los principios de la justicia social, con intervención estatal, unas veces, o con control de las clases no poseedoras, otras. Estas dos instancias entrañan, como se ha advertido, algunos matices intermedios sobre los que será menester detenerse en el análisis particular, pero constituyen la trama gruesa del proceso de cambio.

Según el tipo de cambio propuesto, sus promotores definirán como derecha a grupos diversos: los grupos liberalburgueses, solamente a las clases señoriales; pero los grupos partidarios de sistemas fundados en el principio de la justicia social —sean nacionalistas, nazifascistas o izquierdistas de tipo marxista en cualquiera de sus grados, demócratas cristianos o liberales evolucionados— definirán como derecha no sólo a las clases señoriales sino también a los grupos liberalburgueses sostenedores de las teorías del neoliberalismo o, simplemente, del libreempresismo. Este distingo explica claramente el uso equívoco de la calificación de derecha —que es fluido y a veces aparentemente contradictorio—, así como la notoria heterogeneidad que suelen tener, de hecho, los grupos caracterizados unívocamente con esa calificación por sus adversarios.

El análisis de los dos criterios utilizados de manera habitual —con frecuencia poco rigurosa— demuestra no sólo que ninguno de ellos es suficiente, sino también que los dos son imprescindibles y deben combinarse para intentar un examen objetivo de la cuestión.

La cuestión propuesta supone, en primer lugar, una caracterización de los grupos sociales que integran las fuerzas políticas que reciben en cada caso la calificación de “derecha” y, en segundo lugar, una caracterización del pensamiento político que, en cada caso, esas fuerzas políticas adoptan, expresan o, simplemente, ponen de manifiesto a través de su comportamiento. Pues bien, para el primer aspecto de la cuestión, el criterio político permite identificar ciertos grupos sociales que no corresponden exactamente ni a las burguesías ni, en forma más general, a las clases dominantes, y que se suman a las fuerzas políticas de derecha.

En primer lugar, se advierte la presencia de grupos estrictamente ideológicos, cuyos miembros participan de ciertas ideas que no están necesariamente vinculadas con su origen o su posición social. Son unas veces temperamentos religiosos o metafísicos cuya forma mentís está caracterizada por la creencia vehemente en la existencia de orden perenne y para quienes, psicológicamente, el cambio supone siempre un mal: la decadencia, la perversión, el caos. Ese orden posee a sus ojos fundamentos absolutos, y ha sido amenazado sucesivamente, según ellos, por los disidentes religiosos, por los librepensadores volterianos, por los masones, por los liberales, por los demócratas, por los comunistas. Contra todos ellos, en cada caso, han sentido la necesidad de organizar una cruzada para lograr su exterminio, y con él, la preservación o restauración del orden eterno. En segundo lugar, se nota la presencia de grupos, cuyos miembros son psicológicamente autoritarios y partidarios de la acción violenta. Sin duda, comparten en el fondo la certeza de la existencia de un orden, pero no siempre alientan vehementes convicciones religiosas o metafísicas, sino simplemente una vocación autoritaria y jerárquica orientada hacia un activismo irracionalista.

Estos rasgos explican la adhesión a las fuerzas de derecha de quienes, por vocación o por costumbre —y cualquiera que sea su origen o posición social—, han aceptado la conformación impuesta por instituciones fuertemente autoritarias, jerarquizadas y activistas como son, especialmente, la Iglesia y el ejército, así como otras en menor escala, como la administración pública y las grandes empresas.

En tercer lugar, se observa la incorporación de grupos conformistas de clase media, para los cuales el orden constituido significa una garantía de estabilidad —en la ocupación, en el ahorro, en las costumbres, en el modo de vida— en tanto que el cambio entraña una perspectiva oscura cuyo riesgo se resisten a afrontar. Tales hábitos caracterizan a la pequeña burguesía en sociedades estabilizadas, y de sus filas se nutren con frecuencia los movimientos que reivindican la defensa del orden.

En cuarto lugar, se comprueba la adhesión de grupos populares de mentalidad paternalista: unas veces masas urbanas más o menos marginales y escépticas; otras, grupos acostumbrados a formar parte de clientelas políticas; otras, grupos conformistas de actitudes primariamente religiosas, mágicas o supersticiosas; y otras, en fin, grupos de militancia política ingenua que buscan protección a través de regímenes paternalistas que les prometen satisfacciones inmediatas a cambio de su apoyo político. Estos grupos pueden ser numerosos, y en ocasiones nutrir movimientos activos y pujantes, a los que pueden proporcionar no sólo su apoyo numérico sino también su presencia tumultuaria para justificar en sus líderes un cierto tipo de representatividad ajena a los métodos de la democracia liberal.

El criterio político es, entonces, útil para revelar la presencia de grupos como los señalados en la constitución de las fuerzas de derecha. Empero, es evidente que tales grupos no constituyen su armazón ni las proveen de legitimidad y fuerza. Es necesario recurrir al criterio socioeconómico para descubrir cuáles son los grupos fundamentales que las constituyen; y valiéndose de él se observa la presencia de los distintos sectores que dominan y controlan la compleja estructura socioeconómica latinoamericana, a veces en conflicto entre ellos para asegurar el predominio de un sector sobre otro, pero generalmente predispuestos —salvo situaciones críticas— a ofrecer un frente capaz de resistir las presiones de los grupos sociales no participantes en el control de la vida socioeconómica.

Esos grupos fundamentales de las fuerzas políticas de la derecha son, pues, grupos socioeconómicos que, en situaciones caracterizadas por la existencia de un consenso general con respecto al orden establecido, ejercen el poder silenciosamente a través de diversos partidos políticos operando como grupos de presión, pero que en situaciones críticas se movilizan como fuerzas políticas recabando para sí el monopolio del poder —antes compartido, delegado o consentido— y asumiendo de manera activa la defensa del orden vigente, dentro del cual tienen una posición privilegiada.

En Latinoamérica, como en otras áreas, las fuerzas políticas de la derecha se han constituido históricamente incorporando nuevos grupos, cada uno con sus correspondientes tradiciones y sus correspondientes proyectos de acción, de modo que a través del tiempo su fisonomía se ha tornado cada vez más compleja y proteica. Analizadas en la situación propia de las postrimerías del siglo XVIII y en la época de los movimientos emancipadores, se advierte que su composición era más homogénea. Si la izquierda, llamémosle así, estaba constituida por las burguesías urbanas progresistas y liberales, la derecha estaba compuesta fundamentalmente por la clase señorial, apoyada en las instituciones coloniales que representaban la concepción hispanolusitana tradicional, y además en las clases populares especialmente rurales que desconfiaban de las burguesías urbanas y preferían el mantenimiento de la vigencia del orden paternalista tradicional. Esa derecha se oponía al cambio liberalburgués; pero, en cada etapa de ese cambio, consentía estratégicamente en el que ya se había operado y trataba de impedir que se consumara definitivamente, manifestándose entonces como una fuerza conservadora dentro del nuevo sistema, especialmente después de la emancipación.

La fisonomía de las fuerzas políticas de la derecha cambió cuando, operados los cambios propuestos por las burguesías urbanas progresistas y liberales, se desprendieron de éstas los grupos dominantes que trataron de monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Constituidos en oligarquías, esos grupos se entrecruzaron con las clases señoriales, dominándolas en parte, puesto que se constituyeron en las intermediarias de su actividad productiva tradicional, sirviéndolas en cierto modo y, además, utilizándolas para legitimar socialmente, con el entrecruzamiento, su nuevo status de grupo separado del resto del conjunto social. Como la clase señorial, también las nuevas oligarquías liberalburguesas se opusieron a la prosecución indefinida del cambio, preocupadas sobre todo por mantener el monopolio del poder; de modo que, aunque subsistieran las tensiones que existían entre ellas y la clase señorial, coincidieron en una misma actitud, aunque el nivel de los cambios tolerados fuera diferente en uno y otro grupo.

A partir de ese proceso—que, en general, se da en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX— las fuerzas políticas de la derecha muestran, independientemente de los matices locales y de los que les proveen los distintos sectores incorporados por razones simplemente políticas, una dualidad interna que resulta de esta conjunción propia de las situaciones creadas especialmente por la Revolución industrial. El entrecruzamiento de los grupos significó, naturalmente, un entrecruzamiento de actitudes y de doctrinas. Las clases señoriales se aburguesaron y las oligarquías liberalburguesas se señorializaron, pese a lo cual subsistieron definidos matices diferenciadores, algunos de los cuales permitieron que las oligarquías liberalburguesas siguieran llamando en alguna ocasión “derecha” a las formaciones políticas propias y exclusivas de las clases señoriales. Pero las clases medias y las clases populares con vocación de cambio —generalmente tan sólo político, pero algunas veces también so-cioeconómico— confundieron en un haz al conjunto y lo identificaron como una sola derecha, socioeconómica y política.

Esta fisonomía dual de las fuerzas políticas de la derecha subsistió hasta que se hicieron notar en Latinoamérica las influencias de la crisis europea de entreguerra, tanto en el orden económico como en el orden ideológico. En el seno de las clases señoriales preferentemente —aunque no únicamente— aparecieron grupos, generalmente juveniles, que denunciaron la crisis del liberalismo y optaron por algunas de las muchas filosofías antiliberales que aparecieron entonces: unas veces con fuerte matiz aristocratizante e inspirados en Maurras, y otras con varias tendencias sociales según modelos hispanolusitanos, italianos o alemanes. Pero muchos de ellos se desprendieron del simple ropaje ideológico y se introdujeron —o fueron introducidos— en el mecanismo socioeconómico de su país y de su situación, y apelaron a las masas escépticas y marginales que habían contribuido a formar las oligarquías liberalburguesas con su exclusivismo político y su libreempresismo. La apelación tuvo éxito en muchas partes, y esta corriente se vio apoyada por vigorosas masas que asombraron a los políticos de la democracia liberal, que no las esperaban en el escenario político. Por sus objetivos, los cuadros dirigentes parecían pertenecer inequívocamente a la derecha, puesto que aspiraban a la restauración de un orden jerárquico, al fortalecimiento del nacionalismo —que muchos habían dado por muerto a principios de siglo— y a un sistema de normas y principios en el que se mezclaban herrumbrados prejuicios señoriales con los más vulgares y adocenados prejuicios burgueses. Pero el conjunto pareció poseer un carisma especial, y halló repercusión en vastos sectores, porque, junto a eso, aparecieron signos de cierto antiimperialismo nacionalista, de una admisión de los principios de justicia social, de una reivindicación hispánica y de una inequívoca tendencia a denunciar la falacia de una democracia liberal, que más de una vez había sido utilizada como máscara por las oligarquías para su propio beneficio. El haz de la derecha quedó, pues, integrado con una fibra más, que introducía en el conjunto una nueva inflexión: la aceptación del cambio para orientarlo de acuerdo con un sistema tradicional de fines, entre los cuales aparecían los que un catolicismo renovado, o en trance de renovarse, revestía de modernidad.

Así se constituyó históricamente la derecha tal como hoy la descubrimos, multiforme y contradictoria; con cierta vocación de cambio lo suficientemente acentuada como para que los sectores populares —que parecían puntal seguro y necesario de la izquierda marxista— la consideren como una opción válida; con soluciones viables, puesto que, siendo relativamente avanzadas, encuentran un apoyo inesperado de grupos tradicionales, especialmente de ciertos sectores del clero católico y de ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y con una capacidad de acción, aparentemente dentro del sistema, que le asegura grandes posibilidades de éxito para intentar su transformación sin provocar excesiva alarma en los sectores poseedores.

De esta fuerza política proteica es de la que nos proponemos exponer el pensamiento político, señalando en cada etapa la situación en que la fuerza se constituye o se renueva y las influencias ideológicas que recibe.

2. Las raíces del pensamiento político de los grupos señoriales

Cualesquiera que hayan sido los cambios operados en la composición de las fuerzas políticas que, una y otra vez, han sido consideradas como de derecha, sus raíces penetran siempre en Latinoamérica hasta las profundidades de la estructura colonial. Aun en aquellos países donde esa estructura ha sufrido mayores modificaciones, la derecha —tanto en sentido socioeconómico como en sentido político— conserva claros vestigios de sus orígenes. En rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras.

La colonización hispanolusitana adoptó, en rigor, dos políticas divergentes. Por una parte, promovió la fundación de ciudades —especialmente la española— e hizo de ellas centros defensivos, no sólo del grupo colonizador, sino en especial de sus costumbres, sus normas, su religión y su lengua. En ellas, debía constituirse lentamente una burguesía urbana que no alcanzaría, empero, cierta fuerza hasta el siglo XVIII. Pero, al mismo tiempo, constituyó desde el primer momento una sociedad señorial, mediante el otorgamiento de inmensos privilegios a los conquistadores y colonizadores, quienes recibieron no sólo enormes extensiones de tierras o importantes regalías mineras, sino también la mano de obra gratuita que se necesitaba para hacer retributiva su explotación mediante la asignación de crecidos contingentes de indios confiados en encomienda.

Así quedó organizada una sociedad dual en la que los señores pertenecían a la raza conquistadora y la clase sometida a la raza indígena. Se agregó luego a ésta el contingente de esclavos negros que empezó a incorporarse por razones económicas y políticas, cuando resultó evidente la ineficiencia de la población indígena, o cuando el clamor contra su explotación pareció comprometer el prestigio de los conquistadores y debilitar los principios en que se fundaba la legitimidad de la conquista, sin que los argumentos en favor de los indios parecieran valer para los negros. Y, en favor de tal sistema, la clase poseedora de la tierra y de las poblaciones sometidas adquirió los caracteres de una aristocracia poderosa “renaciendo en las Indias —observa Ots Capdequí—[2] usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de superación en la España peninsular”.

Una intrincada combinación de intereses, necesidades y prejuicios moldeó las formas de comportamiento de esa clase. El designio de un rápido enriquecimiento —como el que hubiera producido un saqueo feliz en Flandes o en Italia— incitó a sus miembros a ejercitar una despiadada explotación de la población indígena. Mientras en la metrópoli se discutía sobre la condición espiritual y jurídica de los indios, el encomendero se valía de ellos para resolver su urgente problema de enriquecerse y volver cuanto antes a la civilización, a Lisboa o a Sevilla, para gozar del fruto de su esfuerzo. Refiriéndose al Brasil escribía a principios del siglo XVII Fray Vicente del Salvador:[3]

De este modo hay pobladores que, por más arraigados que estén en la tierra, todo lo pretenden llevar a Portugal; porque todo lo quieren para allá, y esto, no vale solamente para los que de allá vinieron, sino también para los que de aquí nacieron, pues unos y otros aprovechan la tierra, no como señores, sino como usufructuarios, y sólo para disfrutarla la dejan destruida.

El mismo estado de ánimo prevalecía entre los españoles. Aquel apremio y el complejo haz de opiniones sobre los infieles que poblaba la mentalidad del conquistador, acentuó su convicción de que pertenecía a una especie diferente de la de los conquistados, a quienes juzgó lícito someter y explotar. Esa convicción era ya vigorosa cuando, en 1510, pronunció Fray Antonio de Montesinos en la Española el famoso sermón que conserva Las Casas,[4] en el que denunció los excesos cometidos por los conquistadores:

Para darlos a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más suave que nunca oísteis, la más áspera y dura.

Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, y con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día … ? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No son obligados a curallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen u no quieren la fe de Jesucristo.

Los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo —cualquiera que fuese su originaria condición social— una posición de riqueza y privilegio semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura. El cronista anónimo[5] que compuso la Descripción del Virreinato del Perú a principios del siglo XVII decía refiriéndose a los españoles de ese territorio: “Son soberbios, jactanciosos, se precian de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra”.

Y en el siglo siguiente escribía el viajero holandés Van Vliervelt[6] sobre los portugueses del Brasil: “Lo cierto es que en todos los tiempos se vieron en el Brasil portugueses que habían nacido en Europa en la oscuridad y la pobreza, y que vivían con un lujo y una grandeza que los principales nobles de Lisboa no hubieran osado ostentar en la Corte”.

La costumbre consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la Colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró —ni, en rigor, se lo propuso— contener el proceso de señorialización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes.

Los conquistadores y colonizadores alcanzaban poder económico, social y político al recibir tierras, indios en encomienda y jurisdicción, y en tales poderes sentaron una posición tan alta y tan sólida que el paso del tiempo no hizo sino vigorizarla. Las rebeliones indígenas fueron escasas, ocasionales, y revelaron la total impotencia de los sometidos. Por su parte, los grupos mestizos se constituyeron como tales, aunque muy lentamente, durante el período colonial, y sus miembros se limitaron a buscar la posibilidad de lograr alguna vía de ascenso dentro del sistema. Lo mismo hicieron los blancos —peninsulares y criollos— que carecían de tierras, o los que poseían pequeñas parcelas de escaso número de indios encomendados, o los que habían perdido lo que tuvieron. De este modo, el sistema se consolidó en el juego de las situaciones reales, y dentro de él los grupos señoriales cristalizaron como un conjunto definido y netamente separado del resto.

Al finalizar el siglo XVIII la situación social del mundo colonial hispanolusitano ofrecía el cuadro de una rígida sociedad dual. Refiriéndose a la sociedad mexicana, decía por entonces, en un notable documento, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo[7] —el mismo que lanzaría más tarde el edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo—:

… la Nueva España se componía, con corta diferencia, de cuatro millones de habitantes que se pueden dividir en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles comprendían un décimo total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas, y uno de indios puros. Los indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes, hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones: son todos ricos o miserables, nobles o infames… En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte es poco y en todas las demás los daña mucho.

No tienen propiedad individual… separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas… En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insul-tos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

Poco después Alejandro de Humboldt visitaba la isla de Cuba, sobre cuya sociedad, fundada en el trabajo esclavo, escribiría años más tarde unas páginas penetrantes en las que señalaba los rasgos de los grupos señoriales:[8] “…pero en todas las islas, los blancos se creen los más fuertes; porque les parece imposible toda simultaneidad (en la acción) por parte de los negros, y consideran como una cobardía toda mudanza y toda concesión hecha a la población sujeta a la servidumbre”.

Así consolidados a lo largo de tres siglos, firmemente delineados los límites que los separaban del conjunto social y rigurosamente codificados sus privilegios, los grupos señoriales adquirieron los rasgos de una aristocracia incapaz de imaginar la posibilidad de que se produjera cambio alguno en la estructura socioeconómica en la que ocupaba el más alto nivel. Pero durante esos tres siglos, y mientras se consolidaba la estructura socioeconómica, también se diferenciaban y desarrollaban grupos diversos por debajo de la clase señorial. Apenas hubo, antes de la crisis de la Independencia, ocasión para que los grupos señoriales tuvieran que justificar o defender sus privilegios, puesto que todo el sistema absolutista de fundamento religioso vigente en el mundo colonial comportaba una justificación suficiente. Todo desafío al privilegio suponía un desafío a la totalidad del sistema. Pero de hecho, los otros grupos sociales crecían y aprovechaban las posibilidades de movilidad social que ofrecía una sociedad que, aunque fundada en la hegemonía de una clase señorial, participaba del sistema mercantil que ajustaba y perfeccionaba sus mecanismos en el área de expansión europea y pugnaba por quebrar la rigidez del sistema monopolístico colonial.

Frente a esos grupos, y especialmente frente a las nacientes burguesías urbanas —burguesías letradas que a fines del siglo XVIII recibían la influencia del pensamiento político de los filósofos franceses—, los grupos señoriales estrecharon sus filas alrededor de los principios fundamentales del sistema. Horrorizados ante el regicidio y ante la posibilidad de una limitación del poder monárquico que introdujera la representación popular, los grupos señoriales adhirieron ferviente y activamente a las ideas que expresó mejor que nadie, a fines del siglo XVIII, el arzobispo de Chuquisaca, San Alberto:[9]

El rey no está sujeto, ni su autoridad depende del pueblo mismo sobre quien reina y manda, y decir lo contrario sería decir que la cabeza está sujeta a los pies, el sol a las estrellas y la suprema inteligencia motriz a los cielos inferiores… La cárcel, el destierro, el presidio, los azotes o la confiscación, el fuego, el cadalso, el cuchillo y la muerte son penas justamente establecidas contra el vasallo inobediente, díscolo, tumultuario, sedicioso, infiel y traidor a su Soberano, quien no en vano, como dice el Apóstol, llevaba espada.

El apoyo prestado por los grupos señoriales al principio de la monarquía absoluta de derecho divino no sólo expresaba su adhesión al sistema institucional vigente en la metrópoli y el mundo colonial, sino que significaba también su identificación con el principio de la inmutabilidad del orden universal, cuya proyección en el mundo social era la ilegitimidad de todo cambio. Esa concepción, de tradición cristianofeudal, fraguaría como una de las notas fundamentales de su actitud política, y luego de su pensamiento, y perduraría, expresada de diversas maneras enmascarada a veces, a través de las cambiantes situaciones históricas. Como actitud, fue intensamente vivida y se ma-nifestó en su comportamiento político, y cuando las circunstancias desafiaron ese principio, fue racionalizada, formulada en términos doctrinarios y defendida, polémicamente.

Pero mucho antes de que pareciera necesario defender la totalidad del sistema —en cuanto garantía última de la posición de los grupos señoriales en el seno del conjunto social— debieron éstos defender esa posición y justificarla. En términos doctrinarios la justificó, en los primeros tiempos de la conquista, el teólogo español Juan Ginés de Sepúlveda,[10] sosteniendo el principio de la desigualdad social. Decía en el Democrates alter:

Nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comuni-dad de derecho… lo cual se ha de evitar no sólo en los hombres tomados particularmente, sino también en la totalidad de las naciones, porque la varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a los hombres libres, o el poder regio que imita al paterno: a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en ciertas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados.

Y agregaba en otro lugar:[11]

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! Si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes elementalísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres.

Este principio general de la superioridad de los europeos civilizados y cristianos sobre los indios y los negros bárbaros e infieles, fue traducido a términos específicos cuando peligraron los privilegios concretos que la conquista había deparado a aquéllos. Los conquistadores y colonizadores fundaban su condición social en la posesión de tierras y de indios encomendados, y muy pronto consideraron que tales privilegios, formalmente concedidos, eran inalienables y constituían la condición inexcusable de su status. Así lo manifestaron ya en 1542 cuando la corona española pretendió despojar a los encomenderos de los indios que trabajaban en su beneficio, con argumentos que el cronista Agustín de Zárate[12] recogió de los españoles del Perú:

…estas ordenanzas se hizieron y publicaron en la villa de Madrid, en el año de quinientos y cuarenta y dos, y luego se embiaron los treslados dellas a diversas partes de la Indias, de que se recibió muy gran escándalo entre los conquistadores dellas, especialmente, en la provincia del Perú, donde más general era el daño, pues ningún vecino quedaba, sin quitársele toda su hazienda, y tener necesidad de buscar de nueuo que comer; y decían, que su Magestad no auía sido bien informado en aquella prouision, pues si ellos auianseguido dos parcialidades, auia sido parecien- doles que las cabeças dellas eran Gouernadores, y se lo mandaban en nombre de su Magestad, y que no podían dejar de cumplir por fuerca o por grado sus mandamientos, y así no era aquella culpa, porque debiessen ser despojados de sus hazien- das, y que demas desto al tiempo que a su costa descubrieron la provincia del Perú, se auia capitulado con ellos, que se les auian de dar los Indios por sus vidas, y des- pues de muertos, auian de quedar a su hijo mayor, o a sus mugeres no teniendo hijos, y que en confirmación desto, pocos días antes su Magestad auia embiado a mandar a todos los conquistadores que dentro de cierto tiempo se casassen, so pena de perdimiento de los Indios, y que en cumplimiento dello, los más se auian casado, y que no era justo, que despues que estauan viejos y cansados, y con mugeres pensando tener alguna quietud y reposo, se les quitase sus haziendas, pues no tenian edad ni salud para ir a buscar nueuas tierras y descubrimientos.

Esta certidumbre de la legitimidad del privilegio, concedido originariamente por gracia real pero conquistado luego y legitimado en la acción mediante el esfuerzo y el sacrificio, fraguó definitivamente en la concepción social y política de los grupos señoriales, y los transformó en una casta de poseedores radicalmente separada de los no poseedores. Cada uno de los poseedores lo era de su hacienda y de sus indios y esclavos; pero la casta en conjunto era la poseedora de la comarca, la depositarla de sus únicas tradiciones legítimas, la representante de las virtudes supremas. Era inevitable que la casta se considerara también como el cuerpo político, con exclusión de los demás grupos sociales. Así se conformaron una actitud, primero, y luego, cuando fue necesario un pensamiento político, que obraron a través de los grupos señoriales transformándolos en una fuerza política de derecha, cuando aparecieron enfrente de ellos los grupos so-ciales insurgentes que negaban la inmutabilidad del orden y la legitimidad de una estructura socioeconómica fundada en la desigualdad.

3. El pensamiento político de los grupos señoriales y burgueses desde la Independencia

Tras algunos frustrados intentos, los grupos sociales desposeídos o disconformistas irrumpieron en la vida política —en alguna medida— al producirse los movimientos emancipadores. Algunos de esos grupos los promovieron, reclamando paladinamente una participación política a la que juzgaban tener derecho y que antes les había sido negada; otros, se sumaron a ellos o procuraron aprovecharlos de alguna manera para mejorar su condición. Pero el conjunto de tales acciones pareció amenazar no sólo el orden político tradicional, fundado en la dependencia colonial, sino también el orden social y económico, puesto que era lícito prever que los nuevos grupos incorporados al gobierno —generalmente liberales— infundirían a su acción un sentido más favorable a los intereses de los sectores medios y populares. Hubo, en consecuencia, una vigorosa reacción de los grupos señoriales contra los movimientos emancipadores. Empero, una vez consolidados éstos, los grupos señoriales aceptaron el hecho consumado y siguieron operando dentro del nuevo régimen para conservar o recuperar su ascendiente político y, sobre todo, para defender la estructura socioeconómica tradicional que ellos controlaban. Con respecto a ambos objetivos hubo grados diversos de intensidad en la acción y varia-das actitudes políticas; pero todas ellas configuraron una política de derecha antiliberal con respecto a los grupos que aspiraban a consumar o a extremar los cambios operados.

Al mismo tiempo se constituyó una nueva derecha, liberal, monárquica, o republicana según los casos. Nació el patriciado revolucionario, y su desplazamiento hacia la derecha fue fruto del inevitable descontento que produjeron, en quienes habían desencadenado el cambio, las imprevisibles consecuencias que la dinámica del cambio suscitó. Por eso se caracterizó por su intento de contener el proceso que había lanzado, tratando además de consolidar el nuevo régimen político y económico en beneficio de esa alta burguesía que comenzaba, por cierto, a estrechar sus vínculos con los grupos señoriales, aun cuando algunas diferencias los separaran.

Esos vínculos crearon una superficial identidad entre las dos alas de la derecha, la antiliberal y la liberal. Pero su comportamiento fue distinto, y las perspectivas que cada una de ellas abrió para el futuro, distintas también.

La continuidad de la situación social

Frente a la insurgencia, los grupos señoriales descubrieron diversos peligros. Ante todo, la amenaza de la ruptura de los vínculos de dependencia colonial pareció un cataclismo cuyos resultados serían nefastos, puesto que sustraían al orden vigente sus fundamentos tradicionales y hasta entonces indiscutidos. La reacción se manifestó como un alarde de lealtad respecto a la metrópoli, a la corona, a las instituciones y a los principios del absolutismo, que se creyeron obligados a hacer, antes que nadie, quienes ejercían la autoridad eclesiástica, militar y civil.

En el Río de la Plata, el ex virrey Santiago de Liniers,[13] francés de origen, progresista dentro del sistema colonial y héroe de la resistencia contra los invasores ingleses pocos años antes, encabezó la oposición al movimiento revolucionario de Buenos Aires, declarando que:

…aquel que adhiriese al partido de la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y aprobase la deposición del Virrey y demás que se había hecho, debía ser tenido por un traidor a los intereses de la Nación; que la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria en la crítica situación en que se hallaba por la atroz usurpación de Napoleón, era igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo.

Análoga apelación a la fidelidad debida a España hizo el obispo de Michoacán al fundamentar la excomunión que lanzó contra el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, alzado en armas:[14]

La Nueva España, que había admirado a la Europa por los más brillantes testimonios de lealtad y patriotismo a favor de la Madre Patria, apoyándola y sosteniéndola con sus tesoros, con su opinión y sus escritos, manteniendo la paz y la concordia a pesar de las insidias y tramas del tirano del mundo, se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía, y con todas las desgracias que la siguen y ha sufrido la citada isla de Santo Domingo. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas (no quisiera decirlo), el cura de dolores D. Miguel Hidalgo (que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad), asociado de los capitanes del regimiento de la Reina D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama y D. José Mariano Abasolo, levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas… E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando Vil, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ‘Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Femando VII. Viva la América y muera el mal gobierno’.

Y luego declara:

Que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del canon: siquis, suadente Diabolo… Item declaro que el dicho cura Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo y calumniadores de los europeos… Los europeos no tienen ni pueden tener otros intereses que los mismos que tenéis vosotros los naturales del país, es a saber, auxiliar a la Madre Patria en cuanto se pueda, defender estos dominios de toda invasión extranjera para el soberano que hemos jurado o cualquiera otro de su dinastía bajo el gobierno que le representa según y en la forma que resuelva la nación representada en las cortes que, como se sabe, se están celebrando en Cádiz o Isla de León con los representantes interinos de las Américas, mientras llegan sus propietarios.

Pero estas apelaciones a la lealtad sólo correspondían a uno de los riesgos que se avistaban. Además del peligro de la ruptura del vínculo de dependencia, se advertía que los grupos insurgentes enarbolaban una filosofía política nueva, aprendida en la obra de pensadores a quienes la Revolución Francesa había otorgado siniestra fama a los ojos de los tradicionalistas, y que gozaban de extraordinario prestigio, en cambio, para las nacientes burguesías urbanas y, en general, para los criollos que soñaban con el gobierno propio como instrumento para una política que los libertara de la sumisión. Eran los que creían que los europeos tenían “otros intereses”, según la frase recogida por el obispo de Michoacán. Esos europeos —o los que por solidarizarse con el orden vigente se consideraban europeos— vieron en los movimientos emancipadores no sólo esa intención, sino sobre todo la de instaurar nuevos regímenes de gobierno, fundados en principios que amenazaban no sólo la vida política sino también el orden económico y social. Por eso se opuso al movimiento emancipador el autor de los Recuerdos sobre la rebelión en Caracas, José Domingo Díaz,[15] nacido en esa ciudad, que la execraba por los grupos de insurgentes que habían aparecido en ella. Díaz, escribiendo en 1829, reseñaba la prosperidad de la Venezuela colonial y agregaba luego:

Por desgracia estos mismos bienes trajeron consigo males de unas conse-cuencias incalculables. Se olvidó por los gobernantes el severo cumplimiento de una de las leyes fundamentales de aquellos dominios, prohibitiva de la introducción de extranjeros, y se encontró en la concurrencia mercantil el medio de relajar el de la de los libros prohibidos. La ignorancia, la imprecaución, la malicia o la novelería hacían ver entonces como llenas de sabiduría las producciones de aquella gavilla de sediciosos llamados filósofos, que, abrigados en París como en su principal residencia, había medio siglo que trabajaban sin cesaren llevar al cabo su funesta conjuración: la anarquía del género humano. El mundo entero estaba anegado con estos pestilentes escritos, y ellos también penetraron en Caracas, y en la casa de una de sus principales familias. Allí fue en donde se oyeron por la primera vez los funestos derechos del hombre, y de donde cundieron sordamente por todos los jóvenes de las numerosas ramas de aquella familia. Encantados con el hermoso lenguaje de los conjurados creyeron que la sabiduría era una propiedad exclusiva para ellos. Allí fue y en aquella época cuando se comenzó a preparar, sin prever los resultados, el campo en que algún día había de desarrollar tan funestamente la semilla que sembraban; y entonces fue también cuando las costumbres y la moral de aquella joven generación comenzó a diferir tan esencialmente de las costumbres y la moral de sus padres. Yo era entonces muy niño, condiscípulo y amigo de muchos de ellos: los vi, los oí, y fui testigo de estas verdades.

La Revolución Francesa, sucedida por entonces, fue el triunfo de la conjura-ción, y el resultado de cien años de maquinaciones. Las escandalosas escenas de aquella época llevaron el asombro y el espanto a todos los pueblos del mundo: ate-rraron a los hombres de bien con la imagen de un porvenir inconcebible, y exaltaron las cabezas del necio, del presumido ignorante y del hombre perdido, que creía llegado el momento, o de representar en la sociedad un papel que no le pertenecía por sus vicios o su incapacidad, o de adquirir una fortuna a costa de los demás.

El sentimiento antiliberal, mucho más que el de lealtad a la metrópoli, fue el que movió a ciertos grupos tradicionalistas a oponerse al movimiento emancipador; hasta tal punto que, cuando la metrópoli cedió a la presión de los grupos liberales, los tradicionalistas promovieron la independencia allí donde habían conseguido mantener la sujeción. Tal fue el caso de Nueva España y la capitanía de Guatemala, en donde la independencia fue promovida por la alta jerarquía militar y eclesiástica y los grupos señoriales después de la Revolución de Riego en 1820, que restauró la constitución aprobada por las cortes de Cádiz en 1812; a ella achacaba todos los males de México Lucas Alamán:[16]

La primera desgracia de nuestra Independencia, la causa principal de que no haya producido mejores frutos, no es otra cosa que haber nacido después de publicada y comenzada a ejecutar la constitución española (de 1812). España quedó harto vengada del agravio que recibió con nuestra separación, dejándonos por herencia ese funesto presente.

Caso análogo, en cierta medida, fue el del Brasil, donde la agitación independentista se precipitó con motivo de la Revolución que estalló en Portugal en 1820 —la Revolución de Oporto— y a la que siguieron las Cortes de Lisboa y la nueva legislación liberal. En ambos casos resultaron de las revoluciones americanas dos regímenes monárquicos: el de Iturbide en México y el de Pedro I en el Brasil.

El tumultuoso proceso revolucionario y las crisis civiles que hubo luego en muchos países no fueron, empero, suficientemente profundos como para provocar un cambio en la estructura social y económica: los grupos radicales fueron neutralizados o se abstuvieron por sí mismos de llegar hasta allí. Un ligero examen de la situación durante la segunda mitad del siglo XIX muestra que las condiciones de vida de los esclavos —donde aún existían—, de los libertos, de los indios y de los grupos derivados, así como de vastos sectores de población blanca desposeída y vinculada a la actividad rural, conservaban los mismos rasgos de la época colonial, así como se conservaba el régimen de la tierra. Importantes testimonios son ciertos novelistas de ese período: el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, el guatemalteco José Milla, el ecuatoriano José León Mera, el brasileño José de Alençar, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, pero acaso más que ninguno el colombiano Jorge Isaacs, que ofrece en María un cuadro explícito de la persistencia de la so-ciedad tradicional.

Algo había cambiado, sin embargo. Los grupos señoriales de raíz colonial aceptaron la emancipación como un hecho consumado, y también los regímenes políticos que surgieron de ella; pero trabajaron desde dentro del sistema para influir en él, tratando de recuperar la situación perdida a través de un duelo constante con sus adversarios: esta tensión más que el pleno dominio de antes, caracterizó ahora la situación. Pero, además los grupos señoriales habían comenzado a cambiar de fisonomía. Las revoluciones y las guerras civiles proporcionaron la ocasión para que ascendieran gentes antes desposeídas, mediante la apropiación de tierras, el ejercicio deshonesto del poder o los matrimonios ventajosos. La carrera militar abrió las puertas a muchos mestizos y mulatos que se incorporaron así a las clases ricas, y las actividades comerciales —y en particular el aprovisionamiento de los ejércitos— sirvieron a otros para acumular fortunas que pronto fueron reinvertidas en tierras. Así se modificaron sensiblemente los grupos señoriales. Por su nueva composición se mantuvieron dentro del sistema moviéndose con soltura y eficacia, y por su antigua tradición se constituyeron en la derecha del sistema. Entretanto, aquellas mismas causas habían emancipado en alguna medida a ciertos sectores populares del mundo rural, arrastrados por las levas militares o enganchados en las rebeliones de las aristocracias rurales.

El conjunto social de ese mundo rural quedó alterado por la presencia de estos grupos. Los caracterizó, en el Río de la Plata, Domingo F. Sarmiento en el Facundo[17] con motivo de la secesión de José Artigas; y en Venezuela, Fermín Toro en sus Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1884.[18] En ese ámbito, las actitudes políticas se tornaron fluidas, indefinibles, porque el ámbito social fue hostil a toda regulación. Pero en todo caso, los grupos señoriales, con su cambiante fisonomía, no sólo mantuvieron su posición hegemónica dentro de una estructura económica conservada en lo fundamental, sino que recuperaron su poder político una y otra vez, en juego alterno con otras fuerzas, aprovechando cada oportunidad para robustecer su posición.

La continuidad del pensamiento político

A la continuidad de la situación socioeconómica correspondió una marcada continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales. La tradición hispánica y lusitana ofrecía una imagen armoniosa de la vida política ordenada y estable, cuyos sólidos e indiscutibles fundamentos aseguraban el tranquilo goce de sus bienes a quienes los poseían. Los grupos señoriales mantuvieron como espejo de toda política este cuadro, siempre idealizado, y procuraron corregir el agitado juego de la lucha por el poder imponiendo, cada vez que las circunstancias lo permitían, una pausa asegurada por la vía del autoritarismo. Los viejos y tradicionales grupos señoriales trajeron a este programa a los grupos nuevos surgidos al calor de las luchas revolucionarias y las guerras civiles.

Pero recibieron, además, el apoyo y la solidaridad, no sólo de los grupos populares que se mantuvieron políticamente inertes, sino también de algunos grupos urbanos medios que aspiraban a consolidar las primeras etapas del cambio, a conservar su nuevo status sin más riesgos y a impedir que sucesivas olas de radicalización perjudicasen su posición o alterasen la paz y el orden.

Así, integrados dentro del nuevo régimen y apoyados por grupos de intereses coincidentes en distinta escala, los grupos señoriales constituyeron los partidos conservadores en un sistema que, en principio, se manifestó como bipartidista. Sarmiento explicaba esta mecánica de los partidos en 1845:[19]

Cuando un pueblo entra en Revolución, dos intereses opuestos luchan al principio; el revolucionario y el conservador: entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían, patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos que querrían llevar la Revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones, que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores.

Las divisiones expresaron la oposición entre los que disputaban el poder; pero la oposición entre liberales y conservadores siguió expresando, netamente, una diferenciación ideológica, o, más aún, dos concepciones de la vida y de la historia, como lo expresaría a través de un largo examen pocos años después Juan Montalvo en un agudo ensayo.[20]

Un periódico quiteño[21] definía, en 1868, el pensamiento de los partidos conservadores en estos términos:

El Partido conservador, en las Repúblicas americanas, lo mismo que en las Monarquías europeas, es el partido que sostiene el orden, que predica la paz, que defiende los sacrosantos principios de la justicia y el derecho; en una palabra, que conserva la sociedad en vez de desquiciarla y anarquizarla como sucede cuando se proclama la insuficiencia de las instituciones y se aboga por la dictadura que es la muerte de la República.

La conservación de la sociedad significaba, en general, el mantenimiento de la sociedad vigente. En las elecciones colombianas de 1848, el candidato conservador, “…el doctor Cuervo era reputado como la personificación más completa del sistema que aspiraba a conservar sin cambio el actual orden de cosas”.[22]

Y esta expresión —”orden de cosas” — aludía particularmente a algunas cuestiones fundamentales que los adversarios del conservadurismo cuestionaban.

Ante todo, parecía imprescindible asegurar el mantenimiento de la gran propiedad con todos sus privilegios, entre los cuales figuraba, fuera de los propiamente económicos, una vaga jurisdicción política y administrativa del señor dentro de su propiedad y aun en su zona de influencia, resabio del sistema colonial. Cualquier transformación política, electoral, administrativo o judicial que conspirara contra esa imprecisa jurisdicción señorial repercutía sobre el uso que el señor podía hacer de su propiedad, y suscitaba una enconada resistencia por parte de quienes se sentían amenazados.

Entre tales amenazas, ninguna tan grave como la abolición de la esclavitud. Desde los primeros tiempos de la Independencia, el abolicionismo dividió las opiniones, porque los poseedores de la tierra creyeron que sin esclavos los beneficios de sus explotaciones disminuirían notablemente. Los argumentos en favor del mantenimiento de la esclavitud fueron esgrimidos por los grupos señoriales con habilidad y cierto cinismo. En 1823 mientras se discutía el problema en el Senado chileno, escribía Santiago Muñoz Bezanilla en el periódico santiaguino El Tizón Republicano:[23]

El senado ha sancionado la libertad de los esclavos: deseamos saber las razones en que se funda para disponer de las propiedades particulares, o el derecho que para él se hayan conferido los pueblos que han depositado en él la protección de su seguridad.

Entre atacar el sagrado derecho de propiedad y consultar el alivio de nues-tros semejantes, sólo había el arbitrio que el Congreso adoptó en 1811: éste fue el de la libertad de los vientres; pues el hombre es el príncipe de la naturaleza; y aunque siempre miraremos aquella disposición como dictada por la filantropía y por la primera de las ideas liberales, no dejaremos de decir que padeció de un vicio insondable, como llaman en el foro al hecho vicioso que consta de autos, que es decir indudable, y fue el de no haber antes reglado exactamente el importante ramo de policía.

Muñoz Bezanilla reforzaba sus argumentos a favor de la propiedad privada de los señores esclavistas enumerando los perjuicios que traería a los libertos la falta de protección. Esos y otros argumentos semejantes se esgrimieron también en Colombia en 1849:[24]

Los esclavos, se decía, son una propiedad de los amos, y el legislador no tiene derecho para suprimirla, porque el derecho de propiedad es anterior y superior a la ley: la propiedad es un dogma de las sociedades civilizadas. Si la raza negra no está sometida al trabajo forzado, se entregará a la ociosidad y a los crímenes. No se podrán cultivar las haciendas por falta de trabajadores, La suerte de esa raza será mucho más desgraciada en la libertad, porque no tendrá quien los vista y los mantenga: será una crueldad emanciparlos.

Y tales razonamientos parecían valer aún en las postrimerías del siglo, cuando en el Brasil, Ruy Barbosa los examinó minuciosamente y los condenó en su memorable discurso de 1896, en la muerte de José Bonifacio.[25]

No menos decidida fue la defensa contra la amenaza de cualquier legislación que procurara la liberación del siervo rural. La guerra civil suscitada en México por la Reforma, que halló forma legal en la constitución de 1857, probó la decisión de la clase señorial. Durante las discusiones del Congreso Constituyente de 1856, Ignacio L. Va-llarta,[26] que se opondría a que figuraran las reformas sociales en el texto constitucional, señalaría las formas de la opresión. Decía:

El propietario abusa cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no creados por la ley que representan los valores, cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado, para indemnizar deudas anterio-res; cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; cuando… es muy largo el ca-tálogo de los abusos de la riqueza en la sociedad.

Y los propietarios, con el fuerte apoyo de la Iglesia propietaria, resistieron enérgicamente las medidas reformistas, desencadenando la guerra civil.

Vallarta se opuso sólo por razones técnico-jurídicas a la inclusión de los derechos sociales en la constitución, pero la opinión conservadora se oponía por otras razones; en primer lugar, porque sentía en peligro sus intereses, pero más aún porque no comprendía que pudiera proponerse una legislación que iniciaba o proseguía el camino hacia la disolución de la sociedad fundada en la desigualdad, en cuya legitimidad creía. Esta creencia era muy profunda; arraigaba en la concepción colonial, y se mantenía vigorosa pese a la difusión de las ideas liberales y a la gravitación de principios jurídicos institucionalizados que establecían taxativamente una sociedad igualitaria. Los grupos señoriales permanecían impermeables a ellos, precisamente porque se trataba de una convicción arraigada en una situación social y económica inconmovible.

Quizá ningún teórico político haya expresado esta actitud de manera tan contundente como lo hizo el poeta peruano Felipe Pardo y Aliaga a mediados del siglo XIX, en una poesía que tituló A mi hijo en sus días:[27]

Dichoso, hijo mío,

tú, que veintiún años cumpliste:

dichoso que ya te hiciste

ciudadano del Perú.

Este día suspirado

celebra de buena gana,

y vuelve orondo mañana

a la hacienda y esponjado,

viendo que ya eres igual,

según lo mandan las leyes,

al negro que unce tus bueyes

y al que te riega el maizal.

Y vale la pena citar otra obra del mismo autor, porque perfecciona la imagen que el grupo social que él representaba se hacía de la legitimidad y las ventajas de un sistema político igualitario en una sociedad que juzgaba necesariamente desigual. Decía Pardo y Aliaga en el soneto titulado El Rey Nuestro Señor:[28]

Invención de estrambótico artificio,

existe un rey que por las calles vaga:

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

a la licencia y al motín propicio;

voluntarioso autócrata, que oficio

hace en la tierra, de ominosa plaga:

Príncipe de memoria tan aciaga,

que a nuestro redentor llevó al suplicio.

Sultán que el freno de la ley no sufre

y de cuya injusticia no hay reintegro;

rey por Luzbel ungido con azufre;

Cruza de tres tintas,

indio, blanco y negro,

que rige el continente americano,

y que se llama Pueblo Soberano.

No puede dudarse de que yacía tras esa burla un vigoroso pensamiento político, heredado de los encomenderos.

El pensamiento político de la derecha antiliberal

Incorporados al nuevo régimen suscitado por la Independencia, los grupos señoriales se convirtieron en el núcleo conservador que se dispuso a participar en la vida política para defender y consolidar sus posiciones. La expresión más genuina de su pensamiento estuvo representada por la derecha antiliberal, extremista y fanática, en cuyas ideas pesaba no solamente su tradicionalismo y su predisposición a la conservación del orden, sino también el horror que le causaba la experiencia de los regímenes surgidos del liberalismo o establecidos sobre sus principios. El liberalismo era para ellos ateísmo, caos, desenfreno; era también el signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica. Su reacción fue idéntica a la del romanticismo europeo, y como él creyó en la necesidad y en la posibilidad de una restauración del mundo, que había sido destruido. Este intento restaurador exigió cierto precio, y los grupos señoriales aterrorizados no vacilaron en pagarlo, aun cuando a veces comprobaron después que había sido excesivo.

Entre tantos temores, cada grupo puso el acento sobre el problema que más amenazante le parecía. Hubo numerosos matices en la reacción antiliberal. Pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, esa reacción conducía siempre a la instauración de un poder fuerte, del que se esperaba que operara la soñada restauración del pasado. Ahora bien, el poder fuerte —como los gobiernos europeos de la Restauración— no logró restaurar mucho. Como poder político pactó con las situaciones reales y en cada caso elaboró soluciones transaccionales de diverso alcance. Sólo la tendencia a detener el proceso de cambio fue común a todos, aun cuando en cada caso asumiera caracteres diversos.

Los grupos representativos de la derecha antiliberal actuaron en todos los países latinoamericanos después de la Independencia. Pero su actitud alcanzó singular significación en tres casos que conviene analizar separadamente: el del Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López, el de la Argentina en la época de Rosas y el del Ecuador en la época de García Moreno.

El Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López

El Congreso de 1814 consagró Dictador Supremo de la República del Paraguay al doctor Francia por cinco años; pero en 1816 otro congreso lo proclamó dictador perpetuo. La población de las áreas rurales apoyó una y otra designación, confiada en su capacidad de asegurar el orden. No pareció obstáculo que el doctor Fran-cia fuera notorio volteriano, porque el anhelo de orden fue superior a cualquier otro. Sólo las minorías ilustradas aspiraban a un régimen republicano. Pero “el astuto doctor adulaba la vanidad y estimulaba la codicia de todos ellos —escribe Robertson— El alcalde indio, el pequeño chacarero, el ganadero, el pulpero, el comerciante y el hacendado, todos fueron presas suyas”.[29] Es decir, toda la sociedad tradicional y su vasta clientela. Así fundó su dictadura, que duraría hasta 1840.

El doctor Francia, lector de Voltaire, Rousseau y Volney, y hostil a la tradición jesuítica del Paraguay, se enfrentó con la Iglesia, redujo sus privilegios y sometió a los religiosos a la tutela del Estado. El gobierno —decía con motivo de haber suspendido al obispo— “…no está, ni puede, ni debe estar ligado y ceñido a ninguna de las llamadas prácticas y disposiciones canónicas: siendo y debiendo ser solamente su regla el interés de Estado”.[30]

Pero fue ése el único vestigio de su formación liberal. A la inversa de lo que ocurrió con el movimiento de la Ilustración en España, la religión fue el único campo en el que el doctor Francia adoptó las ideas francesas del siglo XVIII; en los demás se mantuvo adherido al pensamiento tradicional español, y particularmente en el campo po-lítico.

Quizá creyó ser el doctor Francia un déspota ilustrado. Pero los grupos sociales esperaban de él, solamente, que fuera un déspota, con la consigna de impedir que la anarquía predominante en otras regiones de la América española ganara también el Paraguay. autoritarismo y centralización fueron los rasgos fundamentales de su largo gobierno, tan extremados bajo la forma de un poder tiránico que, al fin, también sufrieron sus consecuencias los grandes grupos señoriales. Algunos años después de su muerte decía el presidente Carlos Antonio López refiriéndose al doctor Francia:[31]

Por la concentración desmedida que estableció en la Administración, no había establecimiento ni institución alguna de las que en todas partes del mundo culto sirven de resortes a la Administración y ayudan la acción del Gobierno. Así es que no habían sino meros escribientes, ni se habían podido formar capacidades administrativas, judiciales, policiales, que pudiesen secundar las miras y trabajos del gobierno. No había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y religiosa; había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas y el tiempo había reducido al clero a un número muy diminuto de sacerdotes.

Pero nadie dio una imagen tan exacta de su autoritarismo y de sus designios centralizadores como él mismo, en un oficio que dirigió en 1828 al comandante de Itapúa:[32]

Aquí, cuando recibí este desdichado Gobierno no encontré de cuenta de Tesorería, ni dinero, ni una vara de género, ni armas, ni municiones, ni ninguna clase de auxilios, y no obstante he estado y estoy sosteniendo los crecidos gastos, la provisión y apresto de artículos de guerra que demanda el resguardo y seguridad general a más de costosas obras y faenas a fuerza de arbitrios, de maña, de diligencia aún con otros países, y de un incesante trabajo y desvelo supliendo por oficios y ministerios que otros debían desempeñar en lo civil, en lo militar y hasta en lo mecánico, recargado por todo esto aún de ocupaciones que no me corresponden, ni me eran decentes, todo esto por hallarme en un país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo por sacar al Paraguay de la infelicidad, y abatimiento en que ha estado sumido por tres siglos.

Tenía esta actitud política una finalidad: sustraer el país a la anarquía y asegurar el orden: pero, en rigor, no era una finalidad en sí misma, sino que estaba destinada a servir a otros objetivos fundamentales. El rasgo más característico de la política del doctor Francia fue su etnocentrismo feroz —antecedente de los nacionalismos latinoamericanos—, su vigorosa convicción de que la región —más que el país— poseía una personalidad definida e intransferible que había que conservar en toda su pureza, sobre todo librándola del contacto con las regiones vecinas. Ese etnocentrismo era el de los viejos conquistadores arraigados en la tierra durante tres siglos, con un fuerte sentimiento igualitario, por cierto, pero de todos modos adheridos a una concepción paternalista y a un profundo regionalismo. El doctor Francia aspiró a que el Paraguay se bastara a sí mismo. Su autoritarismo sirvió no sólo para que reinara la paz en las campañas y no se resquebrajara la estructura económica sino también para asegurar los monopolios del Estado para la explotación y comercialización de las riquezas naturales: las “estancias de la Patria” para la producción agraria y las maestranzas del Estado para la producción de artículos manufacturados. Y esta concepción de la vida económica aseguraba la independencia de la región y el mantenimiento de la fisonomía nacional, que tanto irritaba al dictador que no fuera reconocida desde el exterior.

Esta concepción etnocentrista era el fruto de un antiuniversalismo romántico, paradójico en un lector de Voltaire y de Rousseau, y por eso interesó tanto a Carlyle. Pero no era, en rigor, suyo, sino de un grupo social de raíz colonial, y era tan vivo que fue extremado hasta concluir en un enclaustramiento total del país con el que el viejo regalista terminó imitando a los jesuitas.

Decía a uno de los Robertson: “Usted sabe cuál ha sido mi política con respecto al Paraguay; que lo he mantenido en un sistema de incomunicación con las otras provincias de Sudamérica, e incontaminado por aquel malvado e inquieto espíritu de anarquía y Revolución que más o menos ha asolado a todas”.[33]

Pero evitar el espíritu de anarquía y Revolución suprimió hasta la raíz todos los derechos individuales que pregonaba el liberalismo, las formas de vida política y económica, la educación, el juego de las ideas. ¿Cuál era, el orden que quería asegurar? Un orden anterior a la Revolución, y que no podía quebrarse sino al precio de caer even-tualmente en la anarquía, o sea el orden social y económico de la Colonia. Por eso se le opusieron en un principio los grupos ilustrados, especialmente de Asunción. Pero su impotencia fue total, y el doctor Francia extremó el sistema sin oposición, sobrepasando, sin duda, los límites deseados por los mismos grupos que lo impulsaron y sos-tuvieron.

A la muerte del doctor Francia la dictadura subsistió, aunque Carlos Antonio López se manifestara un poco más progresista y menos violento. Estaba, sin embargo, persuadido de la necesidad de perpetuar el gobierno fuerte sin extender las libertades. Hacia 1861 el periódico oficial de Asunción, El Semanario, inició una campaña en favor de la monarquía, expresando en uno de los artículos en que se refería a los países sudamericanos: “Pueblos educados por la monarquía y para la monarquía, no han podido acostumbrarse a las formas republicanas, porque cada una de las páginas de su historia envuelve una elocuente protesta contra este género de gobierno”.[34]

Su hijo y sucesor, Francisco Solano López, recogió y maduró la idea. Sus modelos fueron la corte de Río de Janeiro, donde pensaba encontrar esposa en la familia imperial, y la corte de Napoleón III, cuyo lujo lo fascinaba.

Pero de ninguna manera se disponía a establecer una monarquía parlamentaria, sino absoluta y apoyada en una vigorosa fuerza militar. Pese a algunos signos de progresismo, su gobierno mantuvo en la política interna la misma orientación de los anteriores tanto en lo referente a las libertades como al ordenamiento económico y social.

b. La Argentina en la época de Rosas

A diferencia del doctor Francia, Rosas no apareció en el escenario político argentino sino veinte años después de la Revolución, cuando ya se había consumado la disgregación de lo que fuera el antiguo virreinato del Río de la Plata y cada región había alcanzado de hecho una casi total autonomía.

