El pensamiento político de la derecha latinoamericana. 1970

El pensamiento político de la derecha

El examen del pensamiento político de la derecha latinoamericana suscita un conjunto de problemas que se relacionan tanto con las situaciones socioeconómicas como con las corrientes políticas y los movimientos de opinión. Sería una abstracción peligrosa realizar ese examen en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales, o sorteando el análisis de las relaciones entre el pensamiento de la derecha y el de las demás corrientes políticas. Ningún movimiento ideológico o político puede entenderse sino dentro del juego de situaciones reales y de controversias en que surge y se desarrolla. Pero en el caso particular del pensamiento de la derecha el riesgo se acentúa, porque con ese nombre no se define una doctrina concreta —como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo— sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes bá-sicas, y el conjunto configura una corriente política cuyo sentido fundamental está en relación inmediata con los problemas en juego en cada momento y con las doctrinas y actitudes del centro y de la izquierda, a su vez conjuntos también complejos y con frecuencia definibles ideológicamente sólo por sus contrarios. De todos modos, este ensayo debe ceñirse a su tema específico, y las incursiones en otros terrenos serán tan breves como la claridad lo permita, limitándose su desarrollo a lo estrictamente necesario para ofrecer el cuadro de las circunstancias, los hechos y las ideas indispensables. Tiene, sin duda, el pensamiento político de la derecha un interés singular en Latinoamérica. Pero empecemos por decir que tiene un interés fundamental en todas partes y en todas las épocas, en relación con ciertas peculiaridades del conocimiento histórico social que vale la pena destacar.

Tal como se conciben los procesos históricos sociales desde la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo, tal como se concibe su examen y su exposición, parece normal que el acento se coloque sobre los fenómenos de cambio, esto es, sobre las fases dinámicas de los procesos. Es esto una consecuencia del predominio de la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso, tal como la elaboraron Voltaire o Condorcet. De esa concepción ha quedado como una secuela —aun después de haber perdido vigencia— la tendencia a suponer que el análisis histórico se relaciona casi exclusivamente con los procesos de cambio. Sin duda, las escuelas institucionalistas y sociologistas y últimamente el estructuralismo, han manifestado una inequívoca proclividad a la descripción de situaciones y estructuras, respondiendo a aquella tendencia con otra —acaso igualmente peligrosa— que supone cierta inmovilidad en las situaciones y estructuras. Pero ambas entrañan el mismo riesgo de falsear la imagen de la vida histórico social.

Es explicable que el examen de los procesos de larga duración parezca tolerar su descripción como si se tratara de situaciones inmutables. Pero es bien sabido que no son tales y que el proceso de cambio es permanente. Hay, sí, estructuras y situaciones que sólo cambian con ritmo muy lento; en tanto que otros planos de la vida histórica cambian con ritmos más acelerados. Esta diferenciación es lo que solía estar ausente en la concepción historiográfica fundada en la idea de progreso. La descripción de los fenómenos de cambio —entre los que parecían necesariamente más importantes los más acelerados— predominaba sobre el análisis de las situaciones en las que el cambio se realiza y, en consecuencia, dejaba en la penumbra los fenómenos que la resisten, generalmente pasivos y poco visibles, pero cuya persistencia explica las violentas irrupciones de fuerzas que, en cierto momento, interrumpen el sentido del cambio, operan pretendidas restauraciones y modifican la dinámica de la vida histórico social.

Sin duda han sido los historiadores pertenecientes a la derecha ideológica los que han subrayado más insistentemente la capacidad de perduración de ciertos planos de la vida histórica en relación con los procesos de cambio, con las revoluciones. No es difícil observarlo a través de la historiografía relacionada con las revoluciones inglesas del siglo XVII, con la Revolución Francesa de 1789, con las revoluciones latinoamericanas de principios del siglo XIX, con la Revolución mexicana de 1910, con la Revolución rusa de 1917. Cierto es que con frecuencia sólo hallamos una inversión en el sentido de la apologética; pero aun así es importante, puesto que ayuda a incluir en el análisis objetivo y científico de la dinámica de la vida histórico social los elementos situacionales e ideológicos que revelan la resistencia activa al cambio y, además y en particular, los que revelan la perduración de situaciones que no fueron alcanzadas por el proceso de cambio acelerado, estableciendo el alcance deliberado o espontáneo del cambio mismo: para este objetivo es, pues, singularmente importante el examen de las actitudes y del pensamiento de la derecha, como expresión y testimonio del significado social y cultural que cierto sector asigna a aquello que, en el proceso de cambio, logra permanecer casi inalterable.

Advirtamos desde ahora que este examen no es fácil. La derecha, por su propia naturaleza, no suele elaborar proyectos y es reacia a fundamentar doctrinariamente su conducta. Un historiador y sociólogo brasileño que la representa bien, Oliveira Vianna[1] define muy explícitamente esa tendencia, refiriéndose a los estadistas conservadores del Brasil, pero en términos que tienen validez general:

Al concebir y realizar su monumental sistema de gobierno y administración del país, los grandes políticos imperiales obran como espíritus positivos, jugando con los datos de la realidad objetiva, teniendo a la vista los hechos concretos de nuestra vida nacional. Pueden invocar, para justificar sus actos o sus creaciones, el apoyo de teorías extranjeras, de sistemas e instituciones de otros pueblos, pero eso es apenas por condescendencia hacia el espíritu de la época, para dar un color doc-trinario y filosófico a las ideas sugeridas por el mundo objetivo que los rodea. Los constructores de nuestra unidad política son ante todo hombres prácticos, políticos experimentales, que nunca pierden de vista las condiciones reales del pueblo ni las particularidades de su mentalidad.

La observación puede, ciertamente, generalizarse, no sólo porque, de hecho, es más difícil encontrar textos reveladores del pensamiento político de derecha que de cualquier otra corriente de opinión, sino también porque es evidente que ciertas actitudes y opi-niones encuentran en las situaciones reales un fundamento mucho más sólido que el que puede ofrecerle el pensamiento doctrinario. Por lo demás, el uso de ideas tradicionales para la defensa y justificación de las ideas vigentes no origina, en general, sino una literatura de propaganda de escasa originalidad. No obstante, la derecha ha producido testimonios de extraordinario valor, especialmente por su coherencia interior; pero no siempre es fácil distinguir cuándo son simples reiteraciones de un pensamiento de elaboración secular y cuándo son juicios nacidos del examen de las situaciones reales. Acaso el interés general que, por las razones señaladas, tiene el análisis del pensamiento político de la derecha, se acentúe actualmente en Latinoamérica por el hecho de que, en muchos países, los grupos que lo sustentan han tomado la iniciativa en los últimos tiempos. Conviene establecer claramente el sentido de esta afirmación, porque entraña una posición metodológica que habrá de advertirse a lo largo de todo este ensayo. No me refiero aquí solamente a los netos partidos políticos de la derecha, cuyo poder de iniciativa puede ser equivalente al de otros sectores. Me refiero, específicamente, a las fuerzas económicas y sociales de la derecha, enérgicamente resueltas a defender sus posiciones contra la ofensiva de vastas mayorías no poseedoras y que operan especialmente como grupos de presión a través de diversos regímenes políticos, aun cuando no sean estos específicamente de derecha. Esas fuerzas buscan sus propias soluciones, pero a través de un sistema de ideas —que suelen llamar su “filosofía” — que entraña un diagnóstico del sentido general que deben seguir las sociedades latinoamericanas en el curso de su desarrollo. Hay en ese sistema de ideas un ajuste de viejos esquemas a las circunstancias nuevas; pero este ajuste es muy variable y siempre significativo, porque aunque la derecha responde a la situación menos cambiante, pone, empero, de manifiesto el nivel de cambio producido en las estructuras a través de los procesos de larga duración: y aunque expresa la resistencia al cambio, pone de manifiesto también el nivel de tolerancia que ha alcanzado, en virtud del cual erige en cada caso una nueva línea de defensa, transaccionalmente establecida.

La perduración de estructuras socioeconómicas muy antiguas en Latinoamérica otorga particular gravitación a los grupos de derecha y a su pensamiento político. Pero no es esa la única causa de la influencia de esos grupos. Las estructuras arcaicas se combinan con otras más modernas, pero que han engendrado ya en su seno sectores resueltamente adversos a nuevos cambios. De aquí la proteica figura que ofrece la derecha latinoamericana, cuya composición, como grupo social, será necesario señalar antes de exponer su pensamiento.

Como se habrá observado, y sin perjuicio del análisis que constituye el tema del primer capítulo de este ensayo, la idea de derecha aparece necesariamente unida a la idea de resistencia al cambio, con lo cual parecería clara la identificación entre derechas y grupos conservadores. Empero, no es absolutamente así. A veces ha sido imprescindible usar otros criterios más matizados, de modo que la caracterización de un movimiento o de una persona como perteneciente a la derecha puede obedecer a uno de ellos, lo cual puede engendrar ciertas confusiones, y las conclusiones extrañar al lector.

Conviene, pues, no perder de vista los criterios utilizados en cada caso, y las relaciones, a veces aparentemente contradictorias, entre ellos.

Para resolver algunos de los problemas que acabo de mencionar, he utilizado una nomenclatura no siempre ortodoxa. Pero confío en que las caracterizaciones de cada grupo social y de cada corriente de pensamiento servirán para proveerlas de un contenido inequívoco. Grupos sociales y corrientes de pensamiento serán presentados históricamente, incluso cuando en cada momento se señalará que ni unos ni otras se extinguen, conviene insistir aquí en que la idea que preside este análisis es que los grupos de la derecha tienen una composición acumulativa, en virtud de la cual coexisten situaciones y tradiciones de diferente data. Sólo teniendo presente este carácter podrá entenderse bien el comportamiento y las ideas de la derecha latinoamericana.

1. Cuestiones previas

Dos problemas conceptuales parecen previos al análisis del pensamiento político de la derecha latinoamericana.

El primero es el problema del área, puesto que la idea misma de Latinoamérica, concebida como una unidad, requiere algunas precisiones.

El segundo, y más importante, es el de la caracterización de la derecha como grupo socioeconómico, político y cultural, puesto que, a poco que se ajusten los criterios, se advierte que se trata de un complejo heterogéneo al que no se puede asignar una sola línea de pensamiento.

La cuestión de la unidad y diversidad del área latinoamericana

La posibilidad de analizar, caracterizar y describir el pensamiento político de la derecha latinoamericana supone cierta homogeneidad en esa área que no es absolutamente obvia. No sería fácil, por ejemplo, incluir en una sola formulación los caracteres de las clases medias en Chile y Colombia, en Paraguay y México, en Argentina y Ecuador; del mismo modo es difícil incluir en una sola formulación los caracteres de las clases altas tradicionales en esos mismos países, teniendo en cuenta, además, que el examen debe incluir al Brasil; y de tales dificultades puede inferirse que deberá matizarse mucho la caracterización del pensamiento político de la derecha, del que puede decirse que es el más apegado a las situaciones y, en consecuencia, el menos ideológico —en sentido estricto— de los pensamientos políticos. Empero, precisamente, por ser el pensamiento más apegado a las situaciones vigentes, permite un cierto grado de generalización, puesto que lo que más unidad confiere al área latinoamericana son, sin duda, las situaciones originarias, en tanto que los desarrollos posteriores tienden a una acentuada diversificación. Vale la pena detenerse un instante en esta observación.

La unidad del área latinoamericana fue postulada por la Europa conquistadora y colonizadora. No existía antes ni existió intrínsecamente después. Pero los impactos europeos sí fueron homogéneos en toda su extensión y crearon cierta unidad en el armazón del área de mestizaje y aculturación que se constituía. Con ligerísimas variantes, el régimen de la tierra y los lazos de dependencia que sujetaban a las poblaciones indígenas se establecieron según normas semejantes en toda el área hispánica y en el área lusitana, y condujeron a la creación casi súbita de una singular estructura socioeconómica que constituyó el fundamento casi inconmovible de la vida social latinoamericana. El vigor con que esa estructura resistió, ya en 1542, a los esfuerzos de la corona española por modificarla, explica cómo ha podido sobreponerse a otros embates posteriores, modificarse ligeramente para adecuarse a nuevas circunstancias externas e internas, y subsistir, incluso hasta hoy, en algunas regiones.

Pero no fue este impacto originario el único de los impactos europeos que contribuyó a prestarle unidad al área latinoamericana. Un fenómeno semejante ocurrió por la misma época en el campo de la organización política y en el campo de la cultura. Un sistema de formas institucionales, un haz de principios morales y políticos y de tradiciones culturales —con los pequeños matices que separaban en el siglo XVI a España y Portugal— crearon un conjunto de ínsulas análogas a través del vasto continente, fuera de las cuales, sin embargo, empezó a elaborarse trabajosamente un mundo marginal, en el que se fueron insinuando nítidas diferencias regionales que crista-lizarían poco a poco y alcanzarían claros perfiles en el siglo XVIII.

Pero ya mientras se producía esa diversificación, nuevos impactos europeos crearon otros principios de unidad. El mundo de la economía mercantil reclamó del mismo modo a las distintas regiones, ofreció los mismos incentivos, ejerció las mismas coacciones, y contribuyó a operar en el seno de las diversas sociedades las mismas transformaciones de las que surgieron nuevas burguesías urbanas que, al par que introducían nuevas líneas de desarrollo en el seno de la comunidad, arrastraban hacia sí a las viejas clases poseedoras de la tierra para inducirlas a modificar sus actitudes y su mentalidad. Pero aquel desarrollo homogéneo en cuanto a las presiones que lo habían desencadenado, adoptó muy pronto formas regionales diferenciadas, que se definieron fuertemente al producirse la emancipación. A partir de entonces la diferenciación se acentuó; pero no sólo, ni principalmente, dentro de los nuevos marcos nacionales creados por el principio del uti possidetis, sino dentro de las áreas regionales que se habían esbozado espontáneamente, según determinaciones geográficas más o menos estorbadas o favorecidas, por las peculiaridades del desarrollo económico o la arbitrariedad del sistema administrativo. Los fenómenos de anarquía y de guerra civil y los vagos clamores en favor de una organización federativa reflejaron ese conflicto entre nación y región, entre orden institucional y sentimiento comunitario, que se había gestado en el seno de otro conflicto más profundo entre el orden uniforme impuesto desde fuera y el desarrollo espontáneo y diferenciado que la vida social había suscitado, al margen de las coacciones externas.

Empero, nuevos impactos externos contribuyeron a robustecer ciertos rasgos comunes a toda Latinoamérica. Con la Revolución industrial, Europa modificó rápidamente tanto los sistemas de producción como las formas de vida, y tales cambios repercutieron sobre toda su periferia. Latinoamérica sintió otra vez los estímulos y las coacciones que provenían del foco alrededor del cual giraba su vida económica, social y cultural, y respondió operando ciertos cambios para adecuarse a la nueva situación. Pero no fueron en todas partes los mismos. Nuevas diversificaciones se operaron con las va-riadas respuestas ofrecidas a los mismos estímulos, y una vez más las contradicciones se acentuaron entre el desarrollo local espontáneo y las determinaciones exógenas que colocaban toda el área latinoamericana en situación análoga con respecto a los núcleos de los que dependía.

Fenómenos semejantes se produjeron en el orden de la cultura. El sistema de ideas medievales que ordenó la vida de los primeros grupos colonizadores fraguó con los esquemas de la estructura socioeconómica señorial en el siglo XVI. Casi no hubo fisuras en él; pero los impactos del pensamiento moderno, de la Ilustración, del liberalismo, del romanticismo, del positivismo, del socialismo, del fascismo, no sólo produjeron sucesivamente enfrentamientos vigorosos con aquel sistema y sus secuelas, sino que provocaron curiosos y variados casos de reelaboración doctrinaria, al compás del uso que se hacía de cada sistema ideológico para interpretar y modificar la realidad.

Es lícito, pues, considerar en el conjunto latinoamericano una corriente de pensamiento tan arraigada en las situaciones reales como lo es el pensamiento político de la derecha, porque tales situaciones fueron homogéneas y subsistieron en buena parte a pesar de todos los cambios operados desde el siglo XVIII. Pero es necesario atender a esos cambios, porque ellos no fueron homogéneos. Por eso sólo se advierte en sus fibras profundas cierta unidad en el pensamiento de la derecha latinoamericana, en tanto que en otras se advierten peculiaridades evidentes que obligan a una constante matización.

Empero, no es éste el más confuso de los problemas que se presentan. Es necesario, antes de atribuir a la derecha un cierto tipo de pensamiento, indagar qué grupos sociales la componen y, sobre todo, qué tradiciones arrastran. La derecha es hoy un conjunto proteico, y cada una de las fisonomías que ofrece esconde un enigma histórico.

La cuestión de la caracterización de la derecha

No abundan los estudios dedicados específicamente al análisis de la peculiar composición de las formaciones o movimientos considerados como de derecha en Latinoamérica. No se trata, en efecto, de un partido, sino de una conjunción de grupos que coinciden en una actitud política. Hay en su seno, quizá, partidos; y éstos han sido estudiados en muchos casos dentro de los procesos políticos generales.

Pero esas conjunciones sobrepasan el alcance de los partidos. Para entender su composición es menester, pues, no limitarse a ver en ellas grupos políticos de opinión; sin descuidar éstos, es necesario, sobre todo, establecer cuáles son los grupos sociales que se movilizan políticamente para constituirlas.

A primera vista se advierte que la expresión “derecha” corresponde a una actitud política muy general en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización. La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces; pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios —los grupos “democráticos“, “progresistas”, “izquierdistas”, “liberales“, o como en cada ocasión se califiquen—, los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. De aquí una cierta tendencia a definir la derecha, en el plano teórico, como un conjunto homogéneo.

Una fórmula usual es asimilar la derecha a la burguesía, entendida ésta como parte del sistema burguesía-proletariado. Esta fórmula es metodológicamente inapropiada en el caso particular de Latinoamérica, porque supone que el concepto “burguesía” es inequívoco y que conocemos claramente su contenido. Es bien sabido, en cambio, que no hemos precisado bien los contenidos del concepto “burguesía”, y si aceptamos la asimilación, no hacemos, en rigor, sino trasladar el problema, del concepto “derecha” al concepto “burguesía”. El problema se complica aún más, pues su antítesis en Latinoamérica no es lo que entraña en otras áreas el concepto “proletariado” ; y no constituye una tarea menos compleja establecer qué es exactamente lo que se opone a la derecha.

Menos inapropiada, aunque en pequeño grado, es la asimilación de la derecha a lo que vagamente se suelen llamar las clases dominantes. En Latinoamérica las clases dominantes se han constituido a través de un proceso singular que le ha prestado una fisonomía equívoca, cuya expresión es un comportamiento político confuso.

Derechas e izquierdas se han diferenciado, por lo demás, en el seno de las clases dominantes, a través de la oposición de los distintos sectores que procuraban alcanzar el poder político para perfeccionar y consolidar su poder económico social. Parecería, en consecuencia, ser lícito un uso absoluto y otro relativo de la calificación. Conviene, pues, renunciar por ahora a una definición simplista y atenerse a los resultados matizados, aunque quizá menos precisos, que ofrezcan un examen empírico de los grupos sociales y políticos que han sido considerados como de derecha. Pero aun este método presenta serias dificultades, porque la asignación de tal calificación no ha obedecido siempre a un mismo criterio; por lo contrario, parece evidente que han funcionado indistintamente dos: un criterio político y un criterio socioeconómico.

Si analizamos el criterio político, se observa que han sido considerados como de derecha los grupos que han hecho un uso autoritario del poder, estableciendo dictaduras o perpetuando oligarquías, que han negado —sea a la mayoría del pueblo, sea tan sólo a la mayoría de los sectores con participación en la vida política— los derechos y las libertades que consagraban el derecho natural y, en especial, los que consagraban las doctrinas racionalistas elaboradas desde el siglo XVII.

Ha sido la mentalidad liberal, tal como funcionó desde mediados del siglo XVIII, la que prefirió este criterio. A partir de muchas experiencias concretas, quedó tácitamente admitido que la dictadura o la oligarquía definen una actitud de derecha, y que la existencia de un vigoroso aparato represivo, la inexistencia de la libertad de conciencia o, en general, la violación o la negación de los derechos del hombre y del ciudadano, constituyen signos inequívocos de esa actitud política.

Empero, el criterio político no ha sido coherentemente utilizado. En ocasiones se ha admitido como legítima una “dictadura liberal“, esto es, el ejercicio autoritario del poder por parte de un grupo dispuesto a imponer un sistema liberal. Las circunstancias han sido proporcionadas por la vigorosa oposición de ciertos grupos antiliberales de raíz señorial, unas veces, o por la amenazadora actitud de grupos democráticos de pequeña burguesía o grupos populares con vagos anhelos de justicia social, otras. La necesidad de defender lo que se entendía por libertad pareció justificar la restricción de la libertad. Este principio reconoce como antecedente y fundamento la concepción del despotismo ilustrado, que sin duda inspiró a muchos grupos liberales latinoamericanos, especialmente frente a la vigorosa influencia de la Iglesia Católica, apoyada por los grupos sociales superiores.

Si analizamos el criterio socioeconómico, se observa que han sido considerados de derecha los grupos que han defendido el mantenimiento incólume de las tradicionales estructuras socioeconómicas y socioculturales, cuyo fundamento arraiga en el ordenamiento colonial. Esta defensa supone una acción política, emprendida al insi-nuarse un ataque que amenace o vulnere esa estructura, esto es, un intento de cambio socioeconómico, de modo que esa política puede ser definida como un movimiento de resistencia o de oposición al cambio.

Así caracterizada, la derecha no manifiesta fundamentalmente una actitud política sino una actitud socioeconómica y sociocultural. Usando este criterio, el ejercicio autoritario del poder no es necesariamente de derecha: lo es cuando tiene por objeto impedir el cambio, y no lo es, por lo contrario, cuando está puesto al servicio del cambio.

La utilización del criterio socioeconómico modifica, entonces, sustancialmente el enfoque del problema, y suscita nuevas cuestiones que es necesario tener presente. Si en diferentes circunstancias la adjudicación de la calificación de “derecha” ha sido equívoca se debe, sin duda, a la diversidad de los tipos de cambio que se han insinuado o producido en Latinoamérica. Descartemos los simples reemplazos de grupos o personas que disputan el poder dentro del mismo sistema, porque en ese caso parece lícito aplicar el primer criterio. Cuando se trata de cambios socioeconómicos pueden distinguirse dos instancias claramente diferenciables, aun cuando admiten, a su vez, varios matices importantes. La primera instancia es el conato de cambio de las estructuras señoriales de raíz colonial por una estructura liberal-burguesa, con supresión de los mayorazgos, del esclavismo, del sistema servil del trabajo indígena, de los monopolios y, al mismo tiempo, con una modernización del sistema empresarial, con la participación de capitales extranjeros, con incorporación al mercado mundial y con una vasta renovación del aparato técnico: es la instancia liberal-burguesa, promovida por las burguesías urbanas y, a veces, por los sectores progresistas de las clases terratenientes. La segunda es el conato de cambio de la estructura señorial o de la estructura liberal – burguesa, indistintamente, por otra en la que predominen, sobre los principios de la libre competencia, los principios de la justicia social, con intervención estatal, unas veces, o con control de las clases no poseedoras, otras. Estas dos instancias entrañan, como se ha advertido, algunos matices intermedios sobre los que será menester detenerse en el análisis particular, pero constituyen la trama gruesa del proceso de cambio.

Según el tipo de cambio propuesto, sus promotores definirán como derecha a grupos diversos: los grupos liberalburgueses, solamente a las clases señoriales; pero los grupos partidarios de sistemas fundados en el principio de la justicia social —sean nacionalistas, nazifascistas o izquierdistas de tipo marxista en cualquiera de sus grados, demócratas cristianos o liberales evolucionados— definirán como derecha no sólo a las clases señoriales sino también a los grupos liberalburgueses sostenedores de las teorías del neoliberalismo o, simplemente, del libreempresismo. Este distingo explica claramente el uso equívoco de la calificación de derecha —que es fluido y a veces aparentemente contradictorio—, así como la notoria heterogeneidad que suelen tener, de hecho, los grupos caracterizados unívocamente con esa calificación por sus adversarios.

El análisis de los dos criterios utilizados de manera habitual —con frecuencia poco rigurosa— demuestra no sólo que ninguno de ellos es suficiente, sino también que los dos son imprescindibles y deben combinarse para intentar un examen objetivo de la cuestión.

La cuestión propuesta supone, en primer lugar, una caracterización de los grupos sociales que integran las fuerzas políticas que reciben en cada caso la calificación de “derecha” y, en segundo lugar, una caracterización del pensamiento político que, en cada caso, esas fuerzas políticas adoptan, expresan o, simplemente, ponen de manifiesto a través de su comportamiento. Pues bien, para el primer aspecto de la cuestión, el criterio político permite identificar ciertos grupos sociales que no corresponden exactamente ni a las burguesías ni, en forma más general, a las clases dominantes, y que se suman a las fuerzas políticas de derecha.

En primer lugar, se advierte la presencia de grupos estrictamente ideológicos, cuyos miembros participan de ciertas ideas que no están necesariamente vinculadas con su origen o su posición social. Son unas veces temperamentos religiosos o metafísicos cuya forma mentís está caracterizada por la creencia vehemente en la existencia de orden perenne y para quienes, psicológicamente, el cambio supone siempre un mal: la decadencia, la perversión, el caos. Ese orden posee a sus ojos fundamentos absolutos, y ha sido amenazado sucesivamente, según ellos, por los disidentes religiosos, por los librepensadores volterianos, por los masones, por los liberales, por los demócratas, por los comunistas. Contra todos ellos, en cada caso, han sentido la necesidad de organizar una cruzada para lograr su exterminio, y con él, la preservación o restauración del orden eterno. En segundo lugar, se nota la presencia de grupos, cuyos miembros son psicológicamente autoritarios y partidarios de la acción violenta. Sin duda, comparten en el fondo la certeza de la existencia de un orden, pero no siempre alientan vehementes convicciones religiosas o metafísicas, sino simplemente una vocación autoritaria y jerárquica orientada hacia un activismo irracionalista.

Estos rasgos explican la adhesión a las fuerzas de derecha de quienes, por vocación o por costumbre —y cualquiera que sea su origen o posición social—, han aceptado la conformación impuesta por instituciones fuertemente autoritarias, jerarquizadas y activistas como son, especialmente, la Iglesia y el ejército, así como otras en menor escala, como la administración pública y las grandes empresas.

En tercer lugar, se observa la incorporación de grupos conformistas de clase media, para los cuales el orden constituido significa una garantía de estabilidad —en la ocupación, en el ahorro, en las costumbres, en el modo de vida— en tanto que el cambio entraña una perspectiva oscura cuyo riesgo se resisten a afrontar. Tales hábitos caracterizan a la pequeña burguesía en sociedades estabilizadas, y de sus filas se nutren con frecuencia los movimientos que reivindican la defensa del orden.

En cuarto lugar, se comprueba la adhesión de grupos populares de mentalidad paternalista: unas veces masas urbanas más o menos marginales y escépticas; otras, grupos acostumbrados a formar parte de clientelas políticas; otras, grupos conformistas de actitudes primariamente religiosas, mágicas o supersticiosas; y otras, en fin, grupos de militancia política ingenua que buscan protección a través de regímenes paternalistas que les prometen satisfacciones inmediatas a cambio de su apoyo político. Estos grupos pueden ser numerosos, y en ocasiones nutrir movimientos activos y pujantes, a los que pueden proporcionar no sólo su apoyo numérico sino también su presencia tumultuaria para justificar en sus líderes un cierto tipo de representatividad ajena a los métodos de la democracia liberal.

El criterio político es, entonces, útil para revelar la presencia de grupos como los señalados en la constitución de las fuerzas de derecha. Empero, es evidente que tales grupos no constituyen su armazón ni las proveen de legitimidad y fuerza. Es necesario recurrir al criterio socioeconómico para descubrir cuáles son los grupos fundamentales que las constituyen; y valiéndose de él se observa la presencia de los distintos sectores que dominan y controlan la compleja estructura socioeconómica latinoamericana, a veces en conflicto entre ellos para asegurar el predominio de un sector sobre otro, pero generalmente predispuestos —salvo situaciones críticas— a ofrecer un frente capaz de resistir las presiones de los grupos sociales no participantes en el control de la vida socioeconómica.

Esos grupos fundamentales de las fuerzas políticas de la derecha son, pues, grupos socioeconómicos que, en situaciones caracterizadas por la existencia de un consenso general con respecto al orden establecido, ejercen el poder silenciosamente a través de diversos partidos políticos operando como grupos de presión, pero que en situaciones críticas se movilizan como fuerzas políticas recabando para sí el monopolio del poder —antes compartido, delegado o consentido— y asumiendo de manera activa la defensa del orden vigente, dentro del cual tienen una posición privilegiada.

En Latinoamérica, como en otras áreas, las fuerzas políticas de la derecha se han constituido históricamente incorporando nuevos grupos, cada uno con sus correspondientes tradiciones y sus correspondientes proyectos de acción, de modo que a través del tiempo su fisonomía se ha tornado cada vez más compleja y proteica. Analizadas en la situación propia de las postrimerías del siglo XVIII y en la época de los movimientos emancipadores, se advierte que su composición era más homogénea. Si la izquierda, llamémosle así, estaba constituida por las burguesías urbanas progresistas y liberales, la derecha estaba compuesta fundamentalmente por la clase señorial, apoyada en las instituciones coloniales que representaban la concepción hispanolusitana tradicional, y además en las clases populares especialmente rurales que desconfiaban de las burguesías urbanas y preferían el mantenimiento de la vigencia del orden paternalista tradicional. Esa derecha se oponía al cambio liberalburgués; pero, en cada etapa de ese cambio, consentía estratégicamente en el que ya se había operado y trataba de impedir que se consumara definitivamente, manifestándose entonces como una fuerza conservadora dentro del nuevo sistema, especialmente después de la emancipación.

La fisonomía de las fuerzas políticas de la derecha cambió cuando, operados los cambios propuestos por las burguesías urbanas progresistas y liberales, se desprendieron de éstas los grupos dominantes que trataron de monopolizar tanto el poder económico como el poder político. Constituidos en oligarquías, esos grupos se entrecruzaron con las clases señoriales, dominándolas en parte, puesto que se constituyeron en las intermediarias de su actividad productiva tradicional, sirviéndolas en cierto modo y, además, utilizándolas para legitimar socialmente, con el entrecruzamiento, su nuevo status de grupo separado del resto del conjunto social. Como la clase señorial, también las nuevas oligarquías liberalburguesas se opusieron a la prosecución indefinida del cambio, preocupadas sobre todo por mantener el monopolio del poder; de modo que, aunque subsistieran las tensiones que existían entre ellas y la clase señorial, coincidieron en una misma actitud, aunque el nivel de los cambios tolerados fuera diferente en uno y otro grupo.

A partir de ese proceso—que, en general, se da en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX— las fuerzas políticas de la derecha muestran, independientemente de los matices locales y de los que les proveen los distintos sectores incorporados por razones simplemente políticas, una dualidad interna que resulta de esta conjunción propia de las situaciones creadas especialmente por la Revolución industrial. El entrecruzamiento de los grupos significó, naturalmente, un entrecruzamiento de actitudes y de doctrinas. Las clases señoriales se aburguesaron y las oligarquías liberalburguesas se señorializaron, pese a lo cual subsistieron definidos matices diferenciadores, algunos de los cuales permitieron que las oligarquías liberalburguesas siguieran llamando en alguna ocasión “derecha” a las formaciones políticas propias y exclusivas de las clases señoriales. Pero las clases medias y las clases populares con vocación de cambio —generalmente tan sólo político, pero algunas veces también so-cioeconómico— confundieron en un haz al conjunto y lo identificaron como una sola derecha, socioeconómica y política.

Esta fisonomía dual de las fuerzas políticas de la derecha subsistió hasta que se hicieron notar en Latinoamérica las influencias de la crisis europea de entreguerra, tanto en el orden económico como en el orden ideológico. En el seno de las clases señoriales preferentemente —aunque no únicamente— aparecieron grupos, generalmente juveniles, que denunciaron la crisis del liberalismo y optaron por algunas de las muchas filosofías antiliberales que aparecieron entonces: unas veces con fuerte matiz aristocratizante e inspirados en Maurras, y otras con varias tendencias sociales según modelos hispanolusitanos, italianos o alemanes. Pero muchos de ellos se desprendieron del simple ropaje ideológico y se introdujeron —o fueron introducidos— en el mecanismo socioeconómico de su país y de su situación, y apelaron a las masas escépticas y marginales que habían contribuido a formar las oligarquías liberalburguesas con su exclusivismo político y su libreempresismo. La apelación tuvo éxito en muchas partes, y esta corriente se vio apoyada por vigorosas masas que asombraron a los políticos de la democracia liberal, que no las esperaban en el escenario político. Por sus objetivos, los cuadros dirigentes parecían pertenecer inequívocamente a la derecha, puesto que aspiraban a la restauración de un orden jerárquico, al fortalecimiento del nacionalismo —que muchos habían dado por muerto a principios de siglo— y a un sistema de normas y principios en el que se mezclaban herrumbrados prejuicios señoriales con los más vulgares y adocenados prejuicios burgueses. Pero el conjunto pareció poseer un carisma especial, y halló repercusión en vastos sectores, porque, junto a eso, aparecieron signos de cierto antiimperialismo nacionalista, de una admisión de los principios de justicia social, de una reivindicación hispánica y de una inequívoca tendencia a denunciar la falacia de una democracia liberal, que más de una vez había sido utilizada como máscara por las oligarquías para su propio beneficio. El haz de la derecha quedó, pues, integrado con una fibra más, que introducía en el conjunto una nueva inflexión: la aceptación del cambio para orientarlo de acuerdo con un sistema tradicional de fines, entre los cuales aparecían los que un catolicismo renovado, o en trance de renovarse, revestía de modernidad.

Así se constituyó históricamente la derecha tal como hoy la descubrimos, multiforme y contradictoria; con cierta vocación de cambio lo suficientemente acentuada como para que los sectores populares —que parecían puntal seguro y necesario de la izquierda marxista— la consideren como una opción válida; con soluciones viables, puesto que, siendo relativamente avanzadas, encuentran un apoyo inesperado de grupos tradicionales, especialmente de ciertos sectores del clero católico y de ciertos sectores de las fuerzas armadas. Y con una capacidad de acción, aparentemente dentro del sistema, que le asegura grandes posibilidades de éxito para intentar su transformación sin provocar excesiva alarma en los sectores poseedores.

De esta fuerza política proteica es de la que nos proponemos exponer el pensamiento político, señalando en cada etapa la situación en que la fuerza se constituye o se renueva y las influencias ideológicas que recibe.

2. Las raíces del pensamiento político de los grupos señoriales

Cualesquiera que hayan sido los cambios operados en la composición de las fuerzas políticas que, una y otra vez, han sido consideradas como de derecha, sus raíces penetran siempre en Latinoamérica hasta las profundidades de la estructura colonial. Aun en aquellos países donde esa estructura ha sufrido mayores modificaciones, la derecha —tanto en sentido socioeconómico como en sentido político— conserva claros vestigios de sus orígenes. En rigor, la estructura socioeconómica colonial no ha desaparecido del todo en ningún país latinoamericano, tan importantes como hayan sido las transformaciones que haya sufrido. El signo inequívoco de su permanencia es el régimen de la tierra y, muy especialmente, el sistema de las relaciones sociales en las áreas rurales y mineras.

La colonización hispanolusitana adoptó, en rigor, dos políticas divergentes. Por una parte, promovió la fundación de ciudades —especialmente la española— e hizo de ellas centros defensivos, no sólo del grupo colonizador, sino en especial de sus costumbres, sus normas, su religión y su lengua. En ellas, debía constituirse lentamente una burguesía urbana que no alcanzaría, empero, cierta fuerza hasta el siglo XVIII. Pero, al mismo tiempo, constituyó desde el primer momento una sociedad señorial, mediante el otorgamiento de inmensos privilegios a los conquistadores y colonizadores, quienes recibieron no sólo enormes extensiones de tierras o importantes regalías mineras, sino también la mano de obra gratuita que se necesitaba para hacer retributiva su explotación mediante la asignación de crecidos contingentes de indios confiados en encomienda.

Así quedó organizada una sociedad dual en la que los señores pertenecían a la raza conquistadora y la clase sometida a la raza indígena. Se agregó luego a ésta el contingente de esclavos negros que empezó a incorporarse por razones económicas y políticas, cuando resultó evidente la ineficiencia de la población indígena, o cuando el clamor contra su explotación pareció comprometer el prestigio de los conquistadores y debilitar los principios en que se fundaba la legitimidad de la conquista, sin que los argumentos en favor de los indios parecieran valer para los negros. Y, en favor de tal sistema, la clase poseedora de la tierra y de las poblaciones sometidas adquirió los caracteres de una aristocracia poderosa “renaciendo en las Indias —observa Ots Capdequí—[2] usos y privilegios señoriales, enteramente superados o en vías de superación en la España peninsular”.

Una intrincada combinación de intereses, necesidades y prejuicios moldeó las formas de comportamiento de esa clase. El designio de un rápido enriquecimiento —como el que hubiera producido un saqueo feliz en Flandes o en Italia— incitó a sus miembros a ejercitar una despiadada explotación de la población indígena. Mientras en la metrópoli se discutía sobre la condición espiritual y jurídica de los indios, el encomendero se valía de ellos para resolver su urgente problema de enriquecerse y volver cuanto antes a la civilización, a Lisboa o a Sevilla, para gozar del fruto de su esfuerzo. Refiriéndose al Brasil escribía a principios del siglo XVII Fray Vicente del Salvador:[3]

De este modo hay pobladores que, por más arraigados que estén en la tierra, todo lo pretenden llevar a Portugal; porque todo lo quieren para allá, y esto, no vale solamente para los que de allá vinieron, sino también para los que de aquí nacieron, pues unos y otros aprovechan la tierra, no como señores, sino como usufructuarios, y sólo para disfrutarla la dejan destruida.

El mismo estado de ánimo prevalecía entre los españoles. Aquel apremio y el complejo haz de opiniones sobre los infieles que poblaba la mentalidad del conquistador, acentuó su convicción de que pertenecía a una especie diferente de la de los conquistados, a quienes juzgó lícito someter y explotar. Esa convicción era ya vigorosa cuando, en 1510, pronunció Fray Antonio de Montesinos en la Española el famoso sermón que conserva Las Casas,[4] en el que denunció los excesos cometidos por los conquistadores:

Para darlos a conocer me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más suave que nunca oísteis, la más áspera y dura.

Esta voz es que estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquellos indios, y con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día … ? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No son obligados a curallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen u no quieren la fe de Jesucristo.

Los conquistadores y colonizadores llegaron persuadidos de que adquirían en el nuevo mundo —cualquiera que fuese su originaria condición social— una posición de riqueza y privilegio semejante a la de los hidalgos o caballeros de la península: era, sin duda, uno de los móviles que invitaban a la expatriación y a la aventura. El cronista anónimo[5] que compuso la Descripción del Virreinato del Perú a principios del siglo XVII decía refiriéndose a los españoles de ese territorio: “Son soberbios, jactanciosos, se precian de que descienden de grande nobleza y que son hidalgos de solar conocido. Es tanta su locura, que el que en España fue pobre oficial, en pasando del polo ártico al antártico luego le crecen los pensamientos y le parece que merece por su linaje juntarse con los mejores de la tierra”.

Y en el siglo siguiente escribía el viajero holandés Van Vliervelt[6] sobre los portugueses del Brasil: “Lo cierto es que en todos los tiempos se vieron en el Brasil portugueses que habían nacido en Europa en la oscuridad y la pobreza, y que vivían con un lujo y una grandeza que los principales nobles de Lisboa no hubieran osado ostentar en la Corte”.

La costumbre consolidó aquella convicción y el sistema de instituciones de la Colonia le prestó respaldo vigoroso. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de la metrópoli para proteger a los indígenas logró —ni, en rigor, se lo propuso— contener el proceso de señorialización, fundado en el sistema de privilegios que rigió desde el otorgamiento de las primeras capitulaciones y mercedes.

Los conquistadores y colonizadores alcanzaban poder económico, social y político al recibir tierras, indios en encomienda y jurisdicción, y en tales poderes sentaron una posición tan alta y tan sólida que el paso del tiempo no hizo sino vigorizarla. Las rebeliones indígenas fueron escasas, ocasionales, y revelaron la total impotencia de los sometidos. Por su parte, los grupos mestizos se constituyeron como tales, aunque muy lentamente, durante el período colonial, y sus miembros se limitaron a buscar la posibilidad de lograr alguna vía de ascenso dentro del sistema. Lo mismo hicieron los blancos —peninsulares y criollos— que carecían de tierras, o los que poseían pequeñas parcelas de escaso número de indios encomendados, o los que habían perdido lo que tuvieron. De este modo, el sistema se consolidó en el juego de las situaciones reales, y dentro de él los grupos señoriales cristalizaron como un conjunto definido y netamente separado del resto.

Al finalizar el siglo XVIII la situación social del mundo colonial hispanolusitano ofrecía el cuadro de una rígida sociedad dual. Refiriéndose a la sociedad mexicana, decía por entonces, en un notable documento, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo[7] —el mismo que lanzaría más tarde el edicto de excomunión contra Miguel Hidalgo—:

… la Nueva España se componía, con corta diferencia, de cuatro millones de habitantes que se pueden dividir en tres clases: españoles, indios y castas. Los españoles comprendían un décimo total de la población, y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del reino. Las otras dos clases que componen los nueve décimos, se pueden dividir en dos tercios, los dos de castas, y uno de indios puros. Los indios y castas se ocupan en los servicios domésticos, en los trabajos de agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes o jornaleros de la primera clase. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes, hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones: son todos ricos o miserables, nobles o infames… En efecto, las dos clases de indios y castas se hallan en el mayor abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a una distancia infinita de un español. El favor de las leyes en esta parte es poco y en todas las demás los daña mucho.

No tienen propiedad individual… separados por la ley de la cohabitación y enlace con las otras castas… En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insul-tos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley, que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender?

Poco después Alejandro de Humboldt visitaba la isla de Cuba, sobre cuya sociedad, fundada en el trabajo esclavo, escribiría años más tarde unas páginas penetrantes en las que señalaba los rasgos de los grupos señoriales:[8] “…pero en todas las islas, los blancos se creen los más fuertes; porque les parece imposible toda simultaneidad (en la acción) por parte de los negros, y consideran como una cobardía toda mudanza y toda concesión hecha a la población sujeta a la servidumbre”.

Así consolidados a lo largo de tres siglos, firmemente delineados los límites que los separaban del conjunto social y rigurosamente codificados sus privilegios, los grupos señoriales adquirieron los rasgos de una aristocracia incapaz de imaginar la posibilidad de que se produjera cambio alguno en la estructura socioeconómica en la que ocupaba el más alto nivel. Pero durante esos tres siglos, y mientras se consolidaba la estructura socioeconómica, también se diferenciaban y desarrollaban grupos diversos por debajo de la clase señorial. Apenas hubo, antes de la crisis de la Independencia, ocasión para que los grupos señoriales tuvieran que justificar o defender sus privilegios, puesto que todo el sistema absolutista de fundamento religioso vigente en el mundo colonial comportaba una justificación suficiente. Todo desafío al privilegio suponía un desafío a la totalidad del sistema. Pero de hecho, los otros grupos sociales crecían y aprovechaban las posibilidades de movilidad social que ofrecía una sociedad que, aunque fundada en la hegemonía de una clase señorial, participaba del sistema mercantil que ajustaba y perfeccionaba sus mecanismos en el área de expansión europea y pugnaba por quebrar la rigidez del sistema monopolístico colonial.

Frente a esos grupos, y especialmente frente a las nacientes burguesías urbanas —burguesías letradas que a fines del siglo XVIII recibían la influencia del pensamiento político de los filósofos franceses—, los grupos señoriales estrecharon sus filas alrededor de los principios fundamentales del sistema. Horrorizados ante el regicidio y ante la posibilidad de una limitación del poder monárquico que introdujera la representación popular, los grupos señoriales adhirieron ferviente y activamente a las ideas que expresó mejor que nadie, a fines del siglo XVIII, el arzobispo de Chuquisaca, San Alberto:[9]

El rey no está sujeto, ni su autoridad depende del pueblo mismo sobre quien reina y manda, y decir lo contrario sería decir que la cabeza está sujeta a los pies, el sol a las estrellas y la suprema inteligencia motriz a los cielos inferiores… La cárcel, el destierro, el presidio, los azotes o la confiscación, el fuego, el cadalso, el cuchillo y la muerte son penas justamente establecidas contra el vasallo inobediente, díscolo, tumultuario, sedicioso, infiel y traidor a su Soberano, quien no en vano, como dice el Apóstol, llevaba espada.

El apoyo prestado por los grupos señoriales al principio de la monarquía absoluta de derecho divino no sólo expresaba su adhesión al sistema institucional vigente en la metrópoli y el mundo colonial, sino que significaba también su identificación con el principio de la inmutabilidad del orden universal, cuya proyección en el mundo social era la ilegitimidad de todo cambio. Esa concepción, de tradición cristianofeudal, fraguaría como una de las notas fundamentales de su actitud política, y luego de su pensamiento, y perduraría, expresada de diversas maneras enmascarada a veces, a través de las cambiantes situaciones históricas. Como actitud, fue intensamente vivida y se ma-nifestó en su comportamiento político, y cuando las circunstancias desafiaron ese principio, fue racionalizada, formulada en términos doctrinarios y defendida, polémicamente.

Pero mucho antes de que pareciera necesario defender la totalidad del sistema —en cuanto garantía última de la posición de los grupos señoriales en el seno del conjunto social— debieron éstos defender esa posición y justificarla. En términos doctrinarios la justificó, en los primeros tiempos de la conquista, el teólogo español Juan Ginés de Sepúlveda,[10] sosteniendo el principio de la desigualdad social. Decía en el Democrates alter:

Nada hay más contrario a la justicia distributiva que dar iguales derechos a cosas desiguales, y a los que son superiores en dignidad, en virtud y en méritos, igualarlos con los inferiores, ya en ventajas personales, ya en honor, ya en comuni-dad de derecho… lo cual se ha de evitar no sólo en los hombres tomados particularmente, sino también en la totalidad de las naciones, porque la varia condición de los hombres produce varias formas de gobierno y diversas especies de imperio justo. A los hombres probos, humanos e inteligentes, les conviene el imperio civil, que es acomodado a los hombres libres, o el poder regio que imita al paterno: a los bárbaros y a los que tienen poca discreción y humanidad les conviene el dominio heril y por eso no solamente los filósofos, sino también los teólogos más excelentes, no dudan en afirmar que hay algunas naciones a las cuales conviene el dominio heril más bien que el regio o el civil; y esto lo fundan en dos razones: o en que son siervos por naturaleza, como los que nacen en ciertas regiones y climas del mundo, o en que por la depravación de las costumbres o por otra causa, no pueden ser contenidos de otro modo dentro de los términos del deber. Una y otra causa concurren en estos bárbaros, todavía no bien pacificados.

Y agregaba en otro lugar:[11]

Bien puedes comprender ¡oh Leopoldo! Si es que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra parte, que con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes elementalísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres.

Este principio general de la superioridad de los europeos civilizados y cristianos sobre los indios y los negros bárbaros e infieles, fue traducido a términos específicos cuando peligraron los privilegios concretos que la conquista había deparado a aquéllos. Los conquistadores y colonizadores fundaban su condición social en la posesión de tierras y de indios encomendados, y muy pronto consideraron que tales privilegios, formalmente concedidos, eran inalienables y constituían la condición inexcusable de su status. Así lo manifestaron ya en 1542 cuando la corona española pretendió despojar a los encomenderos de los indios que trabajaban en su beneficio, con argumentos que el cronista Agustín de Zárate[12] recogió de los españoles del Perú:

…estas ordenanzas se hizieron y publicaron en la villa de Madrid, en el año de quinientos y cuarenta y dos, y luego se embiaron los treslados dellas a diversas partes de la Indias, de que se recibió muy gran escándalo entre los conquistadores dellas, especialmente, en la provincia del Perú, donde más general era el daño, pues ningún vecino quedaba, sin quitársele toda su hazienda, y tener necesidad de buscar de nueuo que comer; y decían, que su Magestad no auía sido bien informado en aquella prouision, pues si ellos auianseguido dos parcialidades, auia sido parecien- doles que las cabeças dellas eran Gouernadores, y se lo mandaban en nombre de su Magestad, y que no podían dejar de cumplir por fuerca o por grado sus mandamientos, y así no era aquella culpa, porque debiessen ser despojados de sus hazien- das, y que demas desto al tiempo que a su costa descubrieron la provincia del Perú, se auia capitulado con ellos, que se les auian de dar los Indios por sus vidas, y des- pues de muertos, auian de quedar a su hijo mayor, o a sus mugeres no teniendo hijos, y que en confirmación desto, pocos días antes su Magestad auia embiado a mandar a todos los conquistadores que dentro de cierto tiempo se casassen, so pena de perdimiento de los Indios, y que en cumplimiento dello, los más se auian casado, y que no era justo, que despues que estauan viejos y cansados, y con mugeres pensando tener alguna quietud y reposo, se les quitase sus haziendas, pues no tenian edad ni salud para ir a buscar nueuas tierras y descubrimientos.

Esta certidumbre de la legitimidad del privilegio, concedido originariamente por gracia real pero conquistado luego y legitimado en la acción mediante el esfuerzo y el sacrificio, fraguó definitivamente en la concepción social y política de los grupos señoriales, y los transformó en una casta de poseedores radicalmente separada de los no poseedores. Cada uno de los poseedores lo era de su hacienda y de sus indios y esclavos; pero la casta en conjunto era la poseedora de la comarca, la depositarla de sus únicas tradiciones legítimas, la representante de las virtudes supremas. Era inevitable que la casta se considerara también como el cuerpo político, con exclusión de los demás grupos sociales. Así se conformaron una actitud, primero, y luego, cuando fue necesario un pensamiento político, que obraron a través de los grupos señoriales transformándolos en una fuerza política de derecha, cuando aparecieron enfrente de ellos los grupos so-ciales insurgentes que negaban la inmutabilidad del orden y la legitimidad de una estructura socioeconómica fundada en la desigualdad.

3. El pensamiento político de los grupos señoriales y burgueses desde la Independencia

Tras algunos frustrados intentos, los grupos sociales desposeídos o disconformistas irrumpieron en la vida política —en alguna medida— al producirse los movimientos emancipadores. Algunos de esos grupos los promovieron, reclamando paladinamente una participación política a la que juzgaban tener derecho y que antes les había sido negada; otros, se sumaron a ellos o procuraron aprovecharlos de alguna manera para mejorar su condición. Pero el conjunto de tales acciones pareció amenazar no sólo el orden político tradicional, fundado en la dependencia colonial, sino también el orden social y económico, puesto que era lícito prever que los nuevos grupos incorporados al gobierno —generalmente liberales— infundirían a su acción un sentido más favorable a los intereses de los sectores medios y populares. Hubo, en consecuencia, una vigorosa reacción de los grupos señoriales contra los movimientos emancipadores. Empero, una vez consolidados éstos, los grupos señoriales aceptaron el hecho consumado y siguieron operando dentro del nuevo régimen para conservar o recuperar su ascendiente político y, sobre todo, para defender la estructura socioeconómica tradicional que ellos controlaban. Con respecto a ambos objetivos hubo grados diversos de intensidad en la acción y varia-das actitudes políticas; pero todas ellas configuraron una política de derecha antiliberal con respecto a los grupos que aspiraban a consumar o a extremar los cambios operados.

Al mismo tiempo se constituyó una nueva derecha, liberal, monárquica, o republicana según los casos. Nació el patriciado revolucionario, y su desplazamiento hacia la derecha fue fruto del inevitable descontento que produjeron, en quienes habían desencadenado el cambio, las imprevisibles consecuencias que la dinámica del cambio suscitó. Por eso se caracterizó por su intento de contener el proceso que había lanzado, tratando además de consolidar el nuevo régimen político y económico en beneficio de esa alta burguesía que comenzaba, por cierto, a estrechar sus vínculos con los grupos señoriales, aun cuando algunas diferencias los separaran.

Esos vínculos crearon una superficial identidad entre las dos alas de la derecha, la antiliberal y la liberal. Pero su comportamiento fue distinto, y las perspectivas que cada una de ellas abrió para el futuro, distintas también.

La continuidad de la situación social

Frente a la insurgencia, los grupos señoriales descubrieron diversos peligros. Ante todo, la amenaza de la ruptura de los vínculos de dependencia colonial pareció un cataclismo cuyos resultados serían nefastos, puesto que sustraían al orden vigente sus fundamentos tradicionales y hasta entonces indiscutidos. La reacción se manifestó como un alarde de lealtad respecto a la metrópoli, a la corona, a las instituciones y a los principios del absolutismo, que se creyeron obligados a hacer, antes que nadie, quienes ejercían la autoridad eclesiástica, militar y civil.

En el Río de la Plata, el ex virrey Santiago de Liniers,[13] francés de origen, progresista dentro del sistema colonial y héroe de la resistencia contra los invasores ingleses pocos años antes, encabezó la oposición al movimiento revolucionario de Buenos Aires, declarando que:

…aquel que adhiriese al partido de la Junta revolucionaria de Buenos Aires, y aprobase la deposición del Virrey y demás que se había hecho, debía ser tenido por un traidor a los intereses de la Nación; que la conducta de los de Buenos Aires con la Madre Patria en la crítica situación en que se hallaba por la atroz usurpación de Napoleón, era igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal que probablemente salvaría, lo asesina en la cama por heredarlo.

Análoga apelación a la fidelidad debida a España hizo el obispo de Michoacán al fundamentar la excomunión que lanzó contra el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, alzado en armas:[14]

La Nueva España, que había admirado a la Europa por los más brillantes testimonios de lealtad y patriotismo a favor de la Madre Patria, apoyándola y sosteniéndola con sus tesoros, con su opinión y sus escritos, manteniendo la paz y la concordia a pesar de las insidias y tramas del tirano del mundo, se ve hoy amenazada con la discordia y la anarquía, y con todas las desgracias que la siguen y ha sufrido la citada isla de Santo Domingo. Un ministro del Dios de la paz, un sacerdote de Jesucristo, un pastor de almas (no quisiera decirlo), el cura de dolores D. Miguel Hidalgo (que había merecido hasta aquí mi confianza y mi amistad), asociado de los capitanes del regimiento de la Reina D. Ignacio Allende, D. Juan Aldama y D. José Mariano Abasolo, levantó el estandarte de la rebelión y encendió la tea de la discordia y anarquía y seduciendo una porción de labradores inocentes, les hizo tomar las armas… E insultando a la religión y a nuestro soberano D. Fernando Vil, pintó en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: ‘Viva la Religión, Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Femando VII. Viva la América y muera el mal gobierno’.

Y luego declara:

Que el referido D. Miguel Hidalgo, cura de Dolores y sus secuaces los tres citados capitanes, son perturbadores del orden público, seductores del pueblo, sacrílegos, perjuros y que han incurrido en la excomunión mayor del canon: siquis, suadente Diabolo… Item declaro que el dicho cura Hidalgo y sus secuaces son unos seductores del pueblo y calumniadores de los europeos… Los europeos no tienen ni pueden tener otros intereses que los mismos que tenéis vosotros los naturales del país, es a saber, auxiliar a la Madre Patria en cuanto se pueda, defender estos dominios de toda invasión extranjera para el soberano que hemos jurado o cualquiera otro de su dinastía bajo el gobierno que le representa según y en la forma que resuelva la nación representada en las cortes que, como se sabe, se están celebrando en Cádiz o Isla de León con los representantes interinos de las Américas, mientras llegan sus propietarios.

Pero estas apelaciones a la lealtad sólo correspondían a uno de los riesgos que se avistaban. Además del peligro de la ruptura del vínculo de dependencia, se advertía que los grupos insurgentes enarbolaban una filosofía política nueva, aprendida en la obra de pensadores a quienes la Revolución Francesa había otorgado siniestra fama a los ojos de los tradicionalistas, y que gozaban de extraordinario prestigio, en cambio, para las nacientes burguesías urbanas y, en general, para los criollos que soñaban con el gobierno propio como instrumento para una política que los libertara de la sumisión. Eran los que creían que los europeos tenían “otros intereses”, según la frase recogida por el obispo de Michoacán. Esos europeos —o los que por solidarizarse con el orden vigente se consideraban europeos— vieron en los movimientos emancipadores no sólo esa intención, sino sobre todo la de instaurar nuevos regímenes de gobierno, fundados en principios que amenazaban no sólo la vida política sino también el orden económico y social. Por eso se opuso al movimiento emancipador el autor de los Recuerdos sobre la rebelión en Caracas, José Domingo Díaz,[15] nacido en esa ciudad, que la execraba por los grupos de insurgentes que habían aparecido en ella. Díaz, escribiendo en 1829, reseñaba la prosperidad de la Venezuela colonial y agregaba luego:

Por desgracia estos mismos bienes trajeron consigo males de unas conse-cuencias incalculables. Se olvidó por los gobernantes el severo cumplimiento de una de las leyes fundamentales de aquellos dominios, prohibitiva de la introducción de extranjeros, y se encontró en la concurrencia mercantil el medio de relajar el de la de los libros prohibidos. La ignorancia, la imprecaución, la malicia o la novelería hacían ver entonces como llenas de sabiduría las producciones de aquella gavilla de sediciosos llamados filósofos, que, abrigados en París como en su principal residencia, había medio siglo que trabajaban sin cesaren llevar al cabo su funesta conjuración: la anarquía del género humano. El mundo entero estaba anegado con estos pestilentes escritos, y ellos también penetraron en Caracas, y en la casa de una de sus principales familias. Allí fue en donde se oyeron por la primera vez los funestos derechos del hombre, y de donde cundieron sordamente por todos los jóvenes de las numerosas ramas de aquella familia. Encantados con el hermoso lenguaje de los conjurados creyeron que la sabiduría era una propiedad exclusiva para ellos. Allí fue y en aquella época cuando se comenzó a preparar, sin prever los resultados, el campo en que algún día había de desarrollar tan funestamente la semilla que sembraban; y entonces fue también cuando las costumbres y la moral de aquella joven generación comenzó a diferir tan esencialmente de las costumbres y la moral de sus padres. Yo era entonces muy niño, condiscípulo y amigo de muchos de ellos: los vi, los oí, y fui testigo de estas verdades.

La Revolución Francesa, sucedida por entonces, fue el triunfo de la conjura-ción, y el resultado de cien años de maquinaciones. Las escandalosas escenas de aquella época llevaron el asombro y el espanto a todos los pueblos del mundo: ate-rraron a los hombres de bien con la imagen de un porvenir inconcebible, y exaltaron las cabezas del necio, del presumido ignorante y del hombre perdido, que creía llegado el momento, o de representar en la sociedad un papel que no le pertenecía por sus vicios o su incapacidad, o de adquirir una fortuna a costa de los demás.

El sentimiento antiliberal, mucho más que el de lealtad a la metrópoli, fue el que movió a ciertos grupos tradicionalistas a oponerse al movimiento emancipador; hasta tal punto que, cuando la metrópoli cedió a la presión de los grupos liberales, los tradicionalistas promovieron la independencia allí donde habían conseguido mantener la sujeción. Tal fue el caso de Nueva España y la capitanía de Guatemala, en donde la independencia fue promovida por la alta jerarquía militar y eclesiástica y los grupos señoriales después de la Revolución de Riego en 1820, que restauró la constitución aprobada por las cortes de Cádiz en 1812; a ella achacaba todos los males de México Lucas Alamán:[16]

La primera desgracia de nuestra Independencia, la causa principal de que no haya producido mejores frutos, no es otra cosa que haber nacido después de publicada y comenzada a ejecutar la constitución española (de 1812). España quedó harto vengada del agravio que recibió con nuestra separación, dejándonos por herencia ese funesto presente.

Caso análogo, en cierta medida, fue el del Brasil, donde la agitación independentista se precipitó con motivo de la Revolución que estalló en Portugal en 1820 —la Revolución de Oporto— y a la que siguieron las Cortes de Lisboa y la nueva legislación liberal. En ambos casos resultaron de las revoluciones americanas dos regímenes monárquicos: el de Iturbide en México y el de Pedro I en el Brasil.

El tumultuoso proceso revolucionario y las crisis civiles que hubo luego en muchos países no fueron, empero, suficientemente profundos como para provocar un cambio en la estructura social y económica: los grupos radicales fueron neutralizados o se abstuvieron por sí mismos de llegar hasta allí. Un ligero examen de la situación durante la segunda mitad del siglo XIX muestra que las condiciones de vida de los esclavos —donde aún existían—, de los libertos, de los indios y de los grupos derivados, así como de vastos sectores de población blanca desposeída y vinculada a la actividad rural, conservaban los mismos rasgos de la época colonial, así como se conservaba el régimen de la tierra. Importantes testimonios son ciertos novelistas de ese período: el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, el guatemalteco José Milla, el ecuatoriano José León Mera, el brasileño José de Alençar, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes, pero acaso más que ninguno el colombiano Jorge Isaacs, que ofrece en María un cuadro explícito de la persistencia de la so-ciedad tradicional.

Algo había cambiado, sin embargo. Los grupos señoriales de raíz colonial aceptaron la emancipación como un hecho consumado, y también los regímenes políticos que surgieron de ella; pero trabajaron desde dentro del sistema para influir en él, tratando de recuperar la situación perdida a través de un duelo constante con sus adversarios: esta tensión más que el pleno dominio de antes, caracterizó ahora la situación. Pero, además los grupos señoriales habían comenzado a cambiar de fisonomía. Las revoluciones y las guerras civiles proporcionaron la ocasión para que ascendieran gentes antes desposeídas, mediante la apropiación de tierras, el ejercicio deshonesto del poder o los matrimonios ventajosos. La carrera militar abrió las puertas a muchos mestizos y mulatos que se incorporaron así a las clases ricas, y las actividades comerciales —y en particular el aprovisionamiento de los ejércitos— sirvieron a otros para acumular fortunas que pronto fueron reinvertidas en tierras. Así se modificaron sensiblemente los grupos señoriales. Por su nueva composición se mantuvieron dentro del sistema moviéndose con soltura y eficacia, y por su antigua tradición se constituyeron en la derecha del sistema. Entretanto, aquellas mismas causas habían emancipado en alguna medida a ciertos sectores populares del mundo rural, arrastrados por las levas militares o enganchados en las rebeliones de las aristocracias rurales.

El conjunto social de ese mundo rural quedó alterado por la presencia de estos grupos. Los caracterizó, en el Río de la Plata, Domingo F. Sarmiento en el Facundo[17] con motivo de la secesión de José Artigas; y en Venezuela, Fermín Toro en sus Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1884.[18] En ese ámbito, las actitudes políticas se tornaron fluidas, indefinibles, porque el ámbito social fue hostil a toda regulación. Pero en todo caso, los grupos señoriales, con su cambiante fisonomía, no sólo mantuvieron su posición hegemónica dentro de una estructura económica conservada en lo fundamental, sino que recuperaron su poder político una y otra vez, en juego alterno con otras fuerzas, aprovechando cada oportunidad para robustecer su posición.

La continuidad del pensamiento político

A la continuidad de la situación socioeconómica correspondió una marcada continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales. La tradición hispánica y lusitana ofrecía una imagen armoniosa de la vida política ordenada y estable, cuyos sólidos e indiscutibles fundamentos aseguraban el tranquilo goce de sus bienes a quienes los poseían. Los grupos señoriales mantuvieron como espejo de toda política este cuadro, siempre idealizado, y procuraron corregir el agitado juego de la lucha por el poder imponiendo, cada vez que las circunstancias lo permitían, una pausa asegurada por la vía del autoritarismo. Los viejos y tradicionales grupos señoriales trajeron a este programa a los grupos nuevos surgidos al calor de las luchas revolucionarias y las guerras civiles.

Pero recibieron, además, el apoyo y la solidaridad, no sólo de los grupos populares que se mantuvieron políticamente inertes, sino también de algunos grupos urbanos medios que aspiraban a consolidar las primeras etapas del cambio, a conservar su nuevo status sin más riesgos y a impedir que sucesivas olas de radicalización perjudicasen su posición o alterasen la paz y el orden.

Así, integrados dentro del nuevo régimen y apoyados por grupos de intereses coincidentes en distinta escala, los grupos señoriales constituyeron los partidos conservadores en un sistema que, en principio, se manifestó como bipartidista. Sarmiento explicaba esta mecánica de los partidos en 1845:[19]

Cuando un pueblo entra en Revolución, dos intereses opuestos luchan al principio; el revolucionario y el conservador: entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían, patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados; los unos que querrían llevar la Revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones, que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores.

Las divisiones expresaron la oposición entre los que disputaban el poder; pero la oposición entre liberales y conservadores siguió expresando, netamente, una diferenciación ideológica, o, más aún, dos concepciones de la vida y de la historia, como lo expresaría a través de un largo examen pocos años después Juan Montalvo en un agudo ensayo.[20]

Un periódico quiteño[21] definía, en 1868, el pensamiento de los partidos conservadores en estos términos:

El Partido conservador, en las Repúblicas americanas, lo mismo que en las Monarquías europeas, es el partido que sostiene el orden, que predica la paz, que defiende los sacrosantos principios de la justicia y el derecho; en una palabra, que conserva la sociedad en vez de desquiciarla y anarquizarla como sucede cuando se proclama la insuficiencia de las instituciones y se aboga por la dictadura que es la muerte de la República.

La conservación de la sociedad significaba, en general, el mantenimiento de la sociedad vigente. En las elecciones colombianas de 1848, el candidato conservador, “…el doctor Cuervo era reputado como la personificación más completa del sistema que aspiraba a conservar sin cambio el actual orden de cosas”.[22]

Y esta expresión —”orden de cosas” — aludía particularmente a algunas cuestiones fundamentales que los adversarios del conservadurismo cuestionaban.

Ante todo, parecía imprescindible asegurar el mantenimiento de la gran propiedad con todos sus privilegios, entre los cuales figuraba, fuera de los propiamente económicos, una vaga jurisdicción política y administrativa del señor dentro de su propiedad y aun en su zona de influencia, resabio del sistema colonial. Cualquier transformación política, electoral, administrativo o judicial que conspirara contra esa imprecisa jurisdicción señorial repercutía sobre el uso que el señor podía hacer de su propiedad, y suscitaba una enconada resistencia por parte de quienes se sentían amenazados.

Entre tales amenazas, ninguna tan grave como la abolición de la esclavitud. Desde los primeros tiempos de la Independencia, el abolicionismo dividió las opiniones, porque los poseedores de la tierra creyeron que sin esclavos los beneficios de sus explotaciones disminuirían notablemente. Los argumentos en favor del mantenimiento de la esclavitud fueron esgrimidos por los grupos señoriales con habilidad y cierto cinismo. En 1823 mientras se discutía el problema en el Senado chileno, escribía Santiago Muñoz Bezanilla en el periódico santiaguino El Tizón Republicano:[23]

El senado ha sancionado la libertad de los esclavos: deseamos saber las razones en que se funda para disponer de las propiedades particulares, o el derecho que para él se hayan conferido los pueblos que han depositado en él la protección de su seguridad.

Entre atacar el sagrado derecho de propiedad y consultar el alivio de nues-tros semejantes, sólo había el arbitrio que el Congreso adoptó en 1811: éste fue el de la libertad de los vientres; pues el hombre es el príncipe de la naturaleza; y aunque siempre miraremos aquella disposición como dictada por la filantropía y por la primera de las ideas liberales, no dejaremos de decir que padeció de un vicio insondable, como llaman en el foro al hecho vicioso que consta de autos, que es decir indudable, y fue el de no haber antes reglado exactamente el importante ramo de policía.

Muñoz Bezanilla reforzaba sus argumentos a favor de la propiedad privada de los señores esclavistas enumerando los perjuicios que traería a los libertos la falta de protección. Esos y otros argumentos semejantes se esgrimieron también en Colombia en 1849:[24]

Los esclavos, se decía, son una propiedad de los amos, y el legislador no tiene derecho para suprimirla, porque el derecho de propiedad es anterior y superior a la ley: la propiedad es un dogma de las sociedades civilizadas. Si la raza negra no está sometida al trabajo forzado, se entregará a la ociosidad y a los crímenes. No se podrán cultivar las haciendas por falta de trabajadores, La suerte de esa raza será mucho más desgraciada en la libertad, porque no tendrá quien los vista y los mantenga: será una crueldad emanciparlos.

Y tales razonamientos parecían valer aún en las postrimerías del siglo, cuando en el Brasil, Ruy Barbosa los examinó minuciosamente y los condenó en su memorable discurso de 1896, en la muerte de José Bonifacio.[25]

No menos decidida fue la defensa contra la amenaza de cualquier legislación que procurara la liberación del siervo rural. La guerra civil suscitada en México por la Reforma, que halló forma legal en la constitución de 1857, probó la decisión de la clase señorial. Durante las discusiones del Congreso Constituyente de 1856, Ignacio L. Va-llarta,[26] que se opondría a que figuraran las reformas sociales en el texto constitucional, señalaría las formas de la opresión. Decía:

El propietario abusa cuando disminuye la tasa del salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no creados por la ley que representan los valores, cuando obliga al trabajador a un trabajo forzado, para indemnizar deudas anterio-res; cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; cuando… es muy largo el ca-tálogo de los abusos de la riqueza en la sociedad.

Y los propietarios, con el fuerte apoyo de la Iglesia propietaria, resistieron enérgicamente las medidas reformistas, desencadenando la guerra civil.

Vallarta se opuso sólo por razones técnico-jurídicas a la inclusión de los derechos sociales en la constitución, pero la opinión conservadora se oponía por otras razones; en primer lugar, porque sentía en peligro sus intereses, pero más aún porque no comprendía que pudiera proponerse una legislación que iniciaba o proseguía el camino hacia la disolución de la sociedad fundada en la desigualdad, en cuya legitimidad creía. Esta creencia era muy profunda; arraigaba en la concepción colonial, y se mantenía vigorosa pese a la difusión de las ideas liberales y a la gravitación de principios jurídicos institucionalizados que establecían taxativamente una sociedad igualitaria. Los grupos señoriales permanecían impermeables a ellos, precisamente porque se trataba de una convicción arraigada en una situación social y económica inconmovible.

Quizá ningún teórico político haya expresado esta actitud de manera tan contundente como lo hizo el poeta peruano Felipe Pardo y Aliaga a mediados del siglo XIX, en una poesía que tituló A mi hijo en sus días:[27]

Dichoso, hijo mío,

tú, que veintiún años cumpliste:

dichoso que ya te hiciste

ciudadano del Perú.

Este día suspirado

celebra de buena gana,

y vuelve orondo mañana

a la hacienda y esponjado,

viendo que ya eres igual,

según lo mandan las leyes,

al negro que unce tus bueyes

y al que te riega el maizal.

Y vale la pena citar otra obra del mismo autor, porque perfecciona la imagen que el grupo social que él representaba se hacía de la legitimidad y las ventajas de un sistema político igualitario en una sociedad que juzgaba necesariamente desigual. Decía Pardo y Aliaga en el soneto titulado El Rey Nuestro Señor:[28]

Invención de estrambótico artificio,

existe un rey que por las calles vaga:

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

a la licencia y al motín propicio;

voluntarioso autócrata, que oficio

hace en la tierra, de ominosa plaga:

Príncipe de memoria tan aciaga,

que a nuestro redentor llevó al suplicio.

Sultán que el freno de la ley no sufre

y de cuya injusticia no hay reintegro;

rey por Luzbel ungido con azufre;

Cruza de tres tintas,

indio, blanco y negro,

que rige el continente americano,

y que se llama Pueblo Soberano.

No puede dudarse de que yacía tras esa burla un vigoroso pensamiento político, heredado de los encomenderos.

El pensamiento político de la derecha antiliberal

Incorporados al nuevo régimen suscitado por la Independencia, los grupos señoriales se convirtieron en el núcleo conservador que se dispuso a participar en la vida política para defender y consolidar sus posiciones. La expresión más genuina de su pensamiento estuvo representada por la derecha antiliberal, extremista y fanática, en cuyas ideas pesaba no solamente su tradicionalismo y su predisposición a la conservación del orden, sino también el horror que le causaba la experiencia de los regímenes surgidos del liberalismo o establecidos sobre sus principios. El liberalismo era para ellos ateísmo, caos, desenfreno; era también el signo del regicidio y del terror; de la insolencia de las clases populares en ascenso así como de la anarquía y la crisis económica. Su reacción fue idéntica a la del romanticismo europeo, y como él creyó en la necesidad y en la posibilidad de una restauración del mundo, que había sido destruido. Este intento restaurador exigió cierto precio, y los grupos señoriales aterrorizados no vacilaron en pagarlo, aun cuando a veces comprobaron después que había sido excesivo.

Entre tantos temores, cada grupo puso el acento sobre el problema que más amenazante le parecía. Hubo numerosos matices en la reacción antiliberal. Pero, llevada hasta sus últimas consecuencias, esa reacción conducía siempre a la instauración de un poder fuerte, del que se esperaba que operara la soñada restauración del pasado. Ahora bien, el poder fuerte —como los gobiernos europeos de la Restauración— no logró restaurar mucho. Como poder político pactó con las situaciones reales y en cada caso elaboró soluciones transaccionales de diverso alcance. Sólo la tendencia a detener el proceso de cambio fue común a todos, aun cuando en cada caso asumiera caracteres diversos.

Los grupos representativos de la derecha antiliberal actuaron en todos los países latinoamericanos después de la Independencia. Pero su actitud alcanzó singular significación en tres casos que conviene analizar separadamente: el del Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López, el de la Argentina en la época de Rosas y el del Ecuador en la época de García Moreno.

El Paraguay en la época del doctor Francia y de Francisco Solano López

El Congreso de 1814 consagró Dictador Supremo de la República del Paraguay al doctor Francia por cinco años; pero en 1816 otro congreso lo proclamó dictador perpetuo. La población de las áreas rurales apoyó una y otra designación, confiada en su capacidad de asegurar el orden. No pareció obstáculo que el doctor Fran-cia fuera notorio volteriano, porque el anhelo de orden fue superior a cualquier otro. Sólo las minorías ilustradas aspiraban a un régimen republicano. Pero “el astuto doctor adulaba la vanidad y estimulaba la codicia de todos ellos —escribe Robertson— El alcalde indio, el pequeño chacarero, el ganadero, el pulpero, el comerciante y el hacendado, todos fueron presas suyas”.[29] Es decir, toda la sociedad tradicional y su vasta clientela. Así fundó su dictadura, que duraría hasta 1840.

El doctor Francia, lector de Voltaire, Rousseau y Volney, y hostil a la tradición jesuítica del Paraguay, se enfrentó con la Iglesia, redujo sus privilegios y sometió a los religiosos a la tutela del Estado. El gobierno —decía con motivo de haber suspendido al obispo— “…no está, ni puede, ni debe estar ligado y ceñido a ninguna de las llamadas prácticas y disposiciones canónicas: siendo y debiendo ser solamente su regla el interés de Estado”.[30]

Pero fue ése el único vestigio de su formación liberal. A la inversa de lo que ocurrió con el movimiento de la Ilustración en España, la religión fue el único campo en el que el doctor Francia adoptó las ideas francesas del siglo XVIII; en los demás se mantuvo adherido al pensamiento tradicional español, y particularmente en el campo po-lítico.

Quizá creyó ser el doctor Francia un déspota ilustrado. Pero los grupos sociales esperaban de él, solamente, que fuera un déspota, con la consigna de impedir que la anarquía predominante en otras regiones de la América española ganara también el Paraguay. autoritarismo y centralización fueron los rasgos fundamentales de su largo gobierno, tan extremados bajo la forma de un poder tiránico que, al fin, también sufrieron sus consecuencias los grandes grupos señoriales. Algunos años después de su muerte decía el presidente Carlos Antonio López refiriéndose al doctor Francia:[31]

Por la concentración desmedida que estableció en la Administración, no había establecimiento ni institución alguna de las que en todas partes del mundo culto sirven de resortes a la Administración y ayudan la acción del Gobierno. Así es que no habían sino meros escribientes, ni se habían podido formar capacidades administrativas, judiciales, policiales, que pudiesen secundar las miras y trabajos del gobierno. No había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y religiosa; había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas y el tiempo había reducido al clero a un número muy diminuto de sacerdotes.

Pero nadie dio una imagen tan exacta de su autoritarismo y de sus designios centralizadores como él mismo, en un oficio que dirigió en 1828 al comandante de Itapúa:[32]

Aquí, cuando recibí este desdichado Gobierno no encontré de cuenta de Tesorería, ni dinero, ni una vara de género, ni armas, ni municiones, ni ninguna clase de auxilios, y no obstante he estado y estoy sosteniendo los crecidos gastos, la provisión y apresto de artículos de guerra que demanda el resguardo y seguridad general a más de costosas obras y faenas a fuerza de arbitrios, de maña, de diligencia aún con otros países, y de un incesante trabajo y desvelo supliendo por oficios y ministerios que otros debían desempeñar en lo civil, en lo militar y hasta en lo mecánico, recargado por todo esto aún de ocupaciones que no me corresponden, ni me eran decentes, todo esto por hallarme en un país de pura gente idiota, donde el gobierno no tiene a quien volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie y lo amaestre todo por sacar al Paraguay de la infelicidad, y abatimiento en que ha estado sumido por tres siglos.

Tenía esta actitud política una finalidad: sustraer el país a la anarquía y asegurar el orden: pero, en rigor, no era una finalidad en sí misma, sino que estaba destinada a servir a otros objetivos fundamentales. El rasgo más característico de la política del doctor Francia fue su etnocentrismo feroz —antecedente de los nacionalismos latinoamericanos—, su vigorosa convicción de que la región —más que el país— poseía una personalidad definida e intransferible que había que conservar en toda su pureza, sobre todo librándola del contacto con las regiones vecinas. Ese etnocentrismo era el de los viejos conquistadores arraigados en la tierra durante tres siglos, con un fuerte sentimiento igualitario, por cierto, pero de todos modos adheridos a una concepción paternalista y a un profundo regionalismo. El doctor Francia aspiró a que el Paraguay se bastara a sí mismo. Su autoritarismo sirvió no sólo para que reinara la paz en las campañas y no se resquebrajara la estructura económica sino también para asegurar los monopolios del Estado para la explotación y comercialización de las riquezas naturales: las “estancias de la Patria” para la producción agraria y las maestranzas del Estado para la producción de artículos manufacturados. Y esta concepción de la vida económica aseguraba la independencia de la región y el mantenimiento de la fisonomía nacional, que tanto irritaba al dictador que no fuera reconocida desde el exterior.

Esta concepción etnocentrista era el fruto de un antiuniversalismo romántico, paradójico en un lector de Voltaire y de Rousseau, y por eso interesó tanto a Carlyle. Pero no era, en rigor, suyo, sino de un grupo social de raíz colonial, y era tan vivo que fue extremado hasta concluir en un enclaustramiento total del país con el que el viejo regalista terminó imitando a los jesuitas.

Decía a uno de los Robertson: “Usted sabe cuál ha sido mi política con respecto al Paraguay; que lo he mantenido en un sistema de incomunicación con las otras provincias de Sudamérica, e incontaminado por aquel malvado e inquieto espíritu de anarquía y Revolución que más o menos ha asolado a todas”.[33]

Pero evitar el espíritu de anarquía y Revolución suprimió hasta la raíz todos los derechos individuales que pregonaba el liberalismo, las formas de vida política y económica, la educación, el juego de las ideas. ¿Cuál era, el orden que quería asegurar? Un orden anterior a la Revolución, y que no podía quebrarse sino al precio de caer even-tualmente en la anarquía, o sea el orden social y económico de la Colonia. Por eso se le opusieron en un principio los grupos ilustrados, especialmente de Asunción. Pero su impotencia fue total, y el doctor Francia extremó el sistema sin oposición, sobrepasando, sin duda, los límites deseados por los mismos grupos que lo impulsaron y sos-tuvieron.

A la muerte del doctor Francia la dictadura subsistió, aunque Carlos Antonio López se manifestara un poco más progresista y menos violento. Estaba, sin embargo, persuadido de la necesidad de perpetuar el gobierno fuerte sin extender las libertades. Hacia 1861 el periódico oficial de Asunción, El Semanario, inició una campaña en favor de la monarquía, expresando en uno de los artículos en que se refería a los países sudamericanos: “Pueblos educados por la monarquía y para la monarquía, no han podido acostumbrarse a las formas republicanas, porque cada una de las páginas de su historia envuelve una elocuente protesta contra este género de gobierno”.[34]

Su hijo y sucesor, Francisco Solano López, recogió y maduró la idea. Sus modelos fueron la corte de Río de Janeiro, donde pensaba encontrar esposa en la familia imperial, y la corte de Napoleón III, cuyo lujo lo fascinaba.