La provincia de Buenos Aires era, sin duda, la más rica y la mejor situada, puesto que poseía un puerto y una aduana que recogía los beneficios de toda la riqueza del país. Allí surgió Rosas como gobernador en 1829, ejerció el poder durante tres años, y después de un intervalo fue reelegido en 1835 con “la suma del poder público”, que ejerció hasta su derrota en la batalla de Caseros en 1852.

Rosas era un típico estanciero. Lo que esto significaba lo explicó en 1845 Sarmiento en Facundo,[35] en un texto que ofrece todos los elementos necesarios para un análisis social:

Rosas desciende de una familia perseguida por goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años; el silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidum-bre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y eso se ha reproducido en D. Juan Manuel y dos de sus hermanas.

Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia, y su padre lo destierra a una estancia. Rosas con cortos intervalos ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de treinta años; y ya en el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban, en materia de arreglos de estancias.

Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina, sospecho que de toda la tierra: porque ni un equitador, ni un árabe tienen que habérselas con el potro salvaje de la Pampa. Es un prodigio de actividad; sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la Pampa, lanzar gritos descompasados, rodar, hasta que al fin extenuado el caballo, sudado a mares vuelve él a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo… Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de siembra de leguas de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso, y sobre todo por la administración severa, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno, que ensayará más tarde para la ciudad misma… La autoridad ante todo: el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo; diez años estará en Buenos Aires y en toda la República haciendo azotar y degollar hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo, como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás, en cada comunicación oficial: ¡Mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios!, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa.

¿Dónde pues ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su Gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia, y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco: pero esta idea me domina hace tiempo: en la Estancia de Ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos: la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el degüello, a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campaña; la prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerrándolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta prolijidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a D. Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones, y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra; muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso, su manejo de una estancia, sus prácticas y administración, con el Gobierno, prácticas y administración de Rosas: hasta su respeto de. entonces por la propiedad, es efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respe-taba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable sin duda; yo sólo explico el origen de la antipatía.

Aun restando de esta descripción el apasionamiento que pueda haber puesto el polemista, quedan inequívocamente puntualizados en ella algunos de los caracteres fundamentales del régimen de Rosas. Todo su sistema de ideas derivó no sólo de su tradición señorial sino también de su inconmovible adhesión a los valores que esa tra-dición entrañaba y de su innata aversión a los principios del liberalismo. Creyó, como el doctor Francia, que la comunidad no debía albergar sino a los que compartían los sentimientos y las ideas tradicionales; y uno y otro creyeron que la proscripción de los adversarios era justa y lógica. Hubiera podido decir como el doctor Francia;[36] “Yo no llamo ni reputo paisanos a unos infames que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su patria..”., aun olvidando que la condición para permanecer era la sujeción y el conformismo.

Pero el respeto a los principios del derecho natural —al que solía apelar— o la consideración a los derechos individuales que el pensamiento liberal consagraba, parecíanle menos importantes que la defensa del patrimonio y del orden tradicional. Fue visible su desprecio por los hombres ilustrados de las ciudades y por sus ideas de origen europeo, como fue visible su adhesión a las formas de la vida criolla, a las normas y a los valores que ella entrañaba. Esta adhesión significaba —como lo destaca Sarmiento— una concepción autoritaria de la vida pública, y tal fue el rasgo predominante de su pensamiento y de su comportamiento político.

Rosas resumió sus opiniones sobre la acción de los regímenes liberales en unas pocas líneas de una famosa carta escrita a Juan Facundo Quiroga, en la que decía:[37]

Obsérvese que al haber predominado en el país una fracción que se hacía sorda al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los medios y recursos que teníamos para proveer a ella, porque ha incitado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque; los intereses particulares, propagando la inmoralidad y la intriga, y fraccionando en bandos de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de ningún vínculo, extendiéndose su furor a romper hasta el más sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los demás, cual es el de la religión; y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones, para entablar después un sistema general que lo abarque todo.

Rosas advertía sagazmente que el individualismo liberal rompía los vínculos de la vieja sociedad dual y paternalista; que la libertad de opinión creaba sectores politizados que progresivamente afirmaban sus derechos frente a las viejas estructuras de poder; que la libertad de conciencia debilitaba, no tanto el sentimiento religioso, sino la influencia paternalista de la Iglesia. Una de las armas políticas más afiladas que usaron sus partidarios contra los grupos liberales fue la acusación de ateísmo. Así los definía el cura párroco de la Iglesia porteña de San Nicolás, en unas décimas recitadas en una fiesta popular:[38]

Ellos son incendiarios,

De corazón asesinos,

De religión libertinos,

Herejes que han blasfemado

De lo más santo y sagrado

De nuestro culto divino.

Pero acaso lo que definió más claramente el pensamiento político de Rosas fue su resistencia a aplicar las concepciones iluministas a la organización del país. Hostil al racionalismo y a toda la filosofía política del siglo XVIII, sostuvo que la organización constitucional no era una solución eficaz —y menos la solución necesaria— para fijar el orden nacional. Sostuvo que la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias. Decía Rosas, en unas instrucciones que comunicaba a Quiroga:[39]

…el señor Quiroga debe aprovechar las oportunidades de hacer entender por todos los pueblos de su tránsito que el progreso es de desear que cuanto más antes pueda celebrarse; pero que al presente es en vano clamar por congreso y por constitución bajo el sistema federal, mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás. Porque en este sistema el gobierno federal no se une sino que se sostiene por la unión, representando en este estado los pueblos que componen la república para con las demás naciones; tampoco decide las diferencias de unos pueblos con otros sino que se reducen sus funciones a hacer cumplir los pactos generales de la federación, a cuidar de la defensa de toda la república, y dirigir sus negocios e intereses ge-nerales en relación con los de otros estados, pues para los casos de discordia entre dos provincias la constitución suele tener acordado un modo particular de decidirlas, cuando los contendientes no lo arbitran con su mutuo consentimiento.

Era, en el fondo, una concepción nacida de las ideas del romanticismo social; pero era, por eso mismo, una concepción propia de los grupos señoriales, aferrados a la realidad y reacios a su transformación. Representante y miembro eminente del grupo de estancieros que obtenía pingües ganancias con la preparación y exportación de carne salada, Rosas impidió la modernización de las explotaciones agropecuarias y se opuso a la formación de una burguesía urbana. Más consecuente que el doctor Francia, su polí-tica económica coincidió con su formación intelectual y con sus tradiciones sociales.

c. El Ecuador en la época de García Moreno

Dueño del poder desde 1861 hasta su violenta muerte en 1875, García Moreno gobernó el Ecuador dictatorialmente. Como Rosas y Francia, vivió obsesionado por el fantasma de la anarquía, y culpó de ella a las libertades que ofrecía y proporcionaba el régimen liberal. Pero, a diferencia del segundo, fue consecuente con sus principios ideológicos, recibidos de De Maistre, de Donoso Cortés y, sobre todo, de los sacerdotes jesuitas que fueron sus confidentes, sus instrumentos y sus consejeros: y a diferencia de los dos se preocupó por estimular ciertas formas de desarrollo económico moderno.

García Moreno poseía una vigorosa formación científica. Había estudiado química y geología y le apasionaba la investigación de la naturaleza. De esos principios de su formación intelectual derivó su preocupación por la difusión de la enseñanza, y especialmente la enseñanza científica. Creó la Escuela Politécnica, fundó laboratorios, colecciones de ciencias naturales, un observatorio; y sacudiendo la modorra tradicional, levantó edificios públicos y, sobre todo, construyó carreteras y caminos. Pero, al mismo tiempo, su formación católica y política lo llevó a la posición más extrema en la lucha contra el liberalismo, en una década —la del sesenta— en que se habían visto muchos excesos y en la que aparecería el Syllabus. En el discurso que pronunció después de jurar como presidente en 1869 se preguntaba:[40] “¿Cómo gobernar donde gobernar es combatir? ¿Cómo asegurar la civilización y el progreso a pesar de los que desean el desorden para medrar, porque saben que cuando el agua se revuelve el cieno es el que sube?”

Civilización y progreso son palabras que no pertenecieron ni al léxico de Francia ni al de Rosas. Pero García Moreno las usó, creía en sus contenidos y procuró que inspiraran su acción de gobierno. Dentro de estrechos límites, sin embargo. No creía que el progreso supusiera la modificación de la estructura agraria tradicional, y quienes lo empujaran hacia el poder, confiaban en el para que evitara las transformaciones que en la vecina Colombia, por ejemplo, había traído la legislación liberal. Tampoco creía que el progreso y la civilización requiriera o entrañara un régimen de libertades públicas. Por lo contrario, creía que no hay progreso sino dentro de un orden estricto, y en eso coincidía con el vigoroso sector señorial que exigía seguridad y estabilidad, con o sin progreso, y también con amplias capas de población conservadora, educadas bajo la influencia de la poderosa Iglesia Católica. Juan León Mera, el novelista autor de Cumandá y colaborador de García Moreno, a quien dedicó un en-cendido panegírico,[41] explicaba su posición política y su adhesión a las doctrinas conservadoras:[42]

Yo soy católico, no porque mis padres tuvieron la dicha de serlo, sino por el profundo convencimiento que tengo de la bondad y verdad del catolicismo. En cuanto a mis principios políticos; he aceptado los conservadores después del más duro examen, de haber visto que son los que más armonizan con los católicos… Y no porque soy católico y conservador… dejo de ser fervoroso republicano, amante y defensor de toda libertad pública bien entendida.

García Moreno expresó este sentimiento muy generalizado en una sociedad de la que se decía que, tras la Independencia, se había constituido en un convento, en tanto que la sociedad colombiana se había constituido en un colegio y la venezolana en un cuartel. Fue esa sociedad la que consagró constitucionalmente, una y otra vez, un tipo de poder ejecutivo en extremo vigoroso, que Juan Montalvo caracterizaba así:[43]

El presidente del Ecuador no es hombre como cualquiera; las leyes le dan cien ojos: es un Argos; las leyes le dan cien brazos: es un Briareo. Gigante en todo caso, a quien invisten de su fuerza todos los poderes, despojándose ellos mismos; a quienes amayoran los ciudadanos, menoscabando su propia elevación, para vol-verle hijo de la Tierra. Como tiene cien ojos, todo lo ve, todo lo sabe el presidente. Las paredes han de conservar sus mechinales por donde él meta un ojo averiguador y siniestro: conciencia, honra, amor son contrabandistas: allí les tema infraganti, y da con ellos en la casa del dolor, ésa que él ha levantado amasando los sesos de sus hermanos con lágrimas y sangre: argamasa a prueba de pico, secreto horrible descubierto por un operario del demonio.

En nombre del rey, en nombre de la ley, el presidente puede echar puertas abajo, y las echa. Si hay quien resista, ¡eh de mi guardia! llegan alabarderos y ma-ceras, y allí fue una familia. Tiene derecho de allanamiento. Para él lo sagrado del hogar doméstico es profano: entra a cualquier hora, sorprende a la doncella a medio vestir, pasa por sobre los niños, remueve, levanta las cenizas del fogón dormido. Los dioses lares son jocós y babuinos: ¡fuego sobre ellos! Y el templo, el templo de la pudicia femenina que en Roma era el más santo e inviolable, no alcanza más respeto que una casa de mancebía. El candado es el sello de la conspiración: puerta cerrada, puerta criminal: ¿no quiere romperse? ¡por las ventanas! ¡Arriba, valientes! El gobierno es un héroe; corona los balcones: extiende el brazo, vuelan las vidrieras. ¿Dónde están los traidores? ¿dónde los bandidos? Ni el lecho, ese mueble respetable donde se refugia la vergüenza, goza de fuero alguno contra la investigación impía que descubre secretos y desgracias, estos genios del traspatio que suelen dejarse estar en un rincón enfermos y abatidos. El presidente tiene derecho de allanamiento: debe saberlo, debe constarle todo, para castigar, para escarmentar, para exterminar. El presidente tiene derecho de exterminio. Los hombres, como no sean de los suyos, todos son proscritos: ¿les hallaron? a la plaza, donde les den azotes, o les vuelen la tapa de los sesos.

García Moreno ejerció ese poder sin vacilaciones. Pero aun así creyó que era necesario reforzar las disposiciones sobre el estado de sitio, argumentando vehementemente:[44]

Existe en las repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos, por desgracia, ciertos hombres a quienes debe lla-marse especuladores revolucionarios, por el propósito de hacer fortuna en las revo-luciones, y es indispensable contenerlos por el temor del castigo. Para evitar que se derrame sangre, es preciso armar al poder; la compasión por los criminales es la mayor crueldad contra los ciudadanos honrados y pacíficos, se ha visto la insufi-ciencia de las leyes comunes para contener los trastornos y se quiere todavía tener inerme al poder, en favor de los que atacan y hacen derramar sangre.

Ninguna de las libertades individuales subsistió, y todo fue sacrificado a la vigencia del orden, que era no sólo orden político sino también estabilidad social. Para consolidarlo, era necesario proveerlo de un fundamento inamovible, y apelando a la tradición hispanocolonial, se le dio un fundamento religioso en términos nunca alcanzados en otro país latinoamericano. La constitución de 1869 estableció en su artículo primero que “para ser ciudadano se requiere ser católico”; y en otro, que “la religión de la República es Católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Pero aún así no pareció suficiente. García Moreno, provisto de todas las armas legales para ejercer un poder omnímodo, inflexible en la ejecución de sus designios, implacable en la represión de todas las libertades políticas y civiles proclamadas por el liberalismo, creyó necesario fortalecer todavía más la estructura que inmovilizaba al país, a pesar del aparato técnico que se creaba. García Moreno asumió la defensa del Syllabus y el compromiso de dar cumplimiento a sus prescripciones; asumió la defensa de la Santa Sede, protestando ante el gobierno de Italia por la ocupación del Estado Pontificio; y en 1873 la legislatura consagró el Corazón de Jesús como patrón y protector de la nación.

Así se fue consolidando un Estado teocrático, montado para reprimir todo vestigio del espíritu liberal que había animado los primeros movimientos revolucionarios de Quito y Guayaquil, y prosperado con Rocafuerte y Urbina. Es sabido que Juan Montal- vo dijo, al tener noticia del asesinato de García Moreno: “Mi pluma lo mató”. Y aunque no fuera totalmente cierto, el anhelo de la restauración de las libertades civiles y políticas, que Montalvo defendía incansablemente, fue sin duda lo que movió el brazo de los homicidas.

El pensamiento político de la derecha liberal

La perspectiva abierta por la coyuntura favorable incorporó a la Revolución grupos diversos, de variadas predisposiciones y tendencias. Podría decirse que todos compartían en alguna medida los principios fundamentales del pensamiento iluminista de la filosofía política francesa del siglo XVIII. Pero en el curso del proceso revolu-cionario algunos grupos precisaron y defendieron convicciones muy moderadas, y constituyeron el núcleo de la derecha liberal. Se aglutinaron a su alrededor otros sectores que, habiendo sostenido posiciones más avanzadas, comenzaron a desplazarse hacia posturas menos aventuradas: unos porque consideraban haber logrado los fi – nes que se habían propuesto y querían consolidarlos, y acaso consolidar sus nuevas posiciones individuales; otros porque la experiencia del proceso revolucionario los había fatigado y buscaban poner fin a la fluidez de la situación introduciendo un principio de orden.

Esta derecha liberal vaciló entre la forma monárquica de gobierno y la forma republicana. Pero los matices eran muy tenues. En ambos casos se buscó fortalecer el poder político, y las diferencias se plantearon alrededor del problema del origen de la soberanía. No hay duda, sin embargo, de que quienes prefirieron la forma republicana, aun bajo su variante más autoritaria, demostraron mayor predisposición a un tránsito futuro hacia regímenes más liberales.

El pensamiento monárquico liberal

Bajo la influencia del modelo francés, pero sin duda porque los grupos rebeldes deseaban fervientemente encontrar una manera de consolidar el movimiento desencadenado. Haití creó un imperio mediante la constitución de 1805 y luego una monarquía en 1811, ambos efímeros. Sus sostenedores enfrentaron otros grupos republi-canos de un liberalismo más avanzado y consecuente, y propusieron la vigencia de la estructura militar para la administración del país.[45]

En México, tras el fracaso de Hidalgo y de Morelos. sólo se volvió a la idea de la independencia tras la Revolución de Riego en España. Esta vez fueron los grupos más conservadores quienes la promovieron. El Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821 por Iturbide. contenía “tres garantías” fundamentales: la conservación de la religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna, la Independencia bajo un régimen monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos. En defensa de su punto de vista monárquico. Iturbide declaró:[46] “Las desgracias y el tiempo liarán conocer a mis paisanos lo que les falta para poder establecer una república como la de los Estados Unidos”.

Y sobre la base de estas ideas liberales se instauró su efímera monarquía.

Un representante típico de la derecha antiliberal, Lucas Alamán, que escribía algunos años después, observaba que Iturbide creyó prudente atender a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando “la forma de gobierno a que la nación estaba acostumbrada”: y agregaba:[47]

Por haberse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la Independencia las teorías liberales más exageradas, se ha dado lugar a todas las desgracias que han caído de golpe sobre los países hispanoamericanos, las cuales han frustrado las ventajas que la Independencia debía haberles procurado, siendo muy de notar que los dos hombres superiores que la América española ha producido en la serie de tantas revoluciones, Iturbide y Bolívar, hayan coincidido en la misma idea, levantando el primero en su Plan de Iguala un trono en México para la familia reinante en España, e intentando el segundo llamar a la de Orleáns a ocupar el que quería erigir en Colombia.

Fundada en la fuerza militar y en el apoyo de los sectores más conservadores, la monarquía moderada de Iturbide no pudo resistir a los embates de grupos ligeramente más avanzados, cuya posición aseguraba un equilibrio más estable entre los diversos sectores en pugna. Quizá, la explicación más exacta del fracaso monárquico esté en las palabras que Bolívar escribió a Santander en setiembre de 1822:[48]

…creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de Méjico; pero a costa de la tranquilidad y aun de la dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento, porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador, que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En Méjico se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que libertar los campos de la monarquía.

Parece lícito interpretar que los “realistas” eran grupos de tradición señorial y monopolista y vehementemente antiliberales.

Razones semejantes a las que en México movieran a tales grupos, impulsaron a los moderados del Brasil a proclamar la Independencia y a organizar luego un régimen monárquico constitucional. Consumada la proclamación y convocada la Asamblea General Constituyente en mayo de 1823, se advirtió que la fórmula política hallada, satisfactoria para los grupos tradicionales, provocaba la irritación de sectores liberales que señalaron los peligros que la fórmula entrañaba y las aspiraciones que la fórmula no contemplaba: “antilusitanismo, restricción del poder personal del Soberano, libertades civiles amenazadas, conciliación del principio monárquico con el democrático y por eso hostilidad al grupo conservador y portugués que rodeaba a D. Pedro I”, según señala Pedro Calmón.[49]

El cuadro se completó con la Revolución de Pernambuco de 1824. Pero el nuevo Imperio sorteó las dificultades y se situó en un punto de equilibrio que resultó justo. El régimen se consolidó y su teoría fue explicada por el propio emperador en un proyecto elaborado por él o por sus colaboradores inmediatos en 1823 en el que se declaraba:[50]

Todos los publicistas de más crédito en Europa reconocen como una verdad indestructible en política que el sistema monárquico constitucional es el único que se debe adoptar en un gran Estado como el Brasil cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no estuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad.

El Imperio debía funcionar, en cuanto a las formas, como una democracia parlamentaria; en la práctica, sin embargo, expresaba la voluntad y los intereses de un sector relativamente reducido de la población, que, en efecto, gozaba de la posibilidad de canalizar políticamente sus designios. Por sobre el sistema de los poderes flotaba el poder del emperador, institucionalizado de una manera singular, según lo estableció el artículo 98 de la constitución de 1824, que —como dice Oliveira Torres— “parece una fórmula doctrinaria, pero es un mandamiento expreso del legislador constitucional al monarca en el ejercicio de su noble oficio de reinar”.[51]

El artículo expresa: “El Poder Moderador es la clave de toda la organización política, y es delegado privativamente al Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su primer representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la independencia, equilibrio y armonía de los demás poderes políticos”.

Colocada fuera del ancho campo de las actividades políticas, la monarquía parecía asegurar un fundamento inconmovible a las nuevas naciones, montadas sobre viejas estructuras sociales y económicas que, de esa manera, salvaban su existencia y se sustraían a las luchas.

En el Río de la Plata, la profunda crisis que siguió a la Independencia desalentó a los tímidos partidarios de la organización republicana y liberal y robusteció las convicciones de quienes tenían, por tradición y formación, opiniones favorables a la monarquía moderada. Desencadenadas las luchas entre las regiones del antiguo virrei-nato, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, liberales insospechables y originariamente republicanos, se manifestaron favorables a la instauración de una monarquía que pusiera fin a la disgregación, contuviera el senti-miento federalista y asegurara el orden interno. Esta idea fue sostenida con mucha vehemencia por José de San Martín y Carlos de Alvear, militares ambos de formación liberal incuestionable, pero monárquicos seguramente por tradición y autoritarios por su concepción profesional.

En 1815 escribía Carlos de Alvear:[52] “Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía”.

Y San Martín se preguntaba al año siguiente:[53] “¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil…; sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos?”

La solución que ambos buscaban no fue alcanzada en el Río de la Plata. Pese a ello, San Martín perseveró en su convicción y se propuso formalmente instaurar una monarquía en el Perú, coincidiendo con Bernardo Monteagudo, antes inflamado republicano. Una misión diplomática debía buscar un monarca en Europa; ajustándose a instrucciones precisas cuyo primer punto establecía:[54]

Para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este estado adquiera la respetabilidad exterior de que es susceptible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia, y la alianza o protección de una de las potencias de primer orden de Europa. La Gran Bretaña por su poder marítimo, sus créditos y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo un carácter más atractivo que las demás: están por consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex-Cobourg, o en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bretaña pase a coronarse emperador del Perú.

Por análogas razones surgieron sospechas de que Bolívar, pese a sus categóricas opiniones anteriores, comenzaba a deslizarse hacia la aceptación de la solución monárquica. De todos modos, el límite que separa un régimen monárquico del sistema republicano instaurado en la constitución boliviana de 1826 es casi imperceptible, como era tenue, efectivamente, la diferencia que percibían entre la monarquía y la república todos los que, habiendo tenido una formación liberal, se sentían empujados por la experiencia a una corrección de sus puntos de vista.

Razones semejantes, también, aunque más relacionadas con las ambiciones personales, pudieron nutrir ciertas tendencias monárquicas, más o menos ocultas, en los generales de Bolívar: Paéz, Flores y Mosquera. Hacia 1846 creció la sospecha de que acariciaban la intención de volcarse hacia la monarquía. Se recordaba que Páez había insistido ante Bolívar para que aceptase la corona, y que Mosquera se había manifestado partidario entusiasta, en 1826, de que Bolívar asumiera la dictadura absoluta y vitalicia. Pero lo indudable es que Flores gestionó en España, en 1846, la creación de una mo-narquía en el Ecuador, y obtuvo la promesa de que aceptaría el trono un príncipe español.

Hasta entonces las tendencias monárquicas respondían a los modelos de monarquía constitucional o parlamentaria que sedujeron a los liberales de principio de siglo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX esas tendencias se renovaron bajo la influencia del modelo de la monarquía burguesa que erigieron en Francia Luis Felipe y Napoleón III.

Frente al avance de las reformas sociales y políticas que triunfaron hacia 1857 en México, fuertes sectores tradicionales volvieron a acariciar la idea de instaurar un poder fuerte, apoyado no sólo en las fuerzas militares que respondieran a esos sectores, sino también en las fuerzas de ocupación que pudiera enviar alguna potencia extranjera, en defensa de la hegemonía de la Iglesia y de la tradicional estructura social. El proyecto tuvo éxito y así se instauró el imperio con Maximiliano. Las ideas políticas de los militares y de los grupos señoriales que lo apoyaron se relacionaban básicamente con una denodada defensa de la situación tradicional, amenazada, sobre todo, por una política de liberación de los indígenas y de restricciones a la hegemonía de la Iglesia. Pero el imperio fracasó, no sólo frente a la obstinación de Juárez y sus partidarios, sino a causa de la limitación del apoyo militar de las potencias europeas, cada vez menos predispuestas a las intervenciones políticas cuando aparecía la posibilidad de operar sobre su periferia mediante los mecanismos económicos.

Tres años antes de la coronación de Maximiliano: en México, en 1861, el presidente del Ecuador, García Moreno, solicitó por su parte a Napoleón III el establecimiento de una monarquía en Sud- américa, que no sólo incluiría el Ecuador sino también el Perú y acaso otros países, “bajo un príncipe designado por Su Majestad el Emperador”,[55] con cuya garantía pensaba organizar el orden interno del país.

El vasto esfuerzo para erigir regímenes monárquicos fracasó en todas partes, como concluyó finalmente, después de casi sesenta años, el régimen instaurado en el Brasil. La definida fisonomía institucional de la monarquía parecía ofrecer, por sí sola, una garantía de estabilidad; pero la sociedad latinoamericana no respondió a ese es-tímulo. Fue, pues, el monarquismo liberal un espejismo, alimentado por quienes consideraban que era posible; en América latina, detener el vigoroso cambio que habían suscitado sucesivamente el mercantilismo y la Revolución industrial por la sola fuerza de un mecanismo institucional.

El pensamiento republicano autoritario

El republicanismo autoritario fue la inversa del monarquismo liberal. Sus sostenedores comprendieron que el problema del origen de la soberanía —cualesquiera que fueran los términos en que se lo formularan los distintos grupos sociales— no podía plantearse en América, en los albores de la Independencia, como una enajenación gratuita en beneficio de una dinastía europea o de cualquier general afortunado. Los grupos populares y burgueses que promovieron y sostuvieron los movimientos revolucionarios pudieron disentir en cuanto al significado y contenido de la palabra democracia, o en cuanto al alcance y al valor de las ideas liberales; pero es innegable que los grupos regionales tuvieron la intuición profunda de que recuperaban o conquistaban la soberanía para decidir lo que quisiesen con respecto a su destino. La enajenación de la soberanía en beneficio de una organización monárquica repugnaba en el fondo a todos los grupos liberales, excepto a los más conservadores, y no fue suficiente para hacerla aceptable ningún adjetivo que la transformara en templada, constitucional, parlamentaria o moderada. El doctor Francia, en el Paraguay, y José G. Artigas en el Uruguay, fueron los exponentes más representativos de este sentimiento de repugnancia frente a cualquier intento de renunciar a la soberanía popular.

Sensibles a esta reacción, otros grupos conservadores buscaron la instauración de regímenes autoritarios —tan vigorosos como podía serlo la monarquía misma o quizá más— pero asumiendo la forma republicana, que suponía el mantenimiento de la soberanía popular, quizá temporalmente bajo tutela, pero dentro de un sistema que no implicaba una delegación y la hacía siempre reivindicable.

Estas ideas habían sido sostenidas vehementemente por Bolívar. Sin duda pensaba él que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra constituía el más perfecto de los sistemas políticos posibles en la época; pero un análisis de la situación imperante en el mundo hispanoamericano le aconsejaba, según sus puntos de vista, desecharlo. Otras razones fortalecían, además, su opinión de que la monarquía era inconveniente en América; y resumiéndolas, escribía en 1815, en la Carta de Jamaica:[56] “Por estas razones pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa“.

Pero de modo más vehemente aún rechazaba Bolívar una organización republicana en la que prevaleciera una “libertad ilimitada” y una “forma federal”.[57] Su concepción política quedó señalada ya en la citada Carta de Jamaica, donde decía, refiriéndose al régimen que entreveía para el futuro:[58]

Su gobierno podrá imitar al inglés: con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempes-tades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios.

Quedó expresada en ese pasaje su preferencia por dos instituciones fundamentales que revelaban las tendencias de su pensamiento político, y que hicieron suponer que acariciaba ocultamente ideas monárquicas: el senado hereditario y el poder ejecutivo vitalicio. Sus adversarios juzgaron, sin duda con algún fundamento, que dentro del cuadro de las ideas liberales, Bolívar había adoptado una posición de derecha y por eso lo consideraron inspirador del que luego sería el partido conservador.

En el discurso de Angostura[59] caracterizó Bolívar las ventajas del senado hereditario:

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades polí-ticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go-bierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magis-trados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses, y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios: el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido, y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.

Los peligros que significaba la constante renovación de las aspiraciones populares se conjugaban, en su opinión, con las pretensiones del poder legislativo, necesariamente sensible a la presión de sus mandantes para limitar las facultades del poder ejecutivo. Era, pues, necesario a sus ojos que dispusiera éste de todos los instrumentos necesarios para evitar los peligros de la anarquía, y que tuviera la estabilidad necesaria para enfrentar al pueblo. Decía en el discurso de Angostura:[60]

Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la ne-cesidad de atribuir a un Magistrado Republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.

Un Magistrado Republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del Pueblo hacia la licencia, la propensión de los Jueces y administradores hacia el abuso de las Leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al Pueblo; es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses, y de las pasiones del Estado social, que como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de sustraerse a la dominación. Es al fin un atleta lanzado contra multitud de atletas.

Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de una República. Si no se oponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del Gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía.

>Así quedó constituido el modelo del Estado republicano autoritario, que consagró en lo fundamental la constitución boliviana de 1826, elaborada por el propio Bolívar. El fundamento de la soberanía popular quedaba salvado, los principios de la división de poderes respetados, las libertades individuales consagradas, pero el poder político podía regular las presiones de los distintos grupos políticos y prevenir los riesgos de la tan temida anarquía, que no solía ser sino el fruto de las tensiones sociales, en busca de un nuevo equilibrio.

Como en el caso boliviano, los jefes militares que en otros países llegaron al poder y mantuvieron las preferencias republicanas y los principios institucionales de Bolívar, pugnaron siempre por fundar su autoritarismo espontáneo en prescripciones constitucionales. Los grupos liberales se opusieron sistemáticamente, y acaso podría de-cirse que así se definieron las diferencias entre los partidos conservadores y los partidos liberales de allí en adelante. Pero, aun violando las instituciones, las dictaduras militares ejercieron de hecho un tipo de poder, que correspondía al mismo esquema. Pocos testimonios tan ilustrativos como el de la señora de Francés Erskine Inglis de Calderón de la Barca,[61] esposa del primer ministro plenipotenciario que España envió a México, y que ha dejado un vivo y minucioso relato del golpe militar encabezado en 1849 por el general Santa Anna. Una sabia retórica republicana y liberal encubría el establecimiento de un poder fuerte sin otras limitaciones que las que impusieran los grupos de poder, cuyos portavoces eran los mismos que se hubieran sentado en los parlamentos que se hubieran reunido.

Pero Bolívar no quiso la dictadura sino el poder constitucional fuerte. Ese esquema no fue desdeñado por los liberales, muchos de los cuales, llegados al gobierno, adoptaron un estilo autoritario aun cuando su política estuviera destinada a instaurar los principios del liberalismo. Tal fue el caso de Rocafuerte en el Ecuador, de Castilla en el Perú, de Mosquera en Colombia y, más tarde, de Barrios en Guatemala. Para sobreponerse a la fuerza de los grupos conservadores y, especialmente, a la de la Iglesia, apelaron todos ellos a procedimientos considerados a veces dictatoriales, y sus gobiernos, en efecto, fueron juzgados como dictaduras más de una vez, y acaso con bastante fundamento. No se sabría decir categóricamente, y sin establecer muchos matices, si fueron éstos, gobiernos de derecha, aun cuando les corresponda esta caracterización por el tipo de comportamiento político, puesto que, por lo contrario, se mostraron favorables a la promoción de cambios económicos y sociales.

No menos dudas suscita el diagnóstico del más notable y conflictivo caso de republicanismo autoritario: el de Chile durante la época de Diego Portales, que fue considerado por sus contemporáneos como ejemplo de gobierno conservador y adoptado como modelo por muchos regímenes conservadores latinoamericanos.

Escribiendo veintiséis años después de su asesinato, su biógrafo Vicuña Mackenna[62] —un liberal— se preguntaba cuáles habían sido realmente las tendencias políticas de Portales, refiriéndolas a los dos partidos clásicos, conservadores y liberales, que él designaba con sus nombres populares de pelucones y pipiolos:

Y aquí salta a la vista una cuestión de lógica histórica, más bien que de tradición, porque el escritor crítico se pregunta, delante de los singulares y marcados contrastes de aquella rara existencia, cuál fue su verdadero carácter político, aparte de círculos y afecciones puramente personales. Y en verdad, aunque la tradición vulgar esté en esta parte completamente sancionada. la historia todavía duda. ¿Fue Portal es pelucón? ¿Fue pipiolo? He aquí el dilema que chocará a los unos como blasfemia y a otros como una cruel ironía.

Don Diego Portales, es verdad, tuvo por aliado el bando histórico llamado de los pelucones, pero nunca fue su caudillo. Fuéronlo de aquél, a la vez, Egaña y Rodríguez Aldea, y como intermediario entre ambos, el acomodaticio ministro Tocornal, su verdadero organizador político en la administración, pues los primeros eran sólo las dos antiguas columnas de su vetusto pórtico. La historia que hemos trazado en estas páginas está revelando, por cada una de sus faces, aquella verdad inmutable, que coloca a su protagonista en una posición única y excepcional delante de todas las facciones hostiles y de la propia que lo aclamaba como jefe. Casi no se menciona, en verdad, el nombre de uno solo de esos graves personajes del peluconismo, a quien no impusiera don Diego Portales alguna humillación, o de quien no tuviera a escondidas o en sus labios una sincera queja.

Por más que se busque, no existía ciertamente punto alguno de contacto ni de afinidad de hábitos, carácter o ideas, con los hombres que eran las lumbreras o los pilares de aquel poder que sólo apareció compacto más tarde sobre la arena, armado para combatir, como en 1840, o armado para la resistencia, como en 1851.

La historia del peluconismo propio comienza únicamente en la tumba del Barón. Don Diego Portales, en verdad, no tuvo más señal del tipo genuino pelucón, que el tupé postizo con que cubría su calvicie (calvicie de pipiolo…), y si a este solo título se le reconoce aquel nombre, es indudable que la historia no tiene ya para qué hacer valer su severa lógica en la duda.

Y tras de señalar algunos rasgos característicos de la contradictoria personalidad del ministro, concluía:

¿Y era éste, ni podría ser tal hombre, el caudillo de los pelucones, de aquel partido pretencioso de la aristocracia de los blasones y de las talegas, cuando él ha-cía mofa de pergaminos y no tenía a veces dinero suelto para comprar cigarros? ¿Del partido fastuoso y regalón de las tertulias de malilla y rocambor en salones de oro, cuando vivía en cuartos de alquiler y sus favoritos cortesanos eran Adalid Za-mora, don Isidro Ayestas y Diego Bórquez? ¿Del partido, en fin, timorato y com-pungido de las sacristías y de las sotanas cuando era reconocido por un ‘hereje’ (lenguaje de Santiago), y el clérigo Meneses temblaba al escuchar sus blasfemias, que es fama no excusó aun en presencia de su primo, el pulcro y modesto Obispo Vicuña?

o innegable es que Portales fue hombre de acción, refractario a la seducción de las ideologías y partidario de un sistema ordenado en el que las luchas políticas no esterilizaran el desarrollo económico. Sus opiniones políticas quedaron claramente expresadas en una carta que escribió desde Lima en marzo de 1822, en la que decía:[63]

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda vir-tud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y, ¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensa-rá igual.

Estas opiniones se asemejaban notablemente a las de Bolívar, y por ellas fue considerado conservador por los liberales. Respetaba, por cierto, los principios de orden heredados de la Colonia, pero no es igualmente exacto que procurara consolidar el sistema económico y social de la Colonia, porque, comerciante él mismo, y admirador de los Estados Unidos, promovió el desarrollo de nuevas formas económicas que abrían el camino de las burguesías. El liberal Vicuña Mackenna[64] resumía así su acción de gobierno:

Portales aparece entonces, desde cualquier horizonte que se le mire, como el coloso de la historia. Está solo, y por lo mismo, se ve más grande. Va a hacer la mudanza de la sociedad, después de haber hecho su trastorno; pero no consiente, ni auxiliares, ni consejos, ni inspiración alguna superior, porque se encuentra capaz de hacerlo todo, con tal de hacerlo todo por sí solo. Así, su labor pública es inmensa; sin límites su consagración al bien de la patria: su abnegación a todos los egoísmos que aquejan al hombre, verdaderamente sublime y ejemplo. Sin hacer cuenta ni de los ‘pipiolos’, a quienes su espíritu, lisiado casi siempre de incomprensibles extravagancias, llama peleajanos; ni de los ‘pelucones’, a quienes denomina huemules; ni de los presidentes, a quienes da el nombre de Ayestas; ni de él mismo, pues a sí se llama dictador plebeyo, o según su propia frase, ministro Salteador, él va a un fin dado, con todas las fibras del corazón palpitantes de energía, con la sonrisa de su genial humor sobre los labios, y no le importa que, al pasar, en su ardiente carrera sus propios amigos le llamen loco i ni que los adversarios que le combaten con una obstinación suprema, le apostrofen de tirano!

Portales en alas de su genio, entre tanto, viene atravesando el caos, y a medida que pasa, va dejando los cimientos de una prodigiosa creación, de la que los bandos que luchan o se acechan no se aperciben de pronto, pero que la historia desentraña cuando penetra con su linterna de luz en los arcanos del pasado. Anula el ejército y crea la Academia Militar; somete a la plebe y crea la guardia nacional; destruye el favoritismo financiero, herencia de la Colonia, y crea la renta pública; persigue la venalidad, plaga de la magistratura española, y regulariza la adminis-tración de justicia; desbarata el favoritismo de los empleos y crea la administración. Portales inicia así la más grande de las revoluciones a que aspira la República hoy mismo, la Revolución contra la rutina. No quiere el polvo de lo antiguo ni en los códigos, ni en las costumbres, ni en la educación pública, ni siquiera en las oficinas del Estado.

Casi sin riesgo de ser vulgar podría el escritor político describir a Portales en aquella época, armado del ‘plumero’ (mueble que él aclimató en las regiones oficiales, donde parecía exótico), y pasando por todas partes, sacudió la espesa capa de hollín que dejó la Colonia; sólo que a veces empleaba el mango, cuando la mancha no estaba en los muebles sino en los hombres…

Si Portales no fue por esto un gran revolucionario, fue más todavía, porque fue un gran innovador. Se ocupó poco de las leyes y de los principios, que su funesta ignorancia no le permitió comprender en todo su alcance; pero todo lo demás lo cambió de lugar, lo hundió en la nada o lo sustituyó por una de sus creaciones propias. Eran éstas, por lo común, toscas e imperfectas construcciones, parto de su genio inculto, pero en su conjunto bastarían a formar el andamio de hierro en que dejó sentadas las bases de la República que antes habían sido arena. Don Diego Portales fue el gran revolucionario de los hechos, fue el ejecutor práctico y tenaz de todo aquello que en el gobierno de sus antecesores había sido una bella teoría o un turbulento ensayo; en una palabra, hizo la Revolución administrativa, en el tercer período de crecimiento del país, después que los liberales habían hecho en su pubertad la Revolución política, v los primeros patriotas, en su cuna, ese cambio de nodrizas que se ha llamado la Revolución de 1810 y que nos dio una madre en lugar de una madrastra.

Y lo que maravilla en todo esto es que Portales realizase cosas tan nuevas y tan extraordinarias en el país, sin previo aprendizaje, sin ideas preconcebidas, sin maestros, sin estudio, sólo por la fuerza de un instinto poderoso y creador, al que no puede menos de reconocérsele la índole del genio. Portales, se ha dicho como un reproche, fue un hombre improvisado; pero fue más que eso, un extraordinario improvisador. Todo lo hizo a carrera y más o menos bien, pero lo hizo él solo con un esfuerzo de laboriosidad y dedicación, al que no ha alcanzado en Chile ningún hombre público, y atiéndase que todo lo que llevó a cabo fue sin sueldo, habiendo perdido su fortuna en la Revolución, y rehusando, a la vez, todos los honores y todos los empleos que se le conferían sin reparo.

La vasta polémica alrededor de Portales pone claramente de manifiesto el difícil problema de la caracterización de la derecha en Latinoamérica. Ciertamente, la aparición de una alta burguesía mercantil modifica los criterios y los complica, pues sus intereses no sólo la acercan poco a poco a ciertos grupos señoriales sino que la separan de los grupos liberales eminentemente ideológicos.

Portales se situó a la derecha de esos grupos liberales eminentemente ideológicos porque creyó necesario postergar la consumación del establecimiento de un sistema de plena libertad y de democracia política. Pero no trabajó menos que Rocafuerte o que Castilla a favor de una burguesía que prometía sacudir el viejo sistema señorial. Por esto último no podría decirse de él que fuera una expresión típica de la derecha. Una última salvedad podría hacerse: su comportamiento podría considerarse de derecha si se lo considerara un precursor de una política calculada para permitir la formación y consolidación de una alta burguesía sin que se abrieran las compuertas para el ascenso de nuevos sectores medios y populares. Tal fue precisamente la tendencia de las altas burguesías de muchos países latinoamericanos hacia fines de siglo, que concluyen constituyendo cerradas oligarquías.

4. El pensamiento político de las oligarquías liberalburguesas desde fines del siglo XIX

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la estructura socioeconómica de Latinoamérica mantuvo ciertos caracteres constantes. En términos muy generales la caracterizaba una sociedad dual en las áreas rurales y una burguesía urbana en la que el sector mercantil no alcanzaba a tener poder económico suficiente como para interferir en el sistema inspirado y dirigido por las clases poseedoras de la tierra; era, por lo contrario un sector dependiente de éstas, con una función intermediaria en la economía, y generalmente también en la política.

Sólo a partir de mediados del siglo XIX la burguesía urbana empezó en algunos países a tener mayor independencia, al producirse ciertos cambios de importancia en la vida económica. Si hasta entonces su papel había sido pasivo y cumplía funciones dentro de un sistema que no controlaba, de allí en adelante empezó a tener iniciativa propia y a diseñar otro sistema en el que las clases poseedoras de la tierra, aún siendo piezas fundamentales del juego, debían reconocer una zona, a veces extensa, de control. Era, naturalmente, la alta burguesía vinculada al comercio de exportación e importación, a la banca, a la especulación y a la administración pública. Apresurémonos a decir que muchos miembros de los grupos señoriales no vacilaron en incorporarse a esas actividades y operaron simultáneamente en los dos sectores de la economía, el primario y el terciario: pero el terciario incorporó a mucha gente que venía de otro origen: eran a veces extranjeros, radicados o no; gentes de clase media a quienes el dinero, las profesiones liberales o la política habían permitido alcanzar posiciones que el sistema hacía importantes o acaso decisivas; y el sistema mismo, más dependiente del mercado comprador que de los sectores de la producción, al escapar al control de los grupos po-seedores de la tierra, ofrecía importantes posibilidades de decisión, de lucro y de influencia a quienes llegaban a los puestos desde los cuales se ejercía su control.

Al cabo de poco tiempo —hacia la última década del siglo— se había diferenciado en el seno de los sectores medios una alta burguesía que tenía ya una inequívoca figura como clase económica y social, y claros designios que, en algunos aspectos, no coincidían con los de los grupos señoriales. Mantuvieron éstos sus convicciones básicas y sus ideas políticas, y cuando aceptaron su nuevo papel dentro de la economía en cambio, pretendieron conservarlas aun cuando colaboraban en la modificación de la estructura económica. Esta contradicción se advirtió en sus relaciones con la nueva burguesía liberalburguesa que, cada día más, alcanzaba mayor preponderan-cia. Hubo alianzas y oposiciones, pero los dos grupos, aún procurando coincidir ante la perspectiva de adversarios comunes —las clases medias y populares en ascenso— delinearon posiciones distintas. Cada vez más se perfiló la existencia de dos derechas.

La renovación de la situación social

Los cambios que se produjeron en la situación social de la mayoría de los países latinoamericanos fueron la consecuencia de la Revolución industrial operada en Europa, y que modificó rápida y profundamente tanto su estructura económica como la de los Estados Unidos. No sólo se produjo un acelerado incremento en la demanda de las materias primas que se relacionaban con las nuevas industrias, sino que creció mucho la de productos alimenticios. Los propietarios europeos de tierras elegían cuidadosamente el destino que le darían, y diversas circunstancias los alejaron en alguna medida de su antiguo tipo de producción. Por lo demás, los campesinos se sintieron atraídos por las ciudades, y produjeron un intenso éxodo rural de doble consecuencia: disminución de la producción de alimentos y creciente demanda de éstos en las zonas urbanas, cada vez más intensamente pobladas.

La consecuencia fue un cambio importante en la posición de Latinoamérica con respecto a Europa y los Estados Unidos. Esos mercados consumidores exigieron determinados productos dentro de un gigantesco plan de producción concebido en escala mundial, y esa exigencia, mucho más remunerativa que antes, fijó ciertas condiciones a la producción. El mercado consumidor estableció el o los productos exportables; prefiriendo en cada país un sistema de monoproducción estableció altos precios, pero fijó también altos niveles de calidad que requerían nuevas técnicas no sólo en la etapa de la producción sino también en la de la distribución; estableció relaciones de dependencia financiera que importaban dependencias inevitables y regímenes de importación de productos manufacturados; exigió privilegios y garantías que le fueron acordados a través de gobiernos a los que transformó en sus personeros; pero, sin duda, promovió una activa modernización de los países latinoamericanos, aunque al precio de una dependencia económica que muy pronto implicó, directa o indirectamente, una cierta dependencia política.

Esa dependencia convirtió al Brasil en un exportador de café. La Argentina, abandonando la elaboración de tasajo, se dedicó a la producción de cereales y de carnes, según las exigencias del mercado inglés; Cuba y Puerto Rico a la de la caña de azúcar; los países centroamericanos, a la de café y maderas; México, Perú, Bolivia, a la de minerales. La producción tenía comprador seguro, pero como a veces era el comprador único, fijaba los precios, estipulaba las calidades e imponía condiciones accesorias. La más importante fue la de equilibrar la balanza comercial mediante la importación de productos manufacturados, contrariando las posibilidades de desarrollo manufacturero local.

Las últimas décadas del siglo constituyeron una época de desarrollo en casi todos los países latinoamericanos y de formidable enriquecimiento de sus clases altas: las clases poseedoras de la tierra que suministraban el producto y las clases burguesas que intervenían en el complejo mecanismo de la distribución y el crédito. En algunos países aparecieron poco a poco algunas actividades manufactureras relacionadas con esa producción; pero, en casi todos, los sectores que más se enriquecieron fueron, además de los productores, los exportadores e importadores, y los que tuvieron éxito en la desorbitada especulación que acompañó el proceso de desarrollo.

Efectivamente, las nuevas posibilidades que se abrían exigían una renovación del dispositivo técnico. Era menester hacer caminos y puentes, puertos, edificios y, sobre todo, ferrocarriles. Las ciudades exigían además obras públicas importantes: aguas co-rrientes, desagües, pavimentos. Para todo eso, los países compradores ofrecieron a cada uno de los países con los que mantenían relación, fuertes y renovados empréstitos que originaron, junto con otros factores, graves problemas financieros. El crédito y la espe-culación contribuyeron también a renovar la fisonomía de la nueva sociedad.

En la euforia del desarrollo, el crédito adquirió también caracteres de especulación. Aparecían y desaparecían empresas y sociedades destinadas a la ejecución de ambiciosos proyectos, que creaban fortunas y las hacían desaparecer; y en el otorgamiento de los créditos, de las concesiones y privilegios, quienes estaban vinculados al poder tenían la posibilidad de obtener ventajas que significaban quizás el enriquecimiento repentino. Cosa semejante ocurrió con la especulación en tierras, hecha en previsión de la expansión de las ciudades, de la fundación de colonias y, sobre todo, de la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles.

Reflejo indirecto de la expansión europea y norteamericana, la nueva riqueza operó cambios sociales de gran trascendencia en Latinoamérica. Quizás el más notable y visible fue el que resultó de una importante inmigración europea: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. México; países de clima templado y semejante al de algunos países europeos, fueron los preferidos. En pocas décadas se incorporaron a las sociedades tradicionales contingentes numerosísimos de italianos, españoles, alemanes, judíos y, en menor escala, de otras nacionalidades. El desarrollo económico implicaba el problema de la mano de obra; y al tiempo que se desechaba definitivamente el trabajo de los esclavos, se buscaba otra mano de obra más eficiente, abriendo algunos cauces nuevos para la economía, como la producción del café en Brasil o de los cereales en la Argentina.

Pero, al mismo tiempo, la inmigración buscó las ciudades, acrecentó el complejo de las poblaciones urbanas y formó vastos sectores de pequeña clase media, artesanal o comercial, que codificaron la fisonomía de las ciudades. Esas clases medias, sustentadas por la vasta empresa de intermediación que suponía la producción en gran escala de productos exportables y la importación de artículos manu – facturados, suscitaron toda clase de problemas derivados; compuestas, naturalmente, no sólo de inmigrantes, sino también de población criolla —mestizos muy especialmente en algunos países—, revelaron la fuerte tendencia de sus miembros a mejorar su posición social y económica. Fueron sectores de gran movilidad en muchos países, y no sólo hubo deslizamientos desde situaciones de baja clase media hacia sectores profesionales y comerciales en una o dos generaciones, sino que hubo una marcada tendencia de sus miembros a lograr cierta participación política.

En el seno de las clases populares se advirtieron también algunos cambios. Los sectores rurales criollos o indígenas fueron quizá los más estáticos. Pasaron a veces del sistema paternalista de las viejas haciendas a un sistema industrial despersonalizado que agravó aún más su situación. En las ciudades, en cambio, mejoraron algo los sectores asalariados. Donde hubo éxodo rural, los criollos, indios y mestizos se incorporaron a actividades nuevas: fueron generalmente peones en las grandes obras públicas, o en la construcción, o ejercieron pequeñas manufacturas y aun cierto comercio. Donde hubo in-migración europea, los inmigrantes que no lograron ascender de clase, ni siquiera al sector artesanal, fueron también peones en obras, trabajaron en las artesanías —como panaderos, herreros, etcétera—o se ocuparon de servicios públicos. También ellos manifestaron cierta tendencia a la participación política acompañando a quienes iniciaron movimientos de resistencia antipatronal —que fueron preferentemente artesanos— o integrándose en la clientela de los caciques o caudillejos políticos.

Por sobre esta masa activada por el impacto del desarrollo económico se situaba, según la escala de prestigio social, una clase media tradicional; profesionales, comerciantes, pequeños propietarios, burócratas, que se mantuvieron al margen de la ola de ese desarrollo. Atada a sus costumbres y a sus prejuicios, declinó por el solo hecho de mantenerse estable, y no quiso o no fue capaz de encontrar un camino para salir de su posición. Pero por encima de ella se situó otro sector de la clase media que sí supo encontrarlo. De sus filas salieron quienes integraron la primera o la segunda fila de esa alta burguesía, un poco aventurera, que se puso a la cabeza de la sociedad en cambio.

Esa alta burguesía, sin embargo, tenía también en su núcleo un sector de las clases altas tradicionales, vinculado ya a la riqueza mercantil o al poder, dos puertas que abrieron el paso a la formación del nuevo grupo. De mentalidad moderna, llamémosle así, desencadenó el cambio o contribuyó a su logro, sin escrúpulos y con audacia, alcanzando pronto un nivel de influencia y riqueza que lo separó del conjunto de su clase. Ese sector fijó una posición, y a su alrededor se aglutinaron grupos más altos y más bajos: algunos provenientes de las clases señoriales que quisieron participar de la aventura de la nueva riqueza en todos los niveles —y no sólo en el de la producción— y otros provenientes de las clases medias. Este conjunto fue el sector dinámico de la sociedad y creó las nuevas fórmulas políticas que adoptaron casi todos los países latinoamericanos al finalizar el siglo XIX, tan variadas como puedan ser sus apariencias.

La continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales

A pesar de la profundidad de los cambios que se operaron en la estructura socioeconómica de los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos señoriales se resistieron a modificar sus convicciones políticas. Este hecho, tan simple como pueda parecer en apariencia, explica muchos aspectos de la vida social y política latinoamericana.

Como poseedores de los medios de producción, la tierra en primer lugar, los grupos señoriales —o la casi totalidad de sus miembros— aceptaron un cambio que los beneficiaba y se prestaron a sumarse a él en el plano estrictamente económico. Fueron capaces de modificar la organización de las haciendas, de adoptar nuevas técnicas de producción, de abandonar ciertas tradiciones a las que parecían atados. Pero pretendieron mantener su concepción del mundo, su sistema de valores, su concepción de la política, aun cuando por vía intelectual advirtieran la contradicción que ello implicaba.

Sin duda esa contradicción estaba latente desde los tiempos de la conquista. Esos grupos señoriales, dotados de vastas extensiones de tierra en un mundo colonial que se insertaba en el área del desarrollo mercantilista, adoptaron una actitud feudal hacia adentro —en sus haciendas y con respecto a la sociedad colonial—, pero aceptaron y siguieron una actitud mercantilista hacia afuera. Acaso esta dualidad explica la polémica acerca de si la conquista hispanoportuguesa fue feudal o capitalista, sobre la que no es oportuno entrar aquí. Parece evidente que sí fueron las dos cosas: una hacia adentro y otra hacia afuera. Y, cuando tres siglos después, el mundo mercantil —esto es, el mercado mundial integrado— adoptó una nueva fisonomía, los grupos señoriales pretendieron mantener la contradicción, aceptando los nuevos requerimientos de la economía mundial sin modificar su concepción política y social en relación con la sociedad en que vivían. Esta pretensión ya era un poco anacrónica en el siglo XVI; lo fue aún más a comienzos del siglo XIX al producirse los movimientos emancipadores; pero resultó absolutamente insostenible después de promediar el siglo XIX, cuando se sintieron los efectos no ya de la Revolución mercantil, sino los de la Revolución industrial.

Con todo, los grupos señoriales latinoamericanos abandonaron su pretensión, y así como habían sabido —y podido— resistir las influencias de la ideología liberal, intentaron resistir las situaciones de hecho que creó el impacto de los nuevos requerimientos económicos.