Pero de ninguna manera se disponía a establecer una monarquía parlamentaria, sino absoluta y apoyada en una vigorosa fuerza militar. Pese a algunos signos de progresismo, su gobierno mantuvo en la política interna la misma orientación de los anteriores tanto en lo referente a las libertades como al ordenamiento económico y social.

b. La Argentina en la época de Rosas

A diferencia del doctor Francia, Rosas no apareció en el escenario político argentino sino veinte años después de la Revolución, cuando ya se había consumado la disgregación de lo que fuera el antiguo virreinato del Río de la Plata y cada región había alcanzado de hecho una casi total autonomía.

La provincia de Buenos Aires era, sin duda, la más rica y la mejor situada, puesto que poseía un puerto y una aduana que recogía los beneficios de toda la riqueza del país. Allí surgió Rosas como gobernador en 1829, ejerció el poder durante tres años, y después de un intervalo fue reelegido en 1835 con “la suma del poder público”, que ejerció hasta su derrota en la batalla de Caseros en 1852.

Rosas era un típico estanciero. Lo que esto significaba lo explicó en 1845 Sarmiento en Facundo,[35] en un texto que ofrece todos los elementos necesarios para un análisis social:

Rosas desciende de una familia perseguida por goda durante la Revolución de la Independencia. Su educación doméstica se resiente de la dureza y terquedad de las antiguas costumbres señoriales. Ya he dicho que su madre, de un carácter duro, tétrico, se ha hecho servir de rodillas hasta estos últimos años; el silencio lo ha rodeado durante su infancia y el espectáculo de la autoridad y de la servidum-bre han debido dejarle impresiones duraderas. Algo de extravagante ha habido en el carácter de la madre y eso se ha reproducido en D. Juan Manuel y dos de sus hermanas.

Apenas llegado a la pubertad, se hace insoportable a su familia, y su padre lo destierra a una estancia. Rosas con cortos intervalos ha residido en la campaña de Buenos Aires cerca de treinta años; y ya en el año 24 era una autoridad que las sociedades industriales ganaderas consultaban, en materia de arreglos de estancias.

Es el primer jinete de la República Argentina, y cuando digo de la República Argentina, sospecho que de toda la tierra: porque ni un equitador, ni un árabe tienen que habérselas con el potro salvaje de la Pampa. Es un prodigio de actividad; sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la Pampa, lanzar gritos descompasados, rodar, hasta que al fin extenuado el caballo, sudado a mares vuelve él a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo… Rosas se distingue desde temprano en la campaña por las vastas empresas de siembra de leguas de trigo que acomete y lleva a cabo con suceso, y sobre todo por la administración severa, por la disciplina de hierro que introduce en sus estancias. Esta es su obra maestra, su tipo de gobierno, que ensayará más tarde para la ciudad misma… La autoridad ante todo: el respeto a lo mandado, aunque sea ridículo o absurdo; diez años estará en Buenos Aires y en toda la República haciendo azotar y degollar hasta que la cinta colorada sea una parte de la existencia del individuo, como el corazón mismo. Repetirá en presencia del mundo entero, sin contemporizar jamás, en cada comunicación oficial: ¡Mueran los asquerosos, salvajes, inmundos unitarios!, hasta que el mundo entero se eduque y se habitúe a oír este grito sanguinario, sin escándalo, sin réplica, y ya hemos visto a un magistrado de Chile tributar su homenaje y aquiescencia a este hecho, que al fin a nadie interesa.

¿Dónde pues ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su Gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia, y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco: pero esta idea me domina hace tiempo: en la Estancia de Ganados, en que ha pasado toda su vida, y en la Inquisición en cuya tradición ha sido educado. Las fiestas de las parroquias son una imitación de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos: la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o niño, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el degüello, a cuchillo, erigido en medio de ejecución pública, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campaña; la prisión sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo conocido y por años enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerrándolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la mazorca, las matanzas ordenadas son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado más manso y ordenado que se conoce. Esta prolijidad y arreglo ha distinguido en su vida privada a D. Juan Manuel de Rosas, cuyas estancias eran citadas como el modelo de la disciplina de los peones, y la mansedumbre del ganado. Si esta explicación parece monstruosa y absurda, denme otra; muéstrenme la razón por qué coinciden de un modo tan espantoso, su manejo de una estancia, sus prácticas y administración, con el Gobierno, prácticas y administración de Rosas: hasta su respeto de. entonces por la propiedad, es efecto de que el gaucho gobernador es propietario. Facundo respe-taba menos la propiedad que la vida. Rosas ha perseguido a los ladrones de ganado con igual obstinación que a los unitarios. Implacable se ha mostrado su gobierno contra los cuereadores de la campaña y centenares han sido degollados. Esto es laudable sin duda; yo sólo explico el origen de la antipatía.

Aun restando de esta descripción el apasionamiento que pueda haber puesto el polemista, quedan inequívocamente puntualizados en ella algunos de los caracteres fundamentales del régimen de Rosas. Todo su sistema de ideas derivó no sólo de su tradición señorial sino también de su inconmovible adhesión a los valores que esa tra-dición entrañaba y de su innata aversión a los principios del liberalismo. Creyó, como el doctor Francia, que la comunidad no debía albergar sino a los que compartían los sentimientos y las ideas tradicionales; y uno y otro creyeron que la proscripción de los adversarios era justa y lógica. Hubiera podido decir como el doctor Francia;[36] “Yo no llamo ni reputo paisanos a unos infames que se expatrian ellos mismos, renunciando y abandonando su patria..”., aun olvidando que la condición para permanecer era la sujeción y el conformismo.

Pero el respeto a los principios del derecho natural —al que solía apelar— o la consideración a los derechos individuales que el pensamiento liberal consagraba, parecíanle menos importantes que la defensa del patrimonio y del orden tradicional. Fue visible su desprecio por los hombres ilustrados de las ciudades y por sus ideas de origen europeo, como fue visible su adhesión a las formas de la vida criolla, a las normas y a los valores que ella entrañaba. Esta adhesión significaba —como lo destaca Sarmiento— una concepción autoritaria de la vida pública, y tal fue el rasgo predominante de su pensamiento y de su comportamiento político.

Rosas resumió sus opiniones sobre la acción de los regímenes liberales en unas pocas líneas de una famosa carta escrita a Juan Facundo Quiroga, en la que decía:[37]

Obsérvese que al haber predominado en el país una fracción que se hacía sorda al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los medios y recursos que teníamos para proveer a ella, porque ha incitado los ánimos, descarriado las opiniones, puesto en choque; los intereses particulares, propagando la inmoralidad y la intriga, y fraccionando en bandos de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de ningún vínculo, extendiéndose su furor a romper hasta el más sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los demás, cual es el de la religión; y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones, para entablar después un sistema general que lo abarque todo.

Rosas advertía sagazmente que el individualismo liberal rompía los vínculos de la vieja sociedad dual y paternalista; que la libertad de opinión creaba sectores politizados que progresivamente afirmaban sus derechos frente a las viejas estructuras de poder; que la libertad de conciencia debilitaba, no tanto el sentimiento religioso, sino la influencia paternalista de la Iglesia. Una de las armas políticas más afiladas que usaron sus partidarios contra los grupos liberales fue la acusación de ateísmo. Así los definía el cura párroco de la Iglesia porteña de San Nicolás, en unas décimas recitadas en una fiesta popular:[38]

Ellos son incendiarios,

De corazón asesinos,

De religión libertinos,

Herejes que han blasfemado

De lo más santo y sagrado

De nuestro culto divino.

Pero acaso lo que definió más claramente el pensamiento político de Rosas fue su resistencia a aplicar las concepciones iluministas a la organización del país. Hostil al racionalismo y a toda la filosofía política del siglo XVIII, sostuvo que la organización constitucional no era una solución eficaz —y menos la solución necesaria— para fijar el orden nacional. Sostuvo que la fijación del orden nacional era prematura ya que no se había alcanzado un orden de las distintas regiones y provincias. Decía Rosas, en unas instrucciones que comunicaba a Quiroga:[39]

…el señor Quiroga debe aprovechar las oportunidades de hacer entender por todos los pueblos de su tránsito que el progreso es de desear que cuanto más antes pueda celebrarse; pero que al presente es en vano clamar por congreso y por constitución bajo el sistema federal, mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás. Porque en este sistema el gobierno federal no se une sino que se sostiene por la unión, representando en este estado los pueblos que componen la república para con las demás naciones; tampoco decide las diferencias de unos pueblos con otros sino que se reducen sus funciones a hacer cumplir los pactos generales de la federación, a cuidar de la defensa de toda la república, y dirigir sus negocios e intereses ge-nerales en relación con los de otros estados, pues para los casos de discordia entre dos provincias la constitución suele tener acordado un modo particular de decidirlas, cuando los contendientes no lo arbitran con su mutuo consentimiento.

Era, en el fondo, una concepción nacida de las ideas del romanticismo social; pero era, por eso mismo, una concepción propia de los grupos señoriales, aferrados a la realidad y reacios a su transformación. Representante y miembro eminente del grupo de estancieros que obtenía pingües ganancias con la preparación y exportación de carne salada, Rosas impidió la modernización de las explotaciones agropecuarias y se opuso a la formación de una burguesía urbana. Más consecuente que el doctor Francia, su polí-tica económica coincidió con su formación intelectual y con sus tradiciones sociales.

c. El Ecuador en la época de García Moreno

Dueño del poder desde 1861 hasta su violenta muerte en 1875, García Moreno gobernó el Ecuador dictatorialmente. Como Rosas y Francia, vivió obsesionado por el fantasma de la anarquía, y culpó de ella a las libertades que ofrecía y proporcionaba el régimen liberal. Pero, a diferencia del segundo, fue consecuente con sus principios ideológicos, recibidos de De Maistre, de Donoso Cortés y, sobre todo, de los sacerdotes jesuitas que fueron sus confidentes, sus instrumentos y sus consejeros: y a diferencia de los dos se preocupó por estimular ciertas formas de desarrollo económico moderno.

García Moreno poseía una vigorosa formación científica. Había estudiado química y geología y le apasionaba la investigación de la naturaleza. De esos principios de su formación intelectual derivó su preocupación por la difusión de la enseñanza, y especialmente la enseñanza científica. Creó la Escuela Politécnica, fundó laboratorios, colecciones de ciencias naturales, un observatorio; y sacudiendo la modorra tradicional, levantó edificios públicos y, sobre todo, construyó carreteras y caminos. Pero, al mismo tiempo, su formación católica y política lo llevó a la posición más extrema en la lucha contra el liberalismo, en una década —la del sesenta— en que se habían visto muchos excesos y en la que aparecería el Syllabus. En el discurso que pronunció después de jurar como presidente en 1869 se preguntaba:[40] “¿Cómo gobernar donde gobernar es combatir? ¿Cómo asegurar la civilización y el progreso a pesar de los que desean el desorden para medrar, porque saben que cuando el agua se revuelve el cieno es el que sube?”

Civilización y progreso son palabras que no pertenecieron ni al léxico de Francia ni al de Rosas. Pero García Moreno las usó, creía en sus contenidos y procuró que inspiraran su acción de gobierno. Dentro de estrechos límites, sin embargo. No creía que el progreso supusiera la modificación de la estructura agraria tradicional, y quienes lo empujaran hacia el poder, confiaban en el para que evitara las transformaciones que en la vecina Colombia, por ejemplo, había traído la legislación liberal. Tampoco creía que el progreso y la civilización requiriera o entrañara un régimen de libertades públicas. Por lo contrario, creía que no hay progreso sino dentro de un orden estricto, y en eso coincidía con el vigoroso sector señorial que exigía seguridad y estabilidad, con o sin progreso, y también con amplias capas de población conservadora, educadas bajo la influencia de la poderosa Iglesia Católica. Juan León Mera, el novelista autor de Cumandá y colaborador de García Moreno, a quien dedicó un en-cendido panegírico,[41] explicaba su posición política y su adhesión a las doctrinas conservadoras:[42]

Yo soy católico, no porque mis padres tuvieron la dicha de serlo, sino por el profundo convencimiento que tengo de la bondad y verdad del catolicismo. En cuanto a mis principios políticos; he aceptado los conservadores después del más duro examen, de haber visto que son los que más armonizan con los católicos… Y no porque soy católico y conservador… dejo de ser fervoroso republicano, amante y defensor de toda libertad pública bien entendida.

García Moreno expresó este sentimiento muy generalizado en una sociedad de la que se decía que, tras la Independencia, se había constituido en un convento, en tanto que la sociedad colombiana se había constituido en un colegio y la venezolana en un cuartel. Fue esa sociedad la que consagró constitucionalmente, una y otra vez, un tipo de poder ejecutivo en extremo vigoroso, que Juan Montalvo caracterizaba así:[43]

El presidente del Ecuador no es hombre como cualquiera; las leyes le dan cien ojos: es un Argos; las leyes le dan cien brazos: es un Briareo. Gigante en todo caso, a quien invisten de su fuerza todos los poderes, despojándose ellos mismos; a quienes amayoran los ciudadanos, menoscabando su propia elevación, para vol-verle hijo de la Tierra. Como tiene cien ojos, todo lo ve, todo lo sabe el presidente. Las paredes han de conservar sus mechinales por donde él meta un ojo averiguador y siniestro: conciencia, honra, amor son contrabandistas: allí les tema infraganti, y da con ellos en la casa del dolor, ésa que él ha levantado amasando los sesos de sus hermanos con lágrimas y sangre: argamasa a prueba de pico, secreto horrible descubierto por un operario del demonio.

En nombre del rey, en nombre de la ley, el presidente puede echar puertas abajo, y las echa. Si hay quien resista, ¡eh de mi guardia! llegan alabarderos y ma-ceras, y allí fue una familia. Tiene derecho de allanamiento. Para él lo sagrado del hogar doméstico es profano: entra a cualquier hora, sorprende a la doncella a medio vestir, pasa por sobre los niños, remueve, levanta las cenizas del fogón dormido. Los dioses lares son jocós y babuinos: ¡fuego sobre ellos! Y el templo, el templo de la pudicia femenina que en Roma era el más santo e inviolable, no alcanza más respeto que una casa de mancebía. El candado es el sello de la conspiración: puerta cerrada, puerta criminal: ¿no quiere romperse? ¡por las ventanas! ¡Arriba, valientes! El gobierno es un héroe; corona los balcones: extiende el brazo, vuelan las vidrieras. ¿Dónde están los traidores? ¿dónde los bandidos? Ni el lecho, ese mueble respetable donde se refugia la vergüenza, goza de fuero alguno contra la investigación impía que descubre secretos y desgracias, estos genios del traspatio que suelen dejarse estar en un rincón enfermos y abatidos. El presidente tiene derecho de allanamiento: debe saberlo, debe constarle todo, para castigar, para escarmentar, para exterminar. El presidente tiene derecho de exterminio. Los hombres, como no sean de los suyos, todos son proscritos: ¿les hallaron? a la plaza, donde les den azotes, o les vuelen la tapa de los sesos.

García Moreno ejerció ese poder sin vacilaciones. Pero aun así creyó que era necesario reforzar las disposiciones sobre el estado de sitio, argumentando vehementemente:[44]

Existe en las repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos, por desgracia, ciertos hombres a quienes debe lla-marse especuladores revolucionarios, por el propósito de hacer fortuna en las revo-luciones, y es indispensable contenerlos por el temor del castigo. Para evitar que se derrame sangre, es preciso armar al poder; la compasión por los criminales es la mayor crueldad contra los ciudadanos honrados y pacíficos, se ha visto la insufi-ciencia de las leyes comunes para contener los trastornos y se quiere todavía tener inerme al poder, en favor de los que atacan y hacen derramar sangre.

Ninguna de las libertades individuales subsistió, y todo fue sacrificado a la vigencia del orden, que era no sólo orden político sino también estabilidad social. Para consolidarlo, era necesario proveerlo de un fundamento inamovible, y apelando a la tradición hispanocolonial, se le dio un fundamento religioso en términos nunca alcanzados en otro país latinoamericano. La constitución de 1869 estableció en su artículo primero que “para ser ciudadano se requiere ser católico”; y en otro, que “la religión de la República es Católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra, y se conservará siempre con los derechos y prerrogativas que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Pero aún así no pareció suficiente. García Moreno, provisto de todas las armas legales para ejercer un poder omnímodo, inflexible en la ejecución de sus designios, implacable en la represión de todas las libertades políticas y civiles proclamadas por el liberalismo, creyó necesario fortalecer todavía más la estructura que inmovilizaba al país, a pesar del aparato técnico que se creaba. García Moreno asumió la defensa del Syllabus y el compromiso de dar cumplimiento a sus prescripciones; asumió la defensa de la Santa Sede, protestando ante el gobierno de Italia por la ocupación del Estado Pontificio; y en 1873 la legislatura consagró el Corazón de Jesús como patrón y protector de la nación.

Así se fue consolidando un Estado teocrático, montado para reprimir todo vestigio del espíritu liberal que había animado los primeros movimientos revolucionarios de Quito y Guayaquil, y prosperado con Rocafuerte y Urbina. Es sabido que Juan Montal- vo dijo, al tener noticia del asesinato de García Moreno: “Mi pluma lo mató”. Y aunque no fuera totalmente cierto, el anhelo de la restauración de las libertades civiles y políticas, que Montalvo defendía incansablemente, fue sin duda lo que movió el brazo de los homicidas.

El pensamiento político de la derecha liberal

La perspectiva abierta por la coyuntura favorable incorporó a la Revolución grupos diversos, de variadas predisposiciones y tendencias. Podría decirse que todos compartían en alguna medida los principios fundamentales del pensamiento iluminista de la filosofía política francesa del siglo XVIII. Pero en el curso del proceso revolu-cionario algunos grupos precisaron y defendieron convicciones muy moderadas, y constituyeron el núcleo de la derecha liberal. Se aglutinaron a su alrededor otros sectores que, habiendo sostenido posiciones más avanzadas, comenzaron a desplazarse hacia posturas menos aventuradas: unos porque consideraban haber logrado los fi – nes que se habían propuesto y querían consolidarlos, y acaso consolidar sus nuevas posiciones individuales; otros porque la experiencia del proceso revolucionario los había fatigado y buscaban poner fin a la fluidez de la situación introduciendo un principio de orden.

Esta derecha liberal vaciló entre la forma monárquica de gobierno y la forma republicana. Pero los matices eran muy tenues. En ambos casos se buscó fortalecer el poder político, y las diferencias se plantearon alrededor del problema del origen de la soberanía. No hay duda, sin embargo, de que quienes prefirieron la forma republicana, aun bajo su variante más autoritaria, demostraron mayor predisposición a un tránsito futuro hacia regímenes más liberales.

El pensamiento monárquico liberal

Bajo la influencia del modelo francés, pero sin duda porque los grupos rebeldes deseaban fervientemente encontrar una manera de consolidar el movimiento desencadenado. Haití creó un imperio mediante la constitución de 1805 y luego una monarquía en 1811, ambos efímeros. Sus sostenedores enfrentaron otros grupos republi-canos de un liberalismo más avanzado y consecuente, y propusieron la vigencia de la estructura militar para la administración del país.[45]

En México, tras el fracaso de Hidalgo y de Morelos. sólo se volvió a la idea de la independencia tras la Revolución de Riego en España. Esta vez fueron los grupos más conservadores quienes la promovieron. El Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821 por Iturbide. contenía “tres garantías” fundamentales: la conservación de la religión Católica Apostólica Romana, sin tolerancia de otra alguna, la Independencia bajo un régimen monárquico moderado, y la unión entre americanos y europeos. En defensa de su punto de vista monárquico. Iturbide declaró:[46] “Las desgracias y el tiempo liarán conocer a mis paisanos lo que les falta para poder establecer una república como la de los Estados Unidos”.

Y sobre la base de estas ideas liberales se instauró su efímera monarquía.

Un representante típico de la derecha antiliberal, Lucas Alamán, que escribía algunos años después, observaba que Iturbide creyó prudente atender a las costumbres formadas en trescientos años, las opiniones establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía el nombre y la autoridad del monarca, conservando “la forma de gobierno a que la nación estaba acostumbrada”: y agregaba:[47]

Por haberse apartado de esta norma, por haber querido establecer con la Independencia las teorías liberales más exageradas, se ha dado lugar a todas las desgracias que han caído de golpe sobre los países hispanoamericanos, las cuales han frustrado las ventajas que la Independencia debía haberles procurado, siendo muy de notar que los dos hombres superiores que la América española ha producido en la serie de tantas revoluciones, Iturbide y Bolívar, hayan coincidido en la misma idea, levantando el primero en su Plan de Iguala un trono en México para la familia reinante en España, e intentando el segundo llamar a la de Orleáns a ocupar el que quería erigir en Colombia.

Fundada en la fuerza militar y en el apoyo de los sectores más conservadores, la monarquía moderada de Iturbide no pudo resistir a los embates de grupos ligeramente más avanzados, cuya posición aseguraba un equilibrio más estable entre los diversos sectores en pugna. Quizá, la explicación más exacta del fracaso monárquico esté en las palabras que Bolívar escribió a Santander en setiembre de 1822:[48]

…creo que Iturbide con su coronación ha decidido el negocio de la independencia absoluta de Méjico; pero a costa de la tranquilidad y aun de la dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento, porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador, que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En Méjico se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono, que libertar los campos de la monarquía.

Parece lícito interpretar que los “realistas” eran grupos de tradición señorial y monopolista y vehementemente antiliberales.

Razones semejantes a las que en México movieran a tales grupos, impulsaron a los moderados del Brasil a proclamar la Independencia y a organizar luego un régimen monárquico constitucional. Consumada la proclamación y convocada la Asamblea General Constituyente en mayo de 1823, se advirtió que la fórmula política hallada, satisfactoria para los grupos tradicionales, provocaba la irritación de sectores liberales que señalaron los peligros que la fórmula entrañaba y las aspiraciones que la fórmula no contemplaba: “antilusitanismo, restricción del poder personal del Soberano, libertades civiles amenazadas, conciliación del principio monárquico con el democrático y por eso hostilidad al grupo conservador y portugués que rodeaba a D. Pedro I”, según señala Pedro Calmón.[49]

El cuadro se completó con la Revolución de Pernambuco de 1824. Pero el nuevo Imperio sorteó las dificultades y se situó en un punto de equilibrio que resultó justo. El régimen se consolidó y su teoría fue explicada por el propio emperador en un proyecto elaborado por él o por sus colaboradores inmediatos en 1823 en el que se declaraba:[50]

Todos los publicistas de más crédito en Europa reconocen como una verdad indestructible en política que el sistema monárquico constitucional es el único que se debe adoptar en un gran Estado como el Brasil cuya gran extensión quedaría expuesta a formidables convulsiones si no estuviese en la institución monárquica un centro de garantía que afianzase su seguridad.

El Imperio debía funcionar, en cuanto a las formas, como una democracia parlamentaria; en la práctica, sin embargo, expresaba la voluntad y los intereses de un sector relativamente reducido de la población, que, en efecto, gozaba de la posibilidad de canalizar políticamente sus designios. Por sobre el sistema de los poderes flotaba el poder del emperador, institucionalizado de una manera singular, según lo estableció el artículo 98 de la constitución de 1824, que —como dice Oliveira Torres— “parece una fórmula doctrinaria, pero es un mandamiento expreso del legislador constitucional al monarca en el ejercicio de su noble oficio de reinar”.[51]

El artículo expresa: “El Poder Moderador es la clave de toda la organización política, y es delegado privativamente al Emperador, como Jefe Supremo de la Nación y su primer representante, para que incesantemente vele sobre el mantenimiento de la independencia, equilibrio y armonía de los demás poderes políticos”.

Colocada fuera del ancho campo de las actividades políticas, la monarquía parecía asegurar un fundamento inconmovible a las nuevas naciones, montadas sobre viejas estructuras sociales y económicas que, de esa manera, salvaban su existencia y se sustraían a las luchas.

En el Río de la Plata, la profunda crisis que siguió a la Independencia desalentó a los tímidos partidarios de la organización republicana y liberal y robusteció las convicciones de quienes tenían, por tradición y formación, opiniones favorables a la monarquía moderada. Desencadenadas las luchas entre las regiones del antiguo virrei-nato, Manuel Belgrano, Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros, liberales insospechables y originariamente republicanos, se manifestaron favorables a la instauración de una monarquía que pusiera fin a la disgregación, contuviera el senti-miento federalista y asegurara el orden interno. Esta idea fue sostenida con mucha vehemencia por José de San Martín y Carlos de Alvear, militares ambos de formación liberal incuestionable, pero monárquicos seguramente por tradición y autoritarios por su concepción profesional.

En 1815 escribía Carlos de Alvear:[52] “Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía”.

Y San Martín se preguntaba al año siguiente:[53] “¿Podremos constituirnos república sin una oposición formal del Brasil…; sin artes, ciencias, agricultura, población, y con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos?”

La solución que ambos buscaban no fue alcanzada en el Río de la Plata. Pese a ello, San Martín perseveró en su convicción y se propuso formalmente instaurar una monarquía en el Perú, coincidiendo con Bernardo Monteagudo, antes inflamado republicano. Una misión diplomática debía buscar un monarca en Europa; ajustándose a instrucciones precisas cuyo primer punto establecía:[54]

Para conservar el orden interior del Perú y a fin de que este estado adquiera la respetabilidad exterior de que es susceptible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el reconocimiento de la independencia, y la alianza o protección de una de las potencias de primer orden de Europa. La Gran Bretaña por su poder marítimo, sus créditos y vastos recursos, como por la bondad de sus instituciones, y la Rusia por su importancia política y poderío, se presentan bajo un carácter más atractivo que las demás: están por consiguiente autorizados los comisionados para explorar como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex-Cobourg, o en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bretaña pase a coronarse emperador del Perú.

Por análogas razones surgieron sospechas de que Bolívar, pese a sus categóricas opiniones anteriores, comenzaba a deslizarse hacia la aceptación de la solución monárquica. De todos modos, el límite que separa un régimen monárquico del sistema republicano instaurado en la constitución boliviana de 1826 es casi imperceptible, como era tenue, efectivamente, la diferencia que percibían entre la monarquía y la república todos los que, habiendo tenido una formación liberal, se sentían empujados por la experiencia a una corrección de sus puntos de vista.

Razones semejantes, también, aunque más relacionadas con las ambiciones personales, pudieron nutrir ciertas tendencias monárquicas, más o menos ocultas, en los generales de Bolívar: Paéz, Flores y Mosquera. Hacia 1846 creció la sospecha de que acariciaban la intención de volcarse hacia la monarquía. Se recordaba que Páez había insistido ante Bolívar para que aceptase la corona, y que Mosquera se había manifestado partidario entusiasta, en 1826, de que Bolívar asumiera la dictadura absoluta y vitalicia. Pero lo indudable es que Flores gestionó en España, en 1846, la creación de una mo-narquía en el Ecuador, y obtuvo la promesa de que aceptaría el trono un príncipe español.

Hasta entonces las tendencias monárquicas respondían a los modelos de monarquía constitucional o parlamentaria que sedujeron a los liberales de principio de siglo. Pero en la segunda mitad del siglo XIX esas tendencias se renovaron bajo la influencia del modelo de la monarquía burguesa que erigieron en Francia Luis Felipe y Napoleón III.

Frente al avance de las reformas sociales y políticas que triunfaron hacia 1857 en México, fuertes sectores tradicionales volvieron a acariciar la idea de instaurar un poder fuerte, apoyado no sólo en las fuerzas militares que respondieran a esos sectores, sino también en las fuerzas de ocupación que pudiera enviar alguna potencia extranjera, en defensa de la hegemonía de la Iglesia y de la tradicional estructura social. El proyecto tuvo éxito y así se instauró el imperio con Maximiliano. Las ideas políticas de los militares y de los grupos señoriales que lo apoyaron se relacionaban básicamente con una denodada defensa de la situación tradicional, amenazada, sobre todo, por una política de liberación de los indígenas y de restricciones a la hegemonía de la Iglesia. Pero el imperio fracasó, no sólo frente a la obstinación de Juárez y sus partidarios, sino a causa de la limitación del apoyo militar de las potencias europeas, cada vez menos predispuestas a las intervenciones políticas cuando aparecía la posibilidad de operar sobre su periferia mediante los mecanismos económicos.

Tres años antes de la coronación de Maximiliano: en México, en 1861, el presidente del Ecuador, García Moreno, solicitó por su parte a Napoleón III el establecimiento de una monarquía en Sud- américa, que no sólo incluiría el Ecuador sino también el Perú y acaso otros países, “bajo un príncipe designado por Su Majestad el Emperador”,[55] con cuya garantía pensaba organizar el orden interno del país.

El vasto esfuerzo para erigir regímenes monárquicos fracasó en todas partes, como concluyó finalmente, después de casi sesenta años, el régimen instaurado en el Brasil. La definida fisonomía institucional de la monarquía parecía ofrecer, por sí sola, una garantía de estabilidad; pero la sociedad latinoamericana no respondió a ese es-tímulo. Fue, pues, el monarquismo liberal un espejismo, alimentado por quienes consideraban que era posible; en América latina, detener el vigoroso cambio que habían suscitado sucesivamente el mercantilismo y la Revolución industrial por la sola fuerza de un mecanismo institucional.

El pensamiento republicano autoritario

El republicanismo autoritario fue la inversa del monarquismo liberal. Sus sostenedores comprendieron que el problema del origen de la soberanía —cualesquiera que fueran los términos en que se lo formularan los distintos grupos sociales— no podía plantearse en América, en los albores de la Independencia, como una enajenación gratuita en beneficio de una dinastía europea o de cualquier general afortunado. Los grupos populares y burgueses que promovieron y sostuvieron los movimientos revolucionarios pudieron disentir en cuanto al significado y contenido de la palabra democracia, o en cuanto al alcance y al valor de las ideas liberales; pero es innegable que los grupos regionales tuvieron la intuición profunda de que recuperaban o conquistaban la soberanía para decidir lo que quisiesen con respecto a su destino. La enajenación de la soberanía en beneficio de una organización monárquica repugnaba en el fondo a todos los grupos liberales, excepto a los más conservadores, y no fue suficiente para hacerla aceptable ningún adjetivo que la transformara en templada, constitucional, parlamentaria o moderada. El doctor Francia, en el Paraguay, y José G. Artigas en el Uruguay, fueron los exponentes más representativos de este sentimiento de repugnancia frente a cualquier intento de renunciar a la soberanía popular.

Sensibles a esta reacción, otros grupos conservadores buscaron la instauración de regímenes autoritarios —tan vigorosos como podía serlo la monarquía misma o quizá más— pero asumiendo la forma republicana, que suponía el mantenimiento de la soberanía popular, quizá temporalmente bajo tutela, pero dentro de un sistema que no implicaba una delegación y la hacía siempre reivindicable.

Estas ideas habían sido sostenidas vehementemente por Bolívar. Sin duda pensaba él que una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra constituía el más perfecto de los sistemas políticos posibles en la época; pero un análisis de la situación imperante en el mundo hispanoamericano le aconsejaba, según sus puntos de vista, desecharlo. Otras razones fortalecían, además, su opinión de que la monarquía era inconveniente en América; y resumiéndolas, escribía en 1815, en la Carta de Jamaica:[56] “Por estas razones pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa“.

Pero de modo más vehemente aún rechazaba Bolívar una organización republicana en la que prevaleciera una “libertad ilimitada” y una “forma federal”.[57] Su concepción política quedó señalada ya en la citada Carta de Jamaica, donde decía, refiriéndose al régimen que entreveía para el futuro:[58]

Su gobierno podrá imitar al inglés: con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempes-tades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios.

Quedó expresada en ese pasaje su preferencia por dos instituciones fundamentales que revelaban las tendencias de su pensamiento político, y que hicieron suponer que acariciaba ocultamente ideas monárquicas: el senado hereditario y el poder ejecutivo vitalicio. Sus adversarios juzgaron, sin duda con algún fundamento, que dentro del cuadro de las ideas liberales, Bolívar había adoptado una posición de derecha y por eso lo consideraron inspirador del que luego sería el partido conservador.

En el discurso de Angostura[59] caracterizó Bolívar las ventajas del senado hereditario:

Si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra república. Este cuerpo en las tempestades polí-ticas pararía los rayos del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go-bierno por el justo interés de su propia conservación, se opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magis-trados. Debemos confesarlo: los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses, y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios: el individuo pugna contra la masa, y la masa contra la autoridad. Por tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofendido, y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro para que pueda ser tal, no ha de deber su origen a la elección del Gobierno, ni a la del pueblo; de modo que goce de una plenitud de independencia que ni tema, ni espere nada de estas dos fuentes de autoridad.

Los peligros que significaba la constante renovación de las aspiraciones populares se conjugaban, en su opinión, con las pretensiones del poder legislativo, necesariamente sensible a la presión de sus mandantes para limitar las facultades del poder ejecutivo. Era, pues, necesario a sus ojos que dispusiera éste de todos los instrumentos necesarios para evitar los peligros de la anarquía, y que tuviera la estabilidad necesaria para enfrentar al pueblo. Decía en el discurso de Angostura:[60]

Estas mismas ventajas son, por consiguiente, las que deben confirmar la ne-cesidad de atribuir a un Magistrado Republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un príncipe constitucional.

Un Magistrado Republicano es un individuo aislado en medio de una sociedad, encargado de contener el ímpetu del Pueblo hacia la licencia, la propensión de los Jueces y administradores hacia el abuso de las Leyes. Está sujeto inmediatamente al Cuerpo Legislativo, al Senado, al Pueblo; es un hombre solo resistiendo el ataque combinado de las opiniones, de los intereses, y de las pasiones del Estado social, que como dice Carnot, no hace más que luchar continuamente entre el deseo de dominar, y el deseo de sustraerse a la dominación. Es al fin un atleta lanzado contra multitud de atletas.

Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de una República. Si no se oponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del Gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía.

>Así quedó constituido el modelo del Estado republicano autoritario, que consagró en lo fundamental la constitución boliviana de 1826, elaborada por el propio Bolívar. El fundamento de la soberanía popular quedaba salvado, los principios de la división de poderes respetados, las libertades individuales consagradas, pero el poder político podía regular las presiones de los distintos grupos políticos y prevenir los riesgos de la tan temida anarquía, que no solía ser sino el fruto de las tensiones sociales, en busca de un nuevo equilibrio.

Como en el caso boliviano, los jefes militares que en otros países llegaron al poder y mantuvieron las preferencias republicanas y los principios institucionales de Bolívar, pugnaron siempre por fundar su autoritarismo espontáneo en prescripciones constitucionales. Los grupos liberales se opusieron sistemáticamente, y acaso podría de-cirse que así se definieron las diferencias entre los partidos conservadores y los partidos liberales de allí en adelante. Pero, aun violando las instituciones, las dictaduras militares ejercieron de hecho un tipo de poder, que correspondía al mismo esquema. Pocos testimonios tan ilustrativos como el de la señora de Francés Erskine Inglis de Calderón de la Barca,[61] esposa del primer ministro plenipotenciario que España envió a México, y que ha dejado un vivo y minucioso relato del golpe militar encabezado en 1849 por el general Santa Anna. Una sabia retórica republicana y liberal encubría el establecimiento de un poder fuerte sin otras limitaciones que las que impusieran los grupos de poder, cuyos portavoces eran los mismos que se hubieran sentado en los parlamentos que se hubieran reunido.

Pero Bolívar no quiso la dictadura sino el poder constitucional fuerte. Ese esquema no fue desdeñado por los liberales, muchos de los cuales, llegados al gobierno, adoptaron un estilo autoritario aun cuando su política estuviera destinada a instaurar los principios del liberalismo. Tal fue el caso de Rocafuerte en el Ecuador, de Castilla en el Perú, de Mosquera en Colombia y, más tarde, de Barrios en Guatemala. Para sobreponerse a la fuerza de los grupos conservadores y, especialmente, a la de la Iglesia, apelaron todos ellos a procedimientos considerados a veces dictatoriales, y sus gobiernos, en efecto, fueron juzgados como dictaduras más de una vez, y acaso con bastante fundamento. No se sabría decir categóricamente, y sin establecer muchos matices, si fueron éstos, gobiernos de derecha, aun cuando les corresponda esta caracterización por el tipo de comportamiento político, puesto que, por lo contrario, se mostraron favorables a la promoción de cambios económicos y sociales.

No menos dudas suscita el diagnóstico del más notable y conflictivo caso de republicanismo autoritario: el de Chile durante la época de Diego Portales, que fue considerado por sus contemporáneos como ejemplo de gobierno conservador y adoptado como modelo por muchos regímenes conservadores latinoamericanos.

Escribiendo veintiséis años después de su asesinato, su biógrafo Vicuña Mackenna[62] —un liberal— se preguntaba cuáles habían sido realmente las tendencias políticas de Portales, refiriéndolas a los dos partidos clásicos, conservadores y liberales, que él designaba con sus nombres populares de pelucones y pipiolos:

Y aquí salta a la vista una cuestión de lógica histórica, más bien que de tradición, porque el escritor crítico se pregunta, delante de los singulares y marcados contrastes de aquella rara existencia, cuál fue su verdadero carácter político, aparte de círculos y afecciones puramente personales. Y en verdad, aunque la tradición vulgar esté en esta parte completamente sancionada. la historia todavía duda. ¿Fue Portal es pelucón? ¿Fue pipiolo? He aquí el dilema que chocará a los unos como blasfemia y a otros como una cruel ironía.

Don Diego Portales, es verdad, tuvo por aliado el bando histórico llamado de los pelucones, pero nunca fue su caudillo. Fuéronlo de aquél, a la vez, Egaña y Rodríguez Aldea, y como intermediario entre ambos, el acomodaticio ministro Tocornal, su verdadero organizador político en la administración, pues los primeros eran sólo las dos antiguas columnas de su vetusto pórtico. La historia que hemos trazado en estas páginas está revelando, por cada una de sus faces, aquella verdad inmutable, que coloca a su protagonista en una posición única y excepcional delante de todas las facciones hostiles y de la propia que lo aclamaba como jefe. Casi no se menciona, en verdad, el nombre de uno solo de esos graves personajes del peluconismo, a quien no impusiera don Diego Portales alguna humillación, o de quien no tuviera a escondidas o en sus labios una sincera queja.

Por más que se busque, no existía ciertamente punto alguno de contacto ni de afinidad de hábitos, carácter o ideas, con los hombres que eran las lumbreras o los pilares de aquel poder que sólo apareció compacto más tarde sobre la arena, armado para combatir, como en 1840, o armado para la resistencia, como en 1851.

La historia del peluconismo propio comienza únicamente en la tumba del Barón. Don Diego Portales, en verdad, no tuvo más señal del tipo genuino pelucón, que el tupé postizo con que cubría su calvicie (calvicie de pipiolo…), y si a este solo título se le reconoce aquel nombre, es indudable que la historia no tiene ya para qué hacer valer su severa lógica en la duda.

Y tras de señalar algunos rasgos característicos de la contradictoria personalidad del ministro, concluía:

¿Y era éste, ni podría ser tal hombre, el caudillo de los pelucones, de aquel partido pretencioso de la aristocracia de los blasones y de las talegas, cuando él ha-cía mofa de pergaminos y no tenía a veces dinero suelto para comprar cigarros? ¿Del partido fastuoso y regalón de las tertulias de malilla y rocambor en salones de oro, cuando vivía en cuartos de alquiler y sus favoritos cortesanos eran Adalid Za-mora, don Isidro Ayestas y Diego Bórquez? ¿Del partido, en fin, timorato y com-pungido de las sacristías y de las sotanas cuando era reconocido por un ‘hereje’ (lenguaje de Santiago), y el clérigo Meneses temblaba al escuchar sus blasfemias, que es fama no excusó aun en presencia de su primo, el pulcro y modesto Obispo Vicuña?

o innegable es que Portales fue hombre de acción, refractario a la seducción de las ideologías y partidario de un sistema ordenado en el que las luchas políticas no esterilizaran el desarrollo económico. Sus opiniones políticas quedaron claramente expresadas en una carta que escribió desde Lima en marzo de 1822, en la que decía:[63]

La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda vir-tud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y, ¿qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar; pero, ¿sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensa-rá igual.

Estas opiniones se asemejaban notablemente a las de Bolívar, y por ellas fue considerado conservador por los liberales. Respetaba, por cierto, los principios de orden heredados de la Colonia, pero no es igualmente exacto que procurara consolidar el sistema económico y social de la Colonia, porque, comerciante él mismo, y admirador de los Estados Unidos, promovió el desarrollo de nuevas formas económicas que abrían el camino de las burguesías. El liberal Vicuña Mackenna[64] resumía así su acción de gobierno:

Portales aparece entonces, desde cualquier horizonte que se le mire, como el coloso de la historia. Está solo, y por lo mismo, se ve más grande. Va a hacer la mudanza de la sociedad, después de haber hecho su trastorno; pero no consiente, ni auxiliares, ni consejos, ni inspiración alguna superior, porque se encuentra capaz de hacerlo todo, con tal de hacerlo todo por sí solo. Así, su labor pública es inmensa; sin límites su consagración al bien de la patria: su abnegación a todos los egoísmos que aquejan al hombre, verdaderamente sublime y ejemplo. Sin hacer cuenta ni de los ‘pipiolos’, a quienes su espíritu, lisiado casi siempre de incomprensibles extravagancias, llama peleajanos; ni de los ‘pelucones’, a quienes denomina huemules; ni de los presidentes, a quienes da el nombre de Ayestas; ni de él mismo, pues a sí se llama dictador plebeyo, o según su propia frase, ministro Salteador, él va a un fin dado, con todas las fibras del corazón palpitantes de energía, con la sonrisa de su genial humor sobre los labios, y no le importa que, al pasar, en su ardiente carrera sus propios amigos le llamen loco i ni que los adversarios que le combaten con una obstinación suprema, le apostrofen de tirano!

Portales en alas de su genio, entre tanto, viene atravesando el caos, y a medida que pasa, va dejando los cimientos de una prodigiosa creación, de la que los bandos que luchan o se acechan no se aperciben de pronto, pero que la historia desentraña cuando penetra con su linterna de luz en los arcanos del pasado. Anula el ejército y crea la Academia Militar; somete a la plebe y crea la guardia nacional; destruye el favoritismo financiero, herencia de la Colonia, y crea la renta pública; persigue la venalidad, plaga de la magistratura española, y regulariza la adminis-tración de justicia; desbarata el favoritismo de los empleos y crea la administración. Portales inicia así la más grande de las revoluciones a que aspira la República hoy mismo, la Revolución contra la rutina. No quiere el polvo de lo antiguo ni en los códigos, ni en las costumbres, ni en la educación pública, ni siquiera en las oficinas del Estado.

Casi sin riesgo de ser vulgar podría el escritor político describir a Portales en aquella época, armado del ‘plumero’ (mueble que él aclimató en las regiones oficiales, donde parecía exótico), y pasando por todas partes, sacudió la espesa capa de hollín que dejó la Colonia; sólo que a veces empleaba el mango, cuando la mancha no estaba en los muebles sino en los hombres…

Si Portales no fue por esto un gran revolucionario, fue más todavía, porque fue un gran innovador. Se ocupó poco de las leyes y de los principios, que su funesta ignorancia no le permitió comprender en todo su alcance; pero todo lo demás lo cambió de lugar, lo hundió en la nada o lo sustituyó por una de sus creaciones propias. Eran éstas, por lo común, toscas e imperfectas construcciones, parto de su genio inculto, pero en su conjunto bastarían a formar el andamio de hierro en que dejó sentadas las bases de la República que antes habían sido arena. Don Diego Portales fue el gran revolucionario de los hechos, fue el ejecutor práctico y tenaz de todo aquello que en el gobierno de sus antecesores había sido una bella teoría o un turbulento ensayo; en una palabra, hizo la Revolución administrativa, en el tercer período de crecimiento del país, después que los liberales habían hecho en su pubertad la Revolución política, v los primeros patriotas, en su cuna, ese cambio de nodrizas que se ha llamado la Revolución de 1810 y que nos dio una madre en lugar de una madrastra.

Y lo que maravilla en todo esto es que Portales realizase cosas tan nuevas y tan extraordinarias en el país, sin previo aprendizaje, sin ideas preconcebidas, sin maestros, sin estudio, sólo por la fuerza de un instinto poderoso y creador, al que no puede menos de reconocérsele la índole del genio. Portales, se ha dicho como un reproche, fue un hombre improvisado; pero fue más que eso, un extraordinario improvisador. Todo lo hizo a carrera y más o menos bien, pero lo hizo él solo con un esfuerzo de laboriosidad y dedicación, al que no ha alcanzado en Chile ningún hombre público, y atiéndase que todo lo que llevó a cabo fue sin sueldo, habiendo perdido su fortuna en la Revolución, y rehusando, a la vez, todos los honores y todos los empleos que se le conferían sin reparo.

La vasta polémica alrededor de Portales pone claramente de manifiesto el difícil problema de la caracterización de la derecha en Latinoamérica. Ciertamente, la aparición de una alta burguesía mercantil modifica los criterios y los complica, pues sus intereses no sólo la acercan poco a poco a ciertos grupos señoriales sino que la separan de los grupos liberales eminentemente ideológicos.

Portales se situó a la derecha de esos grupos liberales eminentemente ideológicos porque creyó necesario postergar la consumación del establecimiento de un sistema de plena libertad y de democracia política. Pero no trabajó menos que Rocafuerte o que Castilla a favor de una burguesía que prometía sacudir el viejo sistema señorial. Por esto último no podría decirse de él que fuera una expresión típica de la derecha. Una última salvedad podría hacerse: su comportamiento podría considerarse de derecha si se lo considerara un precursor de una política calculada para permitir la formación y consolidación de una alta burguesía sin que se abrieran las compuertas para el ascenso de nuevos sectores medios y populares. Tal fue precisamente la tendencia de las altas burguesías de muchos países latinoamericanos hacia fines de siglo, que concluyen constituyendo cerradas oligarquías.

4. El pensamiento político de las oligarquías liberalburguesas desde fines del siglo XIX

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la estructura socioeconómica de Latinoamérica mantuvo ciertos caracteres constantes. En términos muy generales la caracterizaba una sociedad dual en las áreas rurales y una burguesía urbana en la que el sector mercantil no alcanzaba a tener poder económico suficiente como para interferir en el sistema inspirado y dirigido por las clases poseedoras de la tierra; era, por lo contrario un sector dependiente de éstas, con una función intermediaria en la economía, y generalmente también en la política.

Sólo a partir de mediados del siglo XIX la burguesía urbana empezó en algunos países a tener mayor independencia, al producirse ciertos cambios de importancia en la vida económica. Si hasta entonces su papel había sido pasivo y cumplía funciones dentro de un sistema que no controlaba, de allí en adelante empezó a tener iniciativa propia y a diseñar otro sistema en el que las clases poseedoras de la tierra, aún siendo piezas fundamentales del juego, debían reconocer una zona, a veces extensa, de control. Era, naturalmente, la alta burguesía vinculada al comercio de exportación e importación, a la banca, a la especulación y a la administración pública. Apresurémonos a decir que muchos miembros de los grupos señoriales no vacilaron en incorporarse a esas actividades y operaron simultáneamente en los dos sectores de la economía, el primario y el terciario: pero el terciario incorporó a mucha gente que venía de otro origen: eran a veces extranjeros, radicados o no; gentes de clase media a quienes el dinero, las profesiones liberales o la política habían permitido alcanzar posiciones que el sistema hacía importantes o acaso decisivas; y el sistema mismo, más dependiente del mercado comprador que de los sectores de la producción, al escapar al control de los grupos po-seedores de la tierra, ofrecía importantes posibilidades de decisión, de lucro y de influencia a quienes llegaban a los puestos desde los cuales se ejercía su control.

Al cabo de poco tiempo —hacia la última década del siglo— se había diferenciado en el seno de los sectores medios una alta burguesía que tenía ya una inequívoca figura como clase económica y social, y claros designios que, en algunos aspectos, no coincidían con los de los grupos señoriales. Mantuvieron éstos sus convicciones básicas y sus ideas políticas, y cuando aceptaron su nuevo papel dentro de la economía en cambio, pretendieron conservarlas aun cuando colaboraban en la modificación de la estructura económica. Esta contradicción se advirtió en sus relaciones con la nueva burguesía liberalburguesa que, cada día más, alcanzaba mayor preponderan-cia. Hubo alianzas y oposiciones, pero los dos grupos, aún procurando coincidir ante la perspectiva de adversarios comunes —las clases medias y populares en ascenso— delinearon posiciones distintas. Cada vez más se perfiló la existencia de dos derechas.

La renovación de la situación social

Los cambios que se produjeron en la situación social de la mayoría de los países latinoamericanos fueron la consecuencia de la Revolución industrial operada en Europa, y que modificó rápida y profundamente tanto su estructura económica como la de los Estados Unidos. No sólo se produjo un acelerado incremento en la demanda de las materias primas que se relacionaban con las nuevas industrias, sino que creció mucho la de productos alimenticios. Los propietarios europeos de tierras elegían cuidadosamente el destino que le darían, y diversas circunstancias los alejaron en alguna medida de su antiguo tipo de producción. Por lo demás, los campesinos se sintieron atraídos por las ciudades, y produjeron un intenso éxodo rural de doble consecuencia: disminución de la producción de alimentos y creciente demanda de éstos en las zonas urbanas, cada vez más intensamente pobladas.

La consecuencia fue un cambio importante en la posición de Latinoamérica con respecto a Europa y los Estados Unidos. Esos mercados consumidores exigieron determinados productos dentro de un gigantesco plan de producción concebido en escala mundial, y esa exigencia, mucho más remunerativa que antes, fijó ciertas condiciones a la producción. El mercado consumidor estableció el o los productos exportables; prefiriendo en cada país un sistema de monoproducción estableció altos precios, pero fijó también altos niveles de calidad que requerían nuevas técnicas no sólo en la etapa de la producción sino también en la de la distribución; estableció relaciones de dependencia financiera que importaban dependencias inevitables y regímenes de importación de productos manufacturados; exigió privilegios y garantías que le fueron acordados a través de gobiernos a los que transformó en sus personeros; pero, sin duda, promovió una activa modernización de los países latinoamericanos, aunque al precio de una dependencia económica que muy pronto implicó, directa o indirectamente, una cierta dependencia política.

Esa dependencia convirtió al Brasil en un exportador de café. La Argentina, abandonando la elaboración de tasajo, se dedicó a la producción de cereales y de carnes, según las exigencias del mercado inglés; Cuba y Puerto Rico a la de la caña de azúcar; los países centroamericanos, a la de café y maderas; México, Perú, Bolivia, a la de minerales. La producción tenía comprador seguro, pero como a veces era el comprador único, fijaba los precios, estipulaba las calidades e imponía condiciones accesorias. La más importante fue la de equilibrar la balanza comercial mediante la importación de productos manufacturados, contrariando las posibilidades de desarrollo manufacturero local.

Las últimas décadas del siglo constituyeron una época de desarrollo en casi todos los países latinoamericanos y de formidable enriquecimiento de sus clases altas: las clases poseedoras de la tierra que suministraban el producto y las clases burguesas que intervenían en el complejo mecanismo de la distribución y el crédito. En algunos países aparecieron poco a poco algunas actividades manufactureras relacionadas con esa producción; pero, en casi todos, los sectores que más se enriquecieron fueron, además de los productores, los exportadores e importadores, y los que tuvieron éxito en la desorbitada especulación que acompañó el proceso de desarrollo.

Efectivamente, las nuevas posibilidades que se abrían exigían una renovación del dispositivo técnico. Era menester hacer caminos y puentes, puertos, edificios y, sobre todo, ferrocarriles. Las ciudades exigían además obras públicas importantes: aguas co-rrientes, desagües, pavimentos. Para todo eso, los países compradores ofrecieron a cada uno de los países con los que mantenían relación, fuertes y renovados empréstitos que originaron, junto con otros factores, graves problemas financieros. El crédito y la espe-culación contribuyeron también a renovar la fisonomía de la nueva sociedad.

En la euforia del desarrollo, el crédito adquirió también caracteres de especulación. Aparecían y desaparecían empresas y sociedades destinadas a la ejecución de ambiciosos proyectos, que creaban fortunas y las hacían desaparecer; y en el otorgamiento de los créditos, de las concesiones y privilegios, quienes estaban vinculados al poder tenían la posibilidad de obtener ventajas que significaban quizás el enriquecimiento repentino. Cosa semejante ocurrió con la especulación en tierras, hecha en previsión de la expansión de las ciudades, de la fundación de colonias y, sobre todo, de la construcción de caminos, puertos y ferrocarriles.

Reflejo indirecto de la expansión europea y norteamericana, la nueva riqueza operó cambios sociales de gran trascendencia en Latinoamérica. Quizás el más notable y visible fue el que resultó de una importante inmigración europea: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. México; países de clima templado y semejante al de algunos países europeos, fueron los preferidos. En pocas décadas se incorporaron a las sociedades tradicionales contingentes numerosísimos de italianos, españoles, alemanes, judíos y, en menor escala, de otras nacionalidades. El desarrollo económico implicaba el problema de la mano de obra; y al tiempo que se desechaba definitivamente el trabajo de los esclavos, se buscaba otra mano de obra más eficiente, abriendo algunos cauces nuevos para la economía, como la producción del café en Brasil o de los cereales en la Argentina.

Pero, al mismo tiempo, la inmigración buscó las ciudades, acrecentó el complejo de las poblaciones urbanas y formó vastos sectores de pequeña clase media, artesanal o comercial, que codificaron la fisonomía de las ciudades. Esas clases medias, sustentadas por la vasta empresa de intermediación que suponía la producción en gran escala de productos exportables y la importación de artículos manu – facturados, suscitaron toda clase de problemas derivados; compuestas, naturalmente, no sólo de inmigrantes, sino también de población criolla —mestizos muy especialmente en algunos países—, revelaron la fuerte tendencia de sus miembros a mejorar su posición social y económica. Fueron sectores de gran movilidad en muchos países, y no sólo hubo deslizamientos desde situaciones de baja clase media hacia sectores profesionales y comerciales en una o dos generaciones, sino que hubo una marcada tendencia de sus miembros a lograr cierta participación política.

En el seno de las clases populares se advirtieron también algunos cambios. Los sectores rurales criollos o indígenas fueron quizá los más estáticos. Pasaron a veces del sistema paternalista de las viejas haciendas a un sistema industrial despersonalizado que agravó aún más su situación. En las ciudades, en cambio, mejoraron algo los sectores asalariados. Donde hubo éxodo rural, los criollos, indios y mestizos se incorporaron a actividades nuevas: fueron generalmente peones en las grandes obras públicas, o en la construcción, o ejercieron pequeñas manufacturas y aun cierto comercio. Donde hubo in-migración europea, los inmigrantes que no lograron ascender de clase, ni siquiera al sector artesanal, fueron también peones en obras, trabajaron en las artesanías —como panaderos, herreros, etcétera—o se ocuparon de servicios públicos. También ellos manifestaron cierta tendencia a la participación política acompañando a quienes iniciaron movimientos de resistencia antipatronal —que fueron preferentemente artesanos— o integrándose en la clientela de los caciques o caudillejos políticos.

Por sobre esta masa activada por el impacto del desarrollo económico se situaba, según la escala de prestigio social, una clase media tradicional; profesionales, comerciantes, pequeños propietarios, burócratas, que se mantuvieron al margen de la ola de ese desarrollo. Atada a sus costumbres y a sus prejuicios, declinó por el solo hecho de mantenerse estable, y no quiso o no fue capaz de encontrar un camino para salir de su posición. Pero por encima de ella se situó otro sector de la clase media que sí supo encontrarlo. De sus filas salieron quienes integraron la primera o la segunda fila de esa alta burguesía, un poco aventurera, que se puso a la cabeza de la sociedad en cambio.

Esa alta burguesía, sin embargo, tenía también en su núcleo un sector de las clases altas tradicionales, vinculado ya a la riqueza mercantil o al poder, dos puertas que abrieron el paso a la formación del nuevo grupo. De mentalidad moderna, llamémosle así, desencadenó el cambio o contribuyó a su logro, sin escrúpulos y con audacia, alcanzando pronto un nivel de influencia y riqueza que lo separó del conjunto de su clase. Ese sector fijó una posición, y a su alrededor se aglutinaron grupos más altos y más bajos: algunos provenientes de las clases señoriales que quisieron participar de la aventura de la nueva riqueza en todos los niveles —y no sólo en el de la producción— y otros provenientes de las clases medias. Este conjunto fue el sector dinámico de la sociedad y creó las nuevas fórmulas políticas que adoptaron casi todos los países latinoamericanos al finalizar el siglo XIX, tan variadas como puedan ser sus apariencias.

La continuidad del pensamiento político de los grupos señoriales

A pesar de la profundidad de los cambios que se operaron en la estructura socioeconómica de los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos señoriales se resistieron a modificar sus convicciones políticas. Este hecho, tan simple como pueda parecer en apariencia, explica muchos aspectos de la vida social y política latinoamericana.

Como poseedores de los medios de producción, la tierra en primer lugar, los grupos señoriales —o la casi totalidad de sus miembros— aceptaron un cambio que los beneficiaba y se prestaron a sumarse a él en el plano estrictamente económico. Fueron capaces de modificar la organización de las haciendas, de adoptar nuevas técnicas de producción, de abandonar ciertas tradiciones a las que parecían atados. Pero pretendieron mantener su concepción del mundo, su sistema de valores, su concepción de la política, aun cuando por vía intelectual advirtieran la contradicción que ello implicaba.

Sin duda esa contradicción estaba latente desde los tiempos de la conquista. Esos grupos señoriales, dotados de vastas extensiones de tierra en un mundo colonial que se insertaba en el área del desarrollo mercantilista, adoptaron una actitud feudal hacia adentro —en sus haciendas y con respecto a la sociedad colonial—, pero aceptaron y siguieron una actitud mercantilista hacia afuera. Acaso esta dualidad explica la polémica acerca de si la conquista hispanoportuguesa fue feudal o capitalista, sobre la que no es oportuno entrar aquí. Parece evidente que sí fueron las dos cosas: una hacia adentro y otra hacia afuera. Y, cuando tres siglos después, el mundo mercantil —esto es, el mercado mundial integrado— adoptó una nueva fisonomía, los grupos señoriales pretendieron mantener la contradicción, aceptando los nuevos requerimientos de la economía mundial sin modificar su concepción política y social en relación con la sociedad en que vivían. Esta pretensión ya era un poco anacrónica en el siglo XVI; lo fue aún más a comienzos del siglo XIX al producirse los movimientos emancipadores; pero resultó absolutamente insostenible después de promediar el siglo XIX, cuando se sintieron los efectos no ya de la Revolución mercantil, sino los de la Revolución industrial.

Con todo, los grupos señoriales latinoamericanos abandonaron su pretensión, y así como habían sabido —y podido— resistir las influencias de la ideología liberal, intentaron resistir las situaciones de hecho que creó el impacto de los nuevos requerimientos económicos.

Esta vez el proceso de secularización fue más vigoroso aún, porque su peculiar dinámica creó en los diversos países latinoamericanos una burguesía urbana muy móvil, y con una especialización funcional en el proceso de intermediación que aseguró las posibilidades de una nueva opción para los sectores sociales dependientes de los grupos señoriales. El proceso de movilidad social fue intenso, el éxodo rural se aceleró, y los grupos señoriales perdieron buena parte de los recursos que poseían para asegurar la perduración de su hegemonía y el primado de sus concepciones políticas.

Empero, no cedieron. Ciertamente, perdieron fuerza sus convicciones, y perdieron también eficacia sus principios, que comenzaron a adquirir un aire anacrónico. Pero igualmente no cedieron y buscaron refugio donde pudieron hallarlo, aun cuando la defensa de los ideales tradicionales cobró a veces un tono romántico y nostálgico, y otras veces un aire de confesada impotencia, y en ocasiones una agresividad eficaz.

La debilidad del pensamiento político de los grupos señoriales residía en que pretendía defender la legitimidad del orden social y político tradicional y las formas de vida y los ideales tradicionales, pactando sin embargo con una nueva estructura económica mercantilista, organizada como dependencia de una estructura industrial foránea. La contradicción era tan obvia que los grupos señoriales no asumieron frecuentemente la defensa doctrinaria de sus posiciones, sino que se limitaron a sostener estas últimas en los hechos, disfrazando generalmente sus fundamentos con una nueva retórica más o menos eficaz. Quizás el más brillante episodio de la defensa de la concepción tradicional de la vida, intentada tardíamente en el seno de una sociedad que había girado resueltamente hacia su inclusión en la periferia de la sociedad industrial europea, sea la Revolución que desató en el Uruguay, en 1897, Aparicio Saravia, “…hijo de una opulenta familia del departamento de Cerro Largo, fuerte hacendado y de reputación personal altamente favorable”.[65]

El cronista de la Revolución fue Luis Alberto de Herrera, más tarde jefe del Partido Nacional —o Partido Blanco— y heredero político del caudillo rebelde, que caracterizó así el movimiento:[66]

Sin embargo, el Partido Nacional no se encontraba preparado para entrar en liza.

Treinta y tantos años de derrota, llevan cierto desorden a las filas, empalidecen el brillo acerado de los ideales y dejan muchos claros y vacíos difíciles de llenar.

Pero de cualquier manera, hubiera o no hubiera elementos, el sacudimiento vendría. La doctrina evangélica no puede rezar con los pueblos altivos ni con los hombres de honor. ¿Quién no castiga un bofetón en la mejilla?

En efecto, el 25 de noviembre se supo en Montevideo con indecible sorpresa, que acababa de alzarse en armas casi en el centro de la República ya militarizada, don Aparicio Saravia en compañía de su hermano Antonio Floricio, alias Chiquito, y seguido por algunos centenares de paisanos, en su casi totalidad desprovistos de recursos de guerra.

Nadie dudó que se trataba de una sublime locura, cuya audacia infinita sabría castigar el afilado sable de los escuadrones bordistas. Idéntica apreciación flotaba en todas las esferas. Ya estaba cerrado el periódico de los levantamientos a lanza; ya había caducado la supremacía de los caudillos; ya los gobiernos eran invencibles.

Por lo demás ¿de dónde salía aquel rebelde de sombrero blando y poncho campero, general improvisado de un movimiento estrafalario?

Quizá no lo sabían las clases burguesas de la capital, aquellas personas que se agitan en esta inmensa colmena sin conocer otro camino que el de sus tareas, ni horizonte más alto que el tapete de su escritorio; pero para quienes reciben alguna vez los ecos de la rica campaña y siguieron las fases trágicas de la Revolución riograndense, poseía talla propia el infatigable guerrillero que ya atraía sobre sí, envidias y nacientes admiraciones.

La referencia final de Herrera puntualizaba la recepción del contraste entre dos formas de vida, rural y urbana, la primera de las cuales entrañaba una concepción lúdica y heroica: la segunda, en cambio, era propia de las “clases burguesas” de Montevideo y aparecía rutinaria y mezquina. Este dualismo, que había descrito, entre otros, Sarmiento, solía darse en los teóricos europeizantes como una oposición entre civilización y barbarie, de la que el término valioso era la civilización, esto es, la vida urbana, la vida de las burguesías. Herrera recogió el dualismo pero invirtió el signo de valor. Y tanta importancia le atribuyó, que explicaba con él —como los sociólogos burgueses— el curso de la historia de su país:[67]

Cada vez que leo la historia de mi país, pienso cuando llego a los promisorios acontecimientos de 1851, que ese año de cualquier modo memorable, debió ser para nuestra nacionalidad altísimo mojón denunciador de amplio y glorioso porvenir.

Sin indagar los motivos originarios, tienen explicación a nuestro juicio, los recios choques de bando que sucedieron y hasta precedieron a la declaratoria de la Independencia.

El país era muy reducido, muy temerarias las aspiraciones dominantes y en las edades viejas no eran pocos los soldados que ganaban cada ascenso al precio de una cicatriz.

Los prestigios militares cobraban vigor con facilidad, en tierra donde el valor había dejado de ser virtud por lo vulgar, donde se mecía a los niños cantándoles odio hacia el opresor, donde morir al enristrar la nativa lanza en defensa de los dioses lares, colmaba los anhelos de todos.

La espada pesaría de manera decisiva, cuando cristalizara un organismo político dentro de nuestros disputados límites; y el espíritu selvático de nuestros abuelos, las proverbiales rebeldías de antaño, perpetuadas y obedientes a la voz de los caudillos, importaban una seria amenaza de dislocamiento social.

Esas robusteces guerreras, el cariño al terruño que durante las épicas campañas por la emancipación amasó tantos heroísmos y tan beneficiosas resistencias, habían relajado los vínculos de la común disciplina.

Llegado el momento de la organización sólida y definitiva, ¿habría brazo bastante fornido, capaz de encauzar apetitos ilimitados y voluntades sin muelles, que sólo entendían de bolear potros, correr cuchillas y vivir en desafío a muerte con propios y extraños?

La vez que eso se quiso, quedó hoscamente señalada la prevención campesina a los hijos de las ciudades.

La ignorancia de las muchedumbres andariegas, exigía que para ser buen ciudadano se fuera antes buen gaucho. ¿Acaso quien no sabía dominar un caballo estaba en aptitud de dirigir los negocios comunes?

El dualismo se había planteado, y en esa antagónica disparidad de factores encontraremos la causa verdadera de las acciones y reacciones, de los desórdenes y conflictos que conmovieron la vida nacional durante medio siglo.

Pero el desprecio de los grupos señoriales por las clases burguesas no ocultaba poco de resentimiento, porque se habían visto obligados, para subsistir o para enriquecerse, a aceptar cierta tutela de los sectores mercantiles que dominaban la vasta red del comercio internacional, sin la cual nada valía su riqueza. Ese resentimiento condujo a una exaltación no sólo de los valores criollos tradicionales —rurales, lúdicos, heroicos— sino también a una exaltación de las familias y los hombres de aquellos grupos, a quienes se les confirió una superioridad natural sustentada con variados argumentos. Gilberto Freyre habla del “arianismo casi místico de Oliveira Vianna”,[68] porque el sociólogo brasileño fundó en razones de raza la superioridad de las viejas clases señoriales del Brasil. Decía en 1930 en su obra Evolución del pueblo brasileño,[69] refiriéndose a la época colonial :

En su estructura social, esos latifundios poseen tres clases perfectamente distintas: la señorial, la de los hombres libres, arrendatarios de la propiedad, y la de los esclavos, que son los obreros rurales.

En la primera clase figuran los señores del ingenio, su familia, sus parientes —muy numerosos, por demás, en esos tiempos de gran solidaridad familiar— y los individuos blancos agregados al señor del ingenio. Son todos casi enteramente de raza aria.

Oliveira Vianna[70] descubría en las familias de los señores de ingenio rasgos raciales inequívocos, pero también rasgos eugenésicos que perpetuaban virtudes excepcionales a lo largo de generaciones:

Esos grandes señores territoriales son, como sabemos, extremadamente celosos de sus linajes aristocráticos; procuran mantener lo más posible la pureza de la raza blanca de la cual descienden. Ahora, como blancos puros, el temperamento aventurero y nómade que los impele hacia los ‘sertoes’ a la caza de oro de indios, no les puede venir sino de una ancestralidad germánica: sólo la presencia en sus venas de glóbulos de sangre germánica puede explicar su combatividad, su nomadismo, esa movilidad incoercible que los hace irradiar por todo el Brasil, al norte y al sur, en menos de un siglo. Los braquicéfalos peninsulares de raza céltica, o los dolicocéfalos de raza ibérica, de hábitos sedentarios de índole pacífica, no parecen haber podido darles ni esa movilidad, ni esa belicosidad, ni ese espíritu de aventura y de conquista.

Otro hecho que parece reforzar también la presunción de la presencia de dolicocéfalos rubios, con celtas e íberos, en la masa de nuestra primitiva población, es el soberbio eugenismo de muchas familias de nuestra aristocracia rural. Los Cavalcanti en el norte, los Prados, los Lemes, los Buenos en el sur, son ejemplos de casas excepcionales que han dado al Brasil, desde hace trescientos años, un linaje copioso de auténticos grandes hombres, notables por el vigor de la inteligencia, por la superioridad del carácter, por la audacia y la energía de la voluntad.

Así se constituyó una clase social que Oliveira Vianna[71] veía predominar, legítimamente, durante el Imperio, perpetuando sus calidades tradicionales:

La afición por la vida rural, por otra parte, se acentúa y se refina, deshaciéndose de los aspectos groseros de la conquista: la posesión de una propiedad agrícola se convierte en aspiración común de todos los espíritus amantes de tranquilidad y de paz. Los elementos de la flor y nata de la sociedad, los políticos en evidencia, los estadistas, como todos los que quieren poseer un poco de autoridad social, procuran el punto de apoyo de una finca rural, de modo que en la vida pública y privada, obran con el decoro, la independencia y la hombría que sólo pueden tener aquellos para quienes el problema de la subsistencia está resuelto de un modo estable y cabal. ‘El brasileño que puede —dice un publicista del 2° Imperio— es agricultor; ejerce la única profesión verdaderamente noble de la tierra. Los empleos serviles los pospone. Recordad los aires señoriales y ciertos modales aristocráticos del gran propietario: es el tipo del brasileño rico’.

Esa aristocracia rural es la que provee todos los elementos dirigentes de la política en el período imperial. Los cargos de la administración local, en los municipios y las provincias, son llenados por ella. De ella salen la nobleza del Imperio y los jefes políticos que reúnen y organizan en los municipios y las provincias los elementos electorales y partidarios locales. De ella proceden también las juventudes que afluyen a las academias superiores del norte y del sur, a Recife, a Bahía, a San Pablo, a Río y siguen su carrera hacia las profesiones liberales y las altas esferas de la vida parlamentaria y política del país.

Y resumiendo el papel que esa aristocracia había desempeñado, concluía:[72] “En un país en que los elementos dirigentes tienen tal relieve y estatura, o se gobierna con ellos o, sin ellos, no se gobierna”.

Una reminiscencia, más o menos sublimada, de las creencias tradicionales en la superioridad de las viejas aristocracias en proceso de decadencia económica y social, apareció en las literaturas vernáculas cultas; escritores de familias tradicionales recogieron sosegadamente, sin espíritu polémico sino con un fuerte sentimiento nostálgico, los recuerdos de un pasado rural algo desvanecido y evocaron las formas de vida y las virtudes que entonces caracterizaron a los hombres de ese ambiente. Ricardo Güiraldes, Benito Lynch y Enrique Larreta en la Argentina y Carlos Reyles y Javier de Viana en el Uruguay intentaron la resurrección poética de los valores predominantes en una sociedad precapitalista.

Pero aun ellos, en su mayoría asiduos visitantes de París —un París burgués—, ponían de manifiesto la íntima e irresoluble contradicción de los grupos señoriales. Menos sublimada y más explícita fue la actitud de los que emprendieron lo que se ha llamado el “revisionismo histórico”, intento de aniquilar la obra de las burguesías ilustradas en el que, evitando el problema de las relaciones entre la burguesía de hoy y las nuevas clases populares, se las fustigaba por su actitud contra los grupos señoriales en virtud del apoyo que en el pasado recibieron éstos de las masas rurales.

La defensa de las viejas aristocracias y de sus descendientes y herederos llevó a algunos a defender también las ventajas de la estructura latifundista. En México, Francisco Bulnes atacó a la Revolución desde un punto de vista conservador, y no sólo fustigó a la “burguesía burocrática”, a la que atribuía la línea revolucionaria triunfante, sino también a quienes, como Zapata, pretendieron hacer una “Revolución racial” en beneficio de la clase indígena. En cambio, afirmó que México necesitaba una “dictadura organizada”, un gobierno de las clases acomodadas, y defendió el latifundio afirmando que cuando es trabajado por hombres libres —y no por siervos— crea riqueza y ofrece prosperidad a las clases populares. Citando estos pasajes, agrega Víctor Alba[73] que las ideas sociales de Bulnes “sintetizan las de una parte considerable de la sociedad mexicana, que jamás las formuló explícitamente”. Una vez más se advierte este curioso rasgo de la actitud señorial.

También sostenía Bulnes que tanto el partido conservador como el liberal eran “facciones corruptas”. Afirmaciones semejantes formularon en diversos países los sectores señoriales, a partir del momento en que los fenómenos de ascenso de clases medias y populares tornaron imposible su ascenso al poder por el camino del sufragio. El ejercicio de la democracia y los mecanismos por medio de los cuales se ejercitaba parecían ofrecer un espectáculo degradante a los ojos de quienes se sentían poseedores no sólo de los medios de producción sino también de un grado casi sublime de dignidad. En rigor, los grupos señoriales no poseían en su tradición más que la política del poder. Cuando tuvieron que descender a las formas competitivas de la política, no sólo perdieron el aplomo que les era peculiar, sino que tuvieron que aceptar —como en el campo económico— la intermediación de los grupos burgueses para evitar su desplazamiento en situaciones normales. Apelaron con frecuencia al recurso de provocar situaciones anormales, y para justificar ese proyecto, denunciaron el aspecto degradante de las luchas en las que hacían su aprendizaje político las clases medias y populares en ascenso. Empero, cuando aceptaron la intermediación de los sectores burgueses para participar en el poder, transigieron con las prácticas propias de las democracias incipientes, y coadyuvaron al triunfo ofreciendo sus clientelas sociales en calidad de clientelas políticas.

Algunos espíritus refinados y sin vocación por el poder —hijos sensibles de padres poderosos— renunciaron abiertamente a la política y transfirieron sus sentimientos aristocráticos a las actividades del espíritu. Al comenzar el siglo XX, exactamente en 1900, el escritor uruguayo José Enrique Rodó publicó un profundo ensayo que tituló Ariel,[74] en el que denunciaba los peligros de las democracias igualitarias:

Toda igualdad de condiciones es en el orden de las sociedades, como toda homogeneidad en el de la Naturaleza, un equilibrio inestable. Desde el momento en que haya realizado la democracia su obra de negación con el allanamiento de las superioridades injustas, la igualdad conquistada no puede significar para ella sino un punto de partida. Resta la afirmación. Y lo afirmativo de la democracia y su gloria consistirán en suscitar, por eficaces estímulos, en su seno, la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas.

Con relación a las condiciones de la vida de América, adquiere esta necesidad de precisar el verdadero concepto de nuestro régimen social un doble imperio. El presuroso crecimiento de nuestras democracias por la incesante agregación de una enorme multitud cosmopolita: por la influencia inmigratoria, que se incorpora a un núcleo aún débil para verificar un activo trabajo de asimilación y encauzar el torrente humano con los medios que ofrecen la solidez secular de la estructura social, el orden político seguro y los elementos de una cultura que haya arraigado íntimamente, nos expone en el porvenir a los peligros de la degeneración democrática, que ahoga bajo la fuerza ciega del núcleo toda noción de calidad; que desvanece en la conciencia de las sociedades todo justo sentimiento del orden; y que, librando su ordenación jerárquica a la torpeza del acaso, conduce forzosamente a hacer triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías.

De todos los riesgos que la democracia implicaba, ninguno le parecía más grave que el predominio del espíritu utilitario:[75]

La ferocidad igualitaria no ha manifestado sus violencias en el desenvolví – miento democrático de nuestro siglo, ni se ha opuesto en formas brutales a la sere-nidad y la independencia de la cultura intelectual. Pero, a la manera de una bestia feroz, en cuya posterioridad domesticada hubiérase cambiado la acometividad en mansedumbre artera, e innoble, el igualitarismo, en la forma mansa de la tendencia a lo igualitario y lo vulgar, puede ser un objeto real de acusación contra la de-mocracia del siglo XIX. No se ha detenido ante ella ningún espíritu delicado y sagaz a quien no hayan hecho pensar angustiosamente algunos de sus resultados en el aspecto social y en el político. Expulsando con indignada energía del espíritu humano aquella falsa concepción de la igualdad que sugirió los delirios de la Re-volución, el alto pensamiento contemporáneo ha mantenido al mismo tiempo, so-bre la realidad y sobre la teoría de la democracia, una inspección severa que os permite a vosotros, los que colaboraréis en la obra del futuro, fijar vuestro punto de partida, no ciertamente para destruir, sino para educar el espíritu del régimen que encontráis en pie.

El consejo se dirigía a los jóvenes. Lo recogieron todos los que buscaban una justificación para sus vocaciones intelectuales y estéticas en una sociedad efectivamente orientada hacia el lucro. Pero el sentimiento que generó fue en cierto modo una especie de transferencia de la actitud señorial y la cálida receptividad que hallaron las ideas de Ariel revelaron que esa actitud perduraba. En el campo de las ideas y de la creación justificó un vivo sentimiento de elite, que constituyó sólido fundamento, precisamente, para las aristocracias del espíritu a la que se acogían, por cierto, no sólo quienes pertenecían a los tradicionales grupos señoriales sino también los que aspiraron al ascenso social acercándose a ellos como epígonos más o menos farisaicos. Y trasladado al campo de la política promovió un escepticismo frente a las incipientes democracias, que avivó no mucho después los designios de los que, como el poeta argentino Leopoldo Lugones, juzgaron que había llegado “la hora de la espada”.

La acometida más beligerante de los grupos señoriales —o mejor, de quienes intentaban salvar lo que de esa tradición parecía rescatable— adoptó los caracteres de un ataque frontal contra la política liberal, en nombre de los principios del catolicismo, al que los liberales respetaban pero trataban de confinar, secularizando la vida pública.

La apelación a los problemas últimos de la fe implicaba una absolución de posiciones que los políticos liberales rehuían, puesto que, siendo católicos o conociendo la fuerza social del catolicismo, fundaban su laicismo en una prescindencia religiosa y de ningún modo enfrentaban los problemas de la fe. Pero los grupos católicos, alarmados por los progresos del regalismo y preocupados por lo que parecía, en las últimas décadas del siglo XIX, la liquidación final de los fundamentos tradicionales del orden social, apelaron a la más severa ortodoxia siguiendo las orientaciones de la política del Vaticano, trazada a través de las encíclicas Mirare vos (1832), Quanta cura (1864) y del Syllabus (1864).

Triunfó en el Ecuador García Moreno e impuso la ortodoxia con tal vigor que se ha dicho del Ecuador que fue el único país donde el Syllabus tuvo fuerza de ley. En Colombia, el movimiento que se llamó la “Regeneración”, encabezado por el presidente Rafael Núñez, logró oponer en la constitución de 1886 una concepción católica del Estado. En Uruguay y en la Argentina, en cambio, aunque la polémica fue encarnizada, los liberales se sobrepusieron a los católicos.

Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de Tabaré, defendió el punto de vista católico en el Uruguay; Joaquín Larrain Gandarillas y Abdón Cifuentes en Chile. En la Argentina la polémica se planteó alrededor del problema de la educación pública y del Registro Civil, que sustraía a la Iglesia Católica el control de las personas: pero en su transcurso los diputados católicos enjuiciaron la totalidad del orden liberal y la civilización moderna.

Pedro Goyena[76] defendió en un debate parlamentario la doctrina pontificia del Syllabus:

¿Cuál es el progreso, cuál es el liberalismo, cuál la civilización que el Syllabus condena, al decir que el Pontífice romano no puede ni debe transigir con ellos?

Señor: el liberalismo que se condena es lo que en nuestros días se entiende por tal. habiéndose tomado como etiqueta una palabra engañosa por su analogía con la libertad, v que encubre precisamente lo contrario de ella; el liberalismo que se condena es la idolatría del Estado.

El liberalismo envuelve un concepto del Estado, según el cual puede éste legislar con entera prescindencia de la idea de Dios y de toda noción religiosa. El liberalismo es un modo de concebir la vida social, la administración, el gobierno, completamente desvinculados de la religión.

Pero no sólo el Estado liberal era lo condenable. Era la civilización moderna en su conjunto, con sus ideales y sus formas de vida, lo que merecía la condenación y exigía la vigilancia de la Iglesia:[77]

¡He ahí la civilización: el desarrollo de la sociedad bajo el aspecto material, bajo el aspecto moral!

Pero ¿es ésta la civilización moderna? ¡Ah, señores, no, mil veces no! ¡Todos lo sabemos; liberales y no liberales, creyentes y no creyentes, todos podemos dar testimonio del espectáculo de la vida a que asistimos y en que nos mezclamos como actores!