Esta vez el proceso de secularización fue más vigoroso aún, porque su peculiar dinámica creó en los diversos países latinoamericanos una burguesía urbana muy móvil, y con una especialización funcional en el proceso de intermediación que aseguró las posibilidades de una nueva opción para los sectores sociales dependientes de los grupos señoriales. El proceso de movilidad social fue intenso, el éxodo rural se aceleró, y los grupos señoriales perdieron buena parte de los recursos que poseían para asegurar la perduración de su hegemonía y el primado de sus concepciones políticas.

Empero, no cedieron. Ciertamente, perdieron fuerza sus convicciones, y perdieron también eficacia sus principios, que comenzaron a adquirir un aire anacrónico. Pero igualmente no cedieron y buscaron refugio donde pudieron hallarlo, aun cuando la defensa de los ideales tradicionales cobró a veces un tono romántico y nostálgico, y otras veces un aire de confesada impotencia, y en ocasiones una agresividad eficaz.

La debilidad del pensamiento político de los grupos señoriales residía en que pretendía defender la legitimidad del orden social y político tradicional y las formas de vida y los ideales tradicionales, pactando sin embargo con una nueva estructura económica mercantilista, organizada como dependencia de una estructura industrial foránea. La contradicción era tan obvia que los grupos señoriales no asumieron frecuentemente la defensa doctrinaria de sus posiciones, sino que se limitaron a sostener estas últimas en los hechos, disfrazando generalmente sus fundamentos con una nueva retórica más o menos eficaz. Quizás el más brillante episodio de la defensa de la concepción tradicional de la vida, intentada tardíamente en el seno de una sociedad que había girado resueltamente hacia su inclusión en la periferia de la sociedad industrial europea, sea la Revolución que desató en el Uruguay, en 1897, Aparicio Saravia, “…hijo de una opulenta familia del departamento de Cerro Largo, fuerte hacendado y de reputación personal altamente favorable”.[65]

El cronista de la Revolución fue Luis Alberto de Herrera, más tarde jefe del Partido Nacional —o Partido Blanco— y heredero político del caudillo rebelde, que caracterizó así el movimiento:[66]

Sin embargo, el Partido Nacional no se encontraba preparado para entrar en liza.

Treinta y tantos años de derrota, llevan cierto desorden a las filas, empalidecen el brillo acerado de los ideales y dejan muchos claros y vacíos difíciles de llenar.

Pero de cualquier manera, hubiera o no hubiera elementos, el sacudimiento vendría. La doctrina evangélica no puede rezar con los pueblos altivos ni con los hombres de honor. ¿Quién no castiga un bofetón en la mejilla?

En efecto, el 25 de noviembre se supo en Montevideo con indecible sorpresa, que acababa de alzarse en armas casi en el centro de la República ya militarizada, don Aparicio Saravia en compañía de su hermano Antonio Floricio, alias Chiquito, y seguido por algunos centenares de paisanos, en su casi totalidad desprovistos de recursos de guerra.

Nadie dudó que se trataba de una sublime locura, cuya audacia infinita sabría castigar el afilado sable de los escuadrones bordistas. Idéntica apreciación flotaba en todas las esferas. Ya estaba cerrado el periódico de los levantamientos a lanza; ya había caducado la supremacía de los caudillos; ya los gobiernos eran invencibles.

Por lo demás ¿de dónde salía aquel rebelde de sombrero blando y poncho campero, general improvisado de un movimiento estrafalario?

Quizá no lo sabían las clases burguesas de la capital, aquellas personas que se agitan en esta inmensa colmena sin conocer otro camino que el de sus tareas, ni horizonte más alto que el tapete de su escritorio; pero para quienes reciben alguna vez los ecos de la rica campaña y siguieron las fases trágicas de la Revolución riograndense, poseía talla propia el infatigable guerrillero que ya atraía sobre sí, envidias y nacientes admiraciones.

La referencia final de Herrera puntualizaba la recepción del contraste entre dos formas de vida, rural y urbana, la primera de las cuales entrañaba una concepción lúdica y heroica: la segunda, en cambio, era propia de las “clases burguesas” de Montevideo y aparecía rutinaria y mezquina. Este dualismo, que había descrito, entre otros, Sarmiento, solía darse en los teóricos europeizantes como una oposición entre civilización y barbarie, de la que el término valioso era la civilización, esto es, la vida urbana, la vida de las burguesías. Herrera recogió el dualismo pero invirtió el signo de valor. Y tanta importancia le atribuyó, que explicaba con él —como los sociólogos burgueses— el curso de la historia de su país:[67]

Cada vez que leo la historia de mi país, pienso cuando llego a los promisorios acontecimientos de 1851, que ese año de cualquier modo memorable, debió ser para nuestra nacionalidad altísimo mojón denunciador de amplio y glorioso porvenir.

Sin indagar los motivos originarios, tienen explicación a nuestro juicio, los recios choques de bando que sucedieron y hasta precedieron a la declaratoria de la Independencia.

El país era muy reducido, muy temerarias las aspiraciones dominantes y en las edades viejas no eran pocos los soldados que ganaban cada ascenso al precio de una cicatriz.

Los prestigios militares cobraban vigor con facilidad, en tierra donde el valor había dejado de ser virtud por lo vulgar, donde se mecía a los niños cantándoles odio hacia el opresor, donde morir al enristrar la nativa lanza en defensa de los dioses lares, colmaba los anhelos de todos.

La espada pesaría de manera decisiva, cuando cristalizara un organismo político dentro de nuestros disputados límites; y el espíritu selvático de nuestros abuelos, las proverbiales rebeldías de antaño, perpetuadas y obedientes a la voz de los caudillos, importaban una seria amenaza de dislocamiento social.

Esas robusteces guerreras, el cariño al terruño que durante las épicas campañas por la emancipación amasó tantos heroísmos y tan beneficiosas resistencias, habían relajado los vínculos de la común disciplina.

Llegado el momento de la organización sólida y definitiva, ¿habría brazo bastante fornido, capaz de encauzar apetitos ilimitados y voluntades sin muelles, que sólo entendían de bolear potros, correr cuchillas y vivir en desafío a muerte con propios y extraños?

La vez que eso se quiso, quedó hoscamente señalada la prevención campesina a los hijos de las ciudades.

La ignorancia de las muchedumbres andariegas, exigía que para ser buen ciudadano se fuera antes buen gaucho. ¿Acaso quien no sabía dominar un caballo estaba en aptitud de dirigir los negocios comunes?

El dualismo se había planteado, y en esa antagónica disparidad de factores encontraremos la causa verdadera de las acciones y reacciones, de los desórdenes y conflictos que conmovieron la vida nacional durante medio siglo.

Pero el desprecio de los grupos señoriales por las clases burguesas no ocultaba poco de resentimiento, porque se habían visto obligados, para subsistir o para enriquecerse, a aceptar cierta tutela de los sectores mercantiles que dominaban la vasta red del comercio internacional, sin la cual nada valía su riqueza. Ese resentimiento condujo a una exaltación no sólo de los valores criollos tradicionales —rurales, lúdicos, heroicos— sino también a una exaltación de las familias y los hombres de aquellos grupos, a quienes se les confirió una superioridad natural sustentada con variados argumentos. Gilberto Freyre habla del “arianismo casi místico de Oliveira Vianna”,[68] porque el sociólogo brasileño fundó en razones de raza la superioridad de las viejas clases señoriales del Brasil. Decía en 1930 en su obra Evolución del pueblo brasileño,[69] refiriéndose a la época colonial :

En su estructura social, esos latifundios poseen tres clases perfectamente distintas: la señorial, la de los hombres libres, arrendatarios de la propiedad, y la de los esclavos, que son los obreros rurales.

En la primera clase figuran los señores del ingenio, su familia, sus parientes —muy numerosos, por demás, en esos tiempos de gran solidaridad familiar— y los individuos blancos agregados al señor del ingenio. Son todos casi enteramente de raza aria.

Oliveira Vianna[70] descubría en las familias de los señores de ingenio rasgos raciales inequívocos, pero también rasgos eugenésicos que perpetuaban virtudes excepcionales a lo largo de generaciones:

Esos grandes señores territoriales son, como sabemos, extremadamente celosos de sus linajes aristocráticos; procuran mantener lo más posible la pureza de la raza blanca de la cual descienden. Ahora, como blancos puros, el temperamento aventurero y nómade que los impele hacia los ‘sertoes’ a la caza de oro de indios, no les puede venir sino de una ancestralidad germánica: sólo la presencia en sus venas de glóbulos de sangre germánica puede explicar su combatividad, su nomadismo, esa movilidad incoercible que los hace irradiar por todo el Brasil, al norte y al sur, en menos de un siglo. Los braquicéfalos peninsulares de raza céltica, o los dolicocéfalos de raza ibérica, de hábitos sedentarios de índole pacífica, no parecen haber podido darles ni esa movilidad, ni esa belicosidad, ni ese espíritu de aventura y de conquista.

Otro hecho que parece reforzar también la presunción de la presencia de dolicocéfalos rubios, con celtas e íberos, en la masa de nuestra primitiva población, es el soberbio eugenismo de muchas familias de nuestra aristocracia rural. Los Cavalcanti en el norte, los Prados, los Lemes, los Buenos en el sur, son ejemplos de casas excepcionales que han dado al Brasil, desde hace trescientos años, un linaje copioso de auténticos grandes hombres, notables por el vigor de la inteligencia, por la superioridad del carácter, por la audacia y la energía de la voluntad.

Así se constituyó una clase social que Oliveira Vianna[71] veía predominar, legítimamente, durante el Imperio, perpetuando sus calidades tradicionales:

La afición por la vida rural, por otra parte, se acentúa y se refina, deshaciéndose de los aspectos groseros de la conquista: la posesión de una propiedad agrícola se convierte en aspiración común de todos los espíritus amantes de tranquilidad y de paz. Los elementos de la flor y nata de la sociedad, los políticos en evidencia, los estadistas, como todos los que quieren poseer un poco de autoridad social, procuran el punto de apoyo de una finca rural, de modo que en la vida pública y privada, obran con el decoro, la independencia y la hombría que sólo pueden tener aquellos para quienes el problema de la subsistencia está resuelto de un modo estable y cabal. ‘El brasileño que puede —dice un publicista del 2° Imperio— es agricultor; ejerce la única profesión verdaderamente noble de la tierra. Los empleos serviles los pospone. Recordad los aires señoriales y ciertos modales aristocráticos del gran propietario: es el tipo del brasileño rico’.

Esa aristocracia rural es la que provee todos los elementos dirigentes de la política en el período imperial. Los cargos de la administración local, en los municipios y las provincias, son llenados por ella. De ella salen la nobleza del Imperio y los jefes políticos que reúnen y organizan en los municipios y las provincias los elementos electorales y partidarios locales. De ella proceden también las juventudes que afluyen a las academias superiores del norte y del sur, a Recife, a Bahía, a San Pablo, a Río y siguen su carrera hacia las profesiones liberales y las altas esferas de la vida parlamentaria y política del país.

Y resumiendo el papel que esa aristocracia había desempeñado, concluía:[72] “En un país en que los elementos dirigentes tienen tal relieve y estatura, o se gobierna con ellos o, sin ellos, no se gobierna”.

Una reminiscencia, más o menos sublimada, de las creencias tradicionales en la superioridad de las viejas aristocracias en proceso de decadencia económica y social, apareció en las literaturas vernáculas cultas; escritores de familias tradicionales recogieron sosegadamente, sin espíritu polémico sino con un fuerte sentimiento nostálgico, los recuerdos de un pasado rural algo desvanecido y evocaron las formas de vida y las virtudes que entonces caracterizaron a los hombres de ese ambiente. Ricardo Güiraldes, Benito Lynch y Enrique Larreta en la Argentina y Carlos Reyles y Javier de Viana en el Uruguay intentaron la resurrección poética de los valores predominantes en una sociedad precapitalista.

Pero aun ellos, en su mayoría asiduos visitantes de París —un París burgués—, ponían de manifiesto la íntima e irresoluble contradicción de los grupos señoriales. Menos sublimada y más explícita fue la actitud de los que emprendieron lo que se ha llamado el “revisionismo histórico”, intento de aniquilar la obra de las burguesías ilustradas en el que, evitando el problema de las relaciones entre la burguesía de hoy y las nuevas clases populares, se las fustigaba por su actitud contra los grupos señoriales en virtud del apoyo que en el pasado recibieron éstos de las masas rurales.

La defensa de las viejas aristocracias y de sus descendientes y herederos llevó a algunos a defender también las ventajas de la estructura latifundista. En México, Francisco Bulnes atacó a la Revolución desde un punto de vista conservador, y no sólo fustigó a la “burguesía burocrática”, a la que atribuía la línea revolucionaria triunfante, sino también a quienes, como Zapata, pretendieron hacer una “Revolución racial” en beneficio de la clase indígena. En cambio, afirmó que México necesitaba una “dictadura organizada”, un gobierno de las clases acomodadas, y defendió el latifundio afirmando que cuando es trabajado por hombres libres —y no por siervos— crea riqueza y ofrece prosperidad a las clases populares. Citando estos pasajes, agrega Víctor Alba[73] que las ideas sociales de Bulnes “sintetizan las de una parte considerable de la sociedad mexicana, que jamás las formuló explícitamente”. Una vez más se advierte este curioso rasgo de la actitud señorial.

También sostenía Bulnes que tanto el partido conservador como el liberal eran “facciones corruptas”. Afirmaciones semejantes formularon en diversos países los sectores señoriales, a partir del momento en que los fenómenos de ascenso de clases medias y populares tornaron imposible su ascenso al poder por el camino del sufragio. El ejercicio de la democracia y los mecanismos por medio de los cuales se ejercitaba parecían ofrecer un espectáculo degradante a los ojos de quienes se sentían poseedores no sólo de los medios de producción sino también de un grado casi sublime de dignidad. En rigor, los grupos señoriales no poseían en su tradición más que la política del poder. Cuando tuvieron que descender a las formas competitivas de la política, no sólo perdieron el aplomo que les era peculiar, sino que tuvieron que aceptar —como en el campo económico— la intermediación de los grupos burgueses para evitar su desplazamiento en situaciones normales. Apelaron con frecuencia al recurso de provocar situaciones anormales, y para justificar ese proyecto, denunciaron el aspecto degradante de las luchas en las que hacían su aprendizaje político las clases medias y populares en ascenso. Empero, cuando aceptaron la intermediación de los sectores burgueses para participar en el poder, transigieron con las prácticas propias de las democracias incipientes, y coadyuvaron al triunfo ofreciendo sus clientelas sociales en calidad de clientelas políticas.

Algunos espíritus refinados y sin vocación por el poder —hijos sensibles de padres poderosos— renunciaron abiertamente a la política y transfirieron sus sentimientos aristocráticos a las actividades del espíritu. Al comenzar el siglo XX, exactamente en 1900, el escritor uruguayo José Enrique Rodó publicó un profundo ensayo que tituló Ariel,[74] en el que denunciaba los peligros de las democracias igualitarias:

Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación con el allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.

Con relación a las condiciones de la vida de América, adquiere esta necesidad de precisar el verdadero concepto de nuestro régimen social un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita: por la influencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación y encauzar el torrente humano con los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden político seguro y los elementos de una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando su ordenación jerárquica a la torpeza del acaso, conduce forzosamente a hacer triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías.

De todos los riesgos que la democracia implicaba, ninguno le parecía más grave que el predominio del espíritu utilitario:[75]

La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolví – miento democrático de nuestro siglo, ni se ha opuesto en formas brutales a la sere-nidad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, a la manera de una bestia feroz, en cuya posterioridad domesticada hubiérase cambiado la acometividad en mansedumbre artera, e innoble, el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo igualitario y lo vulgar, puede ser un objeto real de acusación contra la de-mocracia del siglo XIX. No se ha detenido ante ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar angustiosamente algunos de sus resultados en el aspecto social y en el político. Expulsando con indignada energía del espíritu humano aquella falsa concepción de la igualdad que sugirió los delirios de la Re-volución, el alto pensamiento contemporáneo ha mantenido al mismo tiempo, so-bre la realidad y sobre la teoría de la democracia, una inspección severa que os permite a vosotros, los que colaboraréis en la obra del futuro, fijar vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar el espíritu del régimen que encontráis en pie.

El consejo se dirigía a los jóvenes. Lo recogieron todos los que buscaban una justificación para sus vocaciones intelectuales y estéticas en una sociedad efectivamente orientada hacia el lucro. Pero el sentimiento que generó fue en cierto modo una especie de transferencia de la actitud señorial y la cálida receptividad que hallaron las ideas de Ariel revelaron que esa actitud perduraba. En el campo de las ideas y de la creación justificó un vivo sentimiento de elite, que constituyó sólido fundamento, precisamente, para las aristocracias del espíritu a la que se acogían, por cierto, no sólo quienes pertenecían a los tradicionales grupos señoriales sino también los que aspiraron al ascenso social acercándose a ellos como epígonos más o menos farisaicos. Y trasladado al campo de la política promovió un escepticismo frente a las incipientes democracias, que avivó no mucho después los designios de los que, como el poeta argentino Leopoldo Lugones, juzgaron que había llegado “la hora de la espada”.

La acometida más beligerante de los grupos señoriales —o mejor, de quienes intentaban salvar lo que de esa tradición parecía rescatable— adoptó los caracteres de un ataque frontal contra la política liberal, en nombre de los principios del catolicismo, al que los liberales respetaban pero trataban de confinar, secularizando la vida pública.

La apelación a los problemas últimos de la fe implicaba una absolución de posiciones que los políticos liberales rehuían, puesto que, siendo católicos o conociendo la fuerza social del catolicismo, fundaban su laicismo en una prescindencia religiosa y de ningún modo enfrentaban los problemas de la fe. Pero los grupos católicos, alarmados por los progresos del regalismo y preocupados por lo que parecía, en las últimas décadas del siglo XIX, la liquidación final de los fundamentos tradicionales del orden social, apelaron a la más severa ortodoxia siguiendo las orientaciones de la política del Vaticano, trazada a través de las encíclicas Mirare vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus (1864).

Triunfó en el Ecuador García Moreno e impuso la ortodoxia con tal vigor que se ha dicho del Ecuador que fue el único país donde el Syllabus tuvo fuerza de ley. En Colombia, el movimiento que se llamó la “Regeneración”, encabezado por el presidente Rafael Núñez, logró oponer en la constitución de 1886 una concepción católica del Estado. En Uruguay y en la Argentina, en cambio, aunque la polémica fue encarnizada, los liberales se sobrepusieron a los católicos.

Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de Tabaré, defendió el punto de vista católico en el Uruguay; Joaquín Larrain Gandarillas y Abdón Cifuentes en Chile. En la Argentina la polémica se planteó alrededor del problema de la educación pública y del Registro Civil, que sustraía a la Iglesia Católica el control de las personas: pero en su transcurso los diputados católicos enjuiciaron la totalidad del orden liberal y la civilización moderna.

Pedro Goyena[76] defendió en un debate parlamentario la doctrina pontificia del Syllabus:

¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál la civilización que el Syllabus condena, al decir que el Pontífice romano no puede ni debe transigir con ellos?

Señor: el liberalismo que se condena es lo que en nuestros días se entiende por tal. habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con la libertad, v que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del Estado.

El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa. El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente desvinculados de la religión.

Pero no sólo el Estado liberal era lo condenable. Era la civilización moderna en su conjunto, con sus ideales y sus formas de vida, lo que merecía la condenación y exigía la vigilancia de la Iglesia:[77]

¡He ahí la civilización: el desarrollo de la sociedad bajo el aspecto material, bajo el aspecto moral!

Pero ¿es ésta la civilización moderna? ¡Ah, señores, no, mil veces no! ¡Todos lo sabemos; liberales y no liberales, creyentes y no creyentes, todos podemos dar testimonio del espectáculo de la vida a que asistimos y en que nos mezclamos como actores!

Contemplad la civilización moderna. ¿Qué es ella sino el predominio absor-bente de los intereses materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el esplendor de sus virtudes.

La ciencia, a la que jamás la iglesia fue hostil, ha tomado una dirección ex-traviada, por la influencia de un orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo: que se lanzan al espacio aéreo y navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz. desconocidos a los antiguos, como decía un orador argentino; que analizan los aspectos lejanos; que descubren la vida en organismos ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso; y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la pobreza, la debilidad de sus elementos morales! ¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que en el siglo XIX, gobernando la materia. dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos, el cielo no tiene promesas para la esperanza; el astro brillante no simboliza la fe: la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para una existencia efímera y fugaz. El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!

Las doctrinas; el progreso; la civilización que a tan lamentables resultados conducen, eso es lo que el Syllabus, eso es lo que la Iglesia ha condenado; y bien clara se ve ahora la justicia de tal condenación.

Este cuadro exigía una actitud resuelta de quienes no creían en la llamada civilización moderna, sino en los ideales tradicionales, incompatibles con ella. Los católicos pusieron a los liberales en la disyuntiva de optar, pero no entre una u otra forma de vida, sino entre la salvación y la condenación, entre el paraíso y el infierno, dispusie-ron a la acción para alcanzar lo que, en la Argentina como en Colombia, llamaban la “Regeneración”. Tal fue también la requisitoria de José Manuel Estrada[78] durante la discusión parlamentaria de las leves liberales:

¡señores! Si los medios se subordinan a sus fines, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición: o la soberanía de la Iglesia. íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy día delante del cielo v de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso, las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la república!

Los ideales heroicos, la posesión de la tierra, la desigualdad social, la aristocracia del espíritu y la sumisión de las conciencias a la Iglesia Católica: tal era el haz de las ideas fundamentales que el espíritu señorial se empeñaba en defender frente a los cambios que se habían operado en la sociedad de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha no fue a muerte, y los grupos señoriales se acomodaron poco a poco, sin confesarlo, a las nuevas situaciones, esperando filosóficamente que la crisis del orden nuevo devolviera periódicamente a sus manos el control de la economía, del poder y de las conciencias. Con frecuencia, un golpe militar solía contribuir a la restauración renovando la retórica del heroísmo.

El predominio del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Si los grupos señoriales pretendieron conservar sus tradicionales tendencias políticas a pesar del profundo cambio socioeconómico y social que se había operado, los grupos burgueses, en cambio, elaboraron las suyas en el proceso mismo; y aquéllos que las llevaron hasta sus últimas consecuencias lograron poder económico y poder político. Con ello, impusieron su pensamiento sobre el conjunto social, arrastrando tras de sí densos grupos sociales de variado origen.

Quizás el más importante problema, entre los que suscita el análisis del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa, sea el de cómo se constituyó ese sector. En términos generales, es evidente que hubo núcleos burgueses, extranjeros unos y nacionales otros.

que se fundieron con grupos señoriales renovadores para intentar la gran empresa. En cada país esa fórmula significó algo diferente. Los distintos grupos sociales operaron de distinta manera en México y en Argentina, en Chile y en Brasil, en Uruguay y en Colombia. Según la rigidez de la estructura social anterior fue más o menos fácil la formación de esas clases medias fluidas que generaba el proceso económico, y más o menos fácil la conquista del nuevo status social que ofrecía a los grupos en ascenso sus nuevas posibilidades económicas. Y del seno de esas clases medias surgió el conglomerado que rodeó el núcleo originario, se fundió con él, y constituyó finalmente la alta burguesía, cuyo poder la impulsó a forzar su distanciamiento del resto de las clases medias y constituirse en oligarquía política y eco-nómica. Esta tendencia al distanciamiento es lo que la transformó en una fuerza de derecha. Muchos de sus miembros provenían, sin duda, de sectores liberales que admitían la necesaria continuidad de ese proceso de ascenso social que podía asegurar la vigencia de un sistema democrático.

Pero la conquista del poder económico y político por un pequeño grupo puso una valla entre éste y el resto del conjunto social.

Justo Sierra hizo una descripción acabada de la burguesía mexicana de fines del siglo, polarizada políticamente, en su opinión, pero sin distinguir suficientemente los grupos de alta burguesía que asumieron activamente el poder y los grupos medios y populares que, aunque solidarios con aquéllos, sólo tenían una actitud pasiva. Decía en su Evolución política del pueblo mexicano.[79]

En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños al dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó formada: con un buen número de descendientes de las antiguas familias criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo con los analfabetos.

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y, además, el segundo, al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de razas que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente ficticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una osmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni del alcohol ni de la superstición. Son éstos, microbios sociopatogénicos que pululan por colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la reaccionaria, cuyo génesis hemos estudiado en otra parte, esta burguesía tomó con – ciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias, liberales, reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su organización: un gobierno resuelto a no dejarse discutir, y es, a su vez, la creadora del general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su obra no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía mexicana.

En la Argentina, Juan B. Justo[80] identificaba por la misma época, con precisión, y en términos económicos, los componentes de la alta burguesía:

Necesitamos, ante todo, que cada grupo social adquiera conciencia de sus intereses políticos.

Contra lo que se afirma comúnmente, en nuestro país las agrupaciones so-ciales son tan definidas y tan netas, que cualquiera las distingue a simple vista con más facilidad que a un autonomista de un cívico o un radical, aunque los conozca íntimamente y los siga en sus enredadas contradanzas políticas.

Hay quienes producen para la exportación y quienes para el consumo: en general, los unos tienen el más claro interés en fomentar el comercio exterior del país, los otros en restringirlo.

Hay propietarios que quieren mantener todos los privilegios inherentes a la propiedad legal del suelo, y arrendatarios interesados en que la ley favorezca su ocupación y cultivo efectivos.

Esta puntualización ilustra los conflictos internos que caracterizaron a la alta burguesía, integrada por grupos productores, generalmente de tradición y mentalidad señoriales, y grupos mercantiles intermediarios típicamente burgueses. Pero a pesar de esa contradicción la alta burguesía fue adquiriendo coherencia a través de una suerte de complicidad con el monopolio del poder, en su uso para sus propios fines, y en la coincidencia en un estilo de vida que suponía la progresiva elaboración de un sistema de normas y valores comunes. Definida su actitud y consolidada su posición, la alta burguesía adquirió los caracteres de una oligarquía liberalburguesa. Su presencia se hizo notoria en muchos países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo, siempre en relación con las transformaciones económicas y, sobre todo, con la penetración del capital extranjero: en Brasil, en relación con el establecimiento de la república y el auge del café: en Argentina y Uruguay, con los cereales y las carnes; en Chile, con el salitre y con la Revolución contra Balmaceda; en Colombia, con la crisis de 1870 y la “Regeneración” de Rafael Núñez; en México, con los metales y el “porfiriato”; en Guatemala, con el banano y Estrada Cabrera; en Venezuela, con Guzmán Blanco. Vagos principios del liberalismo quedaron en pie, más o menos disminuidos según el grado de consentimiento que las oligarquías lograron y el grado de represión que debieron ejercitar; y vagos principios de progreso fueron enarbolados, aunque delimitados siempre por los márgenes que el capital extranjero quiso señalarles. Una gran eficacia los caracterizó casi siempre, y muchos países latinoamericanos hicieron por entonces su primera experiencia de esplendor económico, aun cuando la distribución de la riqueza fuera notoriamente injusta.

Uno de los más brillantes representantes de la oligarquía chilena, Enrique Mac-Iver, definió en un debate parlamentario su carácter y defendió su papel con profunda convicción:[81]

La oligarquía, ésa de que tan seriamente se nos habla, vive en un país repre-sentativo parlamentario, que tiene sufragio universal o casi universal, donde todos los ciudadanos tienen igual derecho para ser admitidos al desempeño de todos los empleos públicos y en que la instrucción, aun la superior y profesional, es gratuita. Agréguese que no existen privilegios económicos ni desigualdades civiles en el derecho de propiedad y convendrán, mis honorables colegas, conmigo, en que un país con tales instituciones y con oligarquía, es muy extraordinario; tan extraordinario que es verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que los honorables diputados que nos dieron a conocer esa oligarquía, hayan sufrido un ofuscamiento, que les ha impedido mirar bien, confundiendo así lo que es distinción e influencias sociales y políticas de muchos, nacidas de los servicios públicos, de la virtud, del saber, del talento del trabajo, de la riqueza y aun de los antecedentes de familia, con una oligarquía. Oligarquías como ésas son comunes y existen en los países más libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontrarán oligarquía de esta clase en Inglaterra y aún en los Estados Unidos de América. A esas oligarquías que son cimientos inconmovibles del edificio social y político, sólo las condenan los anarquistas y los improvisados.

También definió y defendió a la oligarquía chilena, desde Buenos Aires, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge[82] en Nuestra Amé-rica, asignándole a la coalición que derrocó al presidente Balmaceda un neto carácter de aristocracia tradicional e ignorando —o disimulando— los otros elementos que la integraban. Pero, en todo caso señalando que la oligarquía se enfrentaba decididamente con las clases medias y populares:

La Revolución que derrocó a Balmaceda puede considerarse un triunfo de un partido históricamente aristócrata, en el carácter, si no en el nombre, contra la nueva tendencia reaccionariamente democrática de un gobierno que, resistido por la clase rica y blanca, buscó el apoyo de la clase pobre y mestiza: del pueblo, de los “rotos”…

Fue un rasgo peculiar de esas oligarquías repudiar, si no los principios, las consecuencias, al menos, de la democracia igualitaria. Cierta vez le preguntaron a Eduardo Wilde, finísimo escritor y político argentino, qué era “la universidad del sufragio”; su respuesta fue: “el triunfo de la ignorancia universal”. Fue en 1885.

Doce años más tarde, el vizconde de Saboia escribió en sus Tragos da política republicana que, en el Brasil, la república estaba compuesta de “rateros, bandidos y asesinos”. Hubo, como se advierte en la frase de Carlos Octavio Bunge, una invencible aversión a las clases populares, que adquirió caracteres de odio y desprecio cuando se trataba de población indígena. El mismo Bunge[83] decía refiriéndose a ella: “Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean! — habían diezmado a la población indígena y africana…”.

Y no menos categórico era el escritor boliviano Alcides Arguedas, que, en Pueblo enfermo,[84] decía del indio: “Hoy día, ignorante, de-gradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía… y oyendo a su alma repleta de odios, desahoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”.

También manifestó la oligarquía un marcado desdén por las clases medias en ascenso, en las que veía, sin duda, un adversario potencial puesto que demostraba una decidida tendencia a participar en la vida política.

El conservador chileno Rafael Egaña decía, refiriéndose a Balmaceda:[85]

Personificaban la resistencia a la dictadura (de Balmaceda) las personalidades más altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio… y se rodeaba (Balmaceda) de advenedizos y desconocidos, gente de posición indefinida, sin títulos para entrar en la alta sociedad, pero con pretensiones de sobreponerse al bajo pueblo…

Con tales convicciones, la oligarquía liberalburguesa pudo ejercer el poder con la seguridad de que constituía una clase elegida. En verdad, era la clase eficaz para afrontar la empresa económica a la que los distintos países latinoamericanos eran llamados por la organización capitalista mundial; y con este título, desdeñó no sólo a los grupos señoriales que procuraban mantener la estructura tradicional —a los que llamaba reaccionarios y oscurantistas— sino también a los grupos de clase media y popular que mantenían su adhesión a los principios del liberalismo y contemplaban atónitos a qué extremos los habían conducido las oligarquías.

No faltó, desde uno y otro sector, quienes denunciaron la entrega de las economías nacionales al capital extranjero. José Batlle y Ordóñez enjuiciaba en su periódico El Día, de Montevideo, al presidente Herrera y Obes:[86]

Si se examinan los rasgos culminantes de toda la conducta de los Poderes Públicos y de toda la propaganda orista, se verá claramente que los verdaderos intereses nacionales nunca se han tenido en cuenta; se verá que han sido sacrificados a los intereses de lo que aquí llaman ‘alto comercio’, o sea, los intereses de un grupo de dependientes y factores de fábricas extranjeras cuyos productos introducen.

Y el chileno Luis Aldunate decía, refiriéndose a la enajenación de las salitreras:[87]

El remate de las propiedades salitreras fiscales tiene que producir dolorosas consecuencias, no sólo porque no hay capitales en el país que puedan competir en concurrencia libre con la masa de recursos de los cuales disponen los extranjeros, sino porque necesitábamos precisamente de las oficinas, de las máquinas del Esta-do para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y los azares de esa industria, que requiere de grandes medios de desenvolvimiento y que está sujeta a sacudidas violentas.

Para promover el desarrollo de la economía, impulsar la prosperidad y crear un ambiente de seguridad para los inversores extranjeros, las nuevas oligarquías, acaso recogiendo los signos de cierta generalizada fatiga de tantas querellas internas, proclamaron un lema que la república del Brasil inscribió en su bandera: “Orden y progreso”.

Era lo mismo que afirmó el presidente argentino Julio A. Roca al hacerse cargo de la presidencia: “Paz y administración”. Y el presidente de Colombia Rafael Núñez, declaraba que era propósito de la “Regeneración” establecer “la paz verdadera y científica’. Era un anhelo de quienes entreveían un porvenir de riqueza, y de reducir y canalizar la actividad política.

La política debía, en lo futuro, encuadrarse dentro de marcos estrictos y el Estado de la oligarquía liberalburguesa se dispuso a apelar a la fuerza de un ejército moderno y organizado para reprimir todo intento de apelación a la Revolución. Roca[88] lo prometió de manera muy enérgica en oportunidad de hacerse cargo del gobierno en 1880: “Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo Nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública”.

Y agregaba: “Espero, sin embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la república por el crimen de la guerra civil”.

Era, más o menos, que en Colombia decía Núñez en 1884:[89] “El propósito del gobierno del que somos exponentes, será siempre el mismo: reprimirá estrictamente, conforme a la ley, todas las perturbaciones del orden político, que por lo general son grave amenaza del orden social”.

El pensamiento de Porfirio Díaz fue expresado en México con el lema de “poca política y mucha administración”. Al enjuiciarlo el filósofo Antonio Caso hacía notar:[90]

El error de Porfirio Díaz consistió en preferir sistemáticamente el desarrollo de los sistemas económicos, en creer que la riqueza es el solo aliento de los gobiernos fuertes, y, sobre todo, en pensar que el bienestar nacional exigía la supresión de las prácticas democráticas, por eso su gobierno, que aconsejaba el lema de ‘poca política y mucha administración’, cayó vencido.

La decisión de limitar la actividad política fue una decisión de restringir los márgenes sociales de la participación política. Las oligarquías cerraron el camino por el cual tendían a incorporarse a la vida pública las clases medias en ascenso y, en algunos países, las clases populares. Se utilizaron mecanismos electorales para evitar la expresión de las disidencias, estableciendo limitaciones legales —por ejemplo, para los analfabetos— o haciendo fraude en los comicios. Negaron obstinadamente la posibilidad de llevar a los cargos públicos a quienes no pertenecieran al círculo oligárquico, y crearon clientelas electorales y administrativas que respaldaban el sistema cerrado y facilitaban su funcionamiento. Naturalmente, quien ejerciera la presidencia de la república no podía salir sino de esos círculos.

El argentino Eduardo Wilde exigía este designio oligárquico en principio: “Será presidente el candidato que designe el general Roca —decía en un editorial periodístico al tratarse la sucesión de éste—. El general se ha hecho acreedor a esa conducta y debe aceptar el honor con serena conciencia”. Era el régimen que, poco después, se llamaría “el unicato”. En México, Justo Sierra[91] —ministro de Porfirio Díaz como Eduardo Wilde lo fue de Julio A. Roca— escribía:

Las dictaduras de hombres progresistas, que sean al mismo tiempo administradores inteligentes y honrados de los fondos públicos, suelen ser eminentemente benéficas en los países que se forman, porque aseguran la paz y garantizan el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. Pueden ser detestables en teoría, pero las teorías pertenecen a la historia del pensamiento político, no a la historia política, que sólo puede generalizar científicamente sobre hechos.

Y refiriéndose a Porfirio Díaz, explicaba la singular naturaleza de su poder y autoridad:[92]

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investi-do, por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su pro-grama de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órga-nos oficiales, de la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del Presi-dente, puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal; no se trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del país, como parecen afir-mar los fantaseadores de sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país, que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la vo-luntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional; y se ha atribuido a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la trasformación económica, sino para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, ha-brá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.

Las oligarquías declinaron, en cierto modo, su propia participación y apoyaron entusiastamente este tipo de dictadura, porque preferían la ejecutividad autoritaria de quien estaban seguras de que las interpretaba, a no abrir la peligrosa compuerta de la lucha política, tras de la cual esperaba una masa cada vez más numerosa de gentes, que creía tener derecho a participar en la vida pública. La oligarquía, en rigor, gobernaba desde los cargos públicos, pero gobernaba más aún utilizando los resortes del Estado en beneficio de sus intereses privados: un reavivamiento de la actividad política no podía, pues, menos que perjudicarla sin darle nada en cambio.

Venezuela conoció, en la figura de Antonio Guzmán Blanco, el tipo de dictador autoritario que se ajustaba a sus designios. Empero, Venezuela, como algún otro país, probó que el sistema podía extremarse. La dictadura de Juan Vicente Gómez fue ese extremo. Laureano Vallenilla Lanz[93] escribió en su tiempo un denso estudio—que tituló Cesarismo democrático— para probar que los países lati-noamericanos han tenido siempre necesidad de un jefe omnímodo que asumiera la totalidad del poder:

Si en todos los países y en todos los tiempos… se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aun el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Estas virtudes las hallaba íntegras precisamente en el presidente Juan Vicente Gómez, a quien atribuía no sólo las calidades necesarias sino también la obligación de ejercer la autoridad absoluta:[94]

Convencido de su misión política, no sólo por las satisfacciones de su propia conciencia, sino por las constantes y elocuentes manifestaciones con que la inmensa mayoría de los venezolanos demuestran su gratitud y su fe por los nobles y honrados procederes del egregio caudillo, el general Gómez está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos conduce a un bienestar fundado en hechos po-sitivos.

Sin duda, Juan Vicente Gómez, como antes Cipriano Castro y antes aún Antonio Guzmán Blanco, representaba a los grupos más poderosos y los benefició al beneficiarse él mismo. Pero su dictadura, que sería difícil calificar dados los extremos que alcanzó, sobrepasó las expectativas de la oligarquía venezolana: el presidente cedió sin condiciones a la presión del capital petrolero norteamericano, y sus posibilidades de desarrollo quedaron limitadas dentro de los estrechísimos márgenes que fueron establecidos desde el extranjero. Quizás el de Juan Vicente Gómez sea un caso extremo. Pero esta posibilidad estaba implícita en la actitud de todas las oligarquías liberalburguesas de Latinoamérica. Por eso se transformaron en una típica derecha frente a los viejos partidos y grupos que conservaban y cultivaban la tradición ideológica del liberalismo y, más aún, frente a los nuevos y crecientes grupos sociales de clase media y popular que aspiraban no sólo al ascenso económico y social sino también a la participación política.

5. El pensamiento político del populismo desde la entreguerra

Si fueron importantes los cambios estructurales que se operaron en los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, más importantes fueron aún sus consecuencias en las primeras décadas del XX. Y no tanto, quizá, porque se consumaran los cambios en la organización económica —que por lo contrario resistió vigorosamente— sino porque se precipitaron los procesos sociales derivados, a un ritmo y a una escala que sobrepasaban los de los cambios económicos. Este desfazamiento suscitó graves problemas políticos e ideológicos.

Persistió, modernizado y agresivo, el pensamiento político de las burguesías liberalburguesas, cada vez más afianzado como ideología de la clase dirigente, cada vez más ajustado a la situación real; y persistió, envejecido y nostálgico, el pensamiento político de los grupos señoriales, cada vez más entregados a las burguesías liberalburguesas e integrados en ellas, aunque celosos de sus principios y normas, generalmente convertidos en prejuicios.

La novedad consistió en la aparición de una nueva derecha, influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional —a veces de las generaciones más jóvenes— que la enfrentaron y denunciaron por su entrega a las oligarquías liberalburguesas y por su abandono de los principios señoriales. Y si esto constituyó una novedad, explicable como un fenómeno de mimetismo, más lo fue la conversión que empezó a operar luego esa nueva derecha en busca de apoyo popular o en busca de soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares. Éstos son los grupos que suelen llamarse populistas, aun cuando la designación no sea totalmente ortodoxa. Es preferible, empero, para no usar la de los movimientos europeos que constituyeron sus modelos, luego aban-donados, y para destacar ciertas tendencias muy vigorosas que se advierten en ellos.

Como en el caso de las dictaduras liberales, también aquí se plantea el problema de la clasificación de estos grupos. Si nos atenemos al criterio político, puede decirse que revelan una inequívoca tendencia al ejercicio de un poder fuerte, dictatorial a veces, al uso de la fuerza para la conquista del poder, y a la imposición de cierto tipo de dictadura ideológica para la defensa de un sistema de fines arraigado en la tradición señorial y católica. Desde este punto de vista podría decirse que el populismo es un movimiento de derecha. Pero si nos atenemos a un criterio socioeconómico advertimos que el populismo ha aceptado el cambio y ha comenzado, en Latinoamérica, la busca de un esquema de cambio original. No es, en efecto, y pese a la frecuente retórica nacionalista, un simple retorno a la tradición, al ordenamiento social y económico propio del mundo señorial. Es, sin duda, un cambio para escapar del orden liberalburgués, pero cada vez más, según parece observarse, con un signo moderno que corresponde a lo que hoy se llama una sociedad de masas en el seno del mundo industrial, y es, precisamente, un cambio que pretende la reordenación de las masas según un sistema de fines que pueden o no compartirse, pero que corresponde a una problemática moderna y procura hallar fórmulas sociales y políticas dentro del repertorio de posibilidades que promete el incontenible proceso de desarrollo. Así, si nos atenemos a un criterio socioeconómico, no podría decirse que el populismo sea un movimiento de derecha sino una derecha paradójicamente volcada hacia la izquierda.

Este diagnóstico —es importante subrayarlo— corresponde a la situación actual. Pero como la situación social latinoamericana es muy fluida e inestable, no se podría asegurar que sea éste un diagnóstico definitivo. O mejor dicho, un diagnóstico que corresponda a núcleos esenciales. Más bien podría adivinarse que lo que está ocurriendo es una nueva alineación de partidarios de la perduración de orden liberalburgués y de partidarios de su cambio. En las nuevas alineaciones se entrecruzan los grupos, y el observador diagnostica sobre los procesos que tiene a la vista sin poder evitar la consideración de los diversos grupos que toman posición en cada frente: se extraña de que haya comunistas y socialistas embarcados en posiciones ranciamente liberales, y que haya sacerdotes y antiguos simpatizantes de Mussolini o Hitler que asuman actitudes revolucionarias modernas. En rigor, esta circunstancia perderá importancia con el tiempo, y los frentes a favor o en contra del cambio precisarán su fisonomía y cobrarán homogeneidad sin que importe la antigua filiación de sus componentes.

De todos modos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, éste parece ser el fenómeno más curioso: la escisión de la derecha en dos sectores: uno, adherido a la tradición liberalburguesa; otro, adherido a una nueva filosofía de cambio. En virtud de un proceso que, según cierto criterio formal —y en ocasiones un criterio realista—, o parte de la derecha, o la transforma, si se quiere, en una derecha paradójica, puesto que se lanza a la promoción del cambio desde dentro del sistema, con garantías que le permiten un tipo de acción que le está vedado a quienes pretenden impulsar el cambio desde fuera del sistema.

El cambio social y económico

La Primera Guerra Mundial constituyó, para Europa y para el mundo, el fin de la belle époque. Antes de ella, y a lo largo de cinco décadas, habíase arraigado la convicción de que el mundo se movía dentro de una armonía perfecta: la del mundo liberalburgués, maduro en sus ideas, maduro en las formas de su sensibilidad y maduro en la conducción de sus intereses. Pero esa armonía era inestable, y la inevitabilidad de la guerra probó que yacían en su seno contradicciones profundas que sólo transitoriamente podían haber hallado un equilibrio. Una vez roto, los cambios más violentos se produjeron en el ordenamiento económico, social, político y cultural. Los principios liberalburgueses que parecían más sólidos fueron aventados por los regímenes que se establecieron en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal. Por su parte, Inglaterra y Francia salieron gravemente disminuidas de la contienda, y Estados Unidos surgió como un gigante cada vez más poderoso por su riqueza y su poder militar.

Estos cambios se irradiaron rápidamente hacia la periferia de Europa, a los países de economía dependiente que se habían organizado a la sombra de la armonía del mundo liberalburgués, para servir a las necesidades y a las exigencias del núcleo hegemónico y recoger, en cambio, los márgenes de ganancia tolerables. Al sacudirse la organización, cada una de las partes recibió un mismo impacto, pero reaccionó de distinto modo según su propia estructura.

Latinoamérica sufrió muchas y muy diversas crisis, todas relacionadas con las alternativas del mercado exterior. Los tradicionales compradores de materias primas, en parte responsables del establecimiento de regímenes de monoproducción, reajustaron sus relaciones económicas con sus clientes en los términos más adecuados a sus necesidades, y todos los países latinoamericanos se encontraron con imprevistas situaciones para las que no estaban preparados. Hubo desequilibrios estructurales, desesperados intentos de reorganizar la vida económica por parte de las minorías perjudicadas, ingenuos tanteos y virajes audaces que, siempre, de alguna manera, atenuaban los efectos de la crisis que sufrían las oligarquías y solían pagar las clases medias y populares.

Por lo demás, la crisis de entreguerra estalló en una situación ya ligeramente alterada en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las interrupciones en el suministro normal de productos manufacturados había permitido el desarrollo de ciertas industrias, cuyo crecimiento esbozaba una situación de desarrollo en muchos países latinoamericanos. Pero el fin de la guerra y el reajuste de la economía mundial trajo consigo un intento de paralizar ese desarrollo, en beneficio del viejo sistema de preguerra que se trataba de reconstituir. La crisis fue, pues, más intensa aún.

Latinoamérica fue, después de la Primera Guerra Mundial, escenario de una lucha de mercados entre Inglaterra y Estados Unidos. Este último país avanzó considerablemente, y tanto sus capitales como su influencia política penetraron en muchos países latinoamericanos modificando las condiciones del desarrollo económico, el poder de los diversos grupos de la oligarquía liberalburguesa y las perspectivas de las clases medias y populares. Fue la época de las intervenciones armadas en Nicaragua y Santo Domingo, de las presiones políticas, de la obtención de concesiones y privilegios económicos en muchos países. El petróleo se transformó en el motor de la política internacional. La industria automotriz creció vertiginosamente y buscó sus mercados extranjeros con pertinaz empeño. Y mientras crecía la complejidad de la vida económica, se desataban las contradicciones del sistema, visibles en las crisis financieras y monetarias de los países europeos y agudizadas en la crisis de 1929. Los controles se agudizaron: controles de la producción, controles de los precios, controles de cambios. La vida económica se transformó cada vez más en un mecanismo de precisión, y el número de quienes la controlaban y manejaban se fue reduciendo.

Toda esta transformación económica incidió en los países latinoamericanos sobre los procesos sociales y económicos locales. En efecto, el hecho de que predominara una economía dependiente no significó que la vida de cada país o de cada región se redujera a los esquemas que esa economía imponía. El desarrollo económico mismo tuvo peculiaridades locales en muchos aspectos que escapaban al esquema, y aun en algunos que entraban dentro de él, puesto que las reacciones fueron el resultado de muchos factores locales. Más aún ocurrió en el plano de la vida social. La dependencia económica sujetó a ciertos sectores, pero no impidió que, aun éstos, conservaran su peculiaridad y, menos aún, que reaccionaran según su propia idiosincracia, en tanto que otros sectores que recibían los impactos de la dependencia económica, en distinta medida operaban complejos desarrollos de marcado matiz local.

Es sumamente importante señalar este fenómeno. Los impactos externos fueron iguales y tendieron a homogeneizar a Latinoamérica; pero las reacciones fueron diferentes y mantuvieron —o acentuaron quizá— la diferenciación en cuanto a la naturaleza de los problemas.

La expansión de las clases medias fue un fenómeno general en Latinoamérica, que se acentuó mucho después de la Primera Guerra Mundial y que tuvo distintos aspectos según los países y las regiones. Fuera de la influencia que en todas partes del mundo tuvo la Revolución industrial en la formación de las clases medias —una clase de consumidores—, en Latinoamérica influyó mucho la importancia que adquirieron los sectores terciarios, en un sistema económico en el que la intermediación cumplía un papel fundamental. El signo más visible de ese crecimiento fue el desarrollo de las ciudades, hacia las que emigraban todos los que podían hacerlo, abandonando los campos donde la sujeción era mayor, los salarios más bajos y, sobre todo, donde los desposeídos vivían la miseria rural, que en el mundo industrial parece peor que la miseria urbana, más dura esta última en ocasiones, pero más gratificante y retributiva psicológicamente. De los que emigraban, una parte no pequeña logró ascender hacia los estratos inferiores de las clases medias. Tuvo ésta, educación, atención médica, entretenimientos, fácil comunicación y posibilidades de consumo. Y por el ejercicio de tales posibilidades no sólo crecieron las clases medias sino que adquirieron ciertos rasgos de clase media vastos sectores de las clases populares.

También adquirió la clase media la posibilidad de acentuar su participación política, dentro del margen, más o menos extenso, que permitía el predominio de las oligarquías liberalburguesas. Pero aun cuando no pudo participar efectivamente en el poder, la clase media pudo hacer sentir su presión, e ingresar ocasionalmente a través de las fisuras del sistema.

Las clases populares sufrieron un proceso de desarrollo aún más notable. Casi totalmente pasivas hasta poco antes, aparecieron de pronto en muchos países como una fuerza eruptiva, quizás incapaz de orientarse por sí misma, propensa a volcar su formidable poder a favor de quien la sedujera. Era —obsérvese bien— lo mismo que habían hecho antes las clases medias, cuyos primeros pasos hacia su incorporación a la vida política habían sido a la zaga de algún sector señorial u oligárquico que las había buscado para usarlas como ariete contra sus adversarios dentro del sistema. Las clases populares irrumpieron. Habían aparecido en México detrás de Zapata o de Villa; y aparecieron luego en Brasil, en Perú, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Cuba. Sería largo describir la fisonomía del proceso, y más largo aún, y acaso más incierto, explicarlo rigurosamente porque todavía estamos inmersos en esa inusitada experiencia. Pero de todos modos es innegable que desde la década del veinte el fenómeno reapareció una y otra vez, y que fueron inútiles todos los esfuerzos para encubrirlo.

Podría intentarse, pero sería ajeno a nuestro tema, caracterizar cómo se constituían las masas que siguieron a Haya de la Torre, a Vargas, a Paz Estensoro, a Perón, a Gaitán, a Castro. Pero no puede dejarse de señalar el hecho, porque sin él es inexplicable no sólo la creciente inquietud revolucionaria —que escapa a nuestro tema— sino también la aparición de lo que llamamos el populismo. Tampoco puede dejar de señalarse la significación de fenómenos de irrupción popular tan significativos como el “17 de octubre” en Buenos Aires, en 1945, o el “bogotazo” del 9 de abril de 1948. Los mineros de Chile o de Bolivia no se parecen a los siervos de la mita, por cierto. Y los campesinos cubanos mostraron una capacidad para quemar etapas en el camino del desarrollo político, que evidenció la potencialidad que se esconde en las clases populares.

Esta situación, obsérvese bien, era prácticamente imprevisible fuera de México, antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de las clases populares como factor político es un fenómeno que en muchos países tiene veinte años y en otros treinta o cuarenta. Nada más explicable que estos fenómenos y los del crecimiento de las clases medias hayan obrado profundamente sobre la actitud de ciertos estratos de las derechas tradicionales, y provocado el curioso fenómeno de la aparición de la derecha paradójica, del populismo.

La continuidad del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Ante los síntomas de la crisis de posguerra, las oligarquías liberalburguesas —a las que estaban cada vez más estrechamente incorporados los grupos económicamente importantes de tradición señorial— se apresuraron a ajustar los mecanismos del poder para controlar lo mejor posible las alternativas del proceso.

En algunos casos hubo un simple estrechamiento de filas para presentar un solo frente político mientras se cumplía el plan económico. En otros casos hubo en el seno de la oligarquía liberalburguesa un enfrentamiento de grupos que disputaban el comando de la operación de ajuste, o por desconfianza en cuanto a las ideas y los compromisos de cada grupo, o por interés de asegurarse la totalidad o la mayor parte de las ventajas si había opción entre las soluciones. Y en ciertos casos, como en otras oportunidades en que se sintió en peligro, delegó el poder en un hombre fuerte —o simplemente lo apo-yó—, en el que reconocía capacidad y apoyo exterior suficiente como para llegar a la solución deseada.

La situación se hizo crítica hacia 1930, fecha que constituye un hito en la historia política de muchos países latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua y Ubico en Guatemala; en Colombia llegaron al poder los liberales, con Olaya Herrera, en tanto que en la Argentina triunfó la Revolución conservadora presidida por Uriburu; Bolivia vio el fin del régimen de Siles —al que reemplazó Salamanca—; el Perú, el de Leguía —sustituido por Sánchez Cerro—; y poco después Cuba el de Machado, reemplazado por una junta que entregó el poder a Grau San Martín; en Brasil surgió el régimen de Vargas; en el Uruguay dio Terra un golpe dictatorial; se desató la crisis política en Chile, de la que saldría una efímera república socialista primero y la vuelta al poder de Alessandri; estalló la guerra civil en Ecuador; y finalmente se encendió entre Paraguay y Bolivia la guerra del Chaco. Entre los países grandes, sólo México escapó a esta crisis. Todos fueron cambios profundos, generalmente turbulentos y dramáticos, tras los cuales el régimen anterior no volvió a ser restaurado jamás en las mismas condiciones, porque las fisuras de la situación habían quedado al descubierto y el sistema de las fuerzas sociales y políticas se constituyó en términos nuevos e irreversibles. La oligarquía liberalburguesa, bajo distintas formas y en variadas alianzas con los grupos de poder nacionales y extranjeros, asumió la responsabilidad de conservar el control de la situación sin que sus equipos de gobierno y sus personeros vacilaran en renunciar a algunas de sus más caras y tradicionales convicciones. Puede decirse que, a partir de ese momento, la oligarquía liberalburguesa fue más burguesa que liberal. Casi todo lo poco que conservaba de sus antiguas ideas liberales fue arrojado por la borda. En rigor, el sistema liberal había funcionado como una especie de fair play entre los distintos grupos de la burguesía, y dejó de funcionar cuando aparecieron en la escena política nuevos sectores sociales no pertenecientes a ella, movidos por distintas aspiraciones.

En el campo de la política interna, el programa de la democracia liberal fue considerado, de hecho, imposible de cumplir.