Contemplad la civilización moderna. ¿Qué es ella sino el predominio absor-bente de los intereses materiales? ¿Es cierto, acaso, que en medio de la pompa de las artes, que en medio de la riqueza y la abundancia, se haya desenvuelto satisfactoriamente el hombre como ser intelectual y moral? La respuesta no puede ser afirmativa. Si es cierto que el hombre ha progresado materialmente, no es cierto que brille por el esplendor de sus virtudes.

La ciencia, a la que jamás la iglesia fue hostil, ha tomado una dirección ex-traviada, por la influencia de un orgullo insensato. Los hombres que penetran en los arcanos del mundo: que se lanzan al espacio aéreo y navegan allí, esforzándose por burlar las corrientes adversas; que recorren los mares y la tierra con la velocidad del vapor; que mandan con mayor velocidad todavía, no ya el signo mudo del pensamiento, sino la palabra vibrante en los hilos del teléfono; que pintan con pinceles de pura luz. desconocidos a los antiguos, como decía un orador argentino; que analizan los aspectos lejanos; que descubren la vida en organismos ignorados por su pequeñez; los hombres que realizan tales maravillas, no son por eso más leales, no son más abnegados que en otros tiempos de la historia; su egoísmo, por el contrario, se refina y se hace más poderoso; y las sociedades contemporáneas ofrecen un desnivel chocante entre su grandeza material y la exigüidad, la pobreza, la debilidad de sus elementos morales! ¡Fenómeno sorprendente, donde aparece la dualidad humana! Nunca es más grande el hombre, se diría, que en el siglo XIX, gobernando la materia. dominando la naturaleza que parece ya obedecerle servilmente. Pero no es así. El hombre es a su vez rebajado, por su orgullo, hasta esa misma materia cuya docilidad se creería una horrible perfidia; y el alma suspira aprisionada en vínculos estrechos, el cielo no tiene promesas para la esperanza; el astro brillante no simboliza la fe: la mirada no descubre sino lo que es útil y aprovechable para una existencia efímera y fugaz. El horizonte se reduce; el hombre se empequeñece y se degrada!

Las doctrinas; el progreso; la civilización que a tan lamentables resultados conducen, eso es lo que el Syllabus, eso es lo que la Iglesia ha condenado; y bien clara se ve ahora la justicia de tal condenación.

Este cuadro exigía una actitud resuelta de quienes no creían en la llamada civilización moderna, sino en los ideales tradicionales, incompatibles con ella. Los católicos pusieron a los liberales en la disyuntiva de optar, pero no entre una u otra forma de vida, sino entre la salvación y la condenación, entre el paraíso y el infierno, dispusie-ron a la acción para alcanzar lo que, en la Argentina como en Colombia, llamaban la “Regeneración”. Tal fue también la requisitoria de José Manuel Estrada[78] durante la discusión parlamentaria de las leves liberales:

¡señores! Si los medios se subordinan a sus fines, el reino exterior de Cristo es la soberanía universal de la Iglesia. Y no hay salida entre los términos de esta alternativa: o la deificación del Estado por el liberalismo, que en doctrina es blasfemia, en política es tiranía, y en moral es perdición: o la soberanía de la Iglesia. íntegramente confesada, sin capitular con las preocupaciones, cuyo contagio todos, señores, hemos tenido la desgracia de aspirar en la atmósfera infecta de este siglo, y contra las cuales, congregados aquí en torno de nuestro prelado, protestamos hoy día delante del cielo v de los hombres, para ceñir, con la mente iluminada y el corazón gozoso, las armas de los adalides cristianos, por la gloria de Dios y la regeneración de la república!

Los ideales heroicos, la posesión de la tierra, la desigualdad social, la aristocracia del espíritu y la sumisión de las conciencias a la Iglesia Católica: tal era el haz de las ideas fundamentales que el espíritu señorial se empeñaba en defender frente a los cambios que se habían operado en la sociedad de los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX. La lucha no fue a muerte, y los grupos señoriales se acomodaron poco a poco, sin confesarlo, a las nuevas situaciones, esperando filosóficamente que la crisis del orden nuevo devolviera periódicamente a sus manos el control de la economía, del poder y de las conciencias. Con frecuencia, un golpe militar solía contribuir a la restauración renovando la retórica del heroísmo.

El predominio del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Si los grupos señoriales pretendieron conservar sus tradicionales tendencias políticas a pesar del profundo cambio socioeconómico y social que se había operado, los grupos burgueses, en cambio, elaboraron las suyas en el proceso mismo; y aquéllos que las llevaron hasta sus últimas consecuencias lograron poder económico y poder político. Con ello, impusieron su pensamiento sobre el conjunto social, arrastrando tras de sí densos grupos sociales de variado origen.

Quizás el más importante problema, entre los que suscita el análisis del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa, sea el de cómo se constituyó ese sector. En términos generales, es evidente que hubo núcleos burgueses, extranjeros unos y nacionales otros.

que se fundieron con grupos señoriales renovadores para intentar la gran empresa. En cada país esa fórmula significó algo diferente. Los distintos grupos sociales operaron de distinta manera en México y en Argentina, en Chile y en Brasil, en Uruguay y en Colombia. Según la rigidez de la estructura social anterior fue más o menos fácil la formación de esas clases medias fluidas que generaba el proceso económico, y más o menos fácil la conquista del nuevo status social que ofrecía a los grupos en ascenso sus nuevas posibilidades económicas. Y del seno de esas clases medias surgió el conglomerado que rodeó el núcleo originario, se fundió con él, y constituyó finalmente la alta burguesía, cuyo poder la impulsó a forzar su distanciamiento del resto de las clases medias y constituirse en oligarquía política y eco-nómica. Esta tendencia al distanciamiento es lo que la transformó en una fuerza de derecha. Muchos de sus miembros provenían, sin duda, de sectores liberales que admitían la necesaria continuidad de ese proceso de ascenso social que podía asegurar la vigencia de un sistema democrático.

Pero la conquista del poder económico y político por un pequeño grupo puso una valla entre éste y el resto del conjunto social.

Justo Sierra hizo una descripción acabada de la burguesía mexicana de fines del siglo, polarizada políticamente, en su opinión, pero sin distinguir suficientemente los grupos de alta burguesía que asumieron activamente el poder y los grupos medios y populares que, aunque solidarios con aquéllos, sólo tenían una actitud pasiva. Decía en su Evolución política del pueblo mexicano.[79]

En este país, ya lo dijimos, propiamente no hay clases cerradas, porque las que así se llaman sólo están separadas entre sí por los móviles aledaños al dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en marcha que la burguesía; ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. En éstos comprendemos lo que podría llamarse una plebe intelectual. Esta plebe, desde el triunfo definitivo de la Reforma, quedó formada: con un buen número de descendientes de las antiguas familias criollas, que no se han desamortizado mentalmente, sino que viven en lo pasado y vienen con pasmosa lentitud hacia el mundo actual; y segundo con los analfabetos.

Ambos grupos están sometidos al imperio de las supersticiones, y, además, el segundo, al del alcohol; pero en ambos la burguesía hace todos los días prosélitos, asimilándose a unos por medio del presupuesto, y a otros por medio de la escuela. La división de razas que parece compilar esta clasificación, en realidad va neutralizando su influencia sobre el retardo de la evolución social, porque se ha formado entre la raza conquistada y la indígena una zona cada día más amplia de proporciones mezcladas que, como hemos solido afirmar, son la verdadera familia nacional; en ella tiene su centro y sus raíces la burguesía dominante. No es inútil consignar, sin embargo, que todas estas consideraciones sobre la distribución de la masa social serían totalmente ficticias y constituirían verdaderas mentiras sociológicas, si se tomaran en un sentido absoluto; no, hay una filtración constante entre las separaciones sociales, una osmosis, diría un físico; así, por ejemplo, la burguesía no ha logrado emanciparse ni del alcohol ni de la superstición. Son éstos, microbios sociopatogénicos que pululan por colonias en donde el medio de cultivo les es propicio.

Esta burguesía que ha absorbido a las antiguas oligarquías, la reformista y la reaccionaria, cuyo génesis hemos estudiado en otra parte, esta burguesía tomó con – ciencia de su ser, comprendió a dónde debía ir y por qué camino, para llegar a ser dueña de sí misma, el día en que se sintió gobernada por un carácter que lo nivelaría todo para llegar a un resultado: la paz. Ejército, clero, reliquias reaccionarias, liberales, reformistas, sociólogos, jacobinos, y, bajo el aspecto social, capitalistas y obreros, tanto en el orden intelectual como en el económico, formaron el núcleo de un partido que, como era natural, como sucederá siempre, tomó por común denominador un nombre, una personalidad: Porfirio Díaz. La burguesía mexicana, bajo su aspecto actual, es obra de este repúblico, porque él determinó la condición esencial de su organización: un gobierno resuelto a no dejarse discutir, y es, a su vez, la creadora del general Díaz; la inmensa autoridad de este gobernante, esa autoridad de árbitro, no sólo político, sino social, que le ha permitido desarrollar y le permitirá asegurar su obra no contra la crisis, pero sí acaso contra los siniestros, es obra de la burguesía mexicana.

En la Argentina, Juan B. Justo[80] identificaba por la misma época, con precisión, y en términos económicos, los componentes de la alta burguesía:

Necesitamos, ante todo, que cada grupo social adquiera conciencia de sus intereses políticos.

Contra lo que se afirma comúnmente, en nuestro país las agrupaciones so-ciales son tan definidas y tan netas, que cualquiera las distingue a simple vista con más facilidad que a un autonomista de un cívico o un radical, aunque los conozca íntimamente y los siga en sus enredadas contradanzas políticas.

Hay quienes producen para la exportación y quienes para el consumo: en general, los unos tienen el más claro interés en fomentar el comercio exterior del país, los otros en restringirlo.

Hay propietarios que quieren mantener todos los privilegios inherentes a la propiedad legal del suelo, y arrendatarios interesados en que la ley favorezca su ocupación y cultivo efectivos.

Esta puntualización ilustra los conflictos internos que caracterizaron a la alta burguesía, integrada por grupos productores, generalmente de tradición y mentalidad señoriales, y grupos mercantiles intermediarios típicamente burgueses. Pero a pesar de esa contradicción la alta burguesía fue adquiriendo coherencia a través de una suerte de complicidad con el monopolio del poder, en su uso para sus propios fines, y en la coincidencia en un estilo de vida que suponía la progresiva elaboración de un sistema de normas y valores comunes. Definida su actitud y consolidada su posición, la alta burguesía adquirió los caracteres de una oligarquía liberalburguesa. Su presencia se hizo notoria en muchos países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo, siempre en relación con las transformaciones económicas y, sobre todo, con la penetración del capital extranjero: en Brasil, en relación con el establecimiento de la república y el auge del café: en Argentina y Uruguay, con los cereales y las carnes; en Chile, con el salitre y con la Revolución contra Balmaceda; en Colombia, con la crisis de 1870 y la “Regeneración” de Rafael Núñez; en México, con los metales y el “porfiriato”; en Guatemala, con el banano y Estrada Cabrera; en Venezuela, con Guzmán Blanco. Vagos principios del liberalismo quedaron en pie, más o menos disminuidos según el grado de consentimiento que las oligarquías lograron y el grado de represión que debieron ejercitar; y vagos principios de progreso fueron enarbolados, aunque delimitados siempre por los márgenes que el capital extranjero quiso señalarles. Una gran eficacia los caracterizó casi siempre, y muchos países latinoamericanos hicieron por entonces su primera experiencia de esplendor económico, aun cuando la distribución de la riqueza fuera notoriamente injusta.

Uno de los más brillantes representantes de la oligarquía chilena, Enrique Mac-Iver, definió en un debate parlamentario su carácter y defendió su papel con profunda convicción:[81]

La oligarquía, ésa de que tan seriamente se nos habla, vive en un país repre-sentativo parlamentario, que tiene sufragio universal o casi universal, donde todos los ciudadanos tienen igual derecho para ser admitidos al desempeño de todos los empleos públicos y en que la instrucción, aun la superior y profesional, es gratuita. Agréguese que no existen privilegios económicos ni desigualdades civiles en el derecho de propiedad y convendrán, mis honorables colegas, conmigo, en que un país con tales instituciones y con oligarquía, es muy extraordinario; tan extraordinario que es verdaderamente inconcebible. Me temo mucho que los honorables diputados que nos dieron a conocer esa oligarquía, hayan sufrido un ofuscamiento, que les ha impedido mirar bien, confundiendo así lo que es distinción e influencias sociales y políticas de muchos, nacidas de los servicios públicos, de la virtud, del saber, del talento del trabajo, de la riqueza y aun de los antecedentes de familia, con una oligarquía. Oligarquías como ésas son comunes y existen en los países más libres y popularmente gobernados. Los honorables representantes encontrarán oligarquía de esta clase en Inglaterra y aún en los Estados Unidos de América. A esas oligarquías que son cimientos inconmovibles del edificio social y político, sólo las condenan los anarquistas y los improvisados.

También definió y defendió a la oligarquía chilena, desde Buenos Aires, el sociólogo argentino Carlos Octavio Bunge[82] en Nuestra Amé-rica, asignándole a la coalición que derrocó al presidente Balmaceda un neto carácter de aristocracia tradicional e ignorando —o disimulando— los otros elementos que la integraban. Pero, en todo caso señalando que la oligarquía se enfrentaba decididamente con las clases medias y populares:

La Revolución que derrocó a Balmaceda puede considerarse un triunfo de un partido históricamente aristócrata, en el carácter, si no en el nombre, contra la nueva tendencia reaccionariamente democrática de un gobierno que, resistido por la clase rica y blanca, buscó el apoyo de la clase pobre y mestiza: del pueblo, de los “rotos”…

Fue un rasgo peculiar de esas oligarquías repudiar, si no los principios, las consecuencias, al menos, de la democracia igualitaria. Cierta vez le preguntaron a Eduardo Wilde, finísimo escritor y político argentino, qué era “la universidad del sufragio”; su respuesta fue: “el triunfo de la ignorancia universal”. Fue en 1885.

Doce años más tarde, el vizconde de Saboia escribió en sus Tragos da política republicana que, en el Brasil, la república estaba compuesta de “rateros, bandidos y asesinos”. Hubo, como se advierte en la frase de Carlos Octavio Bunge, una invencible aversión a las clases populares, que adquirió caracteres de odio y desprecio cuando se trataba de población indígena. El mismo Bunge[83] decía refiriéndose a ella: “Además, el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis —¡benditos sean! — habían diezmado a la población indígena y africana…”.

Y no menos categórico era el escritor boliviano Alcides Arguedas, que, en Pueblo enfermo,[84] decía del indio: “Hoy día, ignorante, de-gradado, miserable, es objeto de la explotación general y de la general antipatía… y oyendo a su alma repleta de odios, desahoga sus pasiones y roba, mata, asesina con saña atroz”.

También manifestó la oligarquía un marcado desdén por las clases medias en ascenso, en las que veía, sin duda, un adversario potencial puesto que demostraba una decidida tendencia a participar en la vida política.

El conservador chileno Rafael Egaña decía, refiriéndose a Balmaceda:[85]

Personificaban la resistencia a la dictadura (de Balmaceda) las personalidades más altas de la comunidad chilena en el nacimiento, en el talento, en la fortuna, en la milicia, en el clero, en todas las esferas de influencia y de prestigio… y se rodeaba (Balmaceda) de advenedizos y desconocidos, gente de posición indefinida, sin títulos para entrar en la alta sociedad, pero con pretensiones de sobreponerse al bajo pueblo…

Con tales convicciones, la oligarquía liberalburguesa pudo ejercer el poder con la seguridad de que constituía una clase elegida. En verdad, era la clase eficaz para afrontar la empresa económica a la que los distintos países latinoamericanos eran llamados por la organización capitalista mundial; y con este título, desdeñó no sólo a los grupos señoriales que procuraban mantener la estructura tradicional —a los que llamaba reaccionarios y oscurantistas— sino también a los grupos de clase media y popular que mantenían su adhesión a los principios del liberalismo y contemplaban atónitos a qué extremos los habían conducido las oligarquías.

No faltó, desde uno y otro sector, quienes denunciaron la entrega de las economías nacionales al capital extranjero. José Batlle y Ordóñez enjuiciaba en su periódico El Día, de Montevideo, al presidente Herrera y Obes:[86]

Si se examinan los rasgos culminantes de toda la conducta de los Poderes Públicos y de toda la propaganda orista, se verá claramente que los verdaderos intereses nacionales nunca se han tenido en cuenta; se verá que han sido sacrificados a los intereses de lo que aquí llaman ‘alto comercio’, o sea, los intereses de un grupo de dependientes y factores de fábricas extranjeras cuyos productos introducen.

Y el chileno Luis Aldunate decía, refiriéndose a la enajenación de las salitreras:[87]

El remate de las propiedades salitreras fiscales tiene que producir dolorosas consecuencias, no sólo porque no hay capitales en el país que puedan competir en concurrencia libre con la masa de recursos de los cuales disponen los extranjeros, sino porque necesitábamos precisamente de las oficinas, de las máquinas del Esta-do para entregarlas a nuestros connacionales en condiciones de ventaja, que les estimularan a iniciarse en las luchas y los azares de esa industria, que requiere de grandes medios de desenvolvimiento y que está sujeta a sacudidas violentas.

Para promover el desarrollo de la economía, impulsar la prosperidad y crear un ambiente de seguridad para los inversores extranjeros, las nuevas oligarquías, acaso recogiendo los signos de cierta generalizada fatiga de tantas querellas internas, proclamaron un lema que la república del Brasil inscribió en su bandera: “Orden y progreso”.

Era lo mismo que afirmó el presidente argentino Julio A. Roca al hacerse cargo de la presidencia: “Paz y administración”. Y el presidente de Colombia Rafael Núñez, declaraba que era propósito de la “Regeneración” establecer “la paz verdadera y científica’. Era un anhelo de quienes entreveían un porvenir de riqueza, y de reducir y canalizar la actividad política.

La política debía, en lo futuro, encuadrarse dentro de marcos estrictos y el Estado de la oligarquía liberalburguesa se dispuso a apelar a la fuerza de un ejército moderno y organizado para reprimir todo intento de apelación a la Revolución. Roca[88] lo prometió de manera muy enérgica en oportunidad de hacerse cargo del gobierno en 1880: “Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo Nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública”.

Y agregaba: “Espero, sin embargo, que no llegará este caso, porque ya nadie, ni hombres ni partidos, tienen el brazo bastante fuerte para detener el carro del progreso de la república por el crimen de la guerra civil”.

Era, más o menos, que en Colombia decía Núñez en 1884:[89] “El propósito del gobierno del que somos exponentes, será siempre el mismo: reprimirá estrictamente, conforme a la ley, todas las perturbaciones del orden político, que por lo general son grave amenaza del orden social”.

El pensamiento de Porfirio Díaz fue expresado en México con el lema de “poca política y mucha administración”. Al enjuiciarlo el filósofo Antonio Caso hacía notar:[90]

El error de Porfirio Díaz consistió en preferir sistemáticamente el desarrollo de los sistemas económicos, en creer que la riqueza es el solo aliento de los gobiernos fuertes, y, sobre todo, en pensar que el bienestar nacional exigía la supresión de las prácticas democráticas, por eso su gobierno, que aconsejaba el lema de ‘poca política y mucha administración’, cayó vencido.

La decisión de limitar la actividad política fue una decisión de restringir los márgenes sociales de la participación política. Las oligarquías cerraron el camino por el cual tendían a incorporarse a la vida pública las clases medias en ascenso y, en algunos países, las clases populares. Se utilizaron mecanismos electorales para evitar la expresión de las disidencias, estableciendo limitaciones legales —por ejemplo, para los analfabetos— o haciendo fraude en los comicios. Negaron obstinadamente la posibilidad de llevar a los cargos públicos a quienes no pertenecieran al círculo oligárquico, y crearon clientelas electorales y administrativas que respaldaban el sistema cerrado y facilitaban su funcionamiento. Naturalmente, quien ejerciera la presidencia de la república no podía salir sino de esos círculos.

El argentino Eduardo Wilde exigía este designio oligárquico en principio: “Será presidente el candidato que designe el general Roca —decía en un editorial periodístico al tratarse la sucesión de éste—. El general se ha hecho acreedor a esa conducta y debe aceptar el honor con serena conciencia”. Era el régimen que, poco después, se llamaría “el unicato”. En México, Justo Sierra[91] —ministro de Porfirio Díaz como Eduardo Wilde lo fue de Julio A. Roca— escribía:

Las dictaduras de hombres progresistas, que sean al mismo tiempo administradores inteligentes y honrados de los fondos públicos, suelen ser eminentemente benéficas en los países que se forman, porque aseguran la paz y garantizan el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. Pueden ser detestables en teoría, pero las teorías pertenecen a la historia del pensamiento político, no a la historia política, que sólo puede generalizar científicamente sobre hechos.

Y refiriéndose a Porfirio Díaz, explicaba la singular naturaleza de su poder y autoridad:[92]

Sin violar, pues, una sola fórmula legal, el presidente Díaz ha sido investi-do, por la voluntad de sus conciudadanos y por el aplauso de los extraños, de una magistratura vitalicia de hecho; hasta hoy por un conjunto de circunstancias que no nos es lícito analizar aquí, no ha sido posible a él mismo poner en planta su pro-grama de transición entre un estado de cosas y otro que sea su continuación en cierto orden de hechos. Esta investidura, la sumisión del pueblo en todos sus órga-nos oficiales, de la sociedad en todos sus elementos vivos, a la voluntad del Presi-dente, puede bautizársele con el nombre de dictadura social, de cesarismo espontáneo, de lo que se quiera; la verdad es que tiene caracteres singulares que no permiten clasificarlo lógicamente en las formas clásicas del despotismo. Es un gobierno personal que amplía, defiende y robustece al gobierno legal; no se trata de un poder que se ve alto por la creciente depresión del país, como parecen afir-mar los fantaseadores de sociología hispanoamericana, sino de un poder que se ha elevado en un país, que se ha elevado proporcionalmente también, y elevado, no sólo en el orden material, sino en el moral, porque ese fenómeno es hijo de la vo-luntad nacional de salir definitivamente de la anarquía. Por eso si el gobierno nuestro es eminentemente autoritario, no puede, a riesgo de perecer, dejar de ser constitucional; y se ha atribuido a un hombre, no sólo para realizar la paz y dirigir la trasformación económica, sino para ponerlo en condiciones de neutralizar los despotismos de los otros poderes, extinguir los cacicazgos y desarmar las tiranías locales. Para justificar la omnímoda autoridad del jefe actual de la República, ha-brá que aplicarle, como metro, la diferencia entre lo que se ha exigido de ella y lo que se ha obtenido.

Las oligarquías declinaron, en cierto modo, su propia participación y apoyaron entusiastamente este tipo de dictadura, porque preferían la ejecutividad autoritaria de quien estaban seguras de que las interpretaba, a no abrir la peligrosa compuerta de la lucha política, tras de la cual esperaba una masa cada vez más numerosa de gentes, que creía tener derecho a participar en la vida pública. La oligarquía, en rigor, gobernaba desde los cargos públicos, pero gobernaba más aún utilizando los resortes del Estado en beneficio de sus intereses privados: un reavivamiento de la actividad política no podía, pues, menos que perjudicarla sin darle nada en cambio.

Venezuela conoció, en la figura de Antonio Guzmán Blanco, el tipo de dictador autoritario que se ajustaba a sus designios. Empero, Venezuela, como algún otro país, probó que el sistema podía extremarse. La dictadura de Juan Vicente Gómez fue ese extremo. Laureano Vallenilla Lanz[93] escribió en su tiempo un denso estudio—que tituló Cesarismo democrático— para probar que los países lati-noamericanos han tenido siempre necesidad de un jefe omnímodo que asumiera la totalidad del poder:

Si en todos los países y en todos los tiempos… se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal el gendarme electivo o hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor y que por el temor mantiene la paz es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aun el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades: los jefes no se eligen sino se imponen.

Estas virtudes las hallaba íntegras precisamente en el presidente Juan Vicente Gómez, a quien atribuía no sólo las calidades necesarias sino también la obligación de ejercer la autoridad absoluta:[94]

Convencido de su misión política, no sólo por las satisfacciones de su propia conciencia, sino por las constantes y elocuentes manifestaciones con que la inmensa mayoría de los venezolanos demuestran su gratitud y su fe por los nobles y honrados procederes del egregio caudillo, el general Gómez está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos conduce a un bienestar fundado en hechos po-sitivos.

Sin duda, Juan Vicente Gómez, como antes Cipriano Castro y antes aún Antonio Guzmán Blanco, representaba a los grupos más poderosos y los benefició al beneficiarse él mismo. Pero su dictadura, que sería difícil calificar dados los extremos que alcanzó, sobrepasó las expectativas de la oligarquía venezolana: el presidente cedió sin condiciones a la presión del capital petrolero norteamericano, y sus posibilidades de desarrollo quedaron limitadas dentro de los estrechísimos márgenes que fueron establecidos desde el extranjero. Quizás el de Juan Vicente Gómez sea un caso extremo. Pero esta posibilidad estaba implícita en la actitud de todas las oligarquías liberalburguesas de Latinoamérica. Por eso se transformaron en una típica derecha frente a los viejos partidos y grupos que conservaban y cultivaban la tradición ideológica del liberalismo y, más aún, frente a los nuevos y crecientes grupos sociales de clase media y popular que aspiraban no sólo al ascenso económico y social sino también a la participación política.

5. El pensamiento político del populismo desde la entreguerra

Si fueron importantes los cambios estructurales que se operaron en los diversos países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, más importantes fueron aún sus consecuencias en las primeras décadas del XX. Y no tanto, quizá, porque se consumaran los cambios en la organización económica —que por lo contrario resistió vigorosamente— sino porque se precipitaron los procesos sociales derivados, a un ritmo y a una escala que sobrepasaban los de los cambios económicos. Este desfazamiento suscitó graves problemas políticos e ideológicos.

Persistió, modernizado y agresivo, el pensamiento político de las burguesías liberalburguesas, cada vez más afianzado como ideología de la clase dirigente, cada vez más ajustado a la situación real; y persistió, envejecido y nostálgico, el pensamiento político de los grupos señoriales, cada vez más entregados a las burguesías liberalburguesas e integrados en ellas, aunque celosos de sus principios y normas, generalmente convertidos en prejuicios.

La novedad consistió en la aparición de una nueva derecha, influida por el fascismo, el falangismo y el nazismo, constituida generalmente por miembros de la derecha tradicional —a veces de las generaciones más jóvenes— que la enfrentaron y denunciaron por su entrega a las oligarquías liberalburguesas y por su abandono de los principios señoriales. Y si esto constituyó una novedad, explicable como un fenómeno de mimetismo, más lo fue la conversión que empezó a operar luego esa nueva derecha en busca de apoyo popular o en busca de soluciones nacionales que suponían la aceptación de los problemas de las clases populares. Éstos son los grupos que suelen llamarse populistas, aun cuando la designación no sea totalmente ortodoxa. Es preferible, empero, para no usar la de los movimientos europeos que constituyeron sus modelos, luego aban-donados, y para destacar ciertas tendencias muy vigorosas que se advierten en ellos.

Como en el caso de las dictaduras liberales, también aquí se plantea el problema de la clasificación de estos grupos. Si nos atenemos al criterio político, puede decirse que revelan una inequívoca tendencia al ejercicio de un poder fuerte, dictatorial a veces, al uso de la fuerza para la conquista del poder, y a la imposición de cierto tipo de dictadura ideológica para la defensa de un sistema de fines arraigado en la tradición señorial y católica. Desde este punto de vista podría decirse que el populismo es un movimiento de derecha. Pero si nos atenemos a un criterio socioeconómico advertimos que el populismo ha aceptado el cambio y ha comenzado, en Latinoamérica, la busca de un esquema de cambio original. No es, en efecto, y pese a la frecuente retórica nacionalista, un simple retorno a la tradición, al ordenamiento social y económico propio del mundo señorial. Es, sin duda, un cambio para escapar del orden liberalburgués, pero cada vez más, según parece observarse, con un signo moderno que corresponde a lo que hoy se llama una sociedad de masas en el seno del mundo industrial, y es, precisamente, un cambio que pretende la reordenación de las masas según un sistema de fines que pueden o no compartirse, pero que corresponde a una problemática moderna y procura hallar fórmulas sociales y políticas dentro del repertorio de posibilidades que promete el incontenible proceso de desarrollo. Así, si nos atenemos a un criterio socioeconómico, no podría decirse que el populismo sea un movimiento de derecha sino una derecha paradójicamente volcada hacia la izquierda.

Este diagnóstico —es importante subrayarlo— corresponde a la situación actual. Pero como la situación social latinoamericana es muy fluida e inestable, no se podría asegurar que sea éste un diagnóstico definitivo. O mejor dicho, un diagnóstico que corresponda a núcleos esenciales. Más bien podría adivinarse que lo que está ocurriendo es una nueva alineación de partidarios de la perduración de orden liberalburgués y de partidarios de su cambio. En las nuevas alineaciones se entrecruzan los grupos, y el observador diagnostica sobre los procesos que tiene a la vista sin poder evitar la consideración de los diversos grupos que toman posición en cada frente: se extraña de que haya comunistas y socialistas embarcados en posiciones ranciamente liberales, y que haya sacerdotes y antiguos simpatizantes de Mussolini o Hitler que asuman actitudes revolucionarias modernas. En rigor, esta circunstancia perderá importancia con el tiempo, y los frentes a favor o en contra del cambio precisarán su fisonomía y cobrarán homogeneidad sin que importe la antigua filiación de sus componentes.

De todos modos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, éste parece ser el fenómeno más curioso: la escisión de la derecha en dos sectores: uno, adherido a la tradición liberalburguesa; otro, adherido a una nueva filosofía de cambio. En virtud de un proceso que, según cierto criterio formal —y en ocasiones un criterio realista—, o parte de la derecha, o la transforma, si se quiere, en una derecha paradójica, puesto que se lanza a la promoción del cambio desde dentro del sistema, con garantías que le permiten un tipo de acción que le está vedado a quienes pretenden impulsar el cambio desde fuera del sistema.

El cambio social y económico

La Primera Guerra Mundial constituyó, para Europa y para el mundo, el fin de la belle époque. Antes de ella, y a lo largo de cinco décadas, habíase arraigado la convicción de que el mundo se movía dentro de una armonía perfecta: la del mundo liberalburgués, maduro en sus ideas, maduro en las formas de su sensibilidad y maduro en la conducción de sus intereses. Pero esa armonía era inestable, y la inevitabilidad de la guerra probó que yacían en su seno contradicciones profundas que sólo transitoriamente podían haber hallado un equilibrio. Una vez roto, los cambios más violentos se produjeron en el ordenamiento económico, social, político y cultural. Los principios liberalburgueses que parecían más sólidos fueron aventados por los regímenes que se establecieron en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en Portugal. Por su parte, Inglaterra y Francia salieron gravemente disminuidas de la contienda, y Estados Unidos surgió como un gigante cada vez más poderoso por su riqueza y su poder militar.

Estos cambios se irradiaron rápidamente hacia la periferia de Europa, a los países de economía dependiente que se habían organizado a la sombra de la armonía del mundo liberalburgués, para servir a las necesidades y a las exigencias del núcleo hegemónico y recoger, en cambio, los márgenes de ganancia tolerables. Al sacudirse la organización, cada una de las partes recibió un mismo impacto, pero reaccionó de distinto modo según su propia estructura.

Latinoamérica sufrió muchas y muy diversas crisis, todas relacionadas con las alternativas del mercado exterior. Los tradicionales compradores de materias primas, en parte responsables del establecimiento de regímenes de monoproducción, reajustaron sus relaciones económicas con sus clientes en los términos más adecuados a sus necesidades, y todos los países latinoamericanos se encontraron con imprevistas situaciones para las que no estaban preparados. Hubo desequilibrios estructurales, desesperados intentos de reorganizar la vida económica por parte de las minorías perjudicadas, ingenuos tanteos y virajes audaces que, siempre, de alguna manera, atenuaban los efectos de la crisis que sufrían las oligarquías y solían pagar las clases medias y populares.

Por lo demás, la crisis de entreguerra estalló en una situación ya ligeramente alterada en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las interrupciones en el suministro normal de productos manufacturados había permitido el desarrollo de ciertas industrias, cuyo crecimiento esbozaba una situación de desarrollo en muchos países latinoamericanos. Pero el fin de la guerra y el reajuste de la economía mundial trajo consigo un intento de paralizar ese desarrollo, en beneficio del viejo sistema de preguerra que se trataba de reconstituir. La crisis fue, pues, más intensa aún.

Latinoamérica fue, después de la Primera Guerra Mundial, escenario de una lucha de mercados entre Inglaterra y Estados Unidos. Este último país avanzó considerablemente, y tanto sus capitales como su influencia política penetraron en muchos países latinoamericanos modificando las condiciones del desarrollo económico, el poder de los diversos grupos de la oligarquía liberalburguesa y las perspectivas de las clases medias y populares. Fue la época de las intervenciones armadas en Nicaragua y Santo Domingo, de las presiones políticas, de la obtención de concesiones y privilegios económicos en muchos países. El petróleo se transformó en el motor de la política internacional. La industria automotriz creció vertiginosamente y buscó sus mercados extranjeros con pertinaz empeño. Y mientras crecía la complejidad de la vida económica, se desataban las contradicciones del sistema, visibles en las crisis financieras y monetarias de los países europeos y agudizadas en la crisis de 1929. Los controles se agudizaron: controles de la producción, controles de los precios, controles de cambios. La vida económica se transformó cada vez más en un mecanismo de precisión, y el número de quienes la controlaban y manejaban se fue reduciendo.

Toda esta transformación económica incidió en los países latinoamericanos sobre los procesos sociales y económicos locales. En efecto, el hecho de que predominara una economía dependiente no significó que la vida de cada país o de cada región se redujera a los esquemas que esa economía imponía. El desarrollo económico mismo tuvo peculiaridades locales en muchos aspectos que escapaban al esquema, y aun en algunos que entraban dentro de él, puesto que las reacciones fueron el resultado de muchos factores locales. Más aún ocurrió en el plano de la vida social. La dependencia económica sujetó a ciertos sectores, pero no impidió que, aun éstos, conservaran su peculiaridad y, menos aún, que reaccionaran según su propia idiosincracia, en tanto que otros sectores que recibían los impactos de la dependencia económica, en distinta medida operaban complejos desarrollos de marcado matiz local.

Es sumamente importante señalar este fenómeno. Los impactos externos fueron iguales y tendieron a homogeneizar a Latinoamérica; pero las reacciones fueron diferentes y mantuvieron —o acentuaron quizá— la diferenciación en cuanto a la naturaleza de los problemas.

La expansión de las clases medias fue un fenómeno general en Latinoamérica, que se acentuó mucho después de la Primera Guerra Mundial y que tuvo distintos aspectos según los países y las regiones. Fuera de la influencia que en todas partes del mundo tuvo la Revolución industrial en la formación de las clases medias —una clase de consumidores—, en Latinoamérica influyó mucho la importancia que adquirieron los sectores terciarios, en un sistema económico en el que la intermediación cumplía un papel fundamental. El signo más visible de ese crecimiento fue el desarrollo de las ciudades, hacia las que emigraban todos los que podían hacerlo, abandonando los campos donde la sujeción era mayor, los salarios más bajos y, sobre todo, donde los desposeídos vivían la miseria rural, que en el mundo industrial parece peor que la miseria urbana, más dura esta última en ocasiones, pero más gratificante y retributiva psicológicamente. De los que emigraban, una parte no pequeña logró ascender hacia los estratos inferiores de las clases medias. Tuvo ésta, educación, atención médica, entretenimientos, fácil comunicación y posibilidades de consumo. Y por el ejercicio de tales posibilidades no sólo crecieron las clases medias sino que adquirieron ciertos rasgos de clase media vastos sectores de las clases populares.

También adquirió la clase media la posibilidad de acentuar su participación política, dentro del margen, más o menos extenso, que permitía el predominio de las oligarquías liberalburguesas. Pero aun cuando no pudo participar efectivamente en el poder, la clase media pudo hacer sentir su presión, e ingresar ocasionalmente a través de las fisuras del sistema.

Las clases populares sufrieron un proceso de desarrollo aún más notable. Casi totalmente pasivas hasta poco antes, aparecieron de pronto en muchos países como una fuerza eruptiva, quizás incapaz de orientarse por sí misma, propensa a volcar su formidable poder a favor de quien la sedujera. Era —obsérvese bien— lo mismo que habían hecho antes las clases medias, cuyos primeros pasos hacia su incorporación a la vida política habían sido a la zaga de algún sector señorial u oligárquico que las había buscado para usarlas como ariete contra sus adversarios dentro del sistema. Las clases populares irrumpieron. Habían aparecido en México detrás de Zapata o de Villa; y aparecieron luego en Brasil, en Perú, en Bolivia, en la Argentina, en Chile, en Colombia, en Cuba. Sería largo describir la fisonomía del proceso, y más largo aún, y acaso más incierto, explicarlo rigurosamente porque todavía estamos inmersos en esa inusitada experiencia. Pero de todos modos es innegable que desde la década del veinte el fenómeno reapareció una y otra vez, y que fueron inútiles todos los esfuerzos para encubrirlo.

Podría intentarse, pero sería ajeno a nuestro tema, caracterizar cómo se constituían las masas que siguieron a Haya de la Torre, a Vargas, a Paz Estensoro, a Perón, a Gaitán, a Castro. Pero no puede dejarse de señalar el hecho, porque sin él es inexplicable no sólo la creciente inquietud revolucionaria —que escapa a nuestro tema— sino también la aparición de lo que llamamos el populismo. Tampoco puede dejar de señalarse la significación de fenómenos de irrupción popular tan significativos como el “17 de octubre” en Buenos Aires, en 1945, o el “bogotazo” del 9 de abril de 1948. Los mineros de Chile o de Bolivia no se parecen a los siervos de la mita, por cierto. Y los campesinos cubanos mostraron una capacidad para quemar etapas en el camino del desarrollo político, que evidenció la potencialidad que se esconde en las clases populares.

Esta situación, obsérvese bien, era prácticamente imprevisible fuera de México, antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de las clases populares como factor político es un fenómeno que en muchos países tiene veinte años y en otros treinta o cuarenta. Nada más explicable que estos fenómenos y los del crecimiento de las clases medias hayan obrado profundamente sobre la actitud de ciertos estratos de las derechas tradicionales, y provocado el curioso fenómeno de la aparición de la derecha paradójica, del populismo.

La continuidad del pensamiento político de la oligarquía liberalburguesa

Ante los síntomas de la crisis de posguerra, las oligarquías liberalburguesas —a las que estaban cada vez más estrechamente incorporados los grupos económicamente importantes de tradición señorial— se apresuraron a ajustar los mecanismos del poder para controlar lo mejor posible las alternativas del proceso.

En algunos casos hubo un simple estrechamiento de filas para presentar un solo frente político mientras se cumplía el plan económico. En otros casos hubo en el seno de la oligarquía liberalburguesa un enfrentamiento de grupos que disputaban el comando de la operación de ajuste, o por desconfianza en cuanto a las ideas y los compromisos de cada grupo, o por interés de asegurarse la totalidad o la mayor parte de las ventajas si había opción entre las soluciones. Y en ciertos casos, como en otras oportunidades en que se sintió en peligro, delegó el poder en un hombre fuerte —o simplemente lo apo-yó—, en el que reconocía capacidad y apoyo exterior suficiente como para llegar a la solución deseada.

La situación se hizo crítica hacia 1930, fecha que constituye un hito en la historia política de muchos países latinoamericanos. Por entonces llegaron al poder Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua y Ubico en Guatemala; en Colombia llegaron al poder los liberales, con Olaya Herrera, en tanto que en la Argentina triunfó la Revolución conservadora presidida por Uriburu; Bolivia vio el fin del régimen de Siles —al que reemplazó Salamanca—; el Perú, el de Leguía —sustituido por Sánchez Cerro—; y poco después Cuba el de Machado, reemplazado por una junta que entregó el poder a Grau San Martín; en Brasil surgió el régimen de Vargas; en el Uruguay dio Terra un golpe dictatorial; se desató la crisis política en Chile, de la que saldría una efímera república socialista primero y la vuelta al poder de Alessandri; estalló la guerra civil en Ecuador; y finalmente se encendió entre Paraguay y Bolivia la guerra del Chaco. Entre los países grandes, sólo México escapó a esta crisis. Todos fueron cambios profundos, generalmente turbulentos y dramáticos, tras los cuales el régimen anterior no volvió a ser restaurado jamás en las mismas condiciones, porque las fisuras de la situación habían quedado al descubierto y el sistema de las fuerzas sociales y políticas se constituyó en términos nuevos e irreversibles. La oligarquía liberalburguesa, bajo distintas formas y en variadas alianzas con los grupos de poder nacionales y extranjeros, asumió la responsabilidad de conservar el control de la situación sin que sus equipos de gobierno y sus personeros vacilaran en renunciar a algunas de sus más caras y tradicionales convicciones. Puede decirse que, a partir de ese momento, la oligarquía liberalburguesa fue más burguesa que liberal. Casi todo lo poco que conservaba de sus antiguas ideas liberales fue arrojado por la borda. En rigor, el sistema liberal había funcionado como una especie de fair play entre los distintos grupos de la burguesía, y dejó de funcionar cuando aparecieron en la escena política nuevos sectores sociales no pertenecientes a ella, movidos por distintas aspiraciones.

En el campo de la política interna, el programa de la democracia liberal fue considerado, de hecho, imposible de cumplir.

Sin duda que la retórica política siguió usándolo, quizá con más énfasis que antes. Pero de hecho quedó caduco. Las dictaduras políticas fueron rigorosas. Las elecciones, cuando las hubo, fueron en casi todas partes proscriptivas o fraudulentas, y en algunos países fueron un verdadero escarnio. Los partidos opositores fueron perse-guidos, las minorías despreciadas, los derechos civiles conculcados y los simples derechos humanos ignorados por verdaderos Estados policíacos. Las huelgas y los movimientos obreros fueron considerados atentados contra la seguridad pública, en tanto que se apoyaba la despiadada explotación de los trabajadores por las grandes em-presas nacionales y extranjeras.

Entretanto, en el campo de la política económica se produjo un viraje fundamental. El Estado abandonó los principios de prescindencia que la oligarquía había enunciado y defendido tenazmente hasta entonces, e intervino directa y brutalmente a veces, en la conducción de la economía. La producción y los precios fueron controlados por medio de organismos reguladores. Aparecieron los bancos centrales que dirigieron celosamente la circulación monetaria, la distribución del crédito y el uso de las divisas extranjeras. Los viejos principios del liberalismo económico quedaron olvidados.

Lo que si quedó en pie fueron los principios que habían hecho de los antiguos grupos burgueses y liberales una oligarquía cerrada. Conservó ésta la certidumbre de que sus intereses coincidían con los del país, la firme convicción de que era peligroso mantener abierto el camino hacia la participación política de los sectores medios y populares, y la decidida resolución de contener de cualquier modo los movimientos obreros que luchaban por modificar las relaciones entre el capital y el trabajo. Esta resolución fue cada vez más firme, a medida que se agudizaron los conflictos, que creció —hasta límites dramáticos— la desocupación, que se acentuaron las migraciones internas y el éxodo rural, que explotaron las rebeliones de las clases tradicionalmente sometidas. Estos principios fueron, en realidad, los que nutrieron a las burguesías liberalburguesas, que seguían declarando, sin embargo, su devoción por el Estado liberal de derecho, por la constitución vigente, por el régimen jurídico, por el sistema parlamentario.

Esos principios no habían sido observados nunca de manera absoluta; pero la oligarquía liberalburguesa había parecido admitir que, con el tiempo y con el desarrollo de la educación, sería posible un día que se cumplieran plenamente. La oligarquía liberalburguesa asumía una especie de tutela de las clases en ascenso, y, ciertamente, la experiencia de algunos países autorizaba a pensar que ésa era su política para el futuro, como lo había sido en más de un caso antes de la crisis. El armazón legal del Estado se mantuvo, pero la violación del orden legal quedó prácticamente justificada por la costumbre.

El desarrollo normal del proceso económico y social acentuó los problemas a medida que la inflexibilidad del sistema gubernamental se extremó. Lo que ocurrió en Colombia desde 1948 y en Argentina desde 1945 se incubó sordamente durante este período. Las oligarquías fueron absolutamente insensibles a los problemas del pasado. La crisis se hizo visible con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Nuevas posibilidades de negocios aparecieron para las oligarquías, pero aparecieron para los sectores medios y populares otras posibilidades de rebelión, que se canalizarían a través de otros movimientos, algunos de los cuales tuvieron éxito más o menos duradero mientras otros se fueron disolviendo hasta perder agresividad.

Lo importante es que la oligarquía liberalburguesa estrechó sus filas nuevamente y volvió a cambiar de opinión frente a muchos problemas. Se destacaron de su seno sectores industrialistas que trataron de lograr una política de protección para su campo económico; pero los equipos dirigentes entraron de lleno en la esfera de acción del nuevo capital predominante —esta vez el norteamericano— y se afiliaron otra vez a una decidida política liberal que sostuvo la necesidad de mantener el régimen de la libre empresa. El neoliberalismo que pretendía imitar el sistema económico de los Estados Unidos y de los países como Alemania e Italia donde se había operado el llamado ‘‘milagro” de la economía liberal, fue defendido en los países latinoamericanos donde la coyuntura de la guerra había permitido desencadenar un proceso relativamente vigoroso de industrialización. Y en otros aspectos —menos en el político— el liberalismo volvió a ser considerado como el sistema propio de una democracia. Una retórica anacrónica envolvió esta prédica que, naturalmente, empezó a alejar de los partidos políticos que la defendían a los sectores medios y populares.

Las oligarquías liberalburguesas se encontraron, así, enfrentadas por vastas masas que acumulaban cada vez más experiencia. Para enfrentarlas acentuaron la defensa del liberalismo y lo transformaron en sinónimo de sistema de libertades individuales. Esos principios fueron identificados con los que rigen el mundo occidental y cristiano, y opuestos a los que rigen el mundo comunista. Todo principio de estatización, todo llamado a la justicia social, toda tendencia a la socialización o colectivización fue considerado expresión del “comunismo”, un ente que adquirió, por la fuerza de la propaganda, una variada gama de connotaciones. El papa Juan XXIII y el presidente Kennedy fueron considerados “idiotas útiles”, y el presidente Frei, el “Kerensky chileno”. Sólo pareció respetable, a sus ojos, la perduración verbal de un conjunto de nobles principios que habían movido la Independencia, pero que las oligarquías liberalburguesas habían abandonado de hecho en el momento mismo en que se convirtieron en oligarquías.

Las reminiscencias del pensamiento político de los grupos señoriales

Desde el punto de vista del poder, los grupos de tipo tradicional y de mentalidad señorial dejaron de ser importantes en Latinoamérica por sí mismos en las últimas décadas. Obsérvese bien, que se trata de la posibilidad de que predominaran por sí mismos, porque, en efecto, el mecanismo de la economía mundial los puso en la opción de fusionarse con la oligarquía liberalburguesa, o transformarse ellos mismos en eso, o perder toda eficacia económica y política.

Por sí mismos, sin embargo, los grupos señoriales mantuvieron cierta importancia. Ante todo, como componentes de la oligarquía liberalburguesa, puesto que de acuerdo con su gravitación le infundieron distinto aire. Allí donde la tradición señorial conservó prestigio, arrastró a muchos miembros de la nueva oligarquía a una imitación más o menos grotesca de su estilo de vida, a una adopción más o menos arraigada de sus ideales y prejuicios. Y si la influencia fue grande pudieron los grupos señoriales cubrir con su bandera ese complejo social que constituyó la oligarquía liberalburguesa.

Pero, además, los grupos señoriales siguieron constituyendo el signo —o el vestigio— de una sociedad tradicional que, aunque periclitada, seguía siendo un cuadro de referencias para los más celosos defensores del sistema constituido —las fuerzas armadas y la Iglesia, que medían la tolerabilidad de los cambios según el margen de alejamiento de aquel esquema. En la retórica tradicional latinoamericana, el heroísmo y la santidad parecían ser los rasgos predominantes de una sociedad precapitalista que, de acuerdo con ella, habría prevalecido en Latinoamérica —heredera de Portugal y España— durante los buenos tiempos pasados. Sería largo estudiar el mecanismo por el cual se ha constituido esta retórica en Latinoamérica, y más complejo aún desentrañar el extraño fenómeno psicosocial en virtud del cual sectores relativamente extensos de la sociedad creen que tal retórica expresa una realidad profunda. Lo importante es que los sectores señoriales representan, a sus propios ojos y ante los ojos de vastos grupos del clero y de las fuerzas armadas, una tradición valiosa, referida a la tradición hidalga, consustanciada con el espíritu de una aristocracia secular y apoyada en los vigorosos ideales del mundo feudal. Puede decirse, en resumen, falsamente por cierto, que los grupos señoriales representan una mentalidad precapitalista que conserva considerable predicamento en algunos sectores de la sociedad latinoamericana.

Es considerable el número de grupos y personas que, en determinada ocasión, se muestran identificados con esa concepción de la vida, sin perjuicio de que opere como generadora de normas y actitudes en la vida cotidiana. Subsisten las clientelas rurales de las viejas clases poseedoras, solidarias con ellas por la subsistencia de una sociedad paternalista; pero subsisten vastos sectores medios para los cuales la imitación de las formas de vida y la imitación de las formas externas de comportamiento de las viejas clases poseedoras supone alcanzar un signo de prestigio. El hecho es significativo, porque revela hasta qué punto las formas de vida y de pensamiento de los grupos señoriales constituyen marcos de referencia para sociedades que. sin embargo, han operado importantes cambios de estructura incompatibles con aquéllas.

Hubo países —la Argentina, por ejemplo—. donde llegaron a constituirse en la década del 30 grupos monárquicos, aparentemente con seriedad. Cierto es que sus integrantes se sentían camelots du roi, pero el proyecto, que tuvo una revista como instrumento de difusión. se refería concretamente a la realidad Argentina y no carecía de simpatizantes entre quienes parecían tener alguna influencia en-tre los grupos de poder.

El pensamiento político de los grupos señoriales no tiene, pues, más valor que el de una reminiscencia —nostálgica a veces, llena de dignidad literaria en algunos autores, grotesca en ocasiones—esgrimida como un fantasma por quienes sólo excepcionalmente creen en él. Sin embargo, es importante hacer dos observaciones a su respecto. que acaso se confundan en una sola.

El pensamiento político de los grupos señoriales, allí donde subsiste. mantiene su oposición, no sólo a las concepciones políticas de la democracia sino también a las formas de vida y a los principios propios del orden capitalista y liberal. Forma parte de su elenco de ideas, llamémosle así. el prejuicio contra el capital judío, contra los masones, contra los políticos, pero también contra Estados Unidos y. a veces, contra Inglaterra. El prejuicio capitalista funciona como un ariete anticapitalista, quizá por inadvertencia, y el prejuicio hispánico como un ariete antinorteamericano.

Deben agregarse a este sistema de prejuicios los que provienen de una vigorosa actitud contra los parvenus, los nuevos ricos, los cuales suponen todo un enjuiciamiento a la totalidad de la sociedad contemporánea y a su mecanismo de desarrollo y diferenciación.

Por otra parte, el pensamiento político de los grupos señoriales conserva muy vivas las reminiscencias de la organización paternalista: de la hacienda y del Estado. Ese sentimiento paternalista fue hostigado duramente por la oligarquía liberalburguesa porque, efectivamente, representaba un principio político intolerable en una sociedad moderna, y contradictorio en relación con el afianzamiento de la democracia.

Pero, después de varias décadas de ejercicio de la democracia liberal, vastos sectores populares en distintas regiones de diversos países latinoamericanos, al tener acceso a la vida política, han actualizado la concepción paternalista, actuando de acuerdo con ella y recibiendo por excusados caminos el apoyo de los grupos señoriales supérstites.

Esta actitud política es, en sí misma y en teoría, escasamente eficaz en el mundo de la sociedad industrial; pero permite una transferencia hacia concepciones políticas no liberales, no individualistas, en las que el paternalismo adopta una fisonomía diferente, como el comunitarismo. el corporativismo y, en general, los proyectos de organización social promovidos por las encíclicas de la Iglesia Católica.

El pensamiento político de los grupos señoriales es, pues, una reminiscencia anacrónica: pero quedan señaladas las líneas a través de las cuales las nuevas generaciones de los grupos señoriales pudieron llegar a formular los principios de la derecha paradójica, de la derecha volcada hacia el cambio, del populismo.

El pensamiento político del populismo

Se conoce con el nombre de populismo a los movimientos de tendencia popular —o destinados a polarizar a las masas hacia soluciones que les satisfagan— que rechazan tanto la tradición liberal como la tradición marxista.

No siempre es fácil filiar clara y objetivamente su origen, pero es innegable que, en general, el populismo proviene —por la extracción de sus dirigentes y por la peculiaridad de su pensamiento— de los grupos de derecha: pero no de las oligarquías liberalburguesas sino de los grupos señoriales, marginalizados como tales por aquellas. En nombre de una concepción señorial, católica, precapitalista y antiliberal, grupos provenientes de los sectores más tradicionales comenzaron a orientar sus simpatías hacia los regímenes de fuerza y hacia las doctrinas antiliberales. Maurras, Daudet, Sorel, Pareto ejercieron una profunda influencia ideológica. El triunfo de Mussolini y su denuncia de los regímenes liberales, así como su decidida acción contra los movimientos obreros —socialistas y comunistas—, polarizó la admiración de los grupos aristo-cratizantes que desdeñaban la demagogia de la nueva democracia latinoamericana, fundada en una retórica liberal, apoyada por las clases medias en vías de ascenso y explotada sabiamente por las oligarquías liberalburguesas. Al cabo de poco tiempo casi todos los grupos adoptaron uniformes y organizaciones semimilitares, imitando las camisas negras y pardas, las milicias fascistas o las fuerzas S.S.

Con tales caracteres, esos movimientos no pasaron de ser insignificantes esfuerzos de grupos minoritarios, de tendencia aristocratizante, sin otra fuerza que la que podía prestarle el apoyo que recibieron en muchos casos de grupos militares dispuestos a la acción. Pero a partir de cierto momento, a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial y de las impresionantes victorias militares del Eje, los grupos que se denominaban nacionalistas comenzaron a obtener apoyo popular. La germanofilia los señaló como adversarios del mundo anglosajón y, por allí, del capitalismo y el imperialismo inglés y norteamericano: de modo que no les fue difícil aparecer como los campeones de una lucha por la liberación nacional, en la que aceptaron embarcarse grupos intelectuales y grupos obreros —con y sin experiencia sindical— agobiados por la presión de los monopolios internacionales. Estos movimientos crecieron. La enérgica campaña antibritánica y el reclamo de los derechos de las clases sometidas a las presiones económicas v sociales de las grandes empresas dio a los grupos nacionalistas un aire fuertemente popular; y a medida que creció el apoyo ese aire se acentuó y la dinámica del movimiento se fue acelerando hasta transformar totalmente los movimientos aristocratizantes y antidemocráticos en movimientos populares antiliberales.

El antiliberalismo fue uno de los rasgos sobresalientes del pensamiento político del populismo. Recogía, sin duda, la tradición señorial, pero fue presentado con una nueva fisonomía en la que, junto a la crítica, podían advertirse ideas constructivas que sonaban bien en los oídos de las clases populares.

Jorge González von Marées, líder del Movimiento Nacional Socialista Chileno, admitía la clara filiación fascista de éste, en cuanto tenía de apertura hacia soluciones no liberales:[95]

Consideramos que el fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano sino que es mundial. El encarna la reacción espontánea y natu-ral de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático liberal. Significa el triunfo de la gran política, o sea. de la política dirigida por los pocos hombres superiores de cada generación, sobre la mediocridad, que constituye la característica del liberalismo; significa también el predominio de la sangre y de la raza sobre el materialismo económico v el internacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signifique, por ningún motivo, que pretendemos copiar el fascismo italiano o el hitlerismo alemán. Nuestro movimiento se caracteriza por su tendencia esencialmente nacionalista.

Pocos años después, el periódico La Nueva República[96] vocero de los nacionalistas argentinos, definía su posición como un intento de restaurar los principios políticos tradicionales, conculcados por la democracia liberal:

La Nueva República se ha definido como un grupo nacionalista. Este voca-blo que despierta la antipatía instintiva de quienes lo consideran aplicable a una exaltación irrazonada del sentimiento patriótico que degenera en xenofobia, ha sido adoptado por nosotros como insustituible para expresar un cierto orden de relaciones jurídicas. El nacionalismo —hemos dicho— persigue el bien de la nación, de la colectividad humana organizada; considera que existe una subordinación necesaria de los intereses individuales al interés de dicha colectividad y de los derechos individuales al derecho del Estado. Esto basta para diferenciarlo de las doctrinas del panteísmo político, las cuales se caracterizan por el olvido de ese fin esencial de todo gobierno —el bien común— para sustituirlo por principios abstractos: soberanía del pueblo, libertad, igualdad, redención del proletariado.

Los movimientos nacionalistas actuales se manifiestan en todos los países como una restauración de los principios políticos tradicionales, de la idea clásica del gobierno, en oposición a los errores del doctrinarismo democrático, cuyas consecuencias desastrosas denuncia. Frente a los mitos disolventes de los demagogos erige las verdades fundamentales que son la vida y la grandeza de las naciones: orden, autoridad y jerarquía.

Una definición coherente de los objetivos contra los cuales el nacionalismo quería luchar y de aquéllos que quería conseguir, apareció en el documento titulado “Principios y acción del Movimiento nacionalista revolucionario“, que sirvió de base para la fundación del partido boliviano de ese nombre en 1941. En el segundo punto, el antiliberalismo se manifestaba, al mismo tiempo, como una ofensiva contra el sistema capitalista y liberal y como un ataque contra el socialismo, vinculado —se decía— con el internacionalismo judío y la masonería:[97]

Denunciamos como antinacional toda posible relación entre los partidos políticos internacionales y las maniobras del judaísmo, entre el sistema democrático liberal y las organizaciones secretas y la invocación del ‘socialismo’ como argumento tendiente a facilitar la intromisión de extranjeros en nuestra política interna o internacional, o en cualquier actividad en la que perjudiquen a los bolivianos. Exigimos la prohibición absoluta de la intervención de acciones o capital extranjero en los periódicos, revistas y demás publicaciones. Exigimos una ley que obligue a las empresas periodísticas o de cualquier género de publicidad a declarar ante las autoridades civiles o militares cuando contraten servicios de redactores o colaboradores extranjeros especificando los salarios que les paguen y los servicios que aquéllos presten. Exigimos la prohibición absoluta del ingreso de extranjeros al Ejército para el comando de tropas, salvo como profesores de la oficialidad, previa aprobación mediante ley. Exigimos la formación de un registro de todos los empleados dependientes de las empresas extranjeras con especificación prolija de antecedentes, sueldos o salarios, bajo la vigilancia del Estado Mayor del Ejército. Exigimos la prohibición absoluta de la inmigración judía y de cualquier otra que no tenga eficacia productora.

Y cuando Paz Estensoro[98] nacionalizó las minas de estaño en 1952, extremó la crítica del sistema capitalista:

El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobre-za generales del país hizo posible el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ello fue agravado luego por una legislación excesivamente liberal en la que no se contemplaba obligación social alguna y apenas sí insignificantes cargas tributarias. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político, deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación y de tres millones y medio de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de tres individuos.

Fue impuesta la monoproducción como característica de la economía na-cional. A la oligarquía no le importaba que, por esa imposición, aumentara hasta hacerse torturante, nuestra dependencia de los mercados extranjeros. Las fluc-tuaciones en la cotización del estaño, totalmente fuera de nuestro alcance, reper-cutían sin embargo, vertical y decisivamente, sobre toda la vida del país por la ausencia de factores compensatorios: la depresión, cuando descendía el precio del estaño en el mercado mundial, se hacia más aguda para Bolivia porque nuestras necesidades de consumo debían satisfacerse, en su mayor parte, con artículos im-portados.

Esta actitud antiliberal, manifestada en el seno de una sociedad vigorosamente estructurada dentro de tal sistema, importaba una clara aceptación de la necesidad del cambio y un designio resuelto de promoverlo a cualquier precio. Esta decisión significaba una actitud revolucionaria, un abandono de la típica actitud de la derecha señorial y de la derecha liberal burguesa. No sería fácil establecer en qué medida y por qué vías el pensamiento de la izquierda revolucionaria había influido en el pensamiento político de los grupos populistas, pero es evidente que, una vez salvados los distintos fines ideológicos, la aceptación del cambio y la programación del sentido que debería tener, aproximaba a los grupos populistas más a la izquierda —a la que querían combatir y a cuyo desafío pretendían responder— que a los distintos grupos de la derecha tradicional.

Su divergencia residía en el sentido del cambio. Descartada la idea de la legitimidad de la lucha de clases, del designio de constituir- una sociedad sin clases: rechazada la concepción materialista y dialéctica de la historia y la innegable continuidad que ella implicaba con respecto a algunos aspectos de la tradición liberal, los grupos populistas organizaron poco a poco un ideario bastante homogéneo, que expresó el sentido del cambio a que aspiraba.

A la aspiración de las izquierdas a constituir un mundo socialista, el populismo opuso, en Latinoamérica, su aspiración a reconstruir un mundo en el que predominaran los principios del catolicismo antiutilitario, de la hispanidad y del nacionalismo. En 1945 escribía el filósofo boliviano Roberto Prudencio:[99]

Mientras nosotros vivimos en un mundo de crisis, en medio de la duda y la incertidumbre, pues ni siquiera tenemos ya la seguridad del positivismo en el futuro de la ciencia, el hombre de la Edad Media concebía el universo como un todo armónico que servía a los fines de Dios.

La vida humana tenía un principio y un fin, regulados desde la eternidad. El hombre era la obra de Dios y la vida un camino hacia El. La concepción del mundo que tenían aquellas almas religiosas se podría representar en la imagen de una catedral gótica. Nos ha tocado vivir en un mundo sin valor, en un mundo vacío de contenido. en un mundo sin belleza, sin amor y sin Dios.

Era la opinión que expresaba el filósofo mexicano José Vasconcelos en su Breve Historia de México, señalando por una parte la nefasta contribución del protestantismo anglosajón que tanto había influido, en su opinión, sobre los liberales, y por otra la pugna “de latinidad contra sajonismo” sobre la que se extendía en La raza cósmica. El tema del catolicismo conducía al tema de la hispanidad. Vasconcelos afirmaba categóricamente que:[100] “…el paso inmedi ato la emancipación económica tendría que ser emancipación intelectual y el retorno a lo hispánico”.

El hispanismo, en efecto, fue un polo del pensamiento del populismo, y se manifestó en las ideas de los peruanos Riva Agüero y Porras Barrenechea, del venezolano Briceño Iragorri, del argentino Ibarguren, del uruguayo Herrera. Era una doctrina política, pero suponía una actitud intelectual que entrañaba un “revisionismo” de la historia y la política de todos los países latinoamericanos. El liberalismo había sido una ideología extranjera y había perturbado el desarrollo nacional. La verdadera raíz de Latinoamérica, de cada uno de los países que la componían, era el mundo colonial hispánico, donde se escondían los fundamentos de la nacionalidad. Walter Montenegro,[101] uno de los fundadores del Movimiento nacionalista revolucionario, escribía en la revista Kollasuyo de La Paz, fundada precisamente para profundizar los estudios bolivianos:

Todo lo cual, nos permite, pues, jerarquizar la Colonia como una noble y alta fuente de inspiración cultural cuya sola existencia constituye el más categórico desmentido a la idea de quienes piensan que, no teniendo nosotros, los bolivianos, nada valioso, nada de que enorgullecemos justamente en nuestro pasado, estamos fatalmente condenados a desear, y a buscar nuestra incondicional incorporación de vencidos a las formas de vida, vale decir a la cultura occidental, europea.

Y aquí nos encontramos con el tercer período de nuestra historia, que constituye precisamente, por sus fuentes de inspiración, y por los rumbos de su pensamiento, la más infortunada y falsa negación de los valores americanistas, vale decir bolivianistas, que se propugna en estas líneas.

En efecto, tomada la Colonia en aquel aspecto puramente negativo de que nos habla el escritor últimamente citado, y al influjo preponderante y unilateral de las ideas políticas, la República hace un repudio absoluto y sistemático de ella; quema sus restos y aventa las cenizas.

Importa, en cambio, junto con la ‘Libertad, Fraternidad e Igualdad’ de la Revolución Francesa, y el sentido demoliberal de aquélla, el gusto, la preferencia por todo cuanto trascendiese a gálicos orígenes.

Y menospreciando aquello que por la sangre es suyo, adopta así en lo material como en lo espiritual, político, jurídico y cultural, en fin, lo que la Francia del siglo XIX le envía.

Otros factores veía también el nacionalismo en la formación de la nación, y todos fueron señalados y analizados porque la situación era el núcleo de la concepción histórica, social y política.

Si el nacionalismo concebía idealmente un mundo incontaminado en el que prevalecían los principios del catolicismo y la hispanidad, dentro de él no reconocía como unidades históricas reales nada más que las naciones, cada una de las cuales poseía según la concepción romántica, una individualidad intransferible, un alma. Esa alma se había formado a lo largo del tiempo, y cada nación debía reivindicar sus remotos orígenes. Por eso el nacionalismo creyó que había que “revisar” el valor de la época colonial, para buscar en ella la primera fisonomía del alma nacional. Pero no se detuvo allí. También reivindicó la tradición indígena. Lo había hecho ya la Revolución mexicana y lo harían otros movimientos más tarde.

El indigenismo fue una teoría, especialmente en Perú y Bolivia. Entre otros, la sostuvieron en Bolivia de manera eminente Franz Ta- mayo, que veía en el indio boliviano el depositario del alma nacional, Jaime Mendoza y el grupo que Roberto Prudencio aglutinó alrededor de la revista Kollasuyo. en parte el mismo que actuó en el Movimiento Nacional revolucionario; y la promovieron y adoptaron en Perú, bajo la remota inspiración de Clorinda Matto de Turner, el antropólogo Luis E. Valcárcel y los novelistas Ciro Alegría y José María Arguedas. El nacionalismo recogió esa teoría y la incluyó dentro de su sistema.

Pero el pasado histórico no era toda la raíz de la nacionalidad. El boliviano Jaime Mendoza escribía: “Cuando se habla del indio, implícitamente se alude a la tierra”. Este sentimiento aparece también en Tamayo y se encuentra expresado de manera tajante en Prudencio: “La cultura no es sino la expresión de lo telúrico”. Este trasfon- do de pasado histórico y sentimiento telúrico apareció entre los nacionalistas brasileños, en el antropólogo Euclides da Cunha, en el novelista Graça Aranha, en el filósofo Alberto Torres. Y en México, un vasto movimiento destinado a definir “lo mexicano” se expresó a través de una rica literatura y adquirió forma en el pensamiento de Vasconcelos, Ramos y Zea.

Bajo la forma de movimiento político populista, el nacionalismo recogió esa doctrina de las esencias nacionales —peruanidad, bolivianidad, mexicanidad, argentinidad— y la movilizó en busca de soluciones para los grandes problemas de la nación, al margen de las tradicionales fórmulas liberales y de las que ofrecían los partidos de la izquierda marxista.

Se intentó programar una economía nacional, cuya primera consigna debía ser escapar de los tentáculos del capitalismo internacional. Decía el argentino Carlos Ibarguren[102] en carta a un candidato presidencial conservador:

Anhelo vivamente… que limpie Ud. el escenario público, cuyos actores ac-tuales nada representan y constituyen una oligarquía de profesionales de la política que corren en pos del mantenimiento de sus posiciones y de sus intereses particula-res; que conquiste Ud. la completa independencia económica de nuestra patria, li-berándola de monopolios y de la presión del capitalismo internacional que la tienen ahogada en muchos de sus órganos vitales…

Radomiro Tomic,[103] uno de los jefes de la democracia cristiana chilena, decía en 1948: “Los que creemos en el Social-Cristianismo creemos en la posibilidad de hallar una síntesis entre las profundas modificaciones de estructura que necesita la economía para ponerse al servicio del Trabajo en vez de seguir al servicio del Capital, y la plena salvaguardia de los valores espirituales…”.

De este modo, concretaba su programa en una serie de transformaciones fundamentales para la economía chilena, evitando el principio de la socialización de los bienes de producción. Tal era también el principio del Movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, en cuyo programa se decía:[104]

Afirmamos nuestra fe en el poder de la raza indomestiza; en la solidaridad de los bolivianos para defender el interés colectivo y el bien común antes que el individual, en el renacimiento de las tradiciones autóctonas para moldear la cultura boliviana y en el aprovechamiento de la técnica para construir la Nación sobre un régimen de verdadera justicia social boliviana, sobre bases económica y política-mente condicionadas con sujeción al poder del Estado.

Exigimos la voluntad tenaz de los bolivianos para mantener ante lodo la propiedad de la tierra y de la producción, su esfuerzo político para que el Estado fortalecido asegure en beneficio del país la riqueza proveniente de la industria ex-tractiva, y su acción individual para formar la pequeña industria. Exigimos el con-curso de todos para extirpar los grandes monopolios privados y que las actividades comerciales minoristas sean desempeñadas exclusivamente por bolivianos. Exigi-mos el estudio sobre bases científicas del problema agrario indígena con vista a in-corporar a la vida nacional a los millones de campesinos marginados de ella, y a lograr una organización adecuada de la economía agrícola para obtener el máximo rendimiento. Exigimos la nacionalización de los servicios públicos.

Esta actitud frente al ordenamiento económico fue también predominante en la política de Vargas[105] y en la de Perón. Decía Vargas a los dos años de la Revolución:

El individualismo excesivo que caracterizó el siglo pasado, necesitaba en-contrar límite y correctivo en la preocupación predominante del interés social. No hay en esa actitud, ningún indicio de hostilidad al capital, que, al contrario, necesita ser atraído, amparado y garantizado por el poder público. Pero la mejor manera de garantizarlo está, justamente, en transformar el proletariado en una fuerza orgánica de cooperación con el Estado y no dejarlo que, por el abandono de la ley, se entregue a la acción disolvente de elementos perturbadores, privados de sentimientos de patria y de familia.

Una posición semejante sostuvo Perón[106] en 1946, antes de llegar a la presidencia, cuando se suponía que necesitaba apelar a todos los recursos para atraer el voto popular:

No soy tampoco de los que creen que los integrantes de la llamada Unión democrática han dejado de llenar su programa político —vale decir, su democracia— con un contenido económico. Lo que pasa es que ellos están defendiendo un sistema capitalista con perjuicio o con desprecio de los intereses de los trabajadores, aun cuando les hagan las pequeñas concesiones a que luego habré de referirme; mientras que nosotros defendemos la posición del trabajador y creemos que sólo aumentando enormemente su bienestar e incrementando su participación en el Estado y la intervención de éste en las relaciones del trabajo, será posible que subsista lo que el sistema capitalista de libre iniciativa tiene de bueno y de aprovechable frente a los sistemas colectivistas. Por el bien de mi patria quisiera que mis enemigos se convencieran de que mi actitud no sólo es humana sino que es conservadora en la noble acepción del vocablo. Y bueno sería también que desechasen de una vez el calificativo de demagógico que se atribuye a todos mis actos, no porque carezcan de valor constructivo ni porque vayan encaminados a implantar una tiranía de la plebe (que es el significado de la palabra demagogia) sino simplemente porque no van de acuerdo con los egoístas intereses capitalistas, ni se preocupan con exceso de la actual ‘estructura social’ ni de lo que ellos barriendo para adentro llaman ‘los supremos intereses del país’ confundiéndolos con los suyos propios.

Pero los grupos más avanzados del peronismo consiguieron imponer al reformarse la Constitución Argentina de 1949 un artículo que expresaba su concepción de la economía nacional:[107]

La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguaradia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usuariamente los beneficios.

Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortiguado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

La organización de la economía debía traer consigo una reorganización social y política. El nacionalismo declaró caduco el sistema individualista y el régimen parlamentario, y buscó sustitutos. En principio los halló en la teoría del corporativismo. El intento más acabado de la nueva concepción social fue el Estado Novo montado por Vargas en el Brasil después del golpe de Estado de 1937. En la Argentina se intentó cautelosamente a través de una constitución provincial. Pero en ambos casos los esfuerzos fueron efímeros, sobre todo por el desprestigio que acarreó al sistema la derrota del Eje. En la imposibilidad de estatuir un sistema orgánico, se proclamaron vagos principios políticos. Rojas Pinilla arriesgó en Colombia una definición de la democracia y de los principios políticos de su gobierno:[108]

democracia es la mejor interpretación de la voluntad soberana del pueblo; democracia es oportunidad para que todos trabajen honrada y pacíficamente; de-mocracia es el otorgamiento de garantías sin discriminación alguna; democracia es gobierno de las fuerzas armadas.

¿Quién puede dar oídos a las voces que hablan de gobierno despótico y de poderes omnímodos?

Vosotros diréis ahora si preferís la democracia de parlamentos vociferantes, prensa irresponsable, huelgas ilegales, elecciones prematuras y sangrientas y burocracia partidista, o preferís la democracia que los resentidos llaman dictadura, de tranquilidad y sosiego ciudadano, obras de aliento nacional, garantías para el trabajo, técnica y pulcritud administrativa y ancho campo para la verdadera libertad y las iniciativas del músculo y de la inteligencia.

Perón, por su parte, dejando subsistente el sistema parlamentario tradicional, intentó una “organización del pueblo” cuyo programa establecía:[109] “La comunidad nacional se organizará socialmente mediante el desarrollo de las asociaciones profesionales en todas las actividades de ese carácter y con funciones prevalecientemente sociales”.

Y procuró llevarlo a cabo estimulando las diversas asociaciones y promoviendo su ostensible participación en el gobierno.

En principio, el populismo asumió la defensa de los intereses populares, pero entendiendo que requerían la tutela de una aristocracia, de una elite sobre cuyo origen y constitución sólo hubo vagos indicios. Perón y Vargas hablaban de la formación de nuevos cuadros, y en efecto promovieron su formación sin reparar en el origen social; pero en importantes sectores del nacionalismo populista subsistían los resabios de una concepción aristocratizante que suponía la conservación del poder y de la tutela en manos de las clases ilustradas o tradicionales.

Para coronar el edificio del nuevo orden nacional, el populismo afirmó la existencia de una cultura nacional, nutrida de savia vernácula y orientada según su espontánea concepción de la vida. También en este campo resonaron las apelaciones a los sentimientos telúricos, a la tradición indígena, al pasado colonial, y las imprecaciones contra la tradición europea, francesa especialmente en cuanto tenía de liberal y racionalista. Una revalorización del arto autóctono y de las tradiciones vernáculas acompañó esta afirmación de la vigencia de la cultura nacional.

Notas

1 Oliveira Vianna. Evolución del pueblo brasileño. Buenos Aires. 1937, p. 286.

2 Ots Capdequí, José M., Instituciones sociales de la América española en el período colonial. La Plata, 1934, p. 33.

3 Fray Vicente del Salvador, Historia do Brasil, cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 65.

4 Las Casas, Bartolomé de, Historia de las Indias, Libro III, cap. IV.

5 Descripción del Virreinato del Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII, edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin, Rosario, 1958, p. 68.

6 Van Vliervelt, “Reflexiones sobre el Brasil”, Revista del Instituto Histórico de San Pablo, vol. V, p.135: cf. Oliveira Vianna, Op. cit., p. 64.

7 Abad y Queipo, Manuel. Representación al Rey sobre la inmunidad personal del clero de Michoacán, del 11 de enero de 1799, cf. J. Romero Flores, Don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Independencia mexicana, México, 1945.

8 Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre la Isla de Cuba, La Habana, 1960, p. 162.

9 Arzobispo San Alberto, Catecismo Regio.

10 Sepúlveda, Juan Ginés de, Democrates alter, pp. 81, 85 y 171: cf. Silvio

11 Op. cit., pp. 100-101

12 Zárate, Agustín de, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Buenos Aires, 1965, p. 15.

13 Relación de los hechos y fin heroico del General Liniers, en Anales de la Biblioteca, tomo III, Buenos Aires, 1904, p. 336.

14 Giménez Rueda, Julio, Letras de México, México, 1944, p. 80.

15 Díaz, José Domingo, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, 1961, p. 45 y sigs.

16 Alamán, Lucas, Semblanzas e Ideario, México, 1963, p. 171.

17 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, La Plata, 1938, p. 74.

18 Toro, Fermín, Reflexiones sobre la ley del 10 de abril de 1854.

19 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., p. 75.

20 Montalvo, Juan. “liberales y conservadores’’, en El Regenerador, número 3. 1867, t. 1, p. 104.

21 El Constitucional, 20 de noviembre de 1868; cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 224.

22 Camacho Roldán, Salvador, Memorias, Bogotá, 1948, t. 1, p. 44.

23 El Tizón Republicano, 23 de junio de 1823: cf. G. Feliu Cruz. La abolición de la esclavitud en Chile, Santiago, 1942, p. 102.

24 4 Camacho Roldán, Salvador, Op. cit., t. I, p. 83.

25 Ruy Barbosa, Conferencias y discursos, Buenos Aires, 1939, p. 250.

26 Vallarta, Ignacio L., Discurso del 8 de agosto de 1856, en el Congreso Extraordinario Constituyente, cf. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, t. III, p. 588.

27 Pardo y Aliaga, Felipe, Poesías y escritos en prosa, París, 1869.

28 Op. cit.

29 Robertson, J. P. y C., Cartas del Paraguay.

30 Auto del 25 de octubre de 1816. en Cuaderno de Autos Supremos: cf. Efraim Cardozo, Paraguay independiente, 1949. p. 58.

31 Sánchez Quell, H., política internacional del Paraguay, Buenos Aires, 1945. p. 73.

32 cf. Pérez Acosta. J., Francia y Bonpland, Buenos Aires, 1942, p. 23

33 Robertson, J. P. Y G., Op. cit.

34 Cardozo, Efraim. Breve historia del Paraguay, Buenos Aires, 1965, p. 85.

35 Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Op. cit., 1938, p. 261 y sigs.

36 6 cf. Cardozo, Efraim. Paraguay independiente, p. 64: Chávez, El supremo dictador.

37 Saldías, Adolfo, Papeles de Rosas, La Plata, 1904.

38 Cancionero del tiempo de Rosas, selección de José Luis Lanuza, Buenos Aires, 1941. p. 38.

39 40 Saldías, Adolfo, Op. cit.

40 Gálvez. Manuel, Vida de D. Gabriel García Moreno, Buenos Aires, 1942. p. 329.

41 Mera, Juan León, El héroe mártir, Canto a la memoria de García Moreno, Quito. 1876.

42 cf. Alfonso M. Escudero, Introducción a Cumandá, Austral, p. 28.

43 “Las leyes de García Moreno’’, en El Regenerador, número 5, t. 1, p. 162.

44 Gálvez, Manuel, Op. cit., p. 327.

45 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961. t. III.

46 47 Alamán, Lucas, Semblanzas e ideario, México, 1963, p. 103.

47 Loc cit.

48 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, XI, p. 234.

49 Calmón, Pedro, Historia de la civilización brasileña, Buenos Aires, 1937, p. 251.

50 Oliveira Torres, Joao Camillo de, A democracia coronada (Teoría política do Impero do Brasil), Río de Janeiro, 1957, p. 498.

51 Carta constitucional del 16 de marzo de 1824, en El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830, Caracas, 1961, t. 1, p. 261.

52 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano, Apéndice 36, Obras Completas, Buenos Aires, 1941, t. IX, p. 247.

53 Cf. Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Apéndice 15, Obras Completas. Buenos Aires, 1940, t. V, .p. 262.

54 Cf. Francisco A. Encina, Portales, Santiago de Chile. 1934.1. II. p. 226.

55 Cf. Leopoldo Benites, Ecuador, drama y paradoja, México, 1950, p. 220.

56 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 52.

57 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, en El pensamiento constitucional hispanoamericano, Caracas, 1961, t. V, pp. 171-172.

58 Lecuna, Vicente, Cartas del Libertador, t. XI, p. 53.

59 Bolívar, Simón, Discurso de Angostura, Op. cit., pp. 165.

60 Op. cit., pp. 169.

61 Madame Calderón de la Barca, La vida en México, México, 1959. capítulos XLV-XLVII.

62 Vicuña Mackenna, Benjamín, Don Diego Portales, Santiago de Chile, 1937, p. 587; Edwards Vives, Alberto, La fronda aristocrática, capítulo VII.