Sin duda que la retórica política siguió usándolo, quizá con más énfasis que antes. Pero de hecho quedó caduco. Las dictaduras políticas fueron rigorosas. Las elecciones, cuando las hubo, fueron en casi todas partes proscriptivas o fraudulentas, y en algunos países fueron un verdadero escarnio. Los partidos opositores fueron perse-guidos, las minorías despreciadas, los derechos civiles conculcados y los simples derechos humanos ignorados por verdaderos Estados policíacos. Las huelgas y los movimientos obreros fueron considerados atentados contra la seguridad pública, en tanto que se apoyaba la despiadada explotación de los trabajadores por las grandes em-presas nacionales y extranjeras.

Entretanto, en el campo de la política económica se produjo un viraje fundamental. El Estado abandonó los principios de prescindencia que la oligarquía había enunciado y defendido tenazmente hasta entonces, e intervino directa y brutalmente a veces, en la conducción de la economía. La producción y los precios fueron controlados por medio de organismos reguladores. Aparecieron los bancos centrales que dirigieron celosamente la circulación monetaria, la distribución del crédito y el uso de las divisas extranjeras. Los viejos principios del liberalismo económico quedaron olvidados.

Lo que si quedó en pie fueron los principios que habían hecho de los antiguos grupos burgueses y liberales una oligarquía cerrada. Conservó ésta la certidumbre de que sus intereses coincidían con los del país, la firme convicción de que era peligroso mantener abierto el camino hacia la participación política de los sectores medios y populares, y la decidida resolución de contener de cualquier modo los movimientos obreros que luchaban por modificar las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta resolución fue cada vez más firme, a medida que se agudizaron los conflictos, que creció —hasta límites dramáticos— la desocupación, que se acentuaron las migraciones internas y el éxodo rural, que explotaron las rebeliones de las clases tradicionalmente sometidas. Estos principios fueron, en realidad, los que nutrieron a las burguesías liberalburguesas, que seguían declarando, sin embargo, su devoción por el Estado liberal de derecho, por la constitución vigente, por el régimen jurídico, por el sistema parlamentario.

Esos principios no habían sido observados nunca de manera absoluta; pero la oligarquía liberalburguesa había parecido admitir que, con el tiempo y con el desarrollo de la educación, sería posible un día que se cumplieran plenamente. La oligarquía liberalburguesa asumía una especie de tutela de las clases en ascenso, y, ciertamente, la experiencia de algunos países autorizaba a pensar que ésa era su política para el futuro, como lo había sido en más de un caso antes de la crisis. El armazón legal del Estado se mantuvo, pero la violación del orden legal quedó prácticamente justificada por la costumbre.

El desarrollo normal del proceso económico y social acentuó los problemas a medida que la inflexibilidad del sistema gubernamental se extremó. Lo que ocurrió en Colombia desde 1948 y en Argentina desde 1945 se incubó sordamente durante este período. Las oligarquías fueron absolutamente insensibles a los problemas del pasado. La crisis se hizo visible con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas posibilidades de negocios aparecieron para las oligarquías, pero aparecieron para los sectores medios y populares otras posibilidades de rebelión, que se canalizarían a través de otros movimientos, algunos de los cuales tuvieron éxito más o menos duradero mientras otros se fueron disolviendo hasta perder agresividad.

Lo importante es que la oligarquía liberalburguesa estrechó sus filas nuevamente y volvió a cambiar de opinión frente a muchos problemas. Se destacaron de su seno sectores industrialistas que trataron de lograr una política de protección para su campo económico; pero los equipos dirigentes entraron de lleno en la esfera de acción del nuevo capital predominante —esta vez el norteamericano— y se afiliaron otra vez a una decidida política liberal que sostuvo la necesidad de mantener el régimen de la libre empresa. El neoliberalismo que pretendía imitar el sistema económico de los Estados Unidos y de los países como Alemania e Italia donde se había operado el llamado ‘‘milagro” de la economía liberal, fue defendido en los países latinoamericanos donde la coyuntura de la guerra había permitido desencadenar un proceso relativamente vigoroso de industrialización. Y en otros aspectos —menos en el político— el liberalismo volvió a ser considerado como el sistema propio de una democracia. Una retórica anacrónica envolvió esta prédica que, naturalmente, empezó a alejar de los partidos políticos que la defendían a los sectores medios y populares.

Las oligarquías liberalburguesas se encontraron, así, enfrentadas por vastas masas que acumulaban cada vez más experiencia. Para enfrentarlas acentuaron la defensa del liberalismo y lo transformaron en sinónimo de sistema de libertades individuales. Esos principios fueron identificados con los que rigen el mundo occidental y cristiano, y opuestos a los que rigen el mundo comunista. Todo principio de estatización, todo llamado a la justicia social, toda tendencia a la socialización o colectivización fue considerado expresión del “comunismo”, un ente que adquirió, por la fuerza de la propaganda, una variada gama de connotaciones. El papa Juan XXIII y el presidente Kennedy fueron considerados “idiotas útiles”, y el presidente Frei, el “Kerensky chileno”. Sólo pareció respetable, a sus ojos, la perduración verbal de un conjunto de nobles principios que habían movido la Independencia, pero que las oligarquías liberalburguesas habían abandonado de hecho en el momento mismo en que se convirtieron en oligarquías.

Las reminiscencias del pensamiento político de los grupos señoriales

Desde el punto de vista del poder, los grupos de tipo tradicional y de mentalidad señorial dejaron de ser importantes en Latinoamérica por sí mismos en las últimas décadas. Obsérvese bien, que se trata de la posibilidad de que predominaran por sí mismos, porque, en efecto, el mecanismo de la economía mundial los puso en la opción de fusionarse con la oligarquía liberalburguesa, o transformarse ellos mismos en eso, o perder toda eficacia económica y política.

Por sí mismos, sin embargo, los grupos señoriales mantuvieron cierta importancia. Ante todo, como componentes de la oligarquía liberalburguesa, puesto que de acuerdo con su gravitación le infundieron distinto aire. Allí donde la tradición señorial conservó prestigio, arrastró a muchos miembros de la nueva oligarquía a una imitación más o menos grotesca de su estilo de vida, a una adopción más o menos arraigada de sus ideales y prejuicios. Y si la influencia fue grande pudieron los grupos señoriales cubrir con su bandera ese complejo social que constituyó la oligarquía liberalburguesa.

Pero, además, los grupos señoriales siguieron constituyendo el signo —o el vestigio— de una sociedad tradicional que, aunque periclitada, seguía siendo un cuadro de referencias para los más celosos defensores del sistema constituido —las fuerzas armadas y la Iglesia, que medían la tolerabilidad de los cambios según el margen de alejamiento de aquel esquema. En la retórica tradicional latinoamericana, el heroísmo y la santidad parecían ser los rasgos predominantes de una sociedad precapitalista que, de acuerdo con ella, habría prevalecido en Latinoamérica —heredera de Portugal y España— durante los buenos tiempos pasados. Sería largo estudiar el mecanismo por el cual se ha constituido esta retórica en Latinoamérica, y más complejo aún desentrañar el extraño fenómeno psicosocial en virtud del cual sectores relativamente extensos de la sociedad creen que tal retórica expresa una realidad profunda. Lo importante es que los sectores señoriales representan, a sus propios ojos y ante los ojos de vastos grupos del clero y de las fuerzas armadas, una tradición valiosa, referida a la tradición hidalga, consustanciada con el espíritu de una aristocracia secular y apoyada en los vigorosos ideales del mundo feudal. Puede decirse, en resumen, falsamente por cierto, que los grupos señoriales representan una mentalidad precapitalista que conserva considerable predicamento en algunos sectores de la sociedad latinoamericana.

Es considerable el número de grupos y personas que, en determinada ocasión, se muestran identificados con esa concepción de la vida, sin perjuicio de que opere como generadora de normas y actitudes en la vida cotidiana. Subsisten las clientelas rurales de las viejas clases poseedoras, solidarias con ellas por la subsistencia de una sociedad paternalista; pero subsisten vastos sectores medios para los cuales la imitación de las formas de vida y la imitación de las formas externas de comportamiento de las viejas clases poseedoras supone alcanzar un signo de prestigio. El hecho es significativo, porque revela hasta qué punto las formas de vida y de pensamiento de los grupos señoriales constituyen marcos de referencia para sociedades que. sin embargo, han operado importantes cambios de estructura incompatibles con aquéllas.

Hubo países —la Argentina, por ejemplo—. donde llegaron a constituirse en la década del 30 grupos monárquicos, aparentemente con seriedad. Cierto es que sus integrantes se sentían camelots du roi, pero el proyecto, que tuvo una revista como instrumento de difusión. se refería concretamente a la realidad Argentina y no carecía de simpatizantes entre quienes parecían tener alguna influencia en-tre los grupos de poder.

El pensamiento político de los grupos señoriales no tiene, pues, más valor que el de una reminiscencia —nostálgica a veces, llena de dignidad literaria en algunos autores, grotesca en ocasiones—esgrimida como un fantasma por quienes sólo excepcionalmente creen en él. Sin embargo, es importante hacer dos observaciones a su respecto. que acaso se confundan en una sola.

El pensamiento político de los grupos señoriales, allí donde subsiste. mantiene su oposición, no sólo a las concepciones políticas de la democracia sino también a las formas de vida y a los principios propios del orden capitalista y liberal. Forma parte de su elenco de ideas, llamémosle así. el prejuicio contra el capital judío, contra los masones, contra los políticos, pero también contra Estados Unidos y. a veces, contra Inglaterra. El prejuicio capitalista funciona como un ariete anticapitalista, quizá por inadvertencia, y el prejuicio hispánico como un ariete antinorteamericano.

Deben agregarse a este sistema de prejuicios los que provienen de una vigorosa actitud contra los parvenus, los nuevos ricos, los cuales suponen todo un enjuiciamiento a la totalidad de la sociedad contemporánea y a su mecanismo de desarrollo y diferenciación.

Por otra parte, el pensamiento político de los grupos señoriales conserva muy vivas las reminiscencias de la organización paternalista: de la hacienda y del Estado. Ese sentimiento paternalista fue hostigado duramente por la oligarquía liberalburguesa porque, efectivamente, representaba un principio político intolerable en una sociedad moderna, y contradictorio en relación con el afianzamiento de la democracia.

Pero, después de varias décadas de ejercicio de la democracia liberal, vastos sectores populares en distintas regiones de diversos países latinoamericanos, al tener acceso a la vida política, han actualizado la concepción paternalista, actuando de acuerdo con ella y recibiendo por excusados caminos el apoyo de los grupos señoriales supérstites.

Esta actitud política es, en sí misma y en teoría, escasamente eficaz en el mundo de la sociedad industrial; pero permite una transferencia hacia concepciones políticas no liberales, no individualistas, en las que el paternalismo adopta una fisonomía diferente, como el comunitarismo. el corporativismo y, en general, los proyectos de organización social promovidos por las encíclicas de la Iglesia Católica.

El pensamiento político de los grupos señoriales es, pues, una reminiscencia anacrónica: pero quedan señaladas las líneas a través de las cuales las nuevas generaciones de los grupos señoriales pudieron llegar a formular los principios de la derecha paradójica, de la derecha volcada hacia el cambio, del populismo.

El pensamiento político del populismo

Se conoce con el nombre de populismo a los movimientos de tendencia popular —o destinados a polarizar a las masas hacia soluciones que les satisfagan— que rechazan tanto la tradición liberal como la tradición marxista.

No siempre es fácil filiar clara y objetivamente su origen, pero es innegable que, en general, el populismo proviene —por la extracción de sus dirigentes y por la peculiaridad de su pensamiento— de los grupos de derecha: pero no de las oligarquías liberalburguesas sino de los grupos señoriales, marginalizados como tales por aquellas. En nombre de una concepción señorial, católica, precapitalista y antiliberal, grupos provenientes de los sectores más tradicionales comenzaron a orientar sus simpatías hacia los regímenes de fuerza y hacia las doctrinas antiliberales. Maurras, Daudet, Sorel, Pareto ejercieron una profunda influencia ideológica. El triunfo de Mussolini y su denuncia de los regímenes liberales, así como su decidida acción contra los movimientos obreros —socialistas y comunistas—, polarizó la admiración de los grupos aristo-cratizantes que desdeñaban la demagogia de la nueva democracia latinoamericana, fundada en una retórica liberal, apoyada por las clases medias en vías de ascenso y explotada sabiamente por las oligarquías liberalburguesas. Al cabo de poco tiempo casi todos los grupos adoptaron uniformes y organizaciones semimilitares, imitando las camisas negras y pardas, las milicias fascistas o las fuerzas S.S.

Con tales caracteres, esos movimientos no pasaron de ser insignificantes esfuerzos de grupos minoritarios, de tendencia aristocratizante, sin otra fuerza que la que podía prestarle el apoyo que recibieron en muchos casos de grupos militares dispuestos a la acción. Pero a partir de cierto momento, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de las impresionantes victorias militares del Eje, los grupos que se denominaban nacionalistas comenzaron a obtener apoyo popular. La germanofilia los señaló como adversarios del mundo anglosajón y, por allí, del capitalismo y el imperialismo inglés y norteamericano: de modo que no les fue difícil aparecer como los campeones de una lucha por la liberación nacional, en la que aceptaron embarcarse grupos intelectuales y grupos obreros —con y sin experiencia sindical— agobiados por la presión de los monopolios internacionales. Estos movimientos crecieron. La enérgica campaña antibritánica y el reclamo de los derechos de las clases sometidas a las presiones económicas v sociales de las grandes empresas dio a los grupos nacionalistas un aire fuertemente popular; y a medida que creció el apoyo ese aire se acentuó y la dinámica del movimiento se fue acelerando hasta transformar totalmente los movimientos aristocratizantes y antidemocráticos en movimientos populares antiliberales.

El antiliberalismo fue uno de los rasgos sobresalientes del pensamiento político del populismo. Recogía, sin duda, la tradición señorial, pero fue presentado con una nueva fisonomía en la que, junto a la crítica, podían advertirse ideas constructivas que sonaban bien en los oídos de las clases populares.

Jorge González von Marées, líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, admitía la clara filiación fascista de éste, en cuanto tenía de apertura hacia soluciones no liberales:[95]

Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano sino que es mundial. El encarna la reacción espontánea y natu-ral de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea. de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación, sobre la mediocridad, que constituye la característica del liberalismo; significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico v el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signifique, por ningún motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemán. Nuestro movimiento se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionalista.

Pocos años después, el periódico La Nueva República[96] vocero de los nacionalistas argentinos, definía su posición como un intento de restaurar los principios políticos tradicionales, conculcados por la democracia liberal:

La Nueva República se ha definido como un grupo nacionalista. Este voca-blo que despierta la antipatía instintiva de quienes lo consideran aplicable a una exaltación irrazonada del sentimiento patriótico que degenera en xenofobia, ha sido adoptado por nosotros como insustituible para expresar un cierto orden de relaciones jurídicas. El nacionalismo —hemos dicho— persigue el bien de la nación, de la colectividad humana organizada; considera que existe una subordinación necesaria de los intereses individuales al interés de dicha colectividad y de los derechos individuales al derecho del Estado. Esto basta para diferenciarlo de las doctrinas del panteísmo político, las cuales se caracterizan por el olvido de ese fin esencial de todo gobierno —el bien común— para sustituirlo por principios abstractos: soberanía del pueblo, libertad, igualdad, redención del proletariado.

Los movimientos nacionalistas actuales se manifiestan en todos los países como una restauración de los principios políticos tradicionales, de la idea clásica del gobierno, en oposición a los errores del doctrinarismo democrático, cuyas consecuencias desastrosas denuncia. Frente a los mitos disolventes de los demagogos erige las verdades fundamentales que son la vida y la grandeza de las naciones: orden, autoridad y jerarquía.

Una definición coherente de los objetivos contra los cuales el nacionalismo quería luchar y de aquéllos que quería conseguir, apareció en el documento titulado “Principios y acción del Movimiento nacionalista revolucionario“, que sirvió de base para la fundación del partido boliviano de ese nombre en 1941. En el segundo punto, el antiliberalismo se manifestaba, al mismo tiempo, como una ofensiva contra el sistema capitalista y liberal y como un ataque contra el socialismo, vinculado —se decía— con el internacionalismo judío y la masonería:[97]

Denunciamos como antinacional toda posible relación entre los partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas y la invocación del ‘socialismo’ como argumento tendiente a facilitar la intromisión de extranjeros en nuestra política interna o internacional, o en cualquier actividad en la que perjudiquen a los bolivianos. Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de acciones o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones. Exigimos una ley que obligue a las empresas periodísticas o de cualquier género de publicidad a declarar ante las autoridades civiles o militares cuando contraten servicios de redactores o colaboradores extranjeros especificando los salarios que les paguen y los servicios que aquéllos presten. Exigimos la prohibición absoluta del ingreso de extranjeros al Ejército para el comando de tropas, salvo como profesores de la oficialidad, previa aprobación mediante ley. Exigimos la formación de un registro de todos los empleados dependientes de las empresas extranjeras con especificación prolija de antecedentes, sueldos o salarios, bajo la vigilancia del Estado Mayor del Ejército. Exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía y de cualquier otra que no tenga eficacia productora.

Y cuando Paz Estensoro[98] nacionalizó las minas de estaño en 1952, extremó la crítica del sistema capitalista:

El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobre-za generales del país hizo posible el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ello fue agravado luego por una legislación excesivamente liberal en la que no se contemplaba obligación social alguna y apenas sí insignificantes cargas tributarias. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político, deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación y de tres millones y medio de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de tres individuos.

Fue impuesta la monoproducción como característica de la economía na-cional. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de los mercados extranjeros. Las fluc-tuaciones en la cotización del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, reper-cutían sin embargo, vertical y decisivamente, sobre toda la vida del país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, se hacia más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artículos im-portados.

Esta actitud antiliberal, manifestada en el seno de una sociedad vigorosamente estructurada dentro de tal sistema, importaba una clara aceptación de la necesidad del cambio y un designio resuelto de promoverlo a cualquier precio. Esta decisión significaba una actitud revolucionaria, un abandono de la típica actitud de la derecha señorial y de la derecha liberal burguesa. No sería fácil establecer en qué medida y por qué vías el pensamiento de la izquierda revolucionaria había influido en el pensamiento político de los grupos populistas, pero es evidente que, una vez salvados los distintos fines ideológicos, la aceptación del cambio y la programación del sentido que debería tener, aproximaba a los grupos populistas más a la izquierda —a la que querían combatir y a cuyo desafío pretendían responder— que a los distintos grupos de la derecha tradicional.

Su divergencia residía en el sentido del cambio. Descartada la idea de la legitimidad de la lucha de clases, del designio de constituir- una sociedad sin clases: rechazada la concepción materialista y dialéctica de la historia y la innegable continuidad que ella implicaba con respecto a algunos aspectos de la tradición liberal, los grupos populistas organizaron poco a poco un ideario bastante homogéneo, que expresó el sentido del cambio a que aspiraba.

A la aspiración de las izquierdas a constituir un mundo socialista, el populismo opuso, en Latinoamérica, su aspiración a reconstruir un mundo en el que predominaran los principios del catolicismo antiutilitario, de la hispanidad y del nacionalismo. En 1945 escribía el filósofo boliviano Roberto Prudencio:[99]

Mientras nosotros vivimos en un mundo de crisis, en medio de la duda y la incertidumbre, pues ni siquiera tenemos ya la seguridad del positivismo en el futuro de la ciencia, el hombre de la Edad Media concebía el universo como un todo armónico que servía a los fines de Dios.

La vida humana tenía un principio y un fin, regulados desde la eternidad. El hombre era la obra de Dios y la vida un camino hacia El. La concepción del mundo que tenían aquellas almas religiosas se podría representar en la imagen de una catedral gótica. Nos ha tocado vivir en un mundo sin valor, en un mundo vacío de contenido. en un mundo sin belleza, sin amor y sin Dios.

Era la opinión que expresaba el filósofo mexicano José Vasconcelos en su Breve Historia de México, señalando por una parte la nefasta contribución del protestantismo anglosajón que tanto había influido, en su opinión, sobre los liberales, y por otra la pugna “de latinidad contra sajonismo” sobre la que se extendía en La raza cósmica. El tema del catolicismo conducía al tema de la hispanidad. Vasconcelos afirmaba categóricamente que:[100] “…el paso inmedi ato la emancipación económica tendría que ser emancipación intelectual y el retorno a lo hispánico”.

El hispanismo, en efecto, fue un polo del pensamiento del populismo, y se manifestó en las ideas de los peruanos Riva Agüero y Porras Barrenechea, del venezolano Briceño Iragorri, del argentino Ibarguren, del uruguayo Herrera. Era una doctrina política, pero suponía una actitud intelectual que entrañaba un “revisionismo” de la historia y la política de todos los países latinoamericanos. El liberalismo había sido una ideología extranjera y había perturbado el desarrollo nacional. La verdadera raíz de Latinoamérica, de cada uno de los países que la componían, era el mundo colonial hispánico, donde se escondían los fundamentos de la nacionalidad. Walter Montenegro,[101] uno de los fundadores del Movimiento nacionalista revolucionario, escribía en la revista Kollasuyo de La Paz, fundada precisamente para profundizar los estudios bolivianos:

Todo lo cual, nos permite, pues, jerarquizar la Colonia como una noble y alta fuente de inspiración cultural cuya sola existencia constituye el más categórico desmentido a la idea de quienes piensan que, no teniendo nosotros, los bolivianos, nada valioso, nada de que enorgullecemos justamente en nuestro pasado, estamos fatalmente condenados a desear, y a buscar nuestra incondicional incorporación de vencidos a las formas de vida, vale decir a la cultura occidental, europea.

Y aquí nos encontramos con el tercer período de nuestra historia, que constituye precisamente, por sus fuentes de inspiración, y por los rumbos de su pensamiento, la más infortunada y falsa negación de los valores americanistas, vale decir bolivianistas, que se propugna en estas líneas.

En efecto, tomada la Colonia en aquel aspecto puramente negativo de que nos habla el escritor últimamente citado, y al influjo preponderante y unilateral de las ideas políticas, la República hace un repudio absoluto y sistemático de ella; quema sus restos y aventa las cenizas.

Importa, en cambio, junto con la ‘Libertad, Fraternidad e Igualdad’ de la Revolución Francesa, y el sentido demoliberal de aquélla, el gusto, la preferencia por todo cuanto trascendiese a gálicos orígenes.

Y menospreciando aquello que por la sangre es suyo, adopta así en lo material como en lo espiritual, político, jurídico y cultural, en fin, lo que la Francia del siglo XIX le envía.

Otros factores veía también el nacionalismo en la formación de la nación, y todos fueron señalados y analizados porque la situación era el núcleo de la concepción histórica, social y política.

Si el nacionalismo concebía idealmente un mundo incontaminado en el que prevalecían los principios del catolicismo y la hispanidad, dentro de él no reconocía como unidades históricas reales nada más que las naciones, cada una de las cuales poseía según la concepción romántica, una individualidad intransferible, un alma. Esa alma se había formado a lo largo del tiempo, y cada nación debía reivindicar sus remotos orígenes. Por eso el nacionalismo creyó que había que “revisar” el valor de la época colonial, para buscar en ella la primera fisonomía del alma nacional. Pero no se detuvo allí. También reivindicó la tradición indígena. Lo había hecho ya la Revolución mexicana y lo harían otros movimientos más tarde.

El indigenismo fue una teoría, especialmente en Perú y Bolivia. Entre otros, la sostuvieron en Bolivia de manera eminente Franz Ta- mayo, que veía en el indio boliviano el depositario del alma nacional, Jaime Mendoza y el grupo que Roberto Prudencio aglutinó alrededor de la revista Kollasuyo. en parte el mismo que actuó en el Movimiento Nacional revolucionario; y la promovieron y adoptaron en Perú, bajo la remota inspiración de Clorinda Matto de Turner, el antropólogo Luis E. Valcárcel y los novelistas Ciro Alegría y José María Arguedas. El nacionalismo recogió esa teoría y la incluyó dentro de su sistema.

Pero el pasado histórico no era toda la raíz de la nacionalidad. El boliviano Jaime Mendoza escribía: “Cuando se habla del indio, implícitamente se alude a la tierra”. Este sentimiento aparece también en Tamayo y se encuentra expresado de manera tajante en Prudencio: “La cultura no es sino la expresión de lo telúrico”. Este trasfon- do de pasado histórico y sentimiento telúrico apareció entre los nacionalistas brasileños, en el antropólogo Euclides da Cunha, en el novelista Graça Aranha, en el filósofo Alberto Torres. Y en México, un vasto movimiento destinado a definir “lo mexicano” se expresó a través de una rica literatura y adquirió forma en el pensamiento de Vasconcelos, Ramos y Zea.

Bajo la forma de movimiento político populista, el nacionalismo recogió esa doctrina de las esencias nacionales —peruanidad, bolivianidad, mexicanidad, argentinidad— y la movilizó en busca de soluciones para los grandes problemas de la nación, al margen de las tradicionales fórmulas liberales y de las que ofrecían los partidos de la izquierda marxista.

Se intentó programar una economía nacional, cuya primera consigna debía ser escapar de los tentáculos del capitalismo internacional. Decía el argentino Carlos Ibarguren[102] en carta a un candidato presidencial conservador:

Anhelo vivamente… que limpie Ud. el escenario público, cuyos actores ac-tuales nada representan y constituyen una oligarquía de profesionales de la política que corren en pos del mantenimiento de sus posiciones y de sus intereses particula-res; que conquiste Ud. la completa independencia económica de nuestra patria, li-berándola de monopolios y de la presión del capitalismo internacional que la tienen ahogada en muchos de sus órganos vitales…

Radomiro Tomic,[103] uno de los jefes de la democracia cristiana chilena, decía en 1948: “Los que creemos en el Social-Cristianismo creemos en la posibilidad de hallar una síntesis entre las profundas modificaciones de estructura que necesita la economía para ponerse al servicio del Trabajo en vez de seguir al servicio del Capital, y la plena salvaguardia de los valores espirituales…”.

De este modo, concretaba su programa en una serie de transformaciones fundamentales para la economía chilena, evitando el principio de la socialización de los bienes de producción. Tal era también el principio del Movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, en cuyo programa se decía:[104]

Afirmamos nuestra fe en el poder de la raza indomestiza; en la solidaridad de los bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el aprovechamiento de la técnica para construir la Nación sobre un régimen de verdadera justicia social boliviana, sobre bases económica y política-mente condicionadas con sujeción al poder del Estado.

Exigimos la voluntad tenaz de los bolivianos para mantener ante lodo la propiedad de la tierra y de la producción, su esfuerzo político para que el Estado fortalecido asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria ex-tractiva, y su acción individual para formar la pequeña industria. Exigimos el con-curso de todos para extirpar los grandes monopolios privados y que las actividades comerciales minoristas sean desempeñadas exclusivamente por bolivianos. Exigi-mos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vista a in-corporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella, y a lograr una organización adecuada de la economía agrícola para obtener el máximo rendimiento. Exigimos la nacionalización de los servicios públicos.

Esta actitud frente al ordenamiento económico fue también predominante en la política de Vargas[105] y en la de Perón. Decía Vargas a los dos años de la Revolución:

El individualismo excesivo que caracterizó el siglo pasado, necesitaba en-contrar límite y correctivo en la preocupación predominante del interés social. No hay en esa actitud, ningún indicio de hostilidad al capital, que, al contrario, necesita ser atraído, amparado y garantizado por el poder público. Pero la mejor manera de garantizarlo está, justamente, en transformar el proletariado en una fuerza orgánica de cooperación con el Estado y no dejarlo que, por el abandono de la ley, se entregue a la acción disolvente de elementos perturbadores, privados de sentimientos de patria y de familia.

Una posición semejante sostuvo Perón[106] en 1946, antes de llegar a la presidencia, cuando se suponía que necesitaba apelar a todos los recursos para atraer el voto popular:

No soy tampoco de los que creen que los integrantes de la llamada Unión democrática han dejado de llenar su programa político —vale decir, su democracia— con un contenido económico. Lo que pasa es que ellos están defendiendo un sistema capitalista con perjuicio o con desprecio de los intereses de los trabajadores, aun cuando les hagan las pequeñas concesiones a que luego habré de referirme; mientras que nosotros defendemos la posición del trabajador y creemos que sólo aumentando enormemente su bienestar e incrementando su participación en el Estado y la intervención de éste en las relaciones del trabajo, será posible que subsista lo que el sistema capitalista de libre iniciativa tiene de bueno y de aprovechable frente a los sistemas colectivistas. Por el bien de mi patria quisiera que mis enemigos se convencieran de que mi actitud no sólo es humana sino que es conservadora en la noble acepción del vocablo. Y bueno sería también que desechasen de una vez el calificativo de demagógico que se atribuye a todos mis actos, no porque carezcan de valor constructivo ni porque vayan encaminados a implantar una tiranía de la plebe (que es el significado de la palabra demagogia) sino simplemente porque no van de acuerdo con los egoístas intereses capitalistas, ni se preocupan con exceso de la actual ‘estructura social’ ni de lo que ellos barriendo para adentro llaman ‘los supremos intereses del país’ confundiéndolos con los suyos propios.

Pero los grupos más avanzados del peronismo consiguieron imponer al reformarse la Constitución Argentina de 1949 un artículo que expresaba su concepción de la economía nacional:[107]

La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguaradia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortiguado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La organización de la economía debía traer consigo una reorganización social y política. El nacionalismo declaró caduco el sistema individualista y el régimen parlamentario, y buscó sustitutos. En principio los halló en la teoría del corporativismo. El intento más acabado de la nueva concepción social fue el Estado Novo montado por Vargas en el Brasil después del golpe de Estado de 1937. En la Argentina se intentó cautelosamente a través de una constitución provincial. Pero en ambos casos los esfuerzos fueron efímeros, sobre todo por el desprestigio que acarreó al sistema la derrota del Eje. En la imposibilidad de estatuir un sistema orgánico, se proclamaron vagos principios políticos. Rojas Pinilla arriesgó en Colombia una definición de la democracia y de los principios políticos de su gobierno:[108]

democracia es la mejor interpretación de la voluntad soberana del pueblo; democracia es oportunidad para que todos trabajen honrada y pacíficamente; de-mocracia es el otorgamiento de garantías sin discriminación alguna; democracia es gobierno de las fuerzas armadas.

¿Quién puede dar oídos a las voces que hablan de gobierno despótico y de poderes omnímodos?

Vosotros diréis ahora si preferís la democracia de parlamentos vociferantes, prensa irresponsable, huelgas ilegales, elecciones prematuras y sangrientas y burocracia partidista, o preferís la democracia que los resentidos llaman dictadura, de tranquilidad y sosiego ciudadano, obras de aliento nacional, garantías para el trabajo, técnica y pulcritud administrativa y ancho campo para la verdadera libertad y las iniciativas del músculo y de la inteligencia.

Perón, por su parte, dejando subsistente el sistema parlamentario tradicional, intentó una “organización del pueblo” cuyo programa establecía:[109] “La comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalecientemente sociales”.

Y procuró llevarlo a cabo estimulando las diversas asociaciones y promoviendo su ostensible participación en el gobierno.

En principio, el populismo asumió la defensa de los intereses populares, pero entendiendo que requerían la tutela de una aristocracia, de una elite sobre cuyo origen y constitución sólo hubo vagos indicios. Perón y Vargas hablaban de la formación de nuevos cuadros, y en efecto promovieron su formación sin reparar en el origen social; pero en importantes sectores del nacionalismo populista subsistían los resabios de una concepción aristocratizante que suponía la conservación del poder y de la tutela en manos de las clases ilustradas o tradicionales.

Para coronar el edificio del nuevo orden nacional, el populismo afirmó la existencia de una cultura nacional, nutrida de savia vernácula y orientada según su espontánea concepción de la vida. También en este campo resonaron las apelaciones a los sentimientos telúricos, a la tradición indígena, al pasado colonial, y las imprecaciones contra la tradición europea, francesa especialmente en cuanto tenía de liberal y racionalista. Una revalorización del arto autóctono y de las tradiciones vernáculas acompañó esta afirmación de la vigencia de la cultura nacional.

Notas

1 Oliveira Vianna. Evolución del pueblo brasileño. Buenos Aires. 1937, p. 286.

2 Ots Capdequí, José M., Instituciones sociales de la América española en el período colonial. La Plata, 1934, p. 33.

3 Fray Vicente del Salvador, Historia do Brasil, cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 65.

4 Las Casas, Bartolomé de, Historia de las Indias, Libro III, cap. IV.

5 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, 1958, p. 68.

6 Van Vliervelt, “Reflexiones sobre el Brasil”, Revista del Instituto Histórico de San Pablo, vol. V, p.135: cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 64.

7 Abad y Queipo, Manuel. Representación al Rey sobre la inmunidad personal del clero de Michoacán, del 11 de enero de 1799, cf. J. Romero Flores, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, México, 1945.

8 Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre la Isla de Cuba, La Habana, 1960, p. 162.

9 Arzobispo San Alberto, Catecismo Regio.

10 Sepúlveda, Juan Ginés de, Democrates alter, pp. 81, 85 y 171: cf. Silvio

11 Op. cit., pp. 100-101

12 Zárate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Buenos Aires, 1965, p. 15.

13 Relación de los hechos y fin heroico del General Liniers, en Anales de la Biblioteca, tomo III, Buenos Aires, 1904, p. 336.

14 Giménez Rueda, Julio, Letras de México, México, 1944, p. 80.

15 Díaz, José Domingo, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, 1961, p. 45 y sigs.

16 Alamán, Lucas, Semblanzas e Ideario, México, 1963, p. 171.

17 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, La Plata, 1938, p. 74.

18 Toro, Fermín, Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1854.

19 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., p. 75.

20 Montalvo, Juan. “liberales y conservadores’’, en El Regenerador, número 3. 1867, t. 1, p. 104.

21 El Constitucional, 20 de noviembre de 1868; cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 224.

22 Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Bogotá, 1948, t. 1, p. 44.

23 El Tizón Republicano, 23 de junio de 1823: cf. G. Feliu Cruz. La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago, 1942, p. 102.

24 4 Camacho Roldán, Salvador, Op. cit., t. I, p. 83.

25 Ruy Barbosa, Conferencias y discursos, Buenos Aires, 1939, p. 250.

26 Vallarta, Ignacio L., Discurso del 8 de agosto de 1856, en el Congreso Extraordinario Constituyente, cf. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. III, p. 588.

27 Pardo y Aliaga, Felipe, Poesías y escritos en prosa, París, 1869.

28 Op. cit.

29 Robertson, J. P. y C., Cartas del Paraguay.

30 Auto del 25 de octubre de 1816. en Cuaderno de Autos Supremos: cf. Efraim Cardozo, Paraguay independiente, 1949. p. 58.

31 Sánchez Quell, H., política internacional del Paraguay, Buenos Aires, 1945. p. 73.

32 cf. Pérez Acosta. J., Francia y Bonpland, Buenos Aires, 1942, p. 23

33 Robertson, J. P. Y G., Op. cit.

34 Cardozo, Efraim. Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, p. 85.

35 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., 1938, p. 261 y sigs.

36 6 cf. Cardozo, Efraim. Paraguay independiente, p. 64: Chávez, El supremo dictador.

37 Saldías, Adolfo, Papeles de Rosas, La Plata, 1904.

38 Cancionero del tiempo de Rosas, selección de José Luis Lanuza, Buenos Aires, 1941. p. 38.

39 40 Saldías, Adolfo, Op. cit.

40 Gálvez. Manuel, Vida de D. Gabriel García Moreno, Buenos Aires, 1942. p. 329.

41 Mera, Juan León, El héroe mártir, Canto a la memoria de García Moreno, Quito. 1876.

42 cf. Alfonso M. Escudero, Introducción a Cumandá, Austral, p. 28.

43 “Las leyes de García Moreno’’, en El Regenerador, número 5, t. 1, p. 162.

44 Gálvez, Manuel, Op. cit., p. 327.

45 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961. t. III.

46 47 Alamán, Lucas, Semblanzas e ideario, México, 1963, p. 103.

47 Loc cit.

48 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, XI, p. 234.

49 Calmón, Pedro, Historia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, p. 251.

50 Oliveira Torres, Joao Camillo de, A democracia coronada (Teoría política do Impero do Brasil), Río de Janeiro, 1957, p. 498.

51 Carta constitucional del 16 de marzo de 1824, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961, t. 1, p. 261.

52 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Apéndice 36, Obras Completas, Buenos Aires, 1941, t. IX, p. 247.

53 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Apéndice 15, Obras Completas. Buenos Aires, 1940, t. V, .p. 262.

54 Cf. Francisco A. Encina, Portales, Santiago de Chile. 1934.1. II. p. 226.

55 Cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 220.

56 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 52.

57 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, en El pensamiento constitucional hispanoamericano, Caracas, 1961, t. V, pp. 171-172.

58 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 53.

59 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, Op. cit., pp. 165.

60 Op. cit., pp. 169.

61 Madame Calderón de la Barca, La vida en México, México, 1959. capítulos XLV-XLVII.

62 Vicuña Mackenna, Benjamín, Don Diego Portales, Santiago de Chile, 1937, p. 587; Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática, capítulo VII.

63 Encina, Francisco A., Portales, t. 1. p. 242.

64 Vicuña Mackena, Benjamín, Op. cit., p. 557 y siguientes.

65 Herrera, Luis Alberto de, Por la Patria, Montevideo, 1953, t. I, p. 65.

66 Op. cit., t. I, p. 64.

67 Op. cit., t. 1, p. 6.

68 Freyre, Gilberto, Casa-Grande y Senzala, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 61.

69 Oliveira Vianna, Evolución del pueblo brasileño, p. 81.

70 Op. cit., p. 138 y sigs.

71 Op. cit., p. 111 y sigs.

72 Op. cit., p. 260.

73 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, 1960. p. 212 y sigs.

74 Rodó, José Enrique, Ariel, Valencia, 1920, p. 75 y sigs.

75 Op. cit., p. 84 y sigs

76 Goyena, Pedro, “Discursos parlamentarios del 6 y 11 de julio de 1883”, en Obra Selecta, Buenos Aires, 1943, p. 260 y sigs.

77 8 Op. cit., p. 263.

78 Estrada, José Manuel, Discurso en el Congreso Católico de Buenos Aires de 1884, en Páginas del Maestro, Buenos Aires. 1942, p. 20.

79 Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940, p. 444 y sigs.

80 Justo, Juan B., La teoría científica de la historia v la política Argentina, en La realización del socialismo, Buenos Aires, 1947, p. 171.

81 Cf. Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile, Santiago, 1955, p. 99.

82 Bunge. Carlos Octavio, Nuestra América, t. III, i, p. 168.

83 Op. cit., t. I, XI, p. 160.

84 Arguedas, Alcides, Pueblo enfermo, p. 28.

85 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 96.

86 Cf. F. R. Pintos, Batlle y el proceso histórico Uruguay.

87 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 116.

88 Roca, Julio A., Discurso del Presidente de la República, en Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, primera parte, p. 293.

89 Nieto Arteta, Luis A., Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1942, p. 406.

90 /hi> Caso, Antonio, México, apuntamientos de cultura patria, México. 1943. p. 14.

91 Sierra, Justo, Op. cit., p. 251.

92 Op. cit., p. 454 y sigs.

93 Vallenilla Lanz, L., Cesarismo democrático, Caracas, 1929, p. 123.

94 Vallenilla Lanz, L., La rehabilitación de Venezuela, Caracas, 1926, I, p. 18 y sigs.

95 Jobet, Julio César, Op. cit., p. 196.

96 La Nueva República, número 43, Buenos Aires, 1º de Diciembre de 1928.

97 Cf. Alberto S. Cornejo, Programas políticos de Bolivia, Cochabamba, 1949, p. 148.

98 Paz Estensoro, Víctor, Discursos y Mensajes, Buenos Aires, 1953, p. 30.

99 Prudencio, Roberto, Los valores religiosos, 1945.

100 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, México, 1960, p. 278 y sigs.

101 Montenegro, Walter, “La bolivianidad en la economía y la historia”, Kollasuyo, número 13, La Paz, enero de 1940.

102 Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 499.

103 Tomic Romero, Radomiro, “Capitalismo, comunismo, democracia cristiana”, discurso parlamentario del 11 de mayo de 1948.

104 Cf. Alberto S. Cornejo. Op. cit., p. 149.

105 Vargas, Getulio, “As classes trabalhadoras o govêrno da Revoluçao”, discurso del 29 de octubre de 1932, en A nova política do Brasil, Río de Janeiro, II, p. 97.

106 Perón, Juan D., “Discurso pronunciado en su proclamación como candidato a la presidencia constitucional de la Nación”, 12 de febrero de 1946.

107 Constitución Argentina de 1949, artículo 40.

108 Cf. La Prensa, Buenos Aires, 27 de agosto de 1956.

109 Doctrina Nacional, presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1954, p. 33. punto 2.

Buenos Aires, una historia. 1971

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: la juzgo tan eterna como el agua y el aire.

[Jorge Luis Borges]

Pero no es cuento. Empezó dos veces, fundada la primera por Pedro de Mendoza en 1536 y la segunda por Juan de Garay en 1580. Fue, antes que una ciudad real, un acta y un plano. De las 144 manzanas previstas, sólo 30 estaban edificadas en 1750, cuando la iglesia de San Juan —en Alsina y Piedras— era un curato de indios. Para entonces, los 300 habitantes de 1580 habían llegado a ser 12.000: “vecinos” propiamente dichos los comerciantes, los militares, los funcionarios y los eclesiásticos, y simples habitantes los más, entre los que había criollos, indios, mestizos y negros esclavos que se vendían en Retiro.

Era una sociedad amodorrada la de la ciudad indiana, en cuyo seno sólo solían hacer fortuna los exportadores de cueros, los gobernadores y los funcionarios, y algún contrabandista. Al margen de las rutas metalíferas, inhabilitado el puerto, los estímulos faltaban a esta sociedad que sólo se conmovía cuando se anunciaban los temidos piratas o cuando trascendían las contiendas entre obispos y gobernadores.

Pocas fiestas —como la de la coronación de Fernando VI— sacudían la calma aldeana. Y sólo los domingos se animaba la ciudad cuando los fieles se dirigían a sus iglesias: la Catedral, La Merced, San Francisco, por lo demás los únicos edificios —con el Cabildo y el Fuerte— que le daban a la aldea de casas de barro cierto aire de ciudad.

Buenos Aires cambió notoriamente hacia 1776, cuando se transformó en capital del nuevo virreinato; pero sobre todo porque, a partir del año siguiente, se reemplazó el sistema económico del monopolio por un régimen de comercio libre. Se creó la aduana en 1778, se autorizó poco después la salida de barcos cargados con frutos del país, se orientó el tráfico de la plata potosina hacia Buenos Aires y se creó el Consulado en 1794. Fue una inyección de riqueza y de vida, que se advirtió en seguida en la plaza Mayor —donde se construyó en 1802 la Recova para los comerciantes— y en los mercados de la plaza Monserrat, de la plaza Lorea y de la plaza Nueva, que se abría donde está hoy el mercado del Plata. Tres mataderos aparecieron: el del sur, en la plaza España, el del norte, en la Recoleta, y el del Centro —o de Caricaburu— en la plaza Once. Los caminos de acceso a la ciudad —Santa Fe, Rivadavia y Montes de Oca, que se prolongó desde 1791 en el puente de Gálvez para cruzar el Riachuelo— comenzaron a volcar al mercado urbano los productos alimenticios y artesanales del interior con tal intensidad que el virrey Vértiz tuvo que prohibir en 1783 que las carretas penetrasen en el centro. Aquellos mercados fueron, precisamente, los lugares de arribo.

La ciudad crecía. Aumentaban las manzanas edificadas y las casas modificaban su estilo, sustituyendo el techo de tejas por la azotea con barandas de hierro. Y aumentaba la población, que alcanzó en 1778 a más de 24.000 habitantes, en 1790 a 32.000 y en 1810 a 44.000. El grupo más activo era el de los comerciantes que explotaban las nuevas posibilidades económicas. Tiendas de productos variados surgieron, importados y locales, y sus propietarios acumularon un capital que los transformó en los intermediarios obligados de toda la actividad económica de la ciudad. Algunos comenzaron a formar explotaciones agropecuarias en campos no muy distantes, y poco después surgirían los saladeristas que entrarían de lleno en una vigorosa actividad internacional. Así, el puerto vivificó a la ciudad, en la que empezó a constituirse una burguesía local de españoles y de criollos. Y no sólo de comerciantes, sino también de funcionarios, de militares, de eclesiásticos, y poco a poco de gentes dedicadas a las profesiones liberales. Un mundillo marginal creció en los nacientes barrios populares —Monserrat, Concepción, San Telmo— del cual fueron los más significativos personajes aquellos que estaban vinculados a los mataderos.

También cobraban importancia las clases populares dedicadas al pequeño comercio, a las artesanías, a las tareas del puerto, al transporte, sin que faltaran en su seno los mendigos —algunos a caballo— y las gentes de mal vivir que flotaban entre la ciudad y la campaña. Había criollos, negros y mulatos, indios y mestizos. Pero todo ese mundillo popular o marginal no oscurecía el brillo que empezaba a tener la nueva burguesía urbana, seducida por el ingenuo orgullo de constituir la clase directora en la sociedad del nuevo virreinato, cuya corte poblaba el recinto del Fuerte. Los virreyes procuraron ennoblecer sus salones, harto modestos, y los tenderos y funcionarios eran convocados de vez en cuando para asistir a las fiestas que ofrecían remedando las de Madrid o Lima. Pero la burguesía porteña era modesta. Se contentaba con trabajar, con pasear por la Alameda que construyera Vértiz, con ir a misa, los hombres al café y las mujeres de tiendas por las cuadras de Bolívar, Perú o Victoria donde se concentraba el comercio, y especialmente por aquélla que tuvo el primer empedrado que conoció la ciudad. Y en las veladas, la tertulia familiar, en la sala de estrado o en los patios poblados de limoneros y diamelas congregaba a parientes y amigos para dejar correr las habladurías de la aldea.

Ciertamente, la sociedad comenzó a perder su sencillez a medida que crecieron las fortunas y se diversificaron los intereses. Los progresistas ilustrados se opusieron a los tradicionalistas, y hubo polémicas y enfrentamientos. El Colegio de San Carlos, la Casa de Comedias primero y el Teatro Coliseo después, los periódicos que publicaron Cabello en 1801 —el Telégrafo Mercantil— y Vieytes en 1802 —el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio— sirvieron de instrumentos para la renovación de las ideas. Estaban los pacatos repetidores de las que sustentaban sus abuelos, pero estaban también quienes difundían lo que aprendieron en Chuquisaca, o en los libros de los filósofos franceses que subrepticiamente entraban en la ciudad, o en los que con rara valentía intelectual reunía en su biblioteca privada el padre Maciel. Eran, por lo demás, las ideas que circulaban y triunfaban en el mundo, y en la ciudad fueron llamadas a un primer plano cuando se renovaron las formas de la actividad económica y, sobre todo, cuando los ingleses llegaron como invasores y como portadores al mismo tiempo de una nueva alternativa económica y política.

En 1806 y 1807 lucharon los porteños con los invasores ingleses e hicieron su primera experiencia urbana de coherencia y solidaridad. El saldo fue muy favorable. Se constituyeron grupos definidos de opinión, se desvanecieron mitos anacrónicos, y la ciudad se situó dentro del cuadro real que ofrecía el mundo. Poco después la situación se precipitó. Liniers reemplazó a Sobremonte como virrey, y Cisneros a Liniers. España había caído ante las fuerzas napoleónicas, pero ya antes su imperio colonial había caído ante la fuerza del comercio inglés. Un día —25 de mayo de 1810— Buenos Aires hizo su segunda experiencia urbana y, a través de una insurrección popular y militar, se dio un gobierno propio echando las bases de un nuevo régimen para toda el área del virreinato.

Desde ese día, Buenos Aires entró en conflicto con el interior del país, que rechazó su pretensión a conservar la hegemonía. La ciudad se hizo jacobina, asumió dramáticamente su papel revolucionario, pero tuvo que ceder poco a poco a la resistencia de la realidad. Las burguesías criollas se vieron desplazadas por los comerciantes ingleses en las actividades mercantiles, pero mantuvieron la llama progresista, que culminó en la Asamblea del año 1813, reunida en el edificio del Consulado, en la calle San Martín. Hubo periódicos, representaciones teatrales y, sobre todo, discusiones apasionadas, en los diez años que siguieron a la revolución. La ciudad pasó de 44.000 habitantes en 1810 a 51.000 en 1820, y requirió más atenta policía, que fue confiada al capitán Rafael Alcaraz. En aquel año terminó la hegemonía de Buenos Aires sobre el antiguo virreinato y sus orgullosos y progresistas burgueses se espantaron ante los caballos de los gauchos montoneros que se acercaron a la plaza Mayo, donde ya lucía la Pirámide recordatoria de la Revolución. Un acuarelista inglés —Emeric Essex Vidal— dejó una imagen insustituible de esa ciudad modesta y orgullosa que, tras la experiencia jacobina, creía fervorosamente en su destino:

Silencio, que al mundo asoma

La gran capital del Sur.

[Vicente López y Planes]

Cuando las guerras civiles consagraron su caída como capital de las Provincias Unidas, Buenos Aires pasó a ser, en 1821, la capital de la provincia más próspera, más progresista y más europeizada. Salían por su puerto cueros, sebo, astas y carne salada, que producía una elite rural que empezaba a formarse; y entraban por él productos manufacturados preferentemente ingleses, que dejaban en la aduana fuertes sumas que las provincias del interior envidiaban. El comercio fue la actividad principal de la ciudad, y desde aquel año funcionó una Bolsa mercantil. El gobierno provincial que encabezaba el coronel Martín Rodríguez, y en el que Rivadavia imponía sus ideas modernizadoras, dispuso en 1822 que se realizara un censo, y los habitantes de Buenos Aires supieron a ciencia cierta que llegaban al número de 55.416. Sin duda la mayor aglomeración estaba en las 30 manzanas que rodeaban la plaza Mayor; pero una edificación discontinua cubría ya alrededor de 260 manzanas, definiendo progresivamente la fisonomía de los barrios: Monserrat, San Telmo, Concepción, y más allá, San Miguel, Balvanera, Piedad, Socorro. Las parroquias iban creciendo y la iglesia —a veces reconstruida más de una vez— constituía su centro, sin perjuicio de que los habitantes los identificaran a menudo mencionando una pulpería que resultaba un centro de reunión social tanto como de actividad económica. Y la vida vecinal —y con ella la mala vida— fue puesta bajo la vigilancia de una nueva organización policial que dirigió Joaquín de Achával.

Se erigió por entonces el edificio de la Sala de Representantes —en Perú y Moreno—, y se inauguró el nuevo frente neoclásico de la Catedral. Rivadavia procuró introducir costumbres civilizadas en la ciudad, reglamentó la vida urbana y proyectó las grandes avenidas del futuro: Callao, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Belgrano, Independencia, San Juan y Caseros. Y para adecentar la ribera, dispuso que se trasladaran al otro lado del Riachuelo los saladeros malolientes: allí nacería poco a poco la ciudad de Avellaneda.

La sociedad ilustrada quería vivir en una ciudad limpia y ordenada. Un vecino que firmó “Un inglés” describió agudamente sus formas de vida. Había salones distinguidos, tertulias literarias, centros financieros, tiendas bien provistas, todo lo que deseaba la burguesía “decente” sin que faltaran por cierto los centros de reunión para las clases populares, cuyo género de vida era distinto. Cuando se fundó la Universidad, inaugurada el 12 de agosto de 1821, Buenos Aires se sintió centro intelectual. No faltaban las buenas bibliotecas privadas, las librerías ni los periódicos, progresistas unos y reaccionarios otros, como los que publicaba con títulos estrafalarios el padre Castañeda para combatir a Rivadavia, mentor de toda modernización.

Había también una minoría rivadaviana que compartía sus ideas: Agüero, Varela, Lafinur, Alcorta, Argerich. Eran cultos, progresistas, pero, ciertamente, desdeñaban al pueblo. Todo el pueblo crecía, tanto en los suburbios de la ciudad como en las zonas rurales vecinas, y adquiría cierta conciencia en el interior del país. Buenos Aires, la Buenos Aires ilustrada, no reparó en que crecía, y lo ignoró. Ciertamente, los problemas la abrumaban: quería reconstruir la nación, pretendía someter a las provincias, y se vio comprometida en la guerra contra el Brasil. Rivadavia fue elegido presidente de la República en febrero de 1826 y el 4 de marzo se declaró a Buenos Aires capital de la Nación. Pero fue una aventura efímera y en junio de 1827 todo volvió a ser como antes.

Muchos años después evocarían los recuerdos de esta época José Antonio Wilde en Buenos Aires desde setenta años atrás y Santiago Calzadilla en Las beldades de mi tiempo, dos libros insustituibles para la historia del viejo Buenos Aires.

Dorrego, nuevo gobernador, fue depuesto por un golpe militar que encabezó Lavalle. Buenos Aires se estremeció al saber que el vencedor había fusilado al vencido, y comprendió que se abría una nueva era. Fue cierto. Lo que empezó fue algo así como una recuperación de la ciudad por esas elites rurales que habían empezado a constituirse poco antes y por las clases populares. Ya se vio durante el primer gobierno de Rosas de 1829 a 1832; se vio durante los inquietos días de la “Revolución de los Restauradores” a fines de 1833; pero se vio mejor cuando Rosas inauguró en 1835 su largo gobierno. Al principio no se notó mucho el cambio, y pudo constituirse, en la librería de Marcos Sastre en la calle Victoria 59, una institución tan refinada como el Salón Literario, inaugurado en junio de 1837, en una sesión en la que participaron Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi. Pero las cosas cambiaron pronto. Un movimiento de terror cundió en la ciudad cuando se supo que el presidente de la Sala de Representantes, Manuel Vicente Maza, había sido asesinado el 27 de junio de 1839 en su propio despacho. Rosas, desde su casa de la calle Moreno y luego desde el palacio de Palermo, donde habitó con su corte, vigilaba a los rivadavianos y a los unitarios, que se redujeron a silencio y comenzaron a emigrar. La nueva elite fue federal y tradicionalista, fiel a la mentalidad criolla, y a su alrededor se aglutinaron las clases populares, urbanas y rurales. Sus enemigos dejaron reflejado el cuadro de la sociedad porteña de entonces: Echeverría en El Matadero y Mármol en Amalia. Pocas ciudades latinoamericanas de esa época tienen tan singulares testimonios de su vida urbana que, por su parte, Pellegrini, Bacle y Morel reflejaron minuciosamente en sus litografías y grabados.