63 Encina, Francisco A., Portales, t. 1. p. 242.

64 Vicuña Mackena, Benjamín, Op. cit., p. 557 y siguientes.

65 Herrera, Luis Alberto de, Por la Patria, Montevideo, 1953, t. I, p. 65.

66 Op. cit., t. I, p. 64.

67 Op. cit., t. 1, p. 6.

68 Freyre, Gilberto, Casa-Grande y Senzala, Buenos Aires, 1942, t. II, p. 61.

69 Oliveira Vianna, Evolución del pueblo brasileño, p. 81.

70 Op. cit., p. 138 y sigs.

71 Op. cit., p. 111 y sigs.

72 Op. cit., p. 260.

73 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, 1960. p. 212 y sigs.

74 Rodó, José Enrique, Ariel, Valencia, 1920, p. 75 y sigs.

75 Op. cit., p. 84 y sigs

76 Goyena, Pedro, “Discursos parlamentarios del 6 y 11 de julio de 1883”, en Obra Selecta, Buenos Aires, 1943, p. 260 y sigs.

77 8 Op. cit., p. 263.

78 Estrada, José Manuel, Discurso en el Congreso Católico de Buenos Aires de 1884, en Páginas del Maestro, Buenos Aires. 1942, p. 20.

79 Sierra, Justo, Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940, p. 444 y sigs.

80 Justo, Juan B., La teoría científica de la historia v la política Argentina, en La realización del socialismo, Buenos Aires, 1947, p. 171.

81 Cf. Jobet, Julio César, Ensayo crítico del desarrollo económico de Chile, Santiago, 1955, p. 99.

82 Bunge. Carlos Octavio, Nuestra América, t. III, i, p. 168.

83 Op. cit., t. I, XI, p. 160.

84 Arguedas, Alcides, Pueblo enfermo, p. 28.

85 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 96.

86 Cf. F. R. Pintos, Batlle y el proceso histórico Uruguay.

87 Cf. Jobet, Julio César, Op. cit., p. 116.

88 Roca, Julio A., Discurso del Presidente de la República, en Asambleas Constituyentes Argentinas, t. VI, primera parte, p. 293.

89 Nieto Arteta, Luis A., Economía y cultura en la historia de Colombia, Bogotá, 1942, p. 406.

90 /hi> Caso, Antonio, México, apuntamientos de cultura patria, México. 1943. p. 14.

91 Sierra, Justo, Op. cit., p. 251.

92 Op. cit., p. 454 y sigs.

93 Vallenilla Lanz, L., Cesarismo democrático, Caracas, 1929, p. 123.

94 Vallenilla Lanz, L., La rehabilitación de Venezuela, Caracas, 1926, I, p. 18 y sigs.

95 Jobet, Julio César, Op. cit., p. 196.

96 La Nueva República, número 43, Buenos Aires, 1º de Diciembre de 1928.

97 Cf. Alberto S. Cornejo, Programas políticos de Bolivia, Cochabamba, 1949, p. 148.

98 Paz Estensoro, Víctor, Discursos y Mensajes, Buenos Aires, 1953, p. 30.

99 Prudencio, Roberto, Los valores religiosos, 1945.

100 Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas en México, México, 1960, p. 278 y sigs.

101 Montenegro, Walter, “La bolivianidad en la economía y la historia”, Kollasuyo, número 13, La Paz, enero de 1940.

102 Ibarguren, Carlos, La historia que he vivido, Buenos Aires, 1955, p. 499.

103 Tomic Romero, Radomiro, “Capitalismo, comunismo, democracia cristiana”, discurso parlamentario del 11 de mayo de 1948.

104 Cf. Alberto S. Cornejo. Op. cit., p. 149.

105 Vargas, Getulio, “As classes trabalhadoras o govêrno da Revoluçao”, discurso del 29 de octubre de 1932, en A nova política do Brasil, Río de Janeiro, II, p. 97.

106 Perón, Juan D., “Discurso pronunciado en su proclamación como candidato a la presidencia constitucional de la Nación”, 12 de febrero de 1946.

107 Constitución Argentina de 1949, artículo 40.

108 Cf. La Prensa, Buenos Aires, 27 de agosto de 1956.

109 Doctrina Nacional, presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1954, p. 33. punto 2.

Sarmiento, un homenaje y una carta. 1977

Me apresuro a contestar tu carta, que llegó hace dos días, sobre todo en lo que se refiere a tu encargo para Sur.

El caso es que si se trata de urgencias, no puedo materialmente. Y lo grave del caso es que lo lamento. Todo este año he estado pensando dónde y cómo dar una conferencia sobre Sarmiento historiador, estableciendo su calidad de cabeza de una línea historiográfica distinta de la de Mitre, pero paralela; estableciendo su filiación hacia atrás, quizá pensando —esto en secreto— en su posteridad, a la que me honro en pertenecer. Todo esto proviene de que ese libro mío que están leyendo [Latinoamérica, las ciudades y las ideas]es hijo del Facundo; y no sólo de la temática campociudad sino también de la concepción de la historia como ‘historia profunda’, en todos los sentidos y hasta con una reminiscencia de lo que se llama psicología profunda. Esta larga exposición es para decirte que no me falta tema y que me sobran ganas de hacer este planteo. (Carbia prácticamente ignora a Sarmiento como historiador en su Historia de la historiografía argentina.) Lo que no tengo es tiempo material para ordenar el tema y escribir siquiera diez páginas. A breve plazo, pues, te tengo que decir que no, y puedes creerme que lo lamento, porque también me gustaría participar en ese número de Sur. Ya me he negado una vez a otro requerimiento —porque se trataba de un tema que me era ajeno—, y lamento hacerlo ahora cuando el tema me apasiona.

Presentación a “Historia de Belgrano y de la independencia argentina” de Bartolomé Mitre. 1967

Como Sarmiento y como Rosas, Mitre es un personaje controvertido de la historia argentina. Con razón, sin duda, porque, como ellos, imprimió firmemente la huella de su pensamiento y de su acción en la vida del país, en una época en que la sustancia era muy plástica, y aún se advierte su impronta, no siempre tenuemente. Poseía una vigorosa inteligencia y una desusada capacidad para organizar sus ideas, erigiendo con ellas un sistema capaz de trasmutarse de pura teoría en práctica eficaz. Por eso se impuso muchas veces como vocero de un grupo que necesitaba quién expresara sus vagas tendencias, o como ejecutor de un plan que muchos no veían articularse en todos sus pasos para llegar seguramente al fin propuesto. Refiriéndose a San Martín, dijo que no era “ni un mesías ni un profeta”, sino “simplemente un hombre de acción deliberada que obró como una fuerza activa en el orden de los hechos fatales con la visión clara de un objetivo real”. Esta definición conviene al propio Mitre. Equivocado o no, su acción política no fue nunca improvisada o superficial: analizó sin prisa los procesos sociales que tenía ante sus ojos, procuró cobrar distancia y juzgar objetivamente, eligió un objetivo claro entre los posibles, descartando los puramente utópicos, y se lanzó a la acción decididamente para alcanzarlo, con cierta imperturbabilidad en los modos de obrar que le confiere una fisonomía singular.

Creyó que el deber de su generación era dar una forma a la nación, y procuró bosquejarla primero e imponerla después. Pero no fue una creación arbitraria. Su obra de político y de estadista brotó de un pensamiento claro, nutrido en el examen de la historia del país, cuyo desarrollo creyó que era necesario orientar y conducir de cierta manera. Su acción cotidiana se insertó dentro de un plan a largo plazo, que hundía sus raíces en el examen de la realidad contemporánea y en un análisis de los procesos que la habían conformado. Por eso fue al mismo tiempo, e indisolublemente, un político y un historiador. Estas dos vertientes de su personalidad son inseparables.

Así como el rosismo estimuló el análisis sociológico de la realidad argentina, tal como lo entendieron y realizaron Alberdi, Sarmiento y Echeverría, las circunstancias posteriores a la batalla de Caseros estimularon las reflexiones acerca de la peculiaridad de su desarrollo político e institucional. La caída de Rosas, y mucho más el enfrentamiento de Buenos Aires con el resto del país, fiel a Urquiza, agudizó el sentimiento de responsabilidad de quienes sentían en sus manos el poder de decisión. Era necesario saber si las disidencias eran fundamentales o si, por el contrario, constituían solamente accidentes propios de la conducción de un proceso tan drámatico, en el que coincidían hacia un mismo fin hombres cargados de tradiciones muy diversas. Mitre creyó que la secesión de Buenos Aires, a pesar de su gravedad, no constituía un hecho irreversible, que no estaba perdida la esperanza de constituir la nación como él la pensaba, jurídica e institucionalmente ordenada dentro de un sistema que resolviera los viejos antagonismos que habían ensagrentado al país. Por eso sostuvo en 1854 la tesis de la “preexistencia de la nación“, y luchó por integrarla políticamente primero, y por enmarcarla luego dentro del cuadro de la Constitución de 1853.

La nación cuya preexistencia proclamaba Mitre tenía, medio siglo después de la Revolución de Mayo, una fisonomía confusa. En 1858, en el prefacio de la segunda edición de la Historia de Belgrano, Mitre señala la imprecisión que denotaba la imagen del proceso político en virtud del cual podía afirmarse la existencia de la Argentina como nación independiente. “La revolución del 25 de mayo de 1810, el hecho más prominente de la historia argentina —decía—, no ha sido narrada hasta el presente, a excepción de la media página que le ha consagrado la pluma superficial del deán Funes, y de una Crónica en forma dramática, escrita por el doctor Juan B. Alberdi, la cual tiene en el fondo más verdad histórica de la que su forma caprichosa haría suponer.” Mitre considera criminal este vacío, y recuerda la angustia de Florencio Varela por no encontrar “en los documentos públicos” prueba categórica de que los hombres de Mayo aspiraran a “emancipar al país”. Y agregaba: “Después que se lea lo que decimos sobre el desarrollo de la idea revolucionaria, del estado de madurez a que había llegado antes de estallar la revolución, y de los propósitos deliberados que presidieron a ella, así como de los planes de independencia que precedieron a la Revolución de Mayo, creemos que nadie pondrá en duda ya si nuestros padres pensaron o no en constituir una patria libre e independiente en 1810.”

Quizá resulte difícil descubrir hoy el grado de dramatismo que encerraba este planteo. Los que luchaban por constituir la nación y afirmaban su existencia anterior a cada una de las entidades regionales que se habían enfrentado durante más de cuarenta años, se sentían urgidos por la necesidad de probar la validez de su punto de partida. Mitre obró, ciertamente, con ajustado método histórico y ordenó su imagen de la realidad nacional según ciertas ideas predominantes, que había adquirido a través de sus extensas lecturas. Pero el móvil fundamental fue esta dramática conjetura acerca de si era legítimo el objetivo por el que luchaba, acerca de cuál era el sentido del proceso histórico que conducía hasta la situación en que se hallaba, acerca de cuáles eran las posibilidades de desarrollo y de cambio que esa situación encerraba. La Historia de Belgrano fue, pues, una obra entrañable y cumplió un papel decisivo en la vida argentina, en cuanto alimentó una actitud política que, finalmente, habría de triunfar.

El núcleo originario de la obra es una biografía de Belgrano, cuya primera edición apareció en 1857 y al año siguiente la segunda. Pero las exigencias de claridad con respecto a las actitudes políticas y al verdadero valor que, en su opinión, debía asignársele a cada una de las fuerzas que habían obrado en la vida argentina antes de Caseros, convirtieron aquella biografía en un estudio más ambicioso. El título de la cuarta edición —de 1887, considerada definitiva — reveló ese contenido: Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. Mitre mismo explica — en las Comprobaciones históricas— cómo había abordado su tema: “Sus panegiristas —dice refiriéndose a Belgrano — lo habían desfigurado, y el instinto popular, poseído de cierta supersticiosa admiración, veía en él un héroe sobrenatural, un ideal adornado con falsos oropeles. Nosotros lo pusimos en intimidad con su pueblo; hicimos conocer al hombre con sus virtudes, sus debilidades, sus errores, sus grandes cualidades, sus inmortales servicios y sus desfallecimientos morales, asimilándolo a la masa de la especie a que pertenece, perdiendo tal vez en admiración, pero ganando en estimación y simpatía, al hacerlo hablar y obrar, como cuando el soplo de la vida mortal lo animaba.” Pero, en realidad, Mitre hizo más. Al abandonar la concepción heroica, se propuso penetrar en la totalidad del cuadro en el que Belgrano había tenido papel de protagonista, y analizarlo cuidadosamente desde diversos puntos de vista. Son significativas las palabras del proemio: “Este libro es al mismo tiempo la vida de un hombre y la historia de una época. Su argumento es el desarrollo gradual de la idea de la independencia del pueblo argentino, desde sus orígenes a fines del siglo XVIII y durante su revolución, hasta la descomposición del régimen colonial en 1820, en que se inaugura una democracia genial, embrionaria y anárquica, que tiende a normalizarse dentro de sus propios elementos orgánicos.” De este modo Mitre expresaba una idea nueva —cuya novedad es difícil apreciar hoy a causa de la profundidad con que ha arraigado — acerca de los orígenes sociales e ideológicos de un proceso que condujo a la independencia, pero que al mismo tiempo desencadenó un agitado proceso interno de ajuste de las fuerzas que desde ese momento comenzaron a obrar según sus propias tendencias.

La enunciación de problemas que se proponían tratar revela el designio de abarcar la totalidad de los factores que descubría en el proceso: “Los antecedentes coloniales de la sociabilidad argentina, la transición de dos épocas, las causas eficientes de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las acciones y reacciones de los elementos ingénitos de la nueva sociedad política, el movimiento colectivo, el encadenamiento lógico y cronológico de los sucesos, los hombres, las tendencias, los instintos, las ideas, la fisonomía varia de esa revolución, que lucha, busca su equilibrio y se transforma obedeciendo a su genialidad…” Mitre cumplió más allá de lo esperable este ambicioso plan. Si se repasa lo que constituye el material que pudo usar y el sistema de ideas con el que se había examinado la historia del país y la situación en el momento en que escribió, se advierte que su esfuerzo fue inmenso, y que se debe a él la primera sistematización inteligible del proceso histórico argentino.

Quizá nada tan ilustrativo como analizar el primer capítulo, titulado “La sociabilidad argentina”, para medir la severa preocupación de Mitre por descubrir las causas profundas de los fenómenos políticos que se ofrecen en la superficie de la historia argentina. Pero no es solamente allí donde esa preocupación se advierte. Todo a lo largo de la obra, el historiador procura escapar de las explicaciones accidentales. Y sería igualmente ilustrativo hacer un estudio objetivo y desapasionado de la visión que Mitre ofrece de las masas populares campesinas y de los caudillos, donde a despecho de algunos objetivos y de la gravitación que ejercen en su ánimo algunas experiencias, se advierte el designio de comprender su significación y reconocer sus valores. Pero, sin duda, su obra era polémica, y sus opiniones frente a la situación contemporánea correspondían al juicio que le merecían los antepasados de sus adversarios.

Desde este punto de vista, y pese al rigor documental de Mitre, es innegable que su obra es, desde el punto de vista de las interpretaciones, una obra militante. Así quedó demostrado en su comentario a la obra de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, cuyo criterio enjuició enérgicamente. Pero es coherente y resiste a las objeciones, al menos como expresión de un punto de vista que debe ser juzgado a la luz de las situaciones propias de su tiempo.

Para el lector de nuestros días, la obra de Mitre constituye un testimonio de un valor trascendental. Corresponde a una corriente de pensamiento y de acción que ha sido decisiva en la configuración del país actual. Signo de su valor y de su vigencia es que merezca la controversia apasionada.

Cambio social, corrientes de opinión y formas de mentalidad, 1852-1930. 1966

El intenso cambio económico-social que se operó en la Argentina a partir de las décadas que siguen a la batalla de Caseros (1852) fue el resultado de diversos factores. Por una parte, fue una respuesta a las perspectivas que abrían los mercados europeos, transformados como consecuencia del desarrollo industrial; pero por otra, fue la consecuencia de la sustitución de una minoría dirigente, empeñada en la defensa tenaz de una estructura tradicional, de origen colonial y desproporcionada con las posibilidades del país, por otra minoría que había madurado en la oposición política, en el análisis de la situación nacional y en el examen de las variaciones que se operaban en Europa y en los Estados Unidos. Tanto aquel análisis como este examen fueron hechos —como lo hacían, por lo demás, los doctrinarios europeos— a la luz de un cierto sistema de ideas. Para la minoría argentina, ese sistema de ideas tenía no solo el prestigio de su origen europeo y de su modernidad sino, además, la garantía del éxito, pues se lo consideró inseparable del progreso técnico que se advertía en los países civilizados. Llegada al poder después de la derrota de Rosas en 1852, esa minoría impuso sus puntos de vista, desencadenó audazmente una política de cambio económico-social y se enfrentó, naturalmente, con las consecuencias de su acción.

Así, a la promoción del cambio, por una parte, y a la evolución de sus consecuencias, por otra, correspondieron ciertas corrientes de opinión en las minorías predominantes. Pero a esas corrientes de opinión, como era inevitable, respondieron otras. Primero, de los sectores pasivos que manifestaron una fuerte resistencia al cambio; luego, de los diversos grupos que surgieron de la acentuada y rápida diferenciación social que el cambio produjo.

El objeto de este estudio es analizar esas corrientes de opinión. En primer lugar, se examinarán aquellas que corresponden al desencadenamiento del cambio (antes de 1880); en segundo lugar, las que surgen al calor de los fenómenos de cambio que, naturalmente, fueron muy complejos y escaparon al control de quienes los habían desencadenado (de 1880 a 1910); y en tercer lugar, las que predominan al producirse el primero de los momentos de reajuste y estabilización (de 1910 a 1930).

Antes de 1880

El período que transcurre entre 1862 y 1880 constituye una etapa trascendental en el desarrollo de la Argentina. Para la historiográfica tradicional, ha sido el período de “la organización nacional“, esto es, de la liquidación de los problemas suscitados a partir de la independencia, en 1810, y del ordenamiento de la vida nacional dentro de un cuadro institucional vigoroso y estable. Para nosotros, su trascendencia consiste en que, precisamente cuando se constituye ese cuadro institucional que organiza la nación, se desencadena un cambio estructural que altera sus supuestos.

Se advierten, en efecto, dos tendencias bien definidas, no necesariamente contradictorias, desde el punto de vista de la acción, pero sin duda divergentes y capaces de producir efectos muy diversos. Por una parte, se cierran ciertos problemas tradicionales; pero, por otra, se abren otros de mucha mayor envergadura que introducen gravísimas tensiones dentro del cuadro institucional.

SITUACIONES Y GRUPOS DE OPINIÓN

Desde el punto de vista político, la situación del país después de la batalla de Caseros parece ser de ruptura instantánea y violenta. No lo es, sin embargo, sino en parte. El equipo triunfante en 1852 es heterogéneo, y solo en Buenos Aires se advierte un grupo radical. El resto es ligeramente conciliador, no con el régimen político derrocado, pero sí con las situaciones subsistentes en las diversas provincias. Estas actitudes corresponden al proceso operado en el país desde 1810 y condicionan las respuestas al interrogante que abre la caída de Rosas.

La revolución que había dado origen a la independencia —prácticamente ya en 1810— tuvo su centro en Buenos Aires y se irradió con bastantes dificultades hacia el resto del Virreinato del Río de la Plata. Fue un movimiento de las burguesías urbanas, cuya mentalidad había adquirido una fisonomía singular al calor de los cambios económicos e ideológicos de la segunda mitad del siglo XVIII. Pero, pese a los cambios de mentalidad, esa burguesía urbana conservaba la actitud básica de los grupos urbanos españoles que habían hecho la colonización. La ciudad era un baluarte europeo en medio de la barbarie, y solo en ellas se desarrollaba un estilo de vida civilizado, capaz de encuadrar la actividad política. La actitud colonizadora se había perpetuado, adquirió más firmeza —y más estrechez de miras, al mismo tiempo— a medida que crecía la burocracia colonial, y no llegó a ser sobrepasada totalmente por quienes recibieron la influencia de la fisiocracia.

A causa de esta concepción eminentemente urbana de la colonización, el desarrollo de las áreas rurales fue libre y espontáneo. Se formó allí una sociedad sui generis, cuyos miembros crearon un modo de vida apropiado a sus necesidades y posibilidades. Era, sin duda, una sociedad no política, que solo entraba en relación con el orden político y administrativo —vigente en las ciudades— de manera ocasional y bajo la forma de presiones esporádicas que la distancia y la despoblación neutralizaban. A fines del siglo XVIII, esas poblaciones rurales comenzaron a ponerse de manifiesto y a gravitar cada vez más sobre las ciudades. Félix de Azara, entre otros, advirtió su presencia y procuró comprender su idiosincrasia. La ciudad —y Buenos Aires especialmente— recibió las primeras influencias a través del habla rural —de los gauderios o gauchos— y conoció a estos cada vez mejor a través de los mataderos y saladeros. Era una población que crecía en importancia económica a través de la relación patrón-peón, pero que era ajena a la vida civil y política.

Esta situación cambió esencialmente después de la revolución. Las poblaciones rurales aparecieron en la escena y, con su apoyo, los grupos productores rurales exigieron un reajuste de la participación política. El resultado fueron las guerras civiles y el régimen de la Federación. No corresponde explicar aquí este proceso, pero basta señalar que las minorías urbanas perdieron influencia en casi todas partes, aun cuando en Buenos Aires la conservara gracias al puerto y a la aduana; pero aun en ella se operó un cambio importante, pues quedó desplazada la burguesía progresista.

La época de las guerras civiles y la Federación (1820-1852) significó un ascenso y predominio de la mentalidad rural y tradicionalista. El poder político estaba en todas las provincias en manos de grupos que podían caracterizarse por tal mentalidad y que, puesto que poseían la tierra, poseían también el control directo e indirecto de todas las actividades económicas. Solo Buenos Aires poseía una burguesía urbana significativa, cuyos sectores superiores, vinculados a las actividades agropecuarias y a su comercialización, estaban en estrecha relación con el poder político.

Ya cerca de la mitad del siglo, algunos de los grupos provincianos comenzaron a manifestarse sensibles a ciertas influencias diferentes. En la región litoral, los estancieros entrevieron nuevas posibilidades de exportación en relación con las demandas europeas y procuraron adecuarse a esa situación. Pero Buenos Aires constituía un obstáculo, pues controlaba la aduana y vedaba la libre navegación de los ríos interiores por donde esos productos podían salir al exterior. Fueron esos grupos provincianos los que comenzaron a acercarse a los grupos de emigrados de Montevideo y comenzaron a revisar sus opiniones. Los grupos de emigrados eran, generalmente, antiguos “unitarios”, en principio partidarios de un régimen centralista de gobierno, pero sobre todo representantes de una mentalidad burguesa y liberal. Enemigos políticos de Rosas, algunos de ellos rechazaron cualquier aproximación a quienes parecían compartir su política; otros, en cambio, aun manteniendo sus posiciones radicales en materia económica, social y política, trataron de influir sobre aquellos representantes de la mentalidad tradicional a quienes la situación empujaba hacia una apertura.

Tres tipos de mentalidad se vislumbran, pues, fundamentalmente al producirse la batalla de Caseros. En primer término, la mentalidad tradicional, de raíz colonial y apoyada en las líneas de la reacción absolutista posterior al Congreso de Viena, sustentada por vastas masas en las que se apoyaba una minoría rural poderosa. En segundo lugar, una mentalidad transaccional sustentada por un grupo disidente del anterior a partir del momento en que descubren nuevas perspectivas. Y en tercer lugar, una mentalidad liberal burguesa, sustentada activamente por grupos emigrados pero compartida pasivamente por pequeños grupos urbanos residentes en el país, aunque marginalizados por el régimen vigente. Estos tres grupos y estas tres actitudes se encontrarán frente a frente a partir de Caseros y rivalizarán por fijar el rumbo del país.

EL ENFRENTAMIENTO DE LOS GRUPOS TRANSACCIONALES Y LOS GRUPOS LIBERALES BURGUESES

Desde 1852 hasta 1862, los grupos transaccionales y los grupos liberales burgueses sostuvieron puntos de vista diferentes e inconciliables sobre la solución que debía darse a los problemas tradicionales del país.

Los grupos transaccionales garantizaban el apoyo de los grupos rurales provincianos al nuevo régimen, lo cual les daba una gran fuerza, pero los obligaba también a mantener una actitud cauta. Sensibles a los puntos de vista de la minoría progresista —burguesa y liberal—, los habían asimilado, sobre todo, porque coincidían con la política económica que convenía a la región donde el grupo transaccional había aparecido: el litoral. Pero no podían transformarse en defensores incondicionales de esos puntos de vista sin poner en peligro el apoyo de los grupos rurales provincianos y, eventualmente, sin situarse en posición de inferioridad frente a la minoría progresista, más coherente y radical.

En la situación de predominio que les otorgó la victoria (puesto que su principal representante, el general Urquiza, era el vencedor y jefe del ejército triunfante) asumieron la defensa de los intereses provincianos frente a Buenos Aires y trataron de contener la influencia de los grupos progresistas, no en cuanto tales sino como representantes de los intereses de Buenos Aires.

Los grupos progresistas, a diferencia de los grupos transaccionales, carecían totalmente de compromisos políticos y, sobre todo, de responsabilidades efectivas, fuera de las que Urquiza quisiera otorgarles. Su radicalismo se acentuó en la medida en que se observaba cierta reticencia de los grupos transaccionales. Y así como estos asumieron la defensa de los intereses provincianos, los grupos progresistas asumieron la defensa de los intereses de Buenos Aires.

De este modo, el más grave de todos los problemas suscitados por la Revolución de 1810 —el de las relaciones entre Buenos Aires y el interior del país— volvió a plantearse con caracteres semejantes a los que había tenido en 1820. Y otra vez, la respuesta fue la secesión: Buenos Aires se separó del resto del país.

Una diferencia fundamental había, sin embargo. El grupo transaccional no retrocedió de sus posiciones transaccionales. Se mantuvo firme en ellas y no opuso a los grupos progresistas un retorno a la vieja mentalidad rural. Por el contrario, aceptó el punto de vista elaborado por los grupos progresistas y de acuerdo con él echó las bases de un orden institucional, consagrado en la Constitución de 1853.

En adelante hubo, pues, un enfrentamiento de hecho. Los grupos progresistas de Buenos Aires se dividieron entre los que querían consumar la secesión definitiva y los que, admitiendo que el nuevo orden constitucional coincidía con sus principios generales, aspiraban a reintegrar a Buenos Aires al conjunto nacional.

Fueron estos últimos los que predominaron en Buenos Aires y los que finalmente impusieron su punto de vista. A partir de 1862, el país quedó unificado. Los grupos progresistas de Buenos Aires se impusieron a los grupos transaccionales, y su representante, Bartolomé Mitre, fue elegido presidente, dentro del orden institucional que los grupos transaccionales habían establecido en la Constitución de 1853.

EL PREDOMINIO DE LOS GRUPOS PROGRESISTAS

Desde 1862 en adelante predominaron los grupos progresistas. Sin embargo, tal predominio tuvo matices muy importantes. Al principio, predominaron los grupos típicamente burgueses y liberales de Buenos Aires, a quienes les tocó enfrentar la oposición de la mentalidad tradicionalista manifestada a veces como una mera resistencia pasiva al cambio y a veces como una resistencia activa, polémica y que en ocasiones apeló a la fuerza. Pero a medida que impuso sus tendencias, atrajo hacia ellas a grupos originarios del interior, los que, al aceptarlas, las adecuaron en alguna medida a la receptividad que hallaban en el seno de sus sociedades locales. La oposición fue, finalmente, aniquilada; pero hacia 1880, los grupos originarios del interior consiguieron predominar e impusieron una nueva forma de mentalidad transaccional. En ella, el componente tradicional era mucho más débil que en la mentalidad transaccional de 1852.

Entre 1852 y 1862, los grupos transaccionales y los grupos progresistas de la burguesía liberal disputaron sobre la solución que debía darse a los problemas heredados de las cuatro décadas anteriores. Desde 1862, las soluciones fueron definiéndose cada vez más. Dentro del límite de los principios fijados por los grupos transaccionales —que habían cristalizado en la Constitución de 1853— los grupos progresistas fueron ejecutando esas soluciones metódicamente, extremando acaso las decisiones. Pero el programa de acción fue el que había dado la Constitución de 1853.

En general, en la mayoría de los problemas no se plantearon sino cuestiones de hecho, porque la Constitución amparaba en alguna medida la posición radical de los grupos progresistas. Solo el problema de las relaciones entre Buenos Aires y el interior del país replanteó polarizaciones de la opinión en términos agudos. La discusión giraba alrededor de si la ciudad de Buenos Aires —su puerto y su aduana— debía estar dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires o dentro de la del gobierno federal. Un sector, conocido como “nacionalista”, era partidario de la federalización; otro, conocido como “autonomista”, se oponía. El “autonomismo” se convirtió en un movimiento popular y hacia él se canalizaron las fuerzas políticas que habían apoyado a Rosas; el “nacionalismo”, en cambio, aglutinó a las clases medias más cultas. El problema no fue resuelto hasta 1880 y hasta entonces provocó repetidos brotes de tensión. La última fue la revolución bonaerense de 1880, pero ya para entonces había predominado la idea de que era inevitable la federalización de Buenos Aires y así lo resolvió el Congreso nacional y lo admitió la legislatura provincial. Todo el período está caracterizado por una fuerte tensión entre provincianos y “porteños”, que solo comenzó a ceder a medida que el funcionamiento de las instituciones fue otorgando cada vez más el control político a las mayorías provincianas.

Los grupos progresistas eran de remota tradición unitaria y habían transigido con los principios del federalismo como un precio que se debía pagar para asegurar la existencia de la nación unida. Precisamente, la idea de la Argentina como una nación unida había sido el supuesto esencial del viejo unitarismo y había resurgido después de Caseros como pivote del pensamiento político de la burguesía liberal. Aun en la época en que la provincia de Buenos Aires estuvo separada de la Confederación Argentina, esta idea no había dejado de ser sustancial. Al tratarse la constitución del Estado de Buenos Aires en 1854, Mitre había afirmado que “hay una nación preexistente”, y frente a la insurrección provincial de 1880 el presidente Avellaneda declaró que “no hay dentro de la nación nada superior a la nación misma”. Esta convicción básica determinó toda una línea de la acción de la burguesía liberal cuando llegó al poder.

Esa línea fue la de afianzar el ordenamiento institucional de la nación, que, en rigor, era entonces solo una virtualidad. La nación fue constituida, casi creada, como consecuencia de aquella convicción. Si como político y estadista trabajó Mitre por proveer a la nación de todos sus órganos políticos y administrativos, como historiador procuró crear, bajo la influencia del romanticismo, la imagen de un destino nacional que desde el pasado se proyectaba hacia el futuro.

La burguesía liberal constituía un conjunto homogéneo, tanto por la formación ideológica de sus miembros como por las expectativas que tenía como clase. Fue, pues, solidaria, y trabajó para proveer a la nación de todo el aparato de poder que necesitaba. Se dictaron las leyes fundamentales y se redactaron los códigos; se organizó el ejército nacional y se suprimieron las milicias provinciales; se echaron las bases de las finanzas nacionales y su administración; se organizó la justicia y se fijaron cuidadosamente las relaciones entre el Estado nacional y los poderes provinciales; se aniquiló el poder de los indios y se incorporaron a la producción vastas extensiones de tierra. En lo fundamental, toda esa obra fue cumplida antes de 1880. Para esta fecha, el Estado nacional contaba con los recursos necesarios para asegurar su autoridad suprema y había alcanzado un vigor irrevocable. Por eso ha podido considerarse que la obra fundamental del período fue la “organización nacional“.

La creación del Estado nacional y su ordenamiento institucional no fue, empero, el único cauce de las opiniones de los grupos progresistas. Cuando alcanzó el predominio en la vida política se advirtió que, entrecruzada con aquella preocupación, había otra no menos importante o acaso más importante aún en el fondo de su pensamiento. La organización nacional no parece haber sido un fin en sí mismo, sino un medio para promover un cambio económico-social meditado desde mucho tiempo atrás.

El sector activo y militante de los grupos progresistas se había constituido en la lucha contra Rosas y la Federación. Pero en tanto que algunos unitarios de mentalidad rígida vieron en el rosismo un fenómeno político y un caso personal de vocación tiránica, otros comenzaron a ver en él un resultado de una situación económico-social. Bajo la influencia de las ideas del romanticismo social y de la historiográfica romántica, pusieron sus ojos en los fenómenos sociales. De allí nació un diagnóstico de la situación, fundado en el análisis y la evaluación de las relaciones entre vida urbana y vida rural, de las actitudes y tendencias de las clases populares, de las relaciones entre masas y élites, y de la gravitación del ambiente geográfico y las relaciones económicas sobre los distintos sectores sociales del país. Este diagnóstico se elaboró lentamente. Ciertos libros orgánicos y ricos en doctrina contienen los elementos fundamentales: el Fragmento preliminar al estudio del derecho, de Juan Bautista Alberdi (1837), el Dogma socialista, de Esteban Echeverría (1839), y el Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento (1845). Todos escritos al calor de la lucha política, son verdaderas inducciones de la realidad, aunque elaboradas a través de las ideas en boga en la literatura sociológica europea contemporánea. Pero además de estos conjuntos orgánicos de observaciones e interpretaciones, hubo innumerables observaciones esporádicas, que contribuyeron a formar una corriente de opinión vigorosa. En la discusión de los vaivenes de la política y, sobre todo, en el examen del fracaso, para muchos inexplicable, de las sucesivas rebeliones contra Rosas, el sistema interpretativo fue afinándose hasta componer un cuerpo coherente.

A ese diagnóstico acompañó y siguió un sistema de soluciones. Partiendo de la solución de facto—esto es, la destrucción del poder de Rosas— se inició la indagación de cómo debía encauzarse luego la vida del país no solo para que no volviera a repetirse un episodio semejante, sino también para que el país entrara en la vida de lo que Sarmiento había puntualizado como la otra opción que se ofrecía: la civilización. Ahora bien, la civilización era, para la generación romántica, la forma y el contenido de la vida europea. El sistema de soluciones debía, pues, girar alrededor de la idea de europeizar al país e incluirlo en la red de la economía y la cultura europeas.

Se trataba, pues, de promover un cambio sustancial. Poblar el desierto suponía alterar la estructura demográfica, social y cultural del país. Robustecer la vida urbana, modificar las formas de la economía rural, crear nuevos sistemas de comunicaciones e introducir todos los dispositivos necesarios para europeizar las formas de vida significaba abrir un interrogante sobre el futuro, puesto que se alteraban las formas de la acción social al tiempo que se alteraba el sujeto de esa acción. Una confianza absoluta en que se obtendría en esas condiciones un éxito semejante al que se había obtenido en los diversos países europeos y en Estados Unidos movió a los grupos progresistas a desencadenar aceleradamente el cambio. Podía descontarse la resistencia de los grupos tradicionalistas, pero no pareció un obstáculo serio sino, por el contrario, un aliciente para acelerar el proceso de su neutralización o, eventualmente, su aniquilamiento. En rigor, los grupos progresistas adoptaron la actitud propia del despotismo ilustrado.

El cambio se desencadenó a través de una decidida política inmigratoria y una política, no menos audaz, de promoción de inversiones y préstamos extranjeros. Estas dos líneas fueron impulsadas simultáneamente y con pareja intensidad. Resultados visibles fueron alcanzados en plazos brevísimos y se los juzgó satisfactoriamente: acrecentamiento de la población, desarrollo de nuevas actividades agrícolas, incremento del monto del comercio exterior con franco superávit para las exportaciones, modernización de las formas de vida, progreso urbano. A la organización nacional acompañaba una apertura inédita.

LOS GRUPOS TRADICIONALISTAS FRENTE A LA organización nacional Y AL CAMBIO ECONÓMICO-SOCIAL

La triple acción de los grupos progresistas predominantes —solución de los problemas heredados, ordenamiento institucional y promoción del cambio— obtuvo el consentimiento de los sectores ilustrados de clase media urbana, pero debió enfrentar un fuerte sentimiento de resistencia por parte de los grupos rurales y por parte de quienes por una u otra razón asumieron su representación.

El signo más visible fue la aparición de un fuerte sentimiento xenófobo. El inmigrante fue menospreciado por el criollo, especialmente en las áreas rurales, y sus formas de vida subestimadas. Como el inmigrante recibió cierta protección —quizá solamente la que necesitaban como seres humanos— el criollo consideró que la ley —la ley impuesta por los gobiernos progresistas— era un simple instrumento de opresión. Las poblaciones criollas desarrollaron cierto resentimiento, no solo contra los inmigrantes, sino contra los gobiernos que los atraían. Era, en principio, resentimiento contra ciertas formas de actividad económica desusada: por ejemplo, la agricultura, el cultivo de huertas o el tambo. Luego, resentimiento contra la explotación de los intermediarios. Y luego, contra las nuevas formas de vida y contra el orden jurídico que poco a poco se consolidaba.

A este resentimiento acompañó una progresiva idealización del tipo tradicional del criollo y de sus virtudes. José Hernández y Eduardo Gutiérrez —en el Martín Fierro o el Juan Moreira— respondieron a ese sentimiento. Y en ocasiones, el resentimiento derivó hacia una resistencia, pasiva unas veces y activa otras, contra el poder del Estado nacional. Las insurrecciones fueron escasas pero muy enérgicas. La eficacia del nuevo dispositivo estatal pudo neutralizarlas. La actitud de estos grupos rurales explica su escasa participación política durante este período.

De 1880 a 1910

Desencadenado el cambio económico-social, sus efectos comenzaron a multiplicarse, no solo a causa de la atracción que ejercía el país sobre ciertos sectores europeos —tanto para la emigración como para la inversión— sino también a causa de la creciente seguridad que ofrecía en la medida en que se afianzaba la organización del Estado nacional. Esa multiplicación de los efectos económicos y sociales deparó poco a poco, a partir de 1880 aproximadamente, situaciones tan complejas como imprevistas. El proceso fundamental seguía su curso —crecimiento de la población, expansión de la producción agropecuaria, modernización del equipamiento del país—, pero los grupos promotores y el gobierno comenzaron a perder su control. Los epifenómenos surgieron a la vista: especulación, inflación, interferencias políticas, crisis financieras, inadecuación de los grupos inmigrantes, insularización de las colectividades, etc. Tales epifenómenos amenazaban el éxito del proceso fundamental.

SITUACIONES Y GRUPOS DE OPINIÓN

La situación no solo se hizo contradictoria, sino incoherente. El crecimiento general de la riqueza era notorio y provocaba una euforia general; pero su distribución azarosa, como correspondía a una perspectiva abierta y al parecer ilimitada, originó la formación de grupos diversos. Cada uno de ellos —y sobre todo los subgrupos, que reaccionaban según su propia experiencia en fenómenos de ritmo acelerado— no solo elaboró un tipo peculiar de comportamiento social, sino que elaboró también una subimagen del país —dentro de la generalizada imagen de optimismo económico— y un sistema de opiniones sobre su presente y su futuro.

Localizada la inmigración preferentemente en la región litoral, en el resto del país se acentuó la situación de inferioridad económica. Allí, naturalmente, la condición de los grupos populares criollos no solamente no mejoró sino que involucionó desfavorablemente, sobre todo en términos comparativos. Donde aparecieron o se desarrollaron actividades productivas con mano de obra criolla (obrajes, yerbatales, explotaciones de tanino, azúcar) las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores criollos empeoró. En cuanto a la región litoral, los grupos populares criollos siguieron vinculados a la producción ganadera, en tanto que se mantuvieron ajenos a la producción agrícola. Fueron también ajenos, en general, a la actividad comercial, desde las primarias y locales hasta las más complejas y metropolitanas.

Los contingentes de inmigrantes —preferentemente italianos y españoles— llegaron a la Argentina como consecuencia de una intensa propaganda estatal y, a veces, de la gestión de empresarios privados. La decisión de radicarse se fundaba en la seguridad adquirida de que había inagotables fuentes de trabajo, pero solo en contadas ocasiones hubo destinos preestablecidos para los contingentes inmigratorios. Así, los grupos inmigrados se caracterizaron por cierta tendencia a la aventura, puesto que sabían más de la ausencia de perspectivas en su lugar de origen que de las posibles perspectivas en el lugar hacia donde se dirigían. Vastos sectores se dedicaron a la agricultura como braceros o arrendatarios. Otros se establecieron en las ciudades y se dedicaron a ejercer distintos oficios, unos especializados, pero los más a ocupaciones no especializadas. Otros, finalmente, al pequeño comercio. La aventura fue estrictamente individual. A partir de ese comienzo, los destinos fueron variados. Algunos retornaron a su lugar de origen, con más o con menos de lo que habían traído; otros permanecieron en sus ocupaciones primeras fluctuando dentro de pequeñas variantes en cuanto a éxito económico y social; otros, finalmente, ascendieron a ritmo diverso y en diversa medida.

Los inmigrantes que ascendieron —o los pocos que llegaron con un oficio muy solicitado, una profesión liberal o algún capital para establecerse comercialmente— constituyeron una naciente clase media de caracteres imprecisos. En la primera generación de inmigrantes el ascenso se produjo por compra de tierra e incremento de la producción, por evolución comercial y en menor escala por especulación. Al éxito económico acompañó un ascenso social. A partir de la primera generación de hijos de inmigrantes, el ascenso se buscó a través de las carreras profesionales, del comercio y de la burocracia. También se buscó a través de matrimonios que emparentaron la naciente clase media con la pequeña clase media tradicional y ocasionalmente con la clase alta. La política comenzó a ser utilizada también.

Fue característica de estas nuevas clases medias —como en otros casos bien conocidos— una extraordinaria movilidad y una gran diferenciación de grupos.

Descendientes y herederos de los grupos progresistas que habían desencadenado el cambio, las minorías tradicionales continuaron su política pero perdieron el control del proceso. Los resultados que estaban a la vista eran contradictorios: los objetivos fundamentales se estaban cumpliendo, pero la atmósfera general del país se había hecho confusa y al parecer incontrolable. Sobre todo en las regiones de afluencia inmigratoria, las minorías tradicionales, aun conservando el poder político, quedaron distanciadas de las clases populares. Su retracción fue inevitable y comenzaron a adquirir los rasgos de una oligarquía cerrada e incomunicada. En las regiones que habían quedado al margen del aluvión inmigratorio, por el contrario, conservaron su ascendiente social sobre las clases populares criollas y configuraron un grupo tradicionalista en el seno de la clase dirigente así escindida.

LAS TENDENCIAS DE LOS GRUPOS POPULARES criollos

Los grupos populares criollos fueron los que sufrieron el más profundo impacto como consecuencia del predominio de los grupos progresistas. Su actitud fue distinta —dentro de pequeños márgenes— en tres áreas del país.

En las regiones que se mantuvieron al margen del proceso de cambio —esto es, que no tuvieron inmigración, ni obras de fomento ni fuertes inversiones de capital— la posición y las actitudes de los grupos populares criollos se mantuvieron estables, aunque su posición se deterioró aún más por factores secundarios. Mantuvieron allí su adhesión a los valores, a las formas de vida y a los principios de participación política tradicionales. El deterioro provino de que, cualquiera fuera el grado de desarrollo local, las minorías tradicionales, propietarias de la tierra, robustecieron aún más su poder al calor del crecimiento del poder del Estado. Los grupos populares criollos constituyeron la clientela política de los que tenían derecho a ejercer las funciones públicas: todos ellos adquirieron fisonomía de “caudillos” políticos de mayor o menor envergadura, apoyados en estas relaciones de dependencia social y económica que controlaban. Los grupos populares criollos acentuaron su posición de dependencia, su marginalidad política, su escasa significación social.

En las regiones sometidas al proceso de cambio la situación varió de dos maneras diferentes. Hubo regiones en las que el cambio se manifestó sobre todo en el incremento de capitales y de la actividad productiva, sin que hubiera importante aflujo inmigratorio. Tal fue el caso de las regiones del norte donde se desarrolló o se intensificó la producción industrial —o semiindustrial— del azúcar, la yerba mate, el tanino, la madera. Allí, las inversiones de capital produjeron la aparición de un tipo de empresa aparentemente moderna por el tipo de producción, pero que se montó sobre la base del uso de una mano de obra sometida y explotada en términos casi de servidumbre. La fatiga, la desnutrición, las enfermedades, el alcoholismo, redujeron las posibilidades sociales de esos grupos criollos, cuya marginalidad fue extremándose. Por otra parte, hubo regiones en las que el cambio se manifestó no solo a través de fuertes inversiones de capital y de importantes obras de fomento, sino también a través de la aparición de grupos inmigrados y de nuevas formas de producción. Tal fue el caso del área litoral, donde surgió un vasto desarrollo de la actividad agropecuaria. En las explotaciones ganaderas los grupos populares criollos mantuvieron su posición dentro de un régimen patriarcal y conservaron su mentalidad tradicional: el culto al coraje, a la pericia en los trabajos de campo, considerados en cierta manera dentro de una concepción deportiva. Pero socialmente, el régimen patriarcal mantuvo la marginalidad política de los grupos populares criollos, excepto en la indirecta participación que ofrecía el apoyo al patrón o al caudillo local. En las áreas donde se desarrolló la actividad agrícola, casi exclusivamente en manos de inmigrantes, hubo unas veces adecuación e incorporación a la concepción económica del inmigrante y otras veces marginalidad y, naturalmente, descenso económico y social. Pero en ambos casos se advirtió poca participación política y un fuerte escepticismo.

LAS TENDENCIAS DE LOS GRUPOS INMIGRADOS

Instalados preferentemente en las zonas aptas para la agricultura y para el desarrollo de un activo comercio, los grupos inmigrantes no tuvieron una fuerte tendencia a operar en regiones inciertas. Algunos lo hicieron, pero no constituyen el caso típico. Esta tendencia predominante corresponde a las actitudes fundamentales del grupo.

La motivación económica fue fundamental en los grupos que emigraron de Europa. A la imagen de su lugar de origen como un área sin perspectivas, contrapusieron la imagen de la Argentina —o de otro lugar de América— como un área de perspectivas inagotables. En consecuencia, al incorporarse a la sociedad argentina, el grupo inmigrante estableció como objetivo fundamental y en cierto modo excluyente el de acumular sus ganancias. No se trataba solamente de conseguir mejores jornales o salarios: se trataba de acumular ganancias para constituir cuanto antes un capital. A veces, el inmigrante pensaba en volver con ese capital a su lugar de origen, y en ese caso, mayor tenacidad se aplicaba a la conquista de la ganancia, para acortar el plazo del desarraigo. Pero aun si no pensaba en volver, igualmente el esfuerzo era tenaz y excluyente. Ganar lo más posible y ahorrar lo más posible eran principios fundamentales: de donde resultaba la norma de gastar lo menos posible, y esto caracterizaba un modo de vida.

En el orden de la producción, este modo de vida significaba producir con el mínimo de calidad competitiva y realizar el mínimo de inversiones. Y en cuanto a las formas de la vida cotidiana, significaba no plantar árboles, construir viviendas mínimas y exentas de todo elemento prescindible, disminuir el ocio y con él las posibilidades de perfeccionamiento cultural y social. Era, pues, un trasplante de los hábitos de economía intensiva de los lugares de origen, extremados ahora en virtud de las exigencias de un objetivo apremiante: alcanzar la riqueza en un plazo lo suficientemente corto como para poder tener un período útil de vida para gozar de la riqueza obtenida.

Ese objetivo pudo o no lograrlo cada inmigrante. Pero mientras lo procuraba, configuraba un grupo social que impostaba un tipo de economía extensiva o, más aún, consuntiva. El resultado fue una violenta contraposición de dos estilos de vida, con los consiguientes conflictos de valores y desequilibrios de prestigio social.

El prestigio social no fue una meta en primera instancia para los grupos inmigrantes: por el contrario, los hábitos de trabajo y ahorro determinaron una valoración negativa del ocio, de las formas de trabajo-deporte propias de la actividad ganadera, del refinamiento en las formas de vida, de la acción política y, más aún, de las preocupaciones de figuración y posición social. Pero muy pronto se produjo un cambio. El éxito económico provocó la diferenciación social y los grupos inmigrantes acomodados, propietarios de tierras o dedicados a un comercio de cierto nivel, comenzaron a buscar el prestigio social, primero dentro de la colectividad y muy pronto en la sociedad tradicional a la que procuraban integrarse. Una definición de esta actitud apareció en el momento en que debía decidirse sobre el destino de los hijos. Y en la primera generación de hijos de inmigrantes, la busca del lucro comenzó a equilibrarse o a ser desplazada por la busca del ascenso social y del prestigio.

Los grupos inmigrantes que buscaron el prestigio social fueron, sobre todo, los que se radicaron definitivamente, esto es, los que abandonaron el designio de retornar a su lugar de origen y dispusieron y organizaron su vida familiar y social sobre la base de un establecimiento definitivo. Estos grupos manifestaron una actitud cultural variable. Generalmente, asimilaron la cultura de sus países de origen con su propia experiencia; y como en general eran de extracción muy humilde —campesinos u obreros no especializados— y provenían de pequeñas aldeas de países sin desarrollo industrial, subestimaron la cultura de sus países de origen, de la que solo participaban en lo elemental, y procuraron adherirse a la de su país de adopción. Así se produjo en ciertos grupos una acentuada adecuación, cuyo signo fue la pérdida total o parcial del idioma y, sobre todo, la pérdida de la lengua materna por sus hijos. Aquella adhesión no podía ser al principio sino muy superficial, más formal que profunda; y como entretanto había un rechazo del trasfondo originario, la característica de tales grupos fue cierta inconsistencia radical que no solo se manifestó en una suerte de incoherencia intelectual y sensible, sino también en una suerte de atonía moral. Al abandono de cierto sistema de normas —inadecuado para la nueva situación—, siguió no la adopción de las normas vigentes en la sociedad de adopción, sino la adopción de las normas adecuadas para la conquista del ascenso económico y del ascenso social.

Solo en los grupos inmigrantes que habían pertenecido en sus lugares de origen a la clase media profesional o mercantil —escasos, por cierto— o al proletariado urbano con cierta formación sindical, se manifestó cierta tendencia a conservar el legado cultural de los países de origen. Fundamentalmente, procuraron estrechar los lazos de la colectividad para la ayuda mutua, pero también para la conservación de la lengua, mediante el mantenimiento de escuelas. El mantenimiento de los vínculos de la colectividad supuso la conservación de costumbres y normas morales, estas últimas defendidas por el control social del grupo.

El predominio de la tendencia al lucro, estrechamente dependiente de las motivaciones del desarraigo del inmigrante, determinó un estilo de vida en el que no cabían, sino excepcionalmente, las preocupaciones políticas. La actitud normal fue, pues, la prescindencia. Solo a través de ciertas vías llegó el inmigrante a participar, directa o indirectamente, en la vida política del país. Una vía fue la necesidad de amparar o promover la acción de las colectividades. Poseedoras de importantes bienes societarios —escuelas, hospitales, asilos, etc.— y cuidadosas de su papel tutelar, las instituciones que apoyaban a las colectividades inmigrantes debieron aproximarse al poder administrador y utilizar eventualmente las vinculaciones económicas o sociales de algunos de sus miembros para obtener determinados fines. Especialmente en las ciudades, la actividad comercial y la fortuna permitían a algunos grupos actuar frente a los poderes públicos con cierta seguridad de ser escuchados. Pero más importante fue la posibilidad de establecer vínculos de simpatía, adhesión o dependencia, teniendo en cuenta la importancia que adquirieron las clientelas políticas dentro de la rudimentaria y fraudulenta organización electoral.

A veces, la defensa de ciertas actividades económicas resultó ser una vía de introducción de ciertas colectividades en el juego de las presiones políticas. Algunas de esas actividades estaban casi absolutamente en manos de una o varias colectividades extranjeras. La defensa de esas actividades suponía el ejercicio de una acción colectiva frente al poder administrador, que se encontraba frente a un grupo de extranjeros cuyos intereses, sin embargo, eran fundamentales para la comuna, la provincia o el país, y al que era necesario escuchar puesto que ignorarlos significaba poner en peligro la economía en cambio. Por esa vía, un grupo inmigrante, a veces hablando incorrectamente la lengua o ignorando la historia del país, se transformaba de pronto en un importante grupo de presión. Quizás el caso más significativo fue el de la constitución final de un partido político en la provincia de Santa Fe —la Liga del Sur, organizada por Lisandro de la Torre— que adquirió los típicos caracteres de un partido de clase, porque aglutinó preferentemente a los agricultores del sur de la provincia en defensa de sus intereses.

Pero la acción política más intensa que desarrollaron los grupos inmigrantes fue la de los obreros calificados en los grandes centros urbanos. En el ferrocarril, las artes gráficas y otras industrias menores, los obreros extranjeros, con formación y experiencia sindical adquirida en sus países de origen, promovieron la formación de sindicatos o asociaciones obreras a los que infundieron los principios teóricos y la táctica elaborada en Europa al calor del movimiento obrero que acompañó la revolución industrial. Esa actividad era insólita y provocó fuertes reacciones. Los grupos obreros eran de tradición socialista unas veces y de tradición anarquista otras. En ambos casos, una vigorosa disciplina les permitía ejercer una acción visible y llamativa a pesar de que el número de los militantes solía ser escaso. Y como no abundaron los nativos que se sumaron a sus filas, la acción sindical apareció como fundamentalmente extranjera. Actos públicos, periódicos, huelgas y organizaciones sindicales fueron las manifestaciones de esa acción, cuya expresión formal más importante fue la fundación del Partido Socialista, bajo la inspiración de un argentino, Juan B. Justo.

La singularidad de la acción sindical dio a esta participación política de determinado grupo inmigrante un carácter singular, puesto que más contribuyó a marginalizarlo que no a integrarlo. Los poderes públicos juzgaron sediciosa esa acción y las clases medias acusaron su presencia con un sentimiento de temor. Pero, de todos modos, quedó abierto un camino por el cual nutridos grupos de inmigrantes se compenetraron con el proceso político del país.

LAS TENDENCIAS DE LAS NUEVAS CLASES MEDIAS

Las nuevas clases medias constituyen la resultante social más importante del cambio promovido desde mediados del siglo XX. Se trata de un conjunto heterogéneo de grupos sociales constituido por la integración en la pequeña y estática clase media tradicional de vigorosos grupos de inmigrantes o hijos de inmigrantes en acelerado ascenso. Esa integración es de carácter social. Desde el punto de vista económico, en cambio, son los nuevos grupos de origen inmigrante los que inauguran buena parte de las actividades cuyos beneficios provocan el ascenso social, y los grupos nativos son atraídos poco a poco a esas actividades. De aquí dos componentes distintos —y casi contradictorios— en la fisonomía de las nuevas clases medias, que se advertirán, sobre todo, en su actitud económico-social.

La dinámica del ascenso conservó en los grupos de origen inmigrante una predominante tendencia al lucro. Pero los grupos que más rápidamente alcanzaron cierto nivel de fortuna capaz de permitir un abandono del trabajo personal comenzaron a introducirse paulatinamente en el medio social de las clases medias nativas y en ocasiones en el de la clase alta. Así se configuró una alta clase media —muy reducida todavía en el período en estudio, pero que se extendería poco más tarde—, en cuya constitución intervino la formación de pequeñas oligarquías dentro de las colectividades.

Las bajas clases medias nuevas mantuvieron su predominante tendencia al pequeño lucro. Los grupos que seguían ascendiendo, en cambio, comenzaron a combinar esa tendencia al lucro con cierta disposición a las inversiones destinadas a mejorar su status. La carrera no fue fácil, puesto que la prosperidad general elevaba también los niveles de vida de las clases medias nativas y, más aún, los de las clases altas, a las que ambas procuraban imitar. Esos altos niveles de vida no solían corresponder exactamente a los niveles de fortuna, puesto que, en plena euforia y en medio de una fuerte corriente especulativa e inflacionaria, había aparecido la necesidad permanente de exhibir una prosperidad que fuera garantía y aliciente para nuevas empresas. Solo una actitud decidida y audaz podía permitir a unos pocos miembros de las nuevas clases medias alcanzar su integración en el cuadro de la alta clase media o la clase alta nativa.

El proceso que acaba de describirse se relaciona con los grupos inmigrantes que comenzaron su ascenso a partir de los rangos inferiores; eran estos, en su mayoría, de origen español o italiano. En cambio, los grupos inmigrantes de origen inglés o francés, que llegaron generalmente vinculados a las empresas que desarrollaron importantes actividades, tuvieron más fácil acceso a la alta clase media y a la clase alta nativas: podría decirse que de manera natural se incorporaron a ellas.

Los grupos de las nuevas clases medias que mantuvieron, pese a sus primeros pasos hacia el ascenso social, una predominante tendencia al pequeño lucro, mantuvieron también, generalmente, su prescindencia política. Algunas circunstancias, sin embargo, contribuyeron a estimular su participación política.

La primera fue la progresiva aparición de una primera generación de hijos de inmigrantes. Nacida y educada en el seno de una sociedad muy politizada, agitada por fuertes tensiones y por explosiones revolucionarias, predispuesta en algunos casos por la actitud familiar, en la que el jefe de familia solía disimular su fervor político —como en el caso de los italianos de tradición garibaldina o los liberales españoles—, esa generación de hijos de inmigrantes se sintió predispuesta a incorporarse a la lucha política.

La segunda fue la crisis financiera y política de 1890, que tuvo fuerte y desastrosa influencia sobre la economía de muchos inmigrantes, predisponiéndolos a una actitud hostil hacia las clases gobernantes. Por esa vía se comenzó a constituir una atmósfera general de oposición política que arrastró a muchos inmigrantes e hijos de inmigrantes.

Esta primera apertura hacia una participación política es difícilmente mensurable. Se manifestó bajo la forma de una corriente de opinión y se bifurcó, naturalmente, separando a conformistas y disconformistas.

Quienes temían los enfrentamientos y preferían aprovecharlos para enrolarse en las clientelas políticas de los grupos influyentes prestaron a la clase gobernante un apoyo importante. Con él se robusteció la acción de la oligarquía, que manejaba los créditos bancarios y el favor oficial, traducido en la favorable resolución de gestiones administrativas o el logro de concesiones o bienes. A cambio, los grupos inmigrantes mantenían una atmósfera favorable a la clase gobernante y, eventualmente, servían para colaborar en las oscuras operaciones electorales que caracterizaron el período.

Frente a ellos comenzó a constituirse un grupo de opinión disidente o disconformista. La agitación que se produjo en 1890 constituyó el clima favorable para su formación, porque quedó sometida a pública discusión la conducción de la economía del país. Esa discusión no quedó limitada a los ciudadanos, que ya participaban en la vida política; como la crisis golpeó a todos —argentinos y extranjeros— el problema quedó planteado en la calle, en la puerta de los bancos en quiebra, en la bolsa, en las oficinas de los consignatarios de “frutos del país”, en los mercados de hacienda, en los mercados mayoristas, etc. A través de la discusión acerca de la conducción de la economía, la participación política creció instantáneamente. El movimiento de oposición que surgió hacia fines de 1889 y cristalizó al año siguiente encontró gran eco popular en Buenos Aires, al que no fue ajeno el sector de inmigrantes e hijos de inmigrantes. Cuando se constituyó la Unión Cívica Radical, bajo la inspiración de Leandro N. Alem, tanto en la capital como en el interior del país se reunieron bajo su bandera los sectores inmigrantes que comenzaban a comprender que la defensa de sus intereses económicos estaba en la lucha política. Esos grupos no ofrecieron todavía líderes, pero constituyeron el conglomerado informe, indeciso, que prestó el principal apoyo al movimiento disidente nacido en 1890.

LAS TENDENCIAS DE LAS MINORÍAS TRADICIONALES

Las minorías tradicionales sufrieron un proceso de transformación bastante acentuado durante el período en estudio. Situados en las posiciones clave desde las que se manejaba la política y la economía, sus miembros recibieron el impacto inmediato y directo del proceso de cambio y respondieron con rápidas reacciones para adecuarse a las nuevas situaciones y mantener el control del país y, en especial, el control del proceso de cambio. Esas reacciones de adecuación no fueron, sin embargo, acomodaciones miméticas y pasivas, sino que entrañaron una afirmación polémica de los derechos eminentes de la minoría tradicional a conservar su hegemonía.

Las minorías tradicionales conservaron —o acaso acentuaron— la vocación intelectual que las había caracterizado desde antes de alcanzar el poder. Constituidas originariamente en la oposición a Rosas, habían desplegado un ingente esfuerzo para adoptar, primero, una actitud crítica, y luego, una actitud constructiva. En esta última etapa, el metódico análisis de la situación del país y el estudio de las soluciones posibles para sus problemas crearon hábitos intelectuales que, poco después, el refinamiento perfeccionó y enriqueció con nuevas inquietudes y curiosidades. La élite política fue también la élite intelectual.

La fisonomía cultural de las minorías tradicionales fue dada por su europeísmo. En rigor, la devoción por Europa solo alcanzaba a los países de intenso desarrollo industrial, y especialmente a Francia e Inglaterra. Pero no solo se debía a ese desarrollo, sino también a las formas de vida que había creado la alta burguesía al calor de la prosperidad económica. La elegancia y el refinamiento en los hábitos cotidianos sedujeron a las minorías tradicionales. Y la creación literaria, sobre todo, fue acogida con entusiasmo y devoción.

El europeísmo correspondió a la preocupación por las formas. Las minorías tradicionales se deslizaron hacia cierto formalismo que se manifestó en diversos aspectos: desde los más intrascendentes, como el del trato social, hasta los más importantes de la conducción política. El formalismo inspiró, en última instancia, una imagen de la nación, según la cual su desarrollo consistía fundamentalmente en la adquisición de una forma institucional dentro de la cual deberían conjugarse todas las fuerzas de la sociedad. Si se compara el punto de vista histórico, sociológico y político de Bartolomé Mitre con las ideas que Juan Manuel de Rosas había desarrollado en la llamada “carta de la hacienda de Figueroa”, se advertirá este rasgo distintivo de las minorías preponderantes después de Caseros.

Cuando las minorías tradicionales fueron cerrándose —de acuerdo con el proceso que se describirá más adelante—, su fisonomía cultural adoptó los rasgos de una verdadera “aristocracia de la inteligencia”. Por eso halló eco en su seno la doctrina que, al comenzar el siglo, desarrolló el filósofo uruguayo José Enrique Rodó y que, por el título de la obra en que la expuso, fue conocida como “arielismo”.

El europeísmo no era, en las minorías tradicionales, una mera actitud intelectual. Fue la opción que consideró más eficaz para salir de una situación de estancamiento. En términos económicos, europeísmo significó estimular ciertos cambios en la producción para poder orientarla hacia el mercado europeo, cada vez más absorbente, abriendo al mismo tiempo el mercado local para los productos manufacturados europeos que contribuirían al equipamiento moderno del país y a la elevación del nivel de vida, en particular de las nuevas clases medias. Esta política no podía ser sino una imitación de la que había presidido el desarrollo industrial de los países europeos. Como imitación, fue promovida en estrecha relación con los países a los que parecía justo imitar, y en particular con los grupos económicos de esos países que podían interesarse por la economía argentina como subsidiaria de la propia. Tal actitud condujo al establecimiento de un sistema de escasa autonomía, y hubo grupos, especialmente en el interior, que lo consideraron nefasto y contrario a los intereses nacionales. También se manifestaron disconformes los pequeños grupos industriales que se organizaron en la década de los setenta y pugnaron por resistir la competencia extranjera. Pero la actitud predominante fue la de los promotores del desarrollo agropecuario y de las inversiones extranjeras para el equipamiento del país, cuya política pareció a la mayor parte de sus miembros garantía de prosperidad y bienestar.

El variado curso del proceso económico, a lo largo del cual se alternaron los éxitos y los fracasos, no alteró la firme y generalizada convicción de que el sistema económico adoptado era bueno. Las minorías tradicionales siguieron desarrollándolo, aunque se dividieron las opiniones acerca de las medidas que frente a cada caso debieran tomarse. En cambio, el proceso social y político que acompañó al cambio económico sacudió profundamente a las minorías tradicionales, que comenzaron a revisar sus ideas, pero ya antes habían revisado sus actitudes.

El espectáculo de la constitución de una sociedad marginal de origen inmigrante, cuya integración parecía teóricamente deseable pero que producía un inocultable sentimiento de rechazo, provocó en las minorías tradicionales una actitud de retracción. La nueva fisonomía social del país era la que ellas habían prefigurado, pero al verla transformada en realidad aparecía en sus miembros una secreta repugnancia. Persistieron en la obra emprendida, pero prefirieron reducir al mínimo su contacto con las nuevas multitudes. Adoptaron una actitud de aristocrático desdén hacia ellas, y se encerraron dentro de círculos cerrados donde regían las normas que se habían impuesto y tenían plena vigencia las convenciones, las preferencias y los sobreentendidos que la convivencia del pequeño grupo de familias había elaborado. Poco después, las minorías tradicionales habían adquirido un vigoroso sentimiento oligárquico, con el que creían poder justificar su convicción de que eran los amos legítimos del país, acosados por cierto por una jauría deseosa de satisfacer sus apetitos materiales. Este sentimiento, que engendró una marcada incomunicación, pondría poco a poco en peligro su ascendiente sobre los nuevos grupos sociales que se constituían con elementos de origen extranjero.

La influencia de tales elementos suscitó en las minorías tradicionales un creciente sentimiento xenófobo. Cosa curiosa, el europeísmo no cubrió con su prestigio a los grupos humanos concretos, de origen europeo, que se incorporaron a la vida del país. Por el contrario, la primera manifestación xenófoba fue un inocultable desprecio por los inmigrantes, que luego se transformó en abierta repulsión. En el origen de ese sentimiento estaba, simplemente, la sensación de cambio que introducían en un mundo pequeño y coherente, ahora en peligro de escapárseles de las manos a las minorías tradicionales. Pero en su intensificación obraron otros fenómenos, especialmente la progresiva politización de algunos grupos inmigrantes. La organización de huelgas y movimientos de resistencia obrera, la difusión de doctrinas revolucionarias —como el anarquismo y el socialismo— y la creación de movimientos sindicales no fueron observados por la mayoría de los miembros de las minorías tradicionales como fenómenos derivados del proceso económico-social, sino como resultado de la acción malintencionada de grupos subversivos. La reacción fue reprochar a los grupos obreros su deslealtad para con el país que los había acogido y les proporcionaba trabajo para subvenir a sus necesidades. Tal interpretación suponía rechazar los riesgos que inevitablemente debía acarrear la europeización. Y de acuerdo con ella se sancionó una “ley de residencia” que autorizaba la expulsión de los extranjeros que realizaran una acción sindical o política susceptible de ser considerada subversiva, en tanto que se descuidaba introducir la legislación obrera que el desarrollo de la producción requería.

El sentimiento oligárquico presidió la acción política de los grupos preponderantes de las minorías tradicionales. A medida que los cambios sociales se intensificaban en el país, el riesgo de perder su control se hizo mayor. Pareció imprescindible, pues, evitar la participación política de los nuevos grupos sociales, e impedir que se polarizaran los sectores disconformistas. La consecuencia fue el perfeccionamiento de la máquina electoral oficialista, respaldada con todos los recursos del Estado. El fraude fue sistemático y pareció legítimo.

Favorecieron la perpetuación del régimen político diversas circunstancias. En las regiones donde el cambio económico-social había sido escaso o nulo, subsistían las antiguas relaciones de dependencia que hacían menos visible el fraude político. En las regiones más desarrolladas, los grupos inmigrantes tendían a la prescindencia. Pero la prescindencia significó, de hecho, un apoyo a los grupos que detentaban el poder, los cuales pudieron utilizar a los grupos inmigrantes, directa o indirectamente y en diversa escala, para el funcionamiento de la máquina electoral.

Aparecieron, sin embargo, en el seno de las minorías tradicionales, algunos grupos que adoptaron una actitud distinta. Unos enrostraron a quienes ejercían el poder político el ejercicio del “fraude y la violencia”; otros, su nepotismo; otros, su inmoralidad. La lucha entre los grupos y entre las personas, acentuada cada vez al negociarse la distribución de las candidaturas, cavó fosos profundos en el seno de las minorías tradicionales; y esas disensiones, unidas a las que nacían del enfrentamiento de las opiniones, crearon núcleos de polarización para los sectores disconformistas. Fue muy significativo el que encabezó Bartolomé Mitre, el que dio origen al Partido Republicano, el que resultó de la disidencia de Carlos Pellegrini con el general Roca y, sobre todo, el que inspiró Roque Sáenz Peña. Más trascendencia había de tener la disidencia total de Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, de la que resultaría la formación de una corriente de opinión definida y hostil a la línea predominante en las minorías tradicionales: la Unión Cívica Radical.

Independientemente de los enfrentamientos políticos, se suscitaron en el seno de las minorías tradicionales otros acaso más graves. Resultaron de la contraposición entre católicos y liberales. Estos últimos no solo se apoyaban en firmes convicciones doctrinarias, sino que consideraban que su política —dirigida hacia una separación entre la Iglesia y el Estado, que no llegó a consumarse— era la que correspondía a la situación creada por el cambio económico-social. Los primeros, por su parte, defendían sus convicciones tradicionales apoyándose no solo en el valor universal y eterno de su doctrina, sino también en la necesidad de conservar la fe católica como instrumento de unificación del complejo social creado por la inmigración. El enfrentamiento ideológico —que era también una expresión del europeísmo, puesto que reproducía conflictos que ya habían aparecido en Europa— adquiría profundidad en la medida en que oponía dos soluciones diferentes a un problema real.

De 1910 a 1930

La celebración del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, provocó una apasionada revisión de la situación del país y contribuyó a definir las posiciones. Las circunstancias eran apropiadas. El proceso de cambio económico-social se intensificaba; habían comenzado a advertirse muchas y muy complejas consecuencias, casi todas imprevistas, en virtud de las cuales el proceso había escapado a todo control; y la situación general era, pese a la generalizada sensación de optimismo con respecto a la prosperidad, de cierta incertidumbre con respecto a las etapas futuras. Los problemas sociales se acentuaban, el clima era de intranquilidad, y tanto la corriente inmigratoria como las inversiones de capitales extranjeros seguían llegando como resultado de un dispositivo incontenible. Al hacerse el “juicio del siglo” —tal fue, por ejemplo, el título de un libro muy significativo de Joaquín V. González— parecía advertirse que la prosperidad tenía un precio. Las opiniones variaron acerca de si era justo o excesivo.

Para esa época, las tensiones políticas eran tan fuertes que, poco después, los grupos que controlaban el poder consintieron en sancionar una ley que aseguraba el voto secreto y obligatorio, con lo que se condenaban a sí mismos, poniendo fin a una larga era de falseamiento del régimen representativo.

Estas circunstancias marcan un viraje en las situaciones que se manifestaron en las corrientes de opinión.

LOS GRUPOS DE OPINIÓN

La continuidad del proceso de cambio mantuvo, en líneas generales, los rasgos fundamentales de la situación social. Pero algunos se extremaron. La movilidad social se acentuó notablemente o, mejor dicho, se hicieron más visibles sus resultados. Las nuevas clases medias crecieron y acentuaron su diferenciación interna. Los grupos de proletariado urbano precisaron su fisonomía social y sus objetivos. Los grupos de las minorías tradicionales se diferenciaron también, destrozados, en cierto modo, por la intensidad del proceso a que se vieron sometidos. Y algunos sectores del proletariado rural acusaron nuevos impactos que desmejoraron aún más su condición.

LAS MINORÍAS TRADICIONALES

Si fue típico del período que siguió a 1880 el fortalecimiento de los vínculos internos de las minorías tradicionales y del sentimiento oligárquico, a medida que avanzó el proceso de cambio ambos rasgos se disociaron: el sentimiento oligárquico se acentuó, pero los vínculos internos se debilitaron, creándose, en consecuencia, subgrupos muy definidos y de actitudes divergentes. En cuanto a otros aspectos, las tendencias persistieron. El europeísmo siguió presidiendo la concepción de la vida, de la economía y de la política, y el sentimiento xenófobo referido a los grupos inmigrantes se acentuó a medida que crecía su número y su politización.

Las alteraciones más sensibles en el seno de las minorías tradicionales se produjeron en su actitud política. Acostumbradas al poder y a las ventajas que deparaba a quienes lo ejercían y a su grupo circundante, vieron con progresiva zozobra el ascenso de la ola que amenazaba su posición. El crecimiento de las nuevas clases medias, nutridas por las sucesivas generaciones de hijos de inmigrantes y por el ascenso de ciertos grupos, así como el desarrollo del proletariado urbano, modificaba sustancialmente el conjunto social que las minorías tradicionales estaban acostumbradas a manejar. Perpetuar los métodos usados para neutralizar la participación política se hacía cada vez más difícil, más arriesgado y sin duda más inseguro. Ante esa situación, las minorías tradicionales comenzaron a escindirse entre las que preferían una obcecada persistencia en las actitudes tradicionales y las que, por convicción moral o por escepticismo político, creyeron que había llegado el momento de revisarlas.

Los primeros afirmaron su derecho a conservar el control del país, descalificaron políticamente a las nuevas clases en ascenso y justificaron todos los métodos utilizados para retener el poder: una concepción clasista disimulaba, en el fondo, este designio fundamental. Pero la concepción clasista echaba raíces y ahondaba el abismo entre la sociedad tradicional y la nueva.

Los segundos, en cambio, consideraban que la situación se hacía insostenible. Si algunos, por escepticismo político, estaban dispuestos a entregar el poder —y acaso a abandonar el país—, otros advertían que era preferible conceder a tiempo y mediante negociación lo que no parecía imposible que los nuevos grupos sociales pudieran un día obtener por la violencia. Estos no alimentaban el desdén por la nueva sociedad y reconocían como un hecho irreversible la alteración que se había operado. Fueron ellos los que favorecieron la sanción de la nueva ley electoral de 1912.

Producido el triunfo de la Unión Cívica Radical en 1916, el nuevo gobierno incluyó buen número de miembros pertenecientes a las minorías tradicionales. Alternaron con los “recién llegados” que eran mayoría en sus cuadros y pusieron de manifiesto la hibridación que comenzaba a producirse en el seno de la clase alta.

Cuando, después de la Primera Guerra Mundial, se acentuaron no solo los fenómenos normales derivados de la progresiva asimilación de los grupos inmigrantes, sino también las tensiones sociales, arraigaron en el seno de las nuevas generaciones de las minorías tradicionales las doctrinas aristocratizantes de los monárquicos franceses y las doctrinas corporativistas y autoritarias del fascismo italiano. Con esos componentes se integró una teoría llamada nacionalista, cuyo disfraz ideológico era la defensa de los valores de la tradición hispánica y criolla. Se manifestó como un movimiento antipopular de fuerte sentido clasista y tuvo influencia en el desencadenamiento de la revolución militar de 1930, que puso fin al gobierno radical y repuso a las antiguas minorías tradicionales.

LAS NUEVAS CLASES MEDIAS

A medida que avanzó el proceso de cambio, las clases medias crecieron numéricamente y se diversificaron dentro de una gama extensa. En su límite superior, se perfiló nítidamente una alta clase media cuyos caracteres no fueron particularmente originales; pero en su límite inferior, algunos de los variados grupos sociales que se constituyeron presentaron rasgos singulares. La actitud de los inmigrantes fue adversa al trabajo asalariado y cada uno de ellos no lo aceptó sino como una derrota. Como trabajador independiente o como pequeño comerciante, adoptó ya actitudes socioculturales de clase media; y como asalariado, procuró ocultar su condición proletaria hasta donde pudo. En ambos casos, el penoso o frustrado ascenso de clase fue transferido hacia los hijos, a los que se procuró situar en una posición de clase media. El resultado de esta tendencia fue una gran variedad en las clases medias inferiores y el consiguiente desdibujamiento del sector asalariado como grupo compacto.

La alta clase media, inclusive en sus rangos superiores, comenzó a incluir miembros de origen inmigrante: algunos vinculados a actividades comerciales en gran escala; otros, que actuaban en ambientes urbanos pero que nutrían su fortuna en actividades agropecuarias; y otros que prosperaban en las profesiones liberales, generalmente de primera o segunda generación inmigrante. Los miembros de origen nativo pertenecían aproximadamente a los mismos sectores económicos. La aproximación y fusión fue fácil y frecuente, sobre la base de la mayor fortuna de los grupos inmigrantes —en cierto modo condición del ascenso— y de su designio de vencer toda clase de obstáculos para lograr esa aproximación. Los recién incorporados trataron de filtrarse en las instituciones sociales tradicionales, de adquirir los hábitos y las formas de vida vigentes dentro del sector al que se aproximaban, y se solidarizaron con las actitudes sociales y políticas de estos.

Más que los de origen nativo, los miembros de origen inmigrante de la alta clase media —no muy numerosos todavía— sintieron el rechazo de las minorías tradicionales, especialmente de los sectores terratenientes y ganaderos que constituían la clase alta, de tendencia muy exclusivista. Pero no vacilaron en intentar también el ingreso a ese sector. Ciertas actividades económicas —la consignación de frutos del país, el remate de animales y tierras, las finanzas— establecieron preferentemente los contactos. La adquisición de residencias urbanas en los mejores barrios, la participación en obras de beneficencia y otros mecanismos semejantes permitieron también facilitar esa aproximación; y la adquisición de tierras para ganadería perfeccionó el ciclo. También en estos casos hubo mimetismo: adopción de formas verbales y de hábitos propios de los estancieros, preferencia —auténtica o fingida— por ciertas actividades sociales; eventualmente, los matrimonios mixtos consolidaron las alianzas.

En general, las clases medias superiores manifestaron marcada prevención hacia las clases populares, en las que descubrían unas veces una actitud demagógica y vulgar, otras una desbordante agresividad, y otras un fuerte resentimiento. Esta prevención se acentuó cada vez que las clases populares, o algunos de sus sectores, se comprometieron en acciones de tipo sindical o político que condujeron a actos de violencia. Más benévolas fueron con las clases medias, en las que descubrían no solo identidad de origen con los miembros de origen inmigrante que ya formaban parte de ellas, sino también con sus tendencias y aspiraciones, lo cual entrañaba una solidaridad en cuanto a ideas, normas y valores. La fuerte movilidad social mantuvo abierto el conjunto de las clases medias y todos sus grupos coincidieron en una filosofía de la vida fundada, precisamente, en el prestigio del éxito económico y de la tendencia al ascenso social y a la posesión de bienes.

Todos los grupos de las clases medias coincidieron también en una definida actitud política, cuyo contenido fundamental era el logro y la conservación de una democracia formal. Conscientes de que constituían la mayoría, aspiraban tan solo a que los mecanismos institucionales le aseguraran la participación que les correspondía en un régimen democrático. Fue propio de las clases medias vituperar el “régimen”, esto es, el sistema de gobierno de las minorías tradicionales anteriores a 1915, pero de ninguna manera el sistema económico-social sobre el cual ese régimen descansaba. La oposición política a las minorías tradicionales consistió en exigirles que les permitieran participar en la administración del sistema vigente, pero no para alterarlo sino para compartirlo.

Esta condición de la clase media abierta y móvil se tradujo en la acción de los gobiernos radicales que surgieron después de la nueva ley electoral de 1912. Temidos como destructores del sistema, se transformaron en sus defensores, aun cuando ampliaron el grupo social que recibía sus beneficios y obtenía los privilegios derivados del ejercicio del poder.

Más complejo fue el cuadro de las pequeñas clases medias. Su rasgo distintivo fue la tenuidad de los límites que las separaban de las clases asalariadas, a causa de la actitud de estas últimas. En ese límite inferior de las clases medias, las actitudes y expectativas correspondientes a tales clases fueron adoptadas por quienes todavía no se habían incorporado a ellas, aun cuando conservaban la esperanza de lograrlo, por sí mismos o más tarde por medio de sus hijos. Hubo, pues, variados grupos intermediarios que reflejaban la extremada fluidez social y la vigencia general de una concepción burguesa de la vida.

Esta actitud burguesa alejó a los asalariados que aspiraban al ascenso de cualquier actitud política que implicara un compromiso con su condición de asalariado y supusiera un arraigo de la “conciencia de clase proletaria”. Más bien predominó el conformismo político, la tendencia a integrar clientelas políticas de nuevo cuño y un inocultable deseo de no asumir responsabilidades. Tales actitudes configuraban un clima político de escasa rigidez moral.

El proletariado urbano

En Buenos Aires y en algunas otras grandes ciudades siguió creciendo el proletariado urbano. Conservó las mismas características. Los obreros especializados, sobre todo, eran de origen inmigratorio, y fueron algunos de entre ellos los que mantuvieron y desarrollaron la organización sindical y los que, eventualmente, promovieron huelgas de cierta trascendencia. Anarquistas, socialistas y comunistas infundieron a las organizaciones donde predominaban una doctrina bastante rígida, que a veces era difícil ajustar a las situaciones concretas del país, no tanto porque no fueran válidos sus esquemas en términos generales, sino a causa de la peculiar actitud de la mayor parte de la masa obrera de origen inmigratorio, que no se manifestaba dispuesta a enrolarse en una lucha clasista. Solo grupos de élite sindical mantuvieron el movimiento, que, quizás a causa de eso, fue muy doctrinario. Para la gran masa, en cambio, la actitud paternalista que puso en funcionamiento el gobierno radical —surgido en 1916, después de la vigencia de la nueva ley electoral— constituyó cierta garantía que acentuó su prescindencia sindical.

EL PROLETARIADO RURAL

La situación de los grupos criollos incluidos en las explotaciones ganaderas no cambió. Se acentuó, en cambio, el deterioro del proletariado de las regiones del interior que tenían cierto desarrollo industrial: explotaciones de caña de azúcar, tanino, madera, yerba mate, minas. Las condiciones económicas de los empresarios mejoraron, pero las condiciones del trabajo empeoraron y siguieron funcionando cada vez más crudamente las relaciones de dependencia para mantenerlas en los más bajos niveles.

Fue distinta la situación del proletariado que se desplazó hacia las explotaciones petroleras —que mejoró— y la del que trabajaba en la industria vitivinícola, en la región de Cuyo, que tuvo discretos niveles de salarios y buenas condiciones de vida.

En todos los casos hubo cierta prescindencia política. Al cambio de partido político, en 1916, siguió un cambio parcial de las organizaciones electorales que arrastró parte del proletariado rural, quizás un poco más entusiasta con la nueva situación que con la tradicional. El proletariado rural siguió considerándose postergado, marginal, y acumuló un singular resentimiento, nacido de un régimen que consideraba opresor. Oscuramente, se dibujaba una vaga reacción antioligárquica.

Mitre, un historiador frente al destino nacional. 1943

No podría ser sino ardua y provisoria la labor de quien emprenda reducir a un sistema claro y coherente la multiplicidad de rasgos con que se proyecta sobre la vida histórica un espíritu poderoso y creador. Parecería como si de cada una de las potencias que residen en él se originara una forma peculiar de expresión, susceptible de manifestarse con plena autonomía; y como en el juego de sus interacciones con la Realidad la originaria nitidez de su trazo suele desvanecerse y confundirse, quien quiera percibir su sentido deberá perseguir su huella sin perder de vista aquel núcleo común del que se irradia la inspiración genuina; porque nada hay tan antihistórico como persistir en la parcelación analítica de lo que no es sino unidad radical y constitutiva.

Cuando el significado peculiar de cada una de aquellas proyecciones de un espíritu creador comienza a ser entrevisto apenas, acaso sea ya tiempo de remontar su curso hacia la fuente inspiradora, aunque sea para tornar —una y muchas veces— a perseguir su irradiación; porque el examen de la totalidad aclarará cada vez más el sentido de cada rasgo y podrá volverse al análisis seguro de descubrir en los signos del paso de una vida el latido de la existencia misma. Por ese reiterado discurrir por los senderos trazados por un espíritu creador, pero mucho más aún por esos retornos sucesivos al núcleo común de donde nace, viva y cálida, su inspiración creadora, le es dado al historiador fijar una imagen de un hombre, quizá de manera nunca definitiva, pero sí cada vez más precisa, más próxima a su esencia profunda, más fiel a su fisonomía humana, una imagen, en fin, que nos devuelva al hombre, descarnado en perfil inhumano por la sombra del mito.

He aquí el punto de partida de estas reflexiones sobre Bartolomé Mitre, en coincidencia con su propia concepción del análisis del valor de una figura singular. En el intento de esclarecer la significación de su obra como historiador de nuestro Pasado nacional y de encuadrar su pensamiento dentro del marco de las ideas argentinas en la segunda mitad del siglo XIX, el observador que persigue las huellas de su meditación y sabe remontar su curso hacia la fuente en la que se nutre su labor advierte que en ese núcleo de su conciencia coexisten, en indisoluble comunidad, los gérmenes de la actitud del historiador y de la actitud del político, solo diversificadas en sus proyecciones y en su desarrollo. Una misma preocupación, un mismo enfoque de la Realidad, una misma solución postulada para los interrogantes que conmueven su ánimo emanan de esa fuente viva. Su pensamiento conducirá su acción, y, como en su héroe predilecto, una sola idea condensará su vida.

Si la victoria de Caseros pareció resolver el problema fundamental del momento, muy pronto advirtió Mitre, ante las disidencias de Buenos Aires con el general vencedor, que la Crisis de la organización nacional no era una mera cuestión de hecho. La Crisis se reveló en toda su magnitud con la secesión de Buenos Aires y la organización del resto del país bajo una constitución que, en sus líneas generales, coincidía con sus aspiraciones. Desde entonces la situación lo llama a un perpetuo examen de la Realidad, y de él surgirá en su ánimo un sistema de ideas compacto y coherente, preciso y práctico, férreamente arraigado, fervorosamente sostenido, y que en el futuro habrá de guiar su pensamiento y su conducta.

Desde entonces coexistirán en él indisolublemente amalgamadas, como las dos caras de una moneda, las actitudes del historiador y del político. Cada etapa de su acción pública corresponderá a una etapa de su meditación histórica y lo que postule para el futuro estará encadenado en la línea de ese desarrollo coherente que descubre en el Pasado de su país. El ajuste es exacto porque está cuidadosamente establecido, y en la labor del reflexivo y en la del hombre de acción brillan la misma seriedad ante la vida, la misma responsable ecuanimidad, la misma vigorosa mesura para defender lo que hay de vivo en el Pasado y para sacudir y aventar las cenizas de lo que en él es muerto. Hay una grandeza singular en su prudencia y un heroico ascetismo en su temeridad.

El hombre se conocerá por sus obras. Su pensamiento de historiador genuino está implícito —y a veces expreso— en su labor como tal, en sus historias de Belgrano y de San Martín, pero también en las páginas dispersas de sus artículos periodísticos, en sus discursos de circunstancias, en sus esquemas de trabajos históricos que no llegó a realizar, pero que contienen en potencia —como el magnífico discurso sobre Rivadavia— cuadros de época de la magnitud de aquellos que han hecho su prestigio. En todos ellos, como obedeciendo a su motivación interior, el Pasado desemboca en el presente y le señala posibilidades y caminos: él había encontrado por esa vía el suyo. Por eso, más allá de cuántas rectificaciones puedan hacerse a su investigación de detalle, más allá de cuánto sea necesario corregir en su esquema de nuestro Pasado, Mitre constituye, definitivamente, un clásico; porque si hay clásicos en la ciencia histórica, su perfección consistirá, precisamente, en este ajuste entre el Pasado y el presente que Mitre alcanza con penetración singular: la historia se hizo con él conciencia histórica, firme y segura.

Historiografía y Crisis

En la interacción de los distintos elementos y de los distintos planos en que la vida histórico-social se manifiesta reside una secreta relación de fuerzas que determina un juego de equilibrio y de desequilibrio en el que se descubre el nudo de la historia. Las grandes y las pequeñas Crisis constituyen los momentos de disgregación de los elementos, cuando cada uno se manifiesta con la totalidad de sus fuerzas exigiendo un nuevo ajuste en el que se le conceda un nuevo papel; son impulsos que despiertan, tendencias que se afirman, ideas que se expresan, intereses que se evidencian, hombres o grupos que adquieren conciencia de su significado y de sus posibilidades; todo ello encuentra frente a sí términos homólogos o estructuras constituidas que se resisten, y la lucha —sorda o violenta— resulta inevitable. Hasta entonces un cierto esquema reconocido jerarquizaba la posición de cada uno, de los hombres y de los grupos, de las ideas, de los intereses, de los impulsos y tendencias: pero aun mientras tenía vigencia ese principio de equilibrio, cada uno de esos elementos históricos desarrollaba un Proceso interno que lo fortalecía o lo debilitaba; y en un momento dado, o por un juego regular de las fuerzas o por un mero azar, uno de ellos se insubordina y declara caduco el esquema jerárquico. He aquí una Crisis; lo que antes parecía un orden constituido y estable se enmaraña diabólicamente y el principio de ordenación que debe restablecer el equilibrio de las fuerzas se oculta de modo pertinaz; la forma más elemental y más peligrosa de ceguera histórica es la del que persiste en realizar el ajuste de los elementos desencadenados, según el viejo esquema; la clarividencia es, por el contrario, la indagación —o a veces la intuición genial— de los principios directores de un equilibrio que comprenda los elementos que una nueva Realidad impone. Toda Crisis se manifiesta, pues, como un complejo haz de interrogantes sobre la validez de lo que existe y sobre el derecho y la fuerza de lo que ha surgido, sobre la validez de la vieja Estructura y sobre las líneas directoras de la nueva.

Frente a una Crisis, la tendencia del espíritu reflexivo ha de ser, pues, hallar respuesta a los interrogantes decisivos; y de ese afán por descubrir el secreto de la trayectoria de cada uno de los elementos en pugna ha de nacer, para el espíritu reflexivo, una preocupación de tipo histórico manifestada como un anhelo de reconstruir la línea de coherencia que subyace en el decurso del grupo en el que la Crisis se opera. En esta línea de coherencia, en efecto, y acaso solo en ella, puesto que la vida social no tiene más Realidad que su Pasado, se oculta la pauta que pueda servir para definir una posición frente a una Crisis: para destruir o para crear, para mantener o para aniquilar lo existente, en todo caso, para comprender la naturaleza del Proceso desencadenado y para postular y realizar una solución que se apoye en un examen y no en una mera negación o desconocimiento de los elementos en juego.

A esta tendencia espontánea de la naturaleza espiritual del hombre es a la que se debe la significativa correspondencia que puede observarse entre las grandes Crisis y las grandes creaciones historiográficas, cuyo planteo corresponde al ámbito en el que la Crisis se manifiesta o a aquel en el que la conciencia histórica lo percibe. Así se explica la significación, circunscripta y universal a un tiempo, de la concepción de la vida histórica que palpita en Heródoto o en Tucídides, en Polibio o en San Agustín, en Maquiavelo o en Commines, en Michelet o en Marx; a cada una de ellas corresponde una cierta intelección del Pasado, dentro de cuyos supuestos esenciales se mantenía su ámbito histórico hasta que la Realidad trajo a primer plano un nuevo elemento social o ideológico, cuyo potencial de fuerza histórica era necesario estructurar en un nuevo planteo, acaso perfectible, pero satisfactorio para la urgencia inmediata de comprender el significado del presente; y aquella conceptuación del Pasado proporcionó el cañamazo en cuya trama encontraba la situación presente una raíz comprensible, cristalizando así el mero saber en una conciencia histórica susceptible de proyectarse sobre la conducta.

Acaso sea este punto de vista el que nos permita ubicar con justeza y atendiendo a sus motivaciones profundas la labor de Mitre como historiador. No es un hecho ignorado ese resurgimiento de los estudios históricos que se produjo en Buenos Aires en los días que siguieron a la caída de Rosas. En las publicaciones periódicas, en libros y folletos, los hombres de la minoría culta de la ciudad liberada dejaron el testimonio de su preocupación por el Pasado; pero si en los inventarios de la labor intelectual de esa época ha sido señalado el hecho, parece haber escapado a la penetración de quienes lo documentan su significado peculiar.

Es sugestiva la circunstancia de que la preocupación de los hombres de pensamiento que reflexionaron en el destierro sobre las cosas argentinas haya sido preferentemente de matiz sociológico: bastarían los nombres de Echeverría, de Alberdi o de Sarmiento para atestiguarlo; no es arbitraria, sin embargo; para la generación de los proscriptos resultaba inoperante toda reflexión sobre el futuro, porque el presente constituía una forma compacta que no tenía más solución que la fuerza, y no eran ellos quienes se sentían con la capacidad para la iniciativa; entretanto, el presente de la patria incitaba a meditar sobre su naturaleza, a analizar el secreto de su estabilidad, oculto en la peculiaridad de los elementos sociales y todo lo más a postular, para un futuro colocado fuera del tiempo, un sistema ideal de convivencia.

Fue la acción de Urquiza lo que modificó sustancialmente el panorama; quienes se encontraron, al día siguiente de Caseros, elevados a la situación de conductores del destino nacional; quienes tuvieron entonces conciencia de que el país esperaba de su acción el delineamiento de su destino y percibieron de inmediato el juego de fuerzas con que era necesario contar debieron renunciar a la ilusión de establecer sistemas ideales preconcebidos y aun al ejercicio del mero análisis de la naturaleza de los elementos considerados estáticamente. Para ellos el imperativo fue la acción y la acción planteaba interrogantes decisivos, cuya elucidación conducía al examen del sentido de la marcha del cuerpo social, de las tendencias manifestadas en el decurso histórico, de las raíces de aquellos elementos que ahora adquirían significación preponderante. Así, para quienes adquirieron la responsabilidad de la construcción del país, la preocupación fundamental fue reconstituir la línea de coherencia de nuestro Pasado, proporcionar una conciencia clara del presente y fundamentar en una clara conceptuación de las ideas que informaban el desarrollo histórico una política postulada para el futuro. He aquí, a mi juicio, la posición de Mitre historiador.

La Crisis de 1852

Aun sin ningún trabajo sistemático sobre este período, Mitre es, a mi juicio, el historiador del ’52. Lo que llamo “la Crisis de 1852″ no se advirtió al día siguiente de Caseros; bajo la autoridad del dictador, el país parecía una unidad compacta y así lo consideraron los hombres que lo reconquistaron por las armas; pero el general vencedor traía consigo el ideario que le proporcionaba su tradición federalista y provinciana, y muy pronto se vio que el problema de la organización del país unificado, suscitado por la conducta de Buenos Aíres y por el odio que el interior manifestó contra ella, estaba entonces en pie y era necesario resolverlo sin caer de nuevo en el error de la antinomia irreductible de los unitarios y los federales; el problema era, pues, sustantivo, y no era el resultado ni de una política torpe de la capital ni de una ambición arbitraria de los caudillos; obedecía a causas profundas y constitutivas, y eran ellas las que se manifestaban en la conducta de una y otros. Pero las formas cubrieron las realidades y el cintillo rojo de Urquiza pareció más importante, por ejemplo, que el problema de los derechos aduaneros, y en Buenos Aires, mientras se resucitaba el viejo clamor contra la barbarie, que inducía al separatismo del litoral, se atestiguaba con los hechos la sustantividad del problema, provocando la secesión de la Capital.

Pero tras la secesión vino la sorpresa. Excluida Buenos Aires por su propia voluntad, el resto del país demostró su cordura organizándose constitucionalmente en Santa Fe; y frente a los hechos consumados la magnitud de la catástrofe a que conducía la persistencia de esquemas ya caducos se hizo evidente a los espíritus más sagaces. En la minoría porteña, en efecto, se produjo un despertar de la conciencia histórica manifestado en el afán por esclarecer el verdadero curso de los acontecimientos que conducía a esta Realidad; muchos estudiaron en viejos papeles y en infolios amarillentos; Mitre planteó en términos estrictos la cuestión que era necesario dilucidar mediante el examen del Pasado: ¿existía la nación? Y si existía, ¿cómo organizar sus elementos sociales dentro de un esquema de derecho? ¿Qué principios políticos eran los que constituían su tradición y coincidían con su modalidad? Es notorio que son estos interrogantes los que conducirán más adelante su reflexión histórica.

La Crisis era honda y su solución difícil. Su significado se manifestó con claridad a los ojos de los hombres del ’52, y acaso a Mitre como a ninguno; la rígida antinomia de unitarios y federales cerraba toda vía de explicación —aun conteniéndolas todas en sí— por el cúmulo de pasiones que perduraban adheridas a cada nombre; pero los idearios que entrañaban una y otra carecían ya de su antigua significación y era necesario liberarse de ese falso punto de partida; correspondían a otra Realidad y conservaban una partícula de su significación, pero sus contenidos podían disolverse y podía ser planteado el problema de la nación sin abandonar la consideración de las tendencias que ellas implicaban, pero sistematizándolas en otras líneas de desarrollo; para eso era necesario remontar el curso del Pasado y filiar su origen, sopesar su significado, conceder lo que legítimamente correspondía y ajustar las tradiciones a la situación real: era una tarea gigantesca que entrañaba nada menos que toda una conceptuación del origen del sentimiento nacional y de los idearios predominantes.

Estos dos problemas hundían sus raíces en el Pasado colonial, en el Proceso de la revolución, en el desencadenamiento de la hostilidad entre Buenos Aires y el interior, en el azar de los sucesos que condujeron a la dictadura, en el sentido de la dictadura misma; su interpretación debía apoyarse en la diversidad de los elementos reales que componían la Estructura profunda de esa superestructura jurídica que era la nación: el territorio de desiguales posibilidades, la población diferenciada, los ideales contrapuestos; sobre esa diversidad, el virreinato, mero esquema administrativo, había creado una unidad de hecho que no podía valer sino en la medida en que carecieran de conciencia política los elementos que lo integraban; y la revolución porteña había querido conservar esa Estructura, que beneficiaba los intereses y coincidía con los ideales de Buenos Aires; pero la revolución triunfó porque el resto de los elementos sociales respondió al llamado de Buenos Aires y despertó a la conciencia pública; y en un plano de libertad política, esos nuevos núcleos requirieron un nuevo ajuste para constituir la nación sobre nuevas bases.

La minoría porteña ofrecía al anhelo común de unificación un cuerpo compacto de soluciones, de fuertes raíces teóricas, pero elaborado sobre la base de un esquema en el que la nación, como tal, se manifestaba inexistente; pero el inesperado despertar de la conciencia política en el resto del área virreinal —la gran conquista de la revolución— debía ser fatal para aquel ideario, y como Buenos Aires no quiso —o no pudo— replantear sus soluciones sobre nuevos puntos de partida, todo acuerdo pareció entonces imposible.

La Crisis que resultaba de este choque de situaciones recibió una primera solución de derecho en los intentos relativamente logrados del decenio que transcurre entre 1810 y 1820; pero los obstáculos fueron surgiendo poco a poco, en el Paraguay primero, en la Banda Oriental y en el litoral argentino luego. Entonces comenzó a dibujarse una solución de hecho que pronto encontraría ejecución: fue la que surgió del Tratado del Pilar, por el que Buenos Aires admitía la existencia de una Realidad que hasta entonces se había negado a reconocer.

Pero Buenos Aires no cejaba en su intento de imponer un cuerpo sistemático de ideas y una forma orgánica de estructuración política, y con Rivadavia ofreció una segunda solución de derecho; pero, fracasada por segunda vez, correspondió a la nueva impasse una nueva solución de hecho, no por brutal menos explicable; Rosas, en efecto, apoyado por una Buenos Aires rural, que se ocultaba tras la Buenos Aires de las minorías cultas, consiguió imponer con su supremacía un principio de unión nacional.

En el destierro, las minorías ilustradas prosiguieron elaborando las soluciones de derecho que podía recibir la situación del país y, entretanto, Urquiza llevó a término la liberación de la dictadura, creando una nueva solución de hecho, que ofrecía, al mismo tiempo, la posibilidad de una organización jurídica. Entonces fue cuando se evidenció que la Crisis era profunda y sustantiva. Frente al general vencedor, en el que era posible ver el rostro de una tradición federal y provincialista, algunos de los grupos que se habían constituido alrededor del ideario unitario opusieron una confusa resistencia; la caduca antinomia pareció revivir y las mentes parecieron obnubilarse, y la fusión realizada por Rosas entre las nociones de federalismo y dictadura gravitó con una persistencia trágica aun sobre los espíritus más esclarecidos.

El 11 de septiembre Buenos Aires consumó su escisión de Urquiza y con él del resto del país; en los espíritus más apasionados, pero, sobre todo, más típicamente ahistóricos, volvió a surgir la convicción de que solo cabía una solución en la que la supremacía de Buenos Aires se afirmara de modo total, como si nada hubiera ocurrido en el curso de los cuarenta años transcurridos desde la revolución; afortunadamente, alguien descubrió que esa solución implicaba un monstruoso simplismo, un simplismo suicida por antihistórico y antipolítico; alguien, en efecto, descubrió que la Realidad ofrecía una novedad fundamental, que consistía en el acceso a un primer plano de fuerzas sociales y económicas que antes no se dibujaban con nitidez en la escena histórica; alguien descubrió, en fin, que no era casual el hecho de que, tras la secesión porteña, el resto del país se hubiera organizado constitucionalmente y que la Crisis que ahora provocaba Buenos Aires exigía un nuevo planteo de los puntos de partida para la comprensión de la Realidad.

Mitre: el historiador y el político

Acaso quien acababa de ver con claridad en aquella densa maraña de las cosas hubiera podido limitarse a la mera reflexión sobre los hechos y a imponer sus puntos de vista solo tras el largo andar de los años; por el contrario, supo discriminar el eslabonamiento del Pasado histórico y medir en toda su trascendencia el paso que daba Buenos Aires, así como la magnitud de las consecuencias que podían sobrevenir si se empecinaba en la actitud adoptada; era, a un tiempo mismo y fundido en una rigurosa unidad de espíritu, un historiador y un político, y su reflexión histórica era como una pausa en el camino de su acción, así como, de inverso modo, era su acción como una proyección de sus concepciones históricas. Este historiador-político creía en la nación y creía ver en la nebulosa del Pasado argentino el hilo conductor de ese Proceso por el cual la nación se delineaba, sus signos inequívocos, su arquitectura, secretamente determinante de las formas circunstanciales que adoptaba el cuerpo social. Era un reflexivo y un hombre de acción, modalidades ambas que no es imprescindible suponer antinómicas; tenía la mente clara y una voluntad poderosa que sabía poner al servicio de sus convicciones: tal era la fuerte figura de Mitre.

Esta mezcla sutil de acción y pensamiento, esta agitada interacción entre ambas proyecciones del espíritu, se había manifestado en Mitre desde su juventud. Ya en Montevideo, mientras luchaba contra Echagüe o mientras defendía la ciudad en el sitio largo, expresaba su vocación literaria en el verso de cálida entonación romántica, en el drama o en el artículo periodístico, y las páginas del Iniciador o las de El Nacional veían desde 1839 colaboraciones de su pluma. [1] Lector infatigable y observador apasionado de la Realidad, comenzaba a manifestarse ya entonces en él una viva vocación hacia los temas de la historia, cuyo primer signo hubo de ser la biografía de Artigas, acaso inspirada, como el resto de su labor de historiador, por el deseo de explicarse por esa vía retrospectiva la situación presente. [2] Y entreveradas en su espíritu subsistieron las preocupaciones del lector, del reflexivo, del observador, en íntima correspondencia con las del hombre de vigilante militancia, durante la azarosa época de su deambular de proscripto por Chile, por Perú o por Bolivia, y en todas partes el fervor de comprender lo que vivía y el curso de las cosas de América era para él estímulo para aguzar la comprensión y descubrir en el Pasado las raíces de la Realidad inmediata.

Fue la Realidad, en efecto, lo que lo devolvió al escenario de su patria después del pronunciamiento de Urquiza. Desde entonces comienza para Mitre una nueva etapa de su existencia; tras combatir con las armas por la libertad, se encuentra exaltado por las circunstancias a posiciones directivas, en momentos en que nuevas dificultades surgen para la consolidación de la paz interior. Para entonces, sin embargo, sus convicciones están fijadas: es, como será siempre, el campeón de la integridad de la nación; defenderá los derechos de Buenos Aires, pero oponiéndose a ahondar el abismo que separa a la provincia del resto del país, por el cual ha luchado y que siente como su verdadera patria. Y en la Asamblea General Constituyente del Estado de Buenos Aires, en 1854, sienta la tesis de la “preexistencia de la nación”, [3] de la unidad constitutiva e indiscutible del país, de la existencia de una patria común de los argentinos, que las pasiones incitan a olvidar, pero que él siente como una convicción profunda; y esta convicción constituye la llave maestra para defender su conducta pública, su labor de político y de estadista y, sobre todo, su concepción de historiador.

Es indudable que su planteo del problema llamó a la reflexión a muchos espíritus de Buenos Aires; y es indudable que el afán de establecer la filiación histórica de este sentimiento nacional, de este principio de existencia de la comunidad argentina, previo a todo regionalismo separatista, inspiró ya entre 1858 y 1859 sus dos primeras ediciones de la biografía de Belgrano, en la que comenzaba declarando que el curso de la existencia de su personaje se confundía con el Proceso de formación de la idea de independencia del pueblo argentino desde sus orígenes, en las postrimerías del siglo XVIII. [4] Así lo reconoció también Sarmiento en el Corolario que hizo a aquella edición, señalando su trascendencia contemporánea y destacando en qué medida había de llenar el vacío que para la estructuración de una conciencia nacional significaba la ausencia de una historia de la República. [5]

Cuando su tesis hubo triunfado y el Estado de Buenos Aires se incorporó a la nación, Mitre ejerció la presidencia de la República y debió asumir el mando de los ejércitos de la Triple Alianza contra el dictador López. Entretanto, en medio de las múltiples dificultades del gobierno interior, y cuando el mecanismo diplomático trabajaba afiebradamente en la organización de la alianza con el Brasil y el Uruguay, ante la inminencia de la agresión paraguaya, Mitre debió bajar a la liza de la polémica científica, promovida en aquella ocasión por Dalmacio Vélez Sarsfield, como si el azar quisiera demostrar hasta la evidencia la radical unidad con que coexistían en su espíritu las preocupaciones del hombre de acción y las del hombre de reflexión seria y metódica. [6] Y cuando abandonó la Presidencia y se entregó a las labores periodísticas en La Nación, que fundara en 1870, pareció como si su acción debiera tomar, definitivamente, las formas de la lucha intelectual manifestada en la defensa de sus convicciones democráticas y liberales y en su fundamentación histórica.

No debía ser así, sin embargo. Un nuevo período parece abrirse entonces en su vida. Ha logrado ver constituida la Nación, y quiere ahora verla perfeccionar su vida cívica; y cuando la palabra del periodista no basta, no vacilará en recurrir a las armas, llamado por sus conciudadanos en 1874. Entonces sostendrá sus convicciones de demócrata y de liberal en el campo de batalla; sostiene que existe un derecho a la revolución, más aún, un deber de rebelarse violentamente ante la conculcación de los principios, y confía en que su nombre dé al movimiento una trascendencia nacional en pro de la lignificación de un pueblo libre. [7] Y cuando vuelve del destierro a que lo condenó la derrota, y mientras se agita el problema de la pacificación de la nación consumida por las luchas interiores, encuentra Mitre el reposo necesario para preparar una nueva edición de su Historia de Belgrano, perfeccionada y completada, así como para polemizar, luego de aparecida en 1876-1877, acerca de la doctrina y de las afirmaciones contenidas en ella, con Vicente Fidel López, y para dar finalmente término a su Historia de San Martín, pacientemente documentada y cuidadosamente construida. Y cuando se halla en esa tarea, otra vez oye la voz de la conciencia cívica y otra vez acude a su clamor, y otra vez sale a la calle para llamar a la ciudadanía a sus deberes, con el ardor del joven —él, que estaba próximo a cumplir los 70 años—, con la humildad del ciudadano más oscuro —él, que había puesto con sus manos las piedras angulares del edificio de la Nación—, con la inalterable convicción del demócrata —él, que veía frustrados sus anhelos cada día—. “La juventud argentina —dice a los jóvenes de la Unión Cívica— [8] se encuentra en el límite que separa la vida caduca de la vida nueva, y está en el deber de marcar en este punto su paso.” Parecería como si él, que había observado el tránsito de la primera a la segunda Argentina, hubiera percibido aquel día que una nueva etapa comenzaba.

Poco después su existencia pública debía cambiar de fisonomía; Mitre era el hombre de Buenos Aires y el patriarca de la nación, y su palabra adquiría con los años una extraña resonancia, en la que algo parecía indicar que hablaba por su boca una lejana y misteriosa sabiduría, por eso fue escuchado; inspiró a muchos núcleos dirigentes e influyó vigorosamente sobre la opinión pública, que vio en él ejemplo de virtud ciudadana y de saber maduro; por eso murió un día —un día memorable por la profundidad del duelo público— como muere un padre amado, cuya voz no se querría dejar de oír y cuya leyenda comienza a enturbiar su historia humana. Tiempo es ya de que volvamos a ver en él —para lección de nuestro tiempo— al luchador de las buenas causas y al arquitecto de una nación que queda todavía sin construir a pesar de la sabiduría con que estaban trazados los planos por su mano.

Escapa a mi propósito el esbozar su fisonomía de político sino en aquellos rasgos en los que se evidencia la estrecha dependencia en que su acción se hallaba con respecto a su concepción del Pasado argentino. Debo, en cambio, puntualizar cuál era su pensamiento sobre la naturaleza de la vida histórico-social y cuál su concepción del conocimiento histórico.

Se manifestaron uno y otra en un sistema estructurado de ideas que se entretejían sobre un cañamazo de sólida Estructura, y al que daba fuerza incontrastable cierto predominio del buen sentido y cierta aptitud innata para la percepción, clara y compleja a un tiempo, de la Realidad inmediata, [9] que parecía tener algo del viejo espíritu romano, tan caro al suyo propio. El recio autodidacto se había formado con las más variadas lecturas, entre las que predominaban, ciertamente, aquellas de los autores fundamentales para un recto conocimiento de la política y de la historia universal, [10] y había aprendido, acaso con la pulcritud del soldado, a ceñirse en el campo del conocimiento al más duro rigor. [11] Con esa capacidad para el aprendizaje, con esa aptitud para la elaboración de las ideas y para su constante confrontación con la Realidad, con esa confianza y ese respeto por la ciencia, [12] con esa seriedad sin concesiones y ese método sin abandonos, se encaminó Bartolomé Mitre por la vía de las investigaciones históricas, a las que lo conducía, sobre todo, un secreto afán por fundamentar sus ideales: el de la nación afirmada y constituida, el de los principios democráticos y liberales. Tenía en la historia una fe segura y robusta, fe en sus enseñanzas, [13] fe en los ideales que enseñaba a amar su recto estudio, [14] y si condenaba la influencia nefasta del traslado de las pasiones políticas contemporáneas al escenario del Pasado, [15] no temía, en cambio, la afirmación de la verdad, aun cuando contrariara sus convicciones, porque sabía que en el alma humana pueden coexistir el error y el acierto, y que es función de la historia la dilucidación de la verdad para que la posteridad ejercite sobre ella el juicio moral y para que surja esclarecida la buena vía para el futuro. [16]

Mitre se encaminó hacia los estudios históricos en un momento en que resurgían en Buenos Aires bajo el signo de la mera búsqueda documental o del ensayo circunscripto, tal como lo entendían Trelles o Quesada. Acaso por esa influencia se manifestó en él cierto notorio interés por la labor de acopio documental y quizás obtuviera en ese período sus conocimientos en materia de técnica erudita; pero bien pronto traspuso esa etapa y se enfrentó con la historia en una actitud de hombre que quiere comprender el destino de la comunidad a la que pertenece. Mitre, en efecto, no ha sido, en rigor, un erudito, sino que ha utilizado la erudición para ponerla al servicio de una gran construcción histórica; aquel antiguo —y seguramente constitutivo en él— sentido del rigor, de la precisión y de la verdad lo incitaba, sin duda, a apoyar documentalmente sus afirmaciones, y bastarían las densas páginas de las Comprobaciones históricas para probarlo. [17] Pero no debe engañarnos el sentido de este libro. Mitre había sido llamado a cuentas, y su propósito era, precisamente, demostrar que sus afirmaciones podían apoyarse firmemente en testimonios suficientes; nada más erróneo que deducir de allí, sin embargo, que en la investigación del hecho quedaba terminada y satisfecha su concepción de la historia. Lo que Mitre buscaba era otra cosa; él mismo se queja de que López lo considerara como un esclavo de los documentos y declara que ha intentado comprender la totalidad del asunto y el significado de cada uno de los elementos que lo componen. [18] Los documentos constituían para él tan solo un instrumento de trabajo, sin el cual toda filosofía de la historia no podía ser sino débil Estructura, pero era necesario que constituyeran un conjunto orgánico, con sentido, o, como él mismo dice, “que presenten los lineamientos generales del gran cuadro que el dibujo y el colorido complementarán sirviendo de comprobación a la idea que sugiera o de él se desprenda, o sea la filosofía que de todo ello se deduzca”. [19] No podía ser de otra manera si se recuerdan las observaciones de Mitre acerca de la carencia de trabajos sobre los que apoyarse en la época en que comenzó él su labor; [20] y no solo debió comprobar la verdad de las afirmaciones que encontraba generalmente aceptadas, sino que tuvo que buscar datos y hechos nuevos y, sobre todo, tratar de establecer las correlaciones y los nexos íntimos, así como el Proceso del desarrollo total de la sociedad argentina. [21]

Pero su preocupación directora no era el hallazgo del documento o su mera publicación o su glosa más o menos erudita, tarea preliminar de la historia, que no podía confundir con la historia misma un hombre de su cultura y de su sentido directo de la Realidad. La historia era para él elaboración y conceptuación, y no podía ser otra cosa para quien era capaz de observar que “la historia de Grecia o la de Roma estaba aún escribiéndose con novedad sin salir de los documentos conocidos”. [22] Era necesario penetrar en la esencia del Proceso histórico para no limitarse a hacer “un perfil recortado con tijera —son sus palabras— [23] en el papel de los documentos”, y para descubrir “el hilo conductor” [24] del Proceso histórico, que permita llegar a lo que él llamaba “la parte abstracta, que es el complemento y la coronación de toda labor histórica”, [25] fórmula con la cual caracteriza lo que poco después llamara la filosofía de la historia.

Mitre no reniega —como se ha dicho alguna vez— de la filosofía de la historia, y aun puede afirmarse que aspiraba a realizarla y quizá que lo logró en cierta medida; da cuenta de esa aspiración cuando declara que su disidencia con López no es de escuela, porque él no podría haberle reprochado las tendencias filosóficas por ser filosóficas, “lo que equivaldría —dice— [26] tanto como reprocharle el ejercicio noble de la razón y el uso de los instrumentos de raciocinio”. Se adhiere a ella, por el contrario, en cuanto constituye una ciencia positiva, rechazando lo que él llama el discurso dogmático de Bossuet o el sueño espiritualista de Herder, y dándole un sentido fuertemente positivista. [27] Mitre rechaza, eso sí, la elaboración discursiva sin fundamentos concretos y sin pruebas documentales —como la rechazaría el mismo Bossuet seguramente, a quien la verdad revelada, en la que creía, lo eximía de toda preocupación crítica—, pero aspira a que su elaboración del Proceso de la sociedad argentina cristalice en una filosofía de la historia porque no hay historiador —nos dice él mismo— [28] que no la tenga. Solo por ella, solo por esa estructuración de que provee al Proceso histórico, solo por esa conceptuación que aclara su significado y su sentido, una historia llega a ser tal, concebida como “un cuadro y una crónica a la vez”, “de la cual se deduzca una ley y se desprenda un ideal” —son sus palabras—, [29] porque el objeto de la historia era para Mitre esencialmente la construcción de un Proceso en el que fuera evidente su sentido, coherente en su desarrollo y capaz de actuar sobre la vida social. [30]

Esta concepción del trabajo historiográfico llevó a Mitre a una compleja labor; sobre la trama de la vida de dos personajes —Belgrano y San Martín— y en cierto modo sobre la de Rivadavia, esbozada en un discurso que yo me atrevería a incluir en el grupo de sus grandes creaciones historiográficas, Mitre se propone reconstruir el Proceso de desenvolvimiento de la sociedad argentina desde los orígenes que él columbra en el período colonial hasta la época inmediatamente anterior a la dictadura. A lo largo de ese período Mitre se esfuerza por discriminar, por una parte, una teoría del desarrollo histórico y del mecanismo sociológico y, por otra, los elementos que le permitan llegar a una conceptuación del Pasado nacional para hacerlo inteligible, primero, para transformarlo en contenido de una conciencia colectiva, después, problema este último de grave urgencia en el instante en que él se vuelve hacia la historia en demanda de una luz para la dirección de la conducta.

Para su primer objetivo, Mitre, que en principio no tiene preocupaciones sociológicas sistemáticas, no parte, en consecuencia, de un esquema preconcebido; sus observaciones son, pues, accidentales, pero su construcción histórica parte de ellas y puede advertirse entonces que si en su exposición no constituyen un sistema, sí lo constituyen en su espíritu; su punto de partida es, en general, de corte positivista, aunque Mitre corrige el esquematismo del sistema con su fina penetración de historiador genuino, incapaz de someter la Realidad viva del Proceso histórico a esquemas demasiado estrechos y predeterminados por una doctrina. Para su conceptuación del Proceso histórico, aunque trabaja bajo la advocación de los grandes historiadores que constituían sus lecturas predilectas, y aun acaso pudiera señalarse como predominante la del propio Guizot, en general, Mitre parte más bien de la situación presente, considerada como desembocadura del Proceso histórico y como conjunto de problemas cuyas raíces hay que escrutar en el Pasado; digamos desde ahora que dos merecieron su particular atención: la conceptuación del Proceso creador de la idea de nación y la conceptuación de las ideologías. Detengámonos un instante en aquel primer objetivo antes de analizar con cuidado estos dos últimos.

En un momento en que las teorías sociológicas y naturalistas procuraban reducir el problema histórico a sus elementos simples y aun transformarlo en la resultante de un principio —raza, territorio, economía—, Mitre se afirma en la convicción de la radical complejidad del fenómeno histórico y de la interacción de los elementos reales e ideales que subyacen en él. La sociedad vive apegada a la tierra y no se desentiende de los intereses que la afectan de manera inmediata, y Mitre señalará cuidadosamente los elementos raciales y económicos que han contribuido, dentro del campo de su estudio, a darle su fisonomía, a provocar su evolución, a desencadenar, finalmente, la Crisis; pero junto a ello señalará también la evolución ideológica, la elaboración de ese tipo que determinados grupos construirán sobre aquella Realidad, sobre su Pasado y sobre su destino futuro, para deducir el juego de fuerzas que gravitan sobre un hecho tan solo de la interacción de estas dos corrientes de motivaciones. La revolución —nos dice— [31] “estaba consumada en la esencia de las cosas, en la conciencia de los hombres y en las tendencias irresistibles de la opinión”. A veces su acuidad analítica vislumbra la preeminencia de algunos de esos elementos y lo señala sin reparo, como cuando afirma, tras analizar los efectos desastrosos del monopolio económico y su tardía corrección, que “la separación fue desde entonces un hecho, y la independencia de las colonias americanas una simple cuestión de tiempo”; [32] o como cuando atribuye a la fuerza de los idearios de los grupos ilustrados la decisión de una conducta política en un momento dado; [33] o como cuando señala la fuerza de la actitud principista y moral de Rivadavia frente a las ambiciones de Bolívar. [34]

Mitre descubre en el mecanismo de la acción histórico-social el juego y la interacción de las ideologías y la acción espontánea. Entrevé las primeras fundamentalmente en las minorías ilustradas y afirma su validez y su eficacia histórica, [35] aunque señala reiteradamente su error cuando las ve rezagadas en relación con el impulso de las intuiciones populares o incapaces para interpretarlas y canalizar su acción; [36] en este último caso su condenación es categórica, porque para él —historiador y político— la Realidad tiene una significación eminente y una fuerza incoercible, frente a la cual es virtud primera del hombre de acción el distinguir con claridad lo que llama los “objetivos reales”, [37] así como debía ser virtud primera del historiador el no confundir la Realidad histórica con las ideologías construidas sobre ella.

Con esa noción acerca del significado de la acción espontánea, Mitre afronta la valoración de la acción de las Masas, y aunque critica sus excesos, se advierte que más crítica con ello a los grupos directores que no alcanzaron a dirigirla y canalizarla, puesto que justifica siempre el sentido de lo que había de esencial en sus intuiciones y en sus impulsos.

Mitre descubre y presenta luego en toda su trascendente significación esa acción popular, directa, intuitiva, manifestándose en la resolución ejecutiva de las situaciones más difíciles y aparentemente insolubles con ese impulso que él llama “genial”, esto es, instintivo, irrazonado, pero firme y seguro; [38] y cuando la ve acentuada por la exaltación de sus pasiones descubre que son los malos pastores quienes utilizan y estimulan tales impulsos para satisfacer ambiciones desmedidas o egoísmos injustificables, [39] y aun entonces reconoce que hay en ellos una reserva inagotable de virtudes para el ejercicio de la ciudadanía o para la afirmación y la defensa de los ideales fundamentales. [40]

Masas populares y minorías ilustradas son para él, en rigor, los elementos fundamentales de la acción histórico-social. Junto a ellos se advierte alguna vez el individuo de excepción; pero no el héroe providencial, concepto histórico este último radicalmente opuesto a la sensibilidad política y a la concepción historiográfica de Mitre, como se advierte si se observa la reflexión que hila cuando afirma que San Martín, su predilecto, no era “ni un Mesías ni un profeta”, sino “simplemente un hombre de acción deliberada que obró como una fuerza activa en el orden de los hechos fatales con la visión clara de un objetivo real”. [41] Mitre quiere hacer justicia a los creadores de la nacionalidad, pero no atribuyéndoles misiones providenciales, sino destacando sencillamente su valor moral, su capacidad de sacrificio y de esfuerzo, su clara percepción de los secretos de una situación, acaso cuando escapaba a los más, o su intuición genial o su acción decidida y recta. [42] Teme los mitos populares, acaso porque el nombre del Restaurador de las leyes resuena aún en sus oídos de proscripto, y ciertamente porque conoce los resortes de los impulsos multitudinarios y lucha por desvanecerlos y por presentar las figuras que pudieran originarlos en su genuina humanidad. “Sus panegiristas —nos dice hablando de Belgrano, a quien amaba profundamente— [43] lo habían desfigurado, y el instinto popular, poseído de cierta supersticiosa admiración, veía en él un héroe sobrenatural, un ideal adornado con falsos oropeles. Nosotros lo pusimos en intimidad con su pueblo; hicimos conocer al hombre con sus virtudes, sus debilidades, sus errores, sus grandes cualidades, sus inmortales servicios y sus desfallecimientos morales, asimilándolos a la masa de la especie a que pertenece, perdiendo tal vez en admiración, pero ganando en estimación y simpatía, al hacerle hablar y obrar, como cuando el soplo de la vida mortal lo animaba”. Y, en efecto, no escatima la crítica de los errores de aquellos que eran, en verdad, los predilectos de su corazón de patriota y de demócrata, porque cree en la verdad de su fuerza ennoblecedora sobre los corazones humanos. Y en este juego de los distintos elementos sociales, en esta composición de fuerzas, el hombre de excepción encuentra su justo lugar, como lo encuentra el mediocre o el perverso, en el fondo de cuya conducta sabe descubrir el papel que cumplieron —si lo cumplieron— en el complejo de la acción histórica.

He aquí, apenas esbozada, una doctrina del desarrollo histórico y del mecanismo sociológico. Mitre no la expone sistemáticamente, aunque gusta explayarse sobre ella en algún ex cursus explicativo, pero está sobrentendida en su obra ingente de historiador y de político, en la explicación metódica y ordenada de un fenómeno del Pasado, en la fundamentación de una actitud personal o en la argumentación polémica acerca de un programa de acción cívica. Porque aspiraba a robustecer en las Masas populares las convicciones ciudadanas, aspiraba a educarlas y a capacitarlas para la vida civil dentro de un régimen constituido, y esas aspiraciones del político y del estadista correspondían a las que veía como normativas de su misión de historiador, cuando aspiraba con su labor a vivificar el sentido de la Realidad en los grupos directores y aun en aquellos en quienes la conciencia de un valor de excepción tentaba para que se excediesen del marco de las constricciones de la civilidad.

Desde este punto de partida, desde este núcleo compacto de convicciones y de ideas despaciosamente maduradas y rigurosamente vividas, se lanzó Mitre al examen del Pasado argentino. Ya se han señalado algunos de los aspectos fundamentales de su concepción historiográfica, de sus criterios formales y externos, de sus a priori con respecto a los principios de desarrollo del Proceso histórico-social. Nada de todo eso es, sin embargo, lo que considero fundamental para entender la significación de Bartolomé Mitre como historiador. Lo que hace de él un hito demarcador en el curso de nuestra ciencia histórica es, a mi juicio, su ingente labor de constructor de la historia de la nación en cuanto tal, así como su filiación histórica de las ideologías, problemas ambos de significación decisiva para su tiempo, y en los que parte de esa problemática contemporánea sentida con dramática vibración: la nación ante el problema de su existencia y de su constitución como tal y la sociedad ante el problema de la adopción de un sistema de ideas que la condujera hacia su equilibrio y su prosperidad. Por haber afrontado la responsabilidad de aclarar la conciencia colectiva frente a estos interrogantes decisivos; por haber realizado el imprescindible ajuste entre el Pasado y el presente para discriminar la línea del desarrollo futuro, adquiere la obra de Mitre la trascendencia de un alegato irrebatible para la afirmación de nuestra existencia colectiva y de un proyecto madurado para la construcción de un país en cuya obra fue arquitecto primero, obrero luego, acaso ahora profeta que clama en el desierto.

La conceptuación del Proceso creador de la idea de nación

Ya ha sido señalado hasta qué punto una preocupación sostenida y razonada, manifestada tanto en los dominios de la política como en los de la historia, había incitado a Mitre a profundizar sus investigaciones para llegar a establecer el Proceso de formación del sentimiento nacional por encima de todos los regionalismos separatistas y disolventes. Esta idea era su preconcepto: estaba arraigada en la zona de sus convicciones más profundas y quiso cerciorarse de su validez en el estudio de la historia; pero fue a ella con el rigor que exigía su espíritu preciso y recto, no por el goce del puro saber, sino por la militancia de la verdad y por la trascendencia que descubría en aquella afirmación; sus investigaciones prolijas y sus reflexiones decantadas le cercioraron de que estaba en lo cierto, y acaso introdujeron algunas matizaciones sutiles en sus convicciones políticas, ya que parece advertirse en él una comprensión cada vez más marcada del movimiento federalista; y una vez fundamentada rigurosamente, aquella idea constituyó su rasgo primordial; él había observado que “como cada pueblo… en los hombres que condensan las pasiones activas de su época, todos sus rasgos y cualidades se derivan y deducen de un sentimiento fundamental, motor de todas sus acciones”; [44] y esta idea, en efecto, condujo su reflexión y su conducta.

Como historiador, podría decirse que su hipótesis de trabajo fue su propia convicción y quiso verificar su validez sistematizando el Proceso histórico que evidenciaba la preexistencia de la nación y señalando la línea de desenvolvimiento que encadenaba las distintas fases del desarrollo de este principio desde el período colonial en adelante para plasmar, finalmente, en el ser de la Nación. Así lo resumía en sus Comprobaciones históricas, [45] así lo había afirmado en aquella frase magnífica en que condensara su pensamiento en la Asamblea de 1854 y así lo manifestará muchas veces a lo largo de sus trabajos históricos; por eso señalará con un acento negativo las etapas del Proceso inverso de disgregación que se cumple desde 1810 hasta 1820, destacando, sin embargo, que, aunque operada la desintegración política, subsistía “una nación independiente de hecho, una constitución geográfica y social anterior y superior a las escritas”. [46]

Este y no otro fue el camino real de su marcha por los territorios de la ciencia histórica. El Proceso de elaboración de su temática fue, como hijo de una situación vivida, lento y circunstancial: se manifestó en una obra de aspecto biográfico, pero en la que la biografía cedió muy pronto su lugar preeminente a las vastas concepciones del Proceso social, y es fácil, para quien lea con atención, percibir hasta qué punto se torna, poco a poco, accesoria la figura del personaje que sirve de esqueleto a su construcción. Quien realice en su espíritu la síntesis del contenido de la totalidad de su obra, advertirá muy pronto que late en ella una concepción integral de la historia argentina hasta mucho más allá de donde alcanzan sus exposiciones sistemáticas, sobreentendida a veces en páginas dispersas o en esbozos, en los que trasunta una elaboración muy meditada; un hilo conductor —como él gustaba decir— vincula los distintos momentos, y fue una preocupación constante en él —que vale la pena que quede señalada— el caracterizar con precisión la fisonomía de cada una de esas etapas; en efecto, la periodización del Proceso histórico argentino constituye una de sus características y uno de sus aportes, para lo cual, sin acentuar artificiosamente los lindes, precisa, simbolizados en la actitud de un personaje o en el desenlace de un Proceso secundario, los momentos en los que una mutación importante provoca una diferenciación de los tiempos. [47]

Cuando Mitre comienza a perseguir los orígenes del sentimiento nacional como conciencia de la comunidad, considera necesario partir de un análisis de los elementos que son dados en ella, esto es, del territorio y de la población. Mitre señala en ambos casos la diversidad notoria que se advierte entre el virreinato del Perú y el del Río de la Plata y caracteriza según ella una circunscripción que comprende, en principio, para la nueva nación, la totalidad del antiguo virreinato; en el del Río de la Plata señalará ciertas peculiaridades de la población, no solo en la de origen indígena, sino también en la de origen europeo, provocadas estas últimas por las modalidades de los colonizadores y de su acción; y en cuanto al territorio, un análisis de sus características lo lleva a afirmar que configuraba una unidad no solo por el mero hecho de su topografía, sino también porque predominaba en él un tipo unitario de vida, en el que veía las condiciones necesarias para el desarrollo de una abundante inmigración, raíz, por otra parte, de su decidida política colonizadora. [48]

En el seno de aquella comunidad originaria, Mitre ve cómo se constituye una diferenciación progresiva en las regiones que luego operaron, en efecto, su segregación de la nación que se configuraba dentro del antiguo virreinato; considera que el Alto Perú —zona de fricción entre ambos virreinatos— constituía una región naturalmente diferenciada del Río de la Plata; [49] explica más circunstanciadamente la tendencia separatista del Paraguay, manifestada en su actitud reacia frente a la civilización, visible tanto en la política de las misiones jesuíticas como luego en la del doctor Francia, y no encuentra —a pesar de rondar el tema reiteradamente— explicación profunda y satisfactoria para la escisión de la Banda Oriental, de la que no podía consolarse. [50] Pero aun dentro de lo que quedaba del virreinato advierte Mitre la existencia de regiones naturales que constituían tres grupos —que ya integraban, observa, [51] un sólido núcleo— formados por Buenos Aires, puerto por excelencia, el litoral y el interior mediterráneo, zonas cuya diferenciación parcial descubre ya en los tiempos de la conquista y la colonización; y ya entonces advierte “la desigual distribución del progreso”, [52] señalando con ello no solo las causas originarias de aquella, sino también las peculiaridades de su comportamiento y aun su destino político, económico y social. Por eso aceptará como un hecho incontrovertible la situación privilegiada y predominante de Buenos Aires, que ve, además, justificada con su conducta política dentro del núcleo de una nación de existencia evidente, constituida por “una asociación libre de estancieros y mercaderes”, que constituían “una democracia de hecho, que se organizaba en la vida civil y se desarrollaba espontánea y selvática en las campanas con un temple de independencia genial”. [53]

Es en ese núcleo y, sobre todo, en cuanto puerto abierto a la influencia de las ideologías y a las exigencias de la vida económica, donde Mitre ve constituirse el sentimiento de independencia. Lo que antes era una modalidad espontánea, se torna diferenciación consciente y espíritu autonómico. Las invasiones inglesas parecen proporcionar las circunstancias desencadenantes y Mitre señala cómo se advierte ya ese sentimiento, génesis, para él, del sentimiento nacional, [54] aguzado luego cuando la reacción se advierte en los grupos que llamara peninsulares. [55]

Pero ambos fenómenos eran estrictamente porteños, y Mitre lo señala, consciente de su significación y de su trascendencia. En efecto, esta circunstancia determina, para después de la revolución, una política precisa para los grupos de Buenos Aires. La revolución es también porteña, y la primera carta o constitución ha sido “votada por un solo municipio”, [56] y es, en el fondo, también porteña, puesto que supone la transferencia de la autoridad virreinal a la Junta de Buenos Aires. Mitre señala entonces cómo los demócratas perciben el peligro de esa asimilación de autoridades [57] y cómo Moreno sentará desde un principio la doctrina federativa para prevenir el peligro de una reacción antiporteña del interior; [58] pero defiende en la política de Buenos Aires el instinto de conservación de la unidad y destaca la clarividente doctrina de Paso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo —la del derecho revolucionario de Buenos Aires para asumir de hecho la representación de todos los pueblos del virreinato—, calificándola como “la fórmula política de la revolución, municipal en su forma y nacional o, más bien dicho, indígena en sus tendencias y previsiones”. [59]
Esos eran, en efecto, los supuestos de la política porteña desde 1810 hasta 1820; Buenos Aires había adquirido el derecho de mantener el control de la letalidad de los territorios del antiguo virreinato, porque se consideraba la única capaz de mantener la unidad, y Mitre destacará sus esfuerzos para lograrlo, cómo propugnó tal política por medio de la Asamblea de 1813 y del Congreso de Tucumán de 1816, cómo bregó por “nacionalizar” el poder central, [60] cómo era ese el sentimiento de los hombres mejor inspirados de Buenos Aires, y cómo, finalmente, surgía, a su juicio, de los hechos la convicción de que solo conservando Buenos Aires la dirección de la totalidad de la nueva nación podía conservar esta su unidad y su Estructura política. [61]

Mitre se esfuerza, evidentemente, por señalar los fundamentos de derecho y de tradición que apoyaban entonces —como creía que apoyaban en su tiempo— las líneas generales de la política porteña; y, en mérito a esa concepción del problema de la unidad de la nación, omite la consideración detenida y objetiva de la trascendencia que, sin duda, tenía el hecho —señalado por él reiteradamente, aunque no profundamente valorizado— de la exaltación espontánea y fundada del sentimiento localista [62] y del sentimiento de comunidad americana en el que se inscribía y que debía perdurar hasta mediados del siglo XIX; [63] persiguiendo una línea de desarrollo, Mitre dejaba de lado los elementos que contradijeran o que no coadyuvaran a su establecimiento.

Pero si el sentimiento de americanidad, que constituye una de las dimensiones del movimiento por la independencia, aparece desvanecido en su concepción del movimiento revolucionario —seguramente porque su experiencia le demostraba que era ya caduco— el sentimiento localista, raíz de la tendencia federativa, merece de él un juicio más atento. Desde su punto de vista y en términos generales, el localismo tenía como nota fundamental el carácter negativo de ser una tendencia disgregatoria; pero Mitre observa y destaca en él otras fases, en las que encuentra sus caracteres positivos; las tendencias federalistas corresponden, a su juicio, a un impulso natural que se observa cuando se produce un fenómeno de emancipación, [64] y lo ve manifestado, en este caso, bajo la forma de un odio acentuado del interior hacia Buenos Aires. [65] Mitre no procura explicarse profundamente el fenómeno, aun cuando proporciona muchos elementos con que hacerlo, tales como la diferenciación entre el litoral y el interior mediterráneo, el desarrollo económico o la significación de Buenos Aires como puerto; pero tampoco allí advierte las causas primeras, sino que se contenta con explicarse el hecho como un sentimiento espontáneo y por el predominio de los caudillos que explotan en provecho propio ese sentimiento, que, en sí mismo, podía ser valioso. [66] En efecto, una observación directa de la Realidad de su tiempo y su cotejo con la situación social anterior a la Revolución demostraba a Mitre que, al calor del sentimiento localista, habían surgido a la vida política densos grupos sociales que no habían revelado antes de 1810 ninguna sensibilidad ciudadana y que la habían logrado precisamente en el ejercicio de la defensa de unos derechos inmediatos; la lucha fue, pues, escuela de ciudadanía en el más amplio dominio de la nación cuando esa Realidad fue percibida. Al cabo de cuarenta años, en efecto, podían observarse ya los resultados, y cada vez que fustiga el sentimiento localista atendiendo a sus consecuencias nefastas para la unidad de la nación en el período de 1810 a 1820, deja constancia Mitre de que residía en él un germen de elementos moderadores y constructivos, contenidos por la prevalencia de las fuerzas espontáneas que los caudillos estimulaban, pero que se desarrollarían un día para proporcionar a la nueva nación un principio de reordenación y un cuerpo renovado con nueva savia. [67] Mitre condena la explosión de esos impulsos anárquicos, pero es a los malos pastores a quienes carga la responsabilidad de haber estimulado su fuerza primitiva y no sus principios de moderación; pero el sentimiento mismo se le presenta como un signo de vitalidad y descubre en él el motor por cuyo impulso ganó la nación grupos activos para su reconstrucción tras la etapa anárquica, y acaso por eso insistía Mitre en que era necesario estudiar la anarquía con máxima atención si se quiere entender con claridad nuestro Pasado. [68]

Ya en su interpretación de la Crisis de 1820 como un Proceso de liquidación de la Colonia, prueba Mitre la existencia de una dimensión valiosa y significativa en el movimiento federalista, que se nutre del localismo primitivo; [69] la Colonia, en cuanto Estructura social, no suponía, en efecto, participación alguna de los grupos sociales del interior, porque Buenos Aires era quien había configurado el virreinato por irradiación y llegaba hasta donde su irradiación se encontraba con la de Lima; Buenos Aires heredó del virreinato la convicción de su derecho al ejercicio de la autoridad, y aun cuando comenzó su obra revolucionaria convocando al interior a la labor de reconstrucción del país sobre nuevas bases, se manifestó impotente y ciega para comprender y para canalizar las explosiones de los núcleos sociales a los que ella misma había llamado a la existencia política y que no querían soportar, en un régimen de nación independiente, la tutela que antes sufrían como Colonia; junto a este juego de tendencias señalará Mitre otro plano de fricciones en la incapacidad del interior para aceptar el tipo de democracia orgánica y liberal que Buenos Aires proponía, de la que debía surgir una reacción violenta que el caudillismo estimulaba para obtener, en la disgregación del poder central, una ocasión favorable para la posesión del poder. Desde ese momento, aguzadas las pasiones, la nueva nación no podía ser un mero calco del viejo virreinato, y mientras apareciera la fórmula de conciliación —oculta, sobre todo, por la inexperiencia en el ejercicio de la vida política, a los ojos de unos y otros— no había otra posibilidad que renunciar a la constitución de la nación, y Buenos Aires, hasta 1820 vestal de la unidad, cedió en la demanda bajo la presión de los ejércitos de Cepeda.

Mitre no podía sino condenar un sentimiento que había conducido a tal situación, y así lo hace con frecuencia; y no solo lo condena a él y a sus portadores, sino también a los propulsores de la política tibia y transigente de Buenos Aires cuando la separación del Paraguay, [70] o cuando, en holocausto de la paz, se manifestó en los grupos porteños la tendencia a ceder los derechos de la capital a la hegemonía política en 1816. [71] La condenación del localismo era, pues, el resultado de un punto de partida permanentemente mantenido por Mitre, que veía en Buenos Aires y en el mantenimiento de su autoridad la condición indispensable de la unidad, [72] y correspondía a la valoración de sus consecuencias, manifiestas en la disolución de la sociedad política tras los esfuerzos desesperados de los grupos ilustrados de Buenos Aires por mantenerla y consolidarla; [73] parecía como si Mitre se sintiera entonces continuador solidario de aquel punto de vista.

Pero la condenación no podía ser absoluta siendo Mitre quien era, con su claro sentido de la Realidad y con su penetrante comprensión del juego de la vida política. El localismo como impulso instintivo había cristalizado, poco a poco, como doctrina, en el ideario federal, y tal concepción de la organización constitucional del país no tenía para él, que no se curaba de fantasmas, el signo de barbarie excluyente que tuvo para otros, como para el mismo Vicente Fidel López, por ejemplo; era, por el contrario, una forma jurídica que nada tenía que ver con los horrores que se habían cometido en su nombre, y en la que veía ahora, precisamente, la posibilidad de una estructuración del país. Mitre no ocultaba su visión con la venda de esa antinomia ya caduca de unitarios y federales y procuraba ver la Realidad tras los esquemas de las ideologías; y como la Realidad le ofrece el espectáculo de una comunidad que da por presupuesta la nación, pero que defiende las autonomías locales, Mitre se rinde a la evidencia y acepta la Realidad como es, para canalizar sus impulsos, pero sin estrellarse contra la roca de sus principios radicales y constitutivos. Por esa flexible comprensión de lo inmediato era Mitre un político de excepción, y por eso, en cuanto historiador, sabe ver en el sentimiento localista, tan fustigado por él cuando se manifiesta bajo sus formas bárbaras, los elementos valiosos que han decantado en una concepción eficaz de la convivencia. Y en el Proceso de formación del concepto de nación que desemboca en la Crisis, en la que debe actuar como político, sabe reconocer, para aleccionar a los espíritus obnubilados, lo que aquel sentimiento ha aportado: una idea estructuradora intensamente vivida, bajo la cual ha sido posible la integración en la comunidad nacional de grupos sociales robustos y conscientes, en quienes la lucha por un ideal de convivencia testimoniaba la voluntad gregaria. Había sido la Realidad histórica que le fuera dado observar en el decenio que transcurre entre la secesión de Buenos Aires y la batalla de Pavón la que lo había incitado a buscar en el Pasado cuál era la auténtica significación de la nefasta antinomia de unitarios y federales, que él deshace como historiador en la conciencia colectiva y como político en el campo de la Realidad contemporánea.

La conceptuación de las ideologías

Como cuando se plantea el problema de las raíces del sentimiento nacional, Mitre parte, al tratar de señalar las líneas de desenvolvimiento y constitución de las ideologías, de la temática suscitada por la situación inmediata. El punto en el cual habrán de desembocar está señalado inequívocamente por el triunfo de la organización republicana y federal, animada por un espíritu fuertemente liberal y democrático, y Mitre procurará ahondar en la persecución de sus antecedentes en el Pasado colonial y señalar luego su Proceso de maduración, las fuerzas que lo combatieron, aquellas que con su oposición contribuyeron a acentuar su perfil, y finalmente su estructuración definitiva en un sistema de formas políticas y de convicciones ideológicas aceptadas por el consenso unánime y consolidadas en la conciencia de la comunidad organizada bajo formas jurídicas.

Este sistema compacto de formas y de ideas coincidía con la sensibilidad pública de Mitre; surge enérgicamente en todas las ocasiones en que se enfrenta con el tema, como un sentimiento de repulsión hacia las autocracias, manifestado en su acción política y definido expresamente en su labor de historiador a propósito de la conducta de los caudillos o de los intentos militaristas de Alvear o de Bolívar; y está presente en su constante exaltación de las virtudes republicanas, que él mismo ejercitara en grado sumo y que destaca como notas predominantes en el comportamiento de Belgrano o de San Martín, de Rivadavia o de Lavalle; aún es posible advertirlas en el cálido elogio que le merece la democracia norteamericana, cuyos modelos paradigmáticos halla en Franklin y en Washington, a quienes atribuye la significación de ejemplos vivos para el demócrata y el republicano. [74]

Para filiar el Proceso de constitución y afirmación de esa ideología, así como su choque con aquellas que se le opusieron, parte Mitre del análisis de la Estructura típica de la sociedad virreinal en el Río de la Plata, en la que descubre los testimonios de una democracia radical y constitutiva, que es su principal característica y de la que señala la trascendencia como principio diferenciador; [75] esta democracia poseía, en el régimen de los cabildos, el germen del principio representativo, y Mitre considerará desarrollo de él las etapas primeras del movimiento revolucionario y emancipador. [76]

Contrastaba con ese sentimiento la ruda coacción que ejercía el régimen impuesto por la metrópoli en materia económica, y el monopolio habrá de traer a primer plano, a juicio de Mitre, la conciencia de las diferencias sociales y económicas suscitadas por ese régimen, entre los que se beneficiaban y los que se perjudicaban con él; Mitre señala la importancia de este factor en la constitución de las ideologías y ve en él —así como en otros privilegios diferenciales y en la creciente solidaridad de los grupos peninsulares con el régimen establecido— el principio de diversificación, en el seno de la sociedad porteña de la época virreinal, de dos grupos que se oponen ya en el último cuarto del siglo XVIII. Estos dos grupos, señala Mitre, existían en los hechos desde hacía mucho tiempo, pero adquirían conciencia de su desigual situación cuando se opera, en Buenos Aires especialmente, la recepción del pensamiento liberal por parte de las minorías ilustradas, manifestado, en principio, en el campo de las cuestiones económicas y muy pronto en el de las cuestiones políticas. Es a Belgrano a quien señala Mitre como propulsor de estas ideas en el Río de la Plata, luego de su viaje a Europa, y señalará en el grupo que se constituye a su alrededor —o, mejor dicho, alrededor de esas ideas— el Proceso de formación de una conciencia de minoría que hará de él, poco después, el núcleo director de la opinión popular. [77]

Es esta minoría la que otorga personalidad política al sentimiento espontáneo de los grupos criollos cuando, alrededor de los acontecimientos vinculados a las invasiones inglesas, esto es, la reconquista y la defensa, la deposición de Cisneros y la sublevación de Montevideo, comienza a advertir su diferenciación de los grupos peninsulares. Los criollos seguirían el ideario liberal en materia económica y política; los peninsulares, por el contrario, se afirmarían en una posición reaccionaria frente a él, opuesta al levantamiento del monopolio y a todo comportamiento que significara una oportunidad para la manifestación del espíritu autonómico de los criollos. [78] De este modo ve Mitre delinearse en los orígenes coloniales lo que él llamará “el gran partido de la revolución”, liberal, progresista, democrático, pero típicamente porteño, y frente a cuyas aspiraciones estaba totalmente inerte el resto de los pueblos del virreinato.

A este partido, con estos caracteres, es a quien hace Mitre protagonista de la Revolución de 1810, que cuajó con ellos en la conciencia popular, aunque luego se desvirtuaran ocasionalmente algunos. La minoría ilustrada intentó imponer desde el primer día ese cuerpo de doctrina, ese conjunto de ideales sistemáticamente combinados en la noción de democracia orgánica, que Mitre opone a las formas semibárbaras; [79] sus dirigentes eran “hombres de principios”, esto es, poseedores de un sistema claro de ideas acerca de los problemas políticos, económicos y sociales, que aspiraban a imponer como una ideología cerrada.
[80] Eran sus notas originarias el ideal republicano y democrático y la tendencia liberal, pero apenas transformada en acción gubernativa se manifestó como caracterizada también por una tendencia centralizadora, proveniente, a un mismo tiempo, de la mera tradición virreinal y de la convicción de que el germen revolucionario solo tenía fuerza suficiente para prosperar en la capital; poco después, en tanto que se realizaba en los hechos, señala Mitre cómo se advertía finalmente una notoria incapacidad técnica, producto de la inexperiencia, de la escasa difusión de los mecanismos puestos en uso por la democracia norteamericana y acaso por cierta carencia de elasticidad para ajustar las ideologías a los cambios inesperados y repentinos que se producían en la Realidad social y política,
[81] acentuada por el vago temor que la minoría ilustrada sentía con respecto a la intromisión de las Masas populares en la dirección del movimiento revolucionario, al que podían darle un tono demagógico y violento que repugnaba a su temperamento moderado.
[82]

La transformación de la Realidad social y política se operó cuando los grupos sociales del interior se sumaron a la Revolución, respondiendo al llamado de Buenos Aires, pero manifestando también, desde el primer momento, su decisión de no ser, como habían sido en el virreinato, elementos puramente pasivos. Pidieron derechos que la ideología centralista de los de Buenos Aires no había previsto, y Mitre señala en ellos una tenaz resistencia a toda modificación de su concepción cuando observa que el gobierno porteño consideraba la federación como un régimen peligroso
[83] y que la no aceptación de los principios sentados por Moreno, en su previsor y clarividente editorial de La Gaceta, había ocasionado la primera dislocación del poder central. De esta actitud de la minoría ilustrada de Buenos Aires había de nacer el profundo resentimiento de los pueblos del interior hacia la capital, que Mitre señala reiteradamente,
[84] y en el que ve, por sobre los justos motivos de la disidencia provinciana, una intolerancia para la acción progresista y liberal que constituía una fuerza retardataria para la revolución, aun cuando afirma la presencia de un genuino sentimiento de democracia y de emancipación en el sentimiento que la mueve.
[85]

Mientras señala el ascenso de este nuevo elemento en el cuadro de las ideologías, Mitre comprueba la escisión del partido revolucionario en dos grupos, el de los demócratas y el de los Conservadores, localizando en el primero las tendencias del partido que, en adelante, llamará “liberal”, a quienes considera, además, herederos y sustentadores del espíritu originario de la primitiva minoría ilustrada; los Conservadores, en cambio, se torcerán hacia una posición reaccionaria, teñida ahora con una tendencia demagógica, que se manifestará en el orden local en el motín de abril de 1811 y en el orden nacional en la sinuosa aceptación de las tendencias localistas y federativas,
[86] más por la mezquina ventaja circunstancial que proporcionaba a sus intereses facciosos que por una convicción profunda. Como una consecuencia de los acontecimientos que provocó la preeminencia del grupo conservador, los demócratas afirmaron sus convicciones y el grupo cuajó en el partido liberal, fortalecido con nuevos elementos, fijado resueltamente en su ideología, gracias al programa categórico de la Asociación Lautaro, y resuelto, más que nunca, a fijar en la capital el centro de la autoridad y en el gobierno central la totalidad del poder. Así ve Mitre el Proceso político e ideológico de los primeros tiempos de la revolución.
[87]

El fortalecimiento del partido liberal y el decidido impulso que dio al establecimiento de su ideología política desde el gobierno contribuyeron, por contraste, a definir los sentimientos y las aspiraciones de los grupos del interior, federativos en cuanto a régimen de gobierno y recalcitrantes en cuanto a las tendencias liberales y europeizantes de aquel. Mitre ve en los últimos unos grupos rurales, enemigos de la ciudad en cuanto a forma de vida y en especial de la capital en cuanto a centro de difusión de los ideales que ellos resistían; ve en ellos una “tercera entidad, enemiga igualmente de realistas y patriotas”,
[88] en la que advierte el predominio de ciertos instintos primitivos y bárbaros, bajo los cuales se esconde el germen de una democracia instintiva, pero irreflexivo y falto de control, producto de un impulso desatado, estimulado en sus tendencias irreflexivas por los caudillos ambiciosos; Mitre no escatima la censura contra estos últimos, pero reconoce aquellas virtudes en potencia en las Masas que les seguían, de las que, si no podía esperarse nada entonces, era lícito aguardar en lo futuro —un futuro que Mitre veía como presente— un fortalecimiento de la democracia, una vez que se decantaran sus tendencias y se apagaran los influjos maléficos que obraban sobre ellas.
[89] Vale la pena observar, sin embargo, que, aunque estima sus sentimientos democráticos, pospone ese valor positivo a lo que significaba su actitud antiprogresista para la construcción del país.

Junto a su condenación del movimiento federalista por las circunstancias anotadas, que implicaban, a su juicio —como para el partido liberal en el período de 1810 a 1820—, la anarquía, el desorden y la quiebra de la libertad, [90] Mitre deja constancia de su condenación por las vacilaciones del partido liberal cuando se abocó a la solución de los problemas planteados por su antagonismo con el interior. Igualmente fustigará Mitre el absurdo intento militarista de Alvear, sus negociaciones con la monarquía inglesa y las que todo el grupo liberal llevó a cabo en las cortes europeas; en efecto, llamará indefectiblemente “error” a las tendencias monárquicas, [91] porque considera que no se ajustaban al “modo de ser de la América”, [92] aun cuando justifica la buena fe de algunos de sus sostenedores; [93] considera que la idea republicana es el resultado de una tendencia innata, tal como se manifestó en el hecho de que el Congreso de Tucumán, contra lo que podía suponerse, dadas las características políticas de sus miembros e inspiradores, [94] fuera capaz de acertar —es el término usado— [95] con la auténtica solución republicana. Y cuando se enfrenta con este período, ante la impotencia del partido liberal porteño, ante la ceguera de los grupos federalistas y ante la promesa de éxito que se adivinaba en la campaña libertadora de San Martín, ajeno al juego de los intereses políticos, afirma Mitre que la revolución se ha bifurcado, y que así como la que se proponía la emancipación avanza por la vía del triunfo, la que se proponía organizar el país plantea un dramático interrogante; esta segunda es para Mitre la verdadera, la profunda revolución, [96] y se esforzará por describir, partiendo de su concepción de los complejos históricos, cuáles son los elementos en pugna: “Mientras tanto, la revolución interna, más ingobernable cada día, seguía su curso fatal. Efecto de nuevas vivas fuerzas que se chocaban, se neutralizaban o se combinaban sin concierto; producto de instintos selváticos de independencia individual y de reglas teóricas de disciplina legal; antagonismo de oligarquía y de democracia, complicación de rivalidades locales, de ambiciones personales, de pasiones egoístas y tumultuosas, de movimientos convulsivos de las Masas ignorantes y de errores de los hombres ilustrados, de falta de cohesión social y de coherencia política, desequilibrio de fuerzas morales y materiales, la revolución interna revestía constitutivamente la forma innata de una república democrática que aspira con ardor a la independencia nacional”. [97] Así ve Mitre la Crisis en varios pasajes de notable agudeza.

La Crisis dejaba, pues, a salvo el principio de la república democrática e independiente; pero Mitre observará con singular acuidad que en ese Proceso el ideario liberal y progresista permanecerá ajeno a los núcleos federalistas; entretanto se conservaba en Buenos Aires vigente aún por algún tiempo con el Directorio, cada vez más impotente y más inhábil; pero después se ocultará cuando por la fuerza de las armas cede Buenos Aires sus derechos a la hegemonía, pero solo para volver a surgir a la luz bajo la inspiración rivadaviana, dentro de los límites de la provincia; y todavía intentarán las minorías ilustradas de la capital con Rivadavia, esta vez presidente, ejercer su función directora sobre la totalidad del país, y entonces, como antes desde su ministerio provincial, impondrá su programa liberal y progresista, en el que Mitre ve la perpetuación de aquella línea de pensamiento que, iniciada con la minoría ilustrada del último período colonial, se manifiesta luego en Mariano Moreno y en el grupo de los demócratas primero, y en el partido liberal después, y en la que, junto a aquella ideología se manifestara nítidamente una invariable tendencia al centralismo porteño. [98]

Pero la tormenta de las pasiones y de los instintos incontenidos había de poner fin a la política rivadaviana; Mitre lo ve descender del poder sintiendo en su ánimo de historiador del Pasado la misma amargura con que el político había visto reaparecer, después de Caseros, el cintillo rojo de Urquiza. Mitre, sin embargo, sigue pensando que Buenos Aires cumplía secretamente su función monitora sobre la nación anarquizada, porque sabía que esta alcanzaría un día el grado de evolución necesario como para aceptar el plan ejemplar implícito en la política ejercitada por Rivadavia como ministro de Buenos Aires y como presidente de la República: no escribió sobre lo que ocurrió después, pero reconocía de hecho que el país había sufrido una catarsis purificadora durante los años de la dictadura y que por ella se había tornado apto para recibir la herencia del más grande hombre civil de los argentinos.

Mitre verá, bajo el prisma de su propia experiencia de hombre de acción que, en efecto, la totalidad de la comunidad social podía en su tiempo aprovechar y calcar acaso lo que Buenos Aires había emprendido con éxito, mientras su área de influencia había sido el restringido campo de la provincia; y cuando, elogiando a Rivadavia, recuerda su labor constructiva como ministro y como presidente —como presidente que tampoco sentía el país mucho más allá del Arroyo del Medio—, se atreve a afirmar —era en 1880— que la Constitución del ’53 había seguido las huellas de la constitución rivadaviana, con las solas modificaciones que importaba la acentuación de la tendencia federalista, ya esbozada y sabiamente compensada por su autor. [99] Acaso por eso la defendió con calor en el período porteño de su actuación política, porque era liberal y progresista, porque era federal sin excesos que pudieran conducir a la disgregación, porque era nacional sin desconocer la significación de su ciudad amada. Pero, sobre todo, fue por reconocer en ella la línea de la ideología democrática y liberal, cuyo curso procuraba establecer tan cuidadosamente, por lo que Mitre saludó en ella el triunfo de una orientación política que creía con firmeza que coincidía estrechamente con el ser de la nación.

La concepción del Pasado histórico y los ideales de la segunda Argentina

He ahí los dos cauces en el río del tiempo por los cuales quiso remontar Bartolomé Mitre el curso de la vida argentina para conocer el sentido de su fluir y el principio de su Estructura. De la nación como supervivencia del viejo virreinato había visto surgir, tras dura lucha, una nueva nación, amalgama y fusión profunda de su auténtica Realidad social. Su lucha por la organización definitiva del país, dentro de un orden constitucional, había constituido toda una etapa de su vida, y Mitre pudiera descansar como un guerrero victorioso que hubiera conseguido su aspiración primordial. En 1860, cuando consideraba que su misión estaba cumplida, Mitre resumió en una página magnífica la marcha histórica en la cual recorría las últimas etapas: “Hoy recién —decía al jurar la Constitución Nacional en la Plaza de Mayo—, [100]
después de medio siglo de afanes y de luchas, de lágrimas y de sangre, vamos a cumplir el testamento de nuestros padres, ejecutando su última voluntad en el hecho de constituir la nacionalidad argentina bajo el imperio de los principios.

“Hoy recién, después de tantos días de prueba y de conflictos, podemos decir con júbilo en el alma y con el corazón rebosando de esperanza: ésta es la Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya independencia fue proclamada en Tucumán hace cuarenta y cuatro años, el 9 de julio de 1816. Ésta es la Constitución de la República Argentina, cuyo voto fue formulado hace treinta y cuatro años por el congreso unitario de 1825. Ésta es también la Constitución del Congreso Federal de Santa Fe, complementada y perfeccionada por la revolución de septiembre, en que Buenos Aires reivindicó sus derechos, y como tal, ésta es la Constitución definitiva, verdadero símbolo de la unión perpetua de los hijos de la gran familia argentina, dispersados por la tempestad, y que al fin vuelven a encontrarse en este lugar en días más serenos para abrazarse como hermanos bajo el amparo de la ley común”.

Sin embargo, algo decía en el fondo de su conciencia de luchador infatigable que nuevos trabajos le aguardaban, porque creía que era deber de la hora, tras la organización del país, desarrollar hasta sus posibilidades últimas esa dimensión, consustanciada con el ser de la patria, constituida por las tendencias liberales y progresistas, que él veía potenciadas en el pensamiento y en la acción de aquellos a quienes saludaba como padres genuinos y venerables de la nueva nación.

Había aprendido que era estéril y caduca la vieja antinomia de unitarios y federales, y que ahora se entreveraban en ella nuevas tendencias e ideales que era necesario entresacar y replantear con clara conciencia de las realidades nuevas. Se sentía acaso menos unitario, pero más ardientemente antidictatorial, más demócrata y más liberal, más enamorado de la tarea de civilizar el país y conducirlo hacia una prosperidad material que permitiera el brillo de su grandeza íntima. Lo que ahora estaba en pugna no eran ya dos principios para la estructuración del país: eran dos políticas para el presente y el futuro del país estructurado. Y el historiador y el político que se proyectaban sobre las vías, paralelas en su existencia, del pensamiento y de la acción, afirmaron con una vigorosa fidelidad a las lecciones de la historia que la construcción del país naciente solo podía realizarse con los andamios de aquellos ideales que levantaron los que entrevieron por primera vez dibujada su fisonomía como nación liberal y democrática.