Pero la ciudad no se estancó, pese a la crisis del progresismo. El puerto vio crecer su actividad. La población, que Rosas hizo censar en 1836, llegó en esa fecha a 62.000 habitantes, y alcanzó a 85.000 en 1852, dispersa en más de 350 manzanas edificadas. Tonificada por la presencia de extranjeros, la nueva elite no dejó de tener cierto aire internacional: el ministro inglés —que desde su quinta llegaba a Palermo por la calle abierta para él, hoy Canning—, los cónsules, el sabio De Angelis, dialogaban en la casona con el Restaurador, con su hija Manuelita, y también con figuras tan exquisitas como la hermana de Rosas, poetisa, el doctor Vélez Sarsfield, jurista, o el joven Mansilla, aprendiz de hombre de mundo. Juan Aurelio Casacuberta y Trinidad Guevara que habían hecho las delicias de los espectadores del Teatro Coliseo, se retiraron de las tablas y dejaron paso a otros actores que se lucieron con el Macias de Larra en el nuevo Teatro de la Victoria, inaugurado en presencia de Manuelita Rosas el 24 de mayo de 1838. Parecía que la vida seguía; pero seguía de otra manera, y la Mazorca se encargaba de recordar a los desmemoriados que los tiempos habían cambiado. Buenos Aires era ahora la cabeza de la llanura, y el plano que el cartógrafo Sourdeaux dibujó hacia 1850 reflejaba cómo la pampa se insertaba en el ámbito urbano.

Vencido Rosas en Caseros en 1852, entró en Buenos Aires Urquiza con sus tropas. Hubo saqueos en los suburbios, temores en el centro y fusilamientos en Palermo. Poco después Buenos Aires tuvo su gobernador, y al cabo de poco tiempo su legislatura. Pero el clima político y social de la ciudad fue de tirantez durante mucho tiempo. Repentinamente, la ciudad cambiaba su elite federal y tradicionalista por una nueva, decidida a imponer su ideología liberal. El ajuste fue difícil. Los debates en la legislatura y las polémicas periodísticas tuvieron repercusión en las tertulias y en las calles, caldeando los ánimos.

La revolución porteñista encabezada por Alsina sacudió la ciudad en setiembre, y el sitio de Lagos acentuó la inquietud: fue una época vibrante, en la que los porteños sintieron reverdecer su viejo jacobinismo y se sintieron los defensores de la ciudadela liberal contra el país bárbaro. En Buenos Aires, la rivalidad entre porteños y provincianos creó unos enconos que durarían largo tiempo, y que todavía en la década del sesenta descubriría Miguel Cané entre los alumnos del Colegio Nacional, tal como lo refirió en Juvenilia.

Activa y politizada, la ciudad empezó a crecer aceleradamente en riqueza. El puerto, además de los productos tradicionales, exportaba ahora lanas en proporción creciente: 12 millones de toneladas en 1855, 18 millones en 1858, 90 millones en 1875. Un creciente mercado interno atraía muchos productos manufacturados extranjeros —percales y muselinas, porcelanas y chocolates— que se exhibían en las tiendas de las calles Victoria o Perú, y se consumían en el seno de las familias acomodadas que, poco a poco, pasaron de la sencillez republicana al lujo ostentoso de las nuevas burguesías. Lucio V. López describió este tránsito con lucidez y encanto en La gran aldea. De 90.000 habitantes en 1855, la ciudad pasó a 128.000 en 1862 y a 286.000 en 1880. Era un cambio numérico importante, pero más importante era el cambio cualitativo, porque la ciudad empezaba a incorporar una masa creciente de inmigrantes europeos que modificaría muy pronto su fisonomía social y cultural.

Los inmigrantes no pasaron de pertenecer por estos años a la clase popular. Estaban, en la jerarquía social, junto a los criollos pobres, quizá junto a los pardos o negros; pero traían otro ímpetu, y pronto comenzarían a ascender. Ya por estos años algunos comenzaban a alcanzar ciertos niveles de pequeña clase medía, especialmente los españoles, favorecidos por las ventajas que les deparaba su lengua. Tenderos y almaceneros generalmente, algunos pudieron hasta introducirse en la burocracia o la enseñanza elemental. Pero sólo unos pocos, porque las clases medias criollas se mostraron celosas de sus privilegios en la ciudad orgullosa, y muy pronto formaron una barrera contra los “gallegos” y los “gringos”.

Ciertamente, más sólida fue la barrera que puso la alta burguesía urbana, ese patriciado que se sentía protagonista de una epopeya iluminada por las antorchas del liberalismo y del progreso. Sólo las actividades modestas parecían a ese patriciado propias para estos recién llegados a los que tuteaban con cierto menosprecio. Y atrincherado en su naciente fortuna, se dio un estilo de vida, imitado de la burguesía francesa, que ingenuamente tomó como el más inequívoco signo de aristocracia.

El Club del Progreso, que poco después de su fundación se instaló en el palacio Muñoa, en Perú y Victoria, fue el centro de los alardes de lujo y señorío de la nueva burguesía. El salón de los retratos servía para las grandes recepciones, había espejos, estrados lujosos, y sobre todo, un comedor donde se servía excelente cocina francesa y se podía beber champagne, mucho champagne. Por las noches, las veladas del Teatro Colón —levantado en la plaza Mayo en 1857 e inaugurado con una memorable Traviata cantada por Tamberlick— reunían a los elegantes, que se sentían transportados no tanto por la música como por el brillo de la reunión social. Sarmiento se burló con alguna crueldad de esa sociedad que se esforzaba denodadamente por parecer la “buena sociedad”. Pero con los años las fortunas se hicieron viejas, las generaciones se sucedieron y las costumbres se refinaron. Muchos de los miembros de la nueva burguesía contrajeron el hábito de la lectura, se compenetraron del contenido de cada número de la Revue de Deux Mondes —para los iniciados, simplemente “la Revue”—, frecuentaron la literatura francesa y algunas veces la inglesa, y algunos brillaron en el foro, en los debates parlamentarios y en las letras, además de destacarse en la dirección de sus intereses privados.

El esplendor económico se reflejaba también en los otros estrados sociales. Había teatros para diversos gustos: el Victoria, donde podía escucharse ópera, el Argentino, donde podía verse a la Rístori, el Alcázar, donde se presentaron los Bouffes parisiens, el Alegría, para la zarzuela española, y luego el Variedades, el Porvenir, el Hipódromo, para los géneros más populares. Había también para la gente del pueblo circos y fiestas de Carnaval, procesiones, bailes para morenos, y poco a poco sociedades de las colectividades extranjeras en cuyos salones comenzaron a sonar los aires de la tarantela o la muñeira.

El dinero y los buenos jornales no faltaban, pero el trabajo era duro: diez o doce horas era la jornada de un trabajador. Pero todos, y sobre todo los inmigrantes, no medían su esfuerzo porque aspiraban a ahorrar y a acumular sus ahorros, a pasar de jornalero a comerciante y a “labrarse una posición”. Buenos Aires era —o parecía— un paraíso del que empezaba a hablarse con arrobamiento en las aldeas de Galicia y Piamonte.

Para los hijos de criollos e inmigrantes, abundaron las escuelas primarias. Para la nueva burguesía se estableció el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1863 y fundaron los jesuítas el del Salvador en 1868. La Universidad progresaba notablemente desde que asumiera el rectorado Juan María Gutiérrez en 1861, y los periódicos crecían en número y calidad: El Nacional, La Tribuna, La Prensa, La Nación. Una elite intelectual empezaba a formarse al lado de la elite económica y política, en la ciudad que se poblaba y se extendía.

Para 1855 ya estaban edificadas 683 manzanas, con casas modestas en su gran mayoría. Pero en el centro —Catedral al sur— empezaban a aparecer algunos edificios de categoría: casonas privadas, palacios de ricos estancieros, como los de Muñoa, Bosch o Miró, escuelas públicas, hospitales y el nuevo Congreso Nacional inaugurado en 1864. Algunas iglesias se modernizaron, y las casas privadas contaron con provisión de gas. En 1871 la epidemia de fiebre amarilla conmovió a la ciudad e interrumpió su vida; y a su término el centro elegante comenzó a emigrar hacia el norte, como lo comentó con su gracia habitual Fray Mocho, sutil cronista de la vida cotidiana de la ciudad. El norte prosperó, y se hicieron clásicos los paseos de la Recoleta y de Palermo, este último llamado oficialmente parque Tres de Febrero e inaugurado por Avellaneda en 1875; el sur, en cambio, comenzó a declinar lentamente y fue ocupado por sectores medios y populares, convirtiéndose algunas de las viejas casonas patricias en nuevos “conventillos”. Pero surgían otros barrios. El tranvía a caballos, que empezó a correr en 1853, acercó poco a poco las zonas suburbanas, y así crecieron Barracas y Balvanera, la desordenada aglutinación de la Boca y hasta el lejano San Cristóbal, más allá de Entre Ríos. El Once era ya un barrio remoto; pero la ciudad sabía que crecería, y en 1867 se fijaron sus lejanos límites: el Riachuelo, el arroyo Maldonado y las calles Córdoba, Medrano, Boedo, Castro Barros y avenida Sáenz, según sus denominaciones actuales. Esta última conducía al Paso de Burgos —luego Puente Alsina—, que adquirió gran importancia cuando, en 1872, se trasladó el matadero a los Corrales, donde hoy está el Parque Patricios. Caseros y Amancio Alcorta acrecentaron su caudal de tránsito: carretas, arreos y jinetes. Y en 1871, colmado el cementerio del Sur —hoy plaza Ameghino— y casi colmado el de la Recoleta, se estableció el de la Chacarita, en una zona tan remota que pronto hubo que establecer un ferrocarril para conducir hasta allí los féretros y sus cortejos.

Un día se inauguró la estación del Parque, en 1857, desde la que partía el ferrocarril a Floresta. La vía hacía una curva al llegar a Callao, pasando de la calle Lavalle a la calle Corrientes: así quedó trazada Rauch. Fue por entonces cuando se hizo el primer plan de pavimentación de la ciudad, un año después de inaugurarse la iluminación a gas en las calles Victoria, Bolívar y Chacabuco. Era el triunfo del liberalismo y la modernización: el atildado gentleman del Club del Progreso podía esperar que Buenos Aires se pareciera pronto a París. Valía la pena ser porteño:

¡Qué me importan los desaires

con que me trate la suerte!

Argentino hasta la muerte

he nacido en Buenos Aires.

[Carlos Guido Spano]

La ciudad de las dos culturas

La empresa de llevar a cabo esa tarea de convertir a Buenos Aires en una metrópoli europea fue asumida por Torcuato de Alvear, el primer intendente que tuvo la ciudad después que fue federalizada en 1880, Hubo una revolución ese año y se combatió duramente, pero Roca asumió la presidencia e inauguró una era de renovación, y la ingente riqueza que produjeron las nuevas actividades económicas permitieron, como un lujo, transformar y embellecer la capital del país organizado y progresista.

El puerto adquirió un movimiento tan intenso que en 1889 se decidió construir uno modernísimo, según et proyecto del ingeniero Madero, que se inauguró parcialmente en los años que siguieron hasta 1897. Por él comenzó a salir no sólo el ganado en pie y las lanas sino también las carnes congeladas y los cereales que empezaron a cultivarse; y simultáneamente creció la cantidad de productos que entraron por él, para satisfacer un mercado interno cada vez más exigente y consumidor. Buenos Aires se convirtió en una fuerte plaza comercial, en la que no sólo aparecieron poderosas casas mayoristas que concentraban las operaciones de exportación e importación, sino también una multitud de pequeños comercios dispersos por el centro y los barrios.

La Bolsa de Comercio, en la plaza de Mayo, fue el santuario de quienes se dedicaban a esas actividades, y dos novelas —La Bolsa, de Julián Martel y Quilito, de Carlos María Ocantos— reflejaron la gravitación que ejerció en la vida de la ciudad y en el desarrollo de su sociedad heterogénea. Las especulaciones tentaron la ambición y la fantasía de los porteños, y gracias a ellas crecieron y se desplomaron muchas fortunas. En 1890, una crisis sacudió dramáticamente la vida de la ciudad. Tras las corridas, hubo fugas y suicidios, derrumbes vertiginosos y sospechosas supervivencias. Y, entretanto, otra crisis sacudió al régimen político y enfrentó al gobierno con un naciente movimiento popular que desafió a la naciente oligarquía. El Parque de Artillería, en la plaza Lavalle, sirvió de cantón a los revolucionarios, y hubo combates callejeros en los que el gobierno, finalmente, se impuso. Pero pasaron las dos crisis: la política se canalizó otra vez, la economía se recompuso y la prosperidad volvió a reinar poco después en la ciudad, un poco cartaginesa, en la que el dinero medía los prestigios.

Por el puerto entraron durante estos años no sólo mercancías sino también ingentes cantidades de inmigrantes europeos. El gobierno los llamaba para que trabajaran la tierra, pero muchos de ellos se quedaban en Buenos Aires o volvían a ella después de una corta y generalmente triste experiencia rural. En cincuenta años la ciudad decuplicó su población. De los 286.000 habitantes con que contaba en 1880 pasó a 649.000 en 1895 y a 2.254.000 en 1930. Fue como una inundación que provocó una alteración sustancial de la fisonomía urbana, y el joven Ricardo Rojas la descubrió en La restauración nacionalista. Muchas lenguas y muchas costumbres se entrecruzaron, rompiendo los cuadros de la antigua ciudad criolla.

Durante bastante tiempo los grupos inmigrantes permanecieron encerrados dentro del cuadro de las clases populares o de las pequeñas clases medias. Fue en el seno de estos grupos donde empezó a operarse, muy lentamente por cierto, la integración entre los recién venidos y los grupos criollos tradicionales, todos en estrecho contacto en los barrios populares o en los suburbios orilleros.

De ese conglomerado se desprendió, en cierto momento, un nuevo proletariado manufacturero y luego industrial que empezó a tener alguna significación a fines del siglo pasado. Pero nunca fue más que un sector minoritario, pese al triunfo de Alfredo L. Palacios en 1904 como candidato a diputado socialista por la jurisdicción de la Boca, pues la mayoría dentro de las clases populares estaba decidida a “hacer la América” aprovechando la apertura económica que ofrecía el país. Esa mayoría se desentendió de la acción gremial y política, y buscó el ascenso social por la vía del trabajo tesonero y el ahorro metódico: muchos de sus miembros lograron éxito, y así empezó a constituirse una creciente clase media de singulares caracteres sociales y culturales. Para alcanzar ese ascenso, el pequeño comercio fue el camino preferido por los grupos inmigrantes, en tanto que las primeras generaciones de sus descendientes prefirieron el camino de la burocracia y, sobre todo, el de las profesiones liberales, como lo mostró Florencio Sánchez en M’hijo el dotor. Uno de los factores del éxito que tuvo la campaña proselitista de la Unión Cívica Radical fue el generoso ofrecimiento de puestos públicos que hacían los caudillos de barrio.

En ese acelerado proceso de cambio social —confuso, como todos— se constituyeron también extensos grupos marginales que le dieron a Buenos Aires un carácter peculiar. En las orillas de la ciudad —cerca de los Corrales, en Barracas, en la Boca— se entrecruzaron los troperos criollos que llevaban los arreos de ganado a los mataderos con los peones de las barracas laneras o de los frigoríficos, los marineros, desembarcados en la ribera del Riachuelo con los carreros y cuarteadores, y alrededor de este heterogéneo mundo de hombres solos —sin arraigo, sin mujer, sin familia— surgieron los prostíbulos, los salones de baile y los cafés, las pulperías y las cantinas, los “despachos de bebidas” que se agregaban a los almacenes, lugares todos donde los parroquianos buscaban un poco de compañía y un poco de enajenación, en un ambiente de libertad que se sustraía al sistema de costumbres y de normas propio del centro de la ciudad burguesa. Junto a los hombres de trabajo, las prostitutas, los ladrones, los jugadores, los “cafishios’’, los borrachos consuetudinarios, los guitarreros y cantores se mezclaban, sin suscitar distanciamientos ni reproches ni repugnancia a las humildes familias del vecindario ni sorpresa a los chiquilines. Fue, en conjunto, una apretada sociedad marginal, en cuyo seno se elaboraron nuevas formas de convivencia, inflexibles reglas de juego y ciertos ideales originales y vigorosos que contaron con un decidido consentimiento. De acuerdo con esos ideales de vida se delinearon ciertos tipos sociales: el malevo, el guapo, el compadrito, el canfinflero, la percanta, la yira, la milonguita, el ciruja, que se sumaban a los que daban forma local a viejas profesiones: los cuenteros, las adivinas, los escruchantes, los punguistas, los jugadores fulleros. Era, ciertamente, una sociedad marginal, pero inseparable y parasitaria del núcleo de la gran ciudad, que se constituía al calor de un enriquecimiento acelerado, desbordando los marcos tradicionales.

Durante cierto tiempo, la sociedad tradicional ignoró este mundo marginal, como todavía lo revelaba la autora de Stella [Emma de la Barra, “César Duayen”], esa novela de principios de siglo que presentaba una Buenos Aires idealizada. Las viejas y las nuevas clases acomodadas se mostraron sorprendidas e irritadas por la aparición de estos mundos disímiles pero concurrentes: el de los inmigrantes que trabajaban ahincadamente para lograr su ascenso social y se mostraban ajenos a la vida del país tradicional —ignorantes de San Martín e indiferentes a la emoción del Himno Nacional—, y el de este mundo marginal que crecía en las orillas de la ciudad y cuyo eco llegaba lentamente hasta el centro, llevado unas veces por la crónica policial y otras por la sorprendente revelación de algún hijo de familia “bien” que se había deslizado en tren de “garufa” hacia sus misteriosas profundidades. Fue una sorpresa que engendró nuevas actitudes sociales de vastas consecuencias.

La reacción de las clases acomodadas, cada vez más ricas y cada vez más celosas de su poder, fue retraerse, constituirse en una verdadera oligarquía y afianzarse para defender sus privilegios y su estilo de vida. Una obsesiva preocupación por los “apellidos” subyugó a las clases altas —de la que dejó curioso testimonio Gastón Federico Tobal en sus Evoluciones porteñas— y aun a las clases medias tradicionales que se sintieron unidas a aquéllas, y sólo muy lentamente, y ante la tentación de las nuevas fortunas, comenzó a transigirse con el matrimonio de una niña “bien” con un “gringo con plata”. Los salones y los clubes —el del Progreso, el Jockey, fundado por Pellegrini en 1882, el Círculo de Armas— se hicieron cada vez más herméticos y pasaron algunas décadas antes de que comenzaran a abrir sus puertas a las nuevas fortunas. Los palacios lujosos del barrio norte congregaron a los grupos cerrados, de los que, sin embargo, solían escapar los jóvenes “patoteros” para deslizarse en el café de Hansen o en el Armenonville en busca de alegres compañías que hubieran espantado a sus padres si muchos de ellos no se hubieran familiarizado con gentes parecidas en las dudosas operaciones electorales, en la vida de los studs o en las subrepticias aventuras eróticas. Era la nueva burguesía una clase cada vez más conservadora, pero que se mostró incapaz de conservar, en su propio círculo, el estricto sistema moral de “la gran aldea”. Porque, nacida del cambio, no podía sustraerse a la situación que ella misma había desencadenado.

El cambio fue notorio en la fisonomía física de la ciudad. Tanto y tan pronto se poblaron sus baldíos que en 1888 se consideraban edificadas 1.363 manzanas. Cierto es que el ámbito de la ciudad había cambiado. El año antes, una ley había incorporado a la ciudad los partidos de San José de Flores y de Belgrano, llevando los límites urbanos hasta lo que es hoy la avenida General Paz: un total de 19.000 hectáreas aproximadamente, con lo que Buenos Aires se convertía en una de las ciudades más extensas del mundo.

En poco tiempo se modificó profundamente la infraestructura de la ciudad. Se construyó el puerto Madero, se concluyeron las obras de salubridad en la década del 80, se extendieron y electrizaron los tranvías desde 1902, se desarrollaron las líneas suburbanas de ferrocarriles, aumentaron los hospitales, los mercados y los parques, se electrificó el alumbrado público a partir de 1882, se construyó el primer subterráneo, inaugurado en 1914, aparecieron los ómnibus y los colectivos, y se hicieron sobre el río el Balneario Municipal y la avenida Costanera. La Asistencia Pública, creada por el doctor Ramos Mejía en 1884, trataba de cubrir los servicios de salud, en tanto que los Bomberos Voluntarios de la Boca, constituidos el mismo año, y el cuerpo de Bomberos de la Policía, reorganizado por el coronel Calaza en 1890, se esforzaban por contrarrestar los incendios. Con algún retardo, todos los servicios públicos fueron desarrollándose al compás del vertiginoso crecimiento de la ciudad.

Tanto el intendente Alvear como sus sucesores procuraron modificar el casco viejo de la ciudad para adecuarlo a las nuevas necesidades. Demolida la Recova en 1884, la plaza Mayo cubrió dos manzanas. Donde había estado el viejo Fuerte —demolido también en 1853— se construyó la Aduana primero y la Casa de Gobierno después. Pero la obra más importante de remodelación del centro fue la apertura de la avenida de Mayo, iniciada en 1888 e inaugurada en 1894, que obligó a mutilar —no sin polémicas— el viejo Cabildo. Dos años antes se había erigido el edificio de la Municipalidad y poco después se inauguraron los del Congreso Nacional y del Palacio de Justicia. Y frente a este último, en la plaza Lavalle, se construyó en 1908 el nuevo Teatro Colón, que abrió sus puertas el 25 de mayo con una fastuosa función en la que subió a escena la ópera Aída.

El barrio norte se poblaba de suntuosas viviendas y se creaban hermosos rincones en los que brillaban los palacios y palacetes de estilo francés, y el barrio sur seguía siendo ocupado por gentes modestas. Y en tanto que las avenidas Alvear y Quintana sólo veían el desfile de los distinguidos vecinos, la avenida de Mayo, con sus cafés de españoles, como el Tortoni o el Colón, y la calle Corrientes, con sus cafés bohemios y sus cafés de tangos, sus teatros y sus restaurants, se transformaron en los polos de atracción de la gente de los barrios.

Justamente, la experiencia más llamativa de Buenos Aires fue por entonces el desarrollo de los viejos barrios y la aparición de otros nuevos. Los transportes públicos acortaron las distancias. Se podía llegar en subte hasta Caballito primero y hasta Chacarita después, combinando allí con tranvías u ómnibus que prolongaban el recorrido; o se podía ir en tren hasta Belgrano o Villa Devoto o Vélez Sársfield o Villa Urquiza; o se podía usar el tranvía, el ómnibus o el colectivo —este último, un espontáneo invento porteño aparecido en 1928— para alcanzar los innumerables barrios que surgieron poco a poco, más allá de los tradicionales.

A veces los barrios surgieron espontáneamente a lo largo de la vía tranviaria, o de las avenidas que se alejaban del centro cruzando una semicampaña, como Villa Crespo y Almagro en los últimos años del siglo pasado. Otras veces crecieron como aglomeraciones alrededor de un foco de atracción: Abasto, alrededor del mercado inaugurado en 1889 en Corrientes y Laprida; Nueva Pompeya, en las proximidades del puente que cruzaba el Riachuelo, cerca de donde estuvieron los Corrales: Nueva Chicago, alrededor de los nuevos mataderos, inaugurados en 1901; Palermo, recostado sobre el arroyo Maldonado y polarizado hacia plaza Italia en cuyos bordes se inaugurara el Jardín Zoológico en 1875 y el Jardín Botánico en 1898.

Aun en estos barrios fue importante la acción de los rematadores, que en otros, en cambio, significó una creación desde la nada. Los rematadores descubrieron y emprendieron el negocio del fraccionamiento de viejas quintas o extensos solares baldíos, tentando a los que querían afincarse. Los lotes eran ofrecidos en espectaculares remates que se hacían los domingos. “Se compra sin dinero”, decía en 1889 un cartelón en el que anunciaban lotes a razón de cinco pesos mensuales a una cuadra de Rivadavia y Cuenca. Alguna vez el rematador ingenioso levantaba un simulacro de construcciones para atraer a sus presuntos clientes. Y tanto el aprendiz de especulador que adivinaba el futuro incremento del valor de la tierra urbana como el ahorrativo trabajador que acariciaba el sueño de la casa propia compraban su parcela, aquél para revenderla en momento oportuno y éste para edificar su vivienda.

No todos edificaban su casa de una sola vez. Muchos edificaban no sin sacrificio una pieza de material, y así podían abandonar el sórdido conventillo. Un primitivo retrete y una cocinita bajo techo precario permitían sobrellevar una nueva etapa de ahorro, tras de la cual la casa se iba completando, sin preocupaciones estilísticas. En cambio, los más acomodados, o los que edificaban para alquilar, confiaban la construcción a un maestro de obra generalmente italiano —y hubo muchos— que repetía, en un lote de diez varas de frente, el plano de la casa de habitaciones en fila, esmerándose en la ornamentación de una fachada de remotas reminiscencias renacentistas con sus cornisas y balaustradas: una puerta y dos balcones daban su fisonomía a la “cuadra”, expresión que localizaba el entrañable habitat de los nuevos porteños.

Así surgieron incontables núcleos urbanos, inscriptos en el área más extensa del barrio. Algunos de esos barrios fueron importantes desde un comienzo, como Villa Devoto o Villa Urquiza, en tanto que otros crecieron lentamente, sin que se edificaran sus baldíos, como Villa Soldati, La Paternal, Villa Ortúzar o Villa Lugano. En algunos, una plaza o la estación suburbana del ferrocarril crearon un polo de atracción comercial y social; en otros fue una esquina —como la de San Juan y Boedo, o la de Caseros y Rioja, o la de Lope de Vega y Jonte— la que concentró los pequeños negocios y alentó el encuentro de sus habitantes a la tardecita, después del trabajo, o por la mañana, a la hora de la compra. Y algunos recibieron el don de un vasto parque público —Centenario, Patricios, Lezama, Avellaneda— que conservó largo tiempo cierto aire de pampa en el seno de la ciudad.

Fueron barrios familiares, de gente honesta y trabajadora, ahorrativa, cuyos objetivos familiares e individuales consistían primariamente en mejorar de condición económica y social, en casar a las hijas y en asegurar un porvenir a los muchachos: una clase popular con expectativas de pequeña clase media que, a medida que crecía, se constituía en el grupo social más significativo de la población de Buenos Aires. Pero era una sociedad inestable, puesto que se integraba al calor de los ascensos y descensos de clase, de los triunfos y las frustraciones: junto al almacenero próspero estaba la “costurerita que dio aquel mal paso”; junto al muchacho que conseguía un empleo en un ministerio, el que se desgraciaba por un estúpido alarde de machismo; junto a la chica que se casaba con un rico, la que hundía su vida en un taller del que salía tuberculosa, o la que, deslumbrada por “las luces del centro”, terminaba de “milonguera” en un cabaret; junto al “bacán” perezoso, el obrero esforzado que se sobreponía a su fatiga para leer un folleto de propaganda anarquista. Era esa sociedad inestable que descubrió Evaristo Carriego, revelándola a través de una sociología en verso que era, a la vez, su exaltación sentimental. Un café ofrecía compañía y solaz a los muchachones, un “despacho de bebidas” a los viejos, y un cine reunía los sábados y domingos a las familias para ver las películas de Perla White o de Rodolfo Valentino. Pero las “barras” preferían el fútbol —activo en los potreros, pasivo en las canchas de Boca Juniors o de San Lorenzo de Almagro—, y a veces aparecían en el centro para escuchar tangos en el Café de Pacho o en El Estribo, o en los que aparecieron en Corrientes, todavía estrecha.

Así se diversificó la sociedad porteña. En distintos sectores de la ciudad se alojaron sociedades distintas, netamente diferenciadas, y cada una de ellas desenvolvió una cultura singular que durante largo tiempo se mantuvo enfrentada irreductiblemente con la otra. Hubo una cultura de las clases tradicionales y una cultura de las nuevas formaciones sociales, esta última escindida a su vez en la de los grupos inmigratorios que mantenían vivas sus tradiciones populares europeas y en la de los grupos criollos hibridados de las orillas.

La cultura de las clases tradicionales se alimentaba de sus raíces criollas y se adornaba con el reflejo de la cultura burguesa propia de París y de Londres. Brilló en el centro, en las residencias aristocráticas, en los bailes y en los clubes, en la platea y los palcos del Teatro Colón, en la Universidad, en las tertulias literarias, en la tribuna de socios del Hipódromo Nacional, en las redacciones de los grandes diarios. Allí se alojó la moda parisiense, el Art Nouveau, luego el Modernismo —cuando en 1896 publicó Rubén Darío Prosas Profanas en Buenos Aires—, y luego el Ultraísmo, cuando el grupo literario de Florida comenzó a publicar el periódico Martín Fierro. Era una cultura brillante, sin duda, pero un poco convencional y, sobre todo, muy dependiente de las novedades de París, tan visibles en los escaparates de Harrods como en la revista Nosotros, o en la polémica cotidiana del Café de los Inmortales, refugio de una bohemia que pintó agudamente Manuel Gálvez en El mal metafisico, o en la evolución de la cocina criolla, alterada por los mandamientos del Cordon Bleu. Y no era sólo la cultura de las clases altas, sino también la de las clases medias tradicionales y la de las nuevas clases medias a medida que lograban integrarse en la sociedad tradicional, unas lectoras de Plus Ultra y de La Nación, otras de El Hogar y de La Prensa, unas habitués de Harrods y otras de Gath y Chaves o La Ciudad de México, revistas, diarios, tiendas, confiterías, todos sutilmente signados por un matiz que revelaba el sector de la estratificación social a que respondían. Era una cultura constituida.

En los barrios, en cambio, se constituía una cultura inédita, propia de los sectores inmigrantes y marginales, que tuvo dos matices distintos. Los grupos de inmigrantes y de hijos de inmigrantes constituyeron una cultura marginal, pero incómoda en su marginalidad y que dio muestras de aspirar a su rápida integración. Subsistían los signos de sus raíces populares europeas: el predominio de una cocina española o italiana, la vigencia de normas éticas y sociales que correspondían a los lugares de origen, generalmente aldeas cuyas formas de vida se acomodaban difícilmente a las de la gran ciudad que era ya Buenos Aires. Pero la aspiración al ascenso social forzaba las limitaciones impuestas por la tradición y empujaba a las nuevas generaciones a aceptar las pautas establecidas por las clases dominantes: había que abandonar el genovés o el idish, había que tratar de entrar al Colegio Nacional, había que aprender las maneras convencionales de trato. Fue un aprendizaje duro. Los grupos que aspiraban al ascenso podían parecer “guarangos” o “caches” a los ojos de las clases tradicionales —que a veces se ponían demasiado “tilingas”—, precisamente porque estaban elaborando, a su modo y para adaptarlo a sus necesidades, el modelo que las clases altas les ofrecían. Ciertamente, la elegancia de las chicas de barrio no era la misma que la de las niñas de clase alta, pero aspiraba a serlo, y lo lograba poco a poco. Esa reelaboración del modelo de la clase alta por las nacientes clases medias constituyó una curiosa aventura cultural del Buenos Aires de las dos culturas.

Pero no fue ésta la única cultura inédita que surgió en los barrios. Al lado, y ocasionalmente mezclada con ella, apareció una cultura marginal que aceptó su marginalidad, asumió sus raíces y sus tendencias, y afirmó su peculiaridad. La elaboraron, en los suburbios marginales de los Corrales, Barracas, la Boca, Palermo o Nueva Chicago o Nueva Pompeya, paisanos de la llanura e inmigrantes italianos y españoles que entrecruzaron sus sentimientos y a veces sus ideas, sus costumbres y sus principios, sus atávicas formas de comer y sus sistemas de lucha por la vida. Y la coincidencia tuvo tal vigor que crearon un habla —el lunfardo—, un baile y una canción —el tango—, y dieron vida al mismo teatro criollo que desembocó muy pronto en una entrañable expresión teatral, el sainete. Los valores de la cultura del centro no se cuestionaron sino que, simplemente, fueron ignorados; las normas se dejaron de lado y se sustituyeron con otras que respondían exactamente a las situaciones reales. Considerada en sus elementos no parecía una cultura original, pero fue inusitada la combinación de los viejos elementos y el sentido que se atribuyó a esa combinación. Fue un formidable experimento, forzado por la presencia y el contacto de grupos diferentes puestos en una misma situación, y para quienes la segregación actuó como agente catalizador.

Esta cultura marginal que aceptaba su marginalidad y perseveraba en su peculiaridad, coincidía con la cultura marginal que no aceptaba su marginalidad en que ninguna de las dos podía vivir sin la cultura del centro. Por eso las dos se entremezclaron y formaron un vago conglomerado para responder al desafío de la cultura constituida, que era la cultura del poder.

Las culturas marginales se enfrentaron con la cultura del centro, y aceptaron las vías de contacto que en cierto momento empezaron a establecerse: y así comenzaron a entrecruzarse mil sutiles hilos entre las dos culturas, que concluyeron por crear una trama común para las dos en el Buenos Aires de 1930. ¿Quiénes los tejieron?

Fue la “milonguita” que quiso abandonar la miseria suburbana y ofreció compañía pasajera en los cabarets a la juventud dorada. Fue el político de fuste que buscaba votos en los comités de suburbio, comisionaba agentes electorales y contrataba guardaespaldas entre los muchachos de avería. Fue el “cafishio” que proveía de “programas” al caballero distinguido con “bulín” puesto. Fue el turfman que se entreveraba con jockeys, cuidadores y tahures en los studs del bajo de Belgrano. Fue el “niño bien” que no podía olvidarse en casa de lo que había aprendido en Hansen, en los prostíbulos o en los salones de baile. Fue Crítica, el periódico de Botana, que canalizó los valores de la cultura del suburbio y los volcó en el centro. Fue la calle Corrientes, terreno neutral de las dos culturas, donde una y otra se encontraban a gusto. Fue Maffia y Firpo, Contursi y Flores, Carlos Gardel y Rosita Quintana, que ganaron el centro con un tango que de milonga se hacía canción. Fue Soria y García Velloso, González Castillo y Vacarezza, que intentaron la épica del conventillo, con el enfrentamiento del compadrito y el cocoliche. Fueron los bodegones del Abasto, las cantinas de la Boca, los restaurants de la cortada Carabelas y los cafés de Corrientes. Fue Olinda Bozán y Arata, Muiño y Simari. Fue Carlos de la Púa y Last Reason, Arlt y Olivari. Por la presión de la periferia sobre el centro, las dos culturas se compenetraron, y en la década del 20 quedó a la vísta que la integración quedaría consumada en poco tiempo.

El crecimiento de las masas radicales lo confirmó. Los muchachos que vivaban al doctor Yrigoyen ganaron el centro y expresaban en ese símbolo todo ese bagaje de ideas y sentimientos del suburbio trabajador tanto como del suburbio orillero. En las fiestas del Centenario, en 1910, las clases tradicionales habían sellado su decisión de mantenerse puras y resistir la contaminación. Hicieron lo que pudieron desde la escuela, desde la tribuna, exagerando a veces un patriotismo formalista. Cuando la nueva sociedad se manifestó violentamente, a través de las bombas de los anarquistas o a través de la protesta de los obreros de Vasena, la sociedad tradicional la enfrentó con dureza, a veces desmedida, como en la Semana Trágica de 1919, que Arturo Cancela llamó con ironía una semana de holgorio. Para recuperar el poder que había perdido en 1916, cuando Yrigoyen subió al poder en medio de extraordinarias manifestaciones de júbilo popular, recurrió a la conspiración y al golpe de estado. El 6 de setiembre de 1930 Buenos Aires se sacudió con el desfile de los cadetes del Colegio Militar que derrocaron a Yrigoyen y pusieron en el poder a Uriburu. Al pasar, cañonearon el Congreso.

La capital de la crisis

La revolución de 1930 inauguró una época crítica para el país, y Buenos Aires fue la capital de la crisis. La dictadura se mostró temerosa y la represión fue dura con los opositores. Torturadores vocacionales hicieron famoso su nombre en la ciudad, y años después, cuando se constituyó el nuevo Congreso, fueron denunciados por Alfredo L. Palacios en un debate del Senado. Para entonces, la revolución había desembocado en un régimen surgido de elecciones, y los presidentes Justo y Ortiz mejoraron los métodos represivos. Hasta se pudo votar libremente en la ciudad de Buenos Aires, seguramente en homenaje a la imagen internacional del país. No sólo se habló de las torturas en el Senado. Se habló también de los escándalos en la compra de armamentos y se habló de las carnes, en un debate memorable conducido por Lisandro de la Torre en 1935 y en cuyo transcurso fue asesinado en pleno recinto el senador Bordabehere.

Entre 1930 y 1943, una paz varsoviana reinó en la ciudad. Las clases altas se sintieron cómodas. Fue una época de cierto brillo cultural, con buenas temporadas líricas en el Colón, conciertos excelentes de música moderna, exposiciones y conferencias en el salón que en la calle Florida tenía Amigos del Arte, cursos en el Colegio Libre de Estudios Superiores, y una buena difusión de la mejor literatura europea de la que se encargaba la revista Sur. Pintores y escultores, muchos recién llegados de Europa, difundían a través de sus obras las nuevas concepciones plásticas, y los escritores más refinados vertían las influencias de Huxley y de Joyce. Al margen de la cultura, cierto sentimiento aristocratizante campeó por la ciudad, manifestado en una sostenida preocupación por la elegancia que acentuó el tradicional empaque del porteño y de la porteña. Florida era todavía una calle un poco exclusiva donde la gente se saludaba, y los lugares de reunión estaban claramente discriminados por grupos sociales, cuyos miembros acataban las reglas del juego: sólo los “petiteros” —como se les llamaría poco después— entraban al Petit Café, en Santa Fe casi Callao, frente al Aguila, donde se daban cita las personas mayores. Y en el Congreso Eucarístico de 1934 se aglutinaron las damas y los caballeros de la buena sociedad.

Para el resto de la sociedad la situación fue muy dura. Hubo cesantías en la administración pública y en las actividades privadas, y la desocupación se notó en el centro en el lustre de los trajes viejos y en los barrios populares bajo formas más dramáticas: el hambre de los desocupados, que no alcanzaban a mitigar las “ollas populares” que se ofrecieron a los más pobres, o el abandono de la pieza del conventillo que conducía a sus habitantes a la Villa Desocupación, que surgió en Puerto Nuevo. Conseguir trabajo —o “el mango que te haga morfar”— era para muchos la preocupación cotidiana, y Discépolo expresó el sentimiento general de la “mishiadura”, de la frustración y del cinismo que embargó a las clases medias y populares. Fue entonces cuando Scalabrini Ortiz intentó retratar al “hombre que está solo y espera” en la esquina de Corrientes y Esmeralda donde nada esperaba.

Agolpados frente a las pizarras de los diarios muchos lloraron la caída de la República Española, los triunfos de Hitler y la ocupación de París. La desilusión cundía. Dos suicidios, el de Lugones en una isla del Tigre en 1938 y el de De la Torre en su departamento de la calle Esmeralda en 1939, adquirieron un valor simbólico en la ciudad tumultuosa que Martínez Estrada llamaría poco después La cabeza de Goliath.

Pese a todo, el centro prosperaba y se embellecía. Se rectificó el trazado de la avenida Leandro N. Alem, se ensancharon las calles Santa Fe, Córdoba y Corrientes, se continuó la Diagonal Norte, se empezó a abrir la avenida Nueve de Julio y se erigió el obelisco en 1936 para conmemorar el nuevo centenario de la primera fundación de la ciudad. Pero los barrios progresaron poco, y su población empezó a cambiar nuevamente con la aparición de crecidos contingentes de inmigrantes del interior, más empobrecido aún que la capital, que luego desbordaron los límites urbanos para asentarse en los pueblos suburbanos. Algunas industrias que aparecieron con motivo de la disminución de las importaciones que acarreó la guerra empezaron a ofrecer salarios tentadores y la situación de algunos sectores populares mejoró un poco. Los rancheríos —las villas miseria— empezaron a extenderse por Avellaneda, Lanús, San Martín, San Justo, a veces en las afueras de los suburbios donde se instalaban las pequeñas industrias de reemplazo, y sus pobladores —muchos muy morenos— empezaron a modificar la fisonomía de la ciudad. No se los veía mucho por el centro, pero existían.

Un día aparecieron en la plaza Mayo, el 17 de octubre de 1945, junto con otras muchas gentes que se politizaron de pronto, después de muchos años de politización prohibida. Poco antes, otras multitudes habían celebrado la recuperación de París en la plaza Francia. Pero ésta del 17 de octubre era una multitud nueva, desconocida para las gentes del centro, y revelaba un cambio sustancial en la composición social de la ciudad. Perón, un líder político de nuevo estilo, logró movilizar esa multitud nueva, y la ciudad cobró un aspecto diferente entre 1945 y 1955. Las clases tradicionales advirtieron la presencia de los que llamaron ‘‘cabecitas negras” y comprobaron el ascenso económico y social de las clases populares, que ahora consumían más productos alimenticios, más artículos para el hogar, colmaban los ómnibus y los trenes suburbanos y acudían en grandes cantidades a las canchas de fútbol y a los cines. Para muchos fue un espectáculo intolerable y los aristocratizantes lectores de Ortega y Gasset descubrieron que estaban en presencia de una real “rebelión de las masas”, a causa de la cual muchas señoras debían lamentar la falta de servicio doméstico. Así, la ciudad se vio escindida socialmente una vez más, y más aún que en la época en que aparecieron en las calles las masas que vitoreaban al doctor Yrigoyen. Fue normal que las gentes acomodadas no salieran de sus casas los días de grandes concentraciones populares en la plaza Mayo, cuando Perón y Evita hablaban a las multitudes convocadas por la Confederación General del Trabajo. Pero eran, en cambio, días de fiesta auténticos para las clases populares, sobre todo si ei líder anunciaba para el siguiente el feriado de “San Perón“.

De cualquier manera, la nueva justicia social no perjudicó a los poseedores. Algunos de ellos sufrieron persecuciones económicas. Pero, en general, el bienestar general alcanzó a las clases tradicionales, y sobre todo a aquellos que supieron aprovechar la coyuntura. En el sector de la clase alta aparecieron nuevos tipos de ricos, el industrial o el empresario, que competían con los ricos tradicionales en la suntuosidad de sus departamentos de la avenida Libertador, compraban tierras para pasar por estancieros, procuraban ser admitidos en el Jockey Club y derrochaban sabiamente su dinero o especulaban con él. Se los veía codeándose con las familias que habían perdido el reducto de la Sociedad de Beneficiencia, en las nuevas boutiques de la calle Santa Fe, en el grill del Alvear o en las boites de lujo. Y en la Bolsa el juego hizo y deshizo fortunas como en los tiempos del 90, porque la especulación giraba alrededor de informaciones reservadas que todos pretendían tener acerca de las empresas que prosperarían por misteriosas razones. Un automóvil importado era un signo de que su propietario contaba con buenas conexiones porque no se veían en Buenos Aires por entonces sino viejos coches en cuya conservación se esmeraban los mecánicos porteños de sutil ingenio.

Las fricciones sociales y políticas adquirieron a veces contornos dramáticos. Las campañas electorales eran duras y los conflictos entre obreros y patronos muy tensos. En la Universidad los conflictos se sucedieron ininterrumpidamente, y la policía empezó a entrar en los recintos de las facultades cada vez que la FUBA organizaba actos relámpago, cuyo saldo solía ser la detención de numerosos estudiantes. Allí, como en otros campos, la delación fue una sucia práctica que enturbió la convivencia. Un día, el gobierno se incautó de La Prensa. Otro día, grupos bien organizados incendiaron el Jockey Club, algunas iglesias y varios locales pertenecientes a partidos políticos: alguien —no se sabe quién— incendió una bandera argentina. La situación empezaba a ponerse crítica, sobre todo porque desde 1951 la euforia económica había pasado y en las panaderías empezó a venderse un pan negruzco que simbolizaba la crisis.

Lo más típico de la vida de la ciudad fue, por esos años, cierta ruptura en las formas tradicionales de pensar. Para entonces la ciudad había sublimado la vieja oposición entre el centro y el suburbio, que el tango del 40 —Homero Manzi típicamente— idealizaba:

Barrio de tango luna y misterio,

¡desde el recuerdo te vuelvo a ver!

Pero de pronto se avivó otra vez con un ligero desplazamiento ecológico: el centro descubrió de nuevo su adversario no tanto en los viejos barrios urbanos, sino en las nacientes aglomeraciones del Gran Buenos Aires, que crecían como mancha de aceite, y la oposición volvió a plantearse entre el centro y la periferia. Más allá de las definiciones políticas, la gente se definió por una u otra sociedad, por una u otra cultura. Para algunos lo popular empezó a ser odioso y despreciable y para otros lo aristocrático empezó a ser ridículo y exacrable. Por su parte, el habla popular y las revistas satíricas —Rico Tipo, Tía Vicenta— se hicieron cargo de la tarea de precisar matices intermedios de la sensibilidad, distinguiendo entre lo “bien” y lo “mersa”, lo primero referido a los gustos y tendencias de ciertas burguesías asentadas y lo segundo a los de ciertas clases medias en ascenso que procuraban imitar a aquéllas; y para que no hubiera dudas de que la sociedad porteña tenía profundas vacilaciones acerca de lo que debía y lo que no debía hacerse o decirse, el humorista se ocupaba de ofrecer listas completísimas de lo que se consideraba “in” y lo que se consideraba “out”, clasificado por categorías. Entremezclados, los odios de clase y las tendencias al ascenso de clase engendraron una turbia forma de convivencia, que aprovechaba cualquier oportunidad para manifestarse: una fue el inusitado espectáculo del velatorio y entierro de Eva Perón en julio de 1952; una multitud acongojada desfiló días y noches por la capilla ardiente, instalada en la Secretaría de Trabajo y Previsión, mientras los opositores al régimen se indignaban por lo que consideraban una función carnavalesca. Entretanto, las minorías intelectuales y sensibles proclamaban su adhesión al existencialismo y entonaban su fervor antiperonista con el vivo ejemplo de la Resistencia francesa, que ya había producido y difundido una abundante literatura.

Las migraciones internas apresuraron el proceso de formación del Gran Buenos Aires, de la megalopolis moderna. Un cinturón industrial empezó a rodear a la ciudad, y allí crecieron los barrios nuevos. Hubo tierras ocupadas ilegalmente, pero sobre todo loteos modestos, a veces en tierras bajas y siempre alejadas de las grandes avenidas y de los medios de transporte. Pese a todo, las viviendas se multiplicaron, precarias, levantadas con cartón, con latas, con cajones de automóviles, hacinadas y sin servicios públicos. Allí se constituyó una sociedad nueva y marginal de singulares caracteres. No faltaban, sin duda, algunos delincuentes y muchas gentes de vida irregular; pero la sociedad de los ‘‘villeros” se compuso generalmente de gente honesta y trabajadora, cuyo problema fundamental era la imposibilidad de conseguir otra clase de vivienda. Solían ser obreros de las nacientes industrias que ganaban buenos salarios, lo cual les permitía alimentarse y vestirse bien, y en muchos casos adquirir su radio, su heladera y su lavarropas. El contraste entre la vivienda y el nivel de vida llamó la atención de muchos que, ignorantes del proceso de formación de barrios semejantes en otras partes, achacaban al régimen el desencadenamiento de procesos sociales y económicos que eran, por el contrario, los que habían suscitado y sostenían al régimen. Pero las villas miseria —que “también son América”, dijo Bernardo Verbitzky— no sólo indignaban a los opositores sino que molestaban al régimen. Cuando se construyó la autopista al aeropuerto de Ezeiza —la obra más importante, junto con el aeropuerto mismo, que se construyó por entonces en relación con la modernización de la ciudad— se levantaron muros delante de las villas construidas al costado para que los viajeros no contemplaran el deprimente espectáculo de las pobres viviendas hacinadas. Sólo esporádicamente comenzó a esbozarse una política de edificación de viviendas económicas para salir al encuentro del problema.

Testigo de tantas concentraciones peronistas, la plaza de Mayo presenció el 16 de junio de 1955 el más inusitado espectáculo: los aviones de la Marina bombardearon la Casa de Gobierno como par- te de un fracasado plan revolucionario. Hubo una conmoción general en la ciudad, que se repitió en setiembre, cuando se supo que Lonardi había sublevado en Córdoba algunas guarniciones. Esta vez la revolución triunfó, y los porteños se enteraron de que Perón se había embarcado en una cañonera paraguaya con destino a Asunción. Era visible la pesadumbre en los barrios populares y en los suburbios: en Lanús, en Avellaneda, en San Martín. De otros barrios más céntricos, en cambio, salieron hacia la plaza de Mayo los nutridos grupos que se concentraron cuando juró Lonardi como presidente. Y mientras los grupos suburbanos se sobrecogían ante las amenazas de las fuerzas de represión, los grupos del barrio norte se sobrecogían ante el temor irracional de que una incontenible ola de “descamisados” se volcara sobre ellos para satisfacer su presunta vocación de incendio, saqueo y muerte.

Ciertamente, la ciudad estaba dividida: la componían otra vez dos sociedades, dos culturas. Hubo represión y ajuste de cuentas, y la hostilidad más bien se acentuó. La Confederación General del Trabajo, en cuyo edificio de la calle Azopardo descansaban los restos de Eva Perón, fue intervenida, desapareciendo el féretro, y los sindicatos fueron severamente controlados. Pero la fuerza real del movimiento obrero como grupo de presión no decreció y se manifestó a través de huelgas y/o ocupaciones de fábricas que probaban que la situación social no se encauzaba. Tampoco se encauzaba la situación política. Hubo elecciones y Aramburu salió de la Casa de Gobierno vitoreado por algunos grupos, que le manifestaron su respeto por haber cumplido su palabra de restaurar el régimen constitucional. Pero las dificultades subsistían. Juró Frondizi, cayó Frondizi, juró Guido, mientras el escribano Garrido testimoniaba una y otra vez los actos oficiales que se sucedían. Unas veces los porteños veían en la Casa de Gobiernos a los granaderos con su brillante uniforme histórico; pero otras veces veían las tropas en traje de fajina, con las armas listas para disparar y con el apoyo de los tanques. Entre 1962 y 1963 hubo pronunciamientos, salieron los tanques a la calle, y en una ocasión hasta se realizaron dispositivos de combate en varios lugares de la ciudad. Pero no fue muy grave. Los porteños, burlones e incisivos, se sonrieron cuando el conductor de un tanque detuvo su vehículo en la esquina de Santa Fe y Callao al encenderse la luz roja del semáforo, y no faltaron en los barrios los chicos que se trepaban por los costados de los temibles monstruos, que se humanizaban cuando se descomponían y quedaban inmovilizados junto al cordón de la vereda. El poder cambiaba —aparentemente— de manos, pero la ciudad seguía su ritmo de vida oscilando entre el “no se vende nada” de los comerciantes pesimistas y el “ahora empieza a moverse un poco” de los optimistas.

Sobre todo, la ciudad crecía como si fuera el desaguadero de toda la República. El Gran Buenos Aires tenía cuatro millones y medio de habitantes en 1947, más de seis millones y medio en 1960 y llegó a 8.352.000 en 1970. Muchos —quizá medio millón por día— ingresaban al casco viejo de la ciudad para trabajar o para recorrer oficinas o casas de comercio. Pero poco a poco el casco viejo dejó de ser el único polo de la ciudad, y otros polos aparecieron en los barrios suburbanos y en el Gran Buenos Aires. Resultó tan difícil estacionar un automóvil cerca de Cabildo y Juramento, o de Rivadavia y Pedernera, o de San Juan y Boedo, como en pleno centro, donde, por lo demás, el estacionamiento fue prohibido en las calles. Como otros barrios, Belgrano perdió su aspecto de ciudad jardín, sumergido por las altas casas de departamentos, y la avenida del Libertador —refugio del más alto status económico— vio correr en las horas de pico caravanas interminables de automóviles que llevaban a sus propietarios hacia sus residencias de Acassuso o San Isidro, desfilando entre torres residenciales, boutiques de lujo y boites elegantes que por la noche congregaban a ejecutivos en tren de esparcimiento y figuración y a jóvenes de familias ricas que querían estar “en el ruido”.

Durante el gobierno de lllia la Municipalidad trabajó intensamente para urbanizar el bajo de Flores. En la zona circundante, las calles de acceso empalmaron con la autopista a Ezeiza y las avenidas que corrían hacia el centro, estimulando la ocupación de zonas poco habitadas; y el barrio de San Telmo empezó a colmarse de restaurantes snobs que atrajeron a turistas y ejecutivos. Huelgas, ocupaciones de fábricas, disturbios estudiantiles y mitines políticos animaron la vida de la ciudad, que casi gozaba de libertad. El paso del tiempo parecía haber moderado la tensión entre las dos sociedades y las dos culturas, que se mostraban inclinadas a confundirse dentro de los marcos de la creciente sociedad de consumo. Pero lllia cayo y juró Onganía, siempre mediante la intervención del escribano Garrido, en quien los porteños que contemplaban las fotografías y los noticiosos televisivos veían la imagen viva de la Historia y sus mudanzas. Muchos creyeron que el orden predominaría cuando se cerraron los locales de los partidos políticos, se reprimieron enérgicamente las huelgas y se castigó a la Universidad en la persona de sus estudiantes y profesores. Pero no fue así, porque en Buenos Aires, como en otras muchas ciudades, la inquietud de los grupos estudiantiles y de las clases populares más bien tendía a crecer que a disminuir. Signo secreto, en las canchas de fútbol, en las que se aloja la predominante pasión porteña, la “hinchada” empezó a cantar la marcha de “Los muchachos peronistas”.

En Buenos Aires hubo pocos hippies. Algo que se le parecía empezó a reunirse en “la manzana loca” —donde funcionaba el salón de exposiciones del Instituto Di Telia, vidriera del “Pop Art” y otras tendencias avanzadas— o en el bar Moderno de la calle Maipú, o en algunos teatros independientes. Los jóvenes adoptaron la barba y el pelo largo, y las jóvenes oscilaron entre la maxi y la mini, todo dentro de una moderación muy porteña. Algunos adoptaron posiciones ideológicas e intelectuales muy avanzadas, se declararon estructuralistas o marxistas y ostentaron en su cuartos los posters del Che Guevara. Pertenecían generalmente a las clases medias y aunque no hicieron ninguna revolución política, hicieron una importante revolución en las formas de vida.

Como en casi todas las ciudades del mundo, en Buenos Aires se liberalizaron las costumbres. Las muchachas empezaron a llegar tarde a sus hogares burgueses ante la creciente indiferencia de sus padres. Las parejas comenzaron a besarse en público más que antes, y a nadie que estuviera “en la onda” —manía porteña— se le pasaba por la cabeza interrogarse sobre la existencia de libreta de matrimonio cuando advertía en aquéllas cierto intenso grado de intimidad. Por lo demás, había comenzado la era de la píldora, y en pequeña escala la de las drogas.

Pero todo eso no era un fenómeno típicamente porteño, sino una puesta al día de la ciudad siempre un poco pacata y respetuosa. Lo que sí fue un fenómeno típicamente porteño propio de estas clases medias liberalizadas fue el desafío a cierta retórica tradicional, que se manifestó en las formas del lenguaje. Sorpresivamente, las palabras prohibidas empezaron a circular libremente con tal fuerza que invadieron hasta los círculos más convencionales. Las malas palabras se hicieron buenas. Y para consagrar la revolución se inscribieron en un contexto en el que el “vos”, las formas verbales porteñas —salí, corré, volá— y crecido número de palabras lunfardas adquirieron plena vigencia, articuladas a veces en una sintaxis trabajosa simbolizada en el uso del fatídico “de que”. La Fiaca —una obra teatral de Talesnik que recupera un tipo muy porteño— señaló la licitud del nuevo estilo idiomático, consagrado no sólo por el teatro sino también por la radio y la televisión. Y quedó establecido que, cuando a una chica le presentan un muchacho, debe decir: “¿Cómo te va?”. Modesta, era una revolución para facilitar la comunicación en una sociedad compuesta por grupos muy dispares y acostumbrada, por eso mismo, a aferrarse a ciertas convenciones que aseguraran la distancia inicial hasta saber quién es quién. Inversamente, los ejecutivos, los adictos a la sociología usual y los lectores de las revistas semanales de información concentrada —Primera Plana, Panorama, Análisis— comenzaron a difundir un lenguaje críptico cuyos elementos fundamentales eran giros norteamericanos traducidos y palabras técnicas de la economía y de la sociología, que se consideró el desiderátum de la objetividad y la precisión.

Un día asesinaron a Jáuregui, otro a Vandor, otro a Aramburu, otro a Alonso. Las tensiones parecían crecer y cayó Onganía, después que se construyeron los puentes sobre el Riachuelo y sobre el cruce de Córdoba y Juan B. Justo. Aunque moderadamente, la infraestructura de la ciudad mejoraba. No puede decirse lo mismo de la estructura.

Presentación a “Historia de Belgrano y de la independencia argentina” de Bartolomé Mitre. 1967

Como Sarmiento y como Rosas, Mitre es un personaje controvertido de la historia argentina. Con razón, sin duda, porque, como ellos, imprimió firmemente la huella de su pensamiento y de su acción en la vida del país, en una época en que la sustancia era muy plástica, y aún se advierte su impronta, no siempre tenuemente. Poseía una vigorosa inteligencia y una desusada capacidad para organizar sus ideas, erigiendo con ellas un sistema capaz de trasmutarse de pura teoría en práctica eficaz. Por eso se impuso muchas veces como vocero de un grupo que necesitaba quién expresara sus vagas tendencias, o como ejecutor de un plan que muchos no veían articularse en todos sus pasos para llegar seguramente al fin propuesto. Refiriéndose a San Martín, dijo que no era “ni un mesías ni un profeta”, sino “simplemente un hombre de acción deliberada que obró como una fuerza activa en el orden de los hechos fatales con la visión clara de un objetivo real”. Esta definición conviene al propio Mitre. Equivocado o no, su acción política no fue nunca improvisada o superficial: analizó sin prisa los procesos sociales que tenía ante sus ojos, procuró cobrar distancia y juzgar objetivamente, eligió un objetivo claro entre los posibles, descartando los puramente utópicos, y se lanzó a la acción decididamente para alcanzarlo, con cierta imperturbabilidad en los modos de obrar que le confiere una fisonomía singular.

Creyó que el deber de su generación era dar una forma a la nación, y procuró bosquejarla primero e imponerla después. Pero no fue una creación arbitraria. Su obra de político y de estadista brotó de un pensamiento claro, nutrido en el examen de la historia del país, cuyo desarrollo creyó que era necesario orientar y conducir de cierta manera. Su acción cotidiana se insertó dentro de un plan a largo plazo, que hundía sus raíces en el examen de la realidad contemporánea y en un análisis de los procesos que la habían conformado. Por eso fue al mismo tiempo, e indisolublemente, un político y un historiador. Estas dos vertientes de su personalidad son inseparables.

Así como el rosismo estimuló el análisis sociológico de la realidad argentina, tal como lo entendieron y realizaron Alberdi, Sarmiento y Echeverría, las circunstancias posteriores a la batalla de Caseros estimularon las reflexiones acerca de la peculiaridad de su desarrollo político e institucional. La caída de Rosas, y mucho más el enfrentamiento de Buenos Aires con el resto del país, fiel a Urquiza, agudizó el sentimiento de responsabilidad de quienes sentían en sus manos el poder de decisión. Era necesario saber si las disidencias eran fundamentales o si, por el contrario, constituían solamente accidentes propios de la conducción de un proceso tan drámatico, en el que coincidían hacia un mismo fin hombres cargados de tradiciones muy diversas. Mitre creyó que la secesión de Buenos Aires, a pesar de su gravedad, no constituía un hecho irreversible, que no estaba perdida la esperanza de constituir la nación como él la pensaba, jurídica e institucionalmente ordenada dentro de un sistema que resolviera los viejos antagonismos que habían ensagrentado al país. Por eso sostuvo en 1854 la tesis de la “preexistencia de la nación“, y luchó por integrarla políticamente primero, y por enmarcarla luego dentro del cuadro de la Constitución de 1853.

La nación cuya preexistencia proclamaba Mitre tenía, medio siglo después de la Revolución de Mayo, una fisonomía confusa. En 1858, en el prefacio de la segunda edición de la Historia de Belgrano, Mitre señala la imprecisión que denotaba la imagen del proceso político en virtud del cual podía afirmarse la existencia de la Argentina como nación independiente. “La revolución del 25 de mayo de 1810, el hecho más prominente de la historia argentina —decía—, no ha sido narrada hasta el presente, a excepción de la media página que le ha consagrado la pluma superficial del deán Funes, y de una Crónica en forma dramática, escrita por el doctor Juan B. Alberdi, la cual tiene en el fondo más verdad histórica de la que su forma caprichosa haría suponer.” Mitre considera criminal este vacío, y recuerda la angustia de Florencio Varela por no encontrar “en los documentos públicos” prueba categórica de que los hombres de Mayo aspiraran a “emancipar al país”. Y agregaba: “Después que se lea lo que decimos sobre el desarrollo de la idea revolucionaria, del estado de madurez a que había llegado antes de estallar la revolución, y de los propósitos deliberados que presidieron a ella, así como de los planes de independencia que precedieron a la Revolución de Mayo, creemos que nadie pondrá en duda ya si nuestros padres pensaron o no en constituir una patria libre e independiente en 1810.”

Quizá resulte difícil descubrir hoy el grado de dramatismo que encerraba este planteo. Los que luchaban por constituir la nación y afirmaban su existencia anterior a cada una de las entidades regionales que se habían enfrentado durante más de cuarenta años, se sentían urgidos por la necesidad de probar la validez de su punto de partida. Mitre obró, ciertamente, con ajustado método histórico y ordenó su imagen de la realidad nacional según ciertas ideas predominantes, que había adquirido a través de sus extensas lecturas. Pero el móvil fundamental fue esta dramática conjetura acerca de si era legítimo el objetivo por el que luchaba, acerca de cuál era el sentido del proceso histórico que conducía hasta la situación en que se hallaba, acerca de cuáles eran las posibilidades de desarrollo y de cambio que esa situación encerraba. La Historia de Belgrano fue, pues, una obra entrañable y cumplió un papel decisivo en la vida argentina, en cuanto alimentó una actitud política que, finalmente, habría de triunfar.

El núcleo originario de la obra es una biografía de Belgrano, cuya primera edición apareció en 1857 y al año siguiente la segunda. Pero las exigencias de claridad con respecto a las actitudes políticas y al verdadero valor que, en su opinión, debía asignársele a cada una de las fuerzas que habían obrado en la vida argentina antes de Caseros, convirtieron aquella biografía en un estudio más ambicioso. El título de la cuarta edición —de 1887, considerada definitiva — reveló ese contenido: Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Mitre mismo explica — en las Comprobaciones históricas— cómo había abordado su tema: “Sus panegiristas —dice refiriéndose a Belgrano — lo habían desfigurado, y el instinto popular, poseído de cierta supersticiosa admiración, veía en él un héroe sobrenatural, un ideal adornado con falsos oropeles. Nosotros lo pusimos en intimidad con su pueblo; hicimos conocer al hombre con sus virtudes, sus debilidades, sus errores, sus grandes cualidades, sus inmortales servicios y sus desfallecimientos morales, asimilándolo a la masa de la especie a que pertenece, perdiendo tal vez en admiración, pero ganando en estimación y simpatía, al hacerlo hablar y obrar, como cuando el soplo de la vida mortal lo animaba.” Pero, en realidad, Mitre hizo más. Al abandonar la concepción heroica, se propuso penetrar en la totalidad del cuadro en el que Belgrano había tenido papel de protagonista, y analizarlo cuidadosamente desde diversos puntos de vista. Son significativas las palabras del proemio: “Este libro es al mismo tiempo la vida de un hombre y la historia de una época. Su argumento es el desarrollo gradual de la idea de la independencia del pueblo argentino, desde sus orígenes a fines del siglo XVIII y durante su revolución, hasta la descomposición del régimen colonial en 1820, en que se inaugura una democracia genial, embrionaria y anárquica, que tiende a normalizarse dentro de sus propios elementos orgánicos.” De este modo Mitre expresaba una idea nueva —cuya novedad es difícil apreciar hoy a causa de la profundidad con que ha arraigado — acerca de los orígenes sociales e ideológicos de un proceso que condujo a la independencia, pero que al mismo tiempo desencadenó un agitado proceso interno de ajuste de las fuerzas que desde ese momento comenzaron a obrar según sus propias tendencias.

La enunciación de problemas que se proponían tratar revela el designio de abarcar la totalidad de los factores que descubría en el proceso: “Los antecedentes coloniales de la sociabilidad argentina, la transición de dos épocas, las causas eficientes de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las acciones y reacciones de los elementos ingénitos de la nueva sociedad política, el movimiento colectivo, el encadenamiento lógico y cronológico de los sucesos, los hombres, las tendencias, los instintos, las ideas, la fisonomía varia de esa revolución, que lucha, busca su equilibrio y se transforma obedeciendo a su genialidad…” Mitre cumplió más allá de lo esperable este ambicioso plan. Si se repasa lo que constituye el material que pudo usar y el sistema de ideas con el que se había examinado la historia del país y la situación en el momento en que escribió, se advierte que su esfuerzo fue inmenso, y que se debe a él la primera sistematización inteligible del proceso histórico argentino.

Quizá nada tan ilustrativo como analizar el primer capítulo, titulado “La sociabilidad argentina”, para medir la severa preocupación de Mitre por descubrir las causas profundas de los fenómenos políticos que se ofrecen en la superficie de la historia argentina. Pero no es solamente allí donde esa preocupación se advierte. Todo a lo largo de la obra, el historiador procura escapar de las explicaciones accidentales. Y sería igualmente ilustrativo hacer un estudio objetivo y desapasionado de la visión que Mitre ofrece de las masas populares campesinas y de los caudillos, donde a despecho de algunos objetivos y de la gravitación que ejercen en su ánimo algunas experiencias, se advierte el designio de comprender su significación y reconocer sus valores. Pero, sin duda, su obra era polémica, y sus opiniones frente a la situación contemporánea correspondían al juicio que le merecían los antepasados de sus adversarios.

Desde este punto de vista, y pese al rigor documental de Mitre, es innegable que su obra es, desde el punto de vista de las interpretaciones, una obra militante. Así quedó demostrado en su comentario a la obra de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, cuyo criterio enjuició enérgicamente. Pero es coherente y resiste a las objeciones, al menos como expresión de un punto de vista que debe ser juzgado a la luz de las situaciones propias de su tiempo.

Para el lector de nuestros días, la obra de Mitre constituye un testimonio de un valor trascendental. Corresponde a una corriente de pensamiento y de acción que ha sido decisiva en la configuración del país actual. Signo de su valor y de su vigencia es que merezca la controversia apasionada.

Brevísima historia argentina.* 1966

La historia de la República Argentina se inicia con las poblaciones aborígenes que habitaron su territorio desde tiempos remotos. En algunos lugares ha dejado una huella profunda y persistente. Pero en el área geográfica que hoy constituye la Argentina no eran sino grupos aislados, heterogéneos, que en muchos casos se ignoraban entre sí. Como unidad política y cultural, la Argentina nace con la colonización española, y no desde el primer momento. La Patagonia fue muy poco explorada. Las regiones occidentales miraban hacia Chile y el Pacífico. El noroeste constituía una prolongación remota del Perú. Pero en el siglo XVIII, cuando se constituye el Virreinato del Río de la Plata, la Argentina ya está dibujada. Podría decirse que su territorio fue toda el área que por una u otra razón descubrió que se orientaba hacia las bocas del Río de la Plata, donde se había levantado Buenos Aires. Para esa época no solo se había dibujado su contorno físico. La Argentina comenzaba a ser ya una entidad social y cultural, tenue, sin duda, pero en la que estaban perfilados muchos de los rasgos que la caracterizarían por largo tiempo, acaso hasta hoy. También estaban ya delineados algunos de los problemas fundamentales de la vida nacional, pero la situación de dependencia los mantuvo contenidos hasta la hora de la emancipación. Entonces se desencadenaron y comenzó una larga lucha para ordenar la vida del país, sus fuerzas sociales, su desarrollo económico, sus tendencias religiosas e ideológicas, su régimen político, su papel internacional.

Esta lucha aún no ha cesado. No podría decirse que la Argentina es un país estabilizado. Sus problemas son profundos y complejos, en la medida que sus recursos, sus posibilidades y sus aspiraciones son inmensos. Es difícil estabilizar una sociedad muy diversificada, con una prodigiosa riqueza sin explotar, con una imagen de sí misma que la induce a proyectos ambiciosos y la obliga a vastas empresas. Los argentinos saben que su país no es un país estabilizado. Pero saben que ese hecho es fruto de su historia. Dadas las fuerzas que la Argentina esconde, la estabilidad sería la frustración. Su historia es la de su renovación, la de sus ensayos, la de sus equivocaciones; pero es también la de sus triunfos y sus aciertos, gracias a los cuales muchos sillares de su arquitectura están ya firme y definitivamente asentados.

La historia de la Argentina —quizá como la de otros países— es la de una vasta aventura, quizá la de algunos atrevidos experimentos, realizados para responder a los desafíos de su contorno. En esa historia se esconde el secreto de lo que hoy es la Argentina, un país en el que la magnitud de las promesas que encierra suele disimular su vigorosa y decantada realidad.

En el variado paisaje argentino, vivían dispersos desde tiempo inmemorial distintos grupos de poblaciones autóctonas confinadas en su propia región y que, generalmente, ignoraban a sus vecinos. Los pampas habitaban la llanura desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes; los guaraníes se extendían por Corrientes y Misiones, y los matacos, guaycurúes, tobas y chañés ocupaban los bosques chaqueños; los tehuelches poblaban la Patagonia, y los onas y yaganes las islas meridionales. Todos ellos tenían rasgos distintivos, pero poseían aproximadamente el mismo nivel de desarrollo. Eran, en general, nómades y vivían de la caza y la pesca, aunque algunos sabían cultivar mandioca, zapallo y maíz. La alfarería y los tejidos que fabricaban eran rudimentarios, como también las embarcaciones y las viviendas. En continua guerra, obedecían a los caciques de las distintas naciones en que se agrupaban. Y obedecían aun más a sus magos, que conocían los secretos de la abundancia y la escasez, de la victoria y la derrota, de la naturaleza toda, en fin, que suponían animada por espíritus.

Solo los diaguitas, que habitaban los valles del noroeste argentino, poseían un nivel más alto de desarrollo. Reunidos en aldeas con casas de piedra, fabricaban una excelente alfarería finamente decorada y numerosos objetos de hueso, madera, piedra y cobre. Eran hábiles agricultores, y cosechaban zapallo, papa y maíz en las terrazas que construían en las laderas de las sierras. Guanacos, llamas y vicuñas les proporcionaban las fibras para sus hermosos tejidos. Quizás algunas de estas técnicas las aprendieron de los quechuas, que descendieron desde el altiplano boliviano y los sometieron. Hubo, sin duda, largas guerras, de las que son testimonio los pucaraes o fortalezas de piedra que vigilaban los pasos estratégicos. Y la sumisión a los quechuas significó para los diaguitas la adopción de la lengua de los conquistadores y de sus cultos solares, que reemplazaron las creencias animalísticas tradicionales.

En 1516 aparecieron los españoles en el Río de la Plata. Uno de ellos recogió la noticia de que había ricas minas hacia el interior del territorio y el vasto río recibió el nombre de una esperanza. Tentado por ella, Sebastián Gaboto remontó el Plata y el Paraná en 1526, fundando el primer establecimiento español, un fuerte que llamó Sancti Espíritu, sobre las bocas del río Carcarañá. Pero el esfuerzo fue inútil y Pedro de Mendoza fue enviado en 1536 para intentarlo nuevamente. Esta vez, el español se instaló en la orilla occidental del Río de la Plata y fundó Buenos Aires: un muro de tierra rodeando unas chozas de barro y paja. Desde allí intentaron sus capitanes llegar al Perú, ya legendario por las noticias de Pizarro; como no lo lograron, uno de ellos decidió establecer una base más próxima y fundó Asunción sobre el río Paraguay, en beneficio de la cual Domingo de Irala resolvió poco después despoblar Buenos Aires.

Por esos años, los conquistadores del Perú intentaron descender hacia el sur. Redujeron a los diaguitas y fundaron varias ciudades: Santiago del Estero en 1553, San Miguel de Tucumán en 1565 y Córdoba en 1573. Otros conquistadores penetraron desde Chile y fundaron Mendoza en 1561 y San Juan en 1562. Esas dos regiones —el noroeste y el oeste— quedaron orientadas hacia aquellos centros de colonización. Pero el Río de la Plata recuperó la atención de los españoles, y desde Asunción bajó Juan de Garay para fundar Santa Fe en 1573 y Buenos Aires —por segunda vez— en 1580. Predominaban entre los compañeros de Garay los criollos, y tanto ellos como los españoles recibieron solares en la ciudad y tierras en los alrededores para que se radicaran. Buenos Aires fue una puerta abierta hacia el Atlántico y comenzó a atraer hacia ella a toda la región, en la que poco después se fundaron nuevas ciudades: Salta en 1582, Corrientes en 1588, Jujuy en 1593.

Durante largo tiempo fue muy pobre la vida de tales aldeas. La región no poseía minas y España no le prestó la atención que otorgaba a México o al Perú, y hasta llegó a prohibir que Buenos Aires comerciara desde su puerto. Pero la vasta llanura comenzó a producir inmensos ganados semisalvajes que pronto constituyeron una inmensa riqueza: el sebo y los cueros dieron origen a un comercio de alguna importancia, y las poblaciones urbanas se tonificaron con él, mientras se procuraban los productos que necesitaban por medio del contrabando.

En el Tucumán —que correspondía a la región noroeste del país— hubo violentas rebeliones de indígenas; en otras regiones fueron menos graves, y en el Paraguay trató de evitarlas el primer gobernador criollo —Hernandarias— encomendando a los jesuitas la fundación de misiones para reducirlos. Por su parte, los criollos que no encontraban perspectivas en las ciudades solían emigrar a los campos, donde se constituían poco a poco las “estancias”, en las que se recogía de vez en cuando un gran número de animales. Eran los vecinos afincados en las ciudades los que gozaban de mejores condiciones de vida. En todas las ciudades, diversas órdenes religiosas fundaron escuelas y en Córdoba comenzaron los estudios universitarios en 1622. Plácida y monótona, la vida aldeana se desenvolvía sin sobresaltos, excepto cuando se producía una rebelión indígena o cuando se sentía en Buenos Aires la amenaza portuguesa desde la Colonia del Sacramento. Este era el baluarte de los contrabandistas, y para reprimirlos el gobierno español decidió transformar a Buenos Aires en la sede de un nuevo virreinato, que quedó fundado en 1776.

Diez años antes habían sido expulsados los jesuitas del Río de la Plata, como de los demás dominios españoles, y el hecho había producido cierta polarización de las opiniones. El primer virrey fue Pedro de Cevallos, que les era fiel. A él le tocó acabar con los portugueses de la Colonia del Sacramento y abrir las puertas del comercio con Chile y Perú. El segundo virrey fue Juan José de Vértiz, partidario, en cambio, de la política de los ministros progresistas de Carlos III. En 1778 se creó la aduana de Buenos Aires y poco después se instaló en la ciudad la primera imprenta. Vértiz, que antes, siendo gobernador, había fundado una “Casa de Comedias”, tuvo otras muchas iniciativas: un colegio superior —el de San Carlos—, una casa de niños expósitos, un hospicio para mendigos y un hospital para mujeres fueron instituciones que él puso en funcionamiento y cambiaron la fisonomía de la ciudad. Años más tarde, en tiempos del virrey Arredondo, se autorizó el comercio con naves extranjeras y se creó el Consulado: su secretario, Manuel Belgrano, defendió los principios de la libertad de comercio y desafió a los comerciantes monopolistas. Por entonces, comenzaron a advertirse en Buenos Aires los primeros efectos de las ideas de la Revolución francesa, que arraigaron en algunos negros esclavos que soñaban con su emancipación, pero también en muchos criollos que comenzaron a participar de ellas. Los primeros periódicos que se publicaron en Buenos Aires, El Telégrafo Mercantil (1801) y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802), reflejaban las nuevas preocupaciones por los problemas económicos y sociales.

Designado virrey en 1804, el marqués de Sobremonte debió enfrentar la invasión de un ejército inglés en 1806. La decidida acción del jefe del fuerte de Barragán, Santiago de Liniers, logró ponerle fin. La situación española era grave a causa de la amenaza de Napoleón, y un Cabildo abierto encomendó el mando militar de la plaza a Liniers, cuyo desempeño fue tan eficaz que contuvo una segunda invasión al año siguiente. Pero el apoyo popular a Liniers significó la polarización de los grupos criollos contra los grupos españoles tradicionalistas. El ambiente comenzó a agitarse a causa de las noticias que llegaban de España: la abdicación de Carlos IV, la prisión del rey, del príncipe heredero, la invasión francesa y la designación de José Bonaparte como rey. Hubo partidarios de diversas actitudes, pero se adivinaba que muchos pensaban en la independencia. Cuando la Junta Central de Sevilla designó virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros, las opiniones estaban definidas, y poco después, el 25 de mayo de 1810, un movimiento popular depuso al virrey y designó una Junta de Gobierno. Nunca más se restauró la autoridad española en el Río de la Plata.

Presidía la Junta Cornelio Saavedra y era uno de sus secretarios Mariano Moreno. Ambos representaban las dos tendencias que se oponían en aquella: Saavedra la conservadora y Moreno la liberal. Pero la acción del nuevo gobierno no se vería dificultada solo por esa oposición: el más grave problema era si las ciudades del interior respaldarían al gobierno surgido en Buenos Aires y si tolerarían que la antigua capital del virreinato siguiera siendo la cabeza de toda la región. Moreno trató de difundir el pensamiento de la Revolución francesa a través de sus artículos de la Gazeta de Buenos Aires, pero no halló mucho eco. Problemas urgentes y concretos surgieron en cada región, y pese a los esfuerzos militares de dos expediciones enviadas al interior, la situación del gobierno de Buenos Aires comenzó a debilitarse. Moreno debió renunciar y la Junta fue ampliada con representantes del interior, más bien moderados. Un Triunvirato la reemplazó poco después; y entretanto, Manuel Belgrano y José de San Martín lograban derrotar a las fuerzas españolas, pero sin aniquilarlas. En 1813 se reunió la Asamblea General Constituyente, que tomó numerosas decisiones que revelaban el predominio de los progresistas. También consagró el Himno Nacional que había compuesto Vicente López y Planes; y este hecho, unido a la creación de la bandera azul y blanca por Manuel Belgrano poco antes, revelaba la intención de afirmar la soberanía de la “nueva y gloriosa nación”. Pero la misión específica que la Asamblea se había asignado, que era constituir jurídicamente el país, no pudo cumplirse. Fue creado un Poder ejecutivo unipersonal —el Directorio— pero quedaron patentes las disensiones que separaban a Buenos Aires de algunas provincias; las del litoral y la Banda Oriental del Uruguay comenzaron a rechazar la autoridad del gobierno de Buenos Aires y poco después llegarían a las armas contra él.

Un nuevo intento de organizar la nación se hizo en 1816. Un congreso reunido en Tucumán volvió a fracasar en esa tarea. Pero en cambio asumió la responsabilidad, en medio de los mayores peligros, de declarar la independencia el día 9 de julio. Hizo frente a los peligros externos el general José de San Martín, que había preparado cuidadosamente un poderoso ejército para cruzar los Andes y aniquilar en Chile el poderío español. Cumplida la difícil travesía, San Martín derrotó en 1817 a los españoles en Chacabuco y al año siguiente en Maipú. La amenaza española quedó conjurada, pero los peligros internos de disgregación se acentuaron. Las provincias del litoral se alzaron en armas contra el gobierno de Buenos Aires, acusado de centralista. Esta fue, efectivamente, la orientación que el congreso dio a la constitución aprobada en 1819. Y frente a ella, la rebelión se hizo general. El 1 de febrero de 1820 las tropas provincianas derrotaron en Cepeda a las del gobierno central y obligaron a Buenos Aires a firmar el Tratado del Pilar. Según él, caducaba la autoridad directorial y se echaban las bases de un régimen federal, dentro del cual se establecía la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Era un golpe mortal contra la aduana de Buenos Aires, que constituía el fundamento del poder de la antigua capital del virreinato. Con el tratado del Pilar se cerraban diez años de infructuosos intentos de ordenar la nación sobre el modelo del virreinato. A través de sangrientas luchas se buscaría en adelante una nueva fórmula para la organización del país.

A la crisis del poder central siguió un período en el que cada provincia quedó librada a sus propias fuerzas. Las del litoral, cuya posición geográfica les permitía esperar un vigoroso desarrollo económico, pensaron en independizarse. Entre Ríos lo hizo en un momento de optimismo y la Banda Oriental lo intentó bajo la inspiración de José Artigas, pero ambas fracasaron. La segunda cayó bajo la autoridad de los portugueses, hasta que en 1825 un grupo de treinta y tres orientales mandados por Lavalleja promovió otra vez la anexión a Buenos Aires. Entre tanto, las otras provincias litorales así como las del interior del país mantuvieron el designio de restablecer la unidad nacional, pero, como se establecía en el Tratado del Pilar, dentro de un régimen federal. El obstáculo era su escaso desarrollo y su tradicional dependencia del puerto de Buenos Aires, de modo que cualquier solución debía fundarse en la inclusión de este, aunque sustrayéndole el privilegio de sus exclusivos beneficios. Tal solución era la que se buscaba a través del sistema federal.

Todas las provincias vieron surgir enérgicos jefes —los caudillos— que impusieron su autoridad sobre ellas. Estanislao López en Santa Fe, Bustos en Córdoba y sobre todo Juan Facundo Quiroga en La Rioja fueron figuras singulares de este período. Su prestigio popular fue grande, acaso porque compartían las tendencias y los rasgos de las masas criollas; se declaraban demócratas y lo eran, ciertamente, en un sentido primario; pero aun cuando expresaran los sentimientos colectivos, ejercían un poder discrecional que los convertía en verdaderos autócratas. Solo se exceptuó de tal suerte en 1820 la provincia de Buenos Aires que, por el contrario, logró establecer una democracia institucional y desarrollar una política moderna y progresista.

Tras el Tratado del Pilar, fue elegido gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez, de quien fue ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia. A él se debieron profundas innovaciones y reformas que cambiaron la fisonomía de la provincia e hicieron de ella un modelo que muchos quisieron que todo el país imitara. A la luz de la experiencia y de los principios progresistas, se reformó la justicia, el régimen municipal, el ejército, las escuelas y los colegios, las órdenes religiosas, la política económica, el régimen de la tierra pública; pero además se promovieron nuevas instituciones, como la Sociedad de Beneficencia y la Universidad de Buenos Aires, que se inauguró el 12 de agosto de 1821. En el orden político, el gobierno de Buenos Aires sancionó una Ley de Olvido, destinada a apaciguar las pasiones políticas, y promovió un tratado con las provincias del litoral para echar las bases de un entendimiento con ellas, que permitiera luego restaurar la unidad nacional.

Entre tanto, San Martín, que se había mantenido ajeno a las luchas civiles, había preparado una expedición para acabar con la amenaza del poder español. Desembarcó en la costa peruana y en julio de 1821 entró en Lima, proclamando la independencia del Perú: de este modo, la amenaza de una restauración del poder español quedó neutralizada. Pero otra amenaza exterior comenzaba a cernirse sobre las fronteras. Celoso de la decisión que los orientales habían adoptado en el Congreso de La Florida en 1825, Brasil —que se había independizado en 1822— rechazó la anexión de la Banda Oriental a Buenos Aires y declaró la guerra en diciembre de 1825.

Pocos días después, un congreso que sesionaba en Buenos Aires desde 1824 para tratar de constituir la nación, creó un Poder Ejecutivo nacional para hacer frente a la guerra. Bernardino Rivadavia fue elegido presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se encomendaron las fuerzas al general Carlos María de Alvear y al almirante Guillermo Brown. Mientras Rivadavia veía crecer la oposición interior —sobre todo a causa de la declaración de la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación— la escuadra y el ejército triunfaban en los escenarios de la guerra. Brown en la batalla de Juncal y Alvear en la de Ituzaingó dieron al país la sensación del triunfo. Pero Rivadavia quería la paz a toda costa, preocupado por la crisis interna, y toleró las desventajosas negociaciones de su embajador Manuel José García, que ofreció a Brasil la posibilidad de crear un Estado independiente en la Banda Oriental, tal como lo sugería la diplomacia inglesa, deseosa de tener en el Río de la Plata un puerto ajeno a poderosas influencias. La situación hizo crisis. El congreso había sancionado poco antes, en diciembre de 1826, una constitución centralista que varios gobiernos de provincia rechazaron. Rivadavia presentó su renuncia en junio de 1827 y el intento de unificar la nación —desunida desde 1820— fracasó.

Buenos Aires eligió entonces gobernador a Manuel Dorrego, federal moderado, a quien tocó firmar la paz con Brasil y reconocer la independencia de la Banda Oriental. Pero al regresar los ejércitos, sus jefes se dispusieron a aniquilar a los caudillos federales. Los generales Lavalle y Paz asumieron esa responsabilidad. En 1828, Lavalle depuso y fusiló a Dorrego, y Paz se enfrentó con Quiroga en el interior, derrotándolo. Pero Lavalle tuvo que hacer frente a la rebelión federal que en la llanura bonaerense acaudillaba Juan Manuel de Rosas, y Paz fue hecho prisionero por Estanislao López en marzo de 1831. Los unitarios —como se llamaba a los partidarios del régimen centralista— quedaron en situación de inferioridad y el país se vio dividido en tres áreas políticas bien definidas, que eran también tres áreas económicas: el interior, bajo la autoridad de Juan Facundo Quiroga; el litoral, bajo la de Estanislao López y Buenos Aires, bajo la de Juan Manuel de Rosas. Sorpresivamente, Quiroga cayó asesinado en febrero de 1835 y poco después Rosas era elegido gobernador de Buenos Aires. La desunión de las provincias quedó consumada con el triunfo de los federales en aquella que defendía con más ahínco la tesis de la unidad.

Campeón del federalismo, Rosas realizó, sin embargo, una suerte de unificación del país. Pero no dentro de un sistema institucional, que él juzgaba prematuro, sino de hecho, en virtud del ascendiente que alcanzó sobre los demás gobiernos provinciales. El país logró una unidad laxa dentro de lo que se llamó la Federación, palabra que designaba al mismo tiempo al país constituido por provincias federales y al régimen político al que estaba sometido. La Federación reconocía la imprecisa autoridad del gobernador de Buenos Aires, con lo que moderaba la concepción básica de las autonomías provinciales. Pero reconocía, sobre todo, la vigencia de ciertas ideas, que eran más bien actitudes mentales. Era hostil a las formas de vida europeas, a las ideas liberales, a los cambios económicos, a la ilustración, a la libertad política. En realidad, los ideales de la Federación se relacionaban estrechamente con los del absolutismo español, tal como habían triunfado en España con la restauración de Fernando VII. Rosas era llamado “restaurador de las leyes”, y en tal título se descubría la hostilidad a cuanto habían hecho los gobiernos de la República desde la Revolución de Mayo.

Lo más singular de la Federación fue que dio al problema de la libre navegación de los ríos —fundamental para las provincias litorales— la misma respuesta que los antiguos gobiernos centralistas. La aduana de Buenos Aires siguió beneficiando exclusivamente a la provincia y el omnipotente gobernador obstaculizó enérgicamente la actividad económica del interior del país. Por eso, precisamente, contó con el apoyo de estancieros y comerciantes ingleses, que se beneficiaron con una suerte de monopolio para la venta de productos manufacturados. Apoyaron también a Rosas los estancieros criollos que formaban parte de su círculo, que además de obtener vastas extensiones de tierras obtuvieron pingües ganancias con las ventas de cuero y de tasajo.

La concepción política de la Federación suponía la unanimidad de opiniones; quienes no participaban de ellas debieron emigrar, y así se constituyó, sobre todo en Montevideo y en Santiago de Chile, un nutrido grupo de proscriptos. Todos combatieron al régimen. En Chile escribió Sarmiento el Facundo, vasto intento de explicación del fenómeno sociológico que se escondía detrás del ascenso de Rosas. En Montevideo escribió Echeverría el Dogma Socialista. Pero en esta ciudad, tan próxima a Buenos Aires, los proscriptos procuraron luchar activamente, preparando la guerra contra quien consideraban un tirano. Desde allí apoyaron al general Lavalle en sus diversos intentos militares y allí actuó el general Paz cuando las fuerzas adictas a Rosas pusieron sitio a Montevideo en 1843.

Para entonces la situación argentina se había agudizado. Hasta 1840 Rosas había conducido su política no sin cierta cautela. Pero ese año estalló una extensa insurrección a la que Rosas respondió no solo enfrentándola militarmente sino también extremando la represión. La persecución de los opositores fue enérgica y justificada a los ojos de los federales por el apoyo que les prestaba Francia, que había bloqueado el puerto de Buenos Aires para defender su propia posición en Montevideo. Las rebeliones frustradas se sucedieron, pero cuando pareció que Rosas podía imponerse en la Banda Oriental, Inglaterra se asoció a Francia y se enfrentó a él. Obstinado en sus ideas, Rosas acentuó la preponderancia económica de Buenos Aires y amenazó con ahogar a sus propios aliados, entre los cuales, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, realizaba ciertos audaces experimentos para vitalizar la riqueza de su provincia.

Cuando diversas circunstancias obligaron a Francia e Inglaterra a levantar el bloqueo en 1850, el gobierno del Brasil asumió la responsabilidad de impedir que Rosas dominara las dos márgenes del Plata. Los antirrosistas encontraron un nuevo aliado, y ante la acentuación de las restricciones a la libre navegación de los ríos, Urquiza decidió encabezar la rebelión contra Rosas. En mayo de 1851, se declaró públicamente contra él y cruzó el río para obligar a las fuerzas rosistas a levantar el sitio de Montevideo. Logrado esto, volvió a su provincia y con un poderoso ejército invadió Santa Fe y Buenos Aires. En Caseros derrotó a Rosas el 3 de febrero de 1852, y el gobernador vencido se refugió en un barco inglés que lo alejó definitivamente del país.

Árbitro de la situación, Urquiza dependía, para promover la unidad y el ordenamiento institucional del país, de los designios de diversos grupos. Sus antiguos amigos federales y los gobernadores de las distintas provincias que lo habían apoyado aspiraban a una solución que no compartían totalmente los antiguos proscriptos. Atento a las fuerzas reales, Urquiza convocó a una reunión de gobernadores en San Nicolás, de la que surgió un acuerdo que garantizaba la libertad de comercio, la libre navegación de los ríos y el reparto proporcional de las rentas nacionales. Pero Buenos Aires, que no había visto con buenos ojos a Urquiza, rechazó el acuerdo y poco después se sublevó contra Urquiza. Este se abstuvo de intervenir y se dedicó a promover la reunión de un congreso que, en Santa Fe y sin representación bonaerense, dictó la Constitución Nacional, que fue sancionada el 1 de mayo de 1853.

Buenos Aires no juró la Constitución y con ello consagró la secesión entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, que agrupaba a las demás provincias. Esta situación se mantuvo a lo largo de nueve años, durante los cuales las tensiones fueron en aumento. Sin embargo, Buenos Aires reconoció, al dictar su constitución provincial de 1854, que no renunciaba a formar parte de la nación. Pero a pesar de todo, enfrentó a la Confederación, cuyo gobierno ejercía Urquiza y había fijado su sede en la ciudad de Paraná. Mediante una audaz política fiscal, la Confederación trató de transformar a Rosario en un puerto internacional, por el que debían salir sus productos. Eran esos no solo los tradicionales de la ganadería sino, y cada vez más, las lanas y también los cereales que comenzaron a producirse en las colonias agrícolas que el gobierno estimuló, pobladas de inmigrantes atraídos por disposiciones generosas.

Pero la diferencia de poderío económico era inmensa. La Confederación se ahogaba por falta de recursos, en tanto Buenos Aires, pese a los ataques de los indios que se ensañaron con ella, poseía recursos cuantiosos. Desesperada, la Confederación apeló a una política de derechos diferenciales, favoreciendo las mercaderías que entraban directamente al puerto de Rosario; pero Buenos Aires respondió al desafío con otras medidas y las tensiones condujeron a la guerra. En 1859, Urquiza avanzó sobre Buenos Aires y derrotó a sus fuerzas, mandadas por Bartolomé Mitre, en la batalla de Cepeda. El resultado fue un pacto de unión, por el que Buenos Aires se declaraba parte de la nación y aceptaba la Constitución con algunas reservas. Diversos pasos debían conducir a la unidad nacional; pero nuevos conflictos estallaron y otra vez se enfrentaron los dos ejércitos. La victoria favoreció en Pavón a Buenos Aires, y el jefe vencedor, Mitre, asumió interinamente la presidencia de la nación. Convocado un congreso, fue elegido él mismo como presidente constitucional por seis años, funciones que asumió el 12 de octubre de 1862.

El período que transcurre entre 1862 y 1880 marca un viraje fundamental en la historia argentina. La acción orgánica y tenaz del poder público durante las tres primeras presidencias constitucionales no solo puso fin a los viejos problemas que se habían debatido durante cinco décadas sino que inició una era de cambios sustanciales en la estructura económica y social del país. Esta doble faz de la acción de las minorías gobernantes correspondía a un cambio profundo de mentalidad en la generación que llegó al poder después de la batalla de Caseros. Era el fruto de la paciente labor de estudio de los emigrados, de Alberdi, de Echeverría, de Sarmiento, quienes habían inculcado a sus contemporáneos la idea de que, tras las crisis políticas, conmovían fundamentalmente al país ciertos problemas profundos cuya solución era imprescindible. Llegada al poder, esa minoría emprendió la tarea de poner en marcha la Constitución, que recogía la dolorosa experiencia de muchos años y resolvía sabiamente los problemas institucionales al tiempo que establecía los principios generales del funcionamiento económico del país. Pero, al mismo tiempo, emprendió la tarea de poner en funcionamiento un plan económico y social que había sido esbozado por economistas y sociólogos durante largos años. Tal fue la labor que se desarrolló durante las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880).

Formó parte de los equipos de gobierno y del parlamento un grupo de hombres de formación muy homogénea, con preocupaciones e intereses análogos, y que concibieron la política nacional como una respuesta al desafío que lanzaba a los países como la Argentina una Europa que se industrializaba rápidamente. Esa política requería afianzar el ordenamiento interno y promover ciertos cambios económico-sociales. En el fondo, constituía una revolución; pero fue concebida como una acción lenta y firme, destinada a vencer innumerables obstáculos y a difundir una nueva actitud mental entre los sectores activos del país.

El ordenamiento interno no era cosa fácil. Las medidas necesarias para llevarlo a cabo rozaban siempre los viejos problemas que habían suscitado tantos conflictos. El gobierno nacional debió crear el Estado casi de la nada y en constante choque con otros poderes. Hubo que fijar los límites interprovinciales, fijar las jurisdicciones, resolver el espinoso problema de las relaciones entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires, en cuya capital residían los dos gobiernos; hubo que resolver el problema de los ejércitos provinciales, que debían desaparecer, establecer los servicios de correos, suprimir las aduanas provinciales; hubo que fijar el sistema impositivo, establecer las normas contables, redactar y poner en vigencia los códigos y la administración de justicia. Todo esto, y mucho más, fue hecho metódicamente, hasta crear un vasto aparato de poder y administración para que funcionara en todo el país. No faltaron dificultades y hasta hubo algunas insurrecciones armadas, pero el Estado nacional las superó, como superó la amenaza de los indios, que finalmente fueron reducidos por el general Julio A. Roca en 1879. Vigente la Constitución y establecidos, uno a uno, los innumerables engranajes de la vida nacional, la dura etapa de la desunión de las provincias quedó superada.

Vestigios de esa lucha fueron las tensiones políticas, puestas de manifiesto, sobre todo, a la hora de resolver el problema de las candidaturas presidenciales. Mitre, porteño, fue el principal sostenedor de una política nacionalista provinciana y, con él, todos los grupos provincianos que recelaban de los porteños. Esta extraña combinación de suspicacias agitó la vida política y llevó a la presidencia, después de Mitre, a dos provincianos: Sarmiento y Avellaneda, que, con todo, mantuvieron la línea de la política nacionalista. Un problema, grave entre todos, suscitó una crisis peligrosa: el de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1880, que la provincia resistió por las armas. Pero también este problema fue superado.

Desde 1865 hasta 1870, la Argentina mantuvo, junto al Brasil y al Uruguay, una dura guerra con el Paraguay, siempre vinculada con el problema de la navegación de los ríos. Vencedora, la Argentina sostuvo que “la victoria no da derechos” y procuró resolver los problemas internacionales con la mayor equidad.

Entretanto, la atención del país se volcaba cada vez más hacia Europa, como resultado de aquella actitud mental que habían adoptado las minorías dirigentes. Solo en relación con las posibilidades que ofrecía la economía europea podían hacerse los cambios que habían propuesto los economistas y sociólogos que veían en la realidad social del país la causa de su malestar político. En Europa había excedentes de población para poblar el vasto desierto argentino y, de acuerdo con el principio formulado por Alberdi de que, en la Argentina, “gobernar es poblar”, comenzó a fomentarse la inmigración masiva. Prevaleció la de los países menos desarrollados industrialmente, y llegó en número considerable. El saldo inmigratorio de la década de los sesenta a la de los setenta fue de 76.000 inmigrantes, y el de la década de los setenta a la de los ochenta fue de 85.000. Su distribución fue singular: se fijó preferentemente en las zonas del litoral, y como no hubo una política de colonización, fue muy grande el número de inmigrantes que permaneció en las ciudades o volvió a ellas después de alguna experiencia rural. Las ciudades, pues, crecieron rápidamente, sobre todo Buenos Aires, pero también Rosario, Bahía Blanca y otras en menor medida. Allí se dedicaron los inmigrantes a actividades comerciales, preferentemente, en tanto que los que habían permanecido en las áreas rurales trabajaron sobre todo en las nuevas regiones dedicadas a la agricultura.

Para ese entonces, el país comenzó a producir lanas en gran escala y, poco a poco, cereales; esto, unido a las carnes, que comenzaron a mejorar gracias a la mestización de los ganados, significó un considerable volumen de productos exportables. La inmigración fue un importante factor de progreso económico, pero creó algunos problemas inesperados. Sobre todo porque constituyó grupos marginales que no se asimilaban fácilmente. En Martín Fierro, el poeta José Hernández recogió el sentimiento de animadversión que los criollos manifestaron frente a este extranjero que venía a enriquecerse. Para acelerar la asimilación, se buscó el apoyo de la escuela pública, de la que Sarmiento fue propulsor entusiasta. En ella deberían familiarizarse los hijos de inmigrantes con las tradiciones del país y fundirse con los nativos.

Para estimular el desarrollo económico, se procuraron capitales extranjeros que se invirtieron en las grandes obras públicas que el país necesitaba. La más importante fue la de los ferrocarriles. Entre 1862 y 1880, se tendieron 2.516 kilómetros de vías férreas, iniciándose las líneas troncales que nacían en Buenos Aires y conducirían a su puerto las riquezas exportables que el campo producía. De ese modo, no solo la inmigración, sino también la riqueza y su distribución, contribuyeron al crecimiento de la capital.

Con la definitiva sumisión de los indios y la federalización de Buenos Aires, el presidente Avellaneda puso fin a una época. Su sucesor, Julio Argentino Roca, fue impuesto por el informe Partido Autonomista Nacional, el único verdaderamente importante y que reunía a los grupos influyentes de las provincias. Progresista y liberal de convicciones profundas, consideró que habían quedado enterrados todos los problemas que habían dividido al país desde 1810 y enunció su programa de gobierno con una fórmula muy significativa: “Paz y administración”. Era, sin duda, lo que querían las clases acomodadas del país, y sobre todo las que aspiraban a serlo. Se vislumbraba una vaga promesa de trabajo y de riqueza que estimulaba el optimismo colectivo, en un país que crecía a ojos vistas. Y el gobierno administró sabiamente dentro de un clima de paz, como invitando a todos a la prosperidad.

No sin sacudidas, el país aceleró el ritmo de su crecimiento y prosperó visiblemente. Los inmigrantes siguieron llegando en cifras crecidas. Con unos 4.000.000 de habitantes —como indicaba el censo de 1895—, el país recibió 800.000 inmigrantes en el decenio 1890-1899. Había recibido 1.000.000 en el decenio anterior; y en el quinquenio que precedió a la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, recibió 1.200.000. Así se explica, por ejemplo, que Rosario, que solo contaba con 23.000 habitantes en 1869, llegara a 91.000 en 1895. El país vivía una gran aventura. La gran aventura económica era la de los productos agropecuarios, que reportaban al país gruesas sumas. Pero la gran aventura social y cultural, menos visible, era la de la formación de un cuerpo social nuevo, de caracteres insospechados, de cuyo comportamiento futuro poco podía preverse. Pronto apareció la primera generación de hijos de inmigrantes y luego la segunda, cada una con rasgos sociales y culturales diferentes. En ese mar confuso, los viejos grupos de la aristocracia criolla cerraron sus filas, se retrajeron y acentuaron con ello la heterogeneidad del cuadro social.

Esa antigua aristocracia retuvo el gobierno del país. A su sombra se enriquecieron vastos sectores de recién llegados, pero ella conservó el control del poder. Con él impulsó la riqueza y consolidó la estructura económica del país. Los ferrocarriles prolongaron sus líneas, se construyeron puertos, diques y canales, redes de aguas corrientes y cloacales, edificios públicos y privados concurrían para llevar a cabo un vasto programa que haría de la Argentina un país de riqueza casi legendaria.

Pero el desarrollo vertiginoso de la riqueza trajo consigo sus riesgos. El clima de venalidad y de especulación se hizo intenso, y la inflación comenzó a crecer. En 1890, una crisis —quizá de crecimiento— estalló con caracteres alarmantes. Muchas fortunas se derrumbaron. Al año siguiente quebraron el Banco Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, y quedó en descubierto una inmensa deuda exterior. Fueron necesarios ingentes esfuerzos para restaurar el crédito nacional.

Sin duda, Roca cumplió con su lema. Pero no pudo impedir que se suscitaran otros conflictos distintos de los tradicionales. Eran los que traía consigo la nueva situación. Movido por sus concepciones liberales, Roca promovió algunas leyes —la de educación, la de Registro Civil— que plantearon un enfrentamiento entre católicos y liberales. En el orden político, la omnipotencia del presidente de la República comenzó a levantar resistencia en sus propias filas; y en los que no pertenecían a ellas, un sentimiento de frustración, puesto que la vida pública parecía patrimonio de unos pocos. Roca señaló a su sucesor, Miguel Juárez Celman, y a él le tocó soportar la crisis de 1890, en la que apareció por primera vez un movimiento político opositor de nuevo cuño. Una revolución popular reveló una corriente de opinión democrática que reflejaba los anhelos de esa vasta masa que había creado el progreso, la inmigración, la vida de las grandes ciudades, la riqueza: una masa políticamente inmadura, pero numerosa y aferrada a sus instituciones. Fue su portavoz Leandro N. Alem, orador inflamado que echó las bases de la Unión Cívica Radical; pero de las filas de esos revolucionarios saldrían Lisandro de la Torre, fundador de la Liga del Sur, partido santafesino de agricultores, y Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Así, en pocos años, el decorado del escenario político cambió completamente. El que se había montado después de Caseros quedó envejecido y uno nuevo apareció a la vista de todos.

Desde la revolución de 1890 hasta 1916, la vida política consistió en un esfuerzo desesperado de los grupos tradicionales por subsistir y en sucesivos esfuerzos de sus adversarios por entrar en escena. Los radicales fueron a la revolución dos veces, en 1893 y en 1905. Entretanto, comenzaron a sucederse las huelgas y los movimientos obreros en una escala que los grupos tradicionales consideraron peligrosa. En 1902, fue sancionada la Ley de Residencia, en virtud de la cual el gobierno podía deportar a cualquier extranjero que tomara parte en movimientos juzgados subversivos. Pero las huelgas siguieron y la represión fue cada vez más violenta, hasta llegar a un clima amenazador en 1909 y 1910. Para ese entonces, el Partido Socialista había conseguido llevar un diputado a la Cámara: Alfredo L. Palacios, elegido por la capital en 1904, a quien se debieron las primeras leyes sociales que tuvo el país.

Pero la inquietud de los sectores obreros —extranjeros en su mayoría— era un fenómeno ajeno a la inquietud de la vigorosa clase media, constituida por elementos criollos y por descendientes de inmigrantes, que no quería la protección del Estado sino su control. Aspiraba a compartir el poder con los grupos tradicionales o a ejercerlo sola si era posible. Por eso su exigencia era, en suma, la de poder votar libremente y llevar al poder a sus representantes. La Unión Cívica Radical que, muerto Alem, reconocía como su jefe a Hipólito Yrigoyen, fue la organización política que expresó esta tendencia.

La obstinación de los grupos tradicionales que ejercían el poder levantó contra ellos a algunos sectores de su propio seno, que temían las consecuencias de un enfrentamiento: Joaquín V. González, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña fueron entre otros los que señalaron ese riesgo. En 1910, Roque Sáenz Peña ocupó la presidencia de la República y asumió la responsabilidad de dar al país la legislación electoral necesaria para que la democracia no fuera desvirtuada. En 1912, fue aprobada la ley electoral —hoy llamada Ley Sáenz Peña— y poco después fue puesta en vigencia en Santa Fe, donde los radicales obtuvieron su primer triunfo. En el año 1916, al producirse la renovación presidencial, Hipólito Yrigoyen obtuvo el triunfo.

La Unión Cívica Radical ejerció el poder desde 1916 hasta 1930. Marcelo T. de Alvear sucedió a Yrigoyen en 1922 y al término de su mandato, en 1928, volvió a ser elegido Yrigoyen, cuyo gobierno duró hasta la revolución de 1930, que lo depuso. Cuando llegó al poder, el radicalismo no tenía más bandera que el sufragio libre. Carecía de un programa orgánico frente a los problemas nacionales, y sin embargo, era evidente que entrañaba un estilo político original y cierta propensión a dar soluciones nuevas.

Sin duda, provenía esa actitud de la peculiaridad del conglomerado social que formaba el radicalismo. Compuesto de grupos de diverso origen —criollos unos e inmigrantes otros—, tenía sin embargo como denominador común un sentido de lo popular, una inequívoca preferencia por los sentimientos más que por las ideas, y un raro optimismo acerca del destino del país que le permitía confiar en la espontánea solución de los problemas. Todo esto —y más— encontraba su símbolo en Yrigoyen, cuyo atractivo personal ejercía una poderosa gravitación.

Al subir al poder, en plena guerra mundial, la economía argentina se beneficiaba con la fuerte demanda de materias primas. Habían surgido además algunas industrias de reemplazo y había plena ocupación. Pero la situación comenzó a cambiar poco después de terminada la guerra. Las exportaciones comenzaron a verse restringidas según las posibilidades de la economía de posguerra y las incipientes industrias tuvieron que afrontar la competencia de los productos que volvían a importarse. De ese modo, el tradicional ritmo de la prosperidad se vio alterado, precisamente cuando un clima mundial de renovación dejaba sentir su influencia en la Argentina.

La crisis de algunas industrias provocó, especialmente en Buenos Aires, un fuerte malestar obrero que culminó en algunas huelgas violentas. Las de enero de 1919 alcanzaron un punto álgido, sobre todo porque se vio en ellas un reflejo de las actitudes revolucionarias que flotaban en Europa al calor de la Revolución Rusa de 1917. También en el ambiente universitario se produjo por entonces una conmoción profunda. Grupos estudiantiles exigieron la separación de algunos catedráticos y el derecho a participar en el gobierno de la universidad, pero dieron a sus exigencias un carácter tumultuario que alteró la vida académica. Pronto se advirtió que tras los planteos estrictamente universitarios flotaban otras preocupaciones de carácter social. La reforma universitaria, que el gobierno apoyó para sustraer a los conservadores uno de sus reductos, alteró la fisonomía de las universidades y reveló —como las huelgas obreras— la aparición de un nuevo clima en el país. La mera conquista de la democracia formal, por la que el radicalismo había luchado, comenzaba a no parecer suficiente.

En el orden político, el gobierno de Yrigoyen chocó con una vigorosa oposición. Durante muchos años, el presidente había adoptado una postura intransigente frente a los gobiernos conservadores, prometiendo una victoria revolucionaria. Pero finalmente había llegado al poder por las vías legales que el conservadorismo había creado, y no pudo —o no quiso— romper la legalidad constitucional. De ese modo, el gobierno Radical debió enfrentar una vigorosa oposición en el parlamento y una hostil resistencia de la mayoría de los gobiernos provinciales. Fue, pues, muy difícil su acción, y casi imposible consagrar una legislación que alterara la organización básica del país. Sin embargo, mediante la intervención federal en algunas provincias, el gobierno consiguió quebrar las organizaciones tradicionales del poder y, poco a poco, el radicalismo fue controlando todos los mecanismos.