En última instancia, y como más próximo a su propia visión del destino del país, Mitre vio el paradigma de su acción política en la de Rivadavia, que le mostraba la obra de un “poderoso cerebro que presintió la vida futura de la patria”; y cuando en 1880 quiso esbozar su obra, iba reconociendo paso a paso que constituía el esquema de su propio programa como estadista. “Adelantándose a su tiempo —decía en aquel discurso memorable—, [101]
él enseñó que el hombre, libre por su naturaleza, no es el siervo perpetuo de la gleba ni el feudatario de otros hombres constituidos en autoridad; que el extranjero no es un huésped consentido, sino un miembro de la familia social; que el comercio es la fraternidad práctica de los pueblos y de los individuos; que los derechos civiles son el patrimonio común de la humanidad; que el consorcio armónico de las razas hace la grandeza de las naciones; que la equidad, la justicia y la igualdad ante un derecho universal es la ley primordial de la civilización. Con arreglo a este código escrito en la conciencia humana, dio una patria a los extranjeros que viniesen a vivir al amparo de nuestras leyes hospitalarias, igualando sus derechos civiles con los de los nativos, declarándolos eternamente inviolables, y dio así a los propios un escudo contra la arbitrariedad doméstica y un medio de rescatarlos en todo tiempo. Hizo cesar la bárbara prohibición de que los españoles contrajeran uniones lícitas y fecundas en el país. Él predicó esta verdad, vulgarizada hoy, que le valió en su tiempo el epíteto de utopista: que el orden, la libertad, la seguridad, la dignidad del hombre constituido en sociedad son los medios más eficaces para aumentar la población, ocupar los desiertos, acrecentar la masa del capital social y dar base inconmovible a la felicidad pública y privada.” Palabras llenas de emoción y de intención contemporáneas con las que Mitre definía a un tiempo la filiación de la política liberal y los caracteres con que la postulaba para el futuro.

De esta filiación histórica resultaba, en efecto, su fundamentación teórica y su ejecución activa en una labor de medio siglo, porque en Mitre se confundían el historiador y el político en una sólida y compacta Estructura íntima. Por un claro sentido de la Realidad inmediata, por la fuerza de un ideario firme, que compartía con otros de su generación, pero que él resumía en su posición y definía como ninguno, acaso, de sus contemporáneos, habían de estar a su lado los espíritus más preclaros, y aun aquellos que disentían de él en cuestiones circunstanciales. Y con él, como con Elizalde y Rawson, con Costa y Vélez Sarsfield, con Sarmiento, Avellaneda y Roca después, el país debía cumplir los designios precisos de aquella política, que implicaba una verdadera construcción de su Estructura material y espiritual, porque suponía el desarrollar su inmenso potencial económico, el acrecentar su población con una sana política inmigratoria, el educar a los niños y a los jóvenes, el capacitar a los ciudadanos para el ejercicio de la vida cívica, el perfeccionar las instituciones republicanas.

Miguel Cané nos ha dejado en su deliciosa Juvenilia un testimonio inapreciable para descubrir el Proceso de crecimiento y maduración de esa sensibilidad democrática, progresista y liberal que caracteriza ese período que transcurre bajo la advocación de Mitre y que, por la peculiaridad de su fisonomía, bien merece ser llamado el período de la segunda Argentina. Se reconocen en sus páginas, frescas y ricas en experiencias inmediatas, las premisas de una conducta republicana elevadas a una categoría de principios inmutables en la conciencia de los grupos ilustrados, los signos de un concepto honrado y responsable de la vida pública, los principios de una política de esfuerzo y sacrificio, llena de heroica civilidad y destinada a transformar un país colonial en una potencia soberana y poderosa material y espiritualmente.

El pensamiento político de Mitre, en quien se resumen en buena parte las aspiraciones y los ideales de su tiempo, sus convicciones espontáneas, así como aquellas que las complementaban y que habían surgido ante sus ojos de la lección de la historia —de una historia que él mismo construía para proveer al país, como lo presentía Sarmiento, de una conciencia colectiva—, constituía la expresión más clara y precisa, más profunda y madura de los ideales de una Argentina nueva, de la que surgía tras la larga catarsis experimentada en cincuenta años de ensayos y de errores, de esfuerzos y de luchas: era una segunda Argentina, prefigurada en la primera, pero depurada y perfilada como comunidad social y como entidad política, y en la que nuevos rumbos se afirmaban ya sobre las sólidas calzadas de las instituciones constituidas y de las convicciones arraigadas.

Y no eran ideales vanos y remotos, sino, por el contrario, circunscriptos y afirmados ya por un principio de realización. Exigían, eso sí, inquebrantable decisión y sentido de la Realidad. La magnitud de la faena no podía, sin embargo, postrar las voluntades de aquellos espíritus hechos a la lucha, y se vio, en cambio, cómo crecían ante los obstáculos, cómo aguzaban sus sentidos para la percepción de los medios y de los fines, cómo templaban el ánimo viril para perseverar en la acción predeterminada. No eran Aquiles o Ayaces: eran, acaso, Cincinatos que todo lo esperaban de sí mismos y que ejercitaron la primera virtud humana del esfuerzo vigoroso y esperanzado en el destino de la colectividad, por cuyo bien luchaban.

Los años que transcurrieron entre la constitución de la Nación y la Crisis del ’90 configuran, desde el punto de vista de nuestra historia social, un período de fisonomía precisa y clara, dibujada por la nitidez de los ideales perseguidos y por el esfuerzo ciclópeo cumplido para tornarlos realidades. Fue la era de la sana política inmigratoria, de la legislación liberal, del desarrollo de la educación pública, de la toma de posesión de la tierra, del estímulo de las actividades creadoras de la riqueza, del afianzamiento de las instituciones republicanas, de la exaltación del sentimiento cívico. Fue la era de la construcción del país.

Nadie podrá negar que es a los hombres de la segunda Argentina a quienes debemos esa obra ingente y nadie podrá negar que su programa ha quedado inconcluso. Vivimos una tercera Argentina, hija de aquella, que ha creído que le era lícito descansar de tantas fatigas. El error es profundo y acusa como su rasgo predominante una inaudita inconciencia histórica. Por eso la hora es ya llegada de que realicemos un nuevo ajuste entre el Pasado y el futuro, como Mitre lo hizo, para descubrir cuáles son los deberes que nos impone la continuidad del destino común.

Notas

1 Se encontrarán noticias sobre esta etapa del pensamiento de Mitre en José Juan Biedma, El teniente general Bartolomé Mitre, publicado como apéndice a la edición de las “Arengas”, La Nación, t. III, Buenos Aires, 1902; y en Adolfo Mitre, Mitre, periodista, Buenos Aires, 1943. Puede consultarse también Rojas, Historia de la literatura argentina.

2 La biografía de Artigas estaba casi concluida en 1842, en Montevideo.

3 Mitre, discurso pronunciado en la sesión del 4 de marzo de 1854 en la Asamblea General Constituyente, en “Arengas”, La Nación, t. I, Buenos Aires, 1902, pág. 51.

4 Mitre, Historia de Belgrano, edición de 1858, t. I, pág. 5; véase el comentario del propio autor en Comprobaciones históricas, Buenos Aires, La Facultad, 1921, edición de Ricardo Rojas, segunda parte, págs. 56-57.

5 Sarmiento, Historia del General Belgrano por el General Mitre, corolario de la primera edición, publicado en la edición de 1858-1859.

6 Véase Mitre, Estudios históricos sobre la Revolución de Mayo: Belgrano y Güemes, Buenos Aires, 1864.

7 Mitre, Manifiesto revolucionario, octubre de 1874, en “Arengas”, t. II, págs. 203-204.

8 Mitre, A la juventud de Buenos Aires en su meeting de la Unión Cívica, en “Arengas”, t. III, pág. 98.

9 Véase cómo admira en San Martín esta cualidad específica en Historia de San Martín, edición oficial, Buenos Aires, 1938 y ss., t. I, pág. 141 (cf. “Arengas”, t. II, pág. 208), t. II, págs. 98 y ss., t. III, pág. 482.

10 En las Comprobaciones históricas, en las historias de Belgrano y de San Martín, en algunos discursos, especialmente en los llamados “Acuñación de moneda”, “Cuestión de San Juan”, “Cuestión puerto de Buenos Aires” y otros, se advierte la huella o la enunciación explícita de esas lecturas, en las que predominan los historiadores como Thiers, Michelet, Guizot, Macaulay, Gervinus, etc., los sociólogos y políticos como Rousseau, Payne, Spencer, Bentham, Taney, Blackstone, Hamilton, etc., los economistas como Say o Peel.

11 Véase, como ejemplo, la carta de Mitre a Barros Arana, publicada luego en la Revista Chilena con el título de “Carta sobre literatura americana”, que Rojas transcribe en parte en la “Noticia preliminar” a las Comprobaciones históricas, págs. XX y ss. En rigor, toda la obra citada puede testimoniar esa preocupación.

12 Véase el siguiente pasaje de Rivadavia, en “Arengas”, t. III, pág. 24: “Este programa enciclopédico y racional (que fue llenado), señala la más luminosa explosión de los conocimientos humanos entre nosotros, y es el punto de partida del sólido sistema de educación que definitivamente hemos adoptado, dándole por base la ciencia positiva, sin la cual todo saber es estéril”.

13 Obsérvese cómo justifica Mitre la acción pública de las minorías ilustradas de 1814 a 1815 por su inexperiencia política en Historia de Belgrano, edición oficial, t. VII, págs. 226-227.

14 Véase Historia de Belgrano, t. VI, pág. 428.

15 Véase Comprobaciones históricas, parte segunda, págs. 47 y ss.: “Sus juicios —dice refiriéndose a Vicente Fidel López— reflejan la intolerancia política de la época de lucha de los partidos históricos, que pretenden imponerse sin contradicción, lo que obscurece su fina y natural penetración, y participa del carácter retrospectivo que le hemos señalado; a veces son irritantes para la serena imparcialidad de los presentes, y a menudo pecan por falta de medida o equilibrio moral”.

16 Véase el pasaje ejemplar de las Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 197: “Si del patriotismo en la historia se trata, lo entendemos como todos los que, escribiéndola de buena fe y con espíritu libre, buscan en ella la verdad sin halagar preocupaciones propias ni extrañas, ni fomentar odios internacionales y la dicen con franqueza y sin temor, sea que favorezca o no al país de su nacimiento, porque el sentimiento conservador de la nacionalidad, que se inspira en el Pasado, busca en la verdad lecciones y reglas de conducta para el presente y el futuro, y no la estéril satisfacción de la vanagloria”.

17 Podrían señalarse numerosos pasajes de las Comprobaciones históricas, de las dos historias, y de los Estudios sobre la Revolución, para probar esta preocupación; ha sido, justamente, su evidencia, lo que ha inducido al error de creer que esa era la preocupación decisiva de Mitre como historiador.

18 Véase Comprobaciones históricas, parte segunda, págs. 54 y ss.

19 Comprobaciones históricas, parte primera, págs. 198-199.

20 Comprobaciones históricas, parte primera, págs. 9, 199 y ss.; parte segunda, pág. 28.

21 Véase su cuidado para establecer la recta ordenación de los hechos en los siguientes pasajes, por vía de ejemplo: Historia de Belgrano, t. VI, pág. 1 (las primeras líneas de la “Introducción”); pág. 236; págs. 242-243; pág. 429.

22 Comprobaciones históricas, parte primera, pág. 197.

23 Comprobaciones históricas, parte primera, pág. 342.

24 Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 57; Historia de Belgrano, t. VI, pág. 2.

25 Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 55.

26 Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 26.

27 Véase el sugestivo pasaje de las Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 27: “Hoy la filosofía de la historia no es un discurso dogmático como el de Bossuet, ni un sueño espiritualista como el de Herder. Es una ciencia positiva, a que concurren todas las ciencias, que explica en el orden natural de sus causas las evoluciones sucesivas en la coordinación lógica de los hechos, aun de aquellos que antes se consideraban fortuitos, y que deduce por la observación y la comparación las leyes regulares que presiden al crecimiento y la decadencia de las naciones, o sea lo que se ha llamado la ‘dinámica social’, en contraposición de la ‘teología social’. Resulta evidente la influencia comtiana”.

28 Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 28.

29 Comprobaciones históricas, parte segunda, pág. 52.

30 Véase cómo define Mitre el objeto de la historia en Comprobaciones históricas, parte primera, pág. 203: “Dar ordenación clasificándolos, a esa masa de hechos informes o no bien definidos; desprender de ellos su correlación necesaria, su trascendencia y eficiencia; asignarles su significado, desentrañando la acción consciente de los actores en ellos o el resultado fatal que debían producir o han producido; formar de las partes un conjunto, y del conjunto la ley a que ha obedecido en sus múltiples transformaciones y evoluciones, hasta asumir una forma articulada y una constitución orgánica, tal es el objeto de la historia, de cualquier modo que ella se escriba, y tal es la inteligencia que de la nuestra nos han dado los historiadores que se han venido sucediendo, ya sea acompañando servilmente los sucesos, ya salvándolos del olvido, ya proyectando sobre ellos una luz más o menos viva, más o menos falsa, porque todo eso sirve a formar los elementos del juicio racional o de la conciencia colectiva. No se acierta sino errando; ni se juzga sino por comparación”.

31 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 298.

32 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 47.

33 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 200: “El día que unos cuantos hombres comprendieron esto, estalló la revolución. Por eso la revolución, incubada por una minoría ilustrada, fue recibida por las Masas como una ley que se cumplía, sin sacudimientos y sin violencias”.

34 Rivadavia, en “Arengas”, t. III, pág. 30: “Fue entonces cuando Rivadavia, poniéndose al frente del gobierno supremo de las Provincias Unidas, aceptó el reto y dijo con resolución: ‘Ha llegado el momento de oponer los principios a la espada’. Esta actitud salvó en aquella ocasión el porvenir de las instituciones verdaderamente republicanas en la América meridional”.

35 Historia de Belgrano, loc. cit. y t. VI, pág. 289.

36 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 325-326; t. VII, pág. 227: “Pero cuando empiezan las revoluciones, lo más difícil es tener la inteligencia de la conciencia pública, entidad misteriosa que escapa a la penetración de los mismos que participan de las tendencias de la mayoría; y esa inteligencia se forma primero en las Masas que en los directores de un gran movimiento, porque, creyendo éstos dirigirlo con ideas abstractas o preconcebidas, no advierten que ellas pugnan con los hechos”.

37 Véase nota 9.

38 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 161 y ss.; 325-326, 331, 339, y las que se indican en la nota.

39 Pueden señalarse muchos pasajes que evidencian su condenación de los caudillos; véase, como ejemplo: Historia de Belgrano, t. VI, págs. 410-411, 453; t. VII, págs. 195, 222, 260, 336-337; t. VIII, págs. 142 y ss., 253, 280; Historia de San Martín, t. III, pág. 143; “Arengas”, t. I, pág. 68. Vale la pena destacar que, analizando la proclama de López y Ramírez al pueblo de Buenos Aires en 1820, señala cómo ha aparecido ya en los caudillos un sentimiento nacional (Historia de Belgrano, t. VIII, pág. 340).

40 Véanse los textos anteriormente citados y en especial el último.

41 Historia de San Martín, t. I, pág. 141; y “Arengas”, t. II, pág. 208.

42 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 293: “Precédenlos (a los pueblos) en esa vía naturalezas privilegiadas, que presienten los acontecimientos futuros sin tener su clara inteligencia, y que más atrevidos o más generosos marchan a vanguardia de las revoluciones explorando el terreno en procura del bien desconocido”.

43 Comprobaciones históricas, parte primera, págs. 340-341.

44 Historia de San Martín, t. V, pág. 128.

45 Comprobaciones históricas, primera parte, págs. 202-203, cf. Historia de Belgrano, t. VIII, pág. 270.

46 Historia de Belgrano, t. VIII, págs. 365-366.

47 Obsérvese la clara percepción de las mutaciones históricas que hay en el cuadro que ofrece en Rivadavia, “Arengas”, t. III, págs. 19 y ss.; intentos de una precisa periodización se advierten en Historia de Belgrano, t. VI, págs. 105, 220-221, 297-298; t. VII, págs. 312-313; véase Comprobaciones históricas, “Advertencia”, págs. XLIII-XLIV, e Historia de San Martín, t. III, págs. 123-124.

48 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 11 y ss.

49 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 57 y ss.; t. VII, págs. 386-387.

50 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 43-44, 242.

51 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 57.

52 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 17. Es digno de ser señalado el hecho de que esta observación no haya conducido a Mitre a una explicación económica del separatismo del litoral.

53 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 56.

54 Véase cómo destaca ese hecho, fundamental para el problema que constituye su punto de partida, en los siguientes pasajes: Historia de Belgrano, t. VI, págs. 142, 152, 156, 194, 199; Comprobaciones históricas, parte primera, págs. 100-101, 201-202.

55 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 273-274; Comprobaciones históricas, parte primera, págs. 204-205.

56 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 342.

57 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 415-416.

58 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 432-433; t. VIII, pág. 275.

59 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 319.

60 Historia de Belgrano, t. VII, pág. 204.

61 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 283, 297, 304.

62 Véanse las notas 39 y 66.

63 La presencia del sentimiento de comunidad americana está señalada en múltiples pasajes, pero no se destaca su significación; véase, por ejemplo, Historia de Belgrano, t. VI, págs. 269, 278, 280, 408; t. VII, págs. 18, 93, 117, 352. Pero basta para percibir cómo ha sido observado y —en otro sentido— no valorizado este sentimiento, la lectura del capítulo primero de la Historia de San Martín.

64 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 416.

65 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 453; t. VII, pág. 297.

66 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 410-411, 453; t. VII, págs. 195, 222, 260, 336-337, 388; t. VIII, págs. 142 y ss., 253, 280; Historia de San Martín, t. III, pág. 143.

67 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 1-2, 446; t. VII, págs. 311 y ss.; “Arengas”, t. III, pág. 31.

68 Véase la visión de conjunto que, en tal sentido, proporciona el capítulo XXX, passim, de la Historia de Belgrano.

69 Véase nota 66 y Comprobaciones históricas, “Advertencia”, págs. XLIII-XLIV.

70 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 438.

71 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 289, 298-299.

72 Véase nota 61 e Historia de Belgrano, t. VI, págs. 242-243.

73 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 309 y ss.

74 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 74; t. VII, págs. 85-86; Historia de San Martín, t. I, págs. 59, 125, 129; t. IV, págs. 217, 440; t. V, pág. 113.

75 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 32, 57 y ss.; t. VII, pág. 352.

76 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 60-61.

77 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 65 y ss., 282 y ss.

78 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 75 y ss., 204 y ss., 225, 257 y ss., 274, 278.

79 Véase la oposición en Historia de Belgrano, t. VII, págs. 221 y ss.

80 Véase, sobre los “hombres de principios”, Historia de Belgrano, págs. 259 y 263; “Arengas”, t. I, pág. 189.

81 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 226-227, 301.

82 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 325-326.

83 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 437-438.

84 Mitre lo señala en numerosos pasajes; véanse, entre otros, los siguientes: Historia de Belgrano, t. VI, pág. 453; t. VII, págs. 223, 297.

85 Véanse los pasajes citados en las notas 39 y 66.

86 Historia de Belgrano, t. VI, págs. 452, 413-416.

87 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 68-69, 89 y ss., 203.

88 Historia de Belgrano, t. VIII, págs. 221 y ss.

89 Historia de Belgrano, t. VIII, pág. 340.

90 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 273-274.

91 Véase por ejemplo, Historia de Belgrano, t. VII, pág. 256; t. VI, págs. 101, 271.

92 Historia de Belgrano, t. VII, pág. 245.

93 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 232; t. VII, pág. 256.

94 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 354-355.

95 Historia de Belgrano, t. VII, pág. 311.

96 Historia de Belgrano, t. VII, págs. 312-313.

97 Historia de Belgrano, t. VII, pág. 336.

98 Historia de Belgrano, t. VI, pág. 452.

99 Rivadavia, en “Arengas”, t. III, pág. 13.

100 Discurso en la jura de la Constitución Nacional, en “Arengas”, t. I, pág. 186.

101 Rivadavia, en “Arengas”, t. III, págs. 15-16.

Brevísima historia argentina.* 1966

La historia de la República Argentina se inicia con las poblaciones aborígenes que habitaron su territorio desde tiempos remotos. En algunos lugares ha dejado una huella profunda y persistente. Pero en el área geográfica que hoy constituye la Argentina no eran sino grupos aislados, heterogéneos, que en muchos casos se ignoraban entre sí. Como unidad política y cultural, la Argentina nace con la colonización española, y no desde el primer momento. La Patagonia fue muy poco explorada. Las regiones occidentales miraban hacia Chile y el Pacífico. El noroeste constituía una prolongación remota del Perú. Pero en el siglo XVIII, cuando se constituye el Virreinato del Río de la Plata, la Argentina ya está dibujada. Podría decirse que su territorio fue toda el área que por una u otra razón descubrió que se orientaba hacia las bocas del Río de la Plata, donde se había levantado Buenos Aires. Para esa época no solo se había dibujado su contorno físico. La Argentina comenzaba a ser ya una entidad social y cultural, tenue, sin duda, pero en la que estaban perfilados muchos de los rasgos que la caracterizarían por largo tiempo, acaso hasta hoy. También estaban ya delineados algunos de los problemas fundamentales de la vida nacional, pero la situación de dependencia los mantuvo contenidos hasta la hora de la emancipación. Entonces se desencadenaron y comenzó una larga lucha para ordenar la vida del país, sus fuerzas sociales, su desarrollo económico, sus tendencias religiosas e ideológicas, su régimen político, su papel internacional.

Esta lucha aún no ha cesado. No podría decirse que la Argentina es un país estabilizado. Sus problemas son profundos y complejos, en la medida que sus recursos, sus posibilidades y sus aspiraciones son inmensos. Es difícil estabilizar una sociedad muy diversificada, con una prodigiosa riqueza sin explotar, con una imagen de sí misma que la induce a proyectos ambiciosos y la obliga a vastas empresas. Los argentinos saben que su país no es un país estabilizado. Pero saben que ese hecho es fruto de su historia. Dadas las fuerzas que la Argentina esconde, la estabilidad sería la frustración. Su historia es la de su renovación, la de sus ensayos, la de sus equivocaciones; pero es también la de sus triunfos y sus aciertos, gracias a los cuales muchos sillares de su arquitectura están ya firme y definitivamente asentados.

La historia de la Argentina —quizá como la de otros países— es la de una vasta aventura, quizá la de algunos atrevidos experimentos, realizados para responder a los desafíos de su contorno. En esa historia se esconde el secreto de lo que hoy es la Argentina, un país en el que la magnitud de las promesas que encierra suele disimular su vigorosa y decantada realidad.

En el variado paisaje argentino, vivían dispersos desde tiempo inmemorial distintos grupos de poblaciones autóctonas confinadas en su propia región y que, generalmente, ignoraban a sus vecinos. Los pampas habitaban la llanura desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes; los guaraníes se extendían por Corrientes y Misiones, y los matacos, guaycurúes, tobas y chañés ocupaban los bosques chaqueños; los tehuelches poblaban la Patagonia, y los onas y yaganes las islas meridionales. Todos ellos tenían rasgos distintivos, pero poseían aproximadamente el mismo nivel de desarrollo. Eran, en general, nómades y vivían de la caza y la pesca, aunque algunos sabían cultivar mandioca, zapallo y maíz. La alfarería y los tejidos que fabricaban eran rudimentarios, como también las embarcaciones y las viviendas. En continua guerra, obedecían a los caciques de las distintas naciones en que se agrupaban. Y obedecían aun más a sus magos, que conocían los secretos de la abundancia y la escasez, de la victoria y la derrota, de la naturaleza toda, en fin, que suponían animada por espíritus.

Solo los diaguitas, que habitaban los valles del noroeste argentino, poseían un nivel más alto de desarrollo. Reunidos en aldeas con casas de piedra, fabricaban una excelente alfarería finamente decorada y numerosos objetos de hueso, madera, piedra y cobre. Eran hábiles agricultores, y cosechaban zapallo, papa y maíz en las terrazas que construían en las laderas de las sierras. Guanacos, llamas y vicuñas les proporcionaban las fibras para sus hermosos tejidos. Quizás algunas de estas técnicas las aprendieron de los quechuas, que descendieron desde el altiplano boliviano y los sometieron. Hubo, sin duda, largas guerras, de las que son testimonio los pucaraes o fortalezas de piedra que vigilaban los pasos estratégicos. Y la sumisión a los quechuas significó para los diaguitas la adopción de la lengua de los conquistadores y de sus cultos solares, que reemplazaron las creencias animalísticas tradicionales.

En 1516 aparecieron los españoles en el Río de la Plata. Uno de ellos recogió la noticia de que había ricas minas hacia el interior del territorio y el vasto río recibió el nombre de una esperanza. Tentado por ella, Sebastián Gaboto remontó el Plata y el Paraná en 1526, fundando el primer establecimiento español, un fuerte que llamó Sancti Espíritu, sobre las bocas del río Carcarañá. Pero el esfuerzo fue inútil y Pedro de Mendoza fue enviado en 1536 para intentarlo nuevamente. Esta vez, el español se instaló en la orilla occidental del Río de la Plata y fundó Buenos Aires: un muro de tierra rodeando unas chozas de barro y paja. Desde allí intentaron sus capitanes llegar al Perú, ya legendario por las noticias de Pizarro; como no lo lograron, uno de ellos decidió establecer una base más próxima y fundó Asunción sobre el río Paraguay, en beneficio de la cual Domingo de Irala resolvió poco después despoblar Buenos Aires.

Por esos años, los conquistadores del Perú intentaron descender hacia el sur. Redujeron a los diaguitas y fundaron varias ciudades: Santiago del Estero en 1553, San Miguel de Tucumán en 1565 y Córdoba en 1573. Otros conquistadores penetraron desde Chile y fundaron Mendoza en 1561 y San Juan en 1562. Esas dos regiones —el noroeste y el oeste— quedaron orientadas hacia aquellos centros de colonización. Pero el Río de la Plata recuperó la atención de los españoles, y desde Asunción bajó Juan de Garay para fundar Santa Fe en 1573 y Buenos Aires —por segunda vez— en 1580. Predominaban entre los compañeros de Garay los criollos, y tanto ellos como los españoles recibieron solares en la ciudad y tierras en los alrededores para que se radicaran. Buenos Aires fue una puerta abierta hacia el Atlántico y comenzó a atraer hacia ella a toda la región, en la que poco después se fundaron nuevas ciudades: Salta en 1582, Corrientes en 1588, Jujuy en 1593.

Durante largo tiempo fue muy pobre la vida de tales aldeas. La región no poseía minas y España no le prestó la atención que otorgaba a México o al Perú, y hasta llegó a prohibir que Buenos Aires comerciara desde su puerto. Pero la vasta llanura comenzó a producir inmensos ganados semisalvajes que pronto constituyeron una inmensa riqueza: el sebo y los cueros dieron origen a un comercio de alguna importancia, y las poblaciones urbanas se tonificaron con él, mientras se procuraban los productos que necesitaban por medio del contrabando.

En el Tucumán —que correspondía a la región noroeste del país— hubo violentas rebeliones de indígenas; en otras regiones fueron menos graves, y en el Paraguay trató de evitarlas el primer gobernador criollo —Hernandarias— encomendando a los jesuitas la fundación de misiones para reducirlos. Por su parte, los criollos que no encontraban perspectivas en las ciudades solían emigrar a los campos, donde se constituían poco a poco las “estancias”, en las que se recogía de vez en cuando un gran número de animales. Eran los vecinos afincados en las ciudades los que gozaban de mejores condiciones de vida. En todas las ciudades, diversas órdenes religiosas fundaron escuelas y en Córdoba comenzaron los estudios universitarios en 1622. Plácida y monótona, la vida aldeana se desenvolvía sin sobresaltos, excepto cuando se producía una rebelión indígena o cuando se sentía en Buenos Aires la amenaza portuguesa desde la Colonia del Sacramento. Este era el baluarte de los contrabandistas, y para reprimirlos el gobierno español decidió transformar a Buenos Aires en la sede de un nuevo virreinato, que quedó fundado en 1776.

Diez años antes habían sido expulsados los jesuitas del Río de la Plata, como de los demás dominios españoles, y el hecho había producido cierta polarización de las opiniones. El primer virrey fue Pedro de Cevallos, que les era fiel. A él le tocó acabar con los portugueses de la Colonia del Sacramento y abrir las puertas del comercio con Chile y Perú. El segundo virrey fue Juan José de Vértiz, partidario, en cambio, de la política de los ministros progresistas de Carlos III. En 1778 se creó la aduana de Buenos Aires y poco después se instaló en la ciudad la primera imprenta. Vértiz, que antes, siendo gobernador, había fundado una “Casa de Comedias”, tuvo otras muchas iniciativas: un colegio superior —el de San Carlos—, una casa de niños expósitos, un hospicio para mendigos y un hospital para mujeres fueron instituciones que él puso en funcionamiento y cambiaron la fisonomía de la ciudad. Años más tarde, en tiempos del virrey Arredondo, se autorizó el comercio con naves extranjeras y se creó el Consulado: su secretario, Manuel Belgrano, defendió los principios de la libertad de comercio y desafió a los comerciantes monopolistas. Por entonces, comenzaron a advertirse en Buenos Aires los primeros efectos de las ideas de la Revolución francesa, que arraigaron en algunos negros esclavos que soñaban con su emancipación, pero también en muchos criollos que comenzaron a participar de ellas. Los primeros periódicos que se publicaron en Buenos Aires, El Telégrafo Mercantil (1801) y el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802), reflejaban las nuevas preocupaciones por los problemas económicos y sociales.

Designado virrey en 1804, el marqués de Sobremonte debió enfrentar la invasión de un ejército inglés en 1806. La decidida acción del jefe del fuerte de Barragán, Santiago de Liniers, logró ponerle fin. La situación española era grave a causa de la amenaza de Napoleón, y un Cabildo abierto encomendó el mando militar de la plaza a Liniers, cuyo desempeño fue tan eficaz que contuvo una segunda invasión al año siguiente. Pero el apoyo popular a Liniers significó la polarización de los grupos criollos contra los grupos españoles tradicionalistas. El ambiente comenzó a agitarse a causa de las noticias que llegaban de España: la abdicación de Carlos IV, la prisión del rey, del príncipe heredero, la invasión francesa y la designación de José Bonaparte como rey. Hubo partidarios de diversas actitudes, pero se adivinaba que muchos pensaban en la independencia. Cuando la Junta Central de Sevilla designó virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros, las opiniones estaban definidas, y poco después, el 25 de mayo de 1810, un movimiento popular depuso al virrey y designó una Junta de Gobierno. Nunca más se restauró la autoridad española en el Río de la Plata.

Presidía la Junta Cornelio Saavedra y era uno de sus secretarios Mariano Moreno. Ambos representaban las dos tendencias que se oponían en aquella: Saavedra la conservadora y Moreno la liberal. Pero la acción del nuevo gobierno no se vería dificultada solo por esa oposición: el más grave problema era si las ciudades del interior respaldarían al gobierno surgido en Buenos Aires y si tolerarían que la antigua capital del virreinato siguiera siendo la cabeza de toda la región. Moreno trató de difundir el pensamiento de la Revolución francesa a través de sus artículos de la Gazeta de Buenos Aires, pero no halló mucho eco. Problemas urgentes y concretos surgieron en cada región, y pese a los esfuerzos militares de dos expediciones enviadas al interior, la situación del gobierno de Buenos Aires comenzó a debilitarse. Moreno debió renunciar y la Junta fue ampliada con representantes del interior, más bien moderados. Un Triunvirato la reemplazó poco después; y entretanto, Manuel Belgrano y José de San Martín lograban derrotar a las fuerzas españolas, pero sin aniquilarlas. En 1813 se reunió la Asamblea General Constituyente, que tomó numerosas decisiones que revelaban el predominio de los progresistas. También consagró el Himno Nacional que había compuesto Vicente López y Planes; y este hecho, unido a la creación de la bandera azul y blanca por Manuel Belgrano poco antes, revelaba la intención de afirmar la soberanía de la “nueva y gloriosa nación”. Pero la misión específica que la Asamblea se había asignado, que era constituir jurídicamente el país, no pudo cumplirse. Fue creado un Poder ejecutivo unipersonal —el Directorio— pero quedaron patentes las disensiones que separaban a Buenos Aires de algunas provincias; las del litoral y la Banda Oriental del Uruguay comenzaron a rechazar la autoridad del gobierno de Buenos Aires y poco después llegarían a las armas contra él.

Un nuevo intento de organizar la nación se hizo en 1816. Un congreso reunido en Tucumán volvió a fracasar en esa tarea. Pero en cambio asumió la responsabilidad, en medio de los mayores peligros, de declarar la independencia el día 9 de julio. Hizo frente a los peligros externos el general José de San Martín, que había preparado cuidadosamente un poderoso ejército para cruzar los Andes y aniquilar en Chile el poderío español. Cumplida la difícil travesía, San Martín derrotó en 1817 a los españoles en Chacabuco y al año siguiente en Maipú. La amenaza española quedó conjurada, pero los peligros internos de disgregación se acentuaron. Las provincias del litoral se alzaron en armas contra el gobierno de Buenos Aires, acusado de centralista. Esta fue, efectivamente, la orientación que el congreso dio a la constitución aprobada en 1819. Y frente a ella, la rebelión se hizo general. El 1 de febrero de 1820 las tropas provincianas derrotaron en Cepeda a las del gobierno central y obligaron a Buenos Aires a firmar el Tratado del Pilar. Según él, caducaba la autoridad directorial y se echaban las bases de un régimen federal, dentro del cual se establecía la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Era un golpe mortal contra la aduana de Buenos Aires, que constituía el fundamento del poder de la antigua capital del virreinato. Con el tratado del Pilar se cerraban diez años de infructuosos intentos de ordenar la nación sobre el modelo del virreinato. A través de sangrientas luchas se buscaría en adelante una nueva fórmula para la organización del país.

A la crisis del poder central siguió un período en el que cada provincia quedó librada a sus propias fuerzas. Las del litoral, cuya posición geográfica les permitía esperar un vigoroso desarrollo económico, pensaron en independizarse. Entre Ríos lo hizo en un momento de optimismo y la Banda Oriental lo intentó bajo la inspiración de José Artigas, pero ambas fracasaron. La segunda cayó bajo la autoridad de los portugueses, hasta que en 1825 un grupo de treinta y tres orientales mandados por Lavalleja promovió otra vez la anexión a Buenos Aires. Entre tanto, las otras provincias litorales así como las del interior del país mantuvieron el designio de restablecer la unidad nacional, pero, como se establecía en el Tratado del Pilar, dentro de un régimen federal. El obstáculo era su escaso desarrollo y su tradicional dependencia del puerto de Buenos Aires, de modo que cualquier solución debía fundarse en la inclusión de este, aunque sustrayéndole el privilegio de sus exclusivos beneficios. Tal solución era la que se buscaba a través del sistema federal.

Todas las provincias vieron surgir enérgicos jefes —los caudillos— que impusieron su autoridad sobre ellas. Estanislao López en Santa Fe, Bustos en Córdoba y sobre todo Juan Facundo Quiroga en La Rioja fueron figuras singulares de este período. Su prestigio popular fue grande, acaso porque compartían las tendencias y los rasgos de las masas criollas; se declaraban demócratas y lo eran, ciertamente, en un sentido primario; pero aun cuando expresaran los sentimientos colectivos, ejercían un poder discrecional que los convertía en verdaderos autócratas. Solo se exceptuó de tal suerte en 1820 la provincia de Buenos Aires que, por el contrario, logró establecer una democracia institucional y desarrollar una política moderna y progresista.

Tras el Tratado del Pilar, fue elegido gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez, de quien fue ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia. A él se debieron profundas innovaciones y reformas que cambiaron la fisonomía de la provincia e hicieron de ella un modelo que muchos quisieron que todo el país imitara. A la luz de la experiencia y de los principios progresistas, se reformó la justicia, el régimen municipal, el ejército, las escuelas y los colegios, las órdenes religiosas, la política económica, el régimen de la tierra pública; pero además se promovieron nuevas instituciones, como la Sociedad de Beneficencia y la Universidad de Buenos Aires, que se inauguró el 12 de agosto de 1821. En el orden político, el gobierno de Buenos Aires sancionó una Ley de Olvido, destinada a apaciguar las pasiones políticas, y promovió un tratado con las provincias del litoral para echar las bases de un entendimiento con ellas, que permitiera luego restaurar la unidad nacional.

Entre tanto, San Martín, que se había mantenido ajeno a las luchas civiles, había preparado una expedición para acabar con la amenaza del poder español. Desembarcó en la costa peruana y en julio de 1821 entró en Lima, proclamando la independencia del Perú: de este modo, la amenaza de una restauración del poder español quedó neutralizada. Pero otra amenaza exterior comenzaba a cernirse sobre las fronteras. Celoso de la decisión que los orientales habían adoptado en el Congreso de La Florida en 1825, Brasil —que se había independizado en 1822— rechazó la anexión de la Banda Oriental a Buenos Aires y declaró la guerra en diciembre de 1825.

Pocos días después, un congreso que sesionaba en Buenos Aires desde 1824 para tratar de constituir la nación, creó un Poder Ejecutivo nacional para hacer frente a la guerra. Bernardino Rivadavia fue elegido presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se encomendaron las fuerzas al general Carlos María de Alvear y al almirante Guillermo Brown. Mientras Rivadavia veía crecer la oposición interior —sobre todo a causa de la declaración de la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación— la escuadra y el ejército triunfaban en los escenarios de la guerra. Brown en la batalla de Juncal y Alvear en la de Ituzaingó dieron al país la sensación del triunfo. Pero Rivadavia quería la paz a toda costa, preocupado por la crisis interna, y toleró las desventajosas negociaciones de su embajador Manuel José García, que ofreció a Brasil la posibilidad de crear un Estado independiente en la Banda Oriental, tal como lo sugería la diplomacia inglesa, deseosa de tener en el Río de la Plata un puerto ajeno a poderosas influencias. La situación hizo crisis. El congreso había sancionado poco antes, en diciembre de 1826, una constitución centralista que varios gobiernos de provincia rechazaron. Rivadavia presentó su renuncia en junio de 1827 y el intento de unificar la nación —desunida desde 1820— fracasó.

Buenos Aires eligió entonces gobernador a Manuel Dorrego, federal moderado, a quien tocó firmar la paz con Brasil y reconocer la independencia de la Banda Oriental. Pero al regresar los ejércitos, sus jefes se dispusieron a aniquilar a los caudillos federales. Los generales Lavalle y Paz asumieron esa responsabilidad. En 1828, Lavalle depuso y fusiló a Dorrego, y Paz se enfrentó con Quiroga en el interior, derrotándolo. Pero Lavalle tuvo que hacer frente a la rebelión federal que en la llanura bonaerense acaudillaba Juan Manuel de Rosas, y Paz fue hecho prisionero por Estanislao López en marzo de 1831. Los unitarios —como se llamaba a los partidarios del régimen centralista— quedaron en situación de inferioridad y el país se vio dividido en tres áreas políticas bien definidas, que eran también tres áreas económicas: el interior, bajo la autoridad de Juan Facundo Quiroga; el litoral, bajo la de Estanislao López y Buenos Aires, bajo la de Juan Manuel de Rosas. Sorpresivamente, Quiroga cayó asesinado en febrero de 1835 y poco después Rosas era elegido gobernador de Buenos Aires. La desunión de las provincias quedó consumada con el triunfo de los federales en aquella que defendía con más ahínco la tesis de la unidad.

Campeón del federalismo, Rosas realizó, sin embargo, una suerte de unificación del país. Pero no dentro de un sistema institucional, que él juzgaba prematuro, sino de hecho, en virtud del ascendiente que alcanzó sobre los demás gobiernos provinciales. El país logró una unidad laxa dentro de lo que se llamó la Federación, palabra que designaba al mismo tiempo al país constituido por provincias federales y al régimen político al que estaba sometido. La Federación reconocía la imprecisa autoridad del gobernador de Buenos Aires, con lo que moderaba la concepción básica de las autonomías provinciales. Pero reconocía, sobre todo, la vigencia de ciertas ideas, que eran más bien actitudes mentales. Era hostil a las formas de vida europeas, a las ideas liberales, a los cambios económicos, a la ilustración, a la libertad política. En realidad, los ideales de la Federación se relacionaban estrechamente con los del absolutismo español, tal como habían triunfado en España con la restauración de Fernando VII. Rosas era llamado “restaurador de las leyes”, y en tal título se descubría la hostilidad a cuanto habían hecho los gobiernos de la República desde la Revolución de Mayo.

Lo más singular de la Federación fue que dio al problema de la libre navegación de los ríos —fundamental para las provincias litorales— la misma respuesta que los antiguos gobiernos centralistas. La aduana de Buenos Aires siguió beneficiando exclusivamente a la provincia y el omnipotente gobernador obstaculizó enérgicamente la actividad económica del interior del país. Por eso, precisamente, contó con el apoyo de estancieros y comerciantes ingleses, que se beneficiaron con una suerte de monopolio para la venta de productos manufacturados. Apoyaron también a Rosas los estancieros criollos que formaban parte de su círculo, que además de obtener vastas extensiones de tierras obtuvieron pingües ganancias con las ventas de cuero y de tasajo.

La concepción política de la Federación suponía la unanimidad de opiniones; quienes no participaban de ellas debieron emigrar, y así se constituyó, sobre todo en Montevideo y en Santiago de Chile, un nutrido grupo de proscriptos. Todos combatieron al régimen. En Chile escribió Sarmiento el Facundo, vasto intento de explicación del fenómeno sociológico que se escondía detrás del ascenso de Rosas. En Montevideo escribió Echeverría el Dogma Socialista. Pero en esta ciudad, tan próxima a Buenos Aires, los proscriptos procuraron luchar activamente, preparando la guerra contra quien consideraban un tirano. Desde allí apoyaron al general Lavalle en sus diversos intentos militares y allí actuó el general Paz cuando las fuerzas adictas a Rosas pusieron sitio a Montevideo en 1843.

Para entonces la situación argentina se había agudizado. Hasta 1840 Rosas había conducido su política no sin cierta cautela. Pero ese año estalló una extensa insurrección a la que Rosas respondió no solo enfrentándola militarmente sino también extremando la represión. La persecución de los opositores fue enérgica y justificada a los ojos de los federales por el apoyo que les prestaba Francia, que había bloqueado el puerto de Buenos Aires para defender su propia posición en Montevideo. Las rebeliones frustradas se sucedieron, pero cuando pareció que Rosas podía imponerse en la Banda Oriental, Inglaterra se asoció a Francia y se enfrentó a él. Obstinado en sus ideas, Rosas acentuó la preponderancia económica de Buenos Aires y amenazó con ahogar a sus propios aliados, entre los cuales, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, realizaba ciertos audaces experimentos para vitalizar la riqueza de su provincia.

Cuando diversas circunstancias obligaron a Francia e Inglaterra a levantar el bloqueo en 1850, el gobierno del Brasil asumió la responsabilidad de impedir que Rosas dominara las dos márgenes del Plata. Los antirrosistas encontraron un nuevo aliado, y ante la acentuación de las restricciones a la libre navegación de los ríos, Urquiza decidió encabezar la rebelión contra Rosas. En mayo de 1851, se declaró públicamente contra él y cruzó el río para obligar a las fuerzas rosistas a levantar el sitio de Montevideo. Logrado esto, volvió a su provincia y con un poderoso ejército invadió Santa Fe y Buenos Aires. En Caseros derrotó a Rosas el 3 de febrero de 1852, y el gobernador vencido se refugió en un barco inglés que lo alejó definitivamente del país.

Árbitro de la situación, Urquiza dependía, para promover la unidad y el ordenamiento institucional del país, de los designios de diversos grupos. Sus antiguos amigos federales y los gobernadores de las distintas provincias que lo habían apoyado aspiraban a una solución que no compartían totalmente los antiguos proscriptos. Atento a las fuerzas reales, Urquiza convocó a una reunión de gobernadores en San Nicolás, de la que surgió un acuerdo que garantizaba la libertad de comercio, la libre navegación de los ríos y el reparto proporcional de las rentas nacionales. Pero Buenos Aires, que no había visto con buenos ojos a Urquiza, rechazó el acuerdo y poco después se sublevó contra Urquiza. Este se abstuvo de intervenir y se dedicó a promover la reunión de un congreso que, en Santa Fe y sin representación bonaerense, dictó la Constitución Nacional, que fue sancionada el 1 de mayo de 1853.

Buenos Aires no juró la Constitución y con ello consagró la secesión entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, que agrupaba a las demás provincias. Esta situación se mantuvo a lo largo de nueve años, durante los cuales las tensiones fueron en aumento. Sin embargo, Buenos Aires reconoció, al dictar su constitución provincial de 1854, que no renunciaba a formar parte de la nación. Pero a pesar de todo, enfrentó a la Confederación, cuyo gobierno ejercía Urquiza y había fijado su sede en la ciudad de Paraná. Mediante una audaz política fiscal, la Confederación trató de transformar a Rosario en un puerto internacional, por el que debían salir sus productos. Eran esos no solo los tradicionales de la ganadería sino, y cada vez más, las lanas y también los cereales que comenzaron a producirse en las colonias agrícolas que el gobierno estimuló, pobladas de inmigrantes atraídos por disposiciones generosas.

Pero la diferencia de poderío económico era inmensa. La Confederación se ahogaba por falta de recursos, en tanto Buenos Aires, pese a los ataques de los indios que se ensañaron con ella, poseía recursos cuantiosos. Desesperada, la Confederación apeló a una política de derechos diferenciales, favoreciendo las mercaderías que entraban directamente al puerto de Rosario; pero Buenos Aires respondió al desafío con otras medidas y las tensiones condujeron a la guerra. En 1859, Urquiza avanzó sobre Buenos Aires y derrotó a sus fuerzas, mandadas por Bartolomé Mitre, en la batalla de Cepeda. El resultado fue un pacto de unión, por el que Buenos Aires se declaraba parte de la nación y aceptaba la Constitución con algunas reservas. Diversos pasos debían conducir a la unidad nacional; pero nuevos conflictos estallaron y otra vez se enfrentaron los dos ejércitos. La victoria favoreció en Pavón a Buenos Aires, y el jefe vencedor, Mitre, asumió interinamente la presidencia de la nación. Convocado un congreso, fue elegido él mismo como presidente constitucional por seis años, funciones que asumió el 12 de octubre de 1862.

El período que transcurre entre 1862 y 1880 marca un viraje fundamental en la historia argentina. La acción orgánica y tenaz del poder público durante las tres primeras presidencias constitucionales no solo puso fin a los viejos problemas que se habían debatido durante cinco décadas sino que inició una era de cambios sustanciales en la estructura económica y social del país. Esta doble faz de la acción de las minorías gobernantes correspondía a un cambio profundo de mentalidad en la generación que llegó al poder después de la batalla de Caseros. Era el fruto de la paciente labor de estudio de los emigrados, de Alberdi, de Echeverría, de Sarmiento, quienes habían inculcado a sus contemporáneos la idea de que, tras las crisis políticas, conmovían fundamentalmente al país ciertos problemas profundos cuya solución era imprescindible. Llegada al poder, esa minoría emprendió la tarea de poner en marcha la Constitución, que recogía la dolorosa experiencia de muchos años y resolvía sabiamente los problemas institucionales al tiempo que establecía los principios generales del funcionamiento económico del país. Pero, al mismo tiempo, emprendió la tarea de poner en funcionamiento un plan económico y social que había sido esbozado por economistas y sociólogos durante largos años. Tal fue la labor que se desarrolló durante las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880).

Formó parte de los equipos de gobierno y del parlamento un grupo de hombres de formación muy homogénea, con preocupaciones e intereses análogos, y que concibieron la política nacional como una respuesta al desafío que lanzaba a los países como la Argentina una Europa que se industrializaba rápidamente. Esa política requería afianzar el ordenamiento interno y promover ciertos cambios económico-sociales. En el fondo, constituía una revolución; pero fue concebida como una acción lenta y firme, destinada a vencer innumerables obstáculos y a difundir una nueva actitud mental entre los sectores activos del país.

El ordenamiento interno no era cosa fácil. Las medidas necesarias para llevarlo a cabo rozaban siempre los viejos problemas que habían suscitado tantos conflictos. El gobierno nacional debió crear el Estado casi de la nada y en constante choque con otros poderes. Hubo que fijar los límites interprovinciales, fijar las jurisdicciones, resolver el espinoso problema de las relaciones entre el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires, en cuya capital residían los dos gobiernos; hubo que resolver el problema de los ejércitos provinciales, que debían desaparecer, establecer los servicios de correos, suprimir las aduanas provinciales; hubo que fijar el sistema impositivo, establecer las normas contables, redactar y poner en vigencia los códigos y la administración de justicia. Todo esto, y mucho más, fue hecho metódicamente, hasta crear un vasto aparato de poder y administración para que funcionara en todo el país. No faltaron dificultades y hasta hubo algunas insurrecciones armadas, pero el Estado nacional las superó, como superó la amenaza de los indios, que finalmente fueron reducidos por el general Julio A. Roca en 1879. Vigente la Constitución y establecidos, uno a uno, los innumerables engranajes de la vida nacional, la dura etapa de la desunión de las provincias quedó superada.

Vestigios de esa lucha fueron las tensiones políticas, puestas de manifiesto, sobre todo, a la hora de resolver el problema de las candidaturas presidenciales. Mitre, porteño, fue el principal sostenedor de una política nacionalista provinciana y, con él, todos los grupos provincianos que recelaban de los porteños. Esta extraña combinación de suspicacias agitó la vida política y llevó a la presidencia, después de Mitre, a dos provincianos: Sarmiento y Avellaneda, que, con todo, mantuvieron la línea de la política nacionalista. Un problema, grave entre todos, suscitó una crisis peligrosa: el de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1880, que la provincia resistió por las armas. Pero también este problema fue superado.

Desde 1865 hasta 1870, la Argentina mantuvo, junto al Brasil y al Uruguay, una dura guerra con el Paraguay, siempre vinculada con el problema de la navegación de los ríos. Vencedora, la Argentina sostuvo que “la victoria no da derechos” y procuró resolver los problemas internacionales con la mayor equidad.

Entretanto, la atención del país se volcaba cada vez más hacia Europa, como resultado de aquella actitud mental que habían adoptado las minorías dirigentes. Solo en relación con las posibilidades que ofrecía la economía europea podían hacerse los cambios que habían propuesto los economistas y sociólogos que veían en la realidad social del país la causa de su malestar político. En Europa había excedentes de población para poblar el vasto desierto argentino y, de acuerdo con el principio formulado por Alberdi de que, en la Argentina, “gobernar es poblar”, comenzó a fomentarse la inmigración masiva. Prevaleció la de los países menos desarrollados industrialmente, y llegó en número considerable. El saldo inmigratorio de la década de los sesenta a la de los setenta fue de 76.000 inmigrantes, y el de la década de los setenta a la de los ochenta fue de 85.000. Su distribución fue singular: se fijó preferentemente en las zonas del litoral, y como no hubo una política de colonización, fue muy grande el número de inmigrantes que permaneció en las ciudades o volvió a ellas después de alguna experiencia rural. Las ciudades, pues, crecieron rápidamente, sobre todo Buenos Aires, pero también Rosario, Bahía Blanca y otras en menor medida. Allí se dedicaron los inmigrantes a actividades comerciales, preferentemente, en tanto que los que habían permanecido en las áreas rurales trabajaron sobre todo en las nuevas regiones dedicadas a la agricultura.

Para ese entonces, el país comenzó a producir lanas en gran escala y, poco a poco, cereales; esto, unido a las carnes, que comenzaron a mejorar gracias a la mestización de los ganados, significó un considerable volumen de productos exportables. La inmigración fue un importante factor de progreso económico, pero creó algunos problemas inesperados. Sobre todo porque constituyó grupos marginales que no se asimilaban fácilmente. En Martín Fierro, el poeta José Hernández recogió el sentimiento de animadversión que los criollos manifestaron frente a este extranjero que venía a enriquecerse. Para acelerar la asimilación, se buscó el apoyo de la escuela pública, de la que Sarmiento fue propulsor entusiasta. En ella deberían familiarizarse los hijos de inmigrantes con las tradiciones del país y fundirse con los nativos.

Para estimular el desarrollo económico, se procuraron capitales extranjeros que se invirtieron en las grandes obras públicas que el país necesitaba. La más importante fue la de los ferrocarriles. Entre 1862 y 1880, se tendieron 2.516 kilómetros de vías férreas, iniciándose las líneas troncales que nacían en Buenos Aires y conducirían a su puerto las riquezas exportables que el campo producía. De ese modo, no solo la inmigración, sino también la riqueza y su distribución, contribuyeron al crecimiento de la capital.

Con la definitiva sumisión de los indios y la federalización de Buenos Aires, el presidente Avellaneda puso fin a una época. Su sucesor, Julio Argentino Roca, fue impuesto por el informe Partido Autonomista Nacional, el único verdaderamente importante y que reunía a los grupos influyentes de las provincias. Progresista y liberal de convicciones profundas, consideró que habían quedado enterrados todos los problemas que habían dividido al país desde 1810 y enunció su programa de gobierno con una fórmula muy significativa: “Paz y administración”. Era, sin duda, lo que querían las clases acomodadas del país, y sobre todo las que aspiraban a serlo. Se vislumbraba una vaga promesa de trabajo y de riqueza que estimulaba el optimismo colectivo, en un país que crecía a ojos vistas. Y el gobierno administró sabiamente dentro de un clima de paz, como invitando a todos a la prosperidad.

No sin sacudidas, el país aceleró el ritmo de su crecimiento y prosperó visiblemente. Los inmigrantes siguieron llegando en cifras crecidas. Con unos 4.000.000 de habitantes —como indicaba el censo de 1895—, el país recibió 800.000 inmigrantes en el decenio 1890-1899. Había recibido 1.000.000 en el decenio anterior; y en el quinquenio que precedió a la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, recibió 1.200.000. Así se explica, por ejemplo, que Rosario, que solo contaba con 23.000 habitantes en 1869, llegara a 91.000 en 1895. El país vivía una gran aventura. La gran aventura económica era la de los productos agropecuarios, que reportaban al país gruesas sumas. Pero la gran aventura social y cultural, menos visible, era la de la formación de un cuerpo social nuevo, de caracteres insospechados, de cuyo comportamiento futuro poco podía preverse. Pronto apareció la primera generación de hijos de inmigrantes y luego la segunda, cada una con rasgos sociales y culturales diferentes. En ese mar confuso, los viejos grupos de la aristocracia criolla cerraron sus filas, se retrajeron y acentuaron con ello la heterogeneidad del cuadro social.

Esa antigua aristocracia retuvo el gobierno del país. A su sombra se enriquecieron vastos sectores de recién llegados, pero ella conservó el control del poder. Con él impulsó la riqueza y consolidó la estructura económica del país. Los ferrocarriles prolongaron sus líneas, se construyeron puertos, diques y canales, redes de aguas corrientes y cloacales, edificios públicos y privados concurrían para llevar a cabo un vasto programa que haría de la Argentina un país de riqueza casi legendaria.

Pero el desarrollo vertiginoso de la riqueza trajo consigo sus riesgos. El clima de venalidad y de especulación se hizo intenso, y la inflación comenzó a crecer. En 1890, una crisis —quizá de crecimiento— estalló con caracteres alarmantes. Muchas fortunas se derrumbaron. Al año siguiente quebraron el Banco Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, y quedó en descubierto una inmensa deuda exterior. Fueron necesarios ingentes esfuerzos para restaurar el crédito nacional.

Sin duda, Roca cumplió con su lema. Pero no pudo impedir que se suscitaran otros conflictos distintos de los tradicionales. Eran los que traía consigo la nueva situación. Movido por sus concepciones liberales, Roca promovió algunas leyes —la de educación, la de Registro Civil— que plantearon un enfrentamiento entre católicos y liberales. En el orden político, la omnipotencia del presidente de la República comenzó a levantar resistencia en sus propias filas; y en los que no pertenecían a ellas, un sentimiento de frustración, puesto que la vida pública parecía patrimonio de unos pocos. Roca señaló a su sucesor, Miguel Juárez Celman, y a él le tocó soportar la crisis de 1890, en la que apareció por primera vez un movimiento político opositor de nuevo cuño. Una revolución popular reveló una corriente de opinión democrática que reflejaba los anhelos de esa vasta masa que había creado el progreso, la inmigración, la vida de las grandes ciudades, la riqueza: una masa políticamente inmadura, pero numerosa y aferrada a sus instituciones. Fue su portavoz Leandro N. Alem, orador inflamado que echó las bases de la Unión Cívica Radical; pero de las filas de esos revolucionarios saldrían Lisandro de la Torre, fundador de la Liga del Sur, partido santafesino de agricultores, y Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Así, en pocos años, el decorado del escenario político cambió completamente. El que se había montado después de Caseros quedó envejecido y uno nuevo apareció a la vista de todos.

Desde la revolución de 1890 hasta 1916, la vida política consistió en un esfuerzo desesperado de los grupos tradicionales por subsistir y en sucesivos esfuerzos de sus adversarios por entrar en escena. Los radicales fueron a la revolución dos veces, en 1893 y en 1905. Entretanto, comenzaron a sucederse las huelgas y los movimientos obreros en una escala que los grupos tradicionales consideraron peligrosa. En 1902, fue sancionada la Ley de Residencia, en virtud de la cual el gobierno podía deportar a cualquier extranjero que tomara parte en movimientos juzgados subversivos. Pero las huelgas siguieron y la represión fue cada vez más violenta, hasta llegar a un clima amenazador en 1909 y 1910. Para ese entonces, el Partido Socialista había conseguido llevar un diputado a la Cámara: Alfredo L. Palacios, elegido por la capital en 1904, a quien se debieron las primeras leyes sociales que tuvo el país.

Pero la inquietud de los sectores obreros —extranjeros en su mayoría— era un fenómeno ajeno a la inquietud de la vigorosa clase media, constituida por elementos criollos y por descendientes de inmigrantes, que no quería la protección del Estado sino su control. Aspiraba a compartir el poder con los grupos tradicionales o a ejercerlo sola si era posible. Por eso su exigencia era, en suma, la de poder votar libremente y llevar al poder a sus representantes. La Unión Cívica Radical que, muerto Alem, reconocía como su jefe a Hipólito Yrigoyen, fue la organización política que expresó esta tendencia.

La obstinación de los grupos tradicionales que ejercían el poder levantó contra ellos a algunos sectores de su propio seno, que temían las consecuencias de un enfrentamiento: Joaquín V. González, Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña fueron entre otros los que señalaron ese riesgo. En 1910, Roque Sáenz Peña ocupó la presidencia de la República y asumió la responsabilidad de dar al país la legislación electoral necesaria para que la democracia no fuera desvirtuada. En 1912, fue aprobada la ley electoral —hoy llamada Ley Sáenz Peña— y poco después fue puesta en vigencia en Santa Fe, donde los radicales obtuvieron su primer triunfo. En el año 1916, al producirse la renovación presidencial, Hipólito Yrigoyen obtuvo el triunfo.

La Unión Cívica Radical ejerció el poder desde 1916 hasta 1930. Marcelo T. de Alvear sucedió a Yrigoyen en 1922 y al término de su mandato, en 1928, volvió a ser elegido Yrigoyen, cuyo gobierno duró hasta la revolución de 1930, que lo depuso. Cuando llegó al poder, el radicalismo no tenía más bandera que el sufragio libre. Carecía de un programa orgánico frente a los problemas nacionales, y sin embargo, era evidente que entrañaba un estilo político original y cierta propensión a dar soluciones nuevas.

Sin duda, provenía esa actitud de la peculiaridad del conglomerado social que formaba el radicalismo. Compuesto de grupos de diverso origen —criollos unos e inmigrantes otros—, tenía sin embargo como denominador común un sentido de lo popular, una inequívoca preferencia por los sentimientos más que por las ideas, y un raro optimismo acerca del destino del país que le permitía confiar en la espontánea solución de los problemas. Todo esto —y más— encontraba su símbolo en Yrigoyen, cuyo atractivo personal ejercía una poderosa gravitación.

Al subir al poder, en plena guerra mundial, la economía argentina se beneficiaba con la fuerte demanda de materias primas. Habían surgido además algunas industrias de reemplazo y había plena ocupación. Pero la situación comenzó a cambiar poco después de terminada la guerra. Las exportaciones comenzaron a verse restringidas según las posibilidades de la economía de posguerra y las incipientes industrias tuvieron que afrontar la competencia de los productos que volvían a importarse. De ese modo, el tradicional ritmo de la prosperidad se vio alterado, precisamente cuando un clima mundial de renovación dejaba sentir su influencia en la Argentina.

La crisis de algunas industrias provocó, especialmente en Buenos Aires, un fuerte malestar obrero que culminó en algunas huelgas violentas. Las de enero de 1919 alcanzaron un punto álgido, sobre todo porque se vio en ellas un reflejo de las actitudes revolucionarias que flotaban en Europa al calor de la Revolución Rusa de 1917. También en el ambiente universitario se produjo por entonces una conmoción profunda. Grupos estudiantiles exigieron la separación de algunos catedráticos y el derecho a participar en el gobierno de la universidad, pero dieron a sus exigencias un carácter tumultuario que alteró la vida académica. Pronto se advirtió que tras los planteos estrictamente universitarios flotaban otras preocupaciones de carácter social. La reforma universitaria, que el gobierno apoyó para sustraer a los conservadores uno de sus reductos, alteró la fisonomía de las universidades y reveló —como las huelgas obreras— la aparición de un nuevo clima en el país. La mera conquista de la democracia formal, por la que el radicalismo había luchado, comenzaba a no parecer suficiente.

En el orden político, el gobierno de Yrigoyen chocó con una vigorosa oposición. Durante muchos años, el presidente había adoptado una postura intransigente frente a los gobiernos conservadores, prometiendo una victoria revolucionaria. Pero finalmente había llegado al poder por las vías legales que el conservadorismo había creado, y no pudo —o no quiso— romper la legalidad constitucional. De ese modo, el gobierno Radical debió enfrentar una vigorosa oposición en el parlamento y una hostil resistencia de la mayoría de los gobiernos provinciales. Fue, pues, muy difícil su acción, y casi imposible consagrar una legislación que alterara la organización básica del país. Sin embargo, mediante la intervención federal en algunas provincias, el gobierno consiguió quebrar las organizaciones tradicionales del poder y, poco a poco, el radicalismo fue controlando todos los mecanismos.

Un nuevo estilo político predominó en el país. Fuera de cierta imprecisión con respecto a las soluciones que debían buscarse para sus problemas fundamentales, el radicalismo acusó ciertas tendencias definidas. Sin duda, no compartía totalmente los principios del liberalismo económico; por el contrario, manifestó cierta tendencia a la estatización que se advirtió en el franco apoyo que prestó a las empresas nacionales, especialmente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que el radicalismo hizo una bandera representativa de su nacionalismo económico y de su decisión de oponerse a los grandes monopolios internacionales. Por lo demás, una generosa y romántica actitud de solidaridad con los débiles llevó a Yrigoyen a definir una política opuesta a las intervenciones armadas.

Pese a que se habían desvanecido las promesas revolucionarias que el radicalismo había hecho desde 1890, pese a la transigencia con el conservadorismo, pese a su confusa política obrera, Yrigoyen llegó al fin de su mandato con un prestigio aun mayor que el que tenía al iniciarlo. Su bondad se hizo casi legendaria y su personalidad intocable. Así, su prestigio tuvo algo de carismático y se sobrepuso a las contingencias de la política cotidiana.

Su sucesor, Alvear, poseía un temperamento muy distinto. Intachable en su conducta pública y consecuente con sus ideas era, sin embargo, un hombre de mundo que en nada parecía un iluminado. Elevar la dignidad de la función pública y ajustar la administración fueron sus preocupaciones fundamentales; pero su gobierno careció de iniciativas importantes y, lo que es más grave, careció de visión frente a los problemas que se incubaban en esa agitada posguerra durante la cual se sometió a revisión todo el orden tradicional. Esa ceguera fue particularmente grave puesto que también estaba en revisión el sistema de las relaciones económicas, especialmente entre los países que constituían los principales mercados de la Argentina.

Así, la crisis económica de 1929 sobrevino sin que el radicalismo tuviera opiniones firmes sobre cuáles eran los recursos a que podría apelar si se conmovía el marco de su economía. El problema lo percibía claramente, en cambio, la oposición conservadora, muy vinculada a los intereses ganaderos, que eran los más amenazados. Una sorda resistencia contra el radicalismo comenzó a crecer, polarizándose en la figura de Yrigoyen, cuyo prestigio parecía asegurar su reelección. Efectivamente, en 1928 volvió a la presidencia, pero ya muy anciano e incapaz de ajustar sus ideas a una situación totalmente nueva. Su gobierno fue ineficaz, y como el peligro de un desastre económico se acentuaba, los conservadores promovieron un golpe militar que depuso al presidente en septiembre de 1930.

Políticamente, la revolución había sido un golpe contra el radicalismo. Pero en el fondo era la respuesta del orden económico tradicional a la crisis de 1929, que parecía destinada a alterarlo profundamente. Los conservadores se apoderaron del poder para defenderlo, dispuestos a afrontar todos los riesgos que tal decisión implicaba y sabiendo que la revolución sería impopular. Lo fue, en efecto. En su gestación se advirtió la presencia de grupos influidos por el fascismo italiano y partidarios del corporativismo y la dictadura. Pero pese a que el jefe militar de la revolución, el general José E. Uriburu, les profesaba cierta simpatía, no prosperaron y el país se vio conducido a una solución aparentemente constitucional y democrática, pero en verdad fundada en el fraude electoral. Proscripto el radicalismo, los poderes del Estado aparecieron con un estigma que debilitó su autoridad moral. El gobierno del general Justo, desde 1932 hasta 1938, emprendió una reforma económica destinada a contraer la producción y a garantizar las máximas seguridades para los exportadores de carnes. Lo más grave de esa política fue que, mediante una severa regulación de la producción, se disminuyeron las posibilidades de trabajo en vastas zonas del país, de las cuales comenzaron a emigrar densos grupos de trabajadores hacia el litoral y especialmente hacia Buenos Aires. Hubo ocupación para algunos en determinadas nacientes industrias, pero la desocupación fue notable. Este hecho, que debía tener importantes consecuencias, pasó inadvertido.

Más atrajo la atención pública el curso de los cambios políticos. El presidente Roberto Ortiz, que subió al poder en 1938, se propuso llevar al país a la normalidad institucional. Intervino la provincia de Buenos Aires y ofreció elecciones libres. Las tensiones aumentaron con ese motivo, pero bruscamente Ortiz renunció a causa de su progresiva ceguera, sucediéndole el vicepresidente, Ramón Castillo, profundamente conservador y ligeramente partidario del Eje. Esta última circunstancia modificó la línea neutralista de Ortiz. Pero el curso de la guerra modificó la situación y Castillo fue depuesto por una revolución militar en 1943.

Asumió la presidencia el general Pedro P. Ramírez ante la incertidumbre del país, que no comprendía el sentido del movimiento. Algo tenía que ver, sin duda, la situación de ciertos grupos demasiado comprometidos con el Eje y que deseaban controlar el poder al advertirse la derrota alemana. Una de las consecuencias fue una tardía declaración de guerra a Alemania y Japón en enero de 1944. Igualmente confusos fueron otros actos del nuevo gobierno. Pero todo ello perdió importancia frente al rápido ascenso de uno de sus miembros, el coronel Juan D. Perón, que ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión y, poco después, el Ministerio de Guerra. Desde ambos cargos, y gracias a una clara visión de la situación social del país, Perón pudo construirse una sólida base política.

Para lograrla, comenzó a actuar en los conflictos laborales inclinando el peso del Estado en favor de los sindicatos obreros, justificando su acción ante los sectores militares mediante una teoría de la organización para la defensa nacional que requería la coincidencia benévola de todos los sectores de la vida del país. Con todo, más importante que su acción misma fue su atractivo personal, su oratoria eficaz y, sobre todo, la explotación sistemática de ciertos tópicos que hicieron impacto sobre las masas suburbanas, naciente proletariado industrial falto de experiencia sindical y sensible a los matices autóctonos que Perón sabía introducir en su sencilla explicación de los complejos problemas contemporáneos. Un vehemente nacionalismo, encarnado en la hostilidad contra el embajador norteamericano, y una inflamada condenación de la oligarquía acentuaban el tono revolucionario de Perón.

Cuando se advirtió la magnitud de su fuerza, estos sectores se aunaron para neutralizarlo. Pero el movimiento militar que lo desalojó del poder a principios de octubre de 1945 fue arrollado por el movimiento popular del día 17 que, fuera del apoyo oficial que tuvo, reveló el impresionante volumen de la masa que lo defendía. Apartado de las funciones públicas, Perón concurrió a las elecciones de 1946 y obtuvo una fuerte mayoría que lo consagró presidente constitucional.

Reelegido en 1952, su gobierno abarcó desde junio de 1946 hasta septiembre de 1955. Durante ese largo plazo, Perón aprovechó la abundante disponibilidad de divisas que el país había acumulado durante la guerra para financiar una política de abundancia que consolidó su posición. Perón aseguró altos salarios a los obreros —cuyo monto los patronos trasladaban a los precios— y, además, leyes jubilatorias, indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y otras ventajas concretas que, pese a la inflación, daban la impresión a los sectores asalariados de hallarse dentro de un régimen de protección. El movimiento obrero oficial, agrupado dentro de la Confederación General del Trabajo, adquirió los caracteres de un grupo de poder. Y aun la masa no sindicada se aglutinaba alrededor de Perón por el atractivo de su oratoria y por la seducción que ejercía su esposa, Eva Perón, a quien le estaba encomendado el mantenimiento de ese fervor popular de hondo sentimentalismo.

En el orden político, el régimen sancionó una constitución en la que se admitía la reelección presidencial y se sentaban algunos principios de soberanía económica. Consecuente con ellos, Perón se manifestó decidido defensor del desarrollo industrial. Mediante el crédito estimuló la instalación de fábricas, aun cuando no afrontara los problemas de las industrias básicas. Para proteger la producción agropecuaria se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que debía asegurar precios remuneradores para las cosechas. Esta tendencia a la intervención estatal se manifestó también en la nacionalización de los ferrocarriles, los teléfonos, el gas y la navegación fluvial.

Desde 1950, la situación comenzó a cambiar. Las reservas de divisas empezaban a agotarse y, al mismo tiempo, comenzaron a bajar los precios internacionales de las materias primas. Una sequía malogró las cosechas y la inflación se acentuó, de modo que los aumentos de salarios, cada vez más discutidos y controlados, no alcanzaron a cubrir el sombrío panorama que se divisaba. Todavía pudo la propaganda ocultar los fenómenos profundos. La Fundación Eva Perón, que presidía la esposa del presidente, otorgaba protección directa a aquellos que llegaban hasta su despacho y hacía espectaculares donativos en manifestaciones públicas. La esposa del presidente gozaba, sin duda, de una extraordinaria simpatía popular y cumplía una misión política fundamental dentro del régimen. Por eso su fallecimiento, ocurrido en 1952, fue un duro golpe para Perón, que tuvo que multiplicarse para atender las exigencias del sector militar y del sector obrero, sin descuidar la atención de la administración, cada vez más comprometida con una política que era difícil sostener.

Diversas circunstancias condujeron a un enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el presidente. El gobierno suprimió la enseñanza religiosa y esbozó una tímida ley de divorcio. Entonces su base política se resquebrajó y perdió el apoyo de fuertes sectores militares. En junio de 1955, una sublevación militar fracasó, pero poco después, en septiembre, otra, encabezada por el general Eduardo Lonardi, triunfó, y Perón abandonó el país.

El general, Lonardi llamó “revolución libertadora” a la que había triunfado y proclamó el principio de que no había “ni vencedores ni vencidos”. Figuraron entre sus colaboradores inmediatos hombres que habían participado en el movimiento peronista al lado de otros que se habían mantenido en la oposición. Había también conservadores ultramontanos y liberales avanzados. Esta heterogeneidad revelaba la amplitud del apoyo prestado al jefe de la revolución, pero dificultaba la definición de una política. Mientras en ciertos sectores hubo una depuración rígida, en el movimiento obrero hubo una especie de transacción que impidió, por cierto, que la revolución tomara un carácter violento. A fines de año, los grupos liberales desafiaron al presidente y le exigieron la dimisión, reemplazándolo el general Pedro E. Aramburu.

Ante la gravedad de la situación económica, el gobierno había solicitado un informe al economista Raúl Prebisch, cuyo diagnóstico fue grave. Con todo, las soluciones que propuso no fueron aceptadas y la controversia entre partidarios de la libre empresa y partidarios de la planificación, con distintos grados de intensidad, se inició entonces y habría de continuar. Frente a la Confederación General del Trabajo se adoptó una actitud más enérgica, sobre todo después de producirse un conato revolucionario peronista que fue sofocado.

Consecuente con su posición liberal, el gobierno llamó a una Junta Consultiva a los principales partidos políticos, con exclusión de la Unión Federal —de extrema derecha—, el Partido Comunista y los sectores peronistas. Ante la perspectiva de encaminar al país hacia la normalidad, el gobierno convocó una Asamblea Constituyente en Santa Fe. Las elecciones sirvieron para tantear el estado de la opinión pública. La Asamblea, en cambio, apenas pudo restaurar la vigencia de la Constitución de 1853, agregándole algunos capítulos declarativos. La tensión política estaba ya referida a la elección presidencial que se esperaba, y la Unión Cívica Radical, que era el único partido que podía competir con el peronismo, se había dividido en dos sectores: la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Esta última fue acusada de haber logrado un vago acuerdo con algunos sectores peronistas: lo cierto es que su candidato, Arturo Frondizi, resultó triunfante en las elecciones de 1958.

Fiel a su palabra, y resistiendo muchas presiones, Aramburu entregó el poder a su sucesor. Se inició entonces una era de audaces iniciativas, que el país suponía maduramente estudiadas gracias a la imagen que de sí y de su programa había sabido dar el partido triunfante. En el orden social, el gobierno promovió la Ley de Asociaciones Profesionales, que consolidaba el movimiento sindical y la Confederación General del Trabajo. En el orden económico, su política fue de desarrollo y puso el mayor énfasis en el petróleo, en la siderurgia, en la petroquímica y en otras industrias básicas. Para estimularlas, el gobierno buscó capitales extranjeros y obtuvo fuertes empréstitos, realizando algunas veces, como en el caso de las empresas petroleras norteamericanas, contratos que vastos sectores consideraron perjudiciales para la economía del país. De todos modos, la explotación petrolífera se intensificó, al par que crecían otras industrias, especialmente la automotriz.

Pero la situación política fue desde el comienzo muy inestable. La sensación de que el gobierno había triunfado gracias al apoyo del peronismo creó a su alrededor un ambiente de sospechas por parte de ciertos grupos políticos y, en especial, de las fuerzas armadas. Muchas figuras del gobierno fueron objetadas por estas y muchos actos censurados directamente. Siempre tensas, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas armadas llegaron a ser amenazantes. No faltaron los emplazamientos ni las rebeliones abiertas, en tanto que el presidente perdía poco a poco la autoridad y la fuerza que hubiera necesitado para enfrentarlos.

Al aproximarse las elecciones de 1962, las tensiones se acentuaron. El peronismo parecía tener mayoría y muchos sectores antiperonistas —entre ellos las fuerzas armadas— sostenían que tolerar su regreso al poder era traicionar a la Revolución Libertadora. El dilema era, pues, o la proscripción del peronismo o su triunfo. El gobierno aseguró a las fuerzas armadas que el partido gobernante triunfaría, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde debía elegirse gobernador. Pero los hechos desmintieron esas afirmaciones. Triunfante en Buenos Aires el candidato peronista, Frondizi intervino la provincia y adoptó otras medidas desesperadas. Pero fue inútil. El gobierno había perdido la confianza de las fuerzas armadas y estas no vacilaron en deponerlo en marzo de 1962.

El vicepresidente José María Guido asumió el poder. Su política fue vigilada de cerca por las fuerzas armadas, que para entonces se dividieron profundamente. El país estaba en una encrucijada y hubo un comienzo de guerra civil. El bando “azul” se impuso finalmente y fijó la política del gobierno, que llamó a elecciones generales. Resultaron electos numerosos legisladores y algunos gobernadores de provincia peronistas. Pero para la elección presidencial el candidato del “Frente” que agrupaba al peronismo, a la Unión Cívica Radical Intransigente y al Partido conservador Popular no pudo llegar a las elecciones. Mediante la aplicación de diversas disposiciones legales fue impuesto el criterio de que subsistían las condiciones políticas creadas por la revolución de 1955.

Quedaban enfrentados los candidatos de algunos partidos menores con el de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo U. Illia. Este último obtuvo el mayor número de sufragios y en el Colegio Electoral fue elegido presidente con el voto de varios partidos políticos. El 12 de octubre de 1963, asumió la presidencia de la nación.

El liberalismo latinoamericano. 1977

El liberalismo latinoamericano. 1976

Para América Latina, ningún problema constituye un nudo tan importante en su vida y en su cultura como el del liberalismo. Más que una doctrina política o filosófica fue, en vísperas de los movimientos emancipadores de 1810 y después de ellos, una filosofía de vida, un sistema de ideales que configuraba la imagen que cada país se hizo de sí mismo. No sería exagerado decir que, en todos ellos, todo el juego de las tendencias sociales y de las ideas se organiza alrededor de la controversia del liberalismo.

La penetración del liberalismo

Ciertamente, la crisis del mundo colonial hispanoportugués que conduciría a la emancipación y daría origen a la formación de las nuevas nacionalidades está consustanciada con las ideas de la Ilustración. Se difunden con algunas limitaciones en lo político y en lo religioso desde las mismas metrópolis; pero fueron conocidas en toda su extensión a través de la lectura subrepticia de las obras fundamentales de la segunda mitad del siglo XVIII, prohibidas por las autoridades pero que llegaron a las manos de los grupos renovadores que empezaron a constituirse por entonces en muchas ciudades, dentro y fuera de las universidades. El espíritu inquisitorial predominaba con distinto vigor en las diversas regiones latinoamericanas, y se manifestaba no sólo en el celo de las autoridades sino también en el designio de las clases dirigentes de mantener y perpetuar el espíritu autoritario y dogmático que las metrópolis habían impuesto en sus colonias desde el momento primero de la conquista. Contra ese espíritu tradicional utilizaron los nuevos disidentes como arma de lucha el pensamiento racionalista primero, y el de la Ilustración después. Algunas universidades, como la de Charcas, en el Alto Perú, llegaron a ser centros de intensa actividad intelectual de inocultable heterodoxia.

Fueron estos grupos disidentes los que prepararon el camino de la emancipación de las repúblicas latinoamericanas. Las nuevas generaciones, formadas al calor de la renovación económica que se produjo en las últimas décadas del siglo XVIII, recibieron al mismo tiempo la oleada de las nuevas experiencias políticas que suscitó la Revolución francesa. Así quedaron definidas las posiciones entre los tradicionalistas y los que muy pronto empezaron a llamarse liberales.

Los movimientos emancipadores que se produjeron en 1810 en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, así como otros que no triunfaron inmediatamente, estaban impregnados de las ideas del liberalismo, aunque pudieron advertirse importantes matices entre ellos, unos más y otros menos radicales. Sus inspiradores remotos fueron, obviamente, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros autores menores que divulgaban sus ideas. Se sumaban a ellos los pensadores ingleses, Locke y Paine en particular, y en alguna medida los tratadistas norteamericanos, que ofrecían fundamento teórico al movimiento emancipador de los Estados Unidos y a las instituciones de la nueva república federal. Liberal fue el mensaje revolucionario que llevaron a diversos países los ejércitos libertadores de San Martín y de Bolívar. Y liberales fueron las instituciones con que se constituyeron las nuevas repúblicas latinoamericanas, inspiradas —en teoría al menos— en los principios de la soberanía popular, los derechos individuales, la igualdad, la fraternidad y, sobre todo, la libertad, palabra clave reiteradamente repetida y sobre cuyos alcances se abriría una tensa polémica muy poco después.

Pero el espíritu tradicionalista no se extinguió con la emancipación. Los movimientos rebeldes abortaron en México y América Central, y las clases conservadoras retuvieron el poder. Y aun allí donde esos movimientos triunfaron, se vio muy pronto reagruparse a los tradicionalistas al acecho de una circunstancia favorable para dar la batalla contra los grupos revolucionarios, lo que era, en el fondo, una batalla contra el liberalismo.

Así pues, el liberalismo triunfó con la emancipación, incluso en aquellos países que más tardaron en alcanzarla. Pero las alternativas del proceso postrevolucionario, con sus fracasos y sus desviaciones, planteó muy pronto en toda Latinoamérica el problema de la legitimidad de las ideas que habían movido aquel proceso. El liberalismo fue cuestionado —como praxis política y como doctrina filosófica— a la luz de las consecuencias que su adopción había originado; y en las tres o cuatro décadas que siguieron a los movimientos revolucionarios de 1810 se produjeron en todos los países intensos movimientos de polarización antiliberal.