Un nuevo estilo político predominó en el país. Fuera de cierta imprecisión con respecto a las soluciones que debían buscarse para sus problemas fundamentales, el radicalismo acusó ciertas tendencias definidas. Sin duda, no compartía totalmente los principios del liberalismo económico; por el contrario, manifestó cierta tendencia a la estatización que se advirtió en el franco apoyo que prestó a las empresas nacionales, especialmente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que el radicalismo hizo una bandera representativa de su nacionalismo económico y de su decisión de oponerse a los grandes monopolios internacionales. Por lo demás, una generosa y romántica actitud de solidaridad con los débiles llevó a Yrigoyen a definir una política opuesta a las intervenciones armadas.

Pese a que se habían desvanecido las promesas revolucionarias que el radicalismo había hecho desde 1890, pese a la transigencia con el conservadorismo, pese a su confusa política obrera, Yrigoyen llegó al fin de su mandato con un prestigio aun mayor que el que tenía al iniciarlo. Su bondad se hizo casi legendaria y su personalidad intocable. Así, su prestigio tuvo algo de carismático y se sobrepuso a las contingencias de la política cotidiana.

Su sucesor, Alvear, poseía un temperamento muy distinto. Intachable en su conducta pública y consecuente con sus ideas era, sin embargo, un hombre de mundo que en nada parecía un iluminado. Elevar la dignidad de la función pública y ajustar la administración fueron sus preocupaciones fundamentales; pero su gobierno careció de iniciativas importantes y, lo que es más grave, careció de visión frente a los problemas que se incubaban en esa agitada posguerra durante la cual se sometió a revisión todo el orden tradicional. Esa ceguera fue particularmente grave puesto que también estaba en revisión el sistema de las relaciones económicas, especialmente entre los países que constituían los principales mercados de la Argentina.

Así, la crisis económica de 1929 sobrevino sin que el radicalismo tuviera opiniones firmes sobre cuáles eran los recursos a que podría apelar si se conmovía el marco de su economía. El problema lo percibía claramente, en cambio, la oposición conservadora, muy vinculada a los intereses ganaderos, que eran los más amenazados. Una sorda resistencia contra el radicalismo comenzó a crecer, polarizándose en la figura de Yrigoyen, cuyo prestigio parecía asegurar su reelección. Efectivamente, en 1928 volvió a la presidencia, pero ya muy anciano e incapaz de ajustar sus ideas a una situación totalmente nueva. Su gobierno fue ineficaz, y como el peligro de un desastre económico se acentuaba, los conservadores promovieron un golpe militar que depuso al presidente en septiembre de 1930.

Políticamente, la revolución había sido un golpe contra el radicalismo. Pero en el fondo era la respuesta del orden económico tradicional a la crisis de 1929, que parecía destinada a alterarlo profundamente. Los conservadores se apoderaron del poder para defenderlo, dispuestos a afrontar todos los riesgos que tal decisión implicaba y sabiendo que la revolución sería impopular. Lo fue, en efecto. En su gestación se advirtió la presencia de grupos influidos por el fascismo italiano y partidarios del corporativismo y la dictadura. Pero pese a que el jefe militar de la revolución, el general José E. Uriburu, les profesaba cierta simpatía, no prosperaron y el país se vio conducido a una solución aparentemente constitucional y democrática, pero en verdad fundada en el fraude electoral. Proscripto el radicalismo, los poderes del Estado aparecieron con un estigma que debilitó su autoridad moral. El gobierno del general Justo, desde 1932 hasta 1938, emprendió una reforma económica destinada a contraer la producción y a garantizar las máximas seguridades para los exportadores de carnes. Lo más grave de esa política fue que, mediante una severa regulación de la producción, se disminuyeron las posibilidades de trabajo en vastas zonas del país, de las cuales comenzaron a emigrar densos grupos de trabajadores hacia el litoral y especialmente hacia Buenos Aires. Hubo ocupación para algunos en determinadas nacientes industrias, pero la desocupación fue notable. Este hecho, que debía tener importantes consecuencias, pasó inadvertido.

Más atrajo la atención pública el curso de los cambios políticos. El presidente Roberto Ortiz, que subió al poder en 1938, se propuso llevar al país a la normalidad institucional. Intervino la provincia de Buenos Aires y ofreció elecciones libres. Las tensiones aumentaron con ese motivo, pero bruscamente Ortiz renunció a causa de su progresiva ceguera, sucediéndole el vicepresidente, Ramón Castillo, profundamente conservador y ligeramente partidario del Eje. Esta última circunstancia modificó la línea neutralista de Ortiz. Pero el curso de la guerra modificó la situación y Castillo fue depuesto por una revolución militar en 1943.

Asumió la presidencia el general Pedro P. Ramírez ante la incertidumbre del país, que no comprendía el sentido del movimiento. Algo tenía que ver, sin duda, la situación de ciertos grupos demasiado comprometidos con el Eje y que deseaban controlar el poder al advertirse la derrota alemana. Una de las consecuencias fue una tardía declaración de guerra a Alemania y Japón en enero de 1944. Igualmente confusos fueron otros actos del nuevo gobierno. Pero todo ello perdió importancia frente al rápido ascenso de uno de sus miembros, el coronel Juan D. Perón, que ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión y, poco después, el Ministerio de Guerra. Desde ambos cargos, y gracias a una clara visión de la situación social del país, Perón pudo construirse una sólida base política.

Para lograrla, comenzó a actuar en los conflictos laborales inclinando el peso del Estado en favor de los sindicatos obreros, justificando su acción ante los sectores militares mediante una teoría de la organización para la defensa nacional que requería la coincidencia benévola de todos los sectores de la vida del país. Con todo, más importante que su acción misma fue su atractivo personal, su oratoria eficaz y, sobre todo, la explotación sistemática de ciertos tópicos que hicieron impacto sobre las masas suburbanas, naciente proletariado industrial falto de experiencia sindical y sensible a los matices autóctonos que Perón sabía introducir en su sencilla explicación de los complejos problemas contemporáneos. Un vehemente nacionalismo, encarnado en la hostilidad contra el embajador norteamericano, y una inflamada condenación de la oligarquía acentuaban el tono revolucionario de Perón.

Cuando se advirtió la magnitud de su fuerza, estos sectores se aunaron para neutralizarlo. Pero el movimiento militar que lo desalojó del poder a principios de octubre de 1945 fue arrollado por el movimiento popular del día 17 que, fuera del apoyo oficial que tuvo, reveló el impresionante volumen de la masa que lo defendía. Apartado de las funciones públicas, Perón concurrió a las elecciones de 1946 y obtuvo una fuerte mayoría que lo consagró presidente constitucional.

Reelegido en 1952, su gobierno abarcó desde junio de 1946 hasta septiembre de 1955. Durante ese largo plazo, Perón aprovechó la abundante disponibilidad de divisas que el país había acumulado durante la guerra para financiar una política de abundancia que consolidó su posición. Perón aseguró altos salarios a los obreros —cuyo monto los patronos trasladaban a los precios— y, además, leyes jubilatorias, indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y otras ventajas concretas que, pese a la inflación, daban la impresión a los sectores asalariados de hallarse dentro de un régimen de protección. El movimiento obrero oficial, agrupado dentro de la Confederación General del Trabajo, adquirió los caracteres de un grupo de poder. Y aun la masa no sindicada se aglutinaba alrededor de Perón por el atractivo de su oratoria y por la seducción que ejercía su esposa, Eva Perón, a quien le estaba encomendado el mantenimiento de ese fervor popular de hondo sentimentalismo.

En el orden político, el régimen sancionó una constitución en la que se admitía la reelección presidencial y se sentaban algunos principios de soberanía económica. Consecuente con ellos, Perón se manifestó decidido defensor del desarrollo industrial. Mediante el crédito estimuló la instalación de fábricas, aun cuando no afrontara los problemas de las industrias básicas. Para proteger la producción agropecuaria se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que debía asegurar precios remuneradores para las cosechas. Esta tendencia a la intervención estatal se manifestó también en la nacionalización de los ferrocarriles, los teléfonos, el gas y la navegación fluvial.

Desde 1950, la situación comenzó a cambiar. Las reservas de divisas empezaban a agotarse y, al mismo tiempo, comenzaron a bajar los precios internacionales de las materias primas. Una sequía malogró las cosechas y la inflación se acentuó, de modo que los aumentos de salarios, cada vez más discutidos y controlados, no alcanzaron a cubrir el sombrío panorama que se divisaba. Todavía pudo la propaganda ocultar los fenómenos profundos. La Fundación Eva Perón, que presidía la esposa del presidente, otorgaba protección directa a aquellos que llegaban hasta su despacho y hacía espectaculares donativos en manifestaciones públicas. La esposa del presidente gozaba, sin duda, de una extraordinaria simpatía popular y cumplía una misión política fundamental dentro del régimen. Por eso su fallecimiento, ocurrido en 1952, fue un duro golpe para Perón, que tuvo que multiplicarse para atender las exigencias del sector militar y del sector obrero, sin descuidar la atención de la administración, cada vez más comprometida con una política que era difícil sostener.

Diversas circunstancias condujeron a un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el presidente. El gobierno suprimió la enseñanza religiosa y esbozó una tímida ley de divorcio. Entonces su base política se resquebrajó y perdió el apoyo de fuertes sectores militares. En junio de 1955, una sublevación militar fracasó, pero poco después, en septiembre, otra, encabezada por el general Eduardo Lonardi, triunfó, y Perón abandonó el país.

El general, Lonardi llamó “revolución libertadora” a la que había triunfado y proclamó el principio de que no había “ni vencedores ni vencidos”. Figuraron entre sus colaboradores inmediatos hombres que habían participado en el movimiento peronista al lado de otros que se habían mantenido en la oposición. Había también conservadores ultramontanos y liberales avanzados. Esta heterogeneidad revelaba la amplitud del apoyo prestado al jefe de la revolución, pero dificultaba la definición de una política. Mientras en ciertos sectores hubo una depuración rígida, en el movimiento obrero hubo una especie de transacción que impidió, por cierto, que la revolución tomara un carácter violento. A fines de año, los grupos liberales desafiaron al presidente y le exigieron la dimisión, reemplazándolo el general Pedro E. Aramburu.

Ante la gravedad de la situación económica, el gobierno había solicitado un informe al economista Raúl Prebisch, cuyo diagnóstico fue grave. Con todo, las soluciones que propuso no fueron aceptadas y la controversia entre partidarios de la libre empresa y partidarios de la planificación, con distintos grados de intensidad, se inició entonces y habría de continuar. Frente a la Confederación General del Trabajo se adoptó una actitud más enérgica, sobre todo después de producirse un conato revolucionario peronista que fue sofocado.

Consecuente con su posición liberal, el gobierno llamó a una Junta Consultiva a los principales partidos políticos, con exclusión de la Unión Federal —de extrema derecha—, el Partido Comunista y los sectores peronistas. Ante la perspectiva de encaminar al país hacia la normalidad, el gobierno convocó una Asamblea Constituyente en Santa Fe. Las elecciones sirvieron para tantear el estado de la opinión pública. La Asamblea, en cambio, apenas pudo restaurar la vigencia de la Constitución de 1853, agregándole algunos capítulos declarativos. La tensión política estaba ya referida a la elección presidencial que se esperaba, y la Unión Cívica Radical, que era el único partido que podía competir con el peronismo, se había dividido en dos sectores: la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Esta última fue acusada de haber logrado un vago acuerdo con algunos sectores peronistas: lo cierto es que su candidato, Arturo Frondizi, resultó triunfante en las elecciones de 1958.

Fiel a su palabra, y resistiendo muchas presiones, Aramburu entregó el poder a su sucesor. Se inició entonces una era de audaces iniciativas, que el país suponía maduramente estudiadas gracias a la imagen que de sí y de su programa había sabido dar el partido triunfante. En el orden social, el gobierno promovió la Ley de Asociaciones Profesionales, que consolidaba el movimiento sindical y la Confederación General del Trabajo. En el orden económico, su política fue de desarrollo y puso el mayor énfasis en el petróleo, en la siderurgia, en la petroquímica y en otras industrias básicas. Para estimularlas, el gobierno buscó capitales extranjeros y obtuvo fuertes empréstitos, realizando algunas veces, como en el caso de las empresas petroleras norteamericanas, contratos que vastos sectores consideraron perjudiciales para la economía del país. De todos modos, la explotación petrolífera se intensificó, al par que crecían otras industrias, especialmente la automotriz.

Pero la situación política fue desde el comienzo muy inestable. La sensación de que el gobierno había triunfado gracias al apoyo del peronismo creó a su alrededor un ambiente de sospechas por parte de ciertos grupos políticos y, en especial, de las fuerzas armadas. Muchas figuras del gobierno fueron objetadas por estas y muchos actos censurados directamente. Siempre tensas, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas armadas llegaron a ser amenazantes. No faltaron los emplazamientos ni las rebeliones abiertas, en tanto que el presidente perdía poco a poco la autoridad y la fuerza que hubiera necesitado para enfrentarlos.

Al aproximarse las elecciones de 1962, las tensiones se acentuaron. El peronismo parecía tener mayoría y muchos sectores antiperonistas —entre ellos las fuerzas armadas— sostenían que tolerar su regreso al poder era traicionar a la Revolución Libertadora. El dilema era, pues, o la proscripción del peronismo o su triunfo. El gobierno aseguró a las fuerzas armadas que el partido gobernante triunfaría, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde debía elegirse gobernador. Pero los hechos desmintieron esas afirmaciones. Triunfante en Buenos Aires el candidato peronista, Frondizi intervino la provincia y adoptó otras medidas desesperadas. Pero fue inútil. El gobierno había perdido la confianza de las fuerzas armadas y estas no vacilaron en deponerlo en marzo de 1962.

El vicepresidente José María Guido asumió el poder. Su política fue vigilada de cerca por las fuerzas armadas, que para entonces se dividieron profundamente. El país estaba en una encrucijada y hubo un comienzo de guerra civil. El bando “azul” se impuso finalmente y fijó la política del gobierno, que llamó a elecciones generales. Resultaron electos numerosos legisladores y algunos gobernadores de provincia peronistas. Pero para la elección presidencial el candidato del “Frente” que agrupaba al peronismo, a la Unión Cívica Radical Intransigente y al Partido conservador Popular no pudo llegar a las elecciones. Mediante la aplicación de diversas disposiciones legales fue impuesto el criterio de que subsistían las condiciones políticas creadas por la revolución de 1955.

Quedaban enfrentados los candidatos de algunos partidos menores con el de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo U. Illia. Este último obtuvo el mayor número de sufragios y en el Colegio Electoral fue elegido presidente con el voto de varios partidos políticos. El 12 de octubre de 1963, asumió la presidencia de la nación.

Guía histórica para el Río de la Plata. 1951

Un breve examen del desarrollo histórico de los países del Plata es tarea que puede parecer tentadora en estos tiempos. Mientras más compleja y enigmática es la realidad, más parece fructífero el análisis genético para entenderla. Y aun a riesgo de tener que sacrificar muchos matices, vale la pena esforzarse por adquirir una perspectiva de ese confuso y diverso desarrollo que ha conducido a estas inusitadas situaciones históricas que sería imperdonable error considerar como puramente episódicas. No un prolijo relato sino más bien un sucinto elenco de ideas fundamentales constituye la mejor guía para una comprensión histórica de la situación contemporánea del Río de la Plata. Y si consiguiera ofrecerlo en este ensayo, creería haber cumplido una labor útil.

I

No bien concluida la anexión del reino moro de Granada al finalizar el siglo XV, la corona de Castilla —unida ya su suerte a la de Aragón— se encontró, un poco por obra del azar, en posesión de vastos territorios ultramarinos que parecían ofrecer incalculables posibilidades. Algunas sospechas más o menos fundadas y múltiples leyendas de vario origen aplicadas al caso en virtud de cierta explicable alucinación hicieron esperar de las comarcas localizadas por el almirante Cristóbal Colón un alud de riquezas acerca de cuya especie sólo podía decirse que acaso fuera la más preciada el oro. En toda Europa ascendía rápidamente por entonces la burguesía; y toda Europa miró con envidia a España, en la que inesperadamente se descubría la feliz poseedora de un misterioso tesoro virtual. Ateniéndose a los principios de la concepción mercantilista, toda la burguesía europea tuvo por seguro que España llegaría a ser en poco tiempo una de las potencias más temibles y vigorosas, pese a no haber desarrollado hasta esa época una actividad manufacturera y comercial como la que caracterizaba ya en ese momento a otras regiones. La aparición de la “leyenda negra” no haría sino revelar la intensidad de ese sentimiento en el transcurso del siglo XVI.

España abrigó también aquella esperanza. El espíritu de aventura caracterizaba a los hidalgos que, generación tras generación, luchaban contra el moro en tierra firme o en las aguas mediterráneas, pero caracterizaba también a otros sectores sociales de más baja extracción cuyos miembros no desdeñarían seguir las huellas de aquellos que habían luchado por los casi irreales dominios que se ofrecían en el mar Egeo. El llamado espíritu renacentista —un medievalismo hibridado— difundíase por la Europa occidental y alcanzaba a aragoneses y castellanos, inspirándoles irreflexiva e ilimitada confianza en la capacidad del esfuerzo individual. No por héroe, sino simplemente por hombre, podría uno cualquiera alcanzar el vellocino de oro. Y fueron numerosos los que teniéndose por tales se aprestaron a conquistarlo.

A bordo de las naves nadie perdió tiempo en consultar cartas geográficas, oscuras memorias o viejos manuscritos que pudieran revelar los secretos del mundo recién descubierto, porque nada de todo eso poseía suficiente valor. Lo mejor que el conquistador llevaba consigo era su decisión inquebrantable de llegar a alguna parte desconocida donde quizás encontrara algo que escapaba a su imaginación. Eso era todo. Y unos encontraron las viejas ciudades de Anahuac, otros las antiguas poblaciones mayas, otros el Imperio quichua, y todos ellos oro y plata, como si su irrazonado designio hu-biera tenido fundamento cierto. Nada menos maravilloso que aquella maravilla; tanto que la maravilla pareció formar parte del orden natural de las cosas, en el que casi todos opinaron que estaba ínsita la legitimidad de la conquista, el avasallamiento de los indígenas y la despreocupada apropiación de las riquezas: gruesos lingotes o enseres domésticos acerca de cuya propiedad pareció superflua y digresiva cualquier argumentación basada en los principios del derecho. Aquello era la realización de un sino, la victoria de la voluntad del hombre.

Pero esta euforia no duró mucho tiempo. La voluntad del hombre fue empleada en otras muchas empresas similares a la conquista de Tenochtitlán o del Cuzco, y sólo dio por resultado el hallazgo de miserables aldeas donde el oro estaba ausente y en las que, en cambio, solían aparecer pobladores enérgicos y valientes que resistían a aquella voluntad con voluntad no menos resuelta. Muchos cayeron. Pero el orgullo y la esperanza empujaron a otros tras de ellos, y la conquista de la tierra se consumó inexorablemente en virtud de la superioridad técnica de los conquistadores. La aventura, peligrosa y todo, seguía pareciendo tentadora. El oro y la plata podían aparecer en cualquier parte. Pero entretanto, las tierras de las que se había tomado posesión —y virtualmente aun las demás— eran ya dominios del rey. Había aspirantes a la concesión de nuevos señoríos —aunque fuera a seis mil millas de Sevilla—, indios para catequizar y un patrimonio que defender frente a la codicia, harto justificada por cierto, de los demás países de Europa. Carlos V agregó las Indias a su corona y a su imperio y estableció dentro de ellas distintas zonas jurisdiccionales como si efectivamente alguien las conociera a fondo. La conquista estaba en marcha y fue la gran aventura —económica y espiritual— del viejo mundo.

En busca del metal precioso llegaron también los conquistadores a las costas meridionales de América del Sur, y llamaron Río de la Plata al ancho estuario que descubrió Juan Díaz de Solís. El nombre era expresivo; y aunque sus orillas no atrajeron de momento la atención de quienes surcaban por primera vez sus aguas, el vasto caudal anunciaba el misterio oculto en las entrañas del territorio, cuencas lejanas donde se reunían tantas aguas y en las que acaso se escondiera tanto oro como encontraron Cortés o Pizarro. El sino de quienes remontaron el Paraná y el Paraguay sería no alcanzar nunca la riqueza. Pero Asunción y Buenos Aires quedaron levantadas en las orillas de los grandes ríos, y en ellas, y en las otras poblaciones que fueron surgiendo, se desarrolló poco a poco un proceso de radicación de colonizadores españoles, en cuyas mentes la aventura comenzó a adquirir una fisonomía distinta de la que tenía para los que llegaron a otras partes de América.

El primer problema fue el sustento, y a través de él comenzaron a establecerse relaciones precisas entre los aborígenes y los recién llegados. Hubo unas veces entendimiento y otras diferencias y conflictos; y no tardaron en aparecer los primeros mestizos, hijos de la tierra para quienes muy pronto la vida americana tendría un tono peculiar. Para sus padres la india fue la mujer ocasional en la que tardarían mucho tiempo en acostumbrarse a ver una compañera; para los hijos la india fue la madre y el símbolo de su dependencia social, condición esta última que caracterizaría al nuevo mundo, su naciente patria. Dos concepciones entrarían muy pronto en conflicto, agudizado por la renovación de sus términos con cada ola de nuevos españoles que llegaba de la metrópoli; frente a este conjunto se oponía, pese a su humilde condición, el conjunto de los criollos.

En misiones y reducciones organizaron los colonizadores a fuertes núcleos de indígenas en zonas en las que el trabajo organizado pudo parecer —y fue, en efecto— provechoso para la corona o para las órdenes religiosas que habían adquirido algún predominio. Pero esas áreas sociales y económicas quedaron enquistadas, en tanto que, aunque lentamente, el intercambio removía el ambiente en otras regiones. El mestizaje es el fenómeno fundamental de la conquista, y su resultado fue la lenta pero progresiva transformación de la población, en la que se diferenciaban indios, criollos y españoles. Esta diferenciación escondía el germen de las peculiaridades del proceso histórico rioplatense en su primera faz.

En su transcurso, el autoritarismo fue la tónica general de la convivencia. Se derivaba del tipo de autoridad que ejercía —a millares de leguas de la metrópoli— el funcionario colonial; de la misión que se había asignado al clero y, finalmente, de las condiciones que prevalecían en la vida económico-social. Surgió la gran propiedad territorial, y en ella el amo fue todopoderoso porque nadie había capaz de vigilarlo cuando se apartaba de los centros poblados. El cuidado de la hacienda, de la que se sacaban los cueros que constituían la principal riqueza, se confió a un tipo de pastor que era casi un nómada y vivía sujeto a la ley del desierto. El amo no tenía sobre él más autoridad que la que le proporcionaban su fuerza y su prestigio, y si los mantenía era porque podía demostrar en los hechos que su autoridad era eficaz. Hubo autoritarismo porque en el desierto estaba la fuente de riqueza, y el autoritarismo del desierto, acentuado por las reminiscencias de los principios políticos y sociales que obraban en el ambiente, constituyó la primera ley de la colonia.

Sólo comenzó a parecer objetable el autoritarismo cuando empezaron a cambiar las condiciones de la vida rioplatense en el curso del siglo XVIII. La riqueza agropecuaria habíase acrecentado poco a poco y los núcleos urbanos, sobre los que repercutía la riqueza, habían aumentado en número y en magnitud. En la costa oriental se fundaron la Colonia del Sacramento y Montevideo, plazas establecidas como consecuencia de la contienda que sostenían España y Portugal por los territorios al este del Río de la Plata. En él tenía España uno de sus límites, y a través de él llegan los sacudones que conmovían el régimen fiscal español, pues en beneficio de la metrópoli —y según las ideas predominantes por entonces en todas partes— se había establecido un riguroso monopolio para el comercio de la colonia. Pero las necesidades obligaban, y el contrabando se convirtió en la principal actividad económica de la época y la industria más productiva. Lo hacían imprescindible las exigencias de los crecientes centros poblados y lo facilitaban las condiciones de la vida rioplatense, en la que las distancias constituían el principal enemigo del fisco. Por esa vía comenzaron a hacerse nuevas fortunas, a modificarse las estructuras sociales y económicas, y, prontamente, a debilitarse las convicciones que estaban adheridas al orden tradicional, transformado en un orden violable. Portugal —y tras él toda la Europa antiespañola— trató de ensanchar las brechas que se abrían en la organización económica de la colonia. Y ante el jaqueo portugués —que coincidía con el progreso de la región rioplatense y el desarrollo de las ideas fisiocráticas— España creó el virreinato, señalado desde el principio como un intento de adecuar el orden legal a la realidad económica de la comarca.

Mientras se llevaba la guerra a Portugal, comenzaba a esbozarse una política más liberal, aunque limitadísima por diversas situaciones concretas: intereses de comerciantes españoles, intereses fiscales, e intereses de Buenos Aires contrapuestos a los de las ciudades de la ruta altoperuana o los de Montevideo. De aquella acción quedó, sin embargo, algún saldo favorable, pues sirvió de estímulo para que germinasen en algunas cabezas las simientes que comenzaban a llegar en las postrimerías del siglo XVIII desde Europa, desprendidas de la Enciclopedia o de las obras de filósofos y economistas. Algunas de esas ideas cundieron hasta entre los representantes del orden tradicional, hombres de iglesia que no desdeñaban a Rousseau, a Diderot o a Montesquieu. Pero una predisposición aun más favorable hallaron entre los jóvenes de familias acomodadas de las ciudades, criollos que deseaban ascender por la vía de las profesiones liberales o la actividad comercial. El pensamiento liberal fue acogido —abiertamente o a escondidas— en Chuquisaca y Buenos Aires y se difundió por otras ciudades a través de pequeños grupos. Las tendencias que entrañaba se fundían, aunque de manera imprecisa, con el vago impulso de libertad que se advertía en las zonas rurales, entre la plebe criolla. Si más tarde esas dos concepciones se tornarían hostiles, por el momento se manifestaron solidarias en un mismo afán de quebrar las rígidas restricciones que el orden fiscal y político de la colonia imponía a la actividad económica y al ascenso social de la población nativa.

II

El antagonismo entre la libertad civil sometida a fórmulas políticas ya experimentadas en otros países y la libertad de tendencia anárquica propia de quienes soñaban con ella para sacudir el autoritarismo de la vida rural habría de ponerse de manifiesto cuando las poblaciones de las colonias se enfrentaran con el problema de darse un régimen propio. Esta condición se cumplió al triunfar el movimiento emancipador de 1810.

Por esta fecha llegó a su más alto grado la crisis del imperio español. Insinuada desde fines del siglo XVI, manifestada en el curso del XVII y contenida en parte en el XVIII, la crisis adoptó formas catastróficas para España al producirse la conmoción que sacudió a Francia al finalizar esa centuria. La solidaridad monárquica y borbónica alineó a España entre los enemigos de la revolución, pero nada grave ocurrió por entonces; las dificultades surgieron cuando su vecina se transformó en brevísimo tiempo en la mayor potencia militar del continente y adoptó, con Napoleón Bonaparte, un programa inter-nacional frente al que no cabía la neutralidad.

A partir de 1808 —cuando Napoleón se corona emperador— el problema se tornó para España gravísimo. En rigor, disputaban la hegemonía europea dos imperios, territorial el uno y marítimo el otro. En esa disputa entraba en juego el vasto imperio ultramarino de España, que ésta no podía ya asegurar ni defender, y al que Francia, sin duda, aspiraba. Pero las aspiraciones de Inglaterra no eran menos vehementes desde hacía mucho tiempo, aun cuando pudiera entreverse que el tipo de peligro era distinto en uno y otro caso. España debió elegir, y su debilidad la obligó a unirse al más efímero de los dos imperios porque era el más próximo y el más amenazador de sus vecinos. Inglaterra derrotó en Trafalgar a las flotas unidas de Francia y España (1805) y desde entonces el destino del imperio hispánico quedó sellado. No mucho después comenzó a resquebrajarse la inestable creación política de Bonaparte y se diseñó poco a poco una nueva situación dentro del área atlántica, en la que el predominio inglés resultó indiscutible.

En esta coyuntura, el imperio ultramarino de España no podía mantenerse unido. La disgregación era inevitable y el potencial de cada una de sus diversas partes no era suficiente para asegurar su soberanía; pero las colonias españolas tenían manifiesta vocación emancipadora y Gran Bretaña, por su parte, no se inclinaba hacia la conquista territorial. Lo inesperado pudo realizarse en aquella sorprendente mutación del sistema político-económico del mundo occidental y el Virreinato del Río de la Plata —como las otras regiones del imperio español— alcanzó su independencia en 1810.

La decisión emancipadora fue tomada por Buenos Aires y se proyectó luego hacia el interior, obteniendo repercusión diversa. Hubo apoyo incondicional unas veces, reticencias otras, y en algunas regiones prevalecieron los sentimientos de lealtad monárquica; pero fue un esfuerzo inorgánico y sin trascendencia, aunque reveló la virtualidad de una resistencia enérgica a medida que la revolución se insinuaba dentro de la zona de influencia de Lima. Fuera de eso, otras resistencias obedecieron a otras razones. El nuevo estado dio por resuelto que sus fronteras eran las del antiguo virreinato y Buenos Ai-res no admitió que se discutiera su autoridad de capital. Por eso reaccionó violentamente contra los movimientos secesionistas que se manifestaron en el Paraguay primero y en diversas regiones del litoral después, pero carecía de fuerza para superar esas reacciones precisamente cuando debía atender más celosamente el afianzamiento de la emancipación y la organización de un nuevo estado. Buenos Aires vio reducirse poco a poco su zona de influencia, y del antiguo perfil del virreinato no quedó sino una sombra que, en 1820, llegó a desvanecerse del todo.

En rigor, el Virreinato del Río de la Plata —como casi todos los territorios españoles de América— carecía de las condiciones mínimas requeridas para poder asegurar su existencia independiente. La emancipación fue el resultado de un esfuerzo titánico de sus hijos y de algunas circunstancias externas que resultaron favorables. Carecía el virreinato de suficiente riqueza y, sobre todo, de suficiente población como para constituir un país autónomo. Sus centros poblados eran escasos y reducido su número de habitantes, con amplias perspectivas, sin duda, pero que no podrían tornarse realidad si no se salvaban los difíciles obstáculos que se oponían a su desarrollo. Las inmensas distancias, las malas comunicaciones, los desiertos inmensos, la producción insignificante y una desconexión de todo otro mercado que no fuera el español, eran las condiciones dentro de las cuales se había desarrollado la existencia colonial y debía desarrollarse la existencia independiente. En las primeras horas, esa situación, apenas remediada por los resultados del activo contrabando y por las vinculaciones comerciales rápidamente establecidas a través de algunas naves inglesas, entrañaba insuperables dificultades frente a la responsabilidad que imponía la soberanía. Sólo la tenacidad de los grupos criollos y el ambiente favorable que proporcionaba la dislocación del orden internacional pudieron permitir el desvanecimiento de esas dificultades que, empero, dejarían sus huellas en el desarrollo ulterior.

Gran Bretaña vigiló y garantizó la independencia del Río de la Plata en virtud de sus propios intereses económicos y estratégicos, que la vinculaban a los dos puertos que se levantaban sobre sus orillas, Buenos Aires y Montevideo, y más aún con el primero. Buenos Aires se creyó en posesión de la clave de la independencia rioplatense, y consideró que sólo bajo su autoridad era viable la emancipación; en consecuencia exigió el reconocimiento de su hegemonía y se dispuso a organizar la nueva nación dentro de una estructura política que se apoyara en los principios liberales que sus minorías cultas preferían. Algunas regiones del interior y la Banda Oriental opusieron a esos principios otras reivindicaciones: autonomía regional, federalismo, y, en la práctica, el respeto a su propia actitud vital, que no era sino la de las masas rurales frente a las minorías urbanas. Estas últimas calificaron a esa tendencia de “democracia inorgánica” y de “caudillismo”. Artigas representó de manera eminente esta actitud política y social, con su fidelidad a los impulsos e intereses de las masas rurales, su anhelo de independencia sin claudicaciones ni compromisos y su firme voluntad republicana, todo lo cual se unía a una concepción del poder que suponía, en efecto, la autoridad de hecho e incontrovertible que caracterizaba al auténtico caudillo popular. Esa combinación de factores explica el conflicto que se suscitó entre Buenos Aires y el interior y que culminó en 1820, con la disolución del vínculo nacional preexistente entre las diversas regiones del antiguo virreinato.

Entretanto, el nuevo Estado hacía ingentes sacrificios para asegurar la emancipación. Una y otra vez había armado ejércitos y flotillas para defender las fronteras, y había organizado, finalmente, la vasta campaña de San Martín para aniquilar en su propio reducto la reacción española. Otros enemigos tuvo que afrontar al mismo tiempo, pues Portugal había aprovechado la coyuntura para satisfacer su vieja aspiración de alcanzar las orillas del Plata y anexar su costa oriental. Y el Brasil, independiente desde 1822, mantuvo anexada la que se llamó Provincia Cisplatina hasta que estalló en ella una insurrección movida por el afán de retomar al seno de las Provincias Unidas.

Inminente la guerra con el Brasil y crecido el prestigio de Buenos Aires, una constitución unitaria restauró el antiguo estado nacional, a cuyo frente se puso Bernardino Rivadavia. Su obra ciclópea sobrepasó las posibilidades del país de asimilar sus iniciativas renovadoras, y la amenaza de desintegración volvió a aparecer precisamente cuando más se necesitaba el esfuerzo mancomunado para afrontar la guerra con el Brasil. La paz arrebató a las Provincias Unidas ventajas que habían conquistado legítimamente en el campo de batalla, y la Banda Oriental estuvo amenazada por un momento de volver a formar parte del Imperio del Brasil. Se opuso a esa solución Gran Bretaña, que exigió su independencia. Así surgió la nueva República Oriental del Uruguay, como prenda del equilibrio internacional en la cuenca del Plata.

Hasta ese entonces Uruguay y Argentina habían tenido una misma historia y podían confundirse en uno solo sus respectivos procesos de desarrollo social y político. Montevideo había representado, frente a la campaña oriental, un centro de reacción europeizante, como Buenos Aires frente a las comarcas del litoral; y ambas ciudades defendieron principios políticos que en verdad sólo podían realizarse a través de una técnica y un sistema institucional ajenos a las condiciones de vida de sus respectivas áreas de influencia.

Pese a la independencia, consagrada en 1830, Uruguay siguió teniendo por mucho tiempo un destino común con Argentina. No en balde había sido un oriental quien levantó la bandera del federalismo en el Plata, dejando planteado el problema que dividió a los pueblos durante varias décadas. Federalismo y unitarismo no eran por entonces meras nociones académicas. Eran soluciones fecundas que se ofrecían para los problemas capitales, aunque se desconocieran el alcance y, sobre todo, las posibilidades prácticas de su realización. Pero fueron además, muy pronto, dos rótulos que agruparon a otros tantos sectores que, poco a poco, dejaron de corresponder a definidas clases para configurar banderías políticas y facciones lugareñas que arrastraban legados de odio y de desquite de generación en generación.

La antigua rivalidad entre los porteños —los “doctores”— y las gentes de las campañas —y no faltaban unitarios en las ciudades del interior— alcanzó su mayor dramaticidad en 1828, cuando el general Lavalle, al regresar del Brasil, se sublevó contra el gobierno de Buenos Aires y ordenó el fusilamiento del gobernador Dorrego. Ya por entonces asomaban en las campañas Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Poco tiempo después los esfuerzos de Lavalle y Paz fueron frustrados por sus rivales, y el último cayó prisionero a fines de 1831. Rosas, gobernador de Buenos Aires, llegó a ser el más poderoso de los caudillos y constituyó con los demás una suerte de alianza que, asegurando su hegemonía, le permitía cumplir los planes que acariciaba respecto al puerto de Buenos Aires, cuyos beneficios quería acreditar solamente a su provincia.

También se introdujo Rosas en el entredicho suscitado en Uruguay entre Oribe y Rivera, prometiendo ayuda al primero, de quien esperaba que consintiera en la anexión de la Banda Oriental a la Confederación. Y como Rivera se unió a su vez a los proscriptos argentinos e hizo causa común con los unitarios, los dos caudillos orientales se vieron muy pronto frente a frente como jefes de sendos cuerpos que defendían simultáneamente en una y otra banda del Plata idénticos intereses e ideales. Asilo de los emigrados argentinos, Montevideo se constituyó en el bastión de los enemigos de Rosas y de Oribe, y el largo sitio entablado en 1843 constituyó la acción más importante que se libró entre una y otra fuerza. La acción del Ejército Grande, mandado por Urquiza, puso fin a la dictadura de Rosas y abrió a cada uno de los dos países del Plata nuevas y diferentes perspectivas.

III

Al caer Rosas en la batalla de Caseros, habían transcurrido poco más de cuarenta años desde la independencia. La experiencia política acumulada era abundante, porque se había trabajado sin descanso en busca de fórmulas diversas que pudieran conciliar los distintos y opuestos intereses de las diversas clases y zonas del país. Esa experiencia constituía, en el momento de la crisis, su mejor riqueza.

Entre 1810 y 1820, Buenos Aires había sostenido con vehemencia el principio de que subsistía una unidad política correspondiente al viejo virreinato, en la que le correspondía la autoridad hegemónica. Sus hombres eran, en general, de formación europea, lectores de los filósofos políticos del siglo XVIII, de los utilitaristas y radicales ingleses y admiradores de los Estados Unidos, cuyas grandes figuras veneraban. Diez años de gobierno bajo la autoridad de Buenos Aires no significaron otra cosa que la estéril persecución de soluciones políticas para evitar una guerra civil que, sin embargo, no tardó en llegar.

Cuando sobrevino la crisis del 1820 el país se disgregó y dejó de existir como unidad política. Cada provincia siguió su propio rumbo y Buenos Aires —conviene recordarlo— aprovechó la ocasión para realizar, libre de ataduras, un verdadero experimento de gobierno progresista bajo la inspiración de Martín Rodríguez, de Rivadavia y de Las Heras. El Estado adquirió una sólida organización, sus órganos administrativos alcanzaron inusitada eficacia y se intensificaron la vida económica y las obras públicas; la vida intelectual entró en una etapa de decidido avance gracias a la llegada de algunos hombres de ciencia extranjeros y a la creación de algunas instituciones de enseñanza, entre ellas la Universidad de Buenos Aires; las doctrinas lancasterianas y las de Bentham y Destutt de Tracy orientaron el pensamiento y la acción de quienes, a su vez, orientaron al estado de Buenos Aires durante aquellos años ejemplares.

Tan altos fueron los resultados obtenidos en breve tiempo que Buenos Aires recuperó la simpatía y el respeto que había perdido poco antes. Y frente a la inminencia de una guerra con el Brasil, los partidarios de la centralización se sintieron suficientemente fuertes como para imponer en 1826 la creación de un gobierno nacional, que se confió a Rivadavia. Pero la sanción de una carta constitucional que restauraba los principios unitarios, modificándolos sólo en los detalles, suscitó de nuevo la discordia, y el gobierno de Rivadavia, brillante pero efímero, halló su fin poco después en medio de las complicaciones que trajo la guerra con el Brasil. Una vez más quedaba desintegrado el país y las provincias recuperaban su autonomía.

El ámbito rioplatense tuvo, desde 1830 aproximadamente hasta 1852, una historia singular. Cada antigua provincia quedó bajo la autoridad más o menos firme de un jefe popular —un “caudillo” que si mostraba alguna debilidad solía ser reemplazado prontamente por quien supiera estar a la altura de las circunstancias. Tal situación política —de casi total autonomía— significó, naturalmente, un notable retroceso económico, pues diversas cir-cunstancias contribuyeron a estancar las corrientes de intercambio que habían comenzado a establecerse desde los primeros tiempos de la independencia. A ese letargo económico acompañó un marcado ascenso de las clases menos ilustradas en tanto que, en las más cultas, comenzaron a abundar los claros debidos a las persecuciones políticas. Todo ello contribuyó a provocar una acentuada declinación del nivel social y cultural del Río de la Plata, que acusó aun más su retardo con respecto al grado de desarrollo técnico y civilizatorio que por entonces se alcanzaba en Europa y en los Estados Unidos. Un estado de permanente guerra civil caracterizó también a esos veinte años, en los que predominaron los ideales criollos, aunque bastardeados a veces y utilizados para servir a empresas de mero servicio personal de los caudillos.

Desde muchos puntos de vista, la incomunicación efectiva con Europa constituye el hecho fundamental de este período. En guerra con las potencias europeas, el Río de la Plata conoció el asedio de las flotas enemigas, entendidas por cierto con los emigrados políticos que buscaban toda suerte de apoyo para librarse de la opresiva autoridad de Rosas. Y esa incomunicación, en países que no habían comenzado a desarrollar su transformación técnica, y en un período de tan notables mutaciones en ese terreno, significó para el Río de la Plata un retardo que influiría notablemente en su desenvolvimiento.

La disgregación política es, sin duda, el hecho que sigue en im-portancia a aquél entre los que caracterizan ese período de la vida rioplatense. Rivadavia había realizado el último intento de unificación con un criterio que revelaba ya cierta plasticidad y la posibilidad de hallar un camino para conciliar los intereses encontrados de las provincias y Buenos Aires. Pero para entonces las provincias no eran ya solamente unidades políticas celosas de su autonomía y de sus tradiciones, sino más bien los feudos de ciertos caudillos que tenían en ellas el centro de su poder y que se resistían a cualquier li-mitación de su autoridad. Esta situación, sumada a la creciente acumulación de los odios facciosos, hizo inevitable la prueba que soportó el país durante veinte años.

Rosas declaró categóricamente que nunca tuvo la intención de realizar la unificación del país. En famoso documento, conocido bajo el nombre de “carta de la hacienda de Figueroa”, había explicado sagazmente su opinión sobre los problemas políticos argentinos, y explicado también el fracaso de los intentos de organización constitucional por medio de muy convincentes argumentos de realidad. Hacia la misma época Alberdi y Sarmiento aportarían ricas y fructíferas observaciones acerca de la situación social del país, que en última instancia coincidían con los puntos de vista del sagaz caudillo bonaerense, pues tanto éste como aquéllos trataron de explicar los fenómenos políticos partiendo de las peculiaridades de la realidad económica y social. Pero a pesar de no proponerse ningún plan formal ni tener, seguramente, ideas claras acerca de cómo realizarlo, Rosas trabajó indirectamente por la unidad en la medida en que trabajó por la supremacía de su autoridad, y preparó el camino para la eliminación de ese localismo feroz que caracterizó a algunos caudillos. Así, al producirse la batalla de Caseros y la caída de Rosas, se había dado un paso importante hacia la futura ordenación de los dos países que sufrieron su dictadura. Aún subsistirían por algún tiempo retoños del viejo caudillaje que en ocasiones pretendería, oculta o desembozadamente, imponer su autoridad. Pero las largas luchas civiles desarrollaron los gérmenes de una conciencia nacional, despertando el sentido de la responsabilidad en las minorías ilustradas que habían comenzado a imponer sus puntos de vista en los consejos áulicos. A ellas les tocaría ahora echar las bases del orden institucional apropiado para encauzar la vida de un pueblo que había sufrido una larga y profunda experiencia en el campo de la vida política.

IV

Si los problemas pudieron plantearse fácilmente, las soluciones fueron más difíciles de alcanzar. ¿Quién había ganado la guerra contra Rosas, en ambas márgenes del Plata? El Ejército Grande era, sin duda, una fuerza internacional cuyos contingentes correspondían, en última instancia, a los países y regiones interesados en la libre navegación de los ríos de la cuenca del Plata. Su jefe era un antiguo oficial de Rosas, convertido en su enemigo por la doble acción de los intereses de la región mesopotámica y de los principios políticos, sociales y económicos que difundieron los unitarios y que él recibió con beneficio de inventario para sazonarlos con su sentido directo y realista de las cosas. Y los grupos que alcanzaron el poder tras las jornadas libertadoras fueron los que poseían la fuerza, en el seno de todos los cuales quedaban elementos que de una u otra manera habían estado en relación con el orden derrotado. En fin, ganó la guerra no el adversario tradicional e irreductible de Rosas y el rosismo, sino un movimiento en el que se mezclaban con esa oposición convertidos y disidentes; estos aportaban a la interpretación de la realidad ciertos criterios realistas, que sirvieron en su momento para hacer viable la operación militar y política que suplantó un régimen por otro.

Ese movimiento logró el apoyo de las poblaciones de la campaña y de algunos caudillejos locales y, una vez triunfantes, se suscitó otra vez en su seno la divergencia entre transigentes e intemperantes; eran estos últimos preferentemente los miembros de las minorías ilustradas, “doctores”, “principistas”, “unitarios”, nombres todos estos con que los transigentes designaron a aquellos que temieron que Urquiza asumiera a su vez la dictadura y que querían ignorar los veinte años transcurridos y restaurar el poder de Buenos Aires y lo que Buenos Aires significaba, como en época de Rivadavia.

La consecuencia de aquella divergencia fue que, durante diez años, Buenos Aires estuvo separada de las demás provincias de la Confederación por obra de un movimiento secesionista en el que se repitió una situación análoga a la de 1820. El Estado de Buenos Aires pudo realizar una obra constructiva y progresista. Pero, contra las previsiones de los porteños, Urquiza y luego Derqui se esforzaron honestamente por hacer también de la Confederación un Estado moderno y progresista, al que proporcionaron la carta constitucional de 1853, y en el que procuraron sortear las dificultades provenientes de la orfandad económica en que lo dejó la pérdida del puerto de Buenos Aires. Uruguay, por su parte, oscilaba entre los partidos rivales, pero más aún entre las facciones urbanas y rurales, pues la oposición entre éstas llegó a ser tan profunda que se unieron los grupos urbanos blancos y colorados para tratar de impedir el acceso al poder de los caudillos de la campaña. Aquéllos se sentían estimulados por la eficacia de la resistencia durante el asedio y el prestigio alcanzado por Montevideo; pero estos últimos poseían por el momento la fuerza.

Cuando en 1862 se constituyó por fin la República Argentina mediante la anexión de Buenos Aires a la Confederación, Mitre y Sarmiento procuraron neutralizar los resabios del caudillaje que aún subsistían en el interior del país. En cambio, un típico caudillo, el general Flores, lograba apoderarse del poder en Uruguay mediante una “cruzada” que había organizado en la vecina orilla y cuyo resultado fue instalar al partido colorado en el gobierno. Era un esfuerzo radical que suscitó enconada resistencia y terminó con el asesinato de Flores, de modo que pareció oportuno intentar una conciliación entre los intereses de una y otra parte del país. Tal fue el programa de Lorenzo Batlle.

Pero aquí ya empezaron a diferenciarse los destinos de Uruguay y la Argentina. Mientras en el primero se iniciaba un período de profundas convulsiones, en la segunda las minorías ilustradas gobernaron desde 1862 en un clima político que tiende a la pacificación. No faltará el levantamiento provocado por un bando contra el oficialismo acusado de parcialidad, pero el orden institucional tiende a consolidarse y cualquiera sea el grupo que alcance el poder, el programa de acción frente a los grandes problemas nacionales es aproximadamente el mismo.

Reposa ese programa sobre dos o tres principios elementales acerca de los cuales el consenso es unánime. Parece fuera de discusión que lo más urgente es modificar la fisonomía social y económica del país, del que se tiene, en general, una opinión que no difiere en lo fundamental de la que Sarmiento había expuesto en Facundo. Y esa modificación constituye la meta de toda la acción estatal.

Para las minorías ilustradas resultaba evidente que el país requería una población mucho más numerosa que la que contaba por entonces, en la que se deseaba que entrara en mayor proporción el elemento blanco y, de ser posible, una cierta proporción de elementos anglosajones. Esta renovación demográfica no era utópica y podía alcanzarse mediante la inmigración, fenómeno que por entonces era muy fácil estimular pues diversas circunstancias favorecían el éxodo de los países europeos; y la renovación demográfica operaría —así se esperaba— una rápida transformación en los caracteres generales del conglomerado social argentino, en sus hábitos de vida y, consecuentemente, en sus tendencias políticas. Para llegar a esta última etapa parecía necesario emprender además una vasta obra educativa. Sus postulados eran simples: se trataba de arraigar al hijo del inmigrante familiarizándolo con el idioma y con la tradición vernácula al tiempo que se lo proveía de la instrucción fundamental para la vida práctica.

Tal era, en lo fundamental, el programa de las minorías ilustradas. Su éxito residía, sobre todo, en que el nuevo conglomerado social lograra, efectivamente, transformar en breve plazo la vida económica del país e indirectamente la fisonomía social de las poblaciones rurales y sus tendencias políticas. Era necesario yuxtaponer a la predominante actividad ganadera una equivalente actividad agrícola, porque se esperaba neutralizar las tendencias del pastor nómade con las del labrador sedentario. Y era necesario también acrecentar la riqueza nacional mediante una adecuación de los productos exportables a las exigencias del mercado europeo, pues formaba parte de este programa un vasto esfuerzo civilizador que dotara al país de todos los progresos técnicos que se habían alcanzado en Europa en los últimos tiempos. Un nuevo factor iba a incorporarse así a la vida rioplatense, destinado por cierto a influir en ella de modo decisivo: el capital extranjero.

Comenzaron a poner en práctica este plan hombres como Mitre, Sarmiento y Avellaneda en la Argentina, y como Latorre en Uruguay, figura ésta muy contradictoria, llegada al poder mediante una revolución que desalojó a las minorías montevideanas en nombre de los caudillos de campaña, pero que encauzó la acción de gobierno guiado por los principios progresistas que por entonces representaban, generalmente, aquellas minorías. Al mismo tiempo se esforzaban todos en ambas márgenes del Plata por acelerar el proceso de unificación de la nación y en especial de la organización del Estado, sobre el principio federal en Argentina, sobre principios unitarios en Uruguay.

V

Las dos últimas décadas del siglo XIX constituyen el período en que se intensifica en ambas márgenes del Plata la política social y económica basada en la inmigración. Simultáneamente con ella, y respondiendo a los mismos supuestos, comenzó a desarrollarse otra de vastas consecuencias también, consistente en la atracción del capital internacional para intensificar la explotación de los recursos naturales y para dotar al país de los nuevos elementos técnicos con que se trabajaba ya en Europa y Estados Unidos. Sumados, la inmigración y el capital extranjero debían provocar una mutación profunda en los países rioplatenses. En 1889 —durante la presidencia de Juá-rez Celman— entraron en la República Argentina 261.000 inmigrantes, y el censo de ese mismo año reveló en el Uruguay —durante la presidencia de Tajes— que la ciudad capital tenía 100.000 extranjeros sobre un total de 214.000 habitantes. Este aflujo de población extraña modificó, efectivamente, las fisonomías nacionales y dio lugar en ambos países a lo que, refiriéndome a Argentina, he llamado en otra ocasión la “era aluvial“.

En su transcurso las condiciones tradicionales de vida y las pers-pectivas económicas, sociales y políticas se alteraron aceleradamente, y esas alteraciones provinieron fundamentalmente de las consecuencias entrecruzadas de la renovación demográfica y de la incorporación del capital extranjero a la economía rioplatense. Ya se ha señalado cómo el largo período de las guerras civiles trajo consigo una efectiva incomunicación con Europa, precisamente en la época en que se cumplían allí las etapas decisivas de la revolución industrial. La diferencia del nivel técnico entre Europa y el Río de la Plata se acentuó por entonces marcadamente y, al comenzar la era de la organización, resultó imprescindible atraer los medios económicos para emprender rápidamente la modernización que en el campo de la técnica exigían los nuevos programas que se formulaban para la vida nacional y las nuevas condiciones en que la producción debía desarrollarse para cumplir con ellos. Las obras portuarias, los ferrocarriles, los puentes y caminos, las construcciones, las obras de salubridad y el aprovisionamiento de maquinarias para la producción agropecuaria, exigieron en poco tiempo crecidas inversiones para las que no estaban preparadas las minorías terratenientes que constituían las clases acaudaladas. Se requirieron, pues, empréstitos o se otorgaron concesiones a grupos financieros extranjeros en condiciones variables, gracias a los cuales pudo realizarse una gigantesca labor constructiva y una modificación fundamental en las condiciones de la producción y del transporte, y la consecuencia fue una rápida elevación de los niveles de la producción y la riqueza.

Como era inevitable, estas transformaciones económicas, combinadas con la renovación demográfica, tuvieron una rápida y profunda trascendencia en la vida social. Las minorías dirigentes eran, en general, las poseedoras de los grandes latifundios, forma que adoptaba preferentemente la propiedad raíz; de aquí que su política de atracción tanto de inmigrantes como de capitales extranjeros se orientara hacia la satisfacción de las necesidades que suponía la gran propiedad. Se postergó la posibilidad de estimular una sistemática radicación de la masa inmigratoria sobre cuya base se hubiera podido crear rápidamente una nueva clase de pequeños propietarios rurales, con lo cual se hubiera satisfecho uno de los principios básicos del programa político-social de quienes habían inspirado la política de renovación demográfica; y por el contrario, se trató por todos los medios de que la masa inmigrante sirviera a los intereses de los terratenientes, para quienes el incremento de la actividad pecuaria, desarrollada en alto grado, significaba la ampliación de las expor-taciones de los productos derivados de la ganadería a los países importadores, aquellos precisamente que introducían los capitales y explotaban los métodos industriales de conservación de la carne. La consecuencia de esa política fue la constitución de un proletariado rural socialmente híbrido, cuyas perspectivas radicaban fundamentalmente en el abandono de los campos y en las tentativas que pudiera hacer en los grandes centros urbanos. Sólo en menor medida se desarrolló la agricultura, con preferencia explotada por los grandes propietarios mediante el sistema de arrendamientos en las zonas de tierras fértiles, y en escala incluso mucho menos desarrollada bajo la forma de colonias o pequeñas explotaciones individuales. De este modo, aunque se consiguió acrecentar la producción y el volumen de las exportaciones, con el consiguiente equilibrio progresivo de la balanza comercial, se echaron las bases de un disconformismo social que crearía un principio de inestabilidad entre los propietarios, los arrendatarios y los asalariados rurales, cuya consecuencia sería el continuo éxodo hacia los centros poblados.