Liberales y conservadores

El liberalismo extremado, el que sostenía el principio igualitario en una sociedad que conservaba su tradicional estratificación, y que proclamaba la libertad en medio de un orden que mantenía su estructura autoritaria, fue criticado duramente desde un punto de vista ultramontano, nutrido del espíritu de la Restauración. También fue combatido desde un punto de vista conservador —al estilo inglés—, que condenaba la concepción revolucionaria y sólo admitía un proceso de cambio que fuera lento y evolutivo. Pero inclusive fue combatido desde un punto de vista liberal moderado, que sin declinar la defensa de grandes principios consideraba peligroso aplicarlos sin ajustarlos cuidadosamente a las circunstancias reales de cada sociedad. Muy pronto, el liberalismo moderado adoptaría los caracteres de un conservadorismo liberal. Ejercieron fuerte influencia en el desarrollo de esas actitudes críticas muchos factores. Quizás el primero fuera la experiencia europea de la Restauración; pero no menor fue la que tuvieron otras experiencias, la de España en primer lugar, donde el absolutismo de Fernando VII desembocaba en la guerra carlista; la de las revoluciones de 1830, de acento liberal; la de las revoluciones de 1848, con la doble fisonomía que presentó en Francia. En cada caso, los fenómenos políticos europeos producirían encontrados efectos: se tonificaban tanto los liberales como los conservadores en la defensa de sus posiciones y en el ataque de las adversarias, y no contaron menos las influencias ideológicas del Romanticismo bifronte, conservador o liberal. Poco a poco, tanto la política como las ideas se fueron polarizando en todos los nuevos países latinoamericanos alrededor de los principios liberales o de los principios conservadores.

Esa polarización se puso claramente de manifiesto hacia mediados del siglo, cuando las nuevas y tumultuosas sociedades que se habían ido formando en las jóvenes naciones comenzaron a estabilizarse y empezaron a buscar su consolidación a través de un orden institucional. Se manifestó, sobre todo, en la lucha por la orientación que debían tener las constituciones con las que cada Estado quería formalizar su existencia jurídica. Liberales y conservadores disentían en muchas cosas, aunque de diferente cuantía. La relación entre los problemas concretos de cada país y las grandes líneas ideológicas recibidas de Europa o los Estados Unidos no siempre fue clara, pero las actitudes pragmáticas sí lo eran. Problemas económicos y sociales, como el de los monopolios o el mayorazgo, los impuestos o la política con respecto a las clases trabajadoras de origen indio o negro, polarizaban drásticamente las opiniones. Problemas políticos como el del federalismo, por oposición al centralismo; o problemas difusos que abarcan un vasto espectro de preocupaciones, como el papel de la Iglesia o el control de la educación pública dividían a los dos bandos —conservadores y liberales— en el momento de discutir las instituciones que cada república se daría. Y más allá de las cuestiones concretas, los dividía una tendencia general, unos a la conservación de las tradiciones, las costumbres y las ideas vernáculas de raíz colonial, y otros a la apertura del horizonte intelectual para dar libre paso a las nuevas ideas relacionadas con la sociedad, la política y, sobre todo, con la concepción del progreso.

Si la disputa por las constituciones fue intensa y larga, otra disputa más sutil se puso de manifiesto por la misma época, enfrentando las mismas posiciones. Fue la disputa por la interpretación del pasado nacional, de la que surgió la misma puntualización de la trascendencia del enfrentamiento. Y si, en general, triunfó el liberalismo en la primera, también triunfó en la segunda.

Afirmada la soberanía política de cada país, en vías de solución el problema de su organización institucional, apareció en todos la preocupación por la identidad histórica. ¿Qué era ser argentino, venezolano, mexicano? La respuesta dio origen a una nutrida producción historiográfica que significó un balance más o menos cuidadoso de la tradición colonial, del proceso revolucionario y de los comienzos de la organización institucional, en la que cada autor representó un punto de vista que no sólo era retrospectivo sino, además, prospectivo.

El punto de vista predominante fue el liberal. En la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento escribió un vigoroso y profundo estudio, Facundo, cuyo subtítulo —Civilización o barbarie— declaraba explícitamente ese punto de vista. Para analizar y comprender la situación de su país en el momento en que escribía —en 1845, proscrito en Chile— rastreaba el pasado colonial, sopesaba la influencia española en lo que, según él, tenía de negativo, analizaba los caracteres del movimiento revolucionario de 1810 y desembocaba en el examen de la sociedad argentina de su tiempo, en la que veía un juego entre las tendencias de la campaña criolla y bárbara y las ciudades civilizadas y europeizantes. Más tarde Bartolomé Mitre escribió sendos estudios sobre dos grandes figuras de la independencia, San Martín y Belgrano, que constituyeron, en conjunto, la primera historia de la nación, y en la que reivindicaba la tradición liberal de la Revolución de Mayo. En el mismo sentido concibió su Historia de la República Argentina Vicente Fidel López, que confirmaba la posición intelectual declarada ya antes en su Memoria sobre los resultados con que los pueblos han contribuido a la civilización de la Humanidad, un título que evocaba la obra de Condorcet.

La historiografía liberal produjo obras importantes en Chile. Francisco Bilbao escribió un ensayo titulado Sociabilidad chilena, que mostraba su liberalismo radical. Pero los historiadores más radicalizados fueron Diego Barros Arana, autor de una Historia general de Chile, José Victorino Lastarria, que compuso una Historia constitucional de medio siglo, y Benjamín Vicuña Mackenna, entre cuyas obras se destacan una Vida de O’Higgins y una Vida de Portales.

Análogas tendencias, aunque con matices, mostraban en Perú la obra de Daniel F. O’Leary, sobre la emancipación de este país y la de Mariano Felipe Paz Soldán titulada Historia del Perú independiente. En Colombia José Manuel Restrepo compuso una Historia de la Revolución de Colombia y en Venezuela Rafael María Baralt su Resumen de la historia antigua y moderna de Venezuela. En México, Lorenzo de Zavala manifestó en su obra una tendencia decididamente jacobina; José María Luis de Mora se mostró también liberal en México y sus revoluciones; y más tarde hizo gala de sus convicciones progresistas Justo Sierra en su Evolución política del pueblo mexicano, lo mismo que en Brasil Francisco Adolfo de Varnhagen en su Historia do Brasil.

Con ser extenso, el conjunto de obras mencionadas no agota la crecida producción historiográfica latinoamericana al promediar el siglo XIX. Y vale la pena detenerse en ella no sólo porque constituye la más neta expresión de la actitud liberal sino también porque fue el cauce fundamental que adoptó la cultura intelectual, inseparable entonces de cierta militancia social, política e ideológica. No abundaron los ensayos sistemáticos y teóricos, pero en la concepción de la historia nacional se volcaron todas las inquietudes, que participaban de la doctrina y de la praxis.

Sin embargo, la historiografía liberal fue escasamente polémica, precisamente por el vasto consenso que tenía en las clases ilustradas el liberalismo. Su concepción del pasado nacional y su implícita prospectiva parecían indiscutibles, puesto que situaban el desarrollo de cada región, convertida luego en país independiente, en la línea del progreso de la humanidad. Las luchas políticas —tema casi exclusivo de esas obras— se inscribían en las luchas por la civilización contra la barbarie; pero se inscribían sobre todo en la lucha contra el autoritarismo, la ignorancia, el dogmatismo. Podría decirse que las historias nacionales fueron concebidas como “historias de la libertad”, pensada esta con los caracteres que podía tener en Guizot o en Michelet. Aun la lucha por la juridicidad era una lucha por la libertad, en un ámbito social en el que el viejo autoritarismo colonial había sido heredado por caudillos y dictadores surgidos de las guerras civiles que siguieron en casi todos los países a la independencia.

Con todo, quizá la clave de la historiografía liberal fue la preocupación por establecer las identidades nacionales. Podría decirse que la inspiraba el espíritu de las revoluciones europeas de 1830, en las que el nacionalismo de los pueblos sojuzgados se manifestaba como un anhelo de recuperar su personalidad colectiva, de expresarla libremente gracias a las libertades que garantizarían sus instituciones, que se soñaban fundadas en los principios del liberalismo. La historiografía latinoamericana de mediados del siglo XIX expresó semejantes puntos de vista. Supuso que los pueblos, individualizados y definidos, no habían nacido con su independencia política sino que eran preexistentes y habían estado sojuzgados por las metrópolis coloniales. Se trataba entonces de rescatar su personalidad y demostrar que los movimientos emancipadores habían otorgado la libertad política a quienes ya tenían una clara y diferenciada fisonomía social y cultural. Por eso el concepto básico de la historiografía liberal fue la “nación”, con claras connotaciones románticas. Y esa nación preexistente en el momento de la independencia era la protagonista del drama social, político y cultural que siguió a ella, cuando se trató de despojarla del sistema colonial en que estaba inscripta —cada una junto con todas las demás— y proveerla de su propio e irreductible sistema nacional.

Por ese presupuesto, la historiografía liberal fue cuestionada desde un punto de vista conservador, que asumió la defensa del orden colonial, con todo lo que él entrañaba. El ecuatoriano Gabriel García Moreno, ultramontano por cuya inspiración se inscribió en la Constitución de su país que para ser ciudadano del Ecuador se requería ser católico, se había lanzado a la defensa de los jesuitas, analizando la obra ingente que la Compañía había cumplido en América. Era tomar partido contra la ideología de la independencia, inequívocamente liberal. Y el punto clave fue, precisamente, la reivindicación del orden colonial y de la Iglesia católica. También asumió la defensa de los jesuitas y de la Iglesia en general el colombiano José Manuel Groot, autor de una Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Con el mismo espíritu compuso su Historia eclesiástica y civil de la República del Ecuador el obispo Federico González Suárez, autor también de una Historia eclesiástica del Ecuador. Pero acaso la obra más significativa entre las que cuestionaron el pensamiento y la política del liberalismo sea la del mexicano Lucas Alamán, cuyas Disertaciones sobre la Historia de México y la Historia de México no sólo reivindicaban los movimientos revolucionarios encabezados por Hidalgo y Morelos, sino todo el proceso revolucionario posterior a la caída del emperador Agustín Iturbide, signado por la acción de los liberales.

Como era inevitable, la crítica del liberalismo se montó en esta época sobre el análisis de los frutos de la acción política que había inspirado. Pero muchos puntos doctrinarios surgieron al paso. Lo fundamental en la polémica fue el juicio sobre la conquista española y el sistema colonial. Los tradicionalistas defendían la obra de España, la sabiduría de sus instituciones, su obra civilizadora gracias a la cual se habían convertido los indios al cristianismo y se habían adaptado a la civilización europea, el papel de los misioneros y la función de los conventos así como la influencia de la Iglesia sobre todo el sistema. Era, justamente, lo que, en general, cuestionaban los liberales; sobre todo, la injerencia de la Iglesia en la vida civil y especialmente en la educación. Pero de esos temas se desprendía uno capital: la condición de las etnias sometidas y, por derivación, el tema siempre candente de si los principios liberales —especialmente los de la libertad y la igualdad— debían aplicárseles, aun a riesgo de conmover los fundamentos económicos y sociales del orden vigente. Ciertamente, sólo los liberales radicalizados siguieron manteniendo una actitud afirmativa en las tres o cuatro décadas que siguieron a la emancipación, en tanto que los liberales moderados se aproximaron en este aspecto a los conservadores, aun cuando siguieron afirmando el valor de la cultura, combatiendo la injerencia eclesiástica en la vida civil y en la educación y criticando la obra de las metrópolis coloniales.

Pero además quedó planteado otro problema que no se relacionaba con la época colonial sino con el período postrevolucionario. Fue el de los resultados que había tenido la aplicación de los principios del liberalismo. Los tradicionalistas y muchos que se seguían diciendo liberales achacaron a esa doctrina la anarquía, el desorden, el empobrecimiento general, la decadencia de las ciudades. El mismo Bolívar sostuvo esta tesis, no tanto para cuestionar los principios básicos del liberalismo como para afirmar su inadecuación a la realidad de los nuevos países. Pero entre estos dos supuestos extremos se establecieron diversas posiciones intermedias. Una muy singular fue la que podría llamarse “teoría de la dictadura liberal”, cuya contradicción íntima parecía justificada por la necesidad de que la aplicación de los principios liberales fuera regulada por un poder fuerte, dictatorial si fuera necesario, para impedir el deslizamiento hacia situaciones caóticas. Tema importante de la polémica fue el de los “límites” de los principios liberales: los límites de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la soberanía popular, de los derechos políticos. Pero simultáneamente muchos sectores tradicionalistas en estas materias se mostraron inclinados a favorecer el progreso material y el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos. Se criticaba la Vida de Jesús, de Renan, pero se admitía El porvenir de la ciencia.

Liberalismo y positivismo

A partir de 1880, aproximadamente, se advirtió un cambio sensible en algunas posiciones ideológicas y políticas, y en diversos países latinoamericanos el cuestionamiento y la defensa del liberalismo adquirieron otros matices. Si las revoluciones europeas de 1848 tuvieron larga repercusión, no la tuvieron menos otros fenómenos políticos: el proceso español bajo Isabel II y el que siguió a su deposición en 1868, el de la Inglaterra victoriana, con su sostenido equilibrio y su creciente poderío, el del Segundo Imperio francés, el de la unidad italiana. Este último reveló toda la importancia de la cuestión religiosa, y los pronunciamientos pontificios sobre el liberalismo —la encíclica Quanta cura y el Syllabus— repercutieron fuertemente sobre la opinión pública. Al mismo tiempo, la penetración de las obras fundamentales del positivismo y del cientificismo, especialmente las de Comte y Spencer, a las que se agregaron las de sus numerosos divulgadores, crearon en las clases cultas una atmósfera ilustrada que también contribuyó a formar la lectura de la literatura del naturalismo. Un nuevo panorama se abría en la consideración del liberalismo.

Ante todo, la posición del liberalismo se había robustecido considerablemente. No sólo era la doctrina predominante en política y la que, con diversos y singulares matices, inspiraba el sistema institucional de la mayoría de los países, sino que, en su nuevo avatar finisecular en el que se combinaba con el positivismo y el cientificismo, era también la filosofía predominante entre las clases cultas y la fuente más o menos reconocida de las opiniones generalizadas sobre el sentido de la vida, la moral y la convivencia. Sus principios se transformaron en verdades comunes y de sentido común. El progreso, concebido como inseparable de una concepción liberal de la vida, fue la bandera de la época, en la que, por lo demás, parecían incuestionables los principios del liberalismo económico. Los adalides de esas actitudes fueron las poderosas burguesías que se constituyeron por entonces en casi todos los países, al calor de la riqueza que trajo a Latinoamérica su inclusión en la periferia de los países industrializados. Pero las clases populares se sumaron a las élites y participaron de las mismas actitudes, movidas por la certidumbre de que favorecían y permitían el ascenso individual de clase, objetivo obsesivo de esas décadas de esplendor material.

En ese cuadro se manifestaron nuevos cuestionamientos del liberalismo, desde diversos puntos de vista. La política antiliberal del papado tuvo enorme importancia. En el Ecuador la adoptó el presidente García Moreno como su propia bandera y como fuente inspiradora de su política, y más tarde aglutinó a sus adeptos en muchos países latinoamericanos, especialmente en relación con problemas concretos que replanteaban los conflictos entre la Iglesia y el Estado.

Fueron los ultramontanos los que arremetieron con más vigor contra el liberalismo. Tanto el presbítero chileno Joaquín Larraín Gandarillas como el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno retomaron y sostuvieron el principio del fundamento sobrenatural de la sociedad y la existencia de un orden divino que la Iglesia no sólo debía sino que estaba obligada a defender, de lo que resultaba la afirmación del derecho de la Iglesia a intervenir en el orden secular. En Argentina defendieron esta tesis —y sus consecuencias concretas— Pedro Goyena y José Manuel Estrada. Este último, aun considerando “admirable la robusta generación que fundó la República”, criticaba su ortodoxia liberal y, refiriéndose a su época, hablaba de que el gobierno participaba de una conspiración para imponer “el programa masónico de la revolución anticristiana”. La ocasión para esa arremetida antiliberal fue la sanción, en 1884, de las leyes que establecían la educación popular laica y obligatoria y el Registro Civil, institución estatal que sustraía a la Iglesia el control de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, estos últimos válidos de allí en adelante por el solo acto civil. “La ignominia del concubinato legal”, llamaba Estrada al matrimonio civil, atribuyendo esta responsabilidad al liberalismo. Con el mismo vigor anatemizó la enseñanza laica —”la escuela sin Dios” — en la que veía un semillero de esos males que él, como todos los ultramontanos, compendiaba en la fórmula de la “civilización moderna”. Por esa época hubo debates semejantes —con semejantes argumentos— en varios países, distinguiéndose en la defensa del punto de vista ultramontano el chileno Carlos Walker Martínez, el boliviano Mariano Baptista y, sobre todo, el colombiano Miguel Antonio Caro.

Pero el liberalismo fue, por entonces, cuestionado también desde un punto de vista social, y con diversos enfoques. Todos ellos coincidieron en reconocer que era la ideología del progreso; pero coincidieron también en que era una ideología de clase, asumida por las clases altas poseedoras, defendida e impuesta por ellas porque expresaba sus aspiraciones. Se achacó al liberalismo la formación de un tipo de sociedad en la que las clases productoras e ilustradas —y no sólo las clases altas sino también las clases medias— sacrificaban a sus intereses a las clases desheredadas, a las que despreciaban por su elementalidad y por su ignorancia, como si fueran responsables de ella, con lo que se consideraban autorizadas para mantenerlas en estado de sujeción. La educación —tanto en el sentido intelectual como en el social— parecía constituir un signo de clase, y el liberalismo fue acusado, explícita o implícitamente, de justificar esa sociedad que desestimaba y condenaba a los estratos sociales de menor nivel.

El primer enfoque, de raíz romántica, puso el énfasis sobre las razas sometidas y desembocó en lo que llamó el “nativismo” o “indigenismo”. En el Brasil ya había aparecido esa actitud a fines del siglo XVIII, pero sin el contexto político que tendría en las últimas décadas del siglo XIX. Ahora ese sentimiento reivindicatorio de las razas sometidas se canalizó a través de la literatura, concretado en varias obras significativas: Cumandá, del ecuatoriano Juan León Mera, Enriquillo, del dominicano Manuel de Jesús Galván, Tabaré, del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, Aves sin nido, de la peruana Clorinda Matto de Turner, Canaán, del brasileño Graça Aranha, todas ellas de las últimas décadas del siglo. Fue en Brasil precisamente donde el movimiento tuvo más dramaticidad, polarizando a los partidarios y a los adversarios de la esclavitud, que sólo fue abolida en 1888. La prédica en favor de las razas sometidas recaía, indirectamente, sobre todo el sistema social y económico. Algo parecido pasó en Argentina con el problema de los “gauchos”, un sector social rural tradicional que, aunque no perteneciera a una raza sometida, estaba constituido preferentemente por mestizos. Hasta esa época había habido una “literatura gauchesca”, cultivada por escritores cultos de las ciudades que, sin embargo, usaban del caudal de creación popular de los “cantores” gauchos, y que no tenía contenido ideológico. Pero cuando los gobiernos liberales intensificaron su política civilizadora y progresista, redujeron y acorralaron a los gauchos, cuyo tipo de vida no se adecuaba al programa civilizatorio. Entonces la poesía gauchesca tomó la bandera de su reivindicación y produjo un formidable alegato contra la civilización en el Martín Fierro de José Hernández, cuya primera parte su publicó en 1872 y la segunda en 1879. El poema —casi una respuesta al Facundo de Sarmiento— sirvió de contraseña para algunos movimientos antiliberales argentinos.

El segundo enfoque, fruto de algunas experiencias sociales y políticas, puso el énfasis sobre la marginalización de las clases populares, como resultado de la actitud de las clases cultas y poderosas que, controlando la vida económica, controlaban también la vida política. Esas clases eran liberales, y como fueron consideradas por sus nuevos críticos sociopolíticos como verdaderas oligarquías plutocráticas, el liberalismo empezó a ser considerado por ellos como una ideología oligárquica y plutocrática también. El fenómeno se puso de manifiesto en las últimas décadas del siglo XIX, cuando el desarrollo económico de ciertos países permitió el ascenso hacia la clase media de muchos que habían logrado prosperar, sin que por eso dejaran de ser políticamente marginales. Hubo, pues, una masa, preferentemente urbana, que aspiró a la participación política y que vio en el liberalismo la postura de los que le cerraban el paso. Se reprochó al liberalismo una concepción elitista y una total insensibilidad para percibir y aceptar los difusos sentimientos populares de los grupos que ahora se sentían ciudadanos de pleno derecho. Pero la crítica fue difusa, y más importante que los cargos concretos fueron los sentimientos ante la actitud rígida de quienes parecían sacrificar a sus ambiciosos planes los estratos de menor nivel de la sociedad. Tales caracteres tuvo el movimiento que organizó en Perú Manuel González Prada, que unió en su defensa a todas las clases populares, empezando por los indios, y requirió el apoyo del Estado para su educación y su subsistencia, levantando la bandera de la justicia social. En Argentina, pocos años después de iniciado en Perú el levantamiento de González Prada, Leandro Alem aglutinaba un movimiento popular que irrumpió en 1890 en una revolución de gran importancia para el futuro. Era un movimiento inorgánico pero con un gran contenido emocional, cuya bandera fue el sufragio universal como arma para lograr la plena participación de toda la ciudadanía. Rasgos semejantes tuvo en México el movimiento antirreeleccionista que se produjo en 1910 contra el presidente Porfirio Díaz, encabezado por Francisco Madero, y que luego derivaría en un sentido revolucionario de fuerte contenido social. Y algunos signos de antiliberalismo contenía el movimiento que encabezó en Uruguay Batlle y Ordóñez, preocupado por canalizar las inquietudes sociales a través de una legislación que les ofreciera satisfacción.

El tercer enfoque fue el que introdujo la concepción marxista, cuyos doctrinarios aplicaron a la situación latinoamericana los principios del materialismo histórico. Quizá el más brillante de ellos fue el argentino Juan B. Justo, que en los últimos años del siglo enjuició la sociedad y la política de su país y especialmente a sus clases poseedoras, fundando en 1896 el Partido Socialista; como su compatriota Alfredo Palacios y el uruguayo Emilio Frugoni, discriminó ciertos valores del liberalismo que no sólo sustrajo a la crítica sino que exaltó, reprochando a las oligarquías liberales que los hubieran abandonado.

El liberalismo en retirada

Las críticas al liberalismo no comprometieron, por esa época, su predominio como ideología dominante. Revivieron viejas objeciones, actualizaron duras quejas o enjuiciaron sus supuestos en términos universales, pero a nadie se ocultaba que constituía el fundamento del sistema predominante, sostenido por un vigoroso consenso. Las críticas empezaron a ser un poco más profundas a medida que iba entrando el nuevo siglo. Un signo sugestivo fue la aparición del “arielismo”, un movimiento moralizante inspirado en Ariel, del uruguayo José Enrique Rodó, publicado en 1900. Era un alegato contra el modo y los ideales de vida de los Estados Unidos, en los que Rodó veía una insurrección de los valores utilitarios. El liberalismo sentía el golpe, porque el pragmatismo norteamericano parecía la expresión más adecuada de las tendencias progresistas que él cobijaba. Lo contrario parecía ser un idealismo no bien definido, una moral de la persona humana y, en el fondo, una concepción desinteresada o lúdica de la vida, propia de minorías exquisitas. Eran los tiempos del nacimiento del modernismo literario, poco después de la publicación de Prosas profanas, de Rubén Darío. Por primera vez se imputaba a las clases altas su estulticia, su obsesiva preocupación por la riqueza, y la palabra “fenicio” definía a los ricos y poderosos que componían las clases dominantes. El liberalismo, bajo la fisonomía que presentaba en mano de esas oligarquías plutocráticas, pareció, a los ojos de las nuevas minorías intelectuales y neorrománticas, comprometido con una concepción fenicia de la vida.

Era una crítica aristocratizante, y el mismo sentido tuvo la que desde un punto de vista social y político desarrollaron otros grupos. En Brasil, la escuela de Recife, de fuerte inspiración alemana, impulsó un racismo blanco que tuvo su principal inspiración en Oliveira Vianna, cuya Evoluçao do povo brasileiro recoge las ideas de Gobineau y de Chamberlain y las empalma con las del racismo ario que cundía en Alemania. Básicamente antiigualitario, este aristocratismo social atacaba al liberalismo por otro flanco, acusándolo de haber fomentado una sociedad sin jerarquías, fundada en el poder del dinero y abierta a todas las remociones que el ascenso económico de los grupos populares producía. Por ese mismo flanco atacaban al liberalismo otros movimientos semejantes, como los que reivindicaban la supremacía de las viejas clases dominantes de pura cepa hispánica en México o Perú. Con frecuencia fue sólo un movimiento intelectual —como el que representaba el peruano Raúl Porras Barrenechea— pero más de una vez, y en diversos países, tuvo proyecciones políticas. José Vasconcelos sostuvo en México la necesidad de resistir a la seducción del modelo norteamericano de vida y de restaurar la concepción latina, hispánica y católica, cuyo trasfondo no coincidía con el liberalismo. Y los primeros movimientos nacionalistas que aparecieron en Argentina, inspirados en gran parte por el pensamiento de derecha francés representado por Maurràs y Daudet, y por la corriente defensora de la “hispanidad“, como la entendía Ramiro de Maeztu, se mostraron antiliberales desde un punto de vista aristocratizante y minoritario, como se manifiesta en Carlos Ibarguren, Ernesto Palacio o Ignacio Anzoátegui.

Muy pronto, al hacerse sentir la influencia del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, las críticas al liberalismo adquirieron un tono más vehemente —como en la voz de Mussolini— y lograron, por cierto, una acogida más generalizada. Los movimientos nacionalistas cambiaron de características. Si antes habían sido minoritarios y aristocratizantes, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso tendieron a transformarse en movimientos de masas con consignas más o menos revolucionarias pero, en todo caso, francamente antiliberales. Y no solamente en cuanto a doctrina económica, social y política, sino también en cuanto a los valores culturales que entrañaba.

Acaso el rasgo más significativo haya sido la condenación del “imperialismo”, una palabra que definió en Latinoamérica —con fuertes contenidos emocionales— la política económica que las grandes potencias habían desarrollado desde la independencia. Se sostuvo que, inspirada por el liberalismo, la independencia había sido un simple movimiento político que, al sacudir el yugo de las metrópolis coloniales, había entregado los nuevos países a la dominación —a la explotación, se decía— de los grandes países capitalistas en proceso de industrialización, en especial Inglaterra. Los movimientos nacionalistas, que aspiraban a ser movimientos de masas, levantaron las banderas del antiimperialismo. Condenaron al liberalismo económico como una política que convenía a las metrópolis industriales, pero que distorsionaba las economías locales poniéndolas al servicio de los intereses extranjeros; y cuanto habían hecho las antiguas oligarquías de fines del siglo XIX en nombre del progreso fue repudiado en nombre de los genuinos intereses nacionales. Por esa vía, el liberalismo fue convirtiéndose en palabra despectiva, con la que se designaba la doctrina económica de las oligarquías vinculadas al capital extranjero.

Pero no sólo se condenó el liberalismo económico. Los movimientos nacionalistas que aspiraban a ser movimientos de masas condenaron también acremente, como antinacional, la actitud política y social del liberalismo. La democracia liberal fue considerada un ardid engañoso, pues el sistema representativo que debía alimentarla había mantenido alejadas de la participación política a lo que se llamó las “mayorías nacionales”. Se prefirió otro tipo de representación, de inspiración romántica: la del caudillo capaz de interpretar a las masas, a la manera del héroe de Carlyle. Las masas debían aceptar el liderazgo del caudillo para vencer a las oligarquías. Y este nuevo tipo de política propuesto por el nacionalismo significaba no sólo la negación de todo el sistema formal de la democracia liberal sino también de la concepción liberal de la comunidad política, fundada en el valor primordial del individuo y de sus derechos como persona. Lo importante eran las mayorías populares, concebidas de manera gregaria, en las que se veía a las depositarias de los valores nacionales, profundos y colectivos. Por eso se condenó también al liberalismo en el plano de la cultura. Más importante que las ideas elaboradas y sostenidas por las élites pareció la cultura popular, de raíz telúrica, elaborada en la tradición y manifestada emocionalmente en el folclore. Se consideró que la cultura universal era, necesariamente, una cultura extraña, importada e impuesta coactivamente sobre el tejido de la auténtica y espontánea cultura popular.

No en todas partes los movimientos nacionalistas de masas tuvieron todos estos caracteres combinados de la misma manera. En los países con fuerte población aborigen el nacionalismo de masas se apoyó en el papel que estas debían cumplir, pero con algunos matices. En México, la revolución de 1910 tuvo un fuerte componente indigenista; pero con el tiempo se desvaneció, dando paso a una singular concepción de “lo mexicano” que, inspirada en cierto modo en José Vasconcelos, se desarrolló a través de pensadores, sociólogos, artistas, líderes políticos, que trataron de definir lo peculiar del “ser nacional”, unas veces con el acento puesto en lo indígena y otras admitiendo el valor de los componentes hispánicos. En Perú el “aprismo” —fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre— canalizó políticamente la tendencia a la reivindicación de los indígenas. Pero fue en Bolivia donde esos movimientos tuvieron un carácter más definido. El antiimperialismo se personalizó allí en la lucha contra los “barones del estaño”, pequeña oligarquía estrechamente vinculada a los intereses internacionales, y lo canalizó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tuvo en Víctor Paz Estenssoro a su conductor. Pero alrededor de las consignas económicas y políticas, el movimiento elaboró una doctrina de “lo boliviano” o “la bolivianidad”, nutrida no sólo de fuerte contenido telúrico sino también de una sutil combinación de elementos indígenas e hispánicos.

Todos esos movimientos fueron antiliberales. Si no fueron declaradamente socialistas, enarbolaron unas banderas de “justicia social” que contenían elementos del socialismo, aunque rechazaron los supuestos marxistas. Fincaban sus esperanzas en un “Estado justo”, ajeno a las presiones del capitalismo internacional, que diera satisfacción y recibiera el apoyo de las masas populares, y rechazaban las formas del Estado liberal. En el Brasil, el presidente Getulio Vargas fundó, precisamente, el “Estado Novo”, y en la Argentina el presidente Juan Domingo Perón llamó a su doctrina “justicialismo”. Nunca fue fácil establecer las características del tipo de Estado que ambos políticos quisieron fundar, ni quiénes fijarían su orientación. Pero era evidente —y explícita— la negación del liberalismo en todos sus aspectos, aun cuando fueran inciertas las fórmulas que debían reemplazarlo. Matices similares se encuentran entre los fundadores de la Democracia Cristiana chilena, como Radomiro Tomic, o en el colombiano Rojas Pinilla, que trató de romper el predominio de los dos partidos tradicionales.

En la agitada Latinoamérica de posguerra, el populismo pareció convertirse en la única alternativa viable frente al liberalismo, y la ideología de la justicia social, esgrimida por los teóricos de aquella doctrina, se contrapuso a la del ascenso individual. La primera, en muchos casos, pareció apenas una nueva versión de la tradicional caridad pública, mientras que la segunda, nacida del viejo tronco de la ideología liberal, adquirió un nuevo y sorpresivo significado en tanto sus beneficiarios podían ser sectores sociales mucho más amplios que los que tradicionalmente la predicaron.

Sin embargo, luego del resonante fracaso de las experiencias populistas más importantes, su ideología dejó de ser una real alternativa. Una condena más radical de la tradición liberal provino de los movimientos revolucionarios que se desarrollaron desde la década del sesenta, inspirados en la práctica de la Revolución cubana. De inspiración marxista, abandonaron la vertiente liberal que conservaba aquella ideología revolucionaria —y que era recogida por los partidos socialistas y por los comunistas— y se apropiaron de elementos del populismo y del nacionalismo, mezclados de forma más o menos coherente. Su desarrollo produjo fisuras y realineamientos, tanto dentro de la concepción populista como de la liberal, pero en general predominó una suerte de aglutinación en torno de una ideología que, conservando algunas formas del liberalismo, estaba cada vez más desprovista de sus contenidos originarios y se convertía en una justificación del statu quo. De ese modo, el liberalismo, parece hoy haber culminado un largo periplo histórico para convertirse en el último baluarte de los sectores tradicionales.

El drama de la democracia argentina. 1946

Tienen los problemas de la vida histórica un curioso destino. Durante mucho tiempo, su investigación e interpretación parece ser un derecho exclusivo de los eruditos que escudriñan sus más recónditos secretos. Pero un día, uno de ellos, por la repentina aparición de un interés inmediato que lo provee de apasionante actualidad, toma estado público y conquista la atención general, atrayendo hacia sí el esfuerzo unánime para el desciframiento de su significado.

Esta suerte es la que ha corrido —y la que deberá correr en estas próximas etapas de nuestra historia— el problema del sentido de nuestra trayectoria política. Muchos de los jalones que la integran están aún insuficientemente aclarados y aún puede considerarse en cierto sentido prematuro abrir juicio sobre ellos, especialmente sobre los que corresponden a los últimos sesenta años. Pero es innegable que no podemos esperar más y que tenemos que realizar el esfuerzo de reconstruir, con los pocos materiales con que contamos, el curso de nuestra existencia institucional y ciudadana, ese extraño curso que nos ha conducido a la situación que hoy debemos afrontar tomando una u otra actitud. El historiador es, quizá, quien más reparos tiene para esta labor porque es quien mejor conoce sus limitaciones y los peligros de las generalizaciones prematuras. Pero el historiador es ciudadano también y no puede negarse a contribuir con su esfuerzo a esta labor —hoy urgente— de aclarar la conciencia política nacional y de aclarar su imagen para quienes nos contemplan más allá de nuestras fronteras. Este sentimiento del deber me mueve —con humildad y con temor— a esbozar este cuadro del drama de la democracia argentina.

La democracia constituye nuestra auténtica y perdurable tradición política: no tenemos otra; el hecho es tan notorio y tan característico del proceso americano que basta enunciarlo —como punto de partida— para estar eximido de prueba. La democracia fue el signo bajo el cual surgieron a la vida independiente los países americanos; era la llamarada que incendiaba a Europa desde fines del siglo XVIII y siguió brillando pese a la férrea resistencia que le opusieron las fuerzas políticas constituidas. Bajo ese signo se produjeron las circunstancias que favorecieron o determinaron el movimiento emancipador y bajo él se formaron las conciencias de los hombres que lo realizaron. Desde ese momento, el espíritu democrático quedó fundido en el alma argentina —como en la del resto de América— y le proporcionó uno de sus matices peculiares.

Los actos que sellaron la independencia argentina en 1810, en 1813 y en 1816, los carriles que se delinearon entonces para nuestro desarrollo político y el espíritu que se infundió a la nueva nación, todo ello conservó y aún conserva su fuerza y su vigencia. Aquellos actos de soberanía y de afirmación democrática a un tiempo desencadenaron el proceso de constitución de la nación, proceso que ha continuado su desarrollo acaso con oscilaciones, pero en ningún instante con la voluntad expresa y decidida de abandonar el impulso originario para sustituirlo por otro. Así, puede decirse de la Argentina lo que del resto de la América: nació democrática, y lo sigue siendo porque en el escaso siglo y medio de su existencia política no ha negado la preponderante significación de ese elemento —el espíritu democrático— que ha fundido en su naturaleza y es ya consustancial con ella.

Sin embargo, como la democracia es una mera forma de convivencia social, ha sido posible —de buena o mala fe— interpretarla de diversos modos a lo largo de nuestra historia. Concebida como vaga aspiración popular, se la ha realizado a veces según ciertos principios que convenían a determinados grupos, falseando su espíritu, pero sin que nadie se atreviera a negar su significación como orden jurídico consustanciado con la vida nacional. Otras veces, en cambio, se ha procurado perfeccionar los instrumentos legales y purificar los hábitos políticos para asegurar su más perfecta realización.

Así, puede decirse que hay en la Argentina —creo que como en todos los países americanos— una historia peculiar de la evolución democrática; a mi juicio, no es excesivamente difícil reconstruir las líneas de esa evolución, y estoy seguro de que su conocimiento ilumina a plena luz algunos fenómenos de nuestra vida social y política que, cada cierto tiempo, parecen sorprender a los argentinos.

Advirtamos desde ahora que esos fenómenos apenas sorprendieron antaño a muchos espíritus avisados y sagaces que quisieron ahondar en su secreto. No se sorprendieron José María Paz, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Agustín García, Aristóbulo del Valle, José Ingenieros, Juan B. Justo, Alejandro Korn o Lisandro de la Torre. Por el contrario, en algunas observaciones hechas al pasar sobre la vida argentina, ellos —y acaso también otros— pusieron de relieve cuáles eran las fuerzas que provocaban aquellos fenómenos sociales y políticos que parecían expresar un debilitamiento de la conciencia democrática. Pero los argentinos no hemos compuesto con ese caudal de observaciones una doctrina que explique las raíces y los secretos de nuestros problemas decisivos. Acaso ese hecho —que no es sino un resultado más de lo que constituye el drama de la democracia argentina— nos hace caer repetidamente en los abismos de la confusión, y nos lleva a una sorpresa que no es sino el fruto de la escasa resonancia que tiene la reflexión sobre esos problemas en la conciencia de nuestro hombre medio.

Que se nos perdone la temeridad de intentar reducir a un breve esquema el drama de nuestra democracia —que es la médula de nuestra historia— a la luz de esas y de otras observaciones sobre nuestra existencia política e institucional. Nuestra historia independiente, a mi juicio, se presenta como constituida por dos ciclos bien caracterizados, que corresponden a las dos únicas etapas que hemos recorrido en el proceso de formación de nuestro fondo étnico y social.

El primer ciclo —la Argentina criolla— corresponde al período que transcurre, aproximadamente, desde 1810 hasta 1880, esto es, desde el momento de la independencia hasta la época en que comienzan a funcionar las instituciones constitucionales y legales y empiezan a advertirse las primeras consecuencias de la política que esas instituciones estimulaban. El otro ciclo —la Argentina aluvial— se abre después de 1853 con el sordo proceso de elaboración de una nueva realidad étnica y social, proceso favorecido por el nuevo orden institucional y que llega hasta nuestros días sin haber cerrado su curva. En los dos ciclos, el proceso de la evolución democrática presenta algunas analogías. En ambos, fuerzas sociales y económicas poco conocidas en su secreta naturaleza y hasta entonces inoperantes han hecho irrupción en cierto momento en el campo de la vida política y se han encontrado con un armazón institucional que apenas respondía a sus nuevas exigencias y necesidades. Sin duda, estas exigencias y necesidades no eran ni graves ni urgentes, pero revestían caracteres de aspiraciones legítimamente fundadas y correspondían a realidades en proceso de evolución; frente a ellas, el sistema institucional comenzó a funcionar como una pura forma jurídica sin que los grupos que ejercían el poder por entonces procuraran ajustarlo oportunamente a aquellas demandas, quizá porque consideraban que no eran demasiado apremiantes. Pero las aspiraciones seguían obrando como fuerzas subterráneas y provocaron un marcado escepticismo con respecto a las instituciones.

Este esfuerzo por llegar a una acomodación de las instituciones preestablecidas con respecto a las nuevas formas que adopta la realidad social, esfuerzo prolongado por la singular circunstancia de no ser los problemas tan apremiantes como para prefigurar soluciones claras e incontrovertibles, constituye, a mi juicio, uno de los caracteres más importantes del drama de la democracia argentina. Los atentados contra las instituciones que se observan a lo largo de nuestra historia no son necesariamente resultado de sentimientos antidemocráticos ni revelan crisis alguna de la democracia; son, unas veces, ataques más o menos vigorosos contra algunas instituciones en que la democracia se realiza y que parecen ineficaces frente a la realidad, y otras, intentos facciosos para contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada acomodación, realizados por quienes temen perder los privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan. Durante la época de los proscriptos y de la dictadura de Rosas, el programa de la democracia consistía en demostrar que las instituciones republicanas y representativas permitían su ajuste a las necesidades económico-sociales que surgían de la realidad, siendo, al mismo tiempo, la mejor garantía de las conquistas obtenidas y la más elevada forma de convivencia social. Hoy, el panorama es muy semejante, y nuestro esfuerzo debe consistir en realizar un nuevo ajuste entre la realidad y el orden jurídico que cierre el ciclo de la Argentina aluvial. Un breve análisis de nuestra evolución histórica mostrará cómo se han desarrollado los dos ciclos que, en mi opinión, la integran, y acaso surja de ese examen un claro esquema para la interpretación de este momento de nuestra vida política.

La Argentina criolla

El hecho fundamental y decisivo en la estructuración de nuestra nacionalidad es la progresiva incorporación del pueblo a la vida política en la época de la independencia y su choque con los complejos cuadros institucionales que había preestablecido —como condición necesaria de la emancipación y de la organización democrática— el grupo revolucionario de Buenos Aires. Hasta ese momento, puede afirmarse que en la Argentina no existe el pueblo como entidad política: el régimen colonial, por la realidad económico-social que encubría y por su propia naturaleza institucional, no había fomentado la aparición de una fuerza cohesiva que amalgamara el complejo social.

En verdad, las colonias rioplatenses comenzaron a adquirir alguna importancia solo en el siglo XVII, el segundo de los Austria. Para ese entonces, España había ordenado el régimen colonial dentro del más cerrado absolutismo y con el férreo apoyo de una doctrina política y religiosa que confería carácter sacrílego a toda desviación de la obediencia al Estado. Ningún plano de la existencia social permitía —en circunstancias normales— el ejercicio de una acción que contribuyera a formar la conciencia política. Los grupos urbanos hicieron de su aparatosa fidelidad —esto es, de la total delegación de la voluntad política— su más alto mérito. Las poblaciones campesinas compartieron esta actitud, robustecida entre ellas por la tradición del régimen paternalista indígena que llegaba a través de indios y mestizos, y aunque vivían prácticamente al margen de la vida social, conviene destacar que amasaban en esa atmósfera política su sensibilidad gregaria.

Cuando en el siglo XVIII comenzaron a llegar las auras renovadoras impulsadas por los Borbones, el pensamiento liberal que nutrió la nueva burocracia —un Bucarelli, un Vértiz— empezó a chocar con la vieja casta burocrática y mercantil que predominaba en las escasas ciudades, apoyada en el clero. Sin embargo, debido a la inmensa fuerza del Estado, esa nueva sensibilidad pública comenzó a imponerse y llegó a contagiar a ciertos grupos que no pertenecían a la clase de antiguo privilegiada: los grupos criollos urbanos. Así se formaron los cuadros directivos de la futura revolución, a cuyos miembros inspirarán, abiertamente, los postulados del liberalismo económico y del despotismo ilustrado, mientras en el fondo los agitaban los viejos odios contra los peninsulares privilegiados y los principios del liberalismo político.

Entretanto, la masa campesina apenas se enteraba de esta transformación impuesta desde arriba, que interesaba casi exclusivamente a comerciantes y a ganaderos propietarios y se apoyaba en ideas cuya circulación estaba limitada dentro de un reducido círculo. Félix de Azara, que visita nuestros campos en el siglo XVIII, se sorprende del primitivismo de nuestra población rural; pero no se sorprende menos por hallar a los “españoles campestres” —o sea la población blanca de los campos— “más sencillos y dóciles que los ciudadanos, y que no alimentan aquel odio terrible que dije contra la Europa”. Esta peculiaridad obedece a que la población campesina no ha alcanzado un mínimo nivel de formación política, equiparable al que se va formando en las ciudades. La población campesina —formada por criollos y mestizos, preferentemente— no posee, según Azara, “ni sujeción ni amor patriótico”, virtudes que, por otra parte, el estado colonial no le exigía debido a que, en la práctica, su existencia transcurría al margen del orden social y jurídico; las leyes carecían para ella de toda eficacia, no solo por el carácter general de la legislación colonial, harto desvinculada de la realidad, sino porque su situación era de escaso contacto con los grupos que llevaban una existencia regular y se desarrollaba dentro del ambiente de las pampas desiertas. Así se fue creando entre la población campesina cierto sentimiento de libertad incontrolada y anárquica, enmarcado dentro de los principios del absolutismo político; este extraño contraste determinó la aparición y fortalecimiento de un espontáneo sentimiento igualitario, al que acompañaba un irreductible individualismo y una ausencia total de conciencia política. La forma extrema de esta actitud antipolítica y antisocial que aparece en las campañas está representada por los gauchos, que —en el siglo XVIII y antes de que se produjera su regeneración en las guerras de la independencia— no eran sino “escapados de las cárceles de España y del Brasil o los que por sus atrocidades huyen a los desiertos” (Azara).

En relación con la de las campañas, puede decirse que la población urbana había logrado capacitarse progresivamente para la vida política en el curso del siglo XVIII: la vieja oligarquía peninsular para defender los principios absolutistas y teocráticos junto con sus propios privilegios; los grupos peninsulares renovadores para afirmar las instituciones liberales en el plano económico; los grupos criollos para defender esos mismos ideales y luchar, luego, por la emancipación y los principios políticos del liberalismo.

El cotejo entre los caracteres de la población rural y de la población urbana revela las peculiaridades de la sociedad colonial; como masa homogénea, económica, social y políticamente considerada, el pueblo no tiene significación ni eficacia en las colonias rioplatenses. Al producirse el movimiento porteño del 25 de mayo de 1810, el grupo criollo liberal quiso imponer, junto con los ideales de emancipación, sus propios ideales institucionales constituidos sobre los escasos modelos existentes y sobre unos principios doctrinarios de la filosofía política del siglo XVIII. Para cumplir su plan, el grupo criollo liberal llamó al pueblo para que se incorporara al movimiento revolucionario, dentro del esquema establecido de hecho por los primeros actos de la revolución; pero cuando acudió el pueblo, quedó en evidencia la incompatibilidad entre su naturaleza y la del grupo dirigente, y se inició un conflicto entre dos formas diversas de democracia, con el que se inaugura el drama de la Argentina criolla.

Estadista más que político, Mariano Moreno, el inspirador de los actos de la junta revolucionaria, advirtió el problema sin descubrir su trascendencia. Al llamado de los hombres de Buenos Aires respondieron en seguida los cabildos del interior, en muchos de los cuales predominaban ciertos grupos afines; pero cuando el proceso revolucionario avanzó y se plantearon los problemas institucionales, surgieron a la escena las masas rurales y, con ellas, las disidencias regionales movidas por legítimos e innegables intereses económicos y sociales que se manifestaban bajo la forma de una aspiración federativa opuesta al centralismo político y económico de Buenos Aires, de inequívoca raíz colonial. Moreno acudió a un recurso pedagógico, útil pero impotente frente a las fuerzas de la realidad: quiso demostrar por vía racional los peligros de la federación y las ventajas del sistema que preconizaba. Pero la realidad alimentaba aquella espontánea reacción y las masas rurales —encabezadas muy pronto por caudillos simplistas y eficaces— opusieron al esquema institucional propugnado por Buenos Aires sus exigencias inmediatas: libre desarrollo económico, libre navegación de los ríos, libre existencia dentro de los ideales de la indómita libertad a que acostumbraba el desierto. Cuatro años después de la revolución todo el Litoral ardía en odio contra Buenos Aires; diez años más tarde, la llama ha alcanzado a todo el país y la disgregación de la unidad política es un hecho consumado.

Los personajes del drama de la Argentina criolla están perfectamente caracterizados. Por una parte, obra una masa campesina o semirrural, políticamente inexperta y de concepciones simplistas, cuyos ideales, nutridos en un vigoroso aunque elemental sentimiento democrático, oscilan entre la aspiración a la libertad incontrolada y anárquica y el atavismo del respeto y la sujeción al jefe eficaz y reconocido como representante eminente de sus propias virtudes y pasiones. A lo largo y a lo ancho del país, esta masa acusa algunas diferencias sensibles; pero se reveló como muy homogénea en cuanto a ideales políticos y sociales, ideales que no vaciló en defender con las armas porque los creía incompatibles —siendo análogos, en el fondo— con los de la burguesía de las ciudades. Por otra parte, y frente a la masa rural, actúan los grupos ilustrados —preferentemente urbanos y más especialmente porteños— para quienes emancipación y organización institucional centralista y representativa parecían una misma cosa. A medida que se ahondó la crisis, este grupo, más capacitado políticamente, se escindió entre los que creyeron que, en efecto, ambos ideales eran incompatibles y los que comprendieron que los unía en el fondo una misma aspiración de independencia y democracia, que era necesario encauzar dentro de formas políticas conciliatorias para salvar al país. El primer sector se mantuvo intransigente; algunos de sus hombres más significativos pensaron que no había otra solución que someter por la violencia a lo que consideraban como masas díscolas y anárquicas y no vacilaron en recurrir a las armas o gestionar un protectorado extranjero; otros, más auténticamente liberales, decidieron esperar que las masas rurales alcanzaran más alto nivel de comprensión política y, cuando creyeron que había llegado el momento, volvieron a intentar la imposición de sus principios; en esta labor fracasó Rivadavia —como Moreno, más estadista que político— en 1827. El segundo sector, en cambio, comenzó a descubrir que las masas rurales y los caudillos que las dirigían representaban una realidad que era inútil negar y con la que había que contar para hallar una solución a los problemas políticos; aceptó la espontánea actitud política y las exigencias económicas que caracterizaban a los grupos federales y comenzó a pensar en el futuro desde esta realidad, seguro de que los ideales de esos grupos coincidían, en el fondo, con los de los grupos ilustrados en cuanto a los problemas fundamentales: emancipación, unidad nacional y democracia. Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, entre otros, optaron por este camino, y ante el fracaso rivadaviano, tras el cual se inicia la era de las guerras civiles y de la dictadura de Rosas, estos moderados, desde el destierro, comenzaron a elaborar los principios de la conciliación.

Frente al reiterado fracaso de los intentos constitucionales —en 1819 y 1826— el escepticismo con respecto a las instituciones había alcanzado su más alto nivel; el escepticismo trajo la atonía del sentimiento democrático, y esta atonía preparó el camino de la dictadura. Rosas no propuso, en su largo gobierno, ninguna solución jurídica, sino que se limitó a llevar hasta sus últimas —y trágicas— consecuencias los ideales de las masas enceguecidas por la aspiración a la libertad incontrolada, estimulándola primero como peldaño para alcanzar la autoridad omnímoda y coartándola luego hasta establecer un régimen de absoluta sujeción, extremo inevitable de aquel extremismo. Así, ante el cansancio que produjo la larga dictadura, comenzó a germinar nuevamente la aspiración al orden jurídico, aspiración que Rosas no pudo satisfacer ya y en cuya satisfacción trabajaron lenta y reflexivamente los proscriptos.

Fue un converso, un caudillo de las masas rurales pasado a las filas de los que comenzaban a preconizar la necesidad del retorno a un orden institucional conciliatorio, quien derrotó a Rosas en Caseros en 1852. Justo José de Urquiza, antiguo oficial del tirano, fue entonces el adalid de la constitución porque era un político de penetrante agudeza para quien la realidad constituía la fuente primera de experiencia. Poco después, bajo su inspiración y a la luz de la rica reflexión acumulada por el pensamiento político, surgió la constitución de 1853 y con ella las nuevas instituciones de la nación unificada, las que habían nacido de la dura experiencia, las que querían no olvidar la dura realidad del inmenso desierto y las masas rurales, las que querían encerrar los núcleos disímiles del país en un marco elástico que accionara hacia el progreso sin ahogar los impulsos vernáculos. Diez años más fueron precisos para concluir la tarea de conciliar los elementos en pugna y perfeccionar el sistema institucional y legal hasta hacer posible la unificación de la nación. En 1862, el comienzo de la presidencia de Mitre significa la iniciación de una época de intenso desarrollo económico y de profundas transformaciones sociales, movidas por el impulso de las tendencias liberales y democráticas que triunfaron con la constitución de 1853.

No triunfaron absolutamente Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Sus inspiraciones fueron decisivas porque rebosaban de buena doctrina y de elevados propósitos, pero constituyeron para el pensamiento de la organización solamente un polo ideal, del que había que apartarse con frecuencia para ajustarse a la realidad y a la experiencia. Triunfaron Sarmiento, el sociólogo del desierto; Alberdi, el jurista de la realidad; Urquiza, el político de la conciliación; Mitre, el historiador del proceso constitutivo de la nación. De su triunfo resultaron las instituciones transaccionales que pusieron fin a la anarquía y a la dictadura y en las que cuajaron, en estrecho acuerdo, las dos concepciones de la democracia que chocaron en los primeros tiempos de la nación. Así se cerraba el ciclo de la Argentina criolla augurando una larga paz; pero la política prescripta por las nuevas instituciones y estimulada por la doctrina que las animaba comenzó a originar una nueva realidad social que, muy pronto, plantearía nuevamente su duelo contra las instituciones que le eran dadas. De ese modo, al establecerse el equilibrio para la Argentina criolla, comenzaba a nacer la Argentina aluvial.

La Argentina aluvial

La nueva política tenía ya sus evangelios. Sarmiento había probado que todo esfuerzo por perfeccionar las instituciones sería estéril si no se transformaba la realidad económica y social del país, y tanto él como otros habían indicado los caminos que conducirían a esa transformación: poblar, educar, desarrollar las riquezas eran las obsesiones de los grupos ilustrados en cuyas manos estaba el gobierno.

En diversa escala, todas esas cosas se hicieron. Un conjunto de leyes dio cierto sistema a ese plan y la acción ejecutiva mostró su eficacia para las realizaciones. Poco a poco y con ritmo creciente, el país se pobló de inmigrantes y la fisonomía de la nación comenzó a cambiar a paso acelerado. A esa nueva fisonomía étnica y social correspondió un intenso desarrollo económico que provocó, a su vez, una profunda transformación espiritual, fenómenos todos ellos visibles ya hacia 1880. Así se incubaba, en el seno de la Argentina criolla, otra realidad harto diferente de ella, cuya irrupción en la vida política constituye el hecho fundamental en la estructuración de la Argentina aluvial.

La inmigración trajo a la Argentina un número crecido de extranjeros de diversos países europeos y aun de Asia, deseosos de incorporarse a los nuevos esquemas de vida que parecía ofrecer un país americano. “Hacer la América” no era solamente enriquecerse; era vivir de otro modo, ascender de categoría social, realizar una nueva aventura que solo parecía posible a quien animara un singular estado de espíritu. La Argentina pareció uno de los escenarios más atrayentes para esa aventura. El censo nacional de 1895 señala la presencia de más de un millón de extranjeros en nuestra población, casi todos ellos llegados en los últimos tiempos a nuestras playas. Gracias a este aporte, que estimuló el crecimiento vegetativo, el país duplicó su población en veinticinco años.

Esta ola inmigratoria alteró hasta la raíz la vida de la Argentina criolla, fenómeno que apenas fue advertido por las minorías gobernantes. Los grupos inmigratorios aprovecharon las mil posibilidades que el país ofrecía y hasta entonces había desdeñado; ellos se enriquecieron, pero el país vio crecer su producción y su comercio con un ritmo tan intenso que exigía a cada instante una nueva programación de su política. El enriquecimiento de los grupos inmigratorios comenzó a proporcionarles nuevas posibilidades; hubo ascenso social en muchos de ellos y, sobre todo, comenzó a producirse su entronque con la población criolla. Así comenzó a estructurarse un complejo social que muy pronto representó la mayoría del país, con algunas características definidas.

Este complejo alcanzó su primer grado de ordenación hacia 1880 y seguiría evolucionando indefinidamente. Su más notoria peculiaridad era lo heterogéneo de su composición; étnicamente, era el resultado del entrecruzamiento de la inmigración entre sí y con la población criolla, prevaleciendo todavía, sin embargo, los extranjeros mismos; económicamente, era una clase de trabajo movido por la sobreestimación del esfuerzo individual y de la riqueza; espiritualmente, era un grupo inasimilable a los ideales puros del criollismo del cual solían adoptar las apariencias aun despreciando los contenidos económico-sociales y espirituales.

Este contraste entre el nuevo complejo social y los grupos criollos —tanto aristocráticos como populares— originó en esa nueva clase social una peculiar actitud. Seguros de su significación económica, exaltaron esos valores y menospreciaron los que constituían el orgullo del criollismo: el valor individual, la destreza en las faenas pastoriles, el ocio elegante de los aristócratas. Eran —o podían llegar a ser— ricos, pero se sentían subestimados y colocados un poco por debajo de los grupos criollos, y en cierto modo, al margen de la vida política del país. Esta doble sensación de inferioridad por una parte, y de superioridad por otra, condicionaría la actitud del nuevo complejo social ante la vida pública.

También los grupos criollos advirtieron el contraste con esta clase que imponía —por la fuerza de su número y la eficacia de su acción práctica— un nuevo carácter a la vida del país: José Hernández lo señaló con aguda penetración en su Martín Fierro, conservando el acento de la reacción criolla ante la masa inmigratoria. Por su parte, la aristocracia gobernante pareció sorprenderse de los efectos de sus propios actos. Era ella la que había llamado a los inmigrantes, pero esperaba que su esfuerzo en el desarrollo económico no entrañara repercusiones sobre el panorama espiritual y político del país, acaso ilusionada con la capacidad de absorción de la tradición criolla. La aristocracia se sorprendió, pero no supo reaccionar; ningún plan para radicar a la inmigración en la tierra salió de su equipo gobernante, sobrepasado por el problema pese a su innegable capacidad en otros aspectos; la consecuencia fue, como era presumible, que el nuevo complejo social no se afincó definitivamente y conservó su naturaleza inestable, ajena a los problemas colectivos y atenaceada por sus propios problemas, de clase unos, puramente individuales otros. El único plan que discurrió ante la diversidad espiritual que notaba en la inmigración o ante el problema visible de su número, fue el de acentuar la vigencia oficial de los ideales de la Argentina criolla mediante una propaganda patriótica y tradicionalista cuyos efectos fueron escasos y, a veces, contraproducentes.

Este fracaso de la generación de 1880 es una página trascendental de la historia de nuestro país. Espíritus cultos y patriotas, sintieron la oleada del complejo social que se constituía por debajo de la aristocracia criolla, constituyendo una clase media y un proletariado, pero no supieron escapar a los esquemas políticos y sociales en que se habían formado y dejaron flotar la masa inmensa sin dar un paso para incorporarla hundiendo sus raíces. No supieron o no quisieron: porque para afincarla hubiera sido necesario abandonar algunos privilegios y prefirieron que el problema planteado fuera resuelto por las generaciones venideras. Ellos se limitaron a aceptar la situación de aristocracia gobernante cerrando sus filas, tratando de defender sus privilegios, sus intereses, su tradición criolla. Nos dieron una magnífica legislación liberal, pero, frente al grave problema que germinaba ante sus ojos, se constituyeron como oligarquía hermética y se negaron a replantear el problema político-social de la nación.

Así se produjo una terrible marea de escepticismo institucional. El nuevo complejo social comprendía que sus miembros no alcanzaban la situación de ciudadanos de pleno derecho, se sentían animados por un vigoroso sentimiento igualitario y democrático, pero advertían que las instituciones destinadas a asegurar la democracia estaban ahora más bien al servicio de la oligarquía, que no vacilaba en desvirtuarlas para no dejar escapar el poder ante los embates de la ola inmigratoria. Volvía, pues, a insinuarse un nuevo avatar del drama de la democracia, representado esta vez por dos grupos que parecían convencerse de la ineficacia de las instituciones vigentes para la satisfacción de sus encontradas aspiraciones.

Hacia 1880 el nuevo complejo social comenzó a incorporarse progresivamente a la vida política del país. Surgía la primera generación de hijos de inmigrantes, para quienes la ciudadanía de menor derecho resultaba ya justificadamente intolerable. Nuevos ideales cuajaban en esa masa, tan amorfa como se quiera, pero que empezaba ya a adquirir conciencia de su significación en la vida nacional, y no faltaron los hombres de la aristocracia criolla que descubrieran —en abierta oposición con el resto— que era necesario encauzarlos para vivificar la ciudadanía y realizar de verdad los principios de la democracia. Bartolomé Mitre, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle y otros muchos encabezaron este movimiento que cuajó políticamente en la formación de un partido político: la Unión Cívica.

¿Cuáles eran los ideales de esas masas? Informe e inorgánico, el nuevo complejo social no podía alentar sino aspiraciones indefinidas y apenas formuladas. Como era igualitario y democrático, aspiraba a ser más de lo que era para que la oligarquía no fuera más que él y por eso luchaba por la pureza de las instituciones que, en sí mismas, constituían un excelente instrumento legal. Pero esta precaución no satisfacía a la totalidad del nuevo complejo social, en el que había grandes masas proletarias que no habían alcanzado un aceptable nivel de vida; eran los “pobres”, que tampoco sabían bien qué era lo que deseaban si no era el mejorar de alguna manera, aunque solo fuera mediante la inmediata satisfacción de algunas de sus muchas necesidades cotidianas; estos grupos querían algo más que la pureza de las instituciones, pero como constituían un conglomerado inconexo en el que se aglutinaban gentes de variada situación y posibilidades, urbanas y rurales, todas ellas coincidentes en la ausencia de conciencia política y social, la multiplicidad de sus aspiraciones se presentaba como un ideal difuso cuya conquista carecía de plan. La ilusión primaria de ese conglomerado era que un caudillo realizara el milagro de interpretar y satisfacer sus deseos y no vacilaron en seguirlo cuando apareció, en tanto que acogía con frialdad al Partido Socialista cuando empezó a plantear con rigor los problemas sociales y políticos del proletariado.

Esta masa crecía en número y en decisión. En 1890 hizo su primera irrupción en la vida pública, y aunque derrotada por las armas, hizo caer al gobierno oligárquico, aunque liberal, de Juárez Celman. Cuando más tarde quiere imponer a Mitre, la oligarquía logró impedirlo, aunque a costa de una nueva irrupción revolucionaria. Un día, al fin, un conservador ilustrado, Roque Sáenz Peña, decidió afrontar el problema y otorgó el instrumento legal —la ley de voto secreto y obligatorio— mediante el cual el partido que representaba el nuevo complejo social llegó al poder en 1916.

Con Hipólito Yrigoyen se inició la era radical, cuya misión histórica hubiera debido ser el ajuste del sistema institucional a la nueva realidad social que la Unión Cívica Radical representaba: perfección formal de la democracia para todos, legislación y política social para el proletariado. Pero el ideario radical era, como el del nuevo complejo social que lo nutría, indefinido y reacio a toda sistematización, porque frecuentemente las aspiraciones de ciertos sectores chocaban con los intereses de otros núcleos integrantes de la misma entidad; así ocurrió que las soluciones de la era radical resultaron ineficaces o frustradas, y los problemas quedaron en pie, madurando y recortando su perfil progresivamente. Entre tanto, la deficiente educación política del nuevo complejo social impidió que se realizara el más accesible de sus ideales: la perfección formal de la democracia, porque el sentimiento mayoritario trajo consigo una especie de “dictadura de mayoría” que entorpeció el funcionamiento de las instituciones, precisamente cuando hubiera sido fácil asentarlas definitivamente.

Una nueva ola de escepticismo ganó el país. El sentimiento democrático estaba indemne, pese a la aparición de los primeros admiradores del fascismo italiano; pero la duda acerca de la eficacia de nuestras instituciones comenzó a morder en muchos espíritus, cuyas convicciones tenían la inestabilidad característica del complejo social predominante en el país. Aprovechando ese estado de ánimo y el descrédito en que había caído el régimen del presidente Yrigoyen, la oligarquía decidió recuperar las posiciones perdidas catorce años antes; un golpe de mano le devolvió el gobierno en 1930 y desde entonces ejerció el poder con cierta prepotencia, socavando el régimen institucional con torpes maniobras mientras destruía, en los hechos, las pequeñas conquistas sociales que habían logrado las clases populares.

Luego, desembocamos en el presente. Durante quince años, la voluntad de la mayoría democrática ha sido sistemáticamente ignorada y el manejo del Estado ha sido privilegio de una estrecha oligarquía, orgullosa de ser reaccionaria y fraudulenta. En ese mismo tiempo, muchos problemas sociales que hasta hacía poco eran de escasa trascendencia han alcanzado considerable gravedad y las circunstancias de la guerra mundial han contribuido a que se hicieran patentes a los ojos de muchos.

Frente a esta situación, el nuevo complejo social que constituye la mayoría del país ha reaccionado de distinta manera. El hecho que ha causado más honda sorpresa ha sido la aparición de una masa sensible a los halagos de la demagogia y dispuesta a seguir a un caudillo. Este fenómeno —amargo y peligroso— no es de ninguna manera inexplicable. Medio siglo es poco tiempo para la evolución social y política de un conglomerado heterogéneo, y no debe sorprender que quede aún una masa que —siendo democrática en el fondo— conserve cierto justificado escepticismo frente a las instituciones de la democracia que no supieron afrontar a tiempo sus problemas y dejaron flotar sus indecisas pero innegables aspiraciones. Políticamente, esta masa es inexperta y simplista; como en el fondo es igualitaria y democrática, acoge con calor la propaganda demagógica que parece responder a sus anhelos, sin descubrir los peligros que entraña. Por ser radicalmente democrática, la aparición de esta masa en el primer plano de la política nacional no constituye un peligro duradero: solo seguirá siéndolo mientras los partidos políticos populares de programa orgánico no aclaren su conciencia y no afronten la solución de sus problemas.

Afortunadamente, esos partidos existen y parecen comprender la misión que les está reservada. La captación de esta masa de ideales flotantes e imprecisos constituye su más inmediata preocupación; es necesario formular con claridad cuáles son las soluciones a que deben aspirar y cuáles son los ideales políticos que están indisolublemente unidos a las grandes conquistas sociales. Mientras esta labor no se realice, los caudillos demagógicos tendrán siempre una base política para su acción contra las instituciones republicanas y representativas. Esos partidos, por otra parte, deben demostrar la posibilidad de afrontar los problemas sociales acomodando el régimen institucional a las nuevas realidades: solo así se podrá vencer el escepticismo que anida todavía en el espíritu de esa masa amorfa que perdura todavía como resto no evolucionado de ese complejo social; solo así podrá restablecerse, entre la realidad social y los esquemas institucionales, el nuevo equilibrio que requiere la Argentina aluvial, de cuya democracia virtual no podemos dudar.

La figura de Alfredo Palacios. 1975

Todo hace pensar que es muy urgente rescatar del olvido la figura de Alfredo Palacios. Apenas se ha ahondado en el estudio de su acción, de su obra y de su personalidad. Sin embargo todo ello es ingente, enorme, casi tremendo, sobre todo si se tiene en cuenta siempre a este luchador solitario que no rehuyó jamás el combate y que nunca pidió apoyo de nadie sino que se limitó a recibir el que se le quiso ofrecer.

Tenía algo de campeón. Tenía algo de lidiador. Y con estas virtudes personales afrontó un vasto programa de trabajo, que se impuso desde muy joven, y que cumplió tesoneramente durante más de sesenta años. Es bien sabido que su obra tanto parlamentaria como estrictamente intelectual, y la de luchador político y social, constituye un capítulo importante y decisivo en la historia de la República. Es sabido también que su acción universitaria constituyó un ejemplo que acaso no ha sido analizado todavía como merece. Él puso al servicio de este proyecto de vida, que se hizo desde muy joven, una personalidad singular, de cuya intimidad sabemos poco, porque era extremadamente pudoroso para desnudarla, pero de cuyas formas de exteriorización sabemos mucho porque están consustanciadas con la historia del último medio siglo.

Yo creo que podría hablarse para definir a este medio siglo, a estos sesenta años que pasan desde el momento en que llega a la banca de Diputados hasta el momento de su muerte como “de la época de Palacios”. Quizá pudiera ser el título para un estudio integral de su labor, porque durante tanto tiempo nadie hizo tanto por las ideas por las que luchaba, nadie fue un actor tan decidido, nadie fue un testigo tan fidedigno y nadie ejerció como él ese papel de “fiscal de la República” que él mismo se asignó.

Esa larga vida tuvo dos polos que atrajeron su atención, su dedicación, su devoción. Fueron la universidad y la política. Sería muy difícil deslindar en Palacios lo que en él era obra universitaria y lo que en él era trabajo de político. En realidad la intercomunicación entre ambas actividades fue íntima, quizá porque ejerció siempre la política como un magisterio, de modo tal que algo repercutía en su labor política de lo que era su actitud universitaria. A nadie que haya seguido los acontecimientos de este último siglo —los que los hemos seguido paso a paso porque hemos sido sus discípulos, sus amigos, sus correligionarios, sus admiradores, por qué no decirlo, o aquellos otros que ya estarían obligados a aprender lo que fue su labor en los libros, como se estudia la labor de las grandes figuras—, a nadie se le escapa que, con todos los defectos que pudo haber tenido, su personalidad fue siempre ejemplar y no declinó jamás en sus convicciones fundamentales. No sé de cuántos puede decirse lo mismo. Quizá de muchos ciudadanos ignorados, pero él saboreó la vida pública, estuvo en contacto con el halago que proporciona la popularidad, pudo haberse dejado tentar por el poder o por la fortuna, y no hay en su historia personal un momento en el que haya declinado su comportamiento insobornable.

Quizá resulte obvio todo esto para quienes lo conocieron, o para los que conocen su labor. Si algo no se puede discutir de Palacios es su comportamiento. Pero el caso es que sus ideas, me atrevo a decirlo, son más ricas no sólo de lo que suele suponerse sino también de lo que hemos creído. Al cabo del tiempo, una lectura relativamente cuidadosa de su obra, una relectura de una parte de ellas me induce a suponer que hay en su pensamiento un poco esparcido en una vasta obra y en mucha obra ocasional un cuerpo de pensamiento verdaderamente extraordinario. Yo no sé si es un cuerpo de pensamiento equiparable al de los grandes teóricos de la política, al de los grandes teóricos del socialismo, al de los grandes teóricos de la filosofía. Quizá no. Pero hay algo que sorprende a quien relee sus discursos parlamentarios, sobre todo los discursos que pronunció en los congresos del Partido, que son un reflejo fiel de lo que era su personalidad. Esto que sorprende es la íntima relación que hay entre el pensamiento y la acción, entre el pensamiento y la conducta. Esto que sorprende es que esa masa de pensamiento que hay allí no es pensamiento académico y frío. Es un pensamiento profundamente vivido, sentido hasta la médula, puesto al servicio de una causa, jugado en esa causa en la cual él comprometía la totalidad de su vida, con lo cual se tonificaba simultáneamente el pensamiento y la acción. Esto hace de un sistema de pensamiento algo quizá mucho más importante que lo que puede ser un puro sistema de ideas. Era un sistema de ideas vivas y brillantes, era un sistema de ideas comprometido por la acción. La acción estuvo siempre al servicio de los más nobles ideales. Es natural que ese volumen de ideas, ese conjunto de pensamiento, adopte una magnitud extraordinaria y sobre todo una inmensa jerarquía, en la que se confunde la jerarquía intelectual con la moral.

En esta actividad bifronte de Palacios entre la universidad y la política parece destilarse no sólo un amor profundo por la cultura —este del que es testimonio esta casa— sino quizás algo más acerca de la cultura. No sólo un mero amor sino una concepción en la que veo algo de original, siempre en relación con este compromiso profundo y permanente entre el pensamiento y la acción. Palacios tuvo por la cultura una devoción conmovedora. Los que lo hemos seguido durante largos años conocemos lo que fue su inmensa inquietud de lector reflexivo, de hombre permanentemente dispuesto a revisar su pensamiento en función de todo aquello que circulaba y que él podía allegar.

Cuando descubrió a Max Scheler se entusiasmó con su famosa y proverbial definición de la cultura como “un saber olvidado”. Repetía esta frase con extraordinaria frecuencia, y yo me atrevería a decir que pocas personas de las que conozco -y conozco muchas personas en el ámbito intelectual- tuvieron esta virtud de recoger y amasar sabiamente todo aquello que recibían como lo hizo Palacios. Era su conversación por eso una especie de perpetua aparición no de citas textuales sino de esa reminiscencia que deja una vieja lectura de la cual sale decantado aquello que en ella pudo haber sido desprendido para encuadrarla dentro de su sistema general de ideas.

Extraordinariamente singular era la coherencia del pensamiento de Palacios. Vuelvo a repetir: no acaso en el aspecto puramente teórico, sino la coherencia de ese pensamiento movilizado por un deseo de verlo operar sobre la acción, de verlo transmutarse en vida creadora. Esta vida creadora era lo que precisamente él creía que sólo podía alimentarse en una sólida formación cultural. Él la amasó durante muchos años, y tuvo ricas y apasionadas lecturas juveniles que correspondían a los novelistas del naturalismo, como Emilio Zola, naturalmente, o a los poetas del modernismo, o a los filósofos positivistas, en los que lo inició en cierto modo José Ingenieros. Tuvo luego una formación jurídica, cuyos rudimentos adquirió sin duda alguna en la universidad, pero que alimentó constantemente en busca de una doctrina que pudiera servirle para elaborar lo que él llamaría en forma genérica “el nuevo derecho”. Y se interesó por las figuras clásicas del derecho, se interesó por las figuras que despertaban una nueva inquietud en el pensamiento jurídico. Siguió el pensamiento de Ihering, siguió el pensamiento de Del Vecchio, y todo esto se combinó con su preocupación sociológica por todo lo relacionado con el derecho penal y sobre todo con lo relacionado con el derecho del trabajo. Yo diría que hubo muchos otros campos que él frecuentó. Es sorprendente su conocimiento de los clásicos, algunos bien leídos y otros a medias —como nos pasa a todos, por lo demás—, pero aquellos que había leído y aquellos en quienes había encontrado algo que despertara su vocación o que fundamentara su concepción de la vida —Tácito por ejemplo, en el que veía esa especie de nostalgia del sentimiento republicano, que era uno de los pilares de su concepción de la vida política—, estos los había leído densamente y había obtenido de ellos este robustecimiento fundamental de lo que constituían sus convicciones básicas. También los clásicos políticos, que conocía estupendamente bien; no sólo el viejo Aristóteles, al que volvía con mucha frecuencia: Maquiavelo, Hobbes. Y por encima de todo eso, creo que desde el principio de su carrera, pero muy particularmente después del año 30, se desarrolló en Palacios una profunda vocación filosófica, que tenía algo que ver quizá con una constante preocupación por los problemas fundamentales, y que lo condujo una y otra vez a la lectura del Evangelio. Leyó naturalmente a los filósofos del positivismo, que eran los que estaban en boga cuando él empezó a despertar a la vida intelectual; leyó los clásicos de la filosofía, leyó con cuidado a Kant —me consta—, leyó con cuidado extraordinario a Gianbattista Vico, a quien citaba con frecuencia, y de cuyo pensamiento extrajo muy buena parte de su concepción de la vida histórica y social, una concepción vital para él, en cuanto alimentaba su pasión política y social.

Y cuando empezó a difundirse en la Argentina la nueva filosofía alemana, se deslumbró. Volvió a algunos de los clásicos, volvió a leer a Hegel, y empezó a leer la nueva filosofía alemana —Max Scheler sobre todo— y cayó bajo la seducción de Ortega y Gasset, en cuyo pensamiento descubrió geométricamente formuladas muchas de las cosas que él pensaba y muchas de las cosas que esperaba oír decir. No era hombre de conformarse con el pensamiento recibido. Su lectura fue siempre crítica, y quien mueva los ejemplares de esta casa descubrirá que hay muchísimos libros, quizá la mayoría, marcados, señalados, subrayados, con notas al margen. Su lectura era una especie de diálogo con el autor, y se lo veía enojarse con él, y arrojar el libro furioso cuando no le gustaba, indignarse, insultarlo, como si fuera una especie de diálogo, porque así leía, en diálogo, en el que se enfrentaba su propio pensamiento con todo aquello que recibía de esa inmensa biblioteca, que no era esta sino la que él tenía en cabeza, aquella que había conseguido ordenar al cabo de muchos años de lectura, y que constituía una especie de selección de la cultura universal que conducía como por un conducto estrecho a lo que era estrictamente su propio pensamiento. Alguna vez se le criticó su afán por las citas, pero yo desafiaría a quienes lo criticaban a que encontraran algún desfase en esas citas. La cita está siempre traída para incorporarla a un pensamiento orgánico, a un pensamiento que era el suyo, a un pensamiento que estaba organizado mucho antes de empezar a leer, sin perjuicio de que fuera reordenándose al compás de cada lectura. Toda esta preocupación por la cultura es la que trasciende en su obra. Palacios ha dejado una larguísima obra escrita que no ha tenido todavía el análisis que merece. Hay libros, naturalmente, que forman parte del más alto patrimonio de la cultura argentina, como el Echeverría. Pero hay en sus discursos parlamentarios tal cantidad de saber, tal cantidad de elaboración de ideas propias y ajenas —nadie sabe al final qué es lo propio y lo ajeno—, tal riqueza, tal militancia, que constituye un repertorio no sólo de ideas, sino de programas, un repertorio de replanteamientos de cuestiones viejas y nuevas, siempre original, y siempre movido por el afán de encontrar cuál es el movimiento creador que puede estar atrás de esas ideas. Era una de sus preocupacio-nes, y quizás esta preocupación sea la que explique cómo esta manera de entender la cultura plasmó finalmente en la concepción de la universidad. Porque así como no pensó jamás que la cultura fuera un bagaje de cosas muertas, yuxtapuestas a la personalidad, con la forma de una especie de adorno, sino que pensó que, por el contrario, tenía que ser una permanente creación viva, de la misma manera fundó toda su acción universitaria. Fundó toda su concepción de la universidad en el rechazo de la concepción académica para reemplazarla por una concepción de la universidad viva. “La universidad no puede ser —dijo algunas veces— un repositorio de conocimientos adquiridos. Tiene que ser necesariamente un hogar donde se cree un pensamiento nuevo”. Esta idea ha hecho fortuna, pero no era fácil sostenerla como él la sostuvo. En realidad él compartió esta idea con ese movimiento universitario al que prestó inmediatamente su adhesión —la Reforma de 1918— porque vio en él el instrumento eficaz para hacer de la vieja universidad académica, de la vieja universidad que era repositorio del saber adquirido, una universidad nueva que fuera creadora de un nuevo saber.

Palacios se plegó a la Reforma inmediatamente. Fue, con Alejandro Korn, con José Ingenieros, con Juan B. Justo, con Mario Sáez y tantos otros, de los primeros entre los primeros, de los primeros que descubrieron que el movimiento reformista significaba una transformación fundamental en la universidad argentina pero también en la vida política argentina. Universidad y política no se separaron jamás en su concepción y el tema, polémico entonces y polémico ahora, estuvo presente siempre en su mente y nunca se desdijo de su concepción originaria.

Hacía ocho años aproximadamente que estaba en la universidad cuando estalló el movimiento reformista. Había llegado a la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1910 como profesor suplente de Historia de las Instituciones Jurídicas. En el curso de poco tiempo fue profesor de Legislación del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y allí fue muy pronto decano, como lo fue, en circunstancias memorables, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Fue luego finalmente, es bien sabido, presidente de la Universidad de La Plata en el momento en que se produjo la revolución de 1943.

Ya profesor, vinculado a la tradición académica de la Facultad de Derecho, vinculado a hombres de la más rancia tradición conservadora, algunos de los cuales, como el Dr. Obarrio, él admiraba extraordinariamente, se encontró con este despertar juvenil que fue el movimiento cordobés de 1918 y descubrió que algo importante estaba pasando en el país.

Quizá le importó más, me atrevería a decir, que el triunfo radical de 1916. Casi en secreto, yo diría que había en Alfredo Palacios un hombre de élite que sentía muy profundamente los problemas de la cultura con una hondura y un compromiso personal extraordinariamente profundo. Lo que pasaba en la Universidad, lo que empezó a suceder en la Universidad, lo conmovió tanto como lo había conmovido la condición de la clase obrera en la Argentina. Y así como no había vacilado en luchar por la difusión de las ideas socialistas; así como se había enfrentado en los actos públicos con las policías bravas; así como palpitaba en el contacto con estas multitudes obreras que tenían por él extraordinaria admiración, de la misma manera se sintió atraído de un modo incontenible por el movimiento juvenil del 18 al que le asignó un papel decisivo en la transformación de la Universidad.

Él tuvo una concepción particular de la Reforma. Yo no sé si estoy totalmente capacitado para diagnosticar acerca de ella porque reconozco ahora que no he profundizado en el asunto tanto como debiera. Pero me inclino a creer, sobre la base de alguna experiencia personal, que de todas las cosas que él descubrió en el movimiento reformista lo que más le sedujo y le atrajo fue lo que consideró en ella una nueva actitud moral.