Buenos Aires, Montevideo y Rosario fueron las que atrajeron mayor número de personas deseosas de probar fortuna al calor de la vigorosa actividad portuaria y comercial, pero otros muchos centros urbanos recogieron en menor medida numerosos núcleos de población, como Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza; y constituye un curioso fenómeno económico-social la fundación en la Argentina de la ciudad de La Plata, en 1882, en la que se operó una artificial concentración de población y riqueza, efímera por la imposibilidad de competir con el puerto de Buenos Aires. En todas ellas se constituyó rápidamente un proletariado urbano adscripto a actividades económicas no productivas y caracterizado por un alto nivel de consumo; y como aprovechaba el necesario tránsito de la riqueza hacia los puertos, insertándose en la actividad comercial derivada, obtuvo múltiples ocasiones que pudieron utilizar individualmente muchos de sus miembros para operar su ascenso hacia las clases medias. La inestabilidad social fue, pues, en las ciudades, un fenómeno tan típico como el de los campos.

Esos grupos sociales —urbanos y rurales— caracterizados por su dependencia y su inestabilidad, constituyeron durante algún tiempo la clientela política de las minorías dominantes, pero buscaron poco a poco su propio nivel a través de otras organizaciones políticas que supieron ofrecerles satisfacción para sus anhelos: el partido Colorado en Uruguay y la Unión Cívica Radical en Argentina.

Partido de larga tradición, el Colorado había representado en el Uruguay la fuerza renovadora y liberal frente al nacionalismo blanco. La mayoría de la inmigración, especialmente la de origen italiano, se incorporó a sus filas y engrosó su número al mismo tiempo que tonificaba su actitud popular, actitud que robusteció José Batlle y Ordóñez desde el momento en que comenzó a dirigir el partido y el país. Las circunstancias fueron dramáticas. Batlle Ordóñez alcanzó la primera magistratura dentro de un régimen de compromiso con el partido Blanco, y se evadió de él tras una guerra civil en la que consiguió derrotarlo y eliminar a su caudillo, Aparicio Saravia, en 1904. A partir de entonces, inicia Batlle una política que, de liberal, pasa a ser socialista. Si en lo político alcanza su más alto punto con la reforma constitucional de 1917 que consagra —aunque muy limitada— la tesis del Poder Ejecutivo colegiado, en lo social logra imponer una legislación avanzada en lo referente a la previsión y las relaciones entre el capital y el trabajo, que acaso exceda a las demandas y a las necesidades de su época pero que, sin duda, ha prevenido los conflictos que, inevitablemente, debían suscitarse con el correr del tiempo.

La política de Batlle llevó al poder a una clase media de orientación democrática y popular que, al mismo tiempo, manifestó cierta tendencia al estatismo, preconizado por el jefe colorado. Era un signo más de la evolución de su pensamiento hacia la izquierda, y de la flexibilidad y previsión de su política, que aspiraba a ajustarse a la realidad adivinando el sentido de su transformación. Algo muy distinto debía ocurrir en Argentina con el movimiento que encabezó Hipólito Yrigoyen.

Los primeros signos de la inadecuación entre el régimen de las minorías dirigentes y la nueva sociedad plasmada, en gran parte, como resultado de su política, comenzaron a advertirse a lo largo de la presidencia de Juárez Celman e hicieron crisis en la revolución de 1890. Encabezaron el movimiento hombres de tendencia democrática de diversas capas sociales y distintas orientaciones políticas, concordes todos ellos en repudiar el fraude electoral, el “unicato” o prepotencia presidencial y la administración dispendiosa y sin escrúpulos. Pero si el movimiento tuvo eco y pudo finalmente canalizarse en un partido político fue porque aglutinó la masa descontenta de los que se sentían manejados políticamente como mera clientela electoral e ignorados en sus derechos fundamentales. El movimiento —que encarnó pronto la Unión Cívica Radical— fue eminentemente político y exigió sobre todo el libre ejercicio del derecho del sufragio. La cuestión social apenas había aparecido y nadie sospechó que pudiera llegar a ser grave en un país en el que las condiciones de la vida económica eran excepcionalmente favorables para las clases trabajadoras dada la abundancia de los géneros alimentarios. Esta circunstancia hizo que el naciente movimiento soslayara desde el primer momento los problemas económicos y sociales y se transformara pronto en partido mayoritario en virtud de no haber deslindado las posiciones acerca de los puntos fundamentales de la acción de gobierno, con lo cual tuvieron acceso a él todos los que coincidían vagamente en ciertos anhelos primarios de honestidad política.

Encarnó esos ideales Hipólito Yrigoyen, que pretendió forzar a la oligarquía unas veces mediante los movimientos militares y otras con la abstención electoral, que entendía como una sanción moral. Esta última obró en el ánimo del presidente Sáenz Peña, que satisfizo las exigencias de la oposición mediante una ley electoral que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio, bajo cuyo imperio se realizaron las elecciones en que triunfó Yrigoyen en 1916.

Su gobierno renovó los equipos administrativos y políticos, pero no renovó la situación económico-social del país, de modo que nada cambió fundamentalmente. El paternalismo del presidente pudo ser simpático a muchos, pero no constituía una actitud capaz de resolver los nacientes problemas del país en los que no era difícil adivinar —como lo señalaban ya por entonces el socialismo y los movimientos obreros— los conflictos que se preparaban para el futuro. Pero el radicalismo no podía afrontar aquellos problemas porque integraban sus filas hombres de muy distintas orientaciones, oscilando desde la extrema derecha hasta una izquierda ligeramente demagó-gica; y prefirió la inmovilidad, acompañada, por cierto, en el segundo gobierno de Yrigoyen, de inmoralidad administrativa y política.

VI

Dos golpes de Estado interrumpieron la normalidad constitucional en Argentina y en Uruguay; en 1930 un movimiento militar depuso al presidente Yrigoyen en Argentina, y en 1933 dio el presidente Terra un golpe de Estado que suprimió el Consejo de Administración y le entregó la suma del poder. En ambos casos puede advertirse la repercusión de los movimientos autoritarios que por entonces habían aparecido en Europa; pero el desarrollo posterior de la vida política en uno y otro Estado revela la fuerza de las condiciones con que los regímenes anteriores habían moldeado la realidad. En Argentina, en efecto, prosiguió la misma tendencia a ignorar los problemas sociales, agravada ahora con un régimen político en el que la minoría reaccionaria pugnaba por sostenerse en el poder mediante el más descarado fraude electoral. Así se explica el creciente escepticismo político de las masas, que un día irrumpieron violentamente cegadas por las promesas de la demagogia. En Uruguay, en cambio, el episodio dictatorial se diluyó poco a poco, y la presión de la opinión pública forzó a los herederos del “terrismo” a volver al cauce constitucional, para proseguir dentro de un régimen democrático y al mismo tiempo socialmente avanzado.

Ambas crisis —las de salida de los regímenes del golpe de Estado en Argentina y Uruguay— se operaron al promediar o finalizar la Segunda Guerra Mundial. Un clima de revisión predominaba en el mundo con respecto a los saldos políticos de la primera posguerra. Y la diversidad de las situaciones creadas por el radicalismo y el coloradismo en uno y otro país, impusieron finalmente su signo sobre el destino político de cada uno.

El ambiente intelectual y artístico en Sudamérica.* 1952

Desde el punto de vista del desarrollo intelectual y artístico, el período comprendido entre los años 1835 y 1875 no constituye un continuo homogéneo en los países del sudeste de América del Sur. En Paraguay, la muerte del doctor Francia, en 1840, significó un cambio sustancial en la situación política y también en la situación cultural. Cosa semejante ocurrió en la Argentina y Uruguay con la caída de Rosas en 1852. El cambio cultural fue en los tres casos muy importante. En la Argentina y Paraguay consistió en pasar de una situación de enclaustramiento a una situación de apertura hacia el exterior. En Uruguay, la ciudad de Montevideo fue durante ese lapso un activísimo centro cultural en el que circularon libremente las ideas europeas. Pero el período inmediatamente posterior fue sumamente agitado. Todo aconseja, pues, subdividir el período en dos: uno desde 1835 hasta 1852 y otro desde 1852 hasta 1875.

Con respecto al conjunto del período 1835-1875 conviene hacer una indicación preliminar. A lo largo de esos cuarenta años, la vida política de los tres países fue sumamente agitada, y el relato de las distintas contingencias revela la inestabilidad de las relaciones socioeconómicas y de las tendencias políticas. En el orden cultural, en cambio, las alternativas y los cambios fueron muy tenues. Esta circunstancia, así como la brevedad del período, permitió la perduración de las ideas y actitudes que predominaron durante el momento revolucionario y que solo se extinguieron poco a poco, dejando entretanto una secuela más o menos vigorosa que impregnó la cultura del período en estudio y le confirió un matiz confuso e indeciso.

La filosofía predominante en el Río de la Plata durante la década de los veinte fue la de Condillac y la “ideología”. Juan Crisóstomo Lafinur y Juan Manuel Fernández de Agüero fueron sus más altos representantes. Esta corriente filosófica —y sus supuestos— se perpetuó en el período en consideración a través de la enseñanza universitaria de Diego Alcorta, hasta su muerte en 1842, y quedó flotando en el ambiente por todo lo que significaba a causa de haber sido la primera corriente intelectual laica y moderna que, en el campo doctrinario, se enfrentó con la tradición escolástica colonial.

Cosa semejante, aunque en menor escala, ocurrió con las ideas científicas. Estimuladas por Rivadavia, comenzaron a desarrollarse muy tenuemente y muy pronto desaparecieron de la enseñanza. Pero esa breve luz quedó en el ambiente como un signo de modernidad que pareció necesario recuperar.

También tuvo ese destino el pensamiento político liberal y progresista. Sostenido por los políticos de formación europea y por los grupos urbanos, sufrió los embates de la acción desencadenada por los caudillos y los grupos rurales, así como el impacto del pensamiento, a veces muy explícito, de los corifeos del criollismo. Las instituciones que el pensamiento liberal había inspirado sucumbieron en la práctica, pero los principios en que se fundaban fueron tan solo postergados, sin que cayera sobre ellos otro estigma que el de su mala aplicación o el de su inadecuación a las circunstancias del momento. Quedó, pues, el pensamiento liberal y progresista como un trasfondo de toda política, impregnando también las actitudes opuestas.

Finalmente, también perduró, sordamente, la influencia del neoclasicismo. Consustanciado con el espíritu de la Revolución —por la fuerza de la tradición francesa— pareció el estilo propio de los sentimientos republicanos, con todo su sistema expresivo y sus particulares símbolos. Como ocurrió en Europa, el neoclasicismo restauró y consolidó la tradición académica, tanto en literatura como en plástica. Y por entre los cambios de sensibilidad, conservó el prestigio de una ortodoxia expresiva que nunca pareció lícito abandonar del todo.

Esta perduración de corrientes tradicionales da al período que vamos a examinar un carácter singular. Las novedades no adquieren un carácter muy definido ni rotundo, sino que se combinan en proporciones diversas con formas tradicionales o encubren con distintas apariencias actitudes tradicionales.

De 1835 a 1852

En 1835, precisamente, comenzó en Buenos Aires el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Su influencia se extendió hacia Uruguay, y sus objetivos se dirigieron hacia Bolivia y Paraguay. En la Argentina, el período que transcurre entre 1835 y 1852 se caracterizó por la acción de un gobierno fuerte, que persiguió violentamente a sus adversarios y obligó a expatriarse a los más activos. El agresivo criollismo de Rosas adoptó las formas de la xenofobia; de aquí una política de enclaustramiento y de rechazo de las formas cultas de la influencia extranjera. En Uruguay la política de Rosas desencadenó la guerra civil, como una prolongación de la que consumía a la Argentina. Montevideo, en manos de uruguayos enemigos de Rosas unidos a emigrados argentinos y europeos, permaneció sitiada por tierra desde 1843 hasta 1851. Pero su puerto se abrió sin restricciones a la influencia europea, que arraigó sobre todo gracias a la numerosa población de ese origen que poblaba la ciudad. Entretanto, en Asunción, la muerte del doctor Francia, en 1840, había puesto fin a un período de estricto enclaustramiento y permitió una moderada penetración de ideas europeas.

Una caracterización sumaria de la situación social del período puede hacerse alrededor de la oposición entre los grupos urbanos y los grupos rurales. Los primeros habían sido los responsables y sostenedores del movimiento de la independencia; pero los segundos no aceptaron el tipo de organización económica y política que aquellos propusieron y se enfrentaron con ellos desencadenando las guerras civiles. En términos generales, la oposición entre campo y ciudad, tal como la explicó Sarmiento en el Facundo, fue el motor de la vida política. Pero el conflicto entre las formas de mentalidad que entrañaban la vida urbana y la vida rural, condicionó la vida de la cultura. Durante este período, solo la ciudad de Montevideo, sitiada, pero abierta por mar a la influencia de Europa, fue un activo centro de renovación cultural. El campo —bajo la autoridad de los “caudillos” y la presión de las masas rurales— dominó a Buenos Aires y a las demás ciudades argentinas.

Reflejo de esa avasalladora influencia de las masas rurales fue el desarrollo de la literatura gauchesca. Literatura comprometida, ligada a la guerra civil, se difundió tanto entre los federales como entre los unitarios, pese a la vocación cultista de estos últimos. Expresaba sentimientos populares y su difusión entre los unitarios revela hasta qué punto estaban todos influidos por este ascenso de las masas rurales, por el prestigio de la sensibilidad criolla, por la difusión del habla popular. Fue poesía anónima en gran parte, a veces improvisada; pero Hilario Ascasubi alcanzó una expresión individual de cierto encanto poético. Puede decirse que la literatura gauchesca —y su éxito— revela una irrupción de lo popular y una asignación de valor a los grupos sociales que lo representaban.

Por la misma época, y a su vuelta de Europa, Esteban Echeverría introduce en el Río de la Plata la estética del romanticismo. En 1837 publica La cautiva, un poema en el que, a través de una evocación del desierto, intenta una descripción del paisaje de la pampa. El uso de las mismas formas poéticas que usaban los “payadores”, esto es, los improvisadores populares, prueba la identificación de los elementos típicos del romanticismo. Paisaje, alma popular, sentimiento íntimo, todo aparece y permanecerá mezclado.

A la irrupción de un sentimiento espontáneo de valorización de lo popular acompañó, pues, una estética de notoria raíz europea que precisaba de ese elemento. Pero a la valorización espontánea de lo popular acompañó también una teoría de la sociedad que intentó sistematizar y comprender intelectualmente el significado de los caudillos y de los grupos rurales dentro del complejo social rioplatense. Ese intento se hizo, sobre todo, a la luz de las teorías del romanticismo social, particularmente de las ideas de Saint-Simon. Centro de esa renovación intelectual fue el “Salón Literario”, que Marcos Sastre organizó en Buenos Aires en 1837.

Textos significativos de esa dirección son el Fragmento preliminar al Estudio del Derecho de Juan Bautista Alberdi, de 1837, y el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, de 1845. En ambos casos, los autores, enemigos jurados de Rosas, prefieren sustituir la simple execración del dictador por un estudio minucioso y comprensivo de las situaciones sociales que permitieron su ascenso político y un análisis de las actitudes y formas mentales de los grupos que lo seguían y le prestaron su incondicional apoyo. Era, pues, la de Alberdi y Sarmiento, una actitud claramente encuadrada dentro de los criterios del romanticismo social. La realidad se imponía a sus ojos por debajo de los esquemas intelectuales, y era la realidad lo que se necesitaba comprender. En el mismo sentido se expresó, precisamente, el propio Juan Manuel de Rosas cuando intentó explicar su política contraria a la organización institucional —que juzgaba prematura— en la llamada “Carta de la hacienda de Figueroa”, que redactó en 1834. Su análisis subordinaba los esquemas políticos a las fuerzas sociales.

Así, como en el caso de la literatura, también en el campo de las ideas ciertas corrientes difusas provenientes de la experiencia político-social de los últimos decenios se mezclaron con algunos conceptos que el pensamiento político sistematizaba en Europa. Este curioso conjunto de ideas presidió la imagen de la realidad. Se desarrolló en los círculos cultos de Montevideo, entre los emigrados argentinos y los ciudadanos uruguayos; pero a su lado se desarrolló en la capital uruguaya, por una parte, el estudio de la ideología —llevada por emigrados argentinos—, y por otra —en el Gimnasio Nacional creado en 1848—, el estudio del eclecticismo espiritualista, que enseñó Luis José de la Peña. Poco antes, al caer el doctor Francia, se había inaugurado en Asunción la Academia Literaria, pero el magisterio fue confiado allí a los jesuitas, que mantuvieron la enseñanza escolástica. En cuanto a las ciencias físico-matemáticas y naturales, que Rivadavia había procurado impulsar en Buenos Aires, la enseñanza se desvaneció a causa de la indiferencia del ambiente, las dificultades prácticas y la inequívoca hostilidad del gobierno de Rosas.

Esa fue la época en que desapareció de la Universidad de Buenos Aires la enseñanza del dibujo; la escuela, inaugurada en 1821, fue cerrada en 1835. Pero ya habían concluido sus estudios Carlos Morel y Fernando García del Molino, discípulos de varios pintores extranjeros que enseñaban en aquella. De formación academicista, no les faltó alguna influencia renovadora, como la de Goya, algunas de cuyas obras habían podido ver en Buenos Aires. El uruguayo Blanes y el francés Pellegrini, radicados en la Argentina, pintaban retratos y cuadros de batallas. Pero todos ellos comenzaron a interesarse por las escenas de costumbres, por las escenas de campo, por los tipos populares, tal como lo hicieron otros viajeros, en particular D’Hastrel, Bacle y Monvoisin, este último condiscípulo de Delacroix en París. El romanticismo se filtraba a través del interés por los temas populares y por el paisaje.

De 1852 a 1875

La caída de Rosas en 1852 transformó sustancialmente la situación en el Río de la Plata. Bloqueado el puerto de Buenos Aires por las escuadras extranjeras en los últimos años de su gobierno, su xenofobia y su repugnancia por la cultura europea fueron en aumento. Pero otras fuerzas sociales, movidas por las perspectivas que abrían los mercados europeos, manifestaron una actitud contraria, y fueron ellas, precisamente, las que contribuyeron a su caída. En Uruguay, el sitio de Montevideo había sido levantado en 1851. Comenzaba, pues, una época de apertura hacia el exterior en todo el Río de la Plata, en tanto que tal actitud, siempre con algunas limitaciones, se mantenía en Asunción.

En la Argentina, la orientación de la política económica hacia los mercados internacionales se mantuvo inalterable desde 1852 en adelante, y en los años que ahora estudiamos se echaron las bases de la organización nacional. Aunque tempestuoso por momentos, el proceso fue continuo y coherente. Tuvo éxito y se consolidó la posición de una élite de pensamiento político muy claro. Una constitución establecida en 1853 y adoptada definitivamente en 1862 creó los cuadros de la vida nacional argentina, dentro de los cuales el desarrollo de la cultura superior adquirió notable importancia.

En Uruguay, en cambio, predominó, entre 1851 y 1876, la lucha entre las facciones. Al levantarse el sitio de Montevideo, la hostilidad entre los grupos urbanos y los grupos rurales se hizo tan violenta que las clases sociales se agruparon como tales por encima de los partidos tradicionales. La aglutinación de los “principistas” —expresión de los grupos urbanos de los dos partidos: blanco y colorado— dio nacimiento al gobierno ilustrado del doctor Ellauri y a las cámaras llamadas “bizantinas”, precisamente por la alta cultura intelectual y política de sus miembros; pero la inestabilidad se acentuó y concluyó en la dictadura de Latorre. En Paraguay, entretanto, Carlos Antonio López gobernó desde 1844 hasta 1862, y traspasó ese año el poder a su hijo Francisco Solano López. La guerra del Paraguay con la Argentina, Brasil y Uruguay duró desde 1865 hasta su muerte en 1870 y, en su trascurso, el país recayó en el enclaustramiento más riguroso.

Los “principistas” uruguayos no pudieron imponer sus principios. Eran, sin embargo, los mismos que lograron hacer triunfar los liberales argentinos después de la caída de Rosas, y los que durante breve tiempo quiso imponer en Paraguay, con limitaciones, el gobierno de los López. Eran principios económicos, sociales y políticos que se consideraban válidos para transformar la estructura de las antiguas colonias a fin de convertirlas en países modernos y capaces de incorporarse al juego de la economía internacional. Se sustentaban en las doctrinas generales del liberalismo económico y político, pero contenían, además, una teoría acerca de las necesidades reales de cada país y de los mejores medios para satisfacerlas. La atracción de capitales extranjeros para realizar grandes obras públicas —ferrocarriles, puertos, puentes, obras sanitarias, edificios, etc.— y la promoción de una corriente inmigratoria de origen europeo que permitiera modificar la fisonomía de la vida rural, fueron los puntos fundamentales del programa.

Los grupos liberales creyeron, además, que era fundamental el afianzamiento definitivo del orden constitucional y legal del país. Al funcionamiento riguroso de la Constitución debía acompañar la sanción de un conjunto de leyes orgánicas, relacionadas con las actividades básicas del país: la administración pública, la justicia, la moneda, etc. Un inmenso esfuerzo para dar forma al país caracterizó la labor de esos años, especialmente en la Argentina.

Sobre todo, se consideró necesario atender a la educación popular y superior. La preocupación más urgente pareció ser la de enseñar a leer y escribir a las grandes masas cuyo ascenso social se procuraba estimular con las nuevas medidas económicas. Esta preocupación se vinculó estrechamente con la introducción del pensamiento de Spencer y de Comte, con el cientificismo y el positivismo, que fueron las doctrinas de las élites políticas. Si el progreso fue la fórmula que sintetizó los fines de su acción, la educación popular fue el medio indispensable para lograrlos. En 1874, el uruguayo José Pedro Varela publica su obra La educación del pueblo, y en 1876, fundada en los principios de otra obra suya, La legislación escolar, promueve la sanción de la ley de educación común en Uruguay. El argentino Sarmiento había publicado en 1849 La educación popular, y dedicó todo su esfuerzo, desde que tuvo acceso al poder, a llevar a la práctica su doctrina educacional. Pero el hecho de mayor resonancia —en cuanto significó un pensamiento filosófico en acción— fue la fundación de la Escuela Normal de Paraná (Argentina) en 1870. Se inició allí una campaña metódica de formación de maestros, que continuarían poco después otros establecimientos similares en todo el país. Es en Paraná, sin embargo, donde tuvo su centro la difusión del positivismo comtiano, que enseñó por primera vez Pedro Scalabrini en 1872. Materialismo, darwinismo y positivismo es el título de un trabajo suyo publicado en 1889, en el que resumía los fundamentos de su enseñanza. Complementó esta labor la incesante prédica de Sarmiento, su obra múltiple como pensador y como político, y la influencia que a través de él ejerció el pensamiento pedagógico de Horacio Mann.

Junto a la influencia filosófica del positivismo, se advirtió la del racionalismo de Quinet y de Renán. La Vida de Jesús, de este último, fue traducida en Montevideo en 1864 e inspiró una singular actitud intelectual de las élites de ambas márgenes del Plata. Pero sobre todo ejercieron fuerte influencia renovadora los estudios científicos. En Asunción, la apertura que se observó durante el gobierno de Carlos Antonio López permitió la creación, en 1857, de un grupo de institutos destinados a echar las bases de la universidad. Allí se enseñó matemáticas y medicina, además de filosofía, latinidad y derecho. En la universidad de Montevideo, solo en 1874 se establecieron cursos de física e historia natural. Pero en Buenos Aires tales estudios tuvieron mayor desarrollo. Desde 1861 hasta 1873 ejerció el rectorado de la Universidad de Buenos Aires Juan María Gutiérrez, espíritu renovador a quien se debe la creación del Departamento de Ciencias en 1865. Una idea del vigor que para entonces tenían tales estudios puede darla el hecho de que se crearan poco después dos instituciones de alto nivel: en 1872 la Sociedad Científica Argentina y en 1873 la Academia de Ciencias de Córdoba (Argentina).

El signo de todas estas tendencias fue la europeización. Hubo, naturalmente, una reacción inversa, de afirmación del criollismo, cuyo símbolo fue la publicación de Martín Fierro de José Hernández, en 1872. De todos modos, el campo perpetuaba todavía los rasgos tradicionales y la pintura siguió buscando en él su inspiración. Lo hizo el más representativo pintor de la época, Prilidiano Pueyrredón, sin dejar por eso de ejercitarse en el retrato, en el que sobresalía. Es la época de Cándido López, pintor de la guerra del Paraguay, del francés Pallière, de los italianos Manzoni y Verazzi.

De 1875 a 1910

El normal proceso de desarrollo interno de cada país y, además, el auge de la economía europea, promovieron la estabilidad y la organización de la zona sudeste de América del Sur en las últimas décadas del siglo XIX. Al salir de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay dictó la constitución de 1870, muy semejante a la argentina de 1853, y dentro de sus marcos se sucedieron los gobiernos que procuraron sacar al país del aniquilamiento en que había caído. En la Argentina, el presidente Roca inauguró su gobierno en 1880 bajo el lema de “paz y administración”, que revelaba la actitud de la élite gobernante, partidaria del progreso material y del refinamiento intelectual al modo europeo. La política de Mitre, Sarmiento y Avellaneda se había impuesto definitivamente, como en Uruguay se impuso una actitud semejante a través de Latorre, Santos, Tajes y Herrera y Obes. Como otrora en Francia, la consigna fue: “¡Enriqueceos!”. Podría agregarse: “Y gozad”, porque las burguesías en ascenso revelaron un fuerte hedonismo.

Desde el punto de vista de las ideas que presidían la acción pública, pocas novedades se advirtieron en este período. El liberalismo tradicional seguía siendo eficaz y se persistió en la aplicación de sus principios. En la Argentina se dictó en 1889 la Ley de Matrimonio Civil y en Paraguay una semejante en 1898. La política económica fue ambiciosa y, aunque condujo a la crisis de 1890 en Uruguay y la Argentina, abrió amplias posibilidades de desarrollo. Los barcos seguían volcando en los puertos del Plata cantidades inmensas de inmigrantes europeos, muchos de los cuales se radicaban en los campos, en tanto que otros engrosaban la población urbana. Montevideo, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Bahía Blanca, crecieron como importantes centros de comercialización de los productos agropecuarios. Los medios de transporte se desarrollaron considerablemente y las comunicaciones y servicios públicos alcanzaron un nivel semejante al de los países europeos.

La política educacional se intensificó en todas partes. En 1884 se dictó en la Argentina la Ley de Educación Común y al año siguiente la ley que organizaba el gobierno de la universidad. En Paraguay se dictó la Ley de Educación Común en 1887 y se creó en 1889 la Universidad Nacional, fundándose más tarde, en 1896, la Escuela Normal y el Instituto Paraguayo. Una crisis institucional determinó en 1885 una reorganización profunda de la Universidad de Montevideo, que se modernizó.

En el campo de la filosofía y las ciencias, las doctrinas de Comte y Spencer, el darwinismo y otras corrientes afines siguieron predominando. Florentino Ameghino realizó por entonces intensos estudios de paleontología y antropología en la Argentina, y precisó su credo cientificista. Pero en los comienzos del siglo no dejaron de percibirse algunos signos de la receptividad de ciertas reacciones que se operaban en Europa frente a aquellas doctrinas. En 1896 se fundó en la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Filosofía y Letras, donde Rodolfo Rivarola intentaría una “vuelta a Kant”. En Uruguay, la disidencia se señaló hacia 1890, encabezada por Julio Herrera y Obes, pero se acentuaría luego a través del pensamiento de José Enrique Rodó y Carlos Vaz Ferreira. Durante todo el período en examen adquirió importancia la lucha religiosa, cuyo pretexto fue a veces el problema de la educación, pero que alcanzó todos los estratos del pensamiento. La concepción laica del Estado fue muy definida y enérgica durante estas décadas, de modo que su acción planteaba reiteradamente cuestiones de hecho que arrastraban la polémica hacia los fundamentos doctrinarios. Católicos militantes como los argentinos José Manuel Estrada y Pedro Goyena reeditaron todos los tópicos de la polémica europea de la época contra el liberalismo. El movimiento liberal anticatólico alcanzó más virulencia todavía en Uruguay, donde fue recogido por grupos políticos que obtendrían —más tarde, en 1917— la separación de la Iglesia y el Estado.

Una consecuencia decisiva del auge del pensamiento spenceriano y positivista fue el desarrollo de las preocupaciones por los problemas sociológicos. Ciertamente, el vasto experimento demográfico que se había realizado en Uruguay y especialmente en la Argentina, ponía en evidencia ciertos problemas reales que suscitaban la curiosidad por las indagaciones de los sociólogos positivistas. La coexistencia de grupos indígenas y criollos con los sectores de origen europeo recién llegados determinaba conflictos evidentes que se traslucían sobre todo en conflictos de actitudes y formas mentales, de normas y valores. Al mismo tiempo, el espectáculo de una sociedad cosmopolita, nacida por la acción de las últimas generaciones de dirigentes, planteaba el problema de la dinámica social y llamaba a la reflexión, precisamente no mucho después que otros conflictos contribuyeran a echar las bases de la disciplina sociológica en Europa.

Un signo claro fue la apertura de la polémica sobre la historia argentina. Bartolomé Mitre y Vicente F. López —políticos de antigua militancia antifederales— escribieron sus grandes obras históricas en estas décadas y en ellas fijaron un concepto de la historia argentina. Según ellos, la nación, la comunidad nacional argentina, era el resultado de la acción de los grupos revolucionarios de las ciudades, de clara mentalidad liberal. Pero no mucho más tarde, Adolfo Saldías refutó este planteo e intentó una explicación de la historia argentina en la que las masas populares rurales —que para Mitre y López eran solamente elementos negativos y obstáculos del progreso— representaban un valor positivo. Este enfrentamiento adquirió cierta trascendencia, a medida que la nueva aristocracia se consolidaba en el poder y se distanciaba del abigarrado conjunto social que quedaba por debajo y en el que se distinguían nítidamente el sector criollo, por una parte, y el sector inmigrante, por otra. Pese a esa heterogeneidad, las clases populares veían en la aristocracia un grupo separado, un poco soberbio, y a medida que cobraban conciencia política, se acercaban a un concepto de la historia argentina que entrañaba un valor positivo en las clases populares.

Junto a la polémica de la historia argentina, surgió la polémica acerca de la peculiaridad de la sociedad argentina. El tema del gaucho fue uno de los predilectos y Carlos Octavio Bunge, el autor de Nuestra América, lo analizó con cuidado. También fueron analizados los problemas de lo que Ramos Mejía llamó “las multitudes argentinas”, de acuerdo a los criterios más ceñidos de la sociología positivista. Las multitudes eran, a la luz de la historia, las masas rurales y acaso las muchedumbres indiferenciadas de los suburbios. Pero a la luz de la realidad viviente, aparecieron las nuevas multitudes, las que constituían los grupos de inmigrantes, algunos de los cuales se esforzaban por mantener sus vínculos nacionales formando colectividades cerradas que procuraban no abandonar la lengua vernácula. Este fenómeno fue el que más preocupó a Ricardo Rojas, cuyo libro La restauración nacionalista constituyó, en 1910, una denuncia del grave problema que afrontaba el país.

La situación social había servido, pues, para estimular los estudios sociológicos, aplicando los métodos de las escuelas positivistas en boga. Pero no solo había suscitado una preocupación doctrinaria. Los grupos inmigrantes, especialmente los grupos de artesanos y obreros industriales, habían introducido, en las últimas décadas del siglo, las doctrinas del anarquismo y del marxismo. En la última década del siglo, Juan B. Justo inició el análisis de la historia argentina desde un punto de vista marxista y fundó el Partido Socialista. En los grupos intelectuales, poetas como Leopoldo Lugones profesaban un anarquismo agresivo. Ese espectáculo permitió una curiosa reacción en las aristocracias tradicionales: la identificación de la xenofobia con la defensa del criollismo y la hispanidad. Esta agitada atmósfera social permitió un vasto desarrollo de las ideas y una sensible alteración de los criterios para evaluar los fenómenos de la realidad.

Es innegable que el proceso de desarrollo de estos países —como de otros de América Latina— suscitó una polarización social: las aristocracias se sintieron más aristocráticas, se retrajeron y comenzaron a cultivar deliberadamente sus sentimientos minoritarios, en tanto que, por otra parte, se desarrollaba una política de contenido popular y, en algunos sectores, de carácter obrero y revolucionario. Respondió al refinamiento de las nuevas burguesías la estética del modernismo, que triunfó en Buenos Aires con la publicación, en 1896, de Prosas profanas, de Rubén Darío. El uruguayo Julio Herrera y Reissig y el argentino Leopoldo Lugones se encaminarían por esa vía. Pero fue José Enrique Rodó quien definió más precisamente una actitud aristocrática y estetizante como postura espiritual frente a la turbulenta aparición de las masas populares. Su Ariel, publicado en 1900, adquirió tal importancia que el “arielismo” fue considerado como la doctrina propia de los círculos cultos. Era una afirmación del valor del espíritu frente al materialismo triunfante, pero no solo el de las turbas groseras sino también el de las burguesías enriquecidas y obsesionadas tan solo por la conquista de groseros goces y de bienes tangibles. Era, por lo demás, una afirmación del valor del espiritualismo latino frente al pragmatismo anglosajón.

Entretanto, la burguesía en ascenso y las clases populares abrumadas por la miseria habían encontrado quienes expresaran su presencia: su concepción de la vida y sus problemas. El realismo comenzó a hacerse presente en el sudeste de América Latina en las últimas décadas del siglo, tanto en la literatura como en la plástica. Como actitud intelectual, el realismo tenía estrecho parentesco con la actitud sociologista del positivismo. Su preocupación era poner al desnudo la realidad sin preocuparse por la belleza o, por el contrario, desafiándola con la exaltación de lo grotesco. Tal fue el caso de Eugenio Cambaceres, el novelista argentino de Sin rumbo y En la sangre. Aunque con matices, perteneció a la misma tendencia toda la novela de la “generación del 80”, representada, con Cambaceres, por Lucio López, el autor de La gran aldea, y por Julián Martel, el autor de La Bolsa. Cosa semejante podría decirse con respecto a los cuentos de Eduardo Wilde o a las obras teatrales de Gregorio de Laferrère. Por la misma época, aunque con menos intensidad, aparece la misma tendencia en Uruguay con Daniel Muñoz y en las primeras obras de Carlos Reyles.

El realismo fue la tendencia renovadora que polarizó en Buenos Aires el entusiasmo de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en 1876, que tanto hizo por el desarrollo de las artes plásticas. Eduardo Sívori y Eduardo Schiaffino fueron, entre los propulsores, los que más se destacaron en la pintura. El desnudo, provocativo a veces, hizo irrupción en la cultura argentina, desafiando los prejuicios de una sociedad provinciana. Pero también hizo irrupción, con Ernesto de la Cárcova, el tema social de fuerte contenido polémico. Del año 1894 —precisamente el año en que Juan B. Justo fundó La Vanguardia, el periódico socialista— es su cuadro Sin pan y sin trabajo. Vinculada a aquella sociedad estuvo la fundación del Círculo Fomento de Bellas Artes, en Montevideo, en 1905. Carlos María de Herrera y Pedro Blanes Viale cumplieron papel semejante al de los citados pintores argentinos. Y también por esos años se fundó el Partido Socialista Uruguayo bajo la inspiración de Emilio Frugoni. Pocos años más tarde —y acaso en relación con el esteticismo finisecular— el pintor argentino Martín Malharro introdujo el impresionismo en el Río de la Plata.

Las ideologías de la cultura nacional. 1973

La Argentina vive el problema de la cultura nacional, de su cultura. Esta problematización significa que algo hay en ella que turba los espíritus, porque, en rigor, la cultura es creación espontánea de una sociedad, de modo que lo que en el fondo se cuestiona es la propia espontaneidad de la sociedad argentina. Es cosa grave. Es como si nos temiéramos a nosotros mismos; y seguramente es eso, puesto que tan preocupados nos mostramos por el llamado “ser nacional”, que muchos buscan como si estuviera objetivado fuera de nosotros, eterno e inmutable, cuando es solo en nosotros mismos donde se halla, histórico y cambiante.

Pero, afortunadamente, nosotros existimos y nuestra espontaneidad crea una cultura que se abre paso por encima de los esquemas que unos y otros enuncian, proponiéndole ciertas características con exclusión de otras. Con la palabra “ideología” voy a tratar de caracterizar esos esquemas, unos muy elaborados conceptualmente y generalmente importados, y otros más espontáneos y construidos en el fragor de los cambios sociales. Pero estoy persuadido de que la cultura argentina, aunque ha sufrido la influencia de todos ellos, los ha sobrepasado por la espontánea fuerza creadora de la sociedad. Este es, sin duda, un punto de vista de historiador. La cultura de una comunidad nacional no es obra de las ideologías de ciertos grupos, ni siquiera de los grupos hegemónicos en cada momento, sino del conjunto de la sociedad global a través de un trabajo sordo, continuo y espontáneo, en el que las ideologías se trituran e interpenetran para sumirse en un torrente múltiple y proteico. Es lícito que cada grupo luche por imponerle el matiz que cree mejor; es explicable que, polémicamente, afirme cada grupo que ese matiz es el único genuino; pero constituye, simplemente, un error científico suponer que una cultura nacional ha sido nada más que lo que cada grupo postula como válido, invalidando lo demás. Es una forma de maniqueísmo que el historiador no puede aceptar, puesto que su misión es conceptualizar la realidad global. Los historiadores ignoran muchas cosas, pero saben bien que todo lo que existe, existe.

Un análisis relativamente sencillo permite puntualizar las grandes corrientes ideológicas que han contribuido a formar la cultura nacional. Son corrientes bien conocidas, con un nombre aceptado y un contenido claro, que se constituyeron en Europa y fueron recibidas por nosotros. Pero hay otras menos conceptualizadas que han operado con no menor intensidad y que han surgido de situaciones espontáneas y de modos de vida propios. Todas se confunden en el proceso de formación de la cultura nacional y todas son válidas. No es la ocasión de discutir este tema, pero vale la pena acotar que la cultura griega —para muchos un modelo de coherencia interior— es el resultado de la confluencia de lo que después fue definido como lo apolíneo y lo dionisíaco. La satura el logos y la geometría, pero no la satura menos el orfismo. Y en el vasto caudal de la cultura cristiana coexisten felizmente San Agustín y Santo Tomás, el San Francisco del Cántico del Sol y el Santo Domingo de la Inquisición. A su escala, la cultura nacional argentina, obra de una sociedad heterogénea y móvil constituida en un mundo muy comunicado, aloja en su seno diversas ideologías recibidas —como Roma recibió el helenismo— y, además, ideologías primarias elaboradas al calor de ciertas formas espontáneas de vida que son también una creación y que, además, se han transmutado en formas estéticas o intelectuales. Ni en las sociedades puede haber réprobos y elegidos, ni en las tradiciones que confluyen en la creación de una cultura nacional puede haber fastas y nefastas.

Sería largo discurrir sobre los supuestos de estos puntos de vista. Las tres palabras del título que me ha sido propuesto —”ideología”, “cultura” y “nacional”— suscitan, como es bien sabido, complejos problemas conceptuales. Estas reflexiones solo rozan la cuestión, pero conviene atenerse al tema para poder esbozarlo siquiera en estas pocas páginas.

La ideología del ascenso socioeconómico

Antes y por debajo de toda ideología sistemática, la primitiva sociedad argentina —como todas las de Latinoamérica— se constituyó al calor de una ideología espontánea, que esconde su verdadera fisonomía detrás del idealizado espíritu aventurero. Hubo móviles declarados, altos y casi sublimes objetivos propuestos para justificar la conquista y la colonización de la tierra americana. Pero no hay duda de que cada uno de los que llegaban y permanecían se sentía movido por el afán de escapar de una situación dada y encontrar otra de más abiertos horizontes sociales y económicos. En esto consistía la aventura —la de los que acompañaban a Mendoza, a Aguirre, a Cabrera, a Garay—; y menos engañadora aún fue la aventura de los que vinieron a fines del siglo XVIII a ejercer el honrado comercio. No hubo muchos honores que alcanzar, como en México o en Lima, y pocos disfrutaron de las satisfacciones que, presuntamente, deparaba la hidalguía, pero todos imprimieron a la sociedad argentina —más, naturalmente, en Buenos Aires que en Salta— el aire de una estructura inestable con abiertas posibilidades de movilidad social.

Ciertamente, fue la ideología del ascenso socioeconómico el primer modelo de la sociedad argentina. Era una ideología espontánea, ajena a toda conceptualización, aunque bien se hubiera podido traer a cuento alguna frase de Aristóteles para formularla. Y precisamente porque fue espontánea tuvo fuerza tremenda y dejó una huella imborrable. Metafóricamente, América pudo ser llamado “el continente de la aventura”, pero lo que se quería decir es que era el continente de la movilidad social. No cuajó aquella ideología en ninguna creación estética o intelectual, pero saturó a algunas; y cuajó, en cambio, en un modo de vida, que es también una forma de creación cultural.

La ideología inmovilizadora

Lo poco que hubo durante el período colonial en el campo de la creación estética o intelectual, así como las formas de la vida institucionalizada, revelaron la presencia y la acción de una ideología inmovilizadora: la concepción oficial de la España de los Austria, que no era, por cierto, la de toda España, porque también eran España los comuneros, Lope y Cervantes. Pero era la concepción oficial, e implicaba una actitud autoritaria ante la vida, una imagen estática de la sociedad, una visión del mundo inspirada por la Contrarreforma. Implicaba, además, el designio de hacer del mundo hispánico un reducto al margen del mundo mercantil que se constituía en Europa. Si España quería perpetuar el pasado en medio del tumultuoso cambio, era natural que lo quisiese también para su imperio colonial.

Sin duda, no solo operó la ideología de los Austria sobre la vida oficial y la creación culta. Operó también constriñendo en alguna medida las tendencias de la ideología del ascenso socioeconómico. Pero no tuvo mucho éxito y más bien se transformó en una retórica, incapaz, por ejemplo, de contener la universal vocación por el contrabando. Lo que sí logró fue constituir un modelo de orden sociopolítico y cultural al que se acogieron, nostálgicamente, todos los estratos sociales que lograron ascender, al día siguiente de haber ascendido. Los que corrieron la aventura y triunfaron sostuvieron una y otra vez que había llegado el momento del orden. Pero el modelo que proponían no tuvo valor sino cuando, una y otra vez, cundió el miedo ante los procesos de cambio demasiado veloces o demasiado violentos. En la naciente sociedad fue un modelo de apelación, no un proyecto viable.

Fue después de la aparición de las ideologías de cambio —entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX— cuando se apeló enérgicamente a aquel modelo que nunca había tenido plena vigencia en la Argentina. Ciertamente, tampoco la había tenido profundamente en España, a juzgar por las imprecaciones de Quevedo; y cuando aparecieron allí las ideologías de cambio, se había transmutado en un autoritarismo vulgar, reivindicatorio de la fe sectaria y el casticismo. Tanto los carlistas como Fernando VII contribuyeron a elaborar una caricatura del orden que soñaran —y no lograron— Carlos V y Felipe II.

Más inspirada en Fernando VII que en Felipe II, la restauración de la ideología autoritaria e inmovilizadora fue propuesta por Rosas y quienes compartieron su imagen del país. Como en el carlismo español, la apelación a lo castizo —aquí, lo gauchesco— entrañó cierta xenofobia que recogía la antinomia EspañaEuropa, en la que España significaba la tradición y Europa el cambio; o acaso España la ortodoxia postridentina y Europa la herejía; o quizá también España la soberbia impotencia para conducirse en el mundo mercantil y Europa el éxito en el mundo de los negocios. Hubo en la Argentina quien lanzó el grito de “Religión o muerte” como en España se gritaba “Vivan las cadenas”. Pero hubo también quien no fue tan xenófobo en la práctica y procuró amoldar su conducta práctica a las tendencias predominantes en los puertos, hitos del mundo mercantil.

Cumplido en Caseros el ciclo de la ideología de la restauración, volvieron a predominar las ideologías de cambio. Pero el viejo modelo de los Austria y sus transmutaciones castizas sobrevivieron como modelos de apelación. El espectáculo que ofreció la sociedad inmigratoria contribuyó a idealizar la sociedad tradicional y robusteció la severa imagen de un mundo urbano de patricios y un mundo rural de peones y estancieros coincidentes en los mismos ideales. Hernández prestó su calidad poética a esa idealización, y le prestaron su fácil vena narrativa Lucio López y Eduardo Gutiérrez. Pero es difícil imaginar una Argentina de patricios y gauchos buenos. Solo la nostalgia explica y justifica la idealización.

Entretanto, la ideología inmovilizadora contribuyó poco a la creación estética e intelectual, porque ni siquiera toda la literatura gauchesca corresponde a esa línea. Mucho, en cambio, ha contribuido a delinear una forma de vida que supone todo un sistema de valores. Podríamos llamarle una forma señorial de vida, si desde el comienzo no resultara un poco irónica la denominación. En la Argentina no ha habido más señores que los que han resuelto serlo por un acto unilateral de voluntad, porque no deben confundirse los señores con los propietarios. La forma señorial de vida, con todo, adquirió un ligero aire de legitimidad en quienes ejercieron ese poder que otorga la sociedad dual con relaciones de dependencia consentida. Pero no fue lo más grave. A partir de cierto momento —quizás hace cien años, o mejor, hace cincuenta años— ciertos sectores de alta o mediana burguesía empezaron a remedar a aquellos grupos y a adoptar su sistema de valores y, sobre todo, sus costumbres, sus usos, sus modos verbales. Pareció la Argentina una sociedad barroca cuyos sectores altos, compuestos por un número inestimable de caballeros del Greco, creyeran en su aristocracia esencial. El desorden los impulsó a pensar en la monarquía. Muchos creyeron luego que era más seguro confiar en las formas que toma el autoritarismo en las sociedades de masas.

Las ideologías de cambio

Si las ideologías inmovilizadoras y autoritarias constituyen el telón de fondo de la cultura argentina, las ideologías de cambio levantan una y otra vez sus banderas. Ideologías de cambio fueron el liberalismo, el romanticismo social, las doctrinas revolucionarias adscriptas a la aparición del nuevo proletariado industrial, las doctrinas filosóficas del sensualismo, la ideología o el positivismo.

En su primer avatar, la ideología liberal llegó a través de su versión española: fue un progresismo económico —mercantilista o fisiocrático— al que se agregaba ese vago humanitarismo que caracterizó la política del despotismo ilustrado. Nada cabía en ella que se refiriera al ejercicio del poder o a la fe religiosa. Pero en su segundo avatar la ideología liberal se nutrió en fuentes francesas e inglesas y alcanzó un carácter más radical. Fue jacobina, agnóstica si no atea, anticlerical sin duda, y agregó a las aspiraciones económicas otras relacionadas con la vida política y social.

La primera vertiente de la ideología liberal vino empujada desde la España borbónica por los “afrancesados” y ayudó a desencadenar el proceso de la independencia. La segunda prosperó después de la independencia y se vio contenida —y execrada— por la restauración inmovilizadora y autoritaria. Pero la ideología liberal estaba destinada a triunfar. Y no porque en abstracto fuera mejor sino, simplemente, porque posibilitó dos cosas que casi todos querían: una fue la justificación de la siempre vigente ideología del ascenso socioeconómico, y otra porque permitió poner al día al país, en un mundo en el que el aislamiento con que había soñado Felipe II se hacía cada vez más difícil a causa de la creciente presión y de los estímulos del mundo mercantilista. Eran épocas en que los negocios se multiplicaban y las fortunas parecían alcanzables. Era, precisamente, cuando Juan Cruz Varela escribía poesía neoclásica, cuando se construía el frente neoclásico de la Catedral de Buenos Aires, cuando enseñaban las doctrinas del sensualismo y la ideología Lafinur, Fernández de Agüero y Alcorta.

Acompañó a la ideología liberal, entremezclándose con ella, la del romanticismo social. Si la primera inspiró la vida política y económica ofreciendo soluciones inmediatas, la segunda buscó explicar los fenómenos de cambio social y trató de promover una política a largo plazo. El mismo Rosas, en la carta de la hacienda de Figueroa, participa de esas ideas, que presidieron la obra de sus dos grandes adversarios, Alberdi y Sarmiento. Pero aun los que escogieron el camino del romanticismo social para la indagación de las causas, se inclinaron por la ideología liberal, transmutada ahora en una teoría del progreso, cuando quisieron encontrar soluciones. La política y la economía siguió ese cauce, mientras se pedía al positivismo una teoría del mundo, de la sociedad, de la educación y se buscaba en el naturalismo una fórmula para traducir estéticamente las nuevas experiencias de las sociedades en cambio. Fue la generación del 80 la que hizo la síntesis de todas estas actitudes y fijó un estilo de vida.

Ese estilo perduraría durante varias décadas, como expresión de un sistema generalmente consentido pero que manejaban con clara conciencia las clases altas comprometidas con el poder, la economía y la cultura. Acaso ese estilo, que debía tanto a Renan como a Napoleón III, perduró en esas clases hasta 1930; pero ya por entonces las cosas habían cambiado. Las clases altas se habían retraído frente a la nueva sociedad criollo-inmigratoria que se insubordinaba y cerraba sus filas, sin duda porque no sabían enfrentar la nueva situación. El escepticismo —mal consejero— hizo presa de ellas, y después de haber consentido en una amigable transferencia del poder, comenzaron a añorar el orden: unos el de Felipe II y otros el de Mussolini.

Otra vez la ideología del ascenso socioeconómico

El hecho decisivo en el último siglo de la vida argentina ha sido la transformación de la sociedad por obra de la inmigración en masa. Localizada preferentemente en el litoral, la inmigración imprimió su sello a esta región, a la capital, que era como el escaparate del país, e indirectamente al país todo. Y ese sello fue el de la ideología predominante —o excluyente— en los grupos inmigrantes, que fue la del ascenso socioeconómico.

Esa ideología tuvo una fuerza arrolladora y empalmó con sus antiguos avatares: en poco tiempo no solo aspiraban a “hacer la América” los que acababan de llegar para hacerla, sino todos los que estaban en ella, muchos de los cuales ya la habían hecho y pensaron en volver a hacerla. Triste es decirlo, llegó a ser, sobre el filo del nuevo siglo, la ideología nacional. No necesitamos un Guizot que nos dijera: “¡Enriqueceos!”, porque todos conocían la receta. Y no hay duda de que aún sigue prevaleciendo, pese a la progresiva integración social que parece observarse y a las diversas formas de enmascaramiento que utiliza.

Esa ideología se expresó en un estilo de vida y en una forma de mentalidad, pero muy pronto se advirtió que se proyectaba en cierta forma de creación. Mientras las clases tradicionales seguían adheridas a los modelos europeos, las nuevas clases populares criollo-inmigratorias coincidieron en la creación de una cultura espontánea de insospechada fuerza en la zona litoral y, sobre todo, en Buenos Aires. Formas de esa cultura espontánea fueron las hablas que aparecieron —el cocoliche, el lunfardo—, la canción orillera —el tango—, y un género de espectáculo, circense primero y teatral después, que expresaría de manera inequívoca todos los sentimientos nacidos de las nuevas situaciones sociales: el sainete. Hubo, pues, durante algunas décadas, dos culturas argentinas enfrentadas, tanto en el sentido antropológico como en el sentido estético e intelectual. El enfrentamiento tomó forma en el campo de la política al constituirse el radicalismo, principista en su primera etapa y personalista después cuando Yrigoyen se convirtió en el símbolo de la lucha de las clases populares contra el privilegio, esto es, de las más vehementes aspiraciones a la participación.

Los reflejos

Frente al crecimiento del sector popular criollo-inmigratorio, y frente al desarrollo y a la aceptación de sus nuevas formas creadoras, la sociedad tradicional se abroqueló para defender lo que había creado. Su actitud política se hizo conservadora. Su estética se hizo retórica, y acaso sus representantes más significativos fueran Rafael Obligado y Calixto Oyuela, hasta que cierta tendencia aristocratizante aconsejó aceptar la estética del modernismo. Y el aristocratismo movió a acentuar los rasgos señoriales, llamémosles así, de su modo de vida. Era un aristocratismo un poco farisaico, y no faltó mercader enriquecido que se sintiera, en la época del Centenario, heredero de la tradición calderoniana del honor español. La sociedad tradicional se hizo conservadora al principio, pero a medida que se precipitó el proceso social se inclinó hacia posiciones definidamente autoritarias: Lugones —ex anarquista en política y modernista en literatura— proclamó que había llegado “la hora de la espada”.

Pero, entretanto, la cultura popular ganó las clases cultas y se insinuó en la estética del grupo Martín Fierro en extraña conjunción: la musa arrabalera adquirió matices ultraístas. Lo popular espontáneo triunfaba mientras languidecían las ideologías revolucionarias —el anarquismo, el socialismo— que habían pretendido orientar las actitudes políticas de las nuevas masas. Fracasó Juan B. Justo lo mismo que Felipe II. En rigor, con lo popular espontáneo triunfaba una vez más la ideología del ascenso socioeconómico. Esa es la que sigue vigente y la que encuentra su expresión en los nuevos movimientos multitudinarios posteriores a 1943, pese a contradictorias apariencias.

¿Hay otras ideologías en la Argentina? Los últimos años han visto aparecer muchas, tantas que sus enfrentamientos recuerdan las épocas de las guerras religiosas en las que se combatía por la interpretación de un salmo. Pero, salvo alguna excepción, todas las ideologías coinciden en revisar la posición de las clases privilegiadas: tanto que la derecha ha decidido llamarse “centro”. Lo más importante es que parece crecer cierta tendencia a la autenticidad. No importa que algunos amenacen con cierto nacionalismo agresivo y que se hable demasiado de liberación. Por debajo de esas expresiones late un afán auténtico de ser auténticos, en una sociedad que encuentre su camino dentro de los insoslayables esquemas del mundo industrial. Por eso las ideologías oscilan entre el polo del desarrollismo y el de las doctrinas y las estrategias de Trotsky y Mao.

Todo hace suponer que la cultura argentina encontrará a breve plazo una fisonomía más definida, por la simple razón de que cada vez es más definido el carácter de la sociedad argentina. Mucho se ha andado en el proceso de su integración, y parece que el tiempo ha hecho su obra. Los argentinos dejaremos de estar a la defensiva —para glosar la frase de Ortega— y escaparemos a esa obsesión retórica que ha paralizado o neutralizado su creación en las últimas décadas. Quizá dentro de poco nadie se sienta tentado de indagar la peculiaridad del “ser nacional” y acaso nos decidamos definitivamente a escribir como hablamos, como sentimos y como pensamos. Parece cosa fácil, pero no lo es. Y, sin embargo, lo único que necesita una cultura que quiere ser nacional es ser espontánea y auténtica.