Palacios era esencialmente un hombre moral. Era esencialmente un hombre moral porque vivía los valores morales, cualquiera fuera la contingencia, cualquiera fuera el tipo de factores que entraban en juego. Este problema insurgía y se levantaba frente a él como una especie de problema clave. Y cuando vio la actitud del movimiento juvenil, que era capaz de anteponer, como decía él, los ideales a los intereses materiales, se volcó a esa causa y la siguió, pero afirmado siempre este principio fundamental que, sospecho, más le seducía. Y cuando empezó a descubrir que en el movimiento reformista se producían abusos y desvíos y corrupciones, fue inflexible y se levantó de la manera más tremenda para condenarlo porque le parecía una doble traición, no sólo porque toda corrupción le parecía traición, sino porque esta lo era más en la medida en que, a sus ojos, constituía fundamentalmente un movimiento moral.

Pero, naturalmente, no era esto solo. También vio en la Reforma, como efectivamente era perceptible, una revolución intelectual y educacional. Sería largo explicar la coyuntura cultural del año 18, pero podría resumirse la situación diciendo que la Argentina vivía el clima de la descendencia indirecta de la Generación del Ochenta. Es decir, vivía un mundo de ideas muy firme, muy consustanciado con la vieja oligarquía y naturalmente muy susceptible de ser atacado a la luz de un pensamiento que la guerra y los acontecimientos sociales y políticos de esos años ponían sobre el tapete.

Él pensó que la Reforma Universitaria podía renovar todo este cuadro de ideas, podía aventar esta especie de fantasma de una cultura muy propia de la belle époque, muy propia de los años prósperos de la burguesía europea de preguerra, y sacudirla con ciertas ideas que circulaban en Europa hacía tiempo, pero que en la Argentina circulaban poco y muy difícilmente. Desde fines del siglo pasado socialistas y anarquistas habían introducido algunos autores, habían comenzado a difundir ciertas ideas trabajosamente, con escasa receptividad; y sólo la infatigable constancia de un hombre como Juan B. Justo pudo hacerle sobrepasar esta especie de indiferencia de un ambiente acostumbrado a una vida holgada de las altas clases y totalmente insensible a los problemas sociales.

Él creyó que todo este pensamiento nuevo que había descubierto en los círculos en que actuaba políticamente, este pensamiento nuevo que él había empezado a descubrir en los libros pero que también descubrió sobre todo al lado de hombres como Justo y Dickman, este pensamiento que flotaba en las páginas de Marx, que flotaba en las páginas de su muy amado Llovet, que flotaba en las páginas de las polémicas del revisionismo, en las de Bernstein o las de Kautsky, que todo este pensamiento, inclusive el pensamiento anarquista, al que no se cerró, como no se cerró nunca a ningún pensamiento, que todo esto podía reverdecer, de alguna manera, y tonificar esta especie de cultura académica y estancada que prevalecía en los cenáculos académicos. En otros que no eran académicos, en los cenáculos literarios, vibraba esta nueva sensibilidad del modernismo que en Buenos Aires encarnaron Darío y Lugones. Pero en el ambiente académico lo que predominaba era ese pensamiento estancado, y él creyó que había la posibilidad de modificarlo, transformándolo y refrescándolo. Principalmente con estas ideas que provenían del pensamiento social, pero además con otras que empezaban a flotar en la Europa de la Primera Guerra en relación con la sacudida tremenda producida en los años 17 y 18, y que empezaba a canalizarse a través de algunas experiencias: la experiencia que provenía del “affaire” Dreyfus en Francia, la influencia que se concretaba alrededor del grupo Pelloutier, en Francia también. Y al cabo de muy poco tiempo otras ideas un poco más exquisitas, como las que empezaba a elaborar esa filosofía que empieza a contraponerse a la del positivismo.

Todo esto le parecía imprescindible que circulara en un mundo académico en el que circulaban todavía textos del siglo XVII, como denunció Juan B. Justo en un famoso informe acerca de la Universidad de Córdoba. Pero el caso es que además de que circularan estas nuevas ideas, además de la esperanza de que al calor de estas nuevas ideas circularan otras que se elaboraran en este ambiente de rebelión, mejor dicho, en ese ambiente de disconformismo, junto con todo esto pensó que era imprescindible que quienes quisieran elaborar esas ideas, y vivir esas ideas y transformar esas ideas en acción las volcaran sobre este país, sobre su país. De todo esto deducía que se requería un cambio sustancial en la actitud educativa. Una actitud educativa caracterizada en el mundo académico hasta entonces por lo que llamaríamos la “enseñanza autoritaria” que se reflejaba en la clase magistral y que él quiso reemplazar por un tipo de educación, como se diría luego en todos los movimientos de la “escuela nueva”, en un tipo de aprendizaje fundado en la propia experiencia, que hiciera amar la aventura del pensamiento, como dijo una vez glosando una frase de Bertrand Russell.

Esto era lo importante para él. No sólo aprender ciertas cosas, sino despertar un estado de inquietud espiritual, un estado de “hambre” cognoscitiva que le permitiera al estudiante apoderarse a través de esta metodología, que tal vez él no profundizó nunca muy bien, pero que intuía, una capacidad para transformarse en creador de pensamiento, sin desdeñar, naturalmente, todo lo que pudiera ser recibido, pero haciéndose fuerte en su propia elaboración. Era al fin de cuentas su propia experiencia. No era exactamente un autodidacta pero no estaba muy lejos, y no tanto porque le faltaran consejeros sino porque su curiosidad solía sobrepasar los límites de los consejos que recibía. Y sobre la base de esta concepción apoyó este movimiento en lo que tenía de afirmación moral frente a lo que él creía que era Universidad inmoral y en lo que tenía de renovación intelectual, y muy especialmente de renovación educacional.

Pero la apoyó también por algo que no puede olvidarse. Lo apoyó porque también vio que era un movimiento con implicaciones políticas. Porque en él, en que la universidad y la política eran inseparables, no hubiera cabido la posibilidad de encontrar, de ofrecer apoyo a un movimiento que pretendiera aislarse de la agitada realidad del país y del mundo. Él creyó que eso era un movimiento político. Lo era, efectivamente. Y lo apoyó porque lo era, y si bien es cierto que no habría estimulado cierto tipo de extralimitaciones, no habría tampoco respetado a jóvenes asépticos para quienes el saber fuera algo ajeno a la vida y ajeno a los compromisos con su sociedad.

Vio en la Reforma un movimiento político. Estimuló la preocupación de la universidad por los problemas de la vida política, con la sola condición de que se entendiera la política como la entendía él, llena de dignidad. Como entendía la cátedra universitaria, regida exclusivamente por los principios más incuestionables, nunca manchados por el arribismo ni por la ambición personal. Entendía de esta manera la política como un compromiso militante, compromiso dramático. Él no pudo entender jamás que un universitario se desentendiera de los compromisos morales y políticos con el país.

Ahí está su famosa actuación como decano en la Facultad de Derecho en 1930, su reacción contra el gobierno del presidente Yrigoyen y su reacción inmediata y tremenda contra el gobierno de Uriburu. Cada vez que la universidad se sacudía, la voz de Palacios era la primera que resonaba. Cuando la Universidad de La Plata vio cercenada su autonomía y luego vio la intervención de Walker, Palacios fue el primero que habló, el primero que convocó a los profesores, y él fue el que estimuló a todos a que ninguno declinara en la defensa de lo que consideraba era la condición fundamental de la universidad. Se opuso, es bien sabido, a todas las dictaduras, a todos los atropellos contra el derecho y pensó que su misión era la de fiscal de la República. Él creyó que el movimiento juvenil lo apoyaba en esta actitud, coincidía con él en ella y él apoyó en el movimiento juvenil no sólo al movimiento de reacción moral, no sólo al movimiento de renovación intelectual y educacional, sino que apoyó también el movimiento político.

Naturalmente que esta universidad, la que él pensaba, no era una universidad profesionalista, no podía serlo. Su imagen de la universidad la expuso tres o cuatro veces y en cierto modo quedó definida en el famoso proyecto de ley, breve, por cierto, que presentó en la Cámara en 1932. Allí Palacios concibe la universidad, como concibe la cultura, como una totalidad indisoluble. Y a quienes defendían la universidad profesional, los increpaba sosteniendo que esta no podía ser un lugar donde se forjaran técnicos que ignoraran los fines a los que servían. Por el contrario, la profesión y la técnica tenían que estar impregnadas, profunda y definitivamente, de un sistema de fines que sólo una universidad integrada podía dar.

Esa universidad en la que él pensaba; esa universidad por la cual él trabajó en la cátedra, en el decanato, en el rectorado; esa universidad por la cual trabajó cotidianamente en su casa, en la que no faltaron nunca grupos estudiantiles que venían en busca de la opi-nión y consejo; esa universidad en la que él pensaba no era una universidad abstracta, así como no era abstracto el conocimiento que debía obtenerse de ella. Tampoco era abstracta la misión que la universidad tenía dentro de la sociedad en que vivía.

En el último artículo de su proyecto de ley del año 32 propone Palacios la formación de unas residencias de estudiantes en las que —puntualiza— se ofrecerá a los jóvenes una formación cultural, física, estética, patriótica. Ese es un tema singular en el pensamiento de Palacios. La universidad era una universidad para el país. Él la definía diciendo que era una institución para el mejoramiento humano y el perfeccionamiento social. Pero le interesaba fundamentalmente que estuviera intensa y entrañablemente unida a los problemas de su país. Ese país que él no cavilaba en llamar Mi patria. En un debate famoso, en 1912, dijo: “Soy argentino antes que socialista” y recordó después que Juan B. Justo se acercó y le estrechó cálidamente su mano. Esta vocación argentina de Alfredo Palacios inspira y enmarca su concepción de la universidad, como inspira y enmarca su concepción de la política.

Era un patriota, sin retórica, sin patrioterismo, pero con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina como pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la vivieran. Confieso que una de las emociones más grandes que he sentido, sentado en esta mesa, fue una vez en que sacudiendo los brazos con cierta vehemencia, dijo: “Cuando yo impugné el diploma de diputado de Carlos Pellegrini…”. Yo tuve la sensación de que estaba delante de la historia. Porque al fin de cuentas, sería 1930 y tantos, no hacía de aquello más de treinta años. ¡Qué poco para la memoria de un hombre!, pero lo cierto es que su vehemencia era no sólo la del militante, la del militante que se siente en posesión de la verdad y percibe que tiene acosado al adversario que está en débil posición. Era mucho más que eso. Era el sentirse en posesión de una tradición argentina que en esos momentos estaba en las mejores manos que él creía podía estar, que eran las suyas. Y él lo creía fervientemente. Y recogía la totalidad de la tradición histórica argentina de una manera realmente ciclópea. Desde los remotos orígenes coloniales, con ese conjunto de matices que traía la apelación a los comuneros paraguayos o colombianos, o a los actos de rebeldía de los viejos colonos españoles que sostenían que la disposición emanada del Rey se acataba pero no se cumplía. Desde allí a la Revolución de Mayo y al pensamiento de Moreno, al pensamiento de los hombres de Caseros, a Mitre y a Sarmiento, a los hombres de la organización nacional, al general Roca, por quien tenía extraordinaria admiración, y que se enorgullecía de que había querido conocerlo a él, a ese joven diputado de quien tanto se hablaba. Todo esto vivía en su conciencia y se reunía con una tradición que aparentemente él no compartía, que era la de las viejas clases conser-vadoras de la generación de su padre y de la época de su adolescencia y su juventud. ¡Qué decir de la formidable admiración que tenía por Joaquín V. González!, o la que tenía por Roque Sáenz Peña, o que tenía por Drago, por todos aquellos en quienes había visto alguna vez un gesto noble, un gesto magnánimo, una actitud desinteresada. Todo esto le parecía a él que era lo específicamente argentino y se enorgullecía de serlo y daba como razones el predominio fundamental de esta tradición en la vida argentina.

Y hasta tal punto vivía intensamente esta tradición argentina, que no pudo sentirse socialista con absoluta tranquilidad de ánimo hasta que no descubrió, hasta que no creyó descubrir por lo menos que el socialismo tenía una raíz argentina.

Es curioso; treinta años antes, Alejandro Korn había afirmado, en su famoso libro sobre las influencias filosóficas en la Argentina, que Alberdi había descubierto el positivismo avant la lettre. Palacios decidió rastrear en la tradición argentina los principios del socialismo y desembocó en ese estudio minucioso y prolijo sobre Esteban Echeverría, albacea del pensamiento de Mayo. Era, sin duda, una versión un poco libre de la palabra socialismo. Era, sin duda, una concepción muy laxa en la que socialismo se confundía, en cierto modo, con justicia.

Esta idea trabajó mucho en su pensamiento, y reunió el texto de todas las leyes que él había propuesto y obtenido, de todos los campos en los que él había luchado por la justicia social, en ese libro que se llamó luego La justicia social. Cuando reunió todo eso, incorporó un prólogo que es una historia de la justicia social, curio-sísimo ensayo en el que se decantan innumerables lecturas, innumerables reflexiones, algunas de ellas de extraordinaria originalidad. Lo escribió acuciado por esta perspectiva, por esta posibilidad, seguro de que la justicia social había funcionado por lo menos desde la fundación de su partido hasta el año 1943, a través de la labor de hombres como él, y de él mismo. Lo hizo acaso para probar que antes del 43 había habido una intensa lucha en la Argentina por la justicia social. Una vez alcanzada esta convicción, o mientras esta convicción era amasada, Alfredo Palacios dedicó largo tiempo a estudiar cuidadosamente la obra de Esteban Echeverría, la obra de la generación del 37, todo ese cúmulo de pensamiento que aparece en la Argentina precisamente en el momento en que emerge la dictadura, y cuando determinados grupos empiezan a recibir la influencia de los llamados socialistas románticos, cuyos textos comenzaron a circular por aquella época y que han dejado no pocos rastros en la obra de los hombres del 37.

El libro de Palacios es, desde el punto de vista intelectual, un libro ejemplar. Pero es mucho más ejemplar por otras cosas. Porque no es frecuente encontrar una militancia intelectual que esté indisolublemente unida a una conducta y a una militancia política. Su pensamiento avalaba su obra y su acción. Cuando se decidía a obrar según eso, era porque todo ese caudal de ideas, que eran las suyas; las que él había elaborado durante años pero que eran también las de su patria; las que se habían elaborado en su país a través de grupos que cumplieron en su momento el mismo papel que él estaba cumpliendo en su época. Se decidía a obrar cuando todo esto estaba absolutamente internalizado en su conciencia y funcionaba como una especie de carga que le da naturalmente a su pensamiento y a su acción no sólo una extraordinaria dignidad sino, sobre todo, una extraordinaria fuerza.

Nosotros éramos treinta o cuarenta años más jóvenes que él cuando lo oíamos inflexible, cuando lo oíamos irreductible, cuando sabíamos todo lo que en él había de capacidad para otras muchas cosas que él sacrificaba a esta especie de misión que se había adjudicado. Él era un temperamento ético, pero al mismo tiempo un temperamento misionario. Y dentro de esta concepción argentina, dentro de esta vocación argentina incluyó lo que él creía que era lo más importante que podía tener un país desde el punto de vista de la educación y de la cultura, que era la universidad. Y, cierto es, incluyó también dentro de esta vocación argentina su política, esa política a la que él le quiso buscar raíces en la tradición argentina a pesar de que los textos clásicos eran naturalmente extranjeros. Su socialismo, cuando tuvo que definirlo alguna vez, fue llamado Socialismo Argentino. Pero aunque él no le hubiera llamado así, allá por el año 15 o 17 o 18 —no recuerdo bien—, su socialismo fue siempre argentino. Era una modalidad de su mente, era una vocación de su conciencia. Quizá fuera también una tradición de unas raíces que no sabemos bien, pero que corresponden a su formación familiar.

Este profundo sentido que lo hace sentirse heredero nato y legítimo de todo lo que constituía la tradición nacional, esto le daba una fuerza extraordinaria, una autoridad extraordinaria, y con esta autoridad no sólo actuó en la universidad sino que actuó también en la política.

No fue un político vulgar. No fue un político cualquiera. No porque haya sido más o menos inteligente que otros, sino porque introdujo una variante singular en la política. Estuvo siempre apoyado por masas populares. Conoció el halago de la gloria. Supo, y declaraba entre sonrisas, que había “palacistas”; se burlaba del personalismo, a pesar de que no le faltaba cierta soberbia, y operó dentro de la política argentina, y dentro de su partido, de una manera singular. Gran parte fue la escuela política en que se formó y la enseñanza de los hombres a quienes él respetó, inclusive cuando disentían con él.

Otra parte es su genio personal que le dio a su conducta un aire diferente. Quizá lo más diferente fuera este sentimiento de que había que operar inmediatamente sobre la realidad y no perder de vista los grandes objetivos. Quizá su singularidad fuera el elemento pasional o emotivo que hacía intervenir en su acción política, pero de todos modos hay algo que le dio a Palacios durante esos años una fisonomía que no tuvo ningún otro político. Cualquiera fuera su grado de capacidad, fue una figura original. En la política operó de la misma manera que en la universidad, y de la comparación de su acción en ambos campos acaso pudiera salir el argumento más fuerte para reclamar que Palacios salga del olvido. Porque de su manera de actuar —esta profunda apelación a la conciencia y a la razón para encaminar su comportamiento—, de esto salió una manera de entender la acción renovadora, que puede ser reformista o revolucionaria, según se quiera y según sea la moda de los tiempos, pero que en todo caso es la acción de quien se encuentra con una estructura dada y quiere transformarla. La acción renovadora se ha dado casi siempre en la historia, con triste frecuencia, envuelta en una especie de confusión que ha hecho suponer que no se puede renovar el mundo sin caer en cierto tipo de inmoralidad.

La experiencia argentina. 1966

En el vasto territorio de lo que hoy es la Argentina, una comunidad no demasiado numerosa de hombres de origen europeo en su gran mayoría ha forjado y forja cotidianamente un país. En las inmensas tierras americanas no estaban preestablecidas sus fronteras, ni las habían dibujado pueblos antiguos de rica cultura. Lo que hoy es la Argentina era una parte imprecisa de una enorme llanura entre los Andes y el mar, cuyos límites estableció con su dura experiencia la pequeña comunidad humana que se instaló en ella, sobre el Río de la Plata, en la llanura, al pie de las montañas. Algunos pobladores vinieron directamente de España, pero otros llegaron a través del Perú o de Chile y pensaron que las ciudades que fundaban eran prolongaciones de esas comarcas. Sólo la experiencia les enseñó que el único núcleo aglutinante estaba en las bocas del Río de la Plata, por donde toda la llanura salía al mar y al camino de Europa. La Argentina fue el país que se formó alrededor de las bocas del Río de la Plata, y allí se estableció, una y otra vez, Buenos Aires.

En un principio, la Argentina fue un pequeño conjunto de ciudades salpicadas en el desierto: Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Salta, Mendoza, Corrientes, Santa Fe. Las unían imprecisos caminos dibujados por las huellas de los conquistadores, a través de una extensa tierra tan desierta como feraz. Pero en la llanura no había minas, ni densas tribus de aborígenes que pudieran utilizarse para plantaciones; sólo hubo vacas y caballos cuando fueron traídos de Europa, y en esas tierras se criaron robustos y salvajes hasta formar enor-mes manadas. Desde las ciudades se penetraba con recelo en el casi ignoto mundo de la llanura, y de allí se traían los animales que se criaban o se sacrificaban; y a principios del siglo XVII se comenzó a exportar desde Buenos Aires cuero y carnes saladas. Así se configuró, en los remotos orígenes, el primer esquema de la economía argentina.

Poblaban las ciudades españoles, descendientes de españoles, mestizos a veces, que se ocupaban de la administración y del comercio preferentemente. Eran aldeas pequeñas, sin muchas perspectivas, aherrojadas por el monopolio comercial instaurado por España, entre las cuales se destacó Buenos Aires no sólo por ser puerto de mar sino también porque la vecindad con las colonias portuguesas permitió el productivo ejercicio de un comercio ilegal. El contrabando reemplazó el tráfico de mercancías que España limitaba hasta el ahogo, y estimuló en la pequeña capital —de la gobernación primero y del virreinato después— la formación de una clase considerablemente rica, cuyos miembros eran quizá los mismos que medraban con el comercio monopolista. El resto de las ciudades cumplían también, en menor escala, funciones administrativas y mercantiles, y sólo en algunas del norte crecía el trabajo rural, se desarrollaba una tímida actividad minera o prosperaban algunas manufacturas.

En los campos, sobre todo en la vasta llanura poblada de ganado salvaje, la población se constituyó espontáneamente con españoles, criollos, mestizos y los que resultaron de las cruzas. Entre ellos estaban esos “gauchos” que observó Félix de Azara. Todos ellos diferían de los hombres de las ciudades, porque en éstas la vida había estado reglada desde un principio con suma precisión por las leyes españolas, en tanto que en las campañas la vida se había desenvuelto libremente y había adoptado los caracteres que la naturaleza le imponía. Era otro mundo, que los ciudadanos ignoraban y menospreciaban. Pero lo más importante para el futuro argentino es que, además, lo consideraron como un mundo marginal, sin derecho a participar en la vida común.

Dos mundos: uno severamente reglamentado a imitación de Europa y otro extremadamente libre en el cuadro de una naturaleza casi virgen, constituían el conjunto originario de lo que sería la Argentina. Quizá los rioplatenses se sintieran distintos de los paraguayos o de los peruanos ya desde antes; pero fue sobre todo en el siglo XVIII cuando comenzaron a adquirir conciencia de que formaban una unidad. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, las guerras contra los portugueses que pretendían apoderarse de la Banda Oriental y, sobre todo, las invasiones inglesas de 1806 y 1807, intensificaron aquel sentimiento nacional. Las tierras y ciudades que se reunían alrededor de Buenos Aires comenzaron a formar un país.

Cuando el imperio español quedó impotente —entre la amenaza de la Francia napoleónica y las victorias navales de Inglaterra— los rioplatenses decidieron que ya constituían un país y que era necesario darle forma. El 25 de mayo de 1810 se dieron un gobierno propio y comenzaron a introducir visibles cambios en su manera de vivir. La iniciativa había sido porteña, obra de los hombres de Buenos Aires, de la burguesía mercantil ilustrada que vivía en la capital del virreinato y estaba atenta a los tormentosos acontecimientos que se sucedían en Europa desde 1789. Las ideas liberales habían ganado muchos adeptos, y parecieron un modelo aplicable al nuevo país para lograr que se pareciese a los Estados Unidos de América. Porteños constituyeron la primera Junta de Gobierno, y porteños fueron los inspiradores de todos los actos de los primeros tiempos, hasta la época de la Asamblea General Constituyente de 1813, que consolidó los anhelos de independencia y asentó los principios liberales. Ejércitos porteños partieron de Buenos Aires para llevar la buena nueva hacia el Paraguay y el Alto Perú. El nuevo país independiente fue, pues, obra y creación de la antigua capital virreinal.

Pero si Buenos Aires tuvo el mérito de la iniciativa, no tuvo el de desenvolverla con clara comprensión de la realidad. Sus audaces dirigentes, impregnados de nuevas ideas y entusiastas de los cambios radicales, subestimaron la fuerza de las otras ciudades, más calmas y tradicionalistas, e ignoraron la existencia de ese mundo rural que crecía al margen de las ciudades sin que se le confiriera el derecho a integrarse con ellas. A poco de empezar su vida independiente, el nuevo país se vio envuelto en una guerra civil.

Cuando ya amenazaba con desencadenarse —por el recelo de las regiones interiores frente a la orgullosa capital—, un congreso reunido en Tucumán en 1816 pudo, todavía, aunar la mayoría de las voluntades para declarar solemnemente que los rioplatenses coincidían al menos en la decisión de ser libres. Así fue declarado el 9 de julio, y desde entonces adquirieron las Provincias Unidas del Sur los títulos necesarios para ser consideradas como una nación soberana. Pero el Congreso de Tucumán no pudo dar al país un ordenamiento institucional, porque las opiniones chocaron al llegar el momento de las decisiones. El gobierno de Buenos Aires siguió como un régimen de hecho, como una continuación del orden virreinal, como un fruto de la Revolución; pero el resto del país le restó cada vez más su apoyo hasta que lo disolvió por las armas. A principios de 1820, los ejércitos de las provincias litorales derrotaron al de Buenos Aires — que se consideraba nacional— y el nuevo país quedó disuelto. Las Provincias Unidas serían, de aquí en adelante, un conjunto de provincias desunidas.

Sólo el general José de San Martín mantuvo su fe inconmovible en el destino del país unido. Solicitado para que sirviera en la guerra civil, respondió que no intervendría en ella. Pero, al margen de las disputas, se propuso dar realidad al voto del Congreso de Tucumán y asegurar la soberanía de la nueva nación. Pacientemente, organizó un ejército en las provincias cuyanas y con él cruzó la cordillera de los Andes para enfrentar a los ejércitos españoles que se proponían recuperar las colonias para la madre patria. En 1817 los derrotó en la batalla de Chacabuco y al año siguiente en la de Maipú. Con esas victorias quedaba afianzada la independencia de Chile y asegurada la de Argentina. Pero pensando que era necesario aniquilar el último reducto español, llevó su ejército al Perú y se apoderó de Lima en 1821. Libres los países fronterizos, la independencia argentina estaba asegurada.

Desde 1820 hasta principios de 1826 no existió un gobierno nacional, y las provincias ordenaron su vida según sus libres y espontáneas tendencias. Buenos Aires, bajo la inspiración de Rivadavia, procuró llevar a la práctica las aspiraciones de progreso y modernización que alentaban los grupos liberales. Las demás provincias, por su parte, salvo excepciones, perpetuaron sus modos de vida tradicionales. Pero todas volvieron a unirse ante la amenaza de guerra con el Brasil, y coincidieron en la elección de Rivadavia como presidente de la República. La guerra, conducida por el general Alvear y el almirante Brown, proporcionó importantes triunfos al país. Pero, entretanto, la gestión de Rivadavia suscitó nuevos recelos de los grupos del interior. Como la Constitución de 1819 había desencadenado la guerra de 1820 a causa de sus tendencias centralistas, del mismo modo la que se proyectó en 1826 promovió la resistencia. Rivadavia debió renunciar y el gobierno nacional volvió a desaparecer.

En Buenos Aires fue elegido gobernador un partidario del federalismo, Dorrego, visto con buenos ojos por las otras provincias. Pero un golpe militar dirigido por Lavalle —unitario— lo derrocó, y Dorrego fue fusilado. Desde ese momento la guerra civil no tuvo pausa en la Argentina. Rosas apareció como el jefe federal de Buenos Aires, de acuerdo con López y Quiroga en el interior. Lavalle combinó sus acciones con Paz para oponérseles. Se enfrentaron así dos países ideológicos que representaban los ideales de dos países reales: no el campo y la ciudad en abstracto, sino la ciudad de Buenos Aires, con su puerto y su aduana, y el resto del país con su economía casi natural y su sentimiento de dependencia inexorable frente a la metrópoli que estaba en la boca del río abierto hacia Europa. En 1830 se constituyó la Liga del Interior presidida por Paz y en 1831 se firmó el Pacto Federal entre las provincias litorales. Buenos Aires parecía solidaria con sus hermanas ribereñas, pero pronto el gobernador de Buenos Aires, Rosas, demostró que él y los demás saladeristas no estaban dispuestos a compartir los beneficios del puerto y la aduana con nadie. El país quedó dividido en tres cuando, caído Paz, se midieron los tres jefes federales que poseían poderes regionales: Rosas, López y Quiroga.

Poco tiempo necesitó Rosas para sobreponerse a sus dos rivales y para reafirmar la supremacía de Buenos Aires sobre el resto del país. De manera informal, pero muy firme, Rosas restableció la unidad del país bajo su autoridad personal, asumiendo la representación de todos los federales para enfrentar a sus rivales unitarios. Repetidas veces los derrotó en batalla y, además, los persiguió implacablemente, sobre todo después de 1840. Los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires tratando de conseguir y mantener el mercado de Montevideo, en vista de que los ingleses, amigos de Rosas, controlaban el de Buenos Aires; y después de algún tiempo, también los ingleses se unieron al bloqueo. Pero Rosas resistió apoyado en un frente interno muy unido a causa de su vasto prestigio popular. Las clases altas, en cambio, le eran hostiles, excepto los que componían el círculo saladeril y los grandes terratenientes a quienes él había beneficiado. Esta situación hizo crisis cuando los ganaderos del litoral no pudieron soportar más el ahogo producido por las prohibiciones que pesaban sobre la navegación de los ríos, y se decidieron a la acción. El gobernador de Entre Ríos, Urquiza, organizó una coalición que en 1852 dio por tierra con Rosas en la batalla de Caseros.

Desde los primeros tiempos del gobierno de Rosas, muchos estudiosos se preguntaron sobre la explicación del fenómeno político que contemplaban. Todos coincidieron en que el país tenía dos caras: una urbana y otra rural, y que la lucha civil había sido la expre-sión de ese enfrentamiento, que había desembocado en la dictadura de Rosas. Sarmiento definió esta contraposición como “civilización y barbarie”, términos con los que definía un juicio de valor; pero aun confusos, los términos contrapuestos correspondían a una realidad. La respuesta de los expatriados con visión política fue buscar una fórmula que superara ese antagonismo, y la hallaron en el diálogo con los disidentes del rosismo. Urquiza la encarnó y logró que se plasmara en la Constitución de 1853, federal pero representativa, progresista sin olvido de las tradiciones y equidistante de los intereses de Buenos Aires y del interior.

Sin embargo, después de Caseros los grupos liberales de Buenos Aires habían sospechado de Urquiza y se habían alejado de él. La ruptura determinó que desde 1852 hasta 1862 Buenos Aires constituyera un Estado independiente, opuesto a la Confederación Argentina. La guerra económica que estalló entre ambos Estados expresaba lo que había detrás del conflicto: la Confederación creó el puerto de Rosario y otorgó aranceles favorables a los productos que llegaran sin tocar en Buenos Aires. Esta vez, el conflicto no se disimulaba bajo una máscara ideológica o política. Pero la realidad se empeñó en probar que las dos partes del país se necesitaban, y la antigua fórmula transaccional fue ajustada hasta decantarse en un acuerdo. Luego de dos batallas —Cepeda y Pavón— Buenos Aires se incorporó a la Confederación Argentina y la Constitución de 1853 tuvo plena vigencia a todo lo largo del país unificado.

Desde 1862 hasta 1880 se sucedieron en la presidencia de la República Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Porteño el primero y provincianos los dos últimos, su origen simbolizó la progresiva conquista de Buenos Aires por el interior. Finalmente, en 1880 la ciudad de Buenos Aires fue federalizada.

Durante ese lapso, el gobierno de la nación se empeñó en ajustar el nuevo mecanismo institucional, que Urquiza, como presidente de la Confederación, había puesto ya en funcionamiento. El régimen administrativo, la justicia, los correos, las relaciones interprovinciales, las de las provincias con la nación, el ejército, la educación, la salud pública, la aduana, todo fue necesario montarlo en función de la totalidad de la nación, venciendo dificultades técnicas y, lo que era aun más grave, sospechas y temores recíprocos. Pero poco a poco la tarea dio sus frutos y pudo decirse que, durante esos años, se había logrado la “organización nacional”. Ciertamente, todos los problemas que habían enfrentado a las distintas regiones y a los distintos sectores del país comenzaban a entenderse sobre la base de soluciones equitativas.

Empero, la labor de los gobiernos de Urquiza, Mitre, Sarmien-to y Avellaneda no se limitó a resolver los problemas del pasado. La minoría que ejercía el poder tenía ideas claras sobre el futuro. Creía que el porvenir argentino consistía en incluir al país en la línea del desarrollo económico y cultural de Europa. Y para alcanzar este objetivo promovió un cambio sustancial en la vida argentina. Tan profundo era su convencimiento acerca de las ventajas de esa política que no vaciló en modificar la estructura de la sociedad, incorporando al país una ingente masa de inmigrantes que acudió al insistente llamado del gobierno argentino. No le ofreció éste tierras ni planes organizados de trabajo, pero puso en sus manos una economía abierta, que se orientó decididamente al aprovechamiento de las tierras fértiles para la producción de carnes, lanas y cereales que tenían gran demanda en el mercado europeo. Los inmigrantes se incorporaron a estas actividades, pero también al comercio y al artesanado, logrando muchos de ellos con notable rapidez una posición económica de tal nivel que quedaron incorporados a una clase media acomodada que se constituía aceleradamente gracias al bienestar y a la prosperidad general. El trabajo de todos enriqueció también a las clases ricas tradicionales, generalmente dueñas de la tierra. Y los grandes comerciantes que acumulaban los “frutos del país” reunieron ingentes fortunas en el comercio exportador.

Pero la política de la minoría que ejercía el poder no se limitaba a promover la inmigración. También promovió la modernización del país. Y así como recurrió a Europa para poblar el país, recurrió a ella para buscar capitales. Los ferrocarriles fueron la empresa más tentadora. En un país tan extenso y desierto, el ferrocarril fue instrumento fundamental de cambio. Extensas zonas se incorporaron a la explotación, y la vida se hizo posible en ellas. En las fronteras, los indios amenazaban a la población blanca. Pero el presidente Avellaneda asumió la responsabilidad de terminar con esa amenaza y cumplió sus planes gracias a la actividad de Adolfo Alsina y del general Julio A. Roca, que dirigió la campaña del desierto en 1879. Nuevas tierras se dedicaron entonces a la cría de ganado. Entretanto, otras obras completaban el reequipamiento moderno del país. Se iniciaron las obras para la construcción de varios puertos, empezando por el de Buenos Aires; se construyeron puentes, se tendieron hilos telegráficos, se hicieron obras de salubridad, todo lo necesario, en fin, para facilitar la producción de la riqueza y ofrecer mejores condiciones de vida a la población que intervenía en ella. Escuelas primarias, colegios secundarios, bibliotecas, hospitales, surgieron de la tesonera acción de esa minoría ilustrada.

Principal actora del proceso, esa minoría se había enriquecido con la valorización de las tierras, con el aumento y diversificación de la producción, con el desarrollo de una intensa actividad financiera. La generación que le siguió se encontró en la abundancia y comprobó que el país que recibía no era ya el de los días de Caseros y de Pavón. Era un país organizado, próspero, con una población heterogénea, con una creciente clase media, con ciudades desarrolladas. La era de los propulsores había terminado, y sus herederos consideraron que eran los herederos legítimos del país que sus padres habían construido.

El tono moral del país cambió sensiblemente después de 1880. La empresa de organizar y modernizar el país unificado perdió el aire misional que había tenido y dejó paso a una vasta aventura tras la riqueza. Fue entonces cuando se comenzó a dibujar la imagen de una Argentina próspera, de porvenir seguro, tierra de promisión para todo el que quisiera hacer fortuna con su esfuerzo. Dada la densidad de población y la demanda europea de las materias primas argentinas, esa imagen no estaba muy alejada de la realidad. Y tanto las clases altas como los distintos sectores de la clase media que se constituía con población de origen inmigrante, se ajustaron a ella y procedieron en consecuencia.

La persecución de la riqueza fue un signo de la época, que Julián Martel pintó diestramente en La Bolsa. Hubo altibajos, como la crisis de 1890, y hubo, naturalmente, muchos que se hundieron en la miseria mientras recorrían el camino hacia la riqueza. La especulación, especialmente en tierras, el uso inmoderado del crédito, el planeamiento desaprensivo de fantásticos negocios, envenenaron la vida financiera y suscitaron una corriente de inmoralidad que alcanzó a los sectores más responsables. Pero, entretanto, se proseguía la obra de población y modernización del país con el mismo o mayor empeño: los inmigrantes entraban en proporciones extraordinarias, los capitales acudían, los ferrocarriles progresaban, aumentaban las cifras de la exportación de carnes, lanas y cereales y crecía el volumen de las importaciones destinadas a aprovisionar a un público consumidor cada vez más considerable. La prosperidad se traslucía en los altos niveles de vida, tanto de la aristocracia tradicional, cada vez más cerrada, como de las clases medias, cada vez más abiertas.

Quizá fuera éste el rasgo más significativo de la época. Sorprendida, y sin duda disgustada, por el aspecto heterogéneo que iba adquiriendo el país, la vieja aristocracia criolla, antes modesta, comenzó a adquirir ínfulas de aristocracia o de plutocracia y a estrechar sus filas para denotar que constituía un sector distinto de la masa que componían las clases populares y las clases medias saturadas de inmigrantes de diversos orígenes. Éstos, por su parte, corrieron las distintas andanzas que permitían las posibilidades económicas del país y escalaron los diversos grados de la fortuna, con lo cual constituyeron una clase media abierta, muy móvil, cuyos miembros, si bien se mantuvieron ajenos a la vida política, procuraron consolidar su posición social y representar un papel generalmente superior al que correspondía a su posición económica.

En el orden económico, tanto las clases altas como las medias se transformaron en fuertes consumidoras de bienes. En el orden político, las clases altas mantuvieron el control del Estado. Pero en este aspecto la situación comenzó a hacerse cada vez más inestable, sobre todo a medida que comenzaron a alcanzar mayoría de edad las promociones de argentinos hijos de inmigrantes, que aspiraron a participar en la vida política del país y encontraron una valla en la cerrada actitud de las clases tradicionales.

Los descendientes de los viejos liberales, en efecto, adquirieron los rasgos de un grupo conservador. Para enfrentarlo, las clases medias comenzaron a aglutinarse alrededor de algunos principios democráticos, relacionados sobre todo con la pureza del sufragio, puesto que los grupos conservadores respondieron a las nuevas demandas políticas falseando cada vez más el régimen electoral. La Unión Cívica Radical, inspirada por Leandro N. Alem, recogió esas inquietudes, y desde 1890, en que se lanzó a la revolución, en adelante, fue el movimiento político que expresó a las clases medias. A partir de entonces el país adquirió una nueva fisonomía: dos partidos que representaban con bastante fidelidad dos sectores sociales del país, aunaban las opiniones de vastos sectores y expresaban sus designios acerca del futuro nacional. Otros partidos aparecieron, como el socialismo; pero conservadorismo y radicalismo fueron los grandes temas que aglutinaron a la opinión pública.

Inequívocamente mayoritario, el radicalismo fue mantenido fuera del poder por los conservadores durante largo tiempo; pero el presidente Roque Sáenz Peña decidió quebrar esa política e hizo sancionar una ley que establecía el sufragio secreto, universal y obligatorio. En virtud de ella, el radicalismo llegó al poder en 1916 imponiendo a Hipólito Yrigoyen como presidente.

Entre 1916 y 1930, el gobierno radical condujo al país por un camino semejante al recorrido por sus antecesores. Sólo la aparición de nombres nuevos, de extracción modesta a veces, en los elencos gubernamentales, puso de manifiesto el cambio operado. Pero tanto desde el punto de vista de la política económica como de la política social, las cosas no cambiaron.

Y sin embargo, los problemas del país cambiaban y se hacía visible que se necesitaban nuevas soluciones. El radicalismo había aglutinado en la oposición no sólo a las clases medias, a las que representaba fielmente, sino también a vastos sectores populares; pero, una vez llegado al poder, el radicalismo dejó de ser una esperanza para estos últimos, como se advirtió a partir de la gran huelga de principios de 1919. El movimiento obrero tenía ya cierto desarrollo, y fue creciendo con el tiempo; y en las zonas rurales aparecieron problemas que requerían soluciones. Más aún, la pequeña clase media manifestaba las angustias que son propias de su condición de grupo-límite, y tampoco divisaron una esperanza en el radicalismo. De ese modo, una vasta red de desilusiones debilitó poco a poco al numeroso movimiento que había llegado al poder seguro de representar al país en pleno. Al producirse las primeras dificultades graves para la economía del país —tras la crisis mundial de 1929—, el gobierno cayó empujado por la revolución de 1930.

Para entonces era ya visible que la modernización del país no sólo se había operado en cuanto a su equipo y a sus instituciones fundamentales, sino también en cuanto a la aparición de los problemas propios de una sociedad evolucionada. Conscientes de sus intereses, los distintos grupos sociales pugnaban por defenderlos y por arrancar al gobierno las decisiones que les interesaban. Así como después de 1852 pareció que la Argentina había superado una era de enfrentamiento de intereses inconciliables, después de 1930 se advirtieron recaídas en una situación conflictual en la que los intereses comunes de la colectividad nacional parecían menos importantes que los de cada uno de los grupos sociales.

Los gobiernos que surgieron de la revolución de 1930 atendieron preferentemente a la suerte del sector agropecuario, amenazado por la crisis de sus tradicionales mercados europeos; pero su política económica trajo una retracción que tuvo graves consecuencias para el país, puesto que disminuyeron las fuentes de trabajo en muchas regiones, creció la desocupación, se acentuaron las diferencias de clase y se inició una era de éxodo de población rural hacia las ciudades, especialmente hacia Buenos Aires.

Un pequeño desarrollo industrial comenzó a producirse por entonces, que requirió mano de obra especializada; pero no podía absorber los gruesos contingentes de desocupados que poblaron los sórdidos caseríos que ya aparecían en los alrededores de Buenos Aires. Esos sectores populares perdieron las esperanzas en la acción de los gobiernos llamados democráticos, y no sólo porque los veían ajenos a sus problemas urgentes y primarios sino porque aprendieron en su ejemplo a desconfiar de la democracia misma.

La Segunda Guerra Mundial abrió las perspectivas de la industria en algunas ciudades, y los altos salarios que empezaron a ofrecer constituyeron nuevos estímulos para la migración de grupos rurales hacia la metrópoli. Al terminar la guerra, el mapa social del país ofrecía rasgos muy distintos de los tradicionales, puesto que había adquirido coherencia un vasto grupo social marginalizado por las condiciones económicas, sociales y políticas del país.

Ese grupo —y otros que, en distintas circunstancias, habían sufrido el mismo proceso de marginalización— fueron los que prestaron su apoyo al vasto movimiento político lanzado por el coronel Juan Perón después de la revolución de 1943, que había puesto fin al gobierno del presidente Castillo. Perón inició una transformación importante en la política económica del país, apoyando a los sectores industriales y nacionalizando algunos servicios fundamentales. Pero además inició una política social que, aunque débilmente sustentada, significó un cambio sustancial para las clases populares, hasta entonces omitidas en todos los planes gubernamentales.

Apoyado en fuertes grupos militares por una parte, y en el movimiento sindical por otra, el gobierno que había comenzado constitucionalmente en 1946 pudo desarrollar una obra de inequívoco sentido popular. La falta de una política profunda que asegurara la perpetuación de sus tendencias no fue advertida por sus partidarios, que mantuvieron incólume su apoyo durante diez años. Pero desde 1950 la situación económica se fue haciendo más difícil, y la política salarial del gobierno encontró más obstáculos. Entretanto, diversas circunstancias le enajenaron el apoyo de los sectores católicos y militares, y el presidente Perón fue derrocado por una revolución en 1955.

La época de Perón reveló la existencia y la polarización de un sector popular muy definido, en el que había un fuerte grupo de obreros industriales, pero que se componía también de gentes humildes y de pequeña clase media que apreciaba la protección que el Estado había comenzado a prestarles por entonces. Ese vasto sector se sintió defraudado en 1955 cuando Perón fue derrocado. Desde entonces constituyó un sector marginalizado políticamente, que idealizó los tiempos en que el Estado —por intermedio del presidente de la nación— parecía consciente de sus responsabilidades de defensor de los intereses de las clases más necesitadas. Los gobiernos surgidos de la revolución de 1955 intentaron reconstruir la economía tradicional, sin descuidar, por cierto, el estímulo del desarrollo industrial. Intentaron también asegurar la vigencia de la democracia, aun cuando conjuraran las amenazas de retorno del peronismo con distintas medidas ocasionales. Pero el país percibió la existencia de un conflicto de difícil solución entre los ideales democráticos y las garantías de libertad, que para muchos aparecían comprometidas por la experiencia del peronismo, cuyo gobierno no fue respetuoso de las minorías. No sin incertidumbres políticas, el país se acercó a la celebración de los ciento cincuenta años de la Declaración de la Independencia.

Inestable por la vivacidad de los cambios sociales y económicos que están lanzados, la Argentina no oculta la pujanza de su economía y la vitalidad de los procesos sociales que se dan en su seno. Una viva cultura aflora cada vez más nítidamente. Sólo necesita hallar una fórmula para que las fuerzas socioeconómicas ocupen el sitio que corresponde a su auténtica significación en la balanza de poder. No es fácil, pero alguno de los intentos tendrá éxito, y entonces podrá disiparse la nube que cubre el destino argentino, superficial pero oscura. Una mirada sobre el país basta para descubrir que todos sus sectores desean vehementemente hallar aquella fórmula para que sea factible la empresa común llena de promesas.

Indicaciones sobre la situación de las masas en Argentina. 1951

Tras un período de aparente estabilidad —provocada por la coacción ejercida por ciertas fuerzas conservadoras— Argentina ha entrado en los últimos años en una crisis de transformación. Aunque no es fácil hacer un diagnóstico de sus caracteres, parece evidente que no constituye sino la primera etapa de un proceso social de cierta intensidad; lo acompaña, naturalmente, un proceso económico sumamente complejo por sus raíces y concomitancias con los problemas internacionales, y aparece caracterizado por cierto proceso político que se presenta en esta primera etapa como su expresión acabada. Pero es necesario no dejarse engañar. El proceso político es, entre todos, el menos importante y lo fundamental es todo lo que se oculta tras de él en el plano económico y social, especialmente en relación con la situación de las masas, porque esa situación puede crear condiciones políticas forzosas en lo futuro.

Mi propósito es reunir algunas indicaciones útiles para la comprensión del proceso social a que hoy se asiste en Argentina, proceso que en términos generales, puede caracterizarse como de ascenso repentino de masas. Como ocurre siempre, hay en él algunos elementos que no son peculiares sino que corresponden al desarrollo general, en tanto que otros provienen directamente de circunstancias ocasionales y, aunque menos brillantes, son sin duda los que explican mejor el sinuoso curso que adopta.

Las masas argentinas. Si llamamos masas, en sentido económico-social, a aquel conjunto que, dentro de una comunidad, se caracteriza porque sus problemas inmediatos carecen de soluciones individuales y dependen inevitablemente de la dirección que la comunidad imprima al desarrollo de los grandes problemas económicos y sociales, advertimos que las masas comprenden en Argenti-na menos proporción de clase media que en otra parte, aunque ésta participe en gran proporción de la sensibilidad multitudinaria de aquélla. Mientras las clases medias tienen cómodas vías de acceso para que sus miembros lleguen individualmente a escalones más altos, las masas —y especialmente las masas rurales— tienen dificultades harto mayores para desprenderse de las limitaciones a que se hallan sujetas. Una vigorosa estructura económica, en la que priman los intereses de los hacendados y terratenientes, les señala determi-nadas posibilidades económicas, en tanto que, desde el último cuarto del siglo XIX, se agregan a esas constricciones otras que proceden de la incorporación de Argentina al ámbito de los países en proceso de desarrollo capitalista.

Para caracterizar la situación de las masas argentinas conviene aclarar algo acerca de su composición étnica. Sin duda alguna es Argentina uno de los países americanos en que ese problema tiene menos importancia pues no existen fuertes núcleos indígenas que planteen graves —o insolubles— dificultades de adaptación. Pero aun así no faltan algunos elementos de diversidad que merecen ser tenidos en cuenta. Los grupos indígenas que aún existen en algunos lugares del país conservando su idiosincrasia particular quizá no sobrepasen el número de 30.000 almas; de aquí que carezcan de importancia. Pero en cambio existe una población mestizada muy numerosa que forma claro contraste con la de puro origen europeo. Un cálculo aproximado —muy impreciso, por lo demás— permite suponer que la población con mezcla de sangre indígena puede alcanzar una vigésima parte de la población total del país. Naturalmente, no se trata solamente de mestizaje en primer grado —que, sin embargo, no falta— sino más bien en combinaciones variadísimas, pues no han existido generalmente inhibiciones para los matrimonios mixtos entre descendientes de europeos y mestizos. Este elemento constituye uno de los grupos fundamentales de las masas, pues pertenecen en su mayoría a ese tipo social, y a él corresponde la designación de
criollo.
Al lado del grupo mestizo se halla el de los inmigrantes de origen europeo, susceptible de ser subagrupado según las diversas nacionalidades y tendencias; y al lado de éste, el de sus descendientes nacidos en el país, en primera generación o en generaciones sucesivas.

Estas masas se agrupan, en general, en dos grandes sectores, urbano el uno y rural el otro. En las zonas del norte y oeste del país, donde están instalados los obrajes madereros, los algodonales, los yerbales y los ingenios, predomina la población mestiza entre quienes proporcionan la mano de obra, sin que falte alguna colonia de origen europeo. También se dedica esa misma población a los trabajos mineros que tienen algún desarrollo en la zona. En el centro y el litoral, en cambio, la población mestiza se combina en distintas proporciones con la de origen europeo. En las faenas agrícolas predomina en general el último, pero en las ganaderas mantiene el criollo su antiguo prestigio y no ha sido reemplazado. En cuanto a las ciudades, ocurre algo semejante: predomina la población mestiza en el norte y el oeste y se combina con la de origen europeo en la central y litoral, observándose un neto predominio de esta última solamente en Buenos Aires y Rosario.

Situación económico-social. Desde el último cuarto del siglo XIX la situación de las masas empezó a cambiar considerablemente con respecto a la que tenían antes en cuanto a las condiciones económi-cas y sociales. Señalemos ante todo que antes de esa época el número de inmigrantes era escaso y que las masas eran casi exclusivamente criollas. Vivían tradicionalmente dentro de un régimen patriarcal, con todas las ventajas y los inconvenientes que le son inherentes. En un país semidesierto, en el que la ganadería era la actividad fundamental, cubrían las zonas rurales llevando un tipo de vida bastante primitivo, con un nivel bastante bajo de civilización material y un índice de libertad bastante alto aunque estuviera ocasionalmente restringido por la autoridad fuerte de los dueños de estancias que eran generalmente también los jefes políticos locales o nacionales. En las ciudades la situación era análoga, pues las posibilidades económicas de las masas entrañaban la necesidad de una perpetuación del régimen de tutela, frente al cual —como en las campañas— las probabilidades de ascenso social eran limitadas.

Este cuadro empezó a modificarse notablemente en el último cuarto del siglo XIX como resultado de la nueva orientación que, en materia económica y social, impusieron los grupos que derrocaron a Juan Manuel de Rosas. Los principios sustentados por esas minorías ilustradas que trataron de organizar el país según las corrientes progresistas en boga por entonces en Europa, se transparentan fielmente en el planteo que de la situación argentina hizo Domingo Faustino Sarmiento en Facundo. Civilización y barbarie. Parecía necesario —por razones eminentemente políticas— sobreponer la influencia de las ciudades a la de las campañas, y transformar la fisonomía demográ-fica y étnica del país mediante la atracción de una inmigración masiva que, acrecentando aceleradamente el volumen de la población del país, disminuyera la influencia de las masas criollas, a las que se hacía responsables del predominio del autoritarismo. Estos principios fueron llevados a la práctica y desde sus comienzos se pudo advertir la magnitud de la experiencia que se realizaba. La masa inmigrada opuso a la masa criolla una distinta concepción de la vida y, sobre todo, un distinto tipo de actividad económica, que podríamos llamar intensiva frente a la economía extensiva que predominaba en el país; además puso en movimiento otras formas de actividad económica en el campo mediante el desarrollo amplio de la agricultura, y en las ciudades dio considerable impulso al comercio y a algunas manufacturas, todo ello particularmente en la región litoral, que prefirió por razones de clima.

El complejo social se alteró, pues, por la yuxtaposición de dos elementos muy diversos desde todo punto de vista. Pero a medida que corría el tiempo se alteró aún más, pues se incorporaron las generaciones de hijos de inmigrantes más o menos acriollados según los casos, que constituían un tipo híbrido respecto a las tradiciones del país y a las tradiciones paternas. Y como además seguían llegando nuevas olas de inmigrantes que renovaban el choque inicial, el conjunto se constituyó de tal manera que en lo futuro habría de caracterizarse por lo proteico de su fisonomía, según las sucesivas fases de acomodación de los distintos elementos. Este proceso no ha concluido y acaso así se explique buena parte de las vicisitudes de la vida argentina.

Pero otros factores debían contribuir también a precipitar la modificación del complejo social que constituye la masa argentina. Según los mismos principios que orientaron la organización nacional en el último cuarto del siglo XIX, se trató de atraer a los capitales extranjeros que debían estimular la transformación económica del país. Así se crearon las condiciones mediante las cuales las masas comenzaron a ingresar en la categoría de grupos asalariados. El régi-men patriarcal comenzaba a presentar algunas brechas, y por entre ellas veían asomarse las primeras organizaciones de tipo capitalista para ocuparse de determinadas explotaciones que requerían un esfuerzo disciplinado y permanente. El fuerte impulso que se dio a las obras públicas —puertos, ferrocarriles—, el desarrollo que alcanzaron los obrajes, los yerbales, los ingenios y algunas explotaciones mineras, exigieron abundante mano de obra que, por la región de donde se obtenía, provino preferentemente de las masas criollas. Las condiciones del reclutamiento del personal, las del trabajo y la remuneración, así como las perspectivas generales que se ofrecían al obrero, fueron de bajísimo nivel. Se usó sistemáticamente la constricción y se organizó el expolio del obrero, lo cual, unido a las condiciones en que se realizaba el trabajo y a los rigores del clima, produjo una considerable disminución del capital humano en aquellas regiones.

En cuanto a las del centro y del litoral, la situación general de las masas trabajadoras fue menos rigurosa por el tipo de labor y las condiciones climáticas; y en cuanto a la remuneración ofrecida en las zonas agropecuarias, si bien es cierto que no fue miserable, tampoco alcanzó niveles que, por ejemplo, permitieran a un obrero constituir una familia. Pero lo más grave fue que no se estimuló en modo alguno la radicación de los agricultores, el afincamiento de los inmigrantes que llegaban deseosos de obtener pequeñas parcelas para explotarlas al modo en que lo hacían en sus regiones de origen, con óptimos resultados; se oponía a ello el régimen de la tierra, el predominio de los latifundios y el sistema de comercialización de los productos de la tierra, de modo que el abandono de los campos por los trabajadores desilusionados fue un fenómeno constante que contribuyó a crear las grandes aglomeraciones urbanas que hoy caracterizan a Argentina.

Puede decirse, pues, que la política económica y social que predominó desde el último cuarto del siglo XIX, si bien contribuyó a organizar el país y a desarrollar su riqueza, se despreocupó totalmente de las consecuencias que desataría con el tiempo con respecto al complejo social. Librado al juego de las fuerzas internas, evolucionó rápidamente y adquirió una fisonomía cambiante que no podía sino desorientar cada vez más a las minorías dirigentes.

Actitud política. Dentro del plan de transformación nacional, se pensó que era imprescindible desarrollar activamente la instrucción pública, y en efecto se realizó una provechosa campaña de alfabetización. Pero conspiraban contra los posibles resultados de esta política cultural, en primer término, el bajo nivel de vida puesto de manifiesto en el tipo de vivienda, los hábitos, etc., y en segundo término, la falta de una educación política, en reemplazo de la cual se ofrecía el espectáculo de una calculada organización electoral destinada a prescindir de las masas. Este último aspecto es de importancia suma para comprender los problemas que se plantearon posteriormente.

En el planteo originario de los hombres de la Organización Nacional, la atracción de población y la atracción de capitales estaban inspiradas por el afán de evitar la reproducción de situaciones como la que condujo a la instauración de un poder despótico de base popular por Juan Manuel de Rosas. Parecía que bastaban aquellas medidas para evitar su reiteración. Pero en la práctica, las soluciones propuestas resultaron harto limitadas, y por otra parte fueron luego desvirtuadas por los grupos privilegiados. El complejo social que se constituyó con los elementos antes señalados manifestó muy pronto un marcado escepticismo político, por lo demás muy justificado. El Estado no abandonó nunca en teoría los altos objetivos que le habían señalado Alberdi o Sarmiento, pero los grupos que se perpetuaron en el poder se estrecharon cada vez más y se esforzaron por defender celosamente sus privilegios. La vida política se organizó sobre la base de las clientelas electorales y no se ahorraron esfuerzos para evitar la intervención popular en ella, aunque hubiera que llegar a la violencia. Sin duda los grupos esclarecidos de la burguesía —representados según los casos por Mitre, Alem, Del Valle, Joaquín González, Marcelo de Alvear y Lisandro de la Torre— denunciaron los excesos y hasta promovieron movimientos políticos para romper el cerco de privilegios que contenían el desarrollo del país. Pero la organización electoral triunfó reiteradamente, favorecida por el bajo nivel cultural que caracterizaba a las masas, por cuyo ascenso en ese sentido poco o nada se hacía. Sólo cuando Hipólito Yrigoyen, jefe de la Unión Cívica Radical, apeló al fervor popular con tácticas propias de los viejos caudillos, se vio a las masas polarizarse a su alrededor y triunfar luego favorecido por circunstancias imprevistas.

Yrigoyen desalojó a la oligarquía de las posiciones que hasta entonces había conservado como si le pertenecieran por derecho propio, y la reemplazó con gentes de condición humilde. En general, hubiera querido defender a los desposeídos en todos los aspectos; pero su gobierno fue de tipo paternal; ayudaba al que se le acercaba, pero carecía de dotes de estadista como para promover una legislación análoga, por ejemplo, a la que Batlle y Ordóñez había puesto poco antes en funcionamiento en Uruguay. Y cuando el movimiento obrero adquirió cierto desarrollo, no vaciló en contenerlo con la violencia. Fue la suya una dictadura de masas, pero de masas desorganizadas que aspiraban a ver en el gobierno a un hombre de los suyos, sin resabios aristocráticos y que fuera capaz de moderar los excesos de la oligarquía. Pero los grupos que, dentro de la masa, comenzaban a singularizarse y aspiraban a un derecho obrero regular, ni fueron satisfechos ni gozaron de influencia alguna.

Yrigoyen perdió finalmente el fervor de sus partidarios y su base política se debilitó hasta el punto de no poder impedir la reacción de las fuerzas conservadoras, desatada en 1930. Una coalición política sumamente extraña, en la que no faltaban, junto a los conservadores de viejo cuño, los entusiastas del fascismo mussoliniano, instauró entonces un gobierno cuya consigna fundamental fue devolver el poder a las viejas familias que lo habían detentado hasta entonces. Pero Argentina había cambiado mucho en los quince años transcurridos desde la llegada al poder de Yrigoyen, y el mundo no había cambiado menos durante la posguerra. Fue necesaria, pues, la violencia para lograr ese propósito, y sobre ella se construyó un orden político artificial.

Lo que ocurrió entonces constituye el antecedente directo de la realidad actual. Reapareció el sistema de las clientelas políticas y la desembozada protección del privilegio. Lisandro de la Torre, Mario Bravo y Alfredo Palacios denunciaron enérgicamente la política dirigida por los ganaderos en defensa de sus intereses y los atropellos institucionales de un gobierno que tenía que defender su situación a causa de la ausencia absoluta de base popular. Y entretanto, las masas trabajadoras debieron sufrir las consecuencias en carne propia.

En efecto. La perpetuación de la estructura económica agrícolo-ganadera —con primacía de la ganadería— mantenía sumamente limitados los horizontes de las masas que crecían en número y se distribuían de diversos modos en un país cuya vitalidad rebasaba aquellos márgenes. En las regiones del norte y el oeste, las masas estaban a merced de los empresarios que eran al mismo tiempo jefes políticos, especialmente en los ingenios, los obrajes, los yerbales y las minas. De aquí derivó un hecho que habría de tener marcada importancia: la aparición de un profundo resentimiento popular contra los grupos dirigentes, y de un marcado escepticismo político al que correspondía y acompañaba la clara conciencia de ciertas reivindicaciones sociales y económicas que las masas consideraron de estricta justicia. Así abandonaron las masas la militancia en el plano político —que les era ajeno— y se situaron en el de la lucha social. Sólo se necesitaba una ocasión favorable para que se manifestara esta nueva actitud, y esa ocasión llegó después de la revolución militar de 1943.

En el análisis de lo que ha ocurrido después conviene distinguir lo estrictamente político de lo que constituye el fenómeno social. Lo primero escapa a los límites de este análisis y, a mi juicio, es un episodio circunstancial, en tanto que lo segundo constituye una experiencia que estimo de gran trascendencia para el país.

El hecho más saliente es la transformación en la distribución de la población. Una política de estímulo a la producción industrial favorecida por la situación de posguerra ha provocado un fuerte aumento en la demanda de mano de obra en las ciudades y un alza considerable de los salarios en la industria. La consecuencia ha sido un acentuado éxodo rural y un acrecentamiento correspondiente de la población urbana, congregada preferentemente en la zona litoral y muy particularmente en Buenos Aires. El problema de una urbe desmesurada y de población excesiva con respecto a la capacidad de producción del país se ha acentuado, pues, precisamente cuando se anota un considerable descenso en la producción agropecuaria; y el de una futura repoblación del campo se plantea como el gran interrogante del futuro, hasta el punto de poder afirmarse que en él reside la cuestión fundamental de la política argentina de los próximos quinquenios.

Tras estos fenómenos se esconde otro de no menor significación: el innegable ascenso operado en las masas tanto en el monto de la remuneración como en las condiciones de trabajo, con el consiguiente aumento del poder adquisitivo y las posibilidades de goce.

Finalmente caracteriza a las masas un considerable desarrollo del índice de politización y un actualizado interés por el problema del gremialismo. La adhesión o la oposición respecto al partido gobernante mueven en igual medida el interés por los problemas políticos, y puede decirse que aquel escepticismo ha dejado paso a un marcado interés por los problemas políticos. Si se suma a esto la activa propaganda que se hace desde el Estado en favor de la organización gremial, se tendrá un claro panorama de cómo se activa la conducta de las masas.

Todos estos signos revelan que se ha desencadenado un proceso social. Sólo con una gran ingenuidad puede esperarse que el proceso esté concluido. El proceso está apenas iniciado y sería tarea im-posible determinar cuál ha de ser su futuro desarrollo. De lo que se puede estar seguro es de que se ha logrado un cierto progreso al que las masas no renunciarán, de modo tal que es ineficaz cualquier planteo que se haga sobre la base de retrotraer su situación a la de hace diez o veinte años. Prácticamente lo han reconocido así los partidos progresistas que parten ya de esta nueva realidad para tratar de atraer o reconquistar partidarios.

Cómo ha de comportarse el complejo social que constituyan las masas argentinas, es cosa incierta. Pero algunos datos pueden obtenerse de ciertos hechos, pues se asiste al acrecentamiento de la in-fluencia de la masa criolla especialmente en las ciudades al tiempo que se vuelcan nuevas olas de inmigrantes sobre las ciudades. No debe desdeñarse el hecho de la despoblación de los campos, que ha de traer importantes consecuencias en el orden económico y social. Acaso alrededor de este problema se reordenen las filas para las contiendas políticas de los próximos cincuenta años.

Sarmiento, entre el pasado y el futuro. 1963

Situado entre el pasado y el futuro, Sarmiento cobra a mi juicio su verdadera perspectiva. Si de otros puede decirse con certeza que pertenecen solamente al pasado, de Sarmiento no es posible afirmar lo mismo. Algo hay en él que no ha muerto, y acaso pudieran repetirse pensando en él las palabras que escribió sobre Quiroga: “No, no ha muerto. Vive aún. Él vendrá”. No se requiere apelar a la vana esperanza de su regreso para descubrir su proximidad y su permanencia. Sarmiento no tiene necesidad de que se anuncie su retorno porque no ha desaparecido de la vida argentina. Pero no porque obraran en él misteriosas fuerzas, sino por la peculiaridad de su genio, cuyas incitaciones recobran en cada circunstancia actualidad, eficacia y dimensión contemporánea.

Hay, sin duda, un Sarmiento muerto. Hombre de su tiempo, acogió lo que las circunstancias le impusieron. Descubrió los interrogantes y las exigencias de su contorno, y respondió a unos y otras con las respuestas y las actitudes que las circunstancias le aconsejaron. Si buscamos en Sarmiento el conjunto de las ideas que expuso frente a aquellos problemas, las obras en que cuajaron sus preocupaciones, hallaremos un hombre de su tiempo, sin más resonancia para nosotros que la que desencadene la admiración de una existencia combativa que no se sustrajo a los compromisos a que lo obligaba su propia grandeza. Pero hay al lado de ese un Sarmiento vivo. Ese a cuya imagen se ofende cada día y cuya memoria se reivindica cada día, porque ni para atacarlo ni para defenderlo pensaríamos tanto en él si no descubriéramos que es algo vivo que está unido a nuestra propia existencia. Y ese Sarmiento vivo no es el de sus obras ni el de sus ideas, sino el del impulso creador, capaz de suscitar no sólo esas obras y esas ideas que creó, sino otras muchas, para su tiempo y para otros tiempos, en sus circunstancias y en las que se presentan renovadas cada día. Porque Sarmiento está unido a la idea de cambio y al desdén de la maraña de intereses y prejuicios que suelen ser considerados indiscutibles o sagrados. Y por esa virtud sobrepasa su propia obra y se asocia a todas las obras de quienes aprenden en su ejemplo.

Sarmiento tiene la figura del disconformista. Así aparece a través de su estilo literario, de su estilo de pensamiento, de su actitud polémica, de su actitud demoledora. Desde cierto punto de vista es un romántico; pero el disconformista se torna constructivo en cuanto tiene en la mano el cincel y el martillo, y se muestra obsesionado por la fruición de crear formas nuevas con los mismos instrumentos, acaso, con que destruyó otras que le parecían caducas y opresivas. Fiel a su condición, mantuvo hasta el fin su disconformismo, y culminó su hazaña en su vejez rebelándose contra sí mismo, contra sus ideas y sus obras, lleno de dudas y de preocupaciones, acaso ansioso de empezar de nuevo a demoler y a crear.

Su disconformismo se extremaba frente a las verdades convencionales, monstruos sagrados que excitaban su vehemencia y lo tornaban pugnaz e implacable. Tenía la intuición de que las verdades convencionales constituían el obstáculo más vigoroso para el triunfo de la verdad, porque sabía, como Tertuliano, que “todo lo que se ha edificado contra la verdad, se ha edificado sobre la verdad misma”. Pero tenía también la intuición de la verdad radical, o al menos la intuición de que su vida cobraba sentido en la medida en que la consagrara a su conquista. Y se empeñó en esta persecución infatigable, a través de todas las oposiciones y todos los intereses, dejando, ciertamente, en cada embestida pedazos de la piel. Si a veces parecía un iluminado —pese a la sustantiva humanidad de su palabra, pese a la inexorable adhesión de su pensamiento a la realidad sensible—, era porque comprometía la totalidad de su personalidad en cada combate, como si fuera el último y decisivo y porque su apelación a la verdad radical reposaba en cierta confianza trascendente en su capacidad de triunfar contra las engañosas apariencias y las verdades convencionales.

Él sabía muy bien la fuerza de la verdad convencional. Sabía que constituye una casirealidad sostenida, vigilada y alimentada por unos y por otros, fariseos de todas las especies y celadores de todas las ortodoxias. Pero sabía también que poseía una rara capacidad para desnudar la mentira, a manotazos, sin que lo contuvieran falsos pudores. Su palabra desvanecía la verdad convencional como espectro ante la conjuración del exorcista, y quedaba ante los ojos de quienes lo escuchaban desnuda la mentira, horrible y despreciable en su desnudez, y alcanzaba la vergüenza de su fealdad a quienes habían procurado recubrirla con ropaje que no le convenía y embellecerla con el reluciente brillo de la verdad. Y no era extraño que así sucediera. La verdad está más cerca de quien está más cerca de las cosas, y Sarmiento tenía una sensibilidad táctil para el mundo que lo rodeaba, gracias a la cual podía llegar desde el primer contacto a la materia de las cosas. Así alcanzaba la materia íntima de la verdad, la más elemental y primaria acaso, pero la que es inexcusable haber conocido para saber, sin pensar en ello, cuándo lo que se dice de la cosa comienza a desviarse hacia la pérfida traición de las palabras, cómplices sobornables de quienes necesitan edificar sobre la verdad lo que quieren edificar contra la verdad. Era en el fondo un español unamunesco, este Sarmiento que renegaba de España como un verdadero español, en el que se escondía la vigorosa contextura interior del romano, fiel a la enseñanza de la experiencia. Sarmiento había descubierto, como ellos, la grandeza de lo contingente, y atesoraba su experiencia y la ajena en el odre nuevo que era él mismo, en el que cobraba nuevo sabor. Y algo en la yema de los dedos le advertía lo que era realidad y lo que era sólo sombra, palabra sobornable, interesada construcción erigida sobre la verdad.

Sarmiento buscó la verdad radical en la realidad del mundo sensible, con el que sentía que se comunicaba fluidamente, sin vacilaciones metafísicas. No le atraía la especulación sobre la verdad, ni la formulación abstracta de la verdad, ni lo azoraba el espectro del realismo ingenuo. Poseía una fe inalterable —fe de romano— en la experiencia y la buscaba en la realidad sensible, que era para él contorno y paisaje, y en lo contingente, que era para él historia. Si alguien ha llegado a la entraña de la historia —aún más allá de lo que él mismo alcanzó a formular— ese es Sarmiento, historiador nato, ajeno a las escuelas, pero agudamente sensibilizado para la percepción de lo contingente y de su grandeza.

Por eso tuvo una clara idea de la vida histórica. Sarmiento rechazó no sólo la historia convencional que se le ofrecía elaborada y oficializada, sino también la idea de la vida histórica que esos esquemas entrañaban. La rechazó como rechazaba toda verdad convencional, y se aplicó a la busca de una historia radical que fuera auténtica expresión de la experiencia del hombre argentino, una historia cuya expresión verbal no fuera un collar de convenciones, sino una traducción exacta de la sucesión de las situaciones en cuyo fin pudiera hallarse coherentemente la red inconfundible de la situación de su tiempo. Ciertamente, creyó haberla hallado en un dramático juego de antinomias, perceptibles unas como fenómenos y otras como idea, no expresado en una combinación dialéctica sino en simple oposición de contrarios cuyos términos parecen excluirse.

Al fin de cuentas, la clásica antinomia “civilización y barbarie” oculta la antinomia “libertad y necesidad”. Pero para Sarmiento la historia es cosa de los hombres de carne y hueso —por eso prefería la biografía como género— y no puede agotarse en la descripción de antinomias abstractas. Las antinomias se resolvían en su espíritu en personalidades, porque quería percibirlas a través de fenómenos y quería traducirlas como tales fenómenos. En la situación de su tiempo, Sarmiento quiso resolver la antinomia “libertad y necesidad” en elementos de experiencia, y lo logró, acaso sin mucha conciencia de ello, y gracias al recto funcionamiento de una eficaz intelección del funcionamiento del mundo real. “Necesidad” fue para él una combinación de naturaleza y cultura y se manifestó en una combinación de elementos telúricos y de elementos históricos, que podría reducirse a la interacción de paisaje y tradición: tales son los elementos dados al hombre. “Libertad”, en cambio, era la posibilidad de la acción del hombre para sobreponerse a esas determinaciones, siempre que la acción creadora fuera capaz de moverse dentro de los fines posibles. La vida histórica, parecería decir, es el resultado de la acción creadora sobre la necesidad. Eso es, en última instancia, la traducción de “civilización y barbarie”.

Dentro del pensamiento de Sarmiento, este papel decisivo concedido a la acción creadora en constante lucha y permanente esfuerzo acentúa el carácter dinámico de la vida histórica. Acaso sea oportuno recordar aquí que la concepción que presidía la obra de Mitre tenía un signo diverso. Obsesivamente, Mitre aspiraba a conocer y sistematizar el pasado para establecer los esquemas inconmovibles de la vida argentina. Su fin era definir los elementos permanentes en el flujo del cambio; y en el proceso de formación de una entidad política que se desgajaba revolucionariamente del orden virreinal, procuraba atisbar las prefiguraciones de la idea de nación, que esperaba ver cuajar en la historia y que, por cierto, él ayudó a realizar. Era un esquema propio de la historiografía del siglo XIX, pero era, sobre todo, el esquema necesario para dar forma al informe complejo que se había desgajado del orden virreinal y transcurría en medio de desesperadas aventuras hacia la conquista de su propia personalidad. Mitre aspiraba a acelerar ese proceso, definiendo lo que en el cambio perduraba, lo que quedaba decantado a lo largo de las transformaciones. Por eso sus arquetipos fueron San Martín, Belgrano y Rivadavia, autores de la organización y conformación de entidad nacional. Y él mismo se comprometió en la misma obra, y formuló en el campo de la política el principio que presidía su concepción historiográfica: “Hay una nación preexistente”, según dijo en la legislatura de 1854 al discutirse la Constitución del Estado de Buenos Aires. La “nación preexistente” adquiría la forma de lo inamovible, casi de lo sagrado, como se hizo sagrado con él el culto de los héroes. En rigor, era todo el pasado el que, en su pensamiento, se fijaba hasta adquirir una grandeza carismática, que ponía sus creaciones y sus contenidos a cubierto de la crítica y de la revisión.

Así surgía de la concepción de Mitre un pasado estático. De la de Sarmiento, en cambio, se desprendía una noción más imprecisa del pasado argentino, pero más atenta a las fuerzas primarias que operaban en él. Si los héroes preferidos de Mitre fueron Belgrano y San Martín, los de Sarmiento fueron Facundo Quiroga, Aldao y el Chacho, caudillos bárbaros a quienes odiaba y admiraba a un tiempo, seguramente porque reconocía en ellos cierta extraña potencialidad que jugaba decisivamente en la vida argentina. La preocupación de Sarmiento no fue establecer y estimar el saldo permanente que iba quedando de la sucesión de los avatares de nuestra historia. Por el contrario, eran los avatares mismos los que le atraían, y el objeto de sus reflexiones fue establecer el sentido de los cambios constantes, los secretos de su sucesión, las fuerzas que los provocaban una vez tras otra. En última instancia, Sarmiento perseguía la huidiza fisonomía de las diversas respuestas que los cambios significaban a las incitaciones del paisaje y de la tradición. Y en cada una de ellas veía un momento, valioso en sí mismo pese a su contingencia, porque, al fin, toda la historia y la vida misma no eran para él sino contingencia.

El pasado contingente creaba a sus ojos un presente contingente también, y como tal, apto para recibir la impronta de la acción, elástico, versátil y fugitivo. Frente al presente, Sarmiento no erigía un sistema hierático ni una estructura rígida, ni ningún estilo de absolutos que limitara la posibilidad de la acción. Por el contrario, lo imaginaba como un conjunto de situaciones primigenias que requerían respuesta y exigían el pronunciamiento vital y la acción comprometida. Sarmiento opone el hombre al héroe. Advierte las miserias pero reconoce la pujanza de sus personajes. Y cree en la biografía como el mejor de los caminos para la comprensión de la historia, porque identifica y dibuja la acción del individuo, y señala con precisión el impacto que produce sobre el conjunto de las situaciones dadas.

Así dibuja Sarmiento un pasado dinámico, activo, cambiante, con el que se integra el presente en una unidad plenamente coherente: porque el pasado contingente se enlaza con un presente contingente, sin que ni uno ni otro admita o tolere la erección de cuadros rígidos que lo inmovilicen. En esa ecuación, el futuro se integra libremente, y Sarmiento se proyecta sobre él, no a través de la imagen preconcebida, necesariamente estática, sino a través de una línea de movimiento que ofrece innumerables perspectivas. ¿Por qué es sensible Sarmiento a esta vaga esperanza que hacía decir a algunos: “No ha muerto”, pensando en Quiroga? Sarmiento sabía que el pasado no muere, porque está en la raíz misma de cada presente, pero estaba convencido de que la acción podía reorientar la vida histórica, rompiendo la necesidad, venciendo al hado, desvaneciendo los destinos. Si el hombre parte en cada instante de un orden dado, el futuro es suyo. He aquí la libertad: venir de la necesidad y disponer del futuro.

Este problema del futuro nos enfrenta con dos imágenes distintas de Sarmiento. Porque así como Sarmiento fue hombre de su tiempo, se enfrentó con sus circunstancias, rechazó su necesidad, proyectó su acción y construyó a su manera y dentro de sus límites su futuro, del mismo modo dejó propuesto a cada instante de la vida argentina un futuro posible que no está atado a la necesidad. Nada tan negatorio de la actitud sarmientina como identificar “su” futuro con nuestro futuro, porque identificarlos sería hieratizar su creación y someternos a un mandato que él no quiso admitir para sí ni postuló para los demás.

Sería obvio desplegar aquí la imagen que Sarmiento elaboró de su pasado, su presente y su futuro. Baste decir que la presidía el principio de cambio. Rechazó explícitamente el pasado colonial como mandato intangible, porque lo veía subsistir y obrar a través de las formas de la sociedad y la cultura pese a la independencia política; y allí veía hundirse las raíces de una estructura económicosocial tradicional que se oponía a todos los estímulos internos y externos que incitaban al cambio. Sarmiento no vaciló en arriesgar el diagnóstico de la situación contemporánea, con todos sus riesgos, en pleno conflicto. El juicio de valor que acompañaba el diagnóstico objetivo fue inflexible y formalizó el combate personal entre quien intentaba el diagnóstico y quienes representaban las fuerzas que el diagnóstico declaraba comprometidas en la perpetuación de la situación tradicional. Quiroga, Rosas, Aldao, el Chacho, sus lugartenientes y sus partidarios fueron sus enemigos personales porque representaban la personificación de una fuerza intelectualmente introducida en su esquema. Pero Sarmiento no desafió solamente a la fuerza abstracta e intelectualizada, sino también a quienes la encarnaban y procuraban llevar hasta sus últimas consecuencias su representación. Frente a ellos, Sarmiento postuló un cambio, cuyo primer signo vio en la Revolución de Mayo, pero que creyó necesario que, en su tiempo, se operara en estratos más profundos que los que había alcanzado hasta entonces. La Revolución de Mayo había sido esencialmente un movimiento político; ahora era necesario hacer otra revolución que arrancara de cuajo las raíces coloniales de la vida argentina y que modificara la estructura económicosocial: no otra cosa significaba la política inmigratoria, la transformación del desierto y la renovación de los sistemas de producción. En este cambio la educación cumpliría un papel decisivo, acompañando el proceso de cambio económicosocial.

Tanto el diagnóstico de la situación contemporánea como su prefiguración del futuro a través del cambio postulado y promovido lograron imponerse en la conciencia de su tiempo. Sarmiento y quienes compartieron sus puntos de vista triunfaron, acaso a favor de las predisposiciones que se suscitaron a raíz de Caseros. Y su triunfo consistió en desencadenar el cambio que postulaba. Poco después el cambio comenzó a institucionalizarse y, naturalmente, sus consecuencias a suscitar nuevas situaciones antes imprevisibles. El momento de la prueba había llegado.

Viejo y enfermo, Sarmiento se sintió capaz de revisar su obra, de modificar sus esquemas, acaso de realizar un nuevo diagnóstico de la situación, acaso de arriesgar una prefiguración del futuro. Su vejez es acaso más singular que su mocedad o su madurez. A esta altura de su existencia probó mantenerse fiel a su pensamiento, porque su pensamiento no lo encadenaba a ninguna realidad hieratizada y constituida, sino a una concepción dinámica que integraba en una sola línea las formas diversas y sucesivas de realidades. Con ello, Sarmiento afirmó la primacía vital del presente, su contingencia y la contingencia del pasado; pero sobre todo afirmaba la primacía de las fuerzas creadoras sobre las fuerzas conservadoras, y el derecho natural al cambio. Su fisonomía de historiador nato se precisaba y definía a medida que sus convicciones se ponían a prueba.

Sarmiento vivió una historia pensada, y en esa medida fue historiador más que por lo que escribió, pese a su encanto, su profundidad y su finura interpretativa. Fue la suya una historia entrañable, porque el pasado obró en su espíritu como un legado intransferible, casi como una responsabilidad personal. Pero si algo le enseñó el pasado fue a no tratar de conservarlo incólume, rígido, inmutable. Sólo la vida y la creación le parecieron definitivas, eternas. Por eso Sarmiento está vivo y nos ilumina el futuro, el nuestro, que no se parece al de él sino en la invitación a la acción creadora. La suprema lección de Sarmiento fue aceptar esa invitación, y transmitírnosla para que nos sintiéramos frente al contorno como se sintió él mismo: hombre libre, creador